vecinos de Chilpancingo caminan ante la falta de transporte público en la concurrida avenida Insurgentes tras el asesinato de cuatro choferes Foto: Jessica Torres BarreraA la izquierda peritos de la Fiscalía intentan abrir la puerta del taxi incendiado en el bulevar Chilpancingo-Petaquillas, donde se encontraba el cuerpo calcinado del chofer; a la derecha policías resguardan la zona donde otro conductor fue asesinado en la calle principal de la colonia Las Torres, atras del Palacio de Gobierno; y arriba peritos en las diligencias en la avenida Juan Ruiz de Alarcón en el barrio de San Francisco, donde mataron al conductor de una Urvan de la ruta Petaquillas-Chilpancingo Fotos: Jesús Eduardo Guerrero
Ejecutan a cuatro choferes del transporte público en Chilpancingo; uno fue calcinado
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
Cuatro choferes del transporte público fueron asesinados en Chilpancingo en distintos ataques armados; uno de ellos fue calcinado luego de que le prendieran fuego al taxi que manejaba.
Ayer cerca de las 6 de la mañana fueron atacadas simultáneamente dos Urvan de la ruta Chilpancingo-Petaquillas y de Chilpancingo-Chilapa, donde quedaron dos choferes muertos.
Según reportes policiacos, sujetos armados llegaron a la base de Urvan Águilas Doradas de Chilapa, que se encuentra en la calle Benito Juárez a un costado del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, donde dispararon al conductor.
El chofer identificado como Ernesto Valle, de 55 años, originario de Tixtla, quedó herido y fue trasladado por socorristas de la Cruz Roja a un hospital de la capital, donde murió más tarde.
A la misma hora, afuera del mercado de San Francisco fue asesinado el chofer de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, Gilberto Sánchez de aproximadamente 30 años y originario de Tepechicotlán, municipio de Chilpancingo.
Según testigos, se encontraba esperando pasajeros en la parada de la calle Juan Ruiz de Alarcón, cuando hombres armados le dispararon.
Su cuerpo quedó dentro de la camioneta.
A las 7:30 de la mañana hombres fuertemente armados interceptaron un taxi en el bulevar Petaquillas-Chilpancingo, a 500 metros del cuartel de la Guardia Nacional, cerca de un retén de la Policía del Estado.
Los sicarios dispararon contra el vehículo, donde quedó muerto Arturo García Pérez de aproximadamente 50 años.
Posteriormente incendiaron el taxi, que avanzó en llamas hasta impactarse en el camellón y fue apagado 20 minutos después por bomberos que llegaron al lugar.
El chofer quedó totalmente calcinado dentro del vehículo.
A las 8:30 fue asesinado Reynaldo “N”, chofer de la ruta Las Torres-Mercado.
El ataque se dio en la calle principal del fraccionamiento Las Torres, atrás del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, donde hombres armados los atacaron mientras conducía la Urvan.
Testigos del ataque informaron que la unidad llevaba pasajeros, los cuales salieron ilesos.
En los cuatro ataques las zonas fueron acordonadas por las autoridades, que realizaron las diligencias para trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense de Chilpancingo, donde más tarde fueron reclamados por sus familiares.
La suspensión del transporte
La ola de violencia ocasionó que se suspendiera el transporte público, y muchos de los usuarios tuvieron que caminar para llegar a sus destinos.
A las 9 de la mañana las rutas del circuito Río Azul (Petaquillas, Tepechicotlán, Mochitlán, Quechul-tenango y Colotlipa), del valle del Ocotito (Mazatlán, Acahuizotla, Rincón de la Vía, Cajeles, Buenavista de la Salud, Ocotito, Mohoneras y Dos Caminos), y a Tierra Colorada suspendieron sus viajes a Chilpancingo y sólo llegaron al puente vehicular de la entrada de Petaquillas. Tampoco hubo servicio hacia ni desde Zumpango.
Las bases de taxis y Urvan estuvieron vacías y los usuarios buscaron otra forma de ir a sus localidades. Las rutas a Chilapa, Tixtla y Atliaca también suspendieron sus llegadas a la capital.
En Chilpancingo dejaron de circular los taxis y sólo algunas Urvan levantaban pasajeros, pero después de las 4 de la tarde se suspendió totalmente el transporte.
El Ayuntamiento de Chilpancingo implementó un operativo de movilidad para los usuