La camioneta Urvan de la ruta Yextla-Chilpancingo en la cual murió una mujer de 85 años y quedaron ocho heridos tras accidentarse en Xochipala, Zumpango Foto: El Sur
Una mujer de 85 años de edad fallecida y otras ocho personas lesionadas dejó ayer la volcadura de una Urvan del transporte público de la ruta Yextla-Chilpancingo, en el tramo carretero de Filo de Caballos-Casa Verde en la entrada de la comunidad de Xochipala, municipio de Zumpango.
En tanto que la madrugada del pasado lunes en el municipio de Tlacoapa también en un accidente automovilístico murieron cuatro personas al caer el vehículo en el que viajaban en un barranco de más de 250 metros, dos de ellos eran trabajadores del Ayuntamiento.
Ayer fuentes de Protección Civil del estado informaron que a las 9:22 de la mañana se recibió el reporte de un accidente automovilístico al 911, en la zona conocida como Columpio del Puerto.
Al lugar acudió personal de Protección Civil estatal y municipal de Zumpango, militares, y policías estatales y municipales, quienes confirmaron que una camioneta Nissan Urvan del transporte público quedó a un costado del camino con daños fuertes luego de que se volcó.
Precisaron que la camioneta era de la ruta Yextla-Chilpancingo con número de placas A471FGZ de Guerrero, número 008, en el cual hallaron muerta a una mujer de 85 años identificada como Luisa Ortiz Altamirano, originaria de Yextla.
Además, ocho pasajeros más resultaron lesionados, los cuales fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil y trasladados al hospital del IMSS Bienestar en Tierras Prietas, en Chilpancingo.
Las fuentes comentaron que aún se desconoce la razón de que se volcara el vehículo.
En Tlacoapa, el pasado lunes en un accidente automovilístico murieron cuatro personas al caer el auto en el que se trasladaban en un barranco de más de 250 metros, dos de ellos eran trabajadores del ayuntamiento.
Según el reporte oficial el accidente ocurrió la madrugada en la carretera Tlapa-Tlacoapa cerca de la comunidad Plan de Guadalupe.
Se supo que dos de los muertos trabajaban como empleados del Ayuntamiento de Tlacoapa, uno de nombre Abel Vargas Bello era cuñado del alcalde, Amado Basurto Galvez, y hermano de la presidenta del DIF, Esmeralda Vargas Bello; personal del Ayuntamiento difundió una esquela en la que se solidariza con la familia.
Otro de los fallecidos es el policía municipal Valentino Martínez Carbajal; los otros son Alan Didier Cantú Gálvez y Eliseo Espinoza Vicario. (Emiliano Tizapa Lucena/Antonia Ramírez Marcelino / Chilpancingo/Tlapa)
El vocero del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, Salvador Alanís, acusó al obispo Salvador Rangel Mendoza de asumir una postura parcial en el conflicto de la Sierra, luego de que el lunes declaró que no son policías comunitarios los que entraron a Filo de Caballos y que están al servicio de los narcotraficantes.
Aseguró que es mentira que la intervención del prelado tenga la intención de lograr una tregua para la paz en la zona, porque nunca ha buscado reunirse con la Policía Comunitaria para dialogar y demandó que el gobierno proceda en su contra por su complicidad y sus reuniones con líderes del narcotráfico.
En una llama telefónica, Salvador Alanís también deslindó a la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo de las ejecuciones que se cometieron la semana pasada cerca de Filo de Caballos, y que luego se difundieron en redes sociales. Aseguró que esas acciones son consecuencia del enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado.
El vocero declaró que si el nuevo gobierno federal garantiza la seguridad en la zona, su repliegue de Filo de Caballos no será de inmediato, “yo creo que va a ser un proceso, es muy temprano decirlo ahorita, primeramente hay varias situaciones que tendríamos que plantear con la nueva autoridad”, adelantó.
El lunes, el obispo Salvador Rangel declaró que no son policías comunitarios los que entraron a Filo de Caballos, “sabemos que están al servicio de los narcotraficantes, ¿qué tienen que hacer habitantes de Teloloapan, de Apaxtla, de Cocula, de San Miguel Totolapan?, ahí hay otra intención”, declaró el prelado.
Salvador Alanís, dijo ayer que la gente de los pueblos donde tiene presencia la Policía Comunitaria está “molesta y ofendida” con el obispo, primero por sus declaraciones y luego porque aseguró que tienen evidencias de que se ha reunido con líderes de la delincuencia “y no precisamente para buscar una tregua, esa es una pantalla”, dijo.
Denunció que el obispo no ha sido imparcial, porque se ha reunido con un solo grupo del crimen organizado, “específicamente se ha sentado a convivir con el líder criminal de Chichihualco y sabemos que le dan prebendas monetarias”.
En cambio, criticó, que no ha querido reunirse con el “pueblo lastimado y que ha sufrido por la violencia en el paso de Filo de Caballos a Casa Verde, tampoco lo hemos visto sentado con los familiares de las víctimas de los asesinatos, robos, de las mujeres violadas, de los comerciantes o con los transportistas”.
Aseguró que sí son policías comunitarios los 7 mil 500 que pertenecen a esa organización, “ya lo hicimos del conocimiento del gobierno del estado. Se realizaron asambleas en cada pueblo, tenemos firmas de los pobladores y sellos de las autoridades”.
Contó que el lunes, al conocer las declaraciones del obispo, en una asamblea comunitaria se planteó la posibilidad de detenerlo “y acusarlo por sus nexos con la delincuencia”.
Pero dijo que el acuerdo fue primero solicitar una mesa de trabajo con el gobierno para pedirle que sea puesto a disposición de las autoridades por sus vínculos con los líderes de la delincuencia, “porque eso es un delito del que no debe quedar exento, pero si no lo detienen las autoridades, lo vamos a detener nosotros para llevarlo a un proceso de reeducación”.
Añadió que no conciben cómo el obispo le dé más atención a “16 familias” desplazadas “y que son familias directas de delincuentes que estuvieron asentados en Filo de Caballos e ignore a toda la población que quedó en los pueblos, que eran víctimas de los delincuentes”.
Salvador Alanís reprochó que el obispo no ha pedido reunirse con la Policía Comunitaria, “no nos ha buscado ni siquiera para preguntar qué hacemos, quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos peleando”, dijo que por eso “declara al aire y al vapor”.
Añadió que su deber como prelado es sentarse con el pueblo masacrado y dolido “no con los capos de la droga”.
De la postura de la Policía Comunitaria por los desplazados que provocó con su entrada a Filo de Caballos, declaró que no va a decidir quién regresa y quién no, sino los pobladores y los comisarios.
“Ellos ya nos dijeron quiénes pueden regresar y quiénes no. Cada ciudadano que regrese será aprobado mediante asamblea y será la asamblea la que diga este ciudadano es bueno, que regrese, pero no vamos a permitir que regresen los que son familias directas de los delincuentes”, advirtió.
–La semana pasada circularon fotografías y videos de ejecuciones que se cometieron en la zona donde están ustedes, ¿qué paso?.
–Hay un problema bien señalado entre la gente de Juan Castillo, el Teniente, con Juan Guevara, el Jaleaco. El Teniente fue desplazado de Izotepec y por esa razón tiene ese problema de años. El miércoles o jueves pasados, la gente de Izotepec vino a querer recuperar Filo de Caballos y el Frente de Comunitarias los repelió, no pudieron entrar, y a su regreso, camino a Carrizal, los interceptó la gente del Teniente y mató a algunos de ellos.
