Acusa el Frente de Comunitarias al obispo Rangel de convivir con el líder criminal de Chichihualco y que le “da prebendas”

 

El vocero del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, Salvador Alanís, acusó al obispo Salvador Rangel Mendoza de asumir una postura parcial en el conflicto de la Sierra, luego de que el lunes declaró que no son policías comunitarios los que entraron a Filo de Caballos y que están al servicio de los narcotraficantes.
Aseguró que es mentira que la intervención del prelado tenga la intención de lograr una tregua para la paz en la zona, porque nunca ha buscado reunirse con la Policía Comunitaria para dialogar y demandó que el gobierno proceda en su contra por su complicidad y sus reuniones con líderes del narcotráfico.
En una llama telefónica, Salvador Alanís también deslindó a la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo de las ejecuciones que se cometieron la semana pasada cerca de Filo de Caballos, y que luego se difundieron en redes sociales. Aseguró que esas acciones son consecuencia del enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado.
El vocero declaró que si el nuevo gobierno federal garantiza la seguridad en la zona, su repliegue de Filo de Caballos no será de inmediato, “yo creo que va a ser un proceso, es muy temprano decirlo ahorita, primeramente hay varias situaciones que tendríamos que plantear con la nueva autoridad”, adelantó.
El lunes, el obispo Salvador Rangel declaró que no son policías comunitarios los que entraron a Filo de Caballos, “sabemos que están al servicio de los narcotraficantes, ¿qué tienen que hacer habitantes de Teloloapan, de Apaxtla, de Cocula, de San Miguel Totolapan?, ahí hay otra intención”, declaró el prelado.
Salvador Alanís, dijo ayer que la gente de los pueblos donde tiene presencia la Policía Comunitaria está “molesta y ofendida” con el obispo, primero por sus declaraciones y luego porque aseguró que tienen evidencias de que se ha reunido con líderes de la delincuencia “y no precisamente para buscar una tregua, esa es una pantalla”, dijo.
Denunció que el obispo no ha sido imparcial, porque se ha reunido con un solo grupo del crimen organizado, “específicamente se ha sentado a convivir con el líder criminal de Chichihualco y sabemos que le dan prebendas monetarias”.
En cambio, criticó, que no ha querido reunirse con el “pueblo lastimado y que ha sufrido por la violencia en el paso de Filo de Caballos a Casa Verde, tampoco lo hemos visto sentado con los familiares de las víctimas de los asesinatos, robos, de las mujeres violadas, de los comerciantes o con los transportistas”.
Aseguró que sí son policías comunitarios los 7 mil 500 que pertenecen a esa organización, “ya lo hicimos del conocimiento del gobierno del estado. Se realizaron asambleas en cada pueblo, tenemos firmas de los pobladores y sellos de las autoridades”.
Contó que el lunes, al conocer las declaraciones del obispo, en una asamblea comunitaria se planteó la posibilidad de detenerlo “y acusarlo por sus nexos con la delincuencia”.
Pero dijo que el acuerdo fue primero solicitar una mesa de trabajo con el gobierno para pedirle que sea puesto a disposición de las autoridades por sus vínculos con los líderes de la delincuencia, “porque eso es un delito del que no debe quedar exento, pero si no lo detienen las autoridades, lo vamos a detener nosotros para llevarlo a un proceso de reeducación”.
Añadió que no conciben cómo el obispo le dé más atención a “16 familias” desplazadas “y que son familias directas de delincuentes que estuvieron asentados en Filo de Caballos e ignore a toda la población que quedó en los pueblos, que eran víctimas de los delincuentes”.
Salvador Alanís reprochó que el obispo no ha pedido reunirse con la Policía Comunitaria, “no nos ha buscado ni siquiera para preguntar qué hacemos, quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos peleando”, dijo que por eso “declara al aire y al vapor”.
Añadió que su deber como prelado es sentarse con el pueblo masacrado y dolido “no con los capos de la droga”.
De la postura de la Policía Comunitaria por los desplazados que provocó con su entrada a Filo de Caballos, declaró que no va a decidir quién regresa y quién no, sino los pobladores y los comisarios.
“Ellos ya nos dijeron quiénes pueden regresar y quiénes no. Cada ciudadano que regrese será aprobado mediante asamblea y será la asamblea la que diga este ciudadano es bueno, que regrese, pero no vamos a permitir que regresen los que son familias directas de los delincuentes”, advirtió.
–La semana pasada circularon fotografías y videos de ejecuciones que se cometieron en la zona donde están ustedes, ¿qué paso?.
–Hay un problema bien señalado entre la gente de Juan Castillo, el Teniente, con Juan Guevara, el Jaleaco. El Teniente fue desplazado de Izotepec y por esa razón tiene ese problema de años. El miércoles o jueves pasados, la gente de Izotepec vino a querer recuperar Filo de Caballos y el Frente de Comunitarias los repelió, no pudieron entrar, y a su regreso, camino a Carrizal, los interceptó la gente del Teniente y mató a algunos de ellos.
“Fueron esos los que circularon en un video, pero esa fue una acción independiente. No fue la Policía Comunitaria, al día siguiente nos deslindamos de él y de sus acciones. Él con su guerra y nosotros con nuestro problema, que es la seguridad en el paso de Filo de Caballos. Nosotros todo lo tratamos de hacer de manera transparente”, aseguró el vocero.

La Policía Comunitaria de Tlapa aliada del Frente

–¿Ven la posibilidad de replegarse si el nuevo gobierno federal se responsabiliza de la seguridad a través del nuevo mecanismo que está implementando con la Guardia Nacional?.
–Yo creo que eso va a ser un proceso. Ahorita es muy temprano decirlo. Hay varias situaciones que tendríamos que plantear primeramente con la nueva autoridad. Nosotros necesitamos que primero los pueblos se sientan seguros, porque en las asambleas nos dijeron, si se van ustedes, todo el pueblo se va porque no podemos permitir que esa gente regrese.
“Entonces sería como haber entrado a alborotar el avispero y dejar a la gente a su suerte, porque aquí hay varios actores delincuenciales que no están precisamente en Filo de Caballos, ni en Campo de Aviación, ni en Los Morros, están algunos, incluso, en el Congreso local, dentro de la política, dentro de las autoridades estatales, federales y municipales”, denunció.
Frente a ese problema, advirtió: “Ahorita de ninguna manera nos vamos a retirar hasta que no veamos acuerdos y acciones concretas del nuevo gobierno para retomar la seguridad”.
Insistió: “no es un tema tan fácil como decir ya nos vamos a retirar, porque ¿quién se hace responsable de los nuestros?”.
Dijo que mucha gente de Tlacotepec, Verde Rico y de todas las comunidades de Heliodoro Castillo tiene familiares directos en los pueblos donde entraron, “o sea que no somos ajenos como dicen, que no tenemos nada que ver aquí, aquí están los primos, los tíos y los hermanos de los comunitarios, incluso llegan con ellos y les dan cobijo y comida, café porque son familiares directos, y sería como abandonarlos para que llegue otro y los avasalle”.
Informó que para llegar a acuerdos El Frente de Policías Comunitarios está solicitando que el presidente Andrés Manuel López Obrador o funcionarios del gabinete de seguridad reciba a una comisión pero que ya enviaron seis solicitudes y no han tenido respuesta, “nos están obligando a ir, o a solucionar el problema con balas, y quisiéramos que el nuevo gobierno nos ayude a resolver el problema con diálogo y poder llegar a pacificar esta zona”.
Dijo que los comunitarios se retiran con gusto y hasta dejar las armas “porque el pueblo está cansado, quiere trabajar, ver a su familia y a sus hijos verlos crecer, darles educación y salud”, pero el día que el gobierno asuma su responsabilidad “y nos dé el derecho a la seguridad, no nada más nos vamos a retirar”.
–El domingo surgió una nueva policía comunitaria en Tlapa, ¿es parte del Frente Unido?.
–Sí, habíamos estado trabajando de 2 meses atrás con ellos. Hay algunos otros grupos en otros municipios que también están dentro del Frente pero ahorita no los vamos a mencionar, porque ha habido problemas en donde la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) ha querido entrar y avasallar, igual que lo hace en todo el pueblo de Guerrero.
“Ahorita nos dicen que hay 5 pobladores de Tlapa secuestrados y están pidiendo medio millón de pesos por cada uno, como es su costumbre. A raíz de eso los líderes sociales nos buscaron y ayudamos a que ellos pudieran conformar su Policía Comunitaria. Estamos coordinados no nada más con ellos, sino con algunas Policías Comunitarias aledañas a Tlapa.

