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Retienen policías de Copanatoyac nueve horas a la síndica; el alcalde los incitó, denuncia

Carmen González Benicio

Copanatoyac

La síndica de Copanatoyac, Florencia Arce Campos, fue retenida durante nueve horas en el pasillo del Ayuntamiento por policías municipales, quienes, dijo, recibieron indicaciones del presidente morenista Constancio Sánchez Campos porque se negaba a firmar documentos.
A Arce Campos los policías no le permitieron abandonar el Ayuntamiento desde las nueve y media de la mañana, lo cual hizo como a las seis de la tarde, luego de que en una mesa de diálogo con autoridades estatales y de derechos humanos y con conocimiento del contenido del documento aceptó ratificar su firma de dos cuentas mancomunadas del Ayuntamiento para la liberación de los recursos del año 2026
Pero se abstuvo de firmar otros documentos hasta que tenga la información necesaria ante la falta de transparencia del presidente y su equipo en el manejo de los recursos porque le ocultan datos.
El edil Constancio Sánchez Campos no se presentó para atender el conflicto interno que incitó al decirle a sus trabajadores que la síndica era la responsable de que no recibieron su aguinaldo porque no quería firmar documentos, por lo que fueron el tesorero, Rescalvo Bautista Gerónimo y al secretario general, Josefino Bruno García, quienes dialogaron con el delegado regional de Gobernación, Jorge Rodríguez Ponce; el delegado de Gobierno, Margarito González Tomás, de la Secretaría General de Gobierno del estado y el delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Celso Vázquez Vivar y Arce Campos.
La mesa de diálogo inició a las tres y media de la tarde, en el pasillo del Ayuntamiento en que las autoridades estatales dijeron que iban a mediar en el conflicto y llegar a acuerdos, aunque, se asentó en la minuta, que eran temas relacionado a la inconformidad de los trabajadores por falta de pago de la segunda quincena de enero y aclarar dudas respecto del aguinaldo que no se cubrió en diciembre de 2025.
De acuerdo a la minuta levantada, la síndica manifestó que firmaría los documentos de dos bancos para ratificar las firmas mancomunadas para la liberación de los recursos federales de 2026.
Y que se abstendrá de firmar la comprobación de obras públicas del ejercicio fiscal 2025, hasta que el presidente municipal aclare dudas del manejo de los recursos porque no le han permitido ejercer sus funciones.
Pidió se pusiera que como síndica no le han permitido aplicar sus funciones en seguridad pública porque están al mando del presidente, por lo que pidió garantías para salvaguardar sus derechos por los excesos de la policía municipal durante su retención.
Ambas partes acordaron que los temas se analizarán a detalle en una mesa de trabajo el día miércoles 4 de febrero de 2026 en la sala de regidores previo acuerdo de la agenda del presidente. Por su parte, el tesorero pidió que se aclarara que hubo inconformidad de los trabajadores porque la síndica no había querido firmar los documentos del banco donde tiene la cuenta el Ayuntamiento y no hubo retención porque solamente fue una notificación.
La mesa concluyó después de las cinco de la tarde en que se le permitió a la síndica abandonar el pasillo del ayuntamiento luego de firmar la minuta y los documentos del banco de la cuenta mancomunada del 2026.