“Fueron esos los que circularon en un video, pero esa fue una acción independiente. No fue la Policía Comunitaria, al día siguiente nos deslindamos de él y de sus acciones. Él con su guerra y nosotros con nuestro problema, que es la seguridad en el paso de Filo de Caballos. Nosotros todo lo tratamos de hacer de manera transparente”, aseguró el vocero.
La Policía Comunitaria de Tlapa aliada del Frente
–¿Ven la posibilidad de replegarse si el nuevo gobierno federal se responsabiliza de la seguridad a través del nuevo mecanismo que está implementando con la Guardia Nacional?.
–Yo creo que eso va a ser un proceso. Ahorita es muy temprano decirlo. Hay varias situaciones que tendríamos que plantear primeramente con la nueva autoridad. Nosotros necesitamos que primero los pueblos se sientan seguros, porque en las asambleas nos dijeron, si se van ustedes, todo el pueblo se va porque no podemos permitir que esa gente regrese.
“Entonces sería como haber entrado a alborotar el avispero y dejar a la gente a su suerte, porque aquí hay varios actores delincuenciales que no están precisamente en Filo de Caballos, ni en Campo de Aviación, ni en Los Morros, están algunos, incluso, en el Congreso local, dentro de la política, dentro de las autoridades estatales, federales y municipales”, denunció.
Frente a ese problema, advirtió: “Ahorita de ninguna manera nos vamos a retirar hasta que no veamos acuerdos y acciones concretas del nuevo gobierno para retomar la seguridad”.
Insistió: “no es un tema tan fácil como decir ya nos vamos a retirar, porque ¿quién se hace responsable de los nuestros?”.
Dijo que mucha gente de Tlacotepec, Verde Rico y de todas las comunidades de Heliodoro Castillo tiene familiares directos en los pueblos donde entraron, “o sea que no somos ajenos como dicen, que no tenemos nada que ver aquí, aquí están los primos, los tíos y los hermanos de los comunitarios, incluso llegan con ellos y les dan cobijo y comida, café porque son familiares directos, y sería como abandonarlos para que llegue otro y los avasalle”.
Informó que para llegar a acuerdos El Frente de Policías Comunitarios está solicitando que el presidente Andrés Manuel López Obrador o funcionarios del gabinete de seguridad reciba a una comisión pero que ya enviaron seis solicitudes y no han tenido respuesta, “nos están obligando a ir, o a solucionar el problema con balas, y quisiéramos que el nuevo gobierno nos ayude a resolver el problema con diálogo y poder llegar a pacificar esta zona”.
Dijo que los comunitarios se retiran con gusto y hasta dejar las armas “porque el pueblo está cansado, quiere trabajar, ver a su familia y a sus hijos verlos crecer, darles educación y salud”, pero el día que el gobierno asuma su responsabilidad “y nos dé el derecho a la seguridad, no nada más nos vamos a retirar”.
–El domingo surgió una nueva policía comunitaria en Tlapa, ¿es parte del Frente Unido?.
–Sí, habíamos estado trabajando de 2 meses atrás con ellos. Hay algunos otros grupos en otros municipios que también están dentro del Frente pero ahorita no los vamos a mencionar, porque ha habido problemas en donde la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ha querido entrar y avasallar, igual que lo hace en todo el pueblo de Guerrero.
“Ahorita nos dicen que hay 5 pobladores de Tlapa secuestrados y están pidiendo medio millón de pesos por cada uno, como es su costumbre. A raíz de eso los líderes sociales nos buscaron y ayudamos a que ellos pudieran conformar su Policía Comunitaria. Estamos coordinados no nada más con ellos, sino con algunas Policías Comunitarias aledañas a Tlapa.
Aspecto del refugio instalado en el auditorio municipal de Chichihualco, donde llevan más de 20 días familias desplazadas por la violencia de la Sierra, quienes demandan seguridad para poder volver a sus pueblos -Foto: Jessica Torres BarreraRecién nacida que vive en el refugio instalado en el auditorio municipal de Chichihualco, junto a su joven madre, quien 7 días antes de dar a luz huyó de la violencia en su pueblo y por la falta de médicos que la atendieran en el parto, abraza a su pequeña de 15 días de nacida -Foto: Jessica Torres Barrera
Asustada por los disparos que se escucharon la tarde del 11 de noviembre cuando la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) tomó Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), una joven embarazada abandonó su pueblo, Carrizal. Siete días después, el 18 de noviembre su hija nació y es la primera bebé nacida en un refugio para desplazados por la violencia.
Desde entonces la joven madre pasa los días en el auditorio municipal de Chichihualco igual que el resto de las demás desplazadas, sin atención médica, sin pañales para su hija, sin ropa apropiada y duerme en el piso con su bebé en brazos.
Ayer contó que el 18 de noviembre tuvo que trasladarse del auditorio municipal de Chichihualco, en donde está refugiada, a Iguala para tener a su hija en el hospital general de esa ciudad, porque allá vive su abuela y le ofreció alojamiento.
Sin embargo dijo que apenas dio a luz se regresó al refugio con la intención de estar pendiente del momento en que los regresen a sus pueblos, porque ella ya no quiere seguir viviendo fuera de su casa, “allá bien que mal nos sentimos más cómodas que aquí viviendo entre el montón”, dice mientras sentada en un banco amamanta a su hija recién nacida.
La joven madre, no mayor de 20 años, expuso que el 11 de noviembre salió de Carrizal asustada porque escuchó los disparos en Filo de Caballos, al momento que entraron los policías comunitarios, y porque muchas familias de ese pueblo pasaron por allí asustadas rumbo a Chichihualco.
Ella pensó que en cualquier momento podría dar a luz y que como en Carrizal estaba cerrado el centro de salud y a Filo de Caballos ya no podría ir, abandonó su pueblo para irse a refugiar a Chichihualco.
Su madre, que la acompañaba ayer, lamentó la situación en que se encuentran las tres y demandó a las autoridades que hagan algo para que puedan regresar a sus casas.
Dijo que a su nieta solamente le aplicaron las vacunas cuando nació y ya no la ha vuelto a revisar ningún médico, igual que a su hija recién parida, porque no hay médicos que atiendan a los desplazados. “Afortunadamente mi nietecita nació muy sana, no se nos ha enfermado, si no imagínese, cómo le haríamos”, se quejó la abuela mientras alternaba miradas de ternura a su nieta y a su joven hija, en medio del resto de mujeres y niños desplazados de sus pueblos debido a la violencia.
En el auditorio municipal ayer había desplazados que llegaron desde el 11 de noviembre, cuando irrumpieron los comunitarios en Filo de Caballos, también los que han ido llegando en los días posteriores.
Los más recientes fueron los del viernes que llegaron de Los Morros, aunque todavía ayer en la mañana dos hombres adultos se incorporaron al grupo de desplazados luego de que salieron de Filo de Caballos, aprovechando la presencia de policías ministeriales que fueron a ese pueblo, en donde los dos hombres estaban en contra de su voluntad, obligados por los comunitarios.
Entre los desplazados menudearon las críticas ayer. Denunciaron que el gobierno estatal los ha abandonado, no solamente en cuanto a la seguridad que no les garantiza para que regresen a sus pueblos, sino en cuanto a los apoyos para que sobrevivan.
Un hombre adulto dijo que después de más de dos semanas personal del gobierno del estado les llevó la noche del viernes (cuando llegó otro grupo de desplazados) 50 despensas, “¿pero usted creé que esto nos va a alcanzar?, esto nos dura apenas para un día o dos, tomando en cuenta que somos más de 500”, dijo.