 

Los Ardillos sí cometen crímenes contra la población fuera de sus lugares de influencia, dice el FUSDEG

Tercera parte

El asesinato de seis jóvenes de la comunidad de Chacotla puso nuevamente en el interés público el problema del control de Los Ardillos de un territorio aledaño a la capital del estado.
La noche del 30 de enero entró a esa comunidad del municipio de Mochitlán un comando de unos 40 sicarios vestidos de negro, relataron testigos, y se llevó a seis hombres y a dos mujeres, y un día después, el 1 de febrero, fueron ejecutados los seis hombres, dos de ellos menores de edad, y a las mujeres las dejaron libres.
Al día siguiente, antes de la aparición de los cuerpos, los vecinos dijeron a los reporteros que desde que entró el grupo armado varios de ellos pidieron ayuda al 911, a la Policía Estatal, a la Municipal y al Ejército, pero ninguna corporación fue al pueblo, que queda a sólo 40 minutos del centro de Chilpancingo, y los sicarios estuvieron actuando libremente durante cinco horas, y se metieron a las casas, se llevaron a las dos mujeres y cinco hombres más otro de la vecina comunidad de Mazatlán, golpearon y maltrataron a los habitantes y robaron dinero y cosas de valor.
Los vecinos identificaban a los agresores, hablaron de policías ciudadanos de la UPOEG, de supuestos comunitarios de Petaquillas en coordinación con los de Palo Blanco y Mazatlán, y un testigo precisó que “son acciones de narcocomunitarios que pertenecen a los grupos criminales Los Ardillos y al Cártel del Sur”.
Se publicó en El Sur que por Whatsapp familiares y amigos de las víctimas informaron que recibían amenazas por teléfono, y dijeron: “Nos hablan de un tal Celso Ortega (presunto jefe de Los Ardillos), de un tal Isaac Navarrete (presunto jefe del Cártel del Sur), y nos están amenazando que van a entrar a matarnos con la comunitaria del señor Bruno (Plácido, el dirigente de la UPOEG)”.
El día del funeral, ante reporteros, los familiares señalaron que los que irrumpieron la noche del 30 de enero y se llevaron a los ocho, son policías comunitarios de la UPOEG revueltos con delincuentes, y dijeron que los sicarios gritaron que iban por El Tigre, Gabriel González Cabrera, padre de dos de los jóvenes ejecutados, Gabriel de 21 años e Ismael de 16.
Los vecinos no hablaban del móvil de las ejecuciones.

Era un secuestro
colectivo: FUSDEG

De los hechos de Chacotla, da su versión el coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís. Aunque esta organización ha sido desplazada de las funciones de seguridad en los pueblos entre Acapulco y Chilpancingo, y sólo queda en Tierra Colorada, mantiene contactos y obtiene información directa de pobladores.
–¿Cuál fue el móvil de lo que pasó en Chacotla?
–Lo de Chacotla. Hay un líder ahí que se encargaba de atender esa zona cuando estaba el cártel anterior (Los Rojos), ese líder ahorita está preso, El Tigre, es el papá de dos jóvenes que mataron.
“El Tigre controlaba todos esos pueblitos incluso cuando nosotros metimos la Policía Comunitaria a Mazatlán, fuimos colonia por colonia de Mazatlán, y nos brincamos a El Salado y a Chacotla, pero la gente de ahí nunca quiso hacerse del FUSDEG. Sin embargo nosotros los cuidábamos porque al cuidar Mazatlán los cuidábamos a ellos, La gente se portó muy bien en el tiempo que estuvimos nosotros, que fueron casi cuatro años, nunca hubo un muerto, nunca hubo un secuestro, y con El Tigre nunca tuvimos problemas, desde que yo entre ahí él ya estaba en la cárcel. Fue un pretexto de la gente que entró ahora (el 30 de enero) que porque buscan al Tigre si todos saben que está en la cárcel.
–¿Y por qué la matanza?
–Era un secuestro, estaban pidiendo 10 millones de pesos, pero Los Ardillos se molestaron mucho porque la gente fue a denunciar, inmediatamente que los levantan la gente se fue al Ministerio Público a denunciar y esa fue la molestia de Los Ardillos, por eso mataron a los muchachos.
–¿Pero hay gente en Chacotla que tenga dinero para pagar 10 millones de pesos?
–No pero como eran ocho…, era un secuestro global. Al muchacho de 14 años que mataron, no le quitaron su celular, y ese niño estaba mandando toda la información por mensajes, entonces estaban pidiendo 10 millones, de ahí dice el niño que le hablaron a Celso y Celso habló con Bruno, y que platicaron y con Isaac Navarrete, y le bajaron a 2 millones para dejarlos ir, porque ya todo mundo sabía de ese levantón y al final supieron que habían ido a denunciar al Ministerio Público antisecuestros y fue por eso que mataron a los muchachos.
–Después de esos hechos, ¿hay peligro para la población de Petaquillas por la presencia de Los Ardillos?
–Hemos venido observando que en territorio donde están Los Ardillos no se meten con la gente común, pero sí hacen matazones afuera, en pueblos donde no están ellos. Lo de Chacotla lo hicieron Los Ardillos con la UPOEG, unidos todos. Entonces en Quechultenango (lugar de origen de Los Ardillos) no ves ni un muerto, en Mochitlán la gente vive tranquila dentro de lo que cabe, pero vienen de Quechultenango o de Mochitlán a matar a los de Chacotla.
–Dicen que Los Ardillos no extorsionan ni secuestran.
–Los Ardillos sí secuestran pero fuera de su territorio. Por ejemplo toda la violencia de Tixtla, ahorita se retiraron tantito de Tixtla, ahora están haciendo males de este lado de Petaquillas. Allá Zenén Nava (el jefe del grupo de la delincuencia organizada Los Rojos) ya tenía 12 años controlando Chilapa, y estaba tranquilo, pero una vez que entran Los Ardillos se empieza a ver matazón y matazón.
“Yo considero que Los Ardillos es uno de los grupos más violentos de Guerrero, para mí, por el conocimiento que yo tengo. Los Ardillos tienen mucho dinero y mucha violencia. Fueron los que desaparecieron a los de Chilapa. Son los que operan a la comunitaria de Paz y Justicia; esa comunitaria son Ardillos”.
–Y otra característica es que se mueven con la población de las comunidades, pareciera que buscan tener base social, no son sólo los armados.
–La característica “buena” (dice Alanís con ironía) de Los Ardillos es que mientras los del Cártel del Sur les pagan a 14 mil la goma a los campesinos, Los Ardillos se la pagan a 22 mil, entonces lógicamente tienen base social, porque Los Ardillos cuidan, la gente siembra y les pagan bien su producto, ¿cómo no van a estar protegiendo a Los Ardillos?, por eso la gente está con ellos.
“Si alguien trabaja en la oficina a lo mejor tiene miedo y no se mete, pero si trabaja en el campo sembrando eso (amapola), los va a apoyar; los productores los apoyan a ellos”.

