Aún esperan su reubicación la mayoría de los desplazados por grupos criminales en tres municipios en 2014, informan

Elementos de la Marina y policias municipales llevan a dos adolescentes detenidos en el monumento Las Banderas de Chilpancingo sin que se conociera el motivo, La imagen, en la avenida Juan Ruiz de Alarcón del barrio de San Francisco Foto: José Luis de la Cruz

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Sobreviviendo a veces con una comida al día, otros asilados por el gobierno de Estados Unidos, algunos más en espera de ser beneficiados en la frontera norte del país, y la mayoría solicitando a los gobiernos federal y estatal que los reubique y los apoye con proyectos productivos, se encuentran unas 280 familias que fueron desplazadas por el crimen organizado en el 2014 de los municipios de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan.
El representante de las familias, Nicolás Oyarzábal López contó ayer que, al principio, las familias formaban un grupo compacto pero que comenzaron a disgregarse a partir del 2020, cuando el gobierno dejó de pagar la renta del albergue ubicado en Tecpan de Galeana donde estaban refugiados.
Actualmente, Oyarzábal López representa solamente a unas 147 familias, según dijo ayer entrevistado en el plantón de integrantes de organizaciones sociales que por segundo día permanecieron afuera de la puerta uno de Casa Guerrero, en espera de una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Denunció que por el abandono en que los tienen los gobiernos federal y estatal, muchas familias están emigrando con sus niños y solicitando asilo en Estados Unidos.
Informó que 38 familias ya recibieron el beneficio del asilo y pasaron a Estados Unidos, entre ellos está uno de sus hijos con su esposa y dos niños menores de edad.
Agregó que otras 10 familias están en espera de la respuesta de las autoridades del país vecino y siguen en la frontera, “durmiendo en la calle, porque a veces no hayan ni para la renta y los (propietarios de las casas) les dan una semana, si no les pagan, te sacan”, contó.
Informó que unas 280 familias fueron desplazadas por grupos de la delincuencia organizada en el 2014 de varias comunidades de los municipios de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan.
Contó que él fue desplazado de la comunidad de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, el 21 de febrero del 2014.
Dijo que el activista de derechos humanos, Leopoldo Soberanis Hernández, de Tecpan de Galeana, había convocado a una reunión de los pueblos vecinos para el 23 de febrero, para buscar la pacificación de la zona, “pero la delincuencia llegó el 21 de febrero y atacaron al pueblo”.
Explicó que él era representante de algunos pueblos y andaba con Leopoldo organizando la reunión, “por eso fui atacado directamente como luchador y desde entonces no puedo regresar, anda afuera toda mi familia, mis hijos, hermanos, primos, sobrinos, tíos, y muchos de ellos están luchando para entrar a Estados Unidos”.
En tanto que de Leopoldo Soberanis Hernández informó que ya no volvió a saber nada, “no sé qué fue de él, ni dónde vive actualmente”.
“Las familias tuvimos que abandonar nuestras comunidades de origen y buscar una nueva vida para nuestros hijos, pero no fue por nuestra voluntad, nosotros somos gente de campo, teníamos tierras para trabajar allá”, mencionó.
