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“Ya se habían ido”, dice el líder del PRI de quienes se sumaron a Sheinbaum

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El presidente del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, señaló que quienes renunciaron recientemente a este partido y se sumaron a la precandidata única de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, entre ellos, el ex dirigente estatal, Cuauhtémoc Salgado Romero, “ya se habían ido del partido desde hace muchos meses, ya estaban fuera del partido, no hay mucho de novedoso”.
Consultado ayer miércoles, vía telefónica, sobre la suma de ex priistas guerrerenses a la campaña de la aspirante morenista a través del grupo Alianza Progresista en apoyo a Sheinbaum, Alejandro Bravo comentó: “como usted lo sabe y seguramente lo saben todos los que estamos inmersos en la política, la gran mayoría de quienes estuvieron en ese pronunciamiento, pues ya se habían ido del partido desde hace muchos meses, ya estaban fuera del partido, no hay mucho de novedoso”.
Entre quienes dejaron al PRI está también el ex alcalde de la capital, Marco Antonio Mena.
Continuó, “yo lamento, como siempre lo he dicho, lamento siempre la renuncia de un compañero, de una compañera, siempre, siempre va a ser lamentable para el partido, pero en el partido pues estamos trabajando junto con los otros dos partidos, el PAN, el PRD dentro del frente y algo muy importante, nosotros estamos muy ocupados en poder construir una propuesta donde se está tomando en cuenta la opinión de las principales organizaciones de la sociedad civil y con eso hemos ido avanzando y caminando”.
De los dichos del también ex diputado local, Cuauhtémoc Salgado, en el sentido de que el PRI, el PAN y el PRD van “por las menudencias”, el líder priista atajó: “por supuesto que no comparto ese tipo de expresiones, no estoy de acuerdo, nosotros estamos en verdad construyendo una propuesta que incluye las opiniones precisamente de los tres partidos, pero que incluye también la opinión de la sociedad civil, una propuesta que sea acorde a lo que demanda el pueblo de México”.
En referencia a los ex priistas que en su momento ocuparon cargos de elección popular y puestos en la administración pública gracias al tricolor, Alejandro Bravo indicó que “cada quien le pondrá el calificativo que quiera, para nosotros siempre va a ser lamentable la salida de cualquier compañero o compañera”.
A pregunta, Bravo Abarca dijo que es como dirigente “andamos en cada una de las regiones del estado visitando los municipios y yo encuentro ánimo en los priistas, encuentro disposición y eso lo puedo constatar porque pues lo hago de manera territorial, lo hago de manera presencial y eso es lo que yo sí le puedo decir”.

Prescribió la ASE irregularmente cuentas a Chilpancingo y Acapulco de 2011 a 2017

Redacción

Chilpancingo

El 12 de septiembre del año pasado, horas antes de que fuera electo y rindiera protesta ante el Congreso local como nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) Marcos César Paris Peralta Hidalgo, los funcionarios a cargo del órgano fiscalizador aprobaron 537 acuerdos de prescripción para el mismo número de cuentas públicas de municipios, los cuales tenían observaciones millonarias; en total por 12 mil 938 millones 85 mil 822 pesos.
Entre los casos que la ASE declaró prescritos –lo que implica que los servidores públicos ya no podrían ser sancionados por no comprobar el uso de los recursos del erario– estuvieron cuentas públicas de Acapulco con observaciones sin solventar por mil 401 millones 936 mil 409 pesos, también de Chilpancingo por 638 millones 312 mil 877 pesos y de Acatepec por 48 millones 48 mil 303 pesos.
Desde el 27 de abril pasado, Peralta Hidalgo había informado a El Sur que presentó denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa y en la Fiscalía Anticorrupción para revertir la decisión de este órgano que en la administración anterior prescribió estos 537 procesos de fiscalización, pero no informó qué casos eran ni los montos de las observaciones que quedaron sin comprobar.
Con estos procedimientos se busca revertir las prescripciones y continuar los procesos de fiscalización que podrían concluir en sanciones a los responsables en caso de que no solventen las observaciones.
Fuentes de la ASE informaron que se trata de cuentas públicas de ejercicios fiscales de 2011 al 2017 que estaban en proceso de solventación por diferentes observaciones en el ejercicio del presupuesto público, y que la administración que encabezó Natividad Pérez Guinto como encargada de despacho autorizó la prescripción el mismo día en el que el pleno del Congreso elegiría a Marcos César Paris Peralta como nuevo titular por siete años.
Las fuentes detallaron que el Ayuntamiento de Acapulco es el que tiene más observaciones. Del ejercicio fiscal 2015 quedó un monto sin solventar por un millón 937 mil 694 pesos; en 2016 no se aclaró el uso de 403 millones 413 mil 170 pesos; y en 2017 fueron 996 millones 585 mil 543 pesos, generando un total de mil 401 millones 936 mil 409 pesos en ese periodo, mayoritariamente gobernado por el perredista Evodio Velázquez Aguirre.
Otro municipio que tras las prescripciones dejaron sin solventar montos millonarios están el de Chilpancingo, que de 2017 no aclaró el uso de 638 millones 312 mil 877 pesos en el gobierno del priista Marco Antonio Leyva Mena; y Acatepec por 48 millones 48 mil pesos 303 pesos.