Se oponen en el área de influencia de Los Ardillos a que entre el Ejército y las policías

Nuevamente el caso de Los Ardillos fue de interés en los medios, el 7 de febrero, cuando policías rurales de Petaquillas, vecinos y transportistas de la ruta a Quechultenango bloquearon la carretera federal a Acapulco más de seis horas, para exigir que se retirara un campamento militar ubicado frente a la entrada a Petaquillas, que se instaló como parte de las operaciones para buscar a los responsables de los asesinatos de Chacotla.
Al día siguiente, el gobernador Héctor Astudillo Flores, en declaraciones a reporteros en Acapulco, calificó el origen del bloqueo como “misterioso”. Esto quiere decir que atrás de esa acción había algo oculto, oscuro.
“Reprobamos las acciones del día de ayer donde un grupo de personas llamándose policías comunitarios, transportistas y algún otro grupo de personas, bloquean la carretera para pedir que de una zona, donde recientemente asesinaron a un grupo de personas humildes, salgan la policía y el Ejército. Nos parece que son acciones muy, muy lamentables y que tienen origen, así lo digo de claro, un origen mucho, muy misterioso”, dijo Astudillo Flores.
“No podemos permitir que este tipo de grupos que se escudan en policías comunitarios traten de limitar una acción de justicia reclamada por todos los pueblos”, subrayó el gobernador.
Los reporteros le preguntaron el significado del calificativo “misterioso” que usó para referirse al origen del bloqueo a la carretera, que fue total, de las 2 de la tarde a las 8 de la noche, pero ya no respondió.
Después, el 19 de febrero, cuando asistió a la ceremonia por el Día del Ejército en la Zona Militar de Chilpancingo, el gobernador dijo a pregunta de reporteros: “Hacen muy mal quienes piden que el Ejército no ayude. Hay que comprender de dónde vienen esas peticiones, que son muy raras, muy misteriosas, principalmente en territorios donde se dan hechos que en ocasiones cubren de luto y de sangre a muchas familias y yo creo que es un asunto que hay que ubicarlo en su exacta dimensión”.
Un reportero le preguntó quiénes están detrás de esas peticiones, y sólo dijo “hay que analizarlas”.
Probablemente el gobernador hablaba de Los Ardillos, de los asesinatos de Chacotla y del bloqueo en Petaquillas para pedir la salida del Ejército.
En la misma reunión en Acapulco, el comandante de la Novena Región Militar, general Germán Javier Jiménez, declaró a reporteros que los militares seguirían en el campamento frente Petaquillas, pero éstos se retiraron la madrugada de ese día, como lo pidió el movimiento que bloqueó la ca-rretera.
El 7 de febrero, cuando el bloqueo llevaba casi seis horas, acu-dieron a dialogar con los manifestantes para buscar que se liberara la carretera, el delegado de la Secre-taría de Gobernación, Ramiro Ávila Morales, y el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, José Maldonado. En el diá-logo nocturno, Ávila dijo que fuerzas federales y militares llegaron a Petaquillas por protocolos de seguridad tras los hechos de violencia que han ocurrido en la región, en referencia a los de Chacotla.  Por su parte, los que hablaron por parte de los manifestantes defendieron en todo momento a la Policía Rural.
El comisario de Petaquillas, Mario Flores Castrejón, declaró a los reporteros que los militares “anoche anduvieron intimidando a la gente, pero los afectados fueron los policías”. Por su parte, un policía rural dijo que los militares entraron a Petaquillas intimidando a los vecinos para sacarles información sobre los hechos de Chacotla, y en algunos casos los encañonaban.
Al día siguiente del bloqueo, los enviados gubernamentales firmaron el acuerdo con los manifestantes, en el que acceden a sus peticiones. Quedó escrito que la seguridad en Petaquillas estará a cargo de la Policía Rural, y que en operaciones conjuntas con ésta podrán entrar el Ejército y policías federales y estatales.

La huella en Chilapa

En una región contigua, en los municipios de Chilapa, Zitlala y Tixtla, la disputa entre los cárteles de la droga Los Rojos y Los Ardillos dejó 81 personas desaparecidas entre 2014 y 2016 y 120 asesinadas, informó el Centro de Derechos Humanos José María Morelos, que tiene su sede en Chilapa.
En estos últimos tres años, Los Rojos y Los Ardillos, en su disputa por el territorio, han cometido crímenes de extrema crueldad, y decapitado, desmembrado y descuartizado cuerpos que son arrojados a lugares públicos, a veces quemados.
También han ocurrido secues-tros y desapariciones colectivas y masivas, y decenas de cuerpos han sido enterrados en fosas clandestinas que después son localizadas por familiares o por autoridades.
Dentro de esta disputa, según registros periodísticos, la acción más conocida fue la irrupción de hombres armados del cártel de Los Ardillos, acompañados de comisa-rios y campesinos de diversos pue-blos, a la cabecera municipal de Chilapa, y la mantuvieron ocupada del 9 al 13 de mayo de 2015, para exigir la detención del jefe de Los Rojos, Zenén Nava, y durante esos cinco días levantaron y desaparecieron a 16 vecinos, ha dado a conocer el Colectivo Siempre Vivos, de familiares de desaparecidos.
Durante esa incursión de Los Ardillos a Chilapa estuvieron presentes efectivos del Ejército y de la Policía Federal, que no hicieron algo para impedir que se llevaran a los 16 desde entonces desaparecidos, y compartieron las calles de la ciudad, en aparente acompañamiento, como lo muestran las fotografias publicadas en El Sur.

Un pacto con el gobernador, que no cumplió, llevó al FUSDEG casi a su extinción, denuncian

Segunda parte

Según el coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís, éste casi se extinguió debido a la confrontación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y a “un plan” del gobernador, Héctor Astudillo Flores, que hizo que la Policía Comunitaria saliera de El Ocotito, mediante un acuerdo con los dirigentes de la organización, que consideran que fue “un engaño”.
Desde 2014 hasta finales de 2016 el FUSDEG tuvo presencia con la Policía Comunitaria en una extensa área que comenzaba en Xaltianguis, municipio de Acapulco, y llegaba a Petaquillas en Chilpancingo, considerado como un corredor para el trasiego de enervantes, principalmente de goma de amapola. Su combate fue contra todos los delitos, incluido el narcotráfico. Pero ahora sólo está en Tierra Colorada.
El FUSDEG tenía acuerdos con las autoridades de todos los niveles, y la ruptura con el gobernador comenzó después de un bloqueo que hicieron miembros de la organización a la Autopista del Sol y a la carretera federal a Acapulco, en vísperas de un puente vacacional que afectaría la economía del puerto, informó el coordinador del Frente en el municipio de Chilpancingo, Salvador Alanís Trujillo.
En entrevista por teléfono, dice que el FUSDEG “es un movimiento muy pobre, se mantiene de la verdadera voluntad del pueblo, nosotros le pedíamos 30 pesos cada mes a cada casa para pagar la comida y la gasolina, nunca tuvimos dinero para comprar armas”.
En el municipio de Chilpancingo, el FUSDEG llegó a tener 300 policías comunitarios en los poblados de Dos Caminos, Mohoneras, El Ocotito, Cajelitos, Mazatlán y Petaquillas, y actualmente 50 se cambiaron a la UPOEG –que según Alanís está aliado con el Cártel del Sur– 20 fueron obligados por el grupo del narcotráfico Los Ardillos a sumarse a la policía de Petaquillas, otros 200 están fuera de sus comunidades, desplazados por la violencia, y unos 30 están replegados en sus pueblos.
Informa que actualmente también están fuera de sus pueblos unas 150 familias, desplazadas por los ataques de la UPOEG y otros grupos delictivos.
El FUSDEG tuvo ocho enfrentamientos armados en los que murieron 21 policías comunitarios de esta organización, 17 bajas fueron causadas por la UPOEG, y cayeron 20 personas contrarias al Frente, de las cuales siete son de la UPOEG.
Además, los seis principales líderes de los pueblos del Valle del Ocotito tuvieron que salir de Guerrero, porque fueron amenazados de muerte por los grupos contrarios o amenazados por el gobierno con llevarlos a prisión.
Uno de los seis líderes es Alanís, coordinador de la Policía Comunitaria, es decir, la parte armada del FUSDEG.
En entrevista, la primera que da desde su salida de Guerrero, Alanís narra cómo intervino el gobernador en la desaparición del FUSDEG.
Informa que el FUSDEG considera que su repliegue fue un error, derivado de “un engaño” de Astudillo, y que la organización ya rectificó, y actualmente busca fortalecerse, y “acopiar armas y aumentar su membresía”.