Dijo que él dejó sus galeras con borregos, “se perdieron todos mis animales y se robaron todo lo que había en mi casa”.
Declaró que el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero sólo apoyó a 32 familias desplazadas con un albergue en Tecpan, y el gobernador Héctor Astudillo Flores, a pesar de que le pidieron que se actualizara el censo porque seguían bajando familias desplazadas, ya no quiso integrar a las demás familias y apoyó económicamente sólo a las 32 que ya estaban registradas.
Aseguró que en total habrían bajado ese año de esos tres municipios unas 280 familias, pero que se fueron disgregando “por el abandono del gobierno”.
Explicó que en busca de apoyo se sumaron al movimiento de las organizaciones sociales que el lunes marcharon y se instalaron en plantón afuera de la puerta 1 de Casa Guerrero, para solicitar una audiencia con la gobernadora.
“Le pedimos que nos dé solución a cada familia, que levanten datos de todos nosotros, y si es necesario, que se haga la visita territorial, tenemos pruebas que somos gente vulnerable, que estamos rentando y que estamos en el abandono”, solicitó.
Reprochó que no es justo que la gente se esté yendo al extranjero por la pobreza, “por el abandono en que nos tienen, por el desgaste y porque es complicado regresar a nuestros lugares de origen”.
El representante de los desplazados dijo que actualmente siguen en Tecpan 32 familias, pero cada una sobreviviendo por su propia cuenta, sin el apoyo del gobierno.
“Al no tener el pago de la renta por los gobiernos federal, estatal o municipal, el dueño de la propiedad nos sacó del albergue en el 2020, ya no quiso alojarnos porque el gobierno le debía rentas atrasadas”, relató.
Agregó que antes, a fines del 2018, fueron a la Secretaría de Gobernación (Segob), así como a la Cámara de Diputados, a Atención Ciudadana de Palacio Nacional y al Senado de la República para que les dieran solución a su problema, “creímos lo que dijeron, que en la Cuarta Transformación iban a ser primero los pobres, que se les iba a dar atención y creíamos que como desplazados vulnerables íbamos a tener lo justo, pero no nos dieron soluciones”, se quejó.
Informó que el 23 de febrero del año pasado vinieron a Guerrero representantes de la Segob y se reunieron con funcionarios del gobierno del estado, y ahí les dijeron que llega al gobierno estatal un recurso etiquetado para indemnizar y para vivienda de los desplazados, “pero nomás han habido reuniones y reuniones, y nos han pedido documentos y documentos, pero hasta la fecha no tenemos ninguna solución”.
Reprochó que actualmente sobreviven por su propia cuenta, “con mucho sufrimiento, muchas familias comen una vez al día, “muchos niños están desnutridos, si se enferma un familiar tienen que buscarle, hay muchos con deudas económicas”.
Oyarzabal López declaró que la situación se les complicó en el actual gobierno estatal del que no han recibido apoyos, “solamente una despensita nos llevó por ahí de agosto o septiembre, pero lo que pedimos son viviendas, proyectos productivos, cosas que nos resuelvan de fondo el problema”.
Expuso que saben trabajar, “no estamos esperando a que nos den todo en la boca, queremos nuestras propias tierras para que salgamos adelante con nuestro trabajo”.