También denunció que en los paquetes de despensa van muchas cosas que no comen, como el huevo en polvo, “que se nos hace masa en la boca, y no pasa, y si alguien tiene diabetes con eso se muere”.
Agregó que en los 21 días que llevan han sobrevivido gracias a la solidaridad de la gente de la cabecera municipal o de otros pueblos, “sólo así vamos comiendo a veces, pollo, frijol, arroz, sardina o atún, pero no siempre alcanza para toda la gente y los que se quedan sin comer se enojan”.
Informó que los primeros días hacían colecta entre los mismos desplazados para comprar otro tipo de alimento, pero se han quedado sin dinero y ahora se aguantan con lo que hay. Los hombres adultos han solicitado que el gobierno los apoye incorporándolos al programa de empleo temporal para que tengan algún ingreso, “podemos trabajar en la limpieza de la carretera de aquí a Chilpancingo, para que tengamos algún ingreso y nos distraigamos cuando menos, pero ni en eso quieren apoyarnos”, reprochó uno de ellos.
Otro denunció que los funcionarios están engañando al gobernador, “por eso le hemos pedido por escrito que venga personalmente a platicar con nosotros”, pues dijo que el secretario de gobierno, Florencio Salazar, el subsecretario Martín Maldonado y la delegada de gobierno, Norma Yolanda le han informado que sólo son 70 los desplazados. “Pedimos que venga el gobernador personalmente a ver cuántos somos y cómo vivimos”, exigió.
El 23 noviembre, un adulto mayor desplazado por la violencia de Filo de Caballos descansa en la entrada del auditorio de Chichihualco. Foto: José Luis de la Cruz
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, negó que grupos de desplazados de comunidades de Leonardo Bravo (Chichihualco) estén regresando a sus comunidades, como le dijo el alcalde de este municipio, Ismael Cástulo Guzmán, al obispo Salvador Rangel Mendoza.
Aseguró que la mayoría sigue en su calidad de desplazados porque el gobierno no les ha garantizado la seguridad en sus pueblos.
En cambio, ratificó que las familias desplazadas han quedado abandonadas por el gobierno del estado, como lo declaró el domingo el ex coordinador de la Policía Ciudadana de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, Crescencio Pacheco González.
La noche del domingo el obispo Rangel Mendoza dijo en su homilía que el alcalde Cástulo Guzmán le informó que algunos grupos de desplazados estaban regresando a sus comunidades, sobre todo los de la comunidad de Los Morros y que sólo quedaban las familias de Filo de Caballos.
“Eso es mentira”, aseguró ayer vía telefónica el director del Centro Morelos, organismo no gubernamental (ONG) que fue elegido por las familias desplazadas para que los represente en sus gestiones.
Recordó que para que las familias pudieran regresar en condiciones de seguridad a sus hogares, el organismo propuso la firma de una minuta de acuerdos con el gobierno estatal, mediante el subsecretario para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, en donde se plasmaran los compromisos del gobierno del estado “para garantizar la vida y la seguridad de toda la gente que deseara regresar a su comunidad”.
Sin embargo, reiteró que el funcionario estatal se negó a firmar la minuta aun cuando en el contenido se daba cumplimiento a la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno.
Declaró que no se ha cumplido con las garantías mínimas de seguridad para el regreso de las familias, tampoco tienen garantías de alimentación salud, educación y empleo que establece la ley 487 para los desplazados por la violencia.
Insistió que en estas condiciones las familias no pueden regresar a sus casas y comunidades.
Reconoció que a diferencia de los primeros días, después del 11 de noviembre cuando la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo irrumpió en Filo de Caballos, y había de mil 600 a 2 mil personas desplazadas en el auditorio municipal de Chichihualco, ahora hay unas 500, pero no porque el resto hayan regresado a sus comunidades, sino porque algunos se fueron a vivir con sus familiares en varias ciudades del estado y otros están emigrando a otros estados.
Pero dijo que eso no les quita su calidad de desplazados porque siguen fuera de sus pueblos porque el gobierno no les cumplió con brindarles las garantías de seguridad.
Añadió que a 15 días de que fueron desplazados, hay desesperación entre las familias porque el gobierno les suspendió la ayuda desde la semana pasada. Dijo que tampoco cuentan con un interlocutor, “los padres de familia carecen de empleo para sostener a sus hijos, éstos no van a la escuela y tampoco tienen el servicio de salud”.
El defensor de derechos humanos expresó que el hecho de que haya disminuido el número de desplazados en el auditorio municipal, le resta presión al gobierno, “pero finalmente siguen siendo gente desplazada, a quienes no les ha resuelto su problema de fondo el gobierno”.
Añadió que las familias están buscando dónde establecerse por su propia cuenta porque no ven un compromiso serio y a corto plazo de los gobiernos estatal y federal para replegar y desarmar a los policías comunitarios que los desplazaron de sus comunidades.
Olivares Hernández comentó que por la disminución del número de desplazados el gobierno ha comenzado a desentenderse de esta situación, y que a partir del miércoles de la semana pasada es la población civil la que les está llevando víveres para su alimentación y ropa.
“La última vez que vimos que el gobierno estatal les trajo víveres fue el miércoles de la semana pasada, el mismo día que pagó un desplegado”, dijo Olivares en referencia a una publicidad pagada por el gobierno estatal en la que niega que haya omisión en el caso y acusa a Olivares Hernández de “disuadir” a los desplazados para que no regresen a sus pueblos y de provocar la segmentación del grupo.
Añadió que ese día por la noche personal del gobierno del estado llevó muchas despensas, cobertores, ropa y zapatos nuevos, “aparentemente para respaldar su inserción pagada trajeron mucho apoyo, pero fue la última vez que trajeron algo”, aseguró.
Pero replicó que ese apoyo no es una dádiva del gobierno, sino un derecho que tienen los desplazados que está establecido en la Ley del Desplazamiento Interno. Además, aclaró que no están aquí por gusto ni por voluntad propia, sino porque el gobierno no les garantizó seguridad en sus pueblos de los que se vieron obligados a salir.
“Yo creo que el derecho a la alimentación en esta situación de victimas tiene que ser algo diferente, pero lo que están comiendo diariamente es frijol, huevo y arroz que es la despensa clásica”.
Olivares añadió que para la solución del problema de fondo, la esperanza la tienen en las nuevas autoridades federales que entrarán este 1º de diciembre, “la única esperanza que tienen es para cuando tome posesión Andrés Manuel López Obrador, creen que será cuando esto pueda resolverse”.
Informó que los desplazados no han decidido otras acciones como salir en comisiones a dependencias federales u organismos de derechos humanos, o manifestarse en otros lugares del estado porque se sienten muy vulnerables y temen que los repriman o queden más abandonados fuera de su territorio, “mientras que aquí, en el refugio, prácticamente se sienten en su casa”, expresó.
El 12 de noviembre, integrantes de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo, que un día antes tomaron la población de Filo de Caballos . Foto: Lenin Ocampo Torres
Civiles armados que se encuentran en Carrizal, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), intentaron ayer entrar nuevamente a Filo de Caballos para desalojar a los policías comunitarios de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) que tomaron ese pueblo desde el 11 de noviembre, informaron por separado la coordinación de la Policía Comunitaria y el gobierno del estado.
En la misma ruta de la sierra, pobladores de Los Morros y Campo de Aviación informaron vía telefónica que entre 8 y media y 9 de la noche se volvieron a escuchar detonaciones y extraoficialmente se informó de tres a cinco muertos, sin embargo la versión no fue confirmada por ninguno de los dos bandos.