No necesita defensa un alcalde si hace buen trabajo, responde Huicochea a Leyva Mena

 

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, respondió al alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, que si un Ayuntamiento hace buen trabajo no necesita defenderse.
Vía telefónica, Huicochea Vázquez manifestó que él no entraría en polémica con otros partidos que critican a las administraciones municipales priístas y llamó a Leyva Mena a trabajar por la capital del estado.
El dirigente estatal indicó que no buscaba polemizar la declaración del alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva, quien le demandó defender a los alcaldes priístas ante críticas y señalamientos de integrantes del PRD y los empresarios de la capital del estado.
Afirmó que cada uno de los ayuntamientos hacen su mejor esfuerzo y a diferencia del alcalde de Chipancingo, no requieren defensores, “yo creo que los ayuntamientos priístas de Guerrero no necesitan que los defienda nadie, ellos tienen esa capacidad de poderse defender haciendo un buen trabajo”.
En conferencia de prensa el martes, Leyva Mena pidió a Huicochea Vázquez tener una presencia más solidaria con los alcaldes priístas, porque cuando él ocupó ese cargo en el partido no permitía agresiones a sus militantes.
El dirigente estatal respondió que eran diferentes condiciones, pero “de ninguna manera vamos a estar arriba del ring permanentemente, pero eso sí vamos a hacer valer los derechos de los militantes”.
Indicó que no ve mal que no responda reclamos de “no sé qué parte, creo que debo mejorar desde el punto de vista del alcalde, pero estamos siempre en el diálogo con él y con quien tengamos que hablar”.
Manifestó que en el caso del gobernador tampoco es necesario defenderlo, porque Héctor Astudillo Flores ejerce una buena administración, “la mejor manera de defenderse es trabajando, que es la forma que nos va evaluar en las elecciones”.
Calificó a Leyva Mena como un presidente que ha mantenido un buen ejercicio administrativo “yo creo que no necesita defensores, está haciendo bien su chamba, está haciendo un buen esfuerzo”.
Huicochea Vázquez dijo que tiene comunicación con el alcalde de Chilpancingo y con los presidentes municipales, tanto en los consejos como en los comités del partido.
Indicó que por parte de la dirigencia estatal supervisan que los ayuntamientos efectúen la cuenta pública, “estamos revisando los índices de eficiencia administrativa que tienen los gobiernos porque a mí sí me ocupa, para que cuando llegue la elección podamos tener correspondencia de la ciudadanía”.
Afirmó que cada uno de los presidentes priístas están en condiciones para defenderse y esa también es su responsabilidad, “los presidentes priístas no necesitan bules para nadar, así como yo. Yo me defiendo solo”.