 

Amenaza el grupo que masacró a siete campesinos en El Durazno a los vecinos, dice la comisaria

Uno de los campesinos de El Durazno, San Miguel Totolapan, ejecutado por sicarios el 10 de diciembre pasado Foto: Difundida en redes sociales popr vecinos de El Durazno

Redacción

Chilpancingo

La comisaria municipal de El Durazno, municipio de San Miguel Totolapan, Azucena Rosas García denunció que integrantes del grupo armado que el 10 de diciembre asesinó a siete campesinos en esa localidad, les dieron de plazo hasta el 3 de enero para que abandonen la comunidad, por lo que llamó a los gobiernos del estado y federal a que actúen con la detención y encarcelación de los delincuentes antes de que se cumpla ese plazo.
Ayer vía telefónica, Azucena Rosas comentó que a 15 días de que un grupo criminal asesinó a siete campesinos, entre ellos a un menor de 15 años, dejó herido a un joven, privó de su libertad a un adulto mayor de 78 años del que hasta ahora se desconoce su paradero y balaceó unas 15 casas y el templo católico de ese pueblo, “las cosas siguen igual porque vemos que está pasando el tiempo y no vemos que el gobierno haga algo contra esas personas que pretenden obligarnos a que les entreguemos la comunidad”.
Sin detalles la comisaria comentó que sicarios del grupo agresor, que según la Fiscalía del estado es La Familia Michoacana, “nos dieron hasta el 3 de enero para que nos salgamos todos, para que dejemos la comunidad, pero de una vez les decimos que no nos vamos a salir, que las familias que seguimos aquí no vamos a dejar nuestras tierras para que ellos se las queden como han hecho en otros lugares de la Sierra”.
Indicó que esta amenaza que pesa sobre los pobladores es conocida por las autoridades que desde el 11 de diciembre les brindan seguridad, “el día 24 llegaron a la comunidad más ministeriales y dos camionetas de soldados, llegaron por la noche”.
Dijo que la Nochebuena y la Navidad no fueron motivo de festejo en El Durazno, “nos la pasamos tristes, el gobierno sólo mandó más ministeriales y soldados, yo creo que quizás se están olvidando de nosotros porque dijo la gobernadora que iba a subir y no ha venido, ojalá que no llegue cuando ya no estemos ninguno de nosotros”.
“Las pocas familias que estamos en la comunidad lamentamos que aunque están resguardando el pueblo seguimos sin poder salir a las parcelas por miedo, y como esa gente nos dio para el 3 de enero para que nos salgamos todos de aquí, según ellos pues ya de ahí en adelante ya creo que ellos nos irán a atacar o quién sabe qué irá a pasar, porque así se dijo, que tenemos hasta el 3 de enero para entregar la comunidad”, dijo insistente.
Rosas García aseveró que por esa amenaza, “a muchas familias les dio miedo y se salieron, pero nosotros no queremos salirnos porque es nuestra comunidad, ahí está lo poquito de nuestro patrimonio, por eso no queremos salirnos, así que ahora sí que el gobierno es responsable de nuestra seguridad y ahí vamos a estar, no nos vamos a ir, los que estamos ahí no nos vamos a ir”.
Al preguntarle la comisaria dijo que el grupo delincuencial que los tiene amenazados, “ya sabe que aquí tenemos gobierno pero ellos siempre han dicho que traen mejores armas que el gobierno, como que no les tienen mucho miedo, por eso le pedimos a la gobernadora, al presidente de la República que pongan seguridad y no nada más en El Durazno, en toda la Sierra, porque así estamos viviendo en muchos lugares, solamente que no se atreven a levantar la voz”.
“No es sólo en El Durazno, ni tan sólo en la parte de la Sierra, así se está viviendo en la parte de Tierra Caliente que están pagando cuotas con tal de que no les hagan daño y nosotros nos negamos a pagar cuotas, nosotros nos negamos a hacer lo que ellos quieren y por eso nos hicieron tanto daño, entonces sí, el llamado es para el gobierno del estado y el gobierno federal a que tomen cartas en el asunto”, declaró.
Azucena Rosas cuestionó, “¿cómo es posible que vaya a ganar la delincuencia?, ¿cómo es posible que traiga mejores armas la delincuencia que el gobierno?, es algo ilógico y no es nada más que nosotros estemos viviendo esto, no, es en varios lugares del estado que están viviendo lo mismo, la gente por miedo a hablar se calla y accede a las peticiones de los delincuentes, a nosotros nos hicieron todo esto porque no quisimos pagar cuotas, algunos no quisimos integrarnos con ellos, así que esa fue la consecuencia”.
Agregó que los atropellos de los líderes del grupo delincuencial que tiene asolada esa región y la Tierra Caliente, “son cosa seria porque el gobierno los ha dejado crecer, por eso, por qué otra, si se ponen bien las pilas cómo van a dejar crecer a los delincuentes, esa es mi pregunta, ¿el gobierno qué hace, para qué está?, ya ve lo que pasó en San Miguel Totolapan, 22 muertos, ¿y qué han hecho, qué han hecho?, nada, siguen en la impunidad”.
Señaló que los criminales “siguen en la impunidad nada más porque pagan, le pagan al gobierno y ya, nadie los vio, nadie nada, les dan el avionazo y todo sigue igual y no se me hace justo, yo voy a buscar la manera de que nos hagan caso y si no nos hacen caso pues ya habrá alguien que nos haga caso, pues si es eso que detenerlos no le compete al gobierno estatal, pues que el gobierno federal haga su trabajo, que se ponga a trabajar y que los detenga, eso es lo que exijo a nombre de mi pueblo”.
Continuó, “ya no es pedir, es exigirles porque es nuestro derecho que nos den protección, que se dé seguimiento y que se detenga a los delincuentes y nosotros no nos vamos a salir, así que todo lo que nos pase va a ser responsabilidad del gobierno, sobre todo porque ya hay denuncias directas por parte de las familias a las que les asesinaron a sus familiares, todos hicieron denuncias, así que no es por falta de denuncias, es por falta de que no quieren actuar, no quieren perseguir a esa gente”.