De la comunicación directa a la ruptura y las órdenes de aprehensión

Ante el conflicto con la UPOEG, que desde mediados del año pasado emprendió una ofensiva para desplazar al FUSDEG del corredor donde operaba, éste tuvo acuerdos con el gobierno del estado que se comprometió a impedir las acciones de la UPOEG, con el fin de mantener la paz y evitar enfrentamientos entre esas organizaciones, porque el gobernador no quería “ni un muerto”.
Alanís dice que el gobernador se había comprometido a intervenir con la Policía Estatal para mantener inmovilizados a los dos grupos, pero los del FUSDEG veían que mientras a sus integrantes los tenían encerrados en su base y no les permitían salir, a los de la UPOEG los dejaban avanzar y ocupar casas de seguridad y amenazar y hostigar a familias del FUSDEG.
Alanís cuenta que reportaba por Whatsapp al gobernador esos movimientos de la UPOEG. “Yo tenía línea directa con el gobernador, con el fiscal Olea y con el general Almazán”, dice.
Ahí comenzó la ruptura: “Llegó un momento en que el gobernador se molestó conmigo porque decía que yo le estaba diciendo puras mentiras, que no era cierto, que la Policía Estatal no veía a la gente armada que yo decía, y que mandaban helicópteros y no veían hombres armados”.
Describe cómo se dio el avance de la UPOEG dentro de El Ocotito: “el avance de ellos es que llegaban a casa de un compañero policía comunitario, entraban, saqueaban las cosas y amenazaban a la mujer y a los niños, que estaban solos porque todos los policías estaban en la base replegados, no estaban en su casa, porque teníamos un acuerdo con el gobernador de que íbamos a estar replegados. Entonces los compañeros se empezaron a ir de uno, de tres, y de los 150 que éramos quedamos 50”.
Alanís precisa que la incursión de la UPOEG al valle de El Ocotito se dio el 24 de octubre del año pasado, y ese día llegó la Policía Estatal, que mantenía inmovilizados a los policías comunitarios del FUSDEG mientras permitían el avance de la UPOEG.
Ante este problema, el 27 de octubre, la gente civil del FUSDEG cerró la Autopista del Sol y la carretera federal a Acapulco, para exigir al gobernador el desarme de la UPOEG y la detención de sus miembros que tenían orden de aprehensión.
La toma de la Autopista, en la que fue destacada la participación de mujeres y niños, comenzó a las 7:40 de la noche y terminó a las 2 de la mañana del día siguiente.
Ese día, Alanís, en los medios, exigió al gobierno federal y al estatal “el desarme del grupo delictivo Cártel del Sur que somete a los pueblos del corredor Tierra Colorada-El Ocotito-Petaquillas en alianza con el líder de la UPOEG”, Bruno Plácido Valerio.
El 30 de octubre tres dirigentes del FUSDEG fueron trasladados a Acapulco donde se reunieron con el gobernador en la oficina de la Protur, el secretario general de gobierno Florencio Salazar y el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.
“El gobernador se molesta mucho porque era el inicio del puente vacacional, me mandó traer, me mandó una (camioneta) blindada con César Flores Maldonado para que fuéramos”.
“Nosotros le explicamos al gobernador cómo estaban operando y cómo nos estaban destruyendo, y el gobernador se comprometió y dijo, le voy a entrar, vamos a hacer acuerdos, lo único que les pido es que se replieguen, que se salgan, que no se metan en nada, no quiero ni un muerto, y la segunda es que quiero que convenzan a la población para que no tape la autopista porque viene el fin de semana largo y van a destruir la economía de Acapulco. A cambio, dice, voy a detener a los líderes de esa gente, pero para que no se vea que yo estoy de un lado voy a detener a uno de ustedes también, pero con el de ustedes yo me comprometo a que en 72 horas esté libre y a aquellos los vamos a llevar a la de alta seguridad”.
El gobernador anunció que entrarían el martes siguiente a El Ocotito ocho BOM, con militares, policías federales, estatales y ministeriales, para detener a todos los hombres armados de la UPOEG y del FUSDEG, y pidió a los dirigentes que sacaran a sus comunitarios para que no fueran detenidos.
Los dirigentes del FUSDEG estuvieron de acuerdo, y después las bases también. Al lunes siguiente, 7 de noviembre, una comisión fue a reunirse con el fiscal Javier Olea, para darle el nombre del miembro del FUSDEG que sería detenido, y el fiscal les dijo que ya estaba todo listo para la entrada a El Ocotito al día siguiente.
La madrugada del 7 de noviembre el FUSDEG sacó a todos sus policías comunitarios de El Ocotito.
“El martes después de que nos salimos, manda el fiscal a traer a una comisión del FUSDEG, va la comisión y les dice el fiscal Javier Olea, que dice mi mamá que siempre no, que ya no iba a haber nada porque ya El Ocotito estaba bien, o sea que ya no había conflicto y que ellos no tenían gente suficiente para ir a hacer un operativo de ese tamaño, y que Carioca (uno de los líderes de la UPOEG, Marco Antonio Salgado Pineda) tenía mejores armas que él y que no iban a hacer operativo.
“Entonces ahí nos dejó embarcados el gobernador, sacamos a casi 100 familias de El Ocotito y ahora las familias están fuera, unas refugiadas en Tierra Colorada, están regadas en muchos lugares de Guerrero y de fuera de Guerrero, y ya no han podido regresar porque el gobernador no cumplió su palabra, ni el fiscal ni el general Almazán ni el secretario de Gobierno. Nos engañaron como tontos y se aprovecharon de la nobleza de la gente buena y ahí está la consecuencia de que ya tienen una narco UPOEG ahí aliada con Los Ardillos, con el Cártel del Sur y con el mismo gobierno. Es una alianza de los cuatro”.
Después de El Ocotito, afirma Alanís, siguió la misma operación en otros pueblos: “Ahí no paró la cosa, sino que una vez que nos sacan de Ocotito sigue el mismo plan para Xaltianguis, toman Xaltianguis, detienen a muchos compañeros, hacen la misma operación, los rodean, los empiezan a amenazar, amenazar, amenazar, y ellos presumen de que no tiraron ni una bala, y pues sí, no tiraban balas porque agarraban a las familias, a las mujeres y a los niños, y todos los hombres comenzaron a dudar con esas amenazas. Tomaron Xaltianguis, Las Marías, El Playón, Xolapa, en todos los pueblitos que teníamos del lado de Xaltianguis hicieron lo mismo y los convierten en UPOEG”.
“La gente empezó a correr a Colorada porque era el centro, porque la intención de ellos eran rodear nuevamente Colorada también. Y fue ahí donde buscamos otra vez al gobernador, pero ya no nos dio la cara”.

“El gobernador me dio la orden de que te detenga”