Los hechos

La síndica Florencia Arce Campos denunció en una transmisión en vivo en su perfil de Facebook, que policías municipales le impedían salir del Ayuntamiento luego de que se negara a firmar documentos de los que no sabía el contenido, que le llevó el tesorero Rescalvo Bautista Gerónimo y la directora de Transparencia, Guadalupe Villegas Mejía, a quienes les dijo que firmaba si le informaban, pero salieron diciendo que no quiso, lo que motivó a los policías le impidieran su salida cuando quiso irse.
Se observó en los fragmentos que los policías le cerraron el paso, ella pedía retirarse y volver porque era del pueblo y no debía nada, que vulneraron sus derechos, pero se negaron a dejarla salir y se oye “que eche la poderosa”. Ella se queja diciendo que si a ella como síndica la trataban así que pasaba con los ciudadanos.
En esos fragmentos, la síndica señaló al edil morenista Constancio Sánchez Campos de incitar a la rebelión de los policías municipales y otros trabajadores de ser la responsable de que no les pagaron su aguinaldo del 2024 y 2025 cuando el recurso lo maneja él.
El Sur constató que la síndica sí estaba retenida en el pasillo del Ayuntamiento, donde está su oficina, porque una veintena de policías uniformados y de francos estaban en la entrada sin moverse para que no saliera. La acompañaba su esposo.
Desde ahí ratificó el señalamiento contra el alcalde Constancio Sánchez de incitar a los trabajadores para que la detuvieran porque era la culpable de que no les pagara el aguinaldo del 2024 y 2025 y otros gastos porque se negaba a firmar.
Pidió a la gobernadora Evelyn Salgado y a la presidenta de la Republica Claudia Sheinbaum Pardo su intervención y a sus paisanos que la ayudaran ante el actuar de los trabajadores y el edil.
Los policías y trabajadores se negaron a dar algún comentario.
Más tarde, desde el perfil de Facebook del presidente Constancio Sánchez, quien no estaba en el Ayuntamiento, según dijeron, el tesorero trato de argumentar que no estaba retenida, que era horario laboral y que se negaba a firmar la apertura de cuenta y oficios de notificación y eso retrasaba el pago de nómina, de obras y otros gastos y era falso lo que decía
Reconoció que, al salir de la oficina de la síndica los policías preguntaron si había firmado, respondiendo que no, “por esa necesidad de un sueldo los policías deciden hacerla esperar hasta que firmara, pero no la tenían detenida porque estaba haciendo videos y dando entrevistas”.
Un policía dijo que no estaba retenida porque se le invitó a firmar y al no hacerlo por la necesidad los compañeros “deciden retenerla con el personal del Ayuntamiento hasta que firme el documento, pero está libre porque tiene su celular y un familiar la acompaña”.
En el video pretenden justificar la retención de la síndica por no firmar y responsabilizarla de paralizar las obras y los sueldos.
Hace días en redes y de manera anónima los trabajadores del ayuntamiento denunciaron que el presidente no les pagó su aguinaldo y que les había dicho que no lo haría porque no quería y que ese dinero lo usaría para otra cosa.

Pronunciamientos

En un pronunciamiento sobre la retención de la síndica, la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses condenó enérgicamente su privación ilegal de la libertad ordenada por el presidente, Constancio Sánchez Campos y ejecutada por elementos de seguridad de dicho Ayuntamiento, con el objeto de obligarla a firmar documentos en contra de su voluntad.
En el pronunciamiento firmado por la directiva estatal de la Red informaron que presentaron una denuncia penal por la presunta comisión del delito de violencia política contra las mujeres en razón de género y solicitaron a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que de manera inmediata y urgente actuaran de inmediato mediante las medidas de protección a fin de salvaguardar la integridad y la vida de Arce Campos.
Urgieron a la titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Guerrero y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, para que en el ámbito de su competencia intervinieran ante la grave situación, ya que desde aproximadamente las 9:20 de la mañana del día 30 de enero de 2026, la síndica permanecía privada ilegalmente de su libertad.
Reiteraron la petición para que las autoridades correspondientes intervinieran de manera urgente y se brindaran las medidas de protección.
Horas más tarde, la Red informó de la liberación de la síndica con la intervención de la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como el de la secretaria de la Mujeres Federal, Citlalli Hernández por su intervención y acompañamiento.
Y reiteró que estarán atentas a las medidas de protección que le sean otorgadas y se sancione conforme a derecho a las autoridades responsables de la violencia política ejercida en su contra de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en la Convención Belem Do Pará.
Por su parte el Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses manifestó que ante los hechos que se hicieron públicos y fueron dados a conocer por la síndica Florencia Arce Campos, el día viernes 30 de enero de 2026, elementos de la Policía Municipal la retuvieron en el corredor del Ayuntamiento sin alimentos y líquidos, por negarse a firmar diferentes documentos de los cuales desconocía el contenido.
Por lo que como Observatorio llamó a las autoridades competentes para que intervinieran de manera rápida y eficaz para lograr su liberación inmediata y se salvaguarden sus derechos humanos en su integridad física y psicoemocional.
Así como se inicien los procedimientos correspondientes por los actos denunciados, se deslinden responsabilidades y se sancione conforme a derecho.
El Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses condenó cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres que impida el pleno ejercicio de sus derechos humanos y políticos.
Remarcó que “la violencia política contra las mujeres en razón de género es una conducta que atenta contra la democracia y el Estado de derecho, correspondiendo a este Observatorio, la salvaguarda del ejercicio pleno del cargo, libre de violencia”.