A casi dos años de su creación, fue desarticulado el FUSDEG; sólo mantiene un bloque de resistencia en Tierra Colorada

Antes de cumplir dos años de su presentación pública en el valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) fue básicamente desarticulado y sus representantes obligados a buscar refugio; ahora Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero es donde mantienen un bloque de resistencia ante el avasalle de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), grupo del que es una escisión.
La salida de la organización civil que brindaba seguridad y justicia en comunidades de Chilpancingo no fue tersa. Hubo confrontaciones verbales, a golpes y a balazos que dejaron nueve muertos relacionados con la confrontación con la UPOEG por el control del territorio, que incluye uno de los corredores de droga más importantes de Guerrero: la carretera federal Acapulco-Tierra Colorada.
Pero los enfrentamientos y asesinatos tienen su antecedente en 2015, después de la separación de varios grupos de la Policía Ciudadana de la UPOEG quienes conformaron el FUSDEG, debido a presuntos malos manejos y la falta de rendición de cuentas de los coordinadores provenientes de Costa Chica, sobre lo incautado a presuntos narcotraficantes a la llegada del grupo del dirigente Bruno Plácido Valerio al valle.
La UPOEG comenzó a operar en el valle de El Ocotito porque fue llamada por los vecinos para contrarrestar los asesinatos, secuestros, extorsiones y el cobro de piso.
Los registros periodísticos dan cuenta de 26 muertos del FUSDEG y dos de la UPOEG en 2015, pero el mayor número de víctimas ocurrió en el enfrentamiento de dos grupos del FUSDEG en Xolapa, municipio de Acapulco, con 16 muertos. Por ese evento, el FUSDEG se retiró del Acapulco rural y la UPOEG se volvió a posicionar en algunas comunidades del municipio porteño.

Ataques y enfrentamientos

En 2016 el FUSDEG perdió espacios en Petaquillas a partir del conflicto político de la elección de comisario que arrastraba de 2015, y en la comunidad El Ocotito, con el surgimiento de un grupo disidente de policías comunitarios en febrero que habrían sido expulsados en asamblea de la organización.
En medio de estos conflictos el 17 de abril fue asesinado Edilberto Santiago, hermano de un fundador del FUSDEG de Tierra Colorada, Romualdo Santiago. Sus familiares denunciaron que fue emboscado por integrantes de la UPOEG en el camino hacia la comunidad de San Juan del Reparo en el municipio Juan R. Escudero, donde era coordinador del grupo de la Policía Comunitaria.
El antecedente de este homicidio es la agresión del 30 de marzo de 2015 en el crucero de San Juan del Reparo, cuando los grupos se enfrentaron con un saldo de 12 muertos: 10 del FUSDEG y dos de la UPOEG.
El 16 de octubre fue asesinado a balazos el comandante del FUSDEG en Petaquillas, José Julio Alarcón Astudillo cuando iba a estacionar una Urvan de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, donde trabajaba como chofer, a pleno día y en el centro de Chilpancingo.
El alcalde de la capital, Marco Antonio Leyva Mena atribuyó el homicidio al conflicto interno de Petaquillas por el control de la Comisaría, ya que la autoridad constitucional de la que dependen las policías comunitarias es el comisario, y el respaldo y legitimidad la otorgan las asambleas. Así que quien tiene al comisario tiene el mando de la Policía Comunitaria.