El 10 de noviembre Alanís le mandó al gobernador un mensaje por Whatsapp en el que le reclama que está actuando mal con el pueblo, dice que ahora sí cree que esté vinculado con el narcotráfico, y señala: “Hoy sé que nos tenemos que levantar nuevamente como pueblo y nuestros enemigos serán la delincuencia organizada y el narcogobierno”.
Este mensaje motivó la amenaza de detención para Alanís, y su salida de Guerrero para protegerse. Dice en entrevista:
“El gobernador vio el Whatsapp como a la una de la mañana, a esa hora el fiscal me marcó, pero yo ya había apagado mis celulares, y le habló al maestro Plancarte (el coordinador de la parte no armada del FUSDEG), a las 3 de la mañana, y lo amenazó, dijo que nos iba a detener porque eran órdenes del gobernador, y quería que yo le hablara para que le bajara de huevos, el fiscal me mandó un mensaje, me dijo que le bajara de huevos porque no le podía hablar así al gobernador”. “Yo me tuve que salir del estado, porque me iban a detener, yo tenía orden de aprehensión pero salía con 3 mil pesos porque es un delito que nunca se comprobó, la persona nunca se presentó, fue algo inventado por alguien que nos quería perjudicar, y lógicamente el gobierno le dio seguimiento, como para agarrarme.
“Y le contesté al fiscal a los dos o tres días, le marqué, y me contestó el fiscal y me dijo, sabes qué, tú eres el número uno ahorita para mí, el gobernador ya me dio órdenes de que te detenga y ¿sí sabes que tienes orden de aprehensión?, y le dije, ¿sí sabes cuál es mi delito, y sabes que con 3 mil pesos voy a salir?, y se empezó a reír el fiscal y le dije, bueno, solamente que me vayas a poner unos 3 kilos de goma y unos tres AR-15 para que puedas justificar porqué me detuviste, así como le hacen a todos. Y me dijo, bueno, pues ahí tú sabes, lo único que te digo es que  le bajes de huevos, ahorita eres el número uno para mí para detenerte, y son órdenes del gobernador, así que si quieres arreglar esto habla con él, habla con Florencio y sólo ellos van a poder cambiar la orden que yo traigo”.
–¿Has regresado a Guerrero, qué vas a hacer?
–Yo sí he regresado pero me salí de Guerrero, todos los compañeros líderes nos salimos, no nada más yo, dijimos, no, ni madres, vamos a arreglar nuestra situación jurídica porque éstos no nos van a detener como a Mireles, como a todos los líderes políticos, Nestora, Eliseo del Villar, Gonzalo Molina. Nosotros nos salimos, nos pusimos a ver la situación jurídica, ahorita la orden de aprehensión ya cumplió su término, y ya el juez nos avisó. Ya nosotros estamos libres, no tenemos ninguna cuenta con la justicia”.

Cambiamos de postura y ya no permitiremos que entren a Tierra Colorada

Dice que los dirigentes del FUSDEG que salieron de Guerrero en noviembre han regresado a organizar y que el Frente ha cambiado su postura.
“Fue ahí cuando ya cambiamos la postura, después de que me amenaza el fiscal y que ahora nos van a detener después de que el gobernador hizo un acuerdo, no nos cumplió y ahora nos quiere detener. Entonces ya cambiamos la postura, porque nosotros teníamos la postura de que no hubiera muertos, de que no nos podíamos matar entre la gente del pueblo”.
–Ahora el FUSDEG sólo está en Tierra Colorada.
–Sí, toda la gente del FUSDEG que ha sido exiliada de sus pueblos se refugia en Tierra Colorada, la misma gente de Ocotito,  Mohoneras, Xaltianguis, están en Tierra Colorada.
–¿Y están en peligro ahí?
–No por ahora, porque cambiamos de postura y cuando iban a tomar Colorada dijimos, aquí ya no van a entrar, y si no quiere muertos que cumpla el gobernador con su parte que nos prometió y si no aquí se van a morir los de UPOEG que entren.
–¿El cambio de postura  es que se van a defender?
–Sí, y fue ahí en Colorada donde se suscitó la balacera que duró casi un día, fue donde quedaron los reporteros atrapados. Porque nosotros nos hemos dedicado a fortalecer la parte armada, ya tenemos muchas armas y balas y el que entre ahí se va morir, porque ya estuvo bueno, se supone que la Policía Comunitaria se hizo para defender al pueblo de los crímenes de los cárteles y del crimen organizado, no para que sea parte de la delincuencia como la UPOEG, para nosotros la UPOEG es parte del crimen organizado, son enemigos de nosotros y son delincuentes, no vamos a permitir que entren, y ya no han intentado entrar, porque  ellos saben que estamos reforzados y tenemos gente y armas.
–¿Tú sigues en el FUSDEG, aunque ya no puedes estar aquí?
–Sí, yo sigo organizando a la gente y apoyando en lo que puedo.

Desde el exilio, denuncia Alanís el saqueo de sus propiedades en El Ocotito

El coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo, denunció públicamente el saqueo y robo de su casa y de todas sus propiedades en El Ocotito, después de que salió de Guerrero porque fue amenazado por el fiscal Javier Olea con meterlo a prisión.
Como si fuera un botín de guerra, informa que miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que desplazó al FUSDEG, le quitaron todo su patrimonio. Afirma que cuando estaban saqueando, el 10 de noviembre, habló por teléfono con el comandante de la Policía Estatal, y le respondió que no era cierto.
Muestra un video de su casa saqueada y fotos de la destrucción de su vivero donde producía jitomate, y de la granja donde tenía 500 gallinas ponedoras que también le robaron y la incubadora, una casa de empeño, las herramientas de un taller mecánico, y una cocina que tenía su esposa donde vendía comida. Además, señala que un terreno de su propiedad, de 13 mil 500 metros cuadrados que le costó 100 mil dólares en 2011, fue declarado parte de movimiento de la UPOEG.
En entrevista, Alanís, de 39 años, habla de su historia:
“Yo soy del DF (ahora Ciudad de México), soy chilango, a los 13 años me vine a vivir al Ocotito, y me encantó tanto El Ocotito, un lugar tan bonito para vivir, pero a los 19 años me fui a Estados Unidos, a Clarkton en Carolina del Norte, estuve 12 años trabajando. Yo vengo de una familia muy pobre, de una madre soltera con ocho hijos, cuando yo era joven por las dificultades económicas no pude terminar la carrera de Economía, que estudié en la UAG, me faltó un año y de ahí me regresé al Tecnológico de Buenavista, estudié Administra-ción de Empresas, yo trabajaba y pagaba mi estudio y el de mi hermano.
“Me fui 12 años a Estados Unidos, a trabajar duro, hice una buena cantidad de dinero. Trabajaba en una empresa de empacar cacahuates y era mecánico de carros, en la mañana en la fábrica y en la tarde era mecánico. Me fue muy bien en Estados Unidos, hice muy buen dinero, y me vine en el 2009 debido a que mi madre ya estaba muy enferma, y ya se iba a morir ya no la iba a ver, me vine, y me quedé en México, me puse a sembrar la tierra en El Ocotito, un valle tan bonito y nadie siembra, yo dije voy a contratar gente y a dar empleo. Me puse a sembrar jitomate y me fue muy bien, busqué un ingeniero, en dos años que sembré jitomate ya tenía 50 empleados, producía mil cajas de jitomate por semana y en las aguas, tres meses, sembraba en Huitziltepec”.
–¿Cómo te uniste al FUSDEG?
–Como ya estaba creciendo mi negocio, la gente de Los Rojos ya me tenía en la mira y me metieron una gente, un infiltrado, para investigarme porque me iban a secuestrar, a la semana matan a los muchachos que me iban a secuestrar, en Mohoneras los mataron y aparecieron en Papagayo muertos. Los mataron los mismos del Cártel de Los Rojos porque habían secuestrado a un ciudadano de Mohoneras y no habían dado el dinero, eso era el rumor que se supo ahí.
“En otra ocasión nos mandaron unos fulanos cuando estábamos entregando el jitomate, y me pensaban asaltar y levantar pero uno de mis trabajadores tenía gente que había sido de Los Pelones, y esos muchachos nos cuidaban, ese día que llegan ya los estaban esperando los otros muchachos que tenían sus armitas y ya no pudieron”.
“Entonces nos juntamos un grupo de comerciantes de Ocotito porque queríamos traer a la Policía Comunitaria, y nos organizamos, fueron a ver a Bruno Plácido y a Ernesto Gallardo (los dirigentes de la UPOEG), pero decían que sí y que no, que querían para gasolina, y dijimos vamos a juntar 30 mil cada comerciante y los vamos a dar, era un grupito bien cerrado y bien secreto, porque te mataban por un peso en Ocotito. Y empezamos a hacer un grupo de los equis, donde yo era un equis e invitaba a otro equis, pero sin decir nombres y sin conocernos, yo me busqué mi gente de confianza que eran puros equis y el otro otros equis, para que si nos agarraban a uno no vamos a decir quién era”.
Habla de la entrada de la UPOEG a El Ocotito, la primera vez, el 23 de enero de 2014, con el dirigente Bruno Plácido a la cabeza. Dice que a los tres meses la gente del pueblo corrió a Bruno y a sus seguidores, acusados de estar coludidos con la delincuencia organizada, de corrupción y de irregularidades como la acusación a vecinos de cualquier delito fabricado sólo para quedarse con sus bienes. Pero tras la salida de los líderes de la UPOEG, los comunitarios de El Ocotito siguieron siendo UPOEG, hasta el 5 de enero de 2015, cuando fundaron el FUSDEG.
–Para ser coordinador de la Policía Comunitaria del FUSDEG, ¿sabías de armas?
–Yo no sabía de armas, hasta la vez no sé bien de armas, entonces yo era comerciante y me dedicaba a lo mío, a sembrar jitomate. Entonces un día de repente llegó la UPOEG a Ocotito, y los que estábamos organizados nos quedamos boquiabiertos, dijimos, caray, nosotros éramos los que estábamos organizando y ya llegó la UPOEG. No nos pidieron ni para gasolina, nomás nos dijeron una noche, vamos a llegar mañana alístense. Y una hora después nos dicen que se canceló, ya ni les creíamos. Y al otro día llegó la comunitaria de la UPOEG, la Policía Ciudadana de Bruno.
“Al otro día nos dijeron, los queremos aquí a las 2 a todos los que van a apoyar. Entonces yo les comenté, entre mis trabajadores, a un grupo de confianza, y junté siete, y conseguí armas, escopetas y 22, con la misma gente de nosotros. Ya teníamos siete personas conmigo y siete armas, nos presentamos a las 2 con el grupo, yo iba al frente de mi grupito.
“Empezamos a operar con ellos, el primer día nos juntamos como 30 gentes armadas del puro Ocotito, y fue así como nos metimos, pero mi idea es que yo quería apoyar a que se instalara el sistema bien y me retiro, sólo me quedo con mi cooperación. Pero resulta que a los 10 días de que llega la UPOEG empezamos a ver que a unos delincuentes sí les dejaban recargar toda la mano y a otros los dejaban ir. Y empezamos a pelear con ellos, y les de-cíamos: éste era halcón (espía de la delincuencia organizada), cómo es posible que lo hayan dejado ir. Me acuerdo de un caso que nos dijeron: queremos que dejen ir a estos halcones, eran cuatro, y yo les decía: ¿por qué los vamos a dejar ir, qué no se-gún ustedes reeducan?, y dijeron, es que es un delito muy pequeño y yo les decía: ¡ah qué bonito, entonces ahora todo mundo va ser halcón, buenos días, que te vaya bien halcón¡. No, eso se tiene que castigar o hay que entregarlos a las autoridades. Fue el pleito, al otro día dejaron ir a dos, ya no amanecieron.
“Empezamos a ver que a un grupo delictivo sí se le recargaba y a otro grupo no. Como que ya llevaban una línea.
“Como a los 15 días de que entró la UPOEG ya éramos 13 comandantes, de todos los pueblitos. Nos citaron a la primera reunión de comandantes. Yo les decía que yo no era comandante, y me decían: te tienes que hacer comandante, y yo decía que yo nomás estoy apoyando porque me voy a salir. Me dijeron: te tienes que hacer comandante porque tienes tu grupo y si no eres comandante no puedes traer gente. Total que me tuve que hacer comandante a la fuerza”.

