El vocero del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, Salvador Alanís, acusó al obispo Salvador Rangel Mendoza de asumir una postura parcial en el conflicto de la Sierra, luego de que el lunes declaró que no son policías comunitarios los que entraron a Filo de Caballos y que están al servicio de los narcotraficantes.
Aseguró que es mentira que la intervención del prelado tenga la intención de lograr una tregua para la paz en la zona, porque nunca ha buscado reunirse con la Policía Comunitaria para dialogar y demandó que el gobierno proceda en su contra por su complicidad y sus reuniones con líderes del narcotráfico.
En una llama telefónica, Salvador Alanís también deslindó a la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo de las ejecuciones que se cometieron la semana pasada cerca de Filo de Caballos, y que luego se difundieron en redes sociales. Aseguró que esas acciones son consecuencia del enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado.
El vocero declaró que si el nuevo gobierno federal garantiza la seguridad en la zona, su repliegue de Filo de Caballos no será de inmediato, “yo creo que va a ser un proceso, es muy temprano decirlo ahorita, primeramente hay varias situaciones que tendríamos que plantear con la nueva autoridad”, adelantó.
El lunes, el obispo Salvador Rangel declaró que no son policías comunitarios los que entraron a Filo de Caballos, “sabemos que están al servicio de los narcotraficantes, ¿qué tienen que hacer habitantes de Teloloapan, de Apaxtla, de Cocula, de San Miguel Totolapan?, ahí hay otra intención”, declaró el prelado.
Salvador Alanís, dijo ayer que la gente de los pueblos donde tiene presencia la Policía Comunitaria está “molesta y ofendida” con el obispo, primero por sus declaraciones y luego porque aseguró que tienen evidencias de que se ha reunido con líderes de la delincuencia “y no precisamente para buscar una tregua, esa es una pantalla”, dijo.
Denunció que el obispo no ha sido imparcial, porque se ha reunido con un solo grupo del crimen organizado, “específicamente se ha sentado a convivir con el líder criminal de Chichihualco y sabemos que le dan prebendas monetarias”.
En cambio, criticó, que no ha querido reunirse con el “pueblo lastimado y que ha sufrido por la violencia en el paso de Filo de Caballos a Casa Verde, tampoco lo hemos visto sentado con los familiares de las víctimas de los asesinatos, robos, de las mujeres violadas, de los comerciantes o con los transportistas”.
Aseguró que sí son policías comunitarios los 7 mil 500 que pertenecen a esa organización, “ya lo hicimos del conocimiento del gobierno del estado. Se realizaron asambleas en cada pueblo, tenemos firmas de los pobladores y sellos de las autoridades”.
Contó que el lunes, al conocer las declaraciones del obispo, en una asamblea comunitaria se planteó la posibilidad de detenerlo “y acusarlo por sus nexos con la delincuencia”.
Pero dijo que el acuerdo fue primero solicitar una mesa de trabajo con el gobierno para pedirle que sea puesto a disposición de las autoridades por sus vínculos con los líderes de la delincuencia, “porque eso es un delito del que no debe quedar exento, pero si no lo detienen las autoridades, lo vamos a detener nosotros para llevarlo a un proceso de reeducación”.
Añadió que no conciben cómo el obispo le dé más atención a “16 familias” desplazadas “y que son familias directas de delincuentes que estuvieron asentados en Filo de Caballos e ignore a toda la población que quedó en los pueblos, que eran víctimas de los delincuentes”.
Salvador Alanís reprochó que el obispo no ha pedido reunirse con la Policía Comunitaria, “no nos ha buscado ni siquiera para preguntar qué hacemos, quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos peleando”, dijo que por eso “declara al aire y al vapor”.
Añadió que su deber como prelado es sentarse con el pueblo masacrado y dolido “no con los capos de la droga”.
De la postura de la Policía Comunitaria por los desplazados que provocó con su entrada a Filo de Caballos, declaró que no va a decidir quién regresa y quién no, sino los pobladores y los comisarios.
“Ellos ya nos dijeron quiénes pueden regresar y quiénes no. Cada ciudadano que regrese será aprobado mediante asamblea y será la asamblea la que diga este ciudadano es bueno, que regrese, pero no vamos a permitir que regresen los que son familias directas de los delincuentes”, advirtió.
–La semana pasada circularon fotografías y videos de ejecuciones que se cometieron en la zona donde están ustedes, ¿qué paso?.
–Hay un problema bien señalado entre la gente de Juan Castillo, el Teniente, con Juan Guevara, el Jaleaco. El Teniente fue desplazado de Izotepec y por esa razón tiene ese problema de años. El miércoles o jueves pasados, la gente de Izotepec vino a querer recuperar Filo de Caballos y el Frente de Comunitarias los repelió, no pudieron entrar, y a su regreso, camino a Carrizal, los interceptó la gente del Teniente y mató a algunos de ellos.
“Fueron esos los que circularon en un video, pero esa fue una acción independiente. No fue la Policía Comunitaria, al día siguiente nos deslindamos de él y de sus acciones. Él con su guerra y nosotros con nuestro problema, que es la seguridad en el paso de Filo de Caballos. Nosotros todo lo tratamos de hacer de manera transparente”, aseguró el vocero.

La Policía Comunitaria de Tlapa aliada del Frente

–¿Ven la posibilidad de replegarse si el nuevo gobierno federal se responsabiliza de la seguridad a través del nuevo mecanismo que está implementando con la Guardia Nacional?.
–Yo creo que eso va a ser un proceso. Ahorita es muy temprano decirlo. Hay varias situaciones que tendríamos que plantear primeramente con la nueva autoridad. Nosotros necesitamos que primero los pueblos se sientan seguros, porque en las asambleas nos dijeron, si se van ustedes, todo el pueblo se va porque no podemos permitir que esa gente regrese.
“Entonces sería como haber entrado a alborotar el avispero y dejar a la gente a su suerte, porque aquí hay varios actores delincuenciales que no están precisamente en Filo de Caballos, ni en Campo de Aviación, ni en Los Morros, están algunos, incluso, en el Congreso local, dentro de la política, dentro de las autoridades estatales, federales y municipales”, denunció.
Frente a ese problema, advirtió: “Ahorita de ninguna manera nos vamos a retirar hasta que no veamos acuerdos y acciones concretas del nuevo gobierno para retomar la seguridad”.
Insistió: “no es un tema tan fácil como decir ya nos vamos a retirar, porque ¿quién se hace responsable de los nuestros?”.
Dijo que mucha gente de Tlacotepec, Verde Rico y de todas las comunidades de Heliodoro Castillo tiene familiares directos en los pueblos donde entraron, “o sea que no somos ajenos como dicen, que no tenemos nada que ver aquí, aquí están los primos, los tíos y los hermanos de los comunitarios, incluso llegan con ellos y les dan cobijo y comida, café porque son familiares directos, y sería como abandonarlos para que llegue otro y los avasalle”.
Informó que para llegar a acuerdos El Frente de Policías Comunitarios está solicitando que el presidente Andrés Manuel López Obrador o funcionarios del gabinete de seguridad reciba a una comisión pero que ya enviaron seis solicitudes y no han tenido respuesta, “nos están obligando a ir, o a solucionar el problema con balas, y quisiéramos que el nuevo gobierno nos ayude a resolver el problema con diálogo y poder llegar a pacificar esta zona”.
Dijo que los comunitarios se retiran con gusto y hasta dejar las armas “porque el pueblo está cansado, quiere trabajar, ver a su familia y a sus hijos verlos crecer, darles educación y salud”, pero el día que el gobierno asuma su responsabilidad “y nos dé el derecho a la seguridad, no nada más nos vamos a retirar”.
–El domingo surgió una nueva policía comunitaria en Tlapa, ¿es parte del Frente Unido?.
–Sí, habíamos estado trabajando de 2 meses atrás con ellos. Hay algunos otros grupos en otros municipios que también están dentro del Frente pero ahorita no los vamos a mencionar, porque ha habido problemas en donde la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ha querido entrar y avasallar, igual que lo hace en todo el pueblo de Guerrero.
“Ahorita nos dicen que hay 5 pobladores de Tlapa secuestrados y están pidiendo medio millón de pesos por cada uno, como es su costumbre. A raíz de eso los líderes sociales nos buscaron y ayudamos a que ellos pudieran conformar su Policía Comunitaria. Estamos coordinados no nada más con ellos, sino con algunas Policías Comunitarias aledañas a Tlapa.