El 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero ocurrió otro ataque con un saldo de siete hombres muertos. De los hechos el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes dijo que “ocurrió a las 4:30 de la madrugada a 2 kilómetros del poblado de Tlayolapa, en donde perdieron la vida al menos seis personas de esa organización y uno más del FUSDEG”.
Según Plácido Valerio los muertos de la UPOEG en Tlayolapa eran originarios de Ayutla y Tecoanapa, enviados a apoyar acciones de seguridad en el municipio de Chilpancingo, fueron atacados cuando regresaban a sus comunidades (en el cambio de guardia), iban por un camino distinto a la carretera federal donde generalmente hay un retén militar que impide el paso de grupos de civiles armados.
El comandante del FUSDEG de Tierra Colorada, Maximino Alejo aseguró que esa madrugada la UPOEG se alistaba a tomar por asalto la cabecera municipal de Juan R. Escudero, y el FUSDEG estaba listo para impedir su paso, así que los grupos de Costa Chica regresaron sus pasos y se dirigieron a Tlayolapa, pero la población también había sido alertada.
A partir de este evento y dada la tensión entre los grupos, el gobierno del estado anunció que más de 200 policías estatales distribuidos en 25 patrullas, dos autobuses antimotines y uno de línea, iban a patrullar el territorio entre El Ocotito y Tierra Colorada, para evitar otro enfrentamiento.
Según los reportes oficiales se aglutinaban en defensa y ofensiva 200 integrantes de la UPOEG distribuidos en las comunidades del valle de El Ocotito: Buena Vista de la Salud y San Juan del Reparo, 350 del FUSDEG en Mohoneras, Tierra Colorada y Las Palmas sobre la carretera federal. En los dos bloques “hombres armados portaban armas exclusivas del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional”.
No obstante el despliegue policiaco, el 24 de noviembre grupos armados de la UPOEG intentaron tomar la cabecera municipal de Tierra Colorada y se suscitaron cuatro nuevos enfrentamientos en las inmediaciones de la población. Reporteros y agentes de gobierno desarmados quedaron en medio del fuego cruzado.
Resultó muerto el policía del FUSDEG Jesús Eloíso Contreras de 22 años. Se presume que su cuerpo fue levantado por el grupo contrario, porque no lo encontraron sus compañeros y familiares. Lo que cuenta del hecho del deceso era una fotografía tomada por reporteros. Sin embargo las autoridades y ambas organizaciones en disputa lo consideran desaparecido.
Al siguiente día el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame se reunió con los representantes de la UPOEG y del FUSDEG, y anunció un acuerdo para solucionar “el evento” del 24 de noviembre en Tierra Colorada: el repliegue de la UPOEG hacia la comunidad de Xolapa, municipio de Acapulco, y del FUSDEG a su base en Tierra Colorada, que la zona quedaría en resguardo de la Policía Estatal y una tregua del 28 de noviembre de este año al 15 de enero de 2017, para no afectar el flujo de turistas, en las fechas decembrinas.
Para el 20 de diciembre el gobernador Héctor Astudillo anunció el reforzamiento de la seguridad en la zona, con cinco retenes más de policías estatales, así como la integración de una comisión paritaria para arreglar el conflicto y la búsqueda de dos desaparecidos.