A casi dos años de su creación, fue desarticulado el FUSDEG; sólo mantiene un bloque de resistencia en Tierra Colorada

Antes de cumplir dos años de su presentación pública en el valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) fue básicamente desarticulado y sus representantes obligados a buscar refugio; ahora Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero es donde mantienen un bloque de resistencia ante el avasalle de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), grupo del que es una escisión.
La salida de la organización civil que brindaba seguridad y justicia en comunidades de Chilpancingo no fue tersa. Hubo confrontaciones verbales, a golpes y a balazos que dejaron nueve muertos relacionados con la confrontación con la UPOEG por el control del territorio, que incluye uno de los corredores de droga más importantes de Guerrero: la carretera federal Acapulco-Tierra Colorada.
Pero los enfrentamientos y asesinatos tienen su antecedente en 2015, después de la separación de varios grupos de la Policía Ciudadana de la UPOEG quienes conformaron el FUSDEG, debido a presuntos malos manejos y la falta de rendición de cuentas de los coordinadores provenientes de Costa Chica, sobre lo incautado a presuntos narcotraficantes a la llegada del grupo del dirigente Bruno Plácido Valerio al valle.
La UPOEG comenzó a operar en el valle de El Ocotito porque fue llamada por los vecinos para contrarrestar los asesinatos, secuestros, extorsiones y el cobro de piso.
Los registros periodísticos dan cuenta de 26 muertos del FUSDEG y dos de la UPOEG en 2015, pero el mayor número de víctimas ocurrió en el enfrentamiento de dos grupos del FUSDEG en Xolapa, municipio de Acapulco, con 16 muertos. Por ese evento, el FUSDEG se retiró del Acapulco rural y la UPOEG se volvió a posicionar en algunas comunidades del municipio porteño.

Ataques y enfrentamientos

En 2016 el FUSDEG perdió espacios en Petaquillas a partir del conflicto político de la elección de comisario que arrastraba de 2015, y en la comunidad El Ocotito, con el surgimiento de un grupo disidente de policías comunitarios en febrero que habrían sido expulsados en asamblea de la organización.
En medio de estos conflictos el 17 de abril fue asesinado Edilberto Santiago, hermano de un fundador del FUSDEG de Tierra Colorada, Romualdo Santiago. Sus familiares denunciaron que fue emboscado por integrantes de la UPOEG en el camino hacia la comunidad de San Juan del Reparo en el municipio Juan R. Escudero, donde era coordinador del grupo de la Policía Comunitaria.
El antecedente de este homicidio es la agresión del 30 de marzo de 2015 en el crucero de San Juan del Reparo, cuando los grupos se enfrentaron con un saldo de 12 muertos: 10 del FUSDEG y dos de la UPOEG.
El 16 de octubre fue asesinado a balazos el comandante del FUSDEG en Petaquillas, José Julio Alarcón Astudillo cuando iba a estacionar una Urvan de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, donde trabajaba como chofer, a pleno día y en el centro de Chilpancingo.
El alcalde de la capital, Marco Antonio Leyva Mena atribuyó el homicidio al conflicto interno de Petaquillas por el control de la Comisaría, ya que la autoridad constitucional de la que dependen las policías comunitarias es el comisario, y el respaldo y legitimidad la otorgan las asambleas. Así que quien tiene al comisario tiene el mando de la Policía Comunitaria.
El 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero ocurrió otro ataque con un saldo de siete hombres muertos. De los hechos el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes dijo que “ocurrió a las 4:30 de la madrugada a 2 kilómetros del poblado de Tlayolapa, en donde perdieron la vida al menos seis personas de esa organización y uno más del FUSDEG”.
Según Plácido Valerio los muertos de la UPOEG en Tlayolapa eran originarios de Ayutla y Tecoanapa, enviados a apoyar acciones de seguridad en el municipio de Chilpancingo, fueron atacados cuando regresaban a sus comunidades (en el cambio de guardia), iban por un camino distinto a la carretera federal donde generalmente hay un retén militar que impide el paso de grupos de civiles armados.
El comandante del FUSDEG de Tierra Colorada, Maximino Alejo aseguró que esa madrugada la UPOEG se alistaba a tomar por asalto la cabecera municipal de Juan R. Escudero, y el FUSDEG estaba listo para impedir su paso, así que los grupos de Costa Chica regresaron sus pasos y se dirigieron a Tlayolapa, pero la población también había sido alertada.
A partir de este evento y dada la tensión entre los grupos, el gobierno del estado anunció que más de 200 policías estatales distribuidos en 25 patrullas, dos autobuses antimotines y uno de línea, iban a patrullar el territorio entre El Ocotito y Tierra Colorada, para evitar otro enfrentamiento.
Según los reportes oficiales se aglutinaban en defensa y ofensiva 200 integrantes de la UPOEG distribuidos en las comunidades del valle de El Ocotito: Buena Vista de la Salud y San Juan del Reparo, 350 del FUSDEG en Mohoneras, Tierra Colorada y Las Palmas sobre la carretera federal. En los dos bloques “hombres armados portaban armas exclusivas del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional”.
No obstante el despliegue policiaco, el 24 de noviembre grupos armados de la UPOEG intentaron tomar la cabecera municipal de Tierra Colorada y se suscitaron cuatro nuevos enfrentamientos en las inmediaciones de la población. Reporteros y agentes de gobierno desarmados quedaron en medio del fuego cruzado.
Resultó muerto el policía del FUSDEG Jesús Eloíso Contreras de 22 años. Se presume que su cuerpo fue levantado por el grupo contrario, porque no lo encontraron sus compañeros y familiares. Lo que cuenta del hecho del deceso era una fotografía tomada por reporteros. Sin embargo las autoridades y ambas organizaciones en disputa lo consideran desaparecido.
Al siguiente día el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame se reunió con los representantes de la UPOEG y del FUSDEG, y anunció un acuerdo para solucionar “el evento” del 24 de noviembre en Tierra Colorada: el repliegue de la UPOEG hacia la comunidad de Xolapa, municipio de Acapulco, y del FUSDEG a su base en Tierra Colorada, que la zona quedaría en resguardo de la Policía Estatal y una tregua del 28 de noviembre de este año al 15 de enero de 2017, para no afectar el flujo de turistas, en las fechas decembrinas.
Para el 20 de diciembre el gobernador Héctor Astudillo anunció el reforzamiento de la seguridad en la zona, con cinco retenes más de policías estatales, así como la integración de una comisión paritaria para arreglar el conflicto y la búsqueda de dos desaparecidos.

El territorio

La versión extraoficial más extendida de este conflicto es la búsqueda del control del territorio por su importancia en el trasiego de droga.
La banda de narcotraficantes Los Ardillos que tiene sede en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, en la zona centro del estado y que disputa Chilapa a Los Rojos, habría buscado recuperar el paso obligado hacia Chilpancingo por Petaquillas. En tanto, el cártel de la Sierra (de nueva creación), habría buscado infiltrar a los grupos de El Ocotito (UPOEG) para tener el control en los pueblos del valle.
De finales de 2015 a agosto de 2016, hay registros de conflictos en Petaquillas y El Ocotito por el control de las comisarías municipales que llevó a enfrentamientos verbales, jaloneos, amagos con armas y detenidos de los grupos de la comunidad confrontados por el control de la Comisaría municipal, cuando el FUSDEG perdió las dos comisarías e intentó mantener la organización de seguridad en la zona.
El 15 de enero el Ayuntamiento emitió la convocatoria para la elección de comisario de Petaquillas, a fin de terminar un conflicto político de los dos grupos. El 18 de enero resultó electo Mario Flores, a quien el FUSDEG acusó de vínculos con la delincuencia, pero en agosto fue ratificado en una asamblea. En tanto operaron dos policías comunitarias, la del FUSDEG y la del comisario vinculado a la UPOEG.
La situación se complicó en octubre debido al asesinato del comandante del FUSDEG de Petaquillas en Chilpancingo, y el comisario Flores Castrejón reconoció que buscó asesoría de la UPOEG “para saber cómo resolver el conflicto y tener mayor seguridad en el pueblo”, dado que el grupo contrario quería detenerlo acusado del homicidio.
El 10 de septiembre hubo una confrontación verbal, golpes y amagos de rifles de asalto de ambos grupos porque los policías del comisario Mario Flores Castrejón desarmaron a policías comunitarios del FUSDEG, del incidente resultaron seis heridos y ocho retenidos. Continuó el diálogo con el Ayuntamiento y el repliegue total de la organización de seguridad. A la fecha la Policía Comunitaria de Petaquillas se deslindó de las dos organizaciones y mantiene retenes con hombres armados en su territorio.
En enero también hubo elecciones de comisario en El Ocotito que ganó el candidato contrario al FUSDEG, Audifred Benítez. En febrero la autoridad cobijó a un nuevo grupo de policías comunitarios separado del FUSDEG que se alió con algunos grupos de la UPOEG que seguían operando en el valle de forma discreta, sin la cobertura de los medios.
Recibieron apoyo los grupos de Ayutla y Tecoanapa y en octubre ocurrió el enfrentamiento de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, paso obligado para llegar de la Costa a la zona Centro. También había ocurrido la confrontación en Petaquillas, donde sólo hubo amagos y golpes y ante este ambiente tenso el comisario denunció amenazas, se declaró incompetente para solucionar el conflicto e informó que tendría que huir de la población.
Mientras, el coordinador de la policía del FUSDEG en El Ocotito, Salvador Alanís denunció una alianza de Plácido Valerio con el diputado local del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez y el cartel del Sur para destruir a la organización.
Afirmó que José Deivid Barrientos, conocido como El Carioca, separado de las filas del FUSDEG con el comisario Audifred Benítez Visoso y el comisario de Petaquillas Mario Flores Castrejón, eran financiados por el diputado para poner a las comunidades del valle y del corredor de Acapulco a Tierra Colorada en su contra.
Para el 7 de noviembre policías de la UPOEG ocuparon la comandancia del FUSDEG en El Ocotito, aún con la vigilancia de patrullas de la Policía Estatal, mientras los integrantes de la organización se replegaron a Tierra Colorada. No hubo inventario de lo hallado en la comandancia porque no hubo autoridades municipales para dar constancia.
El alcalde de Chilpancingo reconoció que intervino porque juntas, las organizaciones suman más de 600 hombres armados y el Ayuntamiento sólo tiene 119 policías. Versiones de los vecinos señalaron que había un calabozo, droga y personas detenidas en el inmueble.
Los principales líderes del FUSDEG de El Ocotito huyeron con sus familias, otros pidieron refugio en Juan R. Escudero, el municipio donde mantiene presencia. Aunque algunos grupos se han manifestado en apoyo a la organización, otro sector se pronunció por el retiro de las dos organizaciones armadas.

Convoca Leyva Mena al alcalde de Tixtla a trabajar para concretar el basurero en Matlalapa

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena convocó al presidente municipal de Tixtla, Hossein Nabor Guillén a que trabaje para concretar la construcción del basurero en Matlalapa.
Leyva Mena consideró que se debe de politizar, pero no partidizar la discusión, e indicó que hicieron una campaña informativa para sumar a los ciudadanos a que participen en la decisión de la construcción del basurero y dijo que, “frases como, ‘vamos a radicalizar’, no caben en una agenda de gobierno”.
Fue invitado a la sesión semanal de la Asociación Civil Acapulco (Grupo Aca) donde dijo que el 95 por ciento de los asesinatos en Chilpancingo están vinculados a la delincuencia organizada, como también fueron, al parecer, los ataques a tres viviendas la madrugada y mañana de ayer.
En declaraciones a reporteros, luego de que el alcalde de Tixtla dijo que el basurero de Matlalapa “se puede convertir en un problema social” y que se defenderán desde el punto de vista social y legal, Leyva Mena convocó al Nabor Guillén a operar para que sucedan las cosas, que sea un tema de gobierno.
“Si nos ponemos en un plan de que no suceda, será complicado que podamos alinear el interés de su municipio, de Eduardo Neri y de Chilpancingo, con el interés de la mayoría que, de alguna manera quiere una solución, si nos ponemos en un área radical no vamos a poder solucionar las cosas” expuso el alcalde capitalino.
Leyva Mena dijo que detrás de la negativa del Cabildo de Tixtla, “hay una mano que mece la cuna, y creo que es muy visible”. Dijo que el diálogo se debe politizar, “porque es el debate público, de la cosa pública, partidizarlo no; eso es lo que yo creo que tenemos que hacer”. Añadió que se debe incluir en el debate a los académicos, expertos en la materia, y que no sea entre políticos.
En su intervención en el Grupo Aca, el alcalde de Chilpancinco relató a los acasocios el proceso para la construcción del relleno sanitario en Matlalapa, que se detuvo luego que el Cabildo de Tixtla voto en contra del proyecto.
Indicó que “faltó operación política”, y por eso están haciendo una campaña para informar a la población sobre la obra, “no es un tema personal, sino de gobierno”, declaró.
La ex candidata a alcaldesa de Acapulco, Digna Marroquín le preguntó a Leyva Mena qué consejo le daría a su par de Acapulco, Evodio Velázquez, a lo que el alcalde capitalino respondió que “gobernar es un arte”, que cada quien tiene su estilo, y que no es fácil, y le recomendó no perderse en la coyuntura y tener muy claro qué se quiere para Acapulco.