Prescribió la ASE irregularmente cuentas a Chilpancingo y Acapulco de 2011 a 2017

Redacción

Chilpancingo

El 12 de septiembre del año pasado, horas antes de que fuera electo y rindiera protesta ante el Congreso local como nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) Marcos César Paris Peralta Hidalgo, los funcionarios a cargo del órgano fiscalizador aprobaron 537 acuerdos de prescripción para el mismo número de cuentas públicas de municipios, los cuales tenían observaciones millonarias; en total por 12 mil 938 millones 85 mil 822 pesos.
Entre los casos que la ASE declaró prescritos –lo que implica que los servidores públicos ya no podrían ser sancionados por no comprobar el uso de los recursos del erario– estuvieron cuentas públicas de Acapulco con observaciones sin solventar por mil 401 millones 936 mil 409 pesos, también de Chilpancingo por 638 millones 312 mil 877 pesos y de Acatepec por 48 millones 48 mil 303 pesos.
Desde el 27 de abril pasado, Peralta Hidalgo había informado a El Sur que presentó denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa y en la Fiscalía Anticorrupción para revertir la decisión de este órgano que en la administración anterior prescribió estos 537 procesos de fiscalización, pero no informó qué casos eran ni los montos de las observaciones que quedaron sin comprobar.
Con estos procedimientos se busca revertir las prescripciones y continuar los procesos de fiscalización que podrían concluir en sanciones a los responsables en caso de que no solventen las observaciones.
Fuentes de la ASE informaron que se trata de cuentas públicas de ejercicios fiscales de 2011 al 2017 que estaban en proceso de solventación por diferentes observaciones en el ejercicio del presupuesto público, y que la administración que encabezó Natividad Pérez Guinto como encargada de despacho autorizó la prescripción el mismo día en el que el pleno del Congreso elegiría a Marcos César Paris Peralta como nuevo titular por siete años.
Las fuentes detallaron que el Ayuntamiento de Acapulco es el que tiene más observaciones. Del ejercicio fiscal 2015 quedó un monto sin solventar por un millón 937 mil 694 pesos; en 2016 no se aclaró el uso de 403 millones 413 mil 170 pesos; y en 2017 fueron 996 millones 585 mil 543 pesos, generando un total de mil 401 millones 936 mil 409 pesos en ese periodo, mayoritariamente gobernado por el perredista Evodio Velázquez Aguirre.
Otro municipio que tras las prescripciones dejaron sin solventar montos millonarios están el de Chilpancingo, que de 2017 no aclaró el uso de 638 millones 312 mil 877 pesos en el gobierno del priista Marco Antonio Leyva Mena; y Acatepec por 48 millones 48 mil pesos 303 pesos.

Exigen padres que se informe sobre 100 mil pesos que le dieron a una primaria en El Coloso por los sismos

Padres de familia de la primaria Hermandad México-Israel, ubicada en la unidad habitacional El Coloso en Acapulco, exigen al director de la escuela, José Ramón Cuevas Encarnación, que les entregue cuentas de los 100 mil pesos que llegaron de apoyo para la escuela por los sismos de septiembre, así como del dinero de la cooperativa y las kermes.
El comité de padres de familia de la escuela advirtió que si no hay una respuesta, van a cerrar nuevamente la escuela y pondrán una denuncia en el Ministerio Público, pues desde febrero se está pidiendo la información de en qué se ha gastado ese dinero.
La presidenta del comité, María de Jesús Pastor Ortiz, indicó que ya tienen mucho tiempo con esos problemas, debido al manejo del dinero porque “ha habido desvíos”.
Informó que el comité de padres del ciclo escolar pasado, que encabezó Wendolin Belén Clavel Aguilar, no entregó cuentas de las cuotas que dieron y hay una pérdida de 44 mil pesos. La “señora nada más dijo que se utilizó para apoyar al director, que fue secuestrado”.
Agregó que también piden informes de los 100 mil pesos que hicieron llegar a las escuelas por los sismos, al director José Ramón Cuevas Encarnación, que ya le pidieron desde febrero; así come que les haga un desglose de lo que gastó y en qué, pero no ha dicho nada a los padres de familia.
Informó que los padres de familia pagan una cuota de 200 pesos y que hay 400 alumnos, ese dinero entra cada año y no hay reportes. Pero además, el dinero que entra de las cooperativas, alrededor de 500 pesos diarios, tampoco se da cuenta de ellos y además están los 50 pesos que entregan para la kermés, para tener dinero para los festejos del Día de la Madre y otros.
Indicó la presidenta del comité que ya están cansados de que “nunca nos den cuentas claras, es mucho lo que maneja el director”. Informó que el viernes van a tener una reunión con las autoridades y si no dan respuesta, van a tomar nuevamente la escuela. (Karina Contreras).