El vocero en materia de seguridad del Gobierno del estado, Roberto Alvarez Heredia informó que las fuerzas de seguridad pública desplegadas en la zona no habían confirmado decesos y que le versión sólo circuló en redes sociales.
La Coordinación de la Policía Comunitaria confirmó, sin embargo, que el grupo de civiles armados de Los Morros cerró la carretera entre La Laguna y Mirabal, municipio de Leonardo Bravo, derribando árboles sobre la carretera para evitar el paso de refuerzos para la Policía Comunitaria que se encuentra en Filo de Caballos.
La Policía Comunitaria informó que desde el mediodía de este jueves hubo un nuevo intento de llegar a Filo de Caballos por parte de la gente armada que permanece en Carrizal, mientras que entre las poblaciones de Los Morros y Campo de Aviación se escucharon disparos.
La movilización de los civiles armados que intentaron llegar a Filo de Caballos de Carrizal se detuvo a unos 3 kilómetros de la población que se encuentra bajo el control de la Policía Comunitaria, informó la coordinación de ésta.
Informó que la movilización de comunitarios y la intervención del gobierno estatal frenaron el intento de llegar al pueblo.
El lunes, los civiles armados que están en Carrizal atacaron un retén de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo entre las comunidades de Filo de Caballos y Carrizal de Bravo, con un saldo de ocho comunitarios heridos.
Ayer en un reporte de Seguridad Pública estatal se informó que unos 150 civiles armados “con fusiles de alto poder” llegaron a Carrizal e intentaban entrar a Filo de Caballos
a desalojar a los comunitarios.
El reporte gubernamental destaca que los civiles armados pertenecen a la denominada Policía Ciudadana de Chichihualco, “representados Crescencio Pacheco González”.
El reporte agregó que los 150 hombres pretendían llegar a la comunidad de Filo de Caballos y Campo de Aviación, poblados donde tiene presencia la Policía Comunitaria de Tlacotepec, con la que buscan tener una confrontación con armas de fuego.
Se informó que efectivos de la Policía Estatal mantienen el diálogo con el grupo de personas civiles armados que se encuentran en la entrada de la comunidad de Carrizal de Bravo, “a fin de evitar que avancen hacia su destino y así llegar a la confrontación, con personas civiles armados denominados Policías Comunitarios de Tlacotepec que se encuentran desplegados en la comunidad de Filo de Caballos y Campo de Aviación”.
El reporte también confirmó que cerca de la comunidad de Campo de Aviación se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.
A las 8 y media de la noche la coordinación de la Policía Comunitaria despegada en Filo de Caballos informó que no había ocurrido ningún incidente, pero que la amenaza seguía latente.
Policías comunitarios de Heliodoro Castillo quemaron una vivienda en Filo de Caballos, luego de tomar la población ayer domingo para controlar el corredor Tlacotepec-Xochipala . Foto: El Sur
Tras dos horas de tiroteos entró a Filo de Caballos, informa la Policía Comunitaria de Tlacotepec
El vocero Roberto Álvarez dice que policías estatales que patrullaban la localidad fueron atacados con armas de fuego y se originó una balacera, pero no reportó muertos. Los hechos ocurren luego de que comisarios de la zona donde opera su grupo rival se reunieron con el gobernador Astudillo
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Después de un tiroteo que duró más de 2 horas, la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) entró anoche a Filo de Caballos, informaron fuentes de Tlacotepec.
Mientras tanto el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, aseguró que su entrada fue “pacífica” y no hubo muertos o heridos, pero en una fotografía se observa una casa incendiándose.
Alvarez Heredia informó que en el pueblo había presencia de soldados del Ejército y la Policía Estatal para evitar enfrentamientos.
Fuentes de Tlacotepec informaron que antes de la incursión hubo un enfrentamiento de las 5 de la tarde a las 7 de la noche pero tampoco se reportaron víctimas.
Se informó que anoche habría una reunión entre los representantes de los pueblos de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri (Zumpango) con los de Tlacotepec para llegar a acuerdos y resolver el problema de violencia en la zona.
Ataque a la policía
Antes, civiles armados atacaron a balazos a policías estatales cuando recorrían Filo de Caballos, Chichihualco, informó mediante un boletín el vocero Roberto Álvarez.
Dijo que el ataque a la Policía Estatal ocurrió a la 1:50 de la tarde y que no se reportaron muertos o heridos. Tampoco precisó quien atacó a los policías.
Minutos antes pobladores del lugar denunciaron vía telefónica y en las redes sociales un tiroteo de policías comunitarios de Heliodoro Castillo, entre los que también fueron avistados civiles armados.
Desde la mañana ciudadanos de Filo de Caballos denunciaron que los policías comunitarios de Heliodoro Castillo y otros civiles armados intentaban entrar a los pueblos del corredor de Xochipala a Filo de Caballos, y denunciaron tiroteos cerca de los pueblos de Mirabal y La Laguna, municipio de Eduardo Neri.
Sin embargo, el vocero Álvarez Heredia aseguró que los policías estatales rurales recorrieron esos pueblos y no confirmaron la versión.
Pero a la 1 de la tarde vecinos de Filo de Caballos insistieron en que había nuevos tiroteos, esta vez en el otro extremo, por el lado de Puentecillas rumbo a Tlacotepec, y demandaron el apoyo de la Policía Estatal y del Ejército.
Álvarez Heredia informó que la Policía del Estado que patrullaba la localidad de Filo de Caballos para proteger a la población fue agredida con armas de fuego, e informó que se originó un enfrentamiento, pero no reportó muertos.
Dijo que derivado del reporte e información en redes sociales, soldados del 50 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), policías del estado y rurales acudieron a dar seguridad a la población.
Informó que a la 1:50 de la tarde la policía estatal reportó que al patrullar por la calle principal de Filo de Caballos fue agredida con armas de fuego por un grupo de civiles armados.
“Acto seguido los elementos agredidos repelieron la agresión derivándose un enfrentamiento. Hasta el momento no reportan bajas ni heridos”, aseguró.
Hubo disparos en la zona desde el sábado
Vecinos de Filo de Caballos dijeron que desde el sábado civiles armados dispararon contra algunos hombres que trabajaban en el campo y que ayer como a las 8 de la mañana hubo disparos cerca de las comunidades de Mirabal y La Laguna, por el lado de Xochipala, mientras que después de la 1 de la tarde el tiroteo se escuchó en Puentecillas, cerca de Filo de Caballos, la población más grande de la zona.
Uno de los líderes del pueblo informó que a esa hora había una reunión de representantes de varios pueblos de Leonardo Bravo y Eduardo Neri en la que tomaban acuerdos precisamente para asumir su defensa, en caso de la irrupción de los comunitarios y civiles armados de Heliodoro Castillo.
Los pueblos de Leonardo Bravo y Eduardo Neri también crearon una Policía Comunitaria tras los ataques ocurridos en junio en las comunidades de Corralitos y en Puentecillas, aunque en los últimos meses ya no se les ha visto.
A las 6 de la tarde los pobladores informaron que los agresores se encontraban cerca de Puentecillas.
Acudieron las autodefensas Tecampanera, Movimiento Apaxtlense, de Cocula, de Cuetzala y de Mezcala a “pacificar” la zona
A su vez, la coordinación de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo informó que se trata de una incursión de policías comunitarios de ese municipio apoyados por la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan, del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, de Apaxtla, la Policía Comunitaria de Cocula, la Policía Comunitaria de Cuetzala del Progreso, la Policía Comunitaria de Mezcala, Eduardo Neri, que quieren tomar el control de Filo de Caballos para garantizar la seguridad debido a que en ese lugar no puede pasar la gente de Tlacotepec que viene a Chilpancingo, o quiere regresar a esa cabecera municipal o a las comunidades.