El 95 por ciento de los asesinatos en la capital están vinculados a la delincuencia organizada, insiste

Uno de los acasocios le preguntó si era seguro caminar en Chilpancingo, a lo que el alcalde respondió que el 95 por ciento de los asesinatos están “íntimamente relacionadas con el crimen organizado”.
De si las casas atacadas a balazos la madrugada y mañana de ayer están vinculadas con la delincuencia organizada, el alcalde asintió y dijo creer que, “son fenómenos, son fotografías de cómo tradicionalmente opera la delincuencia organizada”.
Sobre la inseguridad en la capital del estado, Leyva Mena comentó que se requieren 70 millones de pesos para instalar las 14 mil luminarias del alumbrado público que faltan, que hubo un recorte presupuestal del 30 por ciento, y que 70 de los 150 millones de pesos del ramo 33 que le entregarán al municipio se irán a obras de agua potable, que junto con la inversión estatal y federal sumarán 240 millones de pesos.
De los grupos de policías ciudadanas en El Ocotito y Petaquillas, el alcalde expuso a los acasocios que son toleradas porque se generó un vacío de autoridad por años, y de alguna manera tiene sustento al ser legitimadas por la población. Sin embargo, no tienen elementos suficientes para reconocerlos como autoridad, y son un problema porque investigan, imparten justicia y privan de la libertad.
En relación con la declaración del coordinador del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís de que hubo irregularidades en las votaciones para policías comunitarios y consejeros en El Ocotito, dijo que, “a nadie le gusta perder”, y recordó que en la elección participó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y que “fue un proceso inédito que no se había hecho en el país”.
Añadió, “los espacios vacíos han provocado que la existencia de policías comunitarias que no están reglamentadas los haga caer en excesos; necesitamos empezar a poner un límite”.

Pacta una tregua el grupo del FUSDEG y el del comisario del Ocotito, informa el Ayuntamiento de Chilpancingo


El Ayuntamiento de Chilpancingo en un boletín de prensa informó que el comisariado y representantes del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) del Ocotito, con la intervención de funcionarios municipales y del gobierno del estado, pactaron una tregua de 15 días luego de la disputa que mantienen por el control de la seguridad en la comunidad.
Los policías comunitarios de ambos grupos se concentrarán, uno en la base del FUSDEG y el otro en la comisaría municipal, y ninguno podrá hacer actividades de vigilancia, ni estar armados, se detalló el comunicado.
Antes de que se hiciera la rotación del comisario en la comunidad, se observó la división entre el FUSDEG y el grupo que encabeza el comisario, pues cada uno mostró sus policías comunitarios.
El miércoles en conferencia de prensa, 12 comisarios del Valle del Ocotito, entre ellos Audifred Benítez Visoso, dieron a conocer que desaparecía la figura del coordinador del FUSDEG, y quien tomaría el control serían los comisarios, motivo que desató una confrontación entre ambos grupos.
En el boletín el Ayuntamiento capitalino informó que firmaron una minuta de acuerdos con ambas partes.
En la reunión además del presidente de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, estuvo el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado del Moral, para llegar a un acuerdo y de lugar al desarrollo de la depuración de consejeros y policías comunitarios de Ocotito, se informó en el documento.
En el escrito se dio a conocer que las partes “se comprometieron a respetar la tregua de 15 días, la cual inicia a partir del próximo jueves a las 3 de la tarde, durante la llegada de los elementos de seguridad, esto durante los trabajos que se desplegarán en campo, así como en el gabinete, para elaborar el proyecto y las bases que conlleven a una adecuada depuración de los consejeros y policías comunitaria. Donde las actividades de vigilancia y seguridad durante el periodo de tregua, quedará bajo la responsabilidad de la Policía Municipal de Chilpancingo y de la Secretaría de Seguridad del gobierno del estado”.
Durante el periodo de tregua quedarán suspendidas las asambleas públicas y eventos masivos que sean riesgo para los habitantes de la localidad.
En el escrito se aclaró que, “no obstante los dos bandos podrán realizar actividades de carácter informativo en casas particulares sin llegar a actos masivos, y sin que coincidan en la misma colonia, esto a efecto de evitar alguna confrontación”.
También que podrán nombrar a un comisionado, que estará acompañado de un observador de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), con el fin de hacer visitas al Ocotito durante los 15 días de tregua, para monitorear e informar diariamente a las autoridades sobre los avances de los trabajos de depuración y comportamiento de ambos grupos.
“Previo a esta reunión, el comisario de la comunidad de El Ocotito, Audifred Benítez, así como el representante del FUSDEG, Silvestre Plancarte, manifestaron su disposición de continuar por la ruta del diálogo para solucionar la diferencia de opiniones en torno al sistema de seguridad implementado en su localidad”, se informó en el documento.

Desconoce el FUSDEG a Crescenciano Ramírez; lo separará del movimiento, anuncia

Integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) desconocieron a Crescenciano Ramírez López, y anunciaron que la estructura de Petaquillas tendrá una asamblea hoy para separarlo del movimiento, porque pretende dividirlo.
En conferencia de prensa en la base de la Policía Comunitaria del FUSDEG en el Valle de El Ocotito, uno de los integrantes de la organización dijo que desconocen a Ramírez López porque realiza asambleas sin tomar en cuenta al FUSDEG y pretender poner a la población al servicio de su persona.
“Pareciera que pretende dar un golpe de Estado al pueblo de Petaquillas y deshacer lo que ya está hecho del FUSDEG”, declaró.
Por su parte, el comandante municipal de Acapulco, Plácido Macedo Adame dijo que Crescenciano Ramírez no toma en cuenta la estructura de la organización, “no le interesan las actividades de los comandantes, hace asambleas a su manera”.
Agregó que en un asamblea en Xaltianguis, firmaron la expulsión de Ramírez López, “fue por un acuerdo unánime en la asamblea separarlo de la organización y que respetara la organización”.
Macedo Adame comentó que el documento fue respaldado por el FUSDEG de Tierra Colorada y Chilpancingo, espera que hoy en una asamblea a las 6 de la tarde en Petaquillas, la organización plantee el desconocimiento de Crescenciano Ramírez.
Un miembro del FUSDEG dijo que el gobierno del estado pudiera estar detrás de la división de la organización, pero a través de asambleas reforzarán la unión del FUSDEG en los municipios de Acapulco, Tierra Colorada y Chilpancingo.
Comentó que este año cambiarán la estructura del FUSDEG para reforzar el movimiento y la seguridad en los tres municipios.
Informó que hoy a las 6 de la tarde tendrán una asamblea en Petaquillas para atender problemas internos de la organización.
A la conferencia de prensa asistieron el coordinador del consejo del FUSDEG en Petaquillas, Alejo Espinoza Silva; el comisario de Petaquillas, Alejo Silva Antaño; y el integrante de la comisión del Frente en Tierra Colorada, Marcelo Tacuba Castañeda.
La noche del jueves, el promotor del FUSDEG, Crescenciano Ramírez López denunció que el coordinador de la organización, Salvador Alanís quiere asesinarlo tras de que lo ha señalado de no respetar los acuerdos de asamblea, no tomarla en cuenta y pretender seguir en el cargo de manera irregular.
Alanís negó los señalamientos que hizo contra él Crescenciano Ramírez, de quien dijo que ya fue expulsado del FUSDEG y pretendió dar un “golpe de Estado” a la organización aliándose con el líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas del Estado de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia, para dividir al FUSDEG, aseguró.