El territorio

La versión extraoficial más extendida de este conflicto es la búsqueda del control del territorio por su importancia en el trasiego de droga.
La banda de narcotraficantes Los Ardillos que tiene sede en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, en la zona centro del estado y que disputa Chilapa a Los Rojos, habría buscado recuperar el paso obligado hacia Chilpancingo por Petaquillas. En tanto, el cártel de la Sierra (de nueva creación), habría buscado infiltrar a los grupos de El Ocotito (UPOEG) para tener el control en los pueblos del valle.
De finales de 2015 a agosto de 2016, hay registros de conflictos en Petaquillas y El Ocotito por el control de las comisarías municipales que llevó a enfrentamientos verbales, jaloneos, amagos con armas y detenidos de los grupos de la comunidad confrontados por el control de la Comisaría municipal, cuando el FUSDEG perdió las dos comisarías e intentó mantener la organización de seguridad en la zona.
El 15 de enero el Ayuntamiento emitió la convocatoria para la elección de comisario de Petaquillas, a fin de terminar un conflicto político de los dos grupos. El 18 de enero resultó electo Mario Flores, a quien el FUSDEG acusó de vínculos con la delincuencia, pero en agosto fue ratificado en una asamblea. En tanto operaron dos policías comunitarias, la del FUSDEG y la del comisario vinculado a la UPOEG.
La situación se complicó en octubre debido al asesinato del comandante del FUSDEG de Petaquillas en Chilpancingo, y el comisario Flores Castrejón reconoció que buscó asesoría de la UPOEG “para saber cómo resolver el conflicto y tener mayor seguridad en el pueblo”, dado que el grupo contrario quería detenerlo acusado del homicidio.
El 10 de septiembre hubo una confrontación verbal, golpes y amagos de rifles de asalto de ambos grupos porque los policías del comisario Mario Flores Castrejón desarmaron a policías comunitarios del FUSDEG, del incidente resultaron seis heridos y ocho retenidos. Continuó el diálogo con el Ayuntamiento y el repliegue total de la organización de seguridad. A la fecha la Policía Comunitaria de Petaquillas se deslindó de las dos organizaciones y mantiene retenes con hombres armados en su territorio.
En enero también hubo elecciones de comisario en El Ocotito que ganó el candidato contrario al FUSDEG, Audifred Benítez. En febrero la autoridad cobijó a un nuevo grupo de policías comunitarios separado del FUSDEG que se alió con algunos grupos de la UPOEG que seguían operando en el valle de forma discreta, sin la cobertura de los medios.
Recibieron apoyo los grupos de Ayutla y Tecoanapa y en octubre ocurrió el enfrentamiento de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, paso obligado para llegar de la Costa a la zona Centro. También había ocurrido la confrontación en Petaquillas, donde sólo hubo amagos y golpes y ante este ambiente tenso el comisario denunció amenazas, se declaró incompetente para solucionar el conflicto e informó que tendría que huir de la población.
Mientras, el coordinador de la policía del FUSDEG en El Ocotito, Salvador Alanís denunció una alianza de Plácido Valerio con el diputado local del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez y el cartel del Sur para destruir a la organización.
Afirmó que José Deivid Barrientos, conocido como El Carioca, separado de las filas del FUSDEG con el comisario Audifred Benítez Visoso y el comisario de Petaquillas Mario Flores Castrejón, eran financiados por el diputado para poner a las comunidades del valle y del corredor de Acapulco a Tierra Colorada en su contra.
Para el 7 de noviembre policías de la UPOEG ocuparon la comandancia del FUSDEG en El Ocotito, aún con la vigilancia de patrullas de la Policía Estatal, mientras los integrantes de la organización se replegaron a Tierra Colorada. No hubo inventario de lo hallado en la comandancia porque no hubo autoridades municipales para dar constancia.
El alcalde de Chilpancingo reconoció que intervino porque juntas, las organizaciones suman más de 600 hombres armados y el Ayuntamiento sólo tiene 119 policías. Versiones de los vecinos señalaron que había un calabozo, droga y personas detenidas en el inmueble.
Los principales líderes del FUSDEG de El Ocotito huyeron con sus familias, otros pidieron refugio en Juan R. Escudero, el municipio donde mantiene presencia. Aunque algunos grupos se han manifestado en apoyo a la organización, otro sector se pronunció por el retiro de las dos organizaciones armadas.

Seguridad y agua, lo que pedirá al gobernador, dice Leyva Mena

 

El alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, informó que solicitará al gobernador Héctor Astudillo Flores que de inmediato se atienda el problema de inseguridad, la escasez de agua y se cree un corredor gastronómico en la capital.
Consultado ayer luego de la toma de protesta de Héctor Astudillo, Marco Leyva aseguró que el gobierno municipal será un aliado para el nuevo gobernador, a fin de contar con mayor seguridad en Chilpancingo, más intervención y más desarrollo económico.
“Estoy seguro de que Chilpancingo recibirá los esfuerzos del gobernador para que la capital pueda tener un elemento más en su crecimiento político, económico y social”, declaró a reporteros.
Reconoció que en Chilpancingo han cerrado negocios por el problema de la inseguridad, como lo ha denunciado la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sin embargo dijo que el gobierno municipal no ve en Chilpancingo “un retraso permanente”.
“Hay negocios cerrados, pero tampoco podemos estar pensando que Chilpancingo está en un retraso permanente, necesitamos salir adelante con fuerza. Hay un momento, una cuestión delicada en materia de seguridad, pero hay el compromiso de capacitar a más policías y restablecer el mando único”, señaló.
Sobre los planteamientos que le hará al nuevo gobernador para la capital, dijo que son tres: seguridad, resolver el problema de agua y mejorar e incrementar los servicios públicos, y pedir la creación de un corredor gastronómico en la capital.
De las finanzas de Chilpancingo, indicó que su administración ya hizo las observaciones correspondientes a la Auditoría General del Estado (AGE); además recordó que para la rehabilitación del Palacio Municipal, que estuvo tomado por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) por seis meses, se necesitan entre 20 y 26 millones de pesos.