La fuente aseguró vía telefónica que la intención es asumir el control a fin de “pacificar” la zona.
La violencia regresó a la zona luego de que el 2 de junio la Unión de Comisarios de la Sierra que agrupan a comunidades de Leonardo Bravo y Eduardo Neri se reunieron en Los Morros, municipio de Leonardo Bravo, en donde acordaron ofrecer garantías de seguridad en su zona para el paso de la gente de Tlacotepec.
Asimismo, el lunes pasado se reunieron con el gobernador Héctor Astudillo Flores acompañados por el presidente municipal priista de Leonardo Bravo,
Ismael Cástulo Guzmán, para agradecerle el reforzamiento de la seguridad en la zona con policías estatales y militares.
Se enfrentan policías y un grupo criminal en Coahuayutla: alcalde; va contra él, advierte
Clama Rafael Martínez de Morena ayuda del gobernador mientras consigue quién quiera ser policía municipal. La consigna que trae la célula delincuencial “es liquidarme a mí… estoy en estado de indefensión”, insiste
Redacción
El presidente municipal de Coahuayutla de Morena, Rafael Martínez Ramírez informó que este domingo en la comunidad Las Juntas de Bustos, a 20 minutos de la cabecera municipal, ocurrió un enfrentamiento entre policías estatales y una célula de un grupo de la delincuencia organizada que tiene asolada a la población de ese municipio.
“Agradezco mucho el apoyo del coordinador regional Pedro Castro, una persona comprometida e institucional, pero sí me gustaría que el gobernador me autorice el apoyo permanente de la Policía Estatal porque en cuanto ellos se salen llega el grupo armado a hacer de las suyas y yo no he podido ir al Ayuntamiento hasta la fecha. No se está trabajando, se trabaja unos dos, tres días y la gente se sale porque todos estamos amenazados, no sólo los trabajadores, sino todos los habitantes del municipio estamos en esa incertidumbre de no saber qué va a pasar y no podemos seguir así, esto no es vida ya”, apuntó.
Dijo que no se reportaron bajas entre los uniformados ni los civiles, pero hubo decomiso de vehículos.
Martínez Ramírez, quien desde antes de tomar posesión como alcalde de Coahuayutla denunció la presencia en ese municipio de un grupo delincuencial denominado Los Cuernudos, vía telefónica informó que ayer domingo al mediodía ocurrió el enfrentamiento.
Manifestó que “fue una célula de ese grupo” la que se enfrentó a los policías estatales, “y fueron los mismos que el domingo de la semana pasada asesinaron a dos muchachos afines a mi partido político”.
Rafael Martínez dijo que el coordinador regional de la Policía Estatal, Pedro Castro “es el único que ha estado más al pendiente de apoyarnos a hacerle frente a ese grupo y brindarle seguridad a la población que cualquier otra corporación, llámese militares, marinos, él es quien ha estado allá. Del enfrentamiento hubo un policía estatal que recibió un balazo pero afortunadamente llevaba chaleco y no pasó a mayores, incluso se habla de granadazos también, hubo el decomiso de dos camionetas de ese grupo armado”.
“Nuevamente solicitamos el apoyo del gobernador, que intervenga, toda vez que estamos en estado de indefensión ya que no tenemos armamento en el municipio”.
Indicó que la ayuda que necesita del gobernador es que autorice que un grupo de la Policía Estatal esté de manera permanente en ese municipio, mientras él consigue personas que quieran ser policías municipales y se certifiquen para estar en la licencia colectiva 110, porque no hay ningún ciudadano de su municipio que quiera ser policía municipal.
“No encuentro elementos en el municipio, gente que quiera entrarle como policía municipal por el riesgo que conlleva, por las amenazas que ha habido de esta gente”.
Advirtió que la consigna que trae este grupo criminal “es liquidarme a mí, es la idea que traen y digo, estoy en estado de indefensión, ni para mí mismo, no puedo traer armas ni en mi municipio, ya ve lo que pasó en la campaña, me detuvieron porque traía armas de bajo calibre queriendo cuidar mi vida y a raíz de eso me vi en la necesidad de no traer nada”.
Aseguró que ha acudido a todas las corporaciones policiacas estatales y federales, “pero nadie de las autoridades federales me contestaron, que la primera instancia era el municipio para brindar seguridad a los ciudadanos y de ahí seguía el estado y si el estado se veía rebasado hasta entonces podían ellos intervenir, ya fui con el estado también y lo que me dicen es que no hay la capacidad para estar de manera permanente acá, entiendo todo eso, pero acá estamos en estado de indefensión”.
Rafael Martínez aseguró que la situación en materia de seguridad en Coahuayutla no puede compararse con el resto de los municipios de la Costa Grande, “no tenemos ningún policía que esté registrado para estar dentro de la licencia colectiva 110 y esté facultado para portar armas, así que por lo tanto de qué manera me defiendo yo y al municipio”.
“Por eso mi petición al gobernador que autorice la permanencia de la Policía Estatal en mi municipio mientras encuentro gente que quiera ser policía municipal”, insistió.
Firman líderes de la sierra, diputados, dos alcaldes y enviados del gobierno y del electo el Plan Lindavista
Demandan que se legisle “para dar certeza legal” a los movimientos de autodefensa. Incluyen una propuesta de decreto por el que se crea la Zona de Atención Especial para el Desarrollo Sustentable de la Sierra de Guerrero y fue aprobado durante el Primer Encuentro Regional para el Desarrollo Integral de la Sierra, en esa población del Filo Mayor
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Representantes del gobierno federal electo y del gobierno del estado, la diputada federal María del Carmen Cabrera, cuatro diputados del Congreso local, los alcaldes de San Miguel Totolapan y Leonardo Bravo, un representante de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y 37 líderes de la sierra firmaron el sábado en Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, el Plan Linda Vista por la Unificación, la Pacificación y Regionalización de los Pueblos de Guerrero.
Incluye una propuesta de decreto por el que se crea la Zona de Atención Especial para el Desarrollo Sustentable de la Sierra de Guerrero y fue aprobado y firmado durante el Primer Encuentro Regional para el Desarrollo Integral de la Sierra, en esa población enclavada en lo alto de la sierra del Filo Mayor.
Al encuentro al que asistieron representantes de los tres niveles de gobierno, diputados federales y locales, así como dos alcaldes, dirigentes y actores de 14 municipios de la zona demandaron la remunicipalización, que los congresos local y federal legislen “para darle certeza legal” a los movimientos de autodefensa, que el estado eleve a rango constitucional el cuarto poder representado por los comisarios municipales, elaborar un esquema micro regional para atender los problemas de inseguridad así como resolver los distintos conflictos agrarios.
Según los audios y documentos generados durante el encuentro, los líderes de la región insistieron en la creación de la octava zona económica, la Sierra, una demanda que vienen planteando desde el gobierno de René Juárez Cisneros.
“La sierra ha callado por mucho tiempo, ha sufrido bastante”
Una de las participantes, Isabel Hernández Urióstegui, vecina de Plan Verde municipio de San Miguel Totolapan, reclamó a los asistentes: “La sierra ha callado por mucho tiempo, ha sufrido bastante, ha aguantado un chingo, hemos callado por años”.
Dijo que en la sierra “sabemos de qué nos mantenemos, de qué nuestros padres y madres nos han dado la oportunidad de prepararnos, es gracias a lo que se siembra acá, porque no han habido otras oportunidades, no ha habido de dónde agarrar recursos para sacar a sus hijos adelante”, expresó en referencia a que se dedican a la siembra de amapola.