Es necesario detener al diputado Saúl Beltrán, dice la autodefensa de San Miguel Totolapan

En San Miguel Totolapan no celebran la muerte de Raybel Jacobo Dealmonte, El Tequilero, porque consideran que la meta no está cumplida si no es detenido el diputado local priista con licencia Saúl Beltrán Orozco, identificado por los vecinos como el principal líder de la banda criminal Los Tequileros, quien tiene una orden de aprehensión por homicidio.
Autoridades federales confirmaron a Televisa que el líder del grupo criminal Los Tequileros fue asesinado en febrero, pero le dijeron que no habrá un pronunciamiento oficial al respecto, debido a que no cuentan con las pruebas para hacer una identificación científica, sólo con las versiones que escucharon en llamadas intervenidas.
Integrantes del Movimiento por la Paz dijeron que no están satisfechos del todo con la muerte del jefe criminal, al considerar que el personaje más peligroso en la estructura de esa banda es Beltrán Orozco, contra quien no se ha ejercido acción penal.
Ayer demandaron el gobierno que cumpla con la detención del priista por considerarlo el jefe principal de la banda.
Señalaron que según sus investigaciones el diputado local con licencia está en Chilpancingo haciendo alianzas con grupos criminales de Tecpan, Atoyac y Petatlán.
Vía telefónica voceros de la autodefensa que surgió en contra de las extorsiones, secuestros y asesinatos de Los Tequileros, el Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan, que comenzó el 12 de diciembre del 2016, señalaron que sus peticiones al gobierno tienen que ver con la detención y erradicación del grupo criminal.
Saúl Beltrán es diputado con licencia del distrito 17 y tiene una orden de aprehensión, vinculada al homicidio del señor José Ceferino Gil, ya que es señalado por testigos de ser quien ordenó ese crimen y la ejecución del sacerdote del pueblo.
Una jueza de Arcelia giró una orden de aprehensión en contra de Beltrán Orozco por el homicidio de José Antonio Zeferino Gil, empleado del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan.
Debido a que cuenta con fuero el Congreso local inició un juicio que no ha concluido.
Esto dio a Beltrán el tiempo suficiente para que el 18 de mayo le fuera concedido un amparo que anula la orden de aprehensión girada por la jueza, y ahora el diputado local priista goza de plena libertad.
El Movimiento por la Paz ha sido enfático en todos sus pronunciamientos al señalar al diputado como el principal líder intelectual del grupo, y el enlace con el gobierno del estado para negociar la libertad de los secuestrados.
Saúl Beltrán aceptó después de investigaciones de medios de comunicación que es compadre de El Tequilero. Pero negó relación alguna en actividades delictivas.
El 12 de mayo de 2017 en una operación entre agentes estatales, militares y ministeriales ingresaron a tomar el control de San Miguel Totolapan, el entonces fiscal Xavier Olea dialogó con los líderes de la autodefensa, a quienes dijo que Beltrán Orozco es el verdadero líder de Los Tequileros, que con otros grupos delincuenciales se disputa el control de los sembradíos de amapola en Guerrero.
“Yo tengo perfectamente la radiografía completa. El Tequilero mayor se llama Saúl Beltrán Orozco, punto, pero tiene fuero”, expuso en el encuentro con vecinos.
El 14 de junio de este año reapareció Saúl Beltrán en Chilpancingo, sin guardaespaldas, y dijo que para él su caso quedó cerrado y que no solicitará el regreso a su curul, aunque anunció que volverá a la vida política. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).