La ejecución del comandante del FUSDEG, ajuste de cuentas de la delincuencia, dice el obispo Rangel

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, advirtió que el asesinato del comandante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Julio Alarcón Astudillo, fue un ajuste de cuentas de la delincuencia que disputa el poder económico, “que se juega debajo de la mesa”, derivado del trasiego de enervantes en el corredor Petaquillas-Xaltianguis.
Subrayó que la pugna entre las policías comunitarias del FUSDEG y pobladores allegados a las comisarías de El Ocotito y Petaquillas ha rebasado al gobierno estatal que cuenta con autoridades “permisivas, blandas y tolerantes”, de lo que se deriva la presunta filtración del crimen organizado en los dos grupos armados.
Por tal motivo, Rangel Mendoza externó que la capital del estado es un “terreno fértil” que facilita a los delincuentes infiltrarse en las policías comunitarias y en los “grupos políticos, “o en intereses particulares, porque uno ya no sabe a quién mirar para señalar como responsables de tanta inseguridad”.
El asesinato de Alarcón Astudillo, quien trabajaba como chofer del transporte público de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, ocurrió a las 11:50 de la mañana del domingo, en la entrada del estacionamiento del mercado ubicado frente a la avenida Juan Ruiz de Alarcón y a una cuadra de la iglesia San Francisco.
Mientras que el jueves de la semana antepasada dos policías comunitarios allegados a la comisaría de El Ocotito fueron secuestrados en el entronque de Tierra Colorada de la carretera federal México-Acapulco, presuntamente por el FUSDEG.
Entrevistado en sus oficinas del obispado en esta capital, Rangel Mendoza remarcó que la ejecución del comandante y la desaparición de los dos policías comunitarios son la muestra evidente de la ruptura del tejido social en Guerrero, y que atraerá como consecuencia “crímenes peores y desagradables que en cualquier momento ocurrirán”.
Añadió que el estado necesita de un “pacto social” en la sociedad, la iglesia, el sector educativo y el gobierno estatal, para promover una educación a favor de la paz y la concordia, que erradique la delincuencia que impera en la entidad.
Sobre el conflicto en Petaquillas y El Ocotito, que en 10 días se agravó ante la ejecución y las desapariciones, Rangel Mendoza indicó que el conflicto se debe al ajuste de cuentas del crimen organizado para adquirir la derrama económica que se “mueve” en esos pueblos, copados por la delincuencia.
“Lo que vemos ahorita es la lucha de poder, de prepotencias, y finalmente el dinero que se juegan debajo de la mesa; y es aquí donde hago un llamado a la paz y a la concordia, porque el valor verdadero es la vida, donde se fundamentan todos los valores, porque si no tenemos vida, para qué queremos lo demás”, dijo.
Además, indicó que la injerencia de los grupos delictivos presuntamente infiltrados en Petaquillas y El Ocotito obran de manera repudiable al secuestrar a mujeres jóvenes, incluso menores de edad, tanto en Chilpancingo como en Chilapa.
De los intentos del gobernador Héctor Astudillo Flores y del alcalde priista capitalino, Marco Antonio Leyva Mena, de pacificar el conflicto que mantienen ambas comunidades, monseñor Rangel Mendoza remarcó que las autoridades estatales fueron rebasadas por actuar de manera “blanda, complaciente y permisiva”, desde el momento en que ocurrió el primer enfrentamiento a balazos y golpes en Petaquillas, el pasado 10 de septiembre
Aunque agregó que a la Fiscalía General del Estado (FGE) la investigación “también se le salió “de las manos”, y por ello deberá intensificar sus labores de inteligencia para identificar a los responsables del conflicto, “porque esas personas buscan intereses económicos; y por ahora, se les debería retirar la canasta”.
Sin embargo, Monseñor adelantó que una posible razón de la omisión de las autoridades se debe al “interés electoral”, pues quienes aspiran a ocupar un puesto público “pretenden quedar bien con ambas partes y no obran con mano dura, pero como lo decía Jesús: no podemos servir a dos amos”, dijo.
Por ello, Rangel Mendoza denunció que Chilpancingo es un “terreno fértil” donde los delincuentes pueden infiltrarse en las policías comunitarias o los “grupos” políticos, “o en intereses particulares, porque uno ya no sabe a quién mirar como responsables de tanta inseguridad”.
Reiteró que los dos grupos antagónicos pudieran tener vínculos con los “tres o cuatro” grupos que se disputan la primacía en la capital, aunque subrayó que además de estos criminales operan en favor de la inestabilidad “actores políticos y sindicalistas, que no puedo decir quiénes son por motivos de seguridad”.
Finalmente, Rangel Mendoza expuso que el problema para generar la concordia en ambos pueblos capitalinos se debe a la poca disposición para dialogar de manera tolerante, “porque están anteponiendo sus intereses económicos, por encima de las personas”.