Sin embargo, añadió que “hoy esto (la amapola) ya no vale y vivimos en una crisis económica que nos pone al borde de la muerte, porque se han presentado enfermos y no ha habido dinero para mandarlos a la ciudad, el problema es que para llegar a Atoyac donde está el hospital son 8 horas, y los enfermos se mueren en el camino porque están tirados”.
Concluyó: “la sierra ya aguantó mucho, es momento de que se le dé un trato digno, un trato diferente”.
A su vez, Eréndira Herrera Carranza, vecina y catedrática del Colegio de Bachilleres de Vallecitos de Zaragoza, reclamó que la gente de la sierra vive en el abandono por culpa de muchos gobiernos, y demandó que para terminar con el rezago haya una remunicipalización, es decir, la creación de nuevos municipios.
Demandó la participación de los ciudadanos porque dijo que de nada va a servir si el gobierno y los diputados hacen su trabajo y los habitantes no hacen nada por sus propias comunidades.
Un representante de Pueblos Unidos por la Paz Social y del movimiento de autodefensa de San Miguel Totolapan, leyó un documento en el que reclaman a los 3 niveles de gobierno atención y acción para el desarrollo de los pueblos de la sierra que han estado marginados desde hace cuatro años.
Dijo que en materia de seguridad fueron abandonados y que tuvieron que surgir como movimiento de autodefensa un 28 de octubre del 2014 para frenar la delincuencia organizada “bajo el marco constitucional de la legítima defensa”.
Agregó que sólo así lograron que los prestadores de servicios, maestros, médicos, sacerdotes y comerciantes se desenvuelvan en la zona en un contexto seguro, a pesar de que, informó, “hay compañeros que han perdido la vida por lograr la pacificación en los pueblos”, mientras que hay pueblos que siguen sufriendo el lastre de la seguridad.
Aseguró que la autodefensa de San Miguel Totolapan no está subordinada ni sirve a los intereses de partidos, narcotraficantes, guerrilla, religiones, gobiernos o caciques.
Tampoco persigue delincuentes, “no denunciamos, no ajusticiamos, sólo actuamos por flagrancia de delitos, como estipula el marco constitucional”.
Las demandas
En su documento propusieron elaborar un esquema micro rregional para atender los problemas de inseguridad, la autorización de 300 elementos para la Policía Rural, así como asignar un presupuesto para apoyar a todas las autodefensas, la dotación de vehículos terrestres, armamento y capacitación, “en el entendido de que ninguna estrategia de seguridad funcionará sin la participación ciudadana”.
También demandaron que el Congreso local y federal legislen para darle certeza legal a los movimientos de autodefensa, además, que eleve a rango constitucional el cuarto poder representado por los comisarios municipales.
Atrajo la atención la intervención del diputado local Servando de Jesús Salgado Guzmán, quien entre sollozos expresó que conoce y ha visto la carencia de los pueblos de la sierra, porque es sierreño, “soy uno de ustedes”, les dijo a los asistentes de los pueblos, e incluso se dijo perseguido por gestionar proyectos para la sierra.
“Me ha tocado ser perseguido por las autoridades por luchar por ustedes, por los transportistas, por mi pueblo Jaleaca de Catalán”.
Contó que 6 veces fue perseguido porque en el 2016 encabezó una manifestación pacífica en Chilpancingo por proyectos productivos, “pero verdaderamente sustentables para la sierra, no proyectos de traspatio, gallinas ponedoras, que no sirven para nada, porque al final de cuentas hay tanta necesidad y carencia en sa Sierra que esas gallinas nos las venimos comiendo en unas semana”. En seguida exigió un “Ya basta”.
Demandó unidad para sacar del atraso a la sierra, “que me entienda quien me quiera entender, necesitamos el desarrollo de nuestra pueblo”, dijo.
El coordinador en Guerrero de la iniciativa para la pacificación y reconciliación nacional del gobierno federal electo, Álvaro Urreta Fernández, expuso los programas para el cambio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que entrará en funciones el 1 de diciembre, y ofreció gestionar la solución de sus peticiones.
Añadió que el presupuesto tiene que aplicarse de manera distinta en la sierra, “sí, hay hartazgo, pero tenemos esperanza y vamos a trabajar con sensibilidad y con humildad”.
También se comprometió a trabajar con los desplazados e informó que se está integrando una lista para ver qué se puede hacer con los desplazados de la violencia “porque es muy triste lo que está pasando”.
Se comprometió también a gestionar ante el nuevo gobierno federal el problema de la inseguridad, y que además se discutirá con el gobierno estatal.
El Plan Linda Vista que fue firmado reconoce que la mayoría de la población de la Sierra padece condiciones precarias en la calidad de vida, “producto de históricos procesos de rezago y exclusión económica, social y cultural”.
Se establece que en eso se sustenta la creación de la zona de atención especial para el desarrollo sustentable de la sierra, “cuyo objetivo es establecer una nueva relación entre el estado y la sociedad, de manera que se capitalice el esfuerzo social a favor del desarrollo de la región”.
Se propone que la zona de atención especial para el desarrollo sustentable de la Sierra de Guerrero, se integre por 31 comunidades de Ajuchitlán del Progreso; 71 de Atoyac de Álvarez; 63 de Coahuayutla de José María Izazaga, 3 de Coyuca de Benítez, 210 de Coyuca de Catalán; 285 de general Heliodoro Castillo; 26 de Chilpancingo; 74 de José Azueta; 37 de Leonardo Bravo; 67 de Petatlán; 52 de Miguel Totolapan; 59 de Tecpan de Galeana, y 20 de Zirandaro de Los Chávez.
Otro de los acuerdos fue la solución definitiva de los conflictos agrarios, algunos de ellos que llevan más de 5 décadas de litigios y que los agravó el programa del Procede, por la medición incorrecta de los núcleos agrarios.
Convinieron que estos conflictos agrarios son unas de las principales limitantes y estancamientos del desarrollo social y económico en la sierra “porque no dan certidumbre a la inversión económica tanto social como privada”.
Otro de los acuerdos son la creación de la Comisión Especial para la pacificación y Desarrollo de la Sierra por el Congreso local, para asignar un presupuesto con fuente de los tres órdenes de gobierno para la pacificación y desarrollo de la sierra, constituir un fideicomiso o secretaría de desarrollo para la Sierra como mecanismo de operación de los recursos asignados a la región.
Asimismo, considerar a la Sierra dentro de la estrategia de los territorios de paz en que participan instancias de seguridad nacional como estrategia de pacificación y reconstrucción.
Además, iniciar acciones para el reconocimiento de la sierra como octava zona económica, administrativa, incluyendo la remunicipalización con comunidades de los municipios de Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Coahuayutla, Tecpan de Galeana, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Chilpancingo, Atoyac.
El Plan Linda Vista Por la Unificación, la Pacificación y regionalización de los Pueblos de Guerrero, fue firmado por Álvaro Urreta Fernández, coordinador en Guerrero de la iniciativa por la pacificación y reconciliación nacional. Constantino González Vargas en representación del senador Félix Salgado Macedonio y la diputada por el distrito 03, María del Carmen Cabrera Lagunas.
Del gobierno del estado firmaron el documento Alejandro Carbajal Cruz, coordinador de Desarrollo Rural de la Región Sierra; en tanto que por el Congreso del estado firmaron los diputados del PT, Servando de Jesús Salgado Guzmán, los de Morena Alfredo Sánchez Esquivel y Adalid Pérez Galeana, así como el priista Olaguer Hernández Flores.
Estaba anotado el nombre también del diputado Arturo Martínez Núñez, pero éste no asistió.
Por la Universidad Autónoma de Guerrero, firmó David Franco García Orozco, así como los alcaldes de San Miguel Totolapan, el perredista Juan Mendoza Acosta, y de Leonardo Bravo, el priista Ismael Cástulo Guzmán.
También firmaron 37 líderes y actores de la Sierra, entre ellos: Severo Oyarzabal Díaz, José Concepción Hernández, Rigoberto Acosta González, Roberto Fuentes Catalán, Cipriano Olea Estrada, Humberto Aguilar Marino, Zeferino Cortés Díaz, Miguel Rojas Bernardino, Humberto Nava Reyna, Arturo López Torres y Carlos García Jiménez.
Desplazados por la violencia de los pueblos vecinos a Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), reclamaron ayer vía telefónica que los gobiernos federal y estatal les garanticen seguridad en sus comunidades para que puedan regresar sin riesgos.
Bernardo Cisneros, vecino de Carrizal, contó ayer que después del 5 de septiembre cuando irrumpieron civiles armados en La Laguna, municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y atacaron las comunidades de Puentecillas, Carrizal y El Ranchito, siete familias salieron de Carrizal por temor a los ataques de los integrantes del grupo criminal.
Añadió que el fin de semana pasado otras familias abandonaron Carrizal y pueblos vecinos porque las agresiones continuaron en los días siguientes, principalmente en las madrugadas.
Contó que su casa quedó totalmente agujerada porque se encuentra en la orilla y por el lado donde llegan a atacar al pueblo los civiles armados, por eso abandonó su pueblo y su casa la misma noche del 5 de septiembre.
Informó que las familias que salieron en los días posteriores, (desconoce cuántas) viven hacinados en casas de sus familiares en Chilpancingo, otros en Chichihualco, la cabecera municipal y algunos se fueron a Cuernavaca, Morelos.
Denunció que lamentablemente los gobiernos federal y estatal los han dejado solos, pues solamente declaran a los medios de comunicación que hay presencia de militares y policías estatales y que está garantizada la seguridad en la sierra, pero es mentira.
Afirmó que las fuerzas federales y estatales suben solamente cuando ocurre un evento de violencia, levantan los cuerpos, hacen recorridos y vuelven a bajar de la zona.
Mientras tanto los integrantes de los grupos armados se repliegan mientras hay presencia policiaca y militar, pero que cuando se retiran vuelven a atacar a las poblaciones.
“Lamentablemente las familias que no tenemos nada que ver con estos grupos quedamos en medio de dos fuegos, y al final no nos queda otra alternativa que abandonar nuestros pueblos”, se quejó Bernardo, quien está a cargo de un grupo de siete familias que abandonaron Carrizal la noche del 5 de septiembre.
El vecino de Carrizal demandó que los gobierno federal y estatal les ayuden no solamente con la seguridad en sus pueblos para que puedan regresar, sino que mientras permanecen refugiados con sus familiares los apoyen con colchonetas y despensas para que puedan sobrevivir porque huyeron sin nada de sus pueblos.
Asimismo, ayer no había en la zona presencia de militares ni de policías estatales como lo ha venido informando el gobierno del estado y el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
No luchan por la amapola y su trasiego, manifiestan pueblos de la “Sierra alta de Guerrero”
Mientras tanto en un pronunciamiento de los pueblos de la “Sierra alta de Guerrero”, aclararon este martes que la lucha no es contra los pueblos, “es a favor de los pueblos, no es por intereses personales, no es por plazas, no es por el control del acaparamiento de la amapola y su trasiego, como justifican los medios y el gobierno, es por justicia, por libertad, por el derecho a la vida, y por sobre todo por amor a nuestra gente, a nuestra tierra”.
Responsabilizaron a las instituciones y al gobierno “por el tan injusto abandono en el que nos han dejado, pues si no fuera por eso este conflicto no tendría razón de ser”.
Critican en su escrito que las autoridades “nos gobiernan pero no nos representan, tanto tiempo minimizando el problema y mientras tanto nuestros hijos no van a la escuela, no tenemos medicinas y doctores en los centros de salud, no tenemos abasto en la tiendas, no tenemos transporte”.
A los pueblos de la parte baja donde se han dado los enfrentamientos les piden “paciencia y comprensión por todo los inconvenientes que este conflicto ocasiona, esta lucha también es por ustedes, pues, muchos de ustedes son nuestros parientes y amigos, sabemos que también sufren la opresión que infringen contra ustedes y sus mujeres al obligarles a manifestarse para pedir ayuda al gobierno a favor del Cártel del Sur”.
Agregan: “sabemos que obligan a los hombres a armarse y a defenderlos y quien no acepta es despojado de sus pocos bienes y son expulsados de sus pueblos o asesinados. Esto ya muy pronto se va a terminar”.
Advierten que han tomado medidas drásticas, “pues el gobierno y los acosos de este grupo criminal no nos dejaron otra alternativa, o vivimos o morimos pero será peleando por el sagrado sostén que tenemos para con nuestras mujeres, ancianos y niños, y el respeto a sus derechos más elementales”, advierten.
En su manifiesto responsabilizan al Cártel del Sur de la violencia en estos pueblos, “se está librando una gran batalla entre la gente de los pueblos de la sierra en contra del llamado Cártel del Sur. Mucho se ha dicho y se ha opinando de este conflicto, pero como dice el dicho: sólo el indio sabe lo que trae en el morral”, dice el escrito.
Integrantes de la Unión de Comisarios de la Sierra acudieron a la Jurisdicción Sanitaria 03 de Chilpancingo para pedir médicos, y que se abra el Hospital Básico Comunitario de Filo de Caballos, ya que más de 20 mil habitantes no tienen atención médica y las mujeres embarazadas son las principales afectadas.
Aseguraron que la violencia disminuyó y que los pobladores de más de 20 comunidades de la zona se comprometen a brindar seguridad a los médicos, porque desde hace un mes no tienen atención hospitalaria.
El presidente de la Unión de Comisarios de la Sierra, David Barragán López dijo que en la Jurisdicción Sanitaria los atendió el encargado Saúl Romero Téllez, mediante quien solicitaron que el titular de la Secretaría de Salud, Carlos de la Peña Pintos intervenga y envíe médicos “porque hay más seguridad”.
“Los pobladores vamos a apoyar con la seguridad a los médicos porque necesitamos la atención de ellos, en las comunidades hay muchos enfermos y desde hace un mes no tenemos atención médica, por lo que es urgente que acudan”, destacó.
Informó que los pueblos se están coordinando para apoyar enla seguridad y que también “nuestro gobierno del estado que nos dé seguridad, que nos apoye para que tengamos ese derecho a la salud”.
Barragán López relató que antes de que se cerrara el hospital había algunos médicos y enfermeras, “eran pocos y tampoco daban buena atención, ahora dicen que no acuden a la sierra por la inseguridad”.
Se comprometió a que brindarán seguridad desde Xochipala a Filo de Caballos a los médicos.
En total son 23 comunidades afectadas por el cierre del hospital, entre ellas está Corralitos, Filo de Caballos, La Laguna, Puentecillas, y Xochipala, y en total son 20 mil habitantes los que ahí acuden para recibir atención médica, principalmente mujeres embarazadas.
Detalló que las personas que tienen un familiar enfermo, “se vienen como pueden a Chilpancingo para recibir atención médica”, y casi es una hora el tiempo que se toma en llegar en vehículo.
Manifestó que hay familias de escasos recursos económicos que no puede trasladar a su enfermo, por lo que los controlan con hierbas.
Los comisarios informaron que en reiteradas ocasiones han solicitado al gobernador Héctor Astudillo Flores que coloque un retén permanente en Corralitos, para que “la ciudadanía viva en paz”, porque si lo mueven el problema de la inseguridad continuará.
Desde el 9 de junio está cerrado el Hospital Básico Comunitario de Filo de Caballos, en la sierra de Chichihualco. Se paralizaron las actividades en decenas de poblados de esa región cuando un grupo delincuencial atacó la comunidad de Corralitos, dejó tres muertos y cortó la energía eléctrica y la telefonía, además de que se suspendió el transporte público y la llegada de camiones que surten a los pueblos de productos básicos.
En Corralitos, comunidad de la sierra de Chichihualco, no hubo elecciones. Ayer sólo se encontraban tres de las 80 familias que aquí viven; la mayoría salió huyendo, luego del enfrentamiento del 9 de junio que dejó tres personas muertas, entre ellas el comisario municipal, así como tres casas y dos vehículos incendiados y dos casas más atacadas a balazos.
Corralitos tiene unos 300 electores, que no votaron ayer.
Mientras tanto, en por lo menos 18 comunidades de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri (Zumpango), ubicadas en la Sierra del Filo Mayor, las elecciones fueron vigiladas por la recién creada Policía Ciudadana que, además, instaló filtros o retenes en las carreteras desde la tarde del sábado para evitar la entrada de “mapaches” a comprar el voto, informó el coordinador Crescencio Pacheco González.
Todavía ayer, los elementos de esta corporación comunitaria, instalaron filtros de revisión en las entradas y salidas de los pueblos en donde está operando para garantizar seguridad durante la jornada.
El coordinador Pacheco González aseguró que las operaciones de la Policía Ciudadana se realizaron en coordinación con los elementos del Ejército mexicano y de la Policía Estatal.
La semana pasada, la Unión de Comisarios de la Sierra y la coordinación de la Policía Ciudadana de los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, informaron en conferencia de prensa en el Palacio Municipal de Chichihualco que en varios pueblos de esos dos municipios estaba en riesgo la instalación de por lo menos 80 casillas en las que emiten su voto unos 20 mil electores.
Sin embargo este domingo se constató en un recorrido por la zona que las casillas se instalaron sin ningún incidente al menos en los pueblos del corredor desde Xochipala hasta Filo de Caballos.
En Corralitos, el coordinador de la Policía Comunitaria, Pacheco González, informó que no se instalaron las casillas por el desplazamiento de las familias, sin embargo uno de los pobladores que accedió a platicar con el reportero dijo que aquí no se instalan casillas y que tienen que ir a votar a Filo de Caballos.
“De todos modos, aunque se hubieran instalado las casillas, ¿quién iría a votar?, cuestionó otro de los pocos vecinos que regresaron al pueblo y dijo que en su caso después del mediodía viajaría a la capital a depositar su voto en la casilla especial.
Ayer en esa comunidad se vio un destacamento del Ejército mexicano que resguarda el pueblo, pero a pesar de su presencia, uno de los pobladores denunció que las casas que quedaron solas han sido saqueadas y se han robado borregos, chivos y puercos.
También se vio una operación de policías estatales en dos patrullas que recorrían de Xochipala a Filo de Caballos, mientras que en la primera población había un destacamento de policías federales en cuatro patrullas.
El coordinador de la Policía Ciudadana Pacheco González, dijo sin embargo que los policías y los militares se instalaron en esa zona para la jornada electoral de este domingo pero que terminando la elección volverían a dejar abandonados a los pueblos.
Aun cuando las casillas se instalaron sin incidencias en los pueblos, hasta antes del mediodía se vio poca afluencia de votantes, pero el comisario municipal de Filo de Caballos Alfonso González Pacheco consideró normal la afluencia ciudadana pues argumentó que en esos pueblos la mayoría de los electores acude a votar después del mediodía cuando las mujeres terminan con su quehacer en sus casas y los hombres regresan del campo.
El comisario rechazó que los ciudadanos no acudieran a votar por temor a la violencia pues aseguró que la situación se ha ido normalizando desde que los pueblos integraron su Policía Ciudadana.
El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó que el servicio en el hospital en Filo de Caballos está cerrado por la inseguridad, y que en el caso de Tlacotepec se trabaja con guardias por la mañana y tarde y en la noche no hay servicio.
Ayer acudió en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores a celebrar el aniversario de la Unión de Calentanos Radicados en Acapulco, en el Centro Acapulco.
El funcionario dijo que a San Miguel Totolapan acuden brigadas hasta la comunidad de Linda Vista.
Agregó que son 40 o 50 médicos, enfermeros, especialistas, con quienes dialogó el viernes para buscar el respeto a su labor y que puedan dar servicio.
Los profesionistas de la salud “manifiestan temor claro que sí, lo que ellos quieren es dar su servicio con todos los márgenes de seguridad, no pueden estar trabajando sin ellos” por ello espera que las cosas mejoren.
“Filo de Caballos está cerrado, no hay servicios, el viernes me reuní con toda la gente de ahí, ellos tienen ganas de trabajar, de realizar sus actividades médicas pero es importante la seguridad, debido a eso invitó a los ciudadanos a “protegerlos”.
Explicó que en Tierra Caliente hay problemas de inseguridad “nada más en San Miguel Totolapan, ahí se atiende a través de brigadas o en la cabecera municipal, solamente hacia la sierra, hacia Linda Vista se dan brigadas dos veces al mes”.
Desde el 9 de junio está cerrado el hospital básico comunitario de Filo de Caballos, en la sierra de Chichihualco, que atiende a decenas de comunidades de la región. Ese día un grupo delincuencial atacó la comunidad de Corralitos y dejó tres muertos y cortó la energía eléctrica y la telefonía, además de que ante la inseguridad se suspendió el transporte público y la llegada de camiones que surten a los pueblos de productos básicos.
Del suministro de medicamentos dijo que la Secretaría está al 70 por ciento y las semanas de vacunación se cumplen, por el abasto del medicamento; pero indicó que se “requieren más especialistas, otorrinolaringólogos, urólogos, neurocirujanos, hace falta más especialistas”.
En la celebración, además del secretario de Salud, estuvo el presidente de la UCRA, Joaquín Salgado, la ex diputada Julieta Fernández, el ex procurador Alberto López Rosas, y varias decenas de calentanos radicados en Acapulco.
Durante estos 43 años de fundación de la Unión de Calentanos, el presidente dijo que familiares le manifiestan su preocupación por la inseguridad en esa zona, “andamos con cuidado, porque la situación es grave y no nada más en Tierra Caliente, en Acapulco lo que vivimos, pero la vida sigue y tenemos que seguir haciendo cosas importantes”.
Explicó que se calcula que en Acapulco hay más de 251 mil calentanos radicados o que vienen de sangre calentana, y que la emigración es continua, “mucha gente se viene por trabajo , por escuela, o algunas por seguridad, peor muchos vienen buscando mejor calidad de vida”.
En Corralitos, comunidad de la sierra de Chichihualco, no hubo elecciones. Ayer sólo se encontraban tres de las 80 familias que aquí viven; la mayoría salió huyendo, luego del enfrentamiento del 9 de junio que dejó tres personas muertas, entre ellas el comisario municipal, así como tres casas y dos vehículos incendiados y dos casas más atacadas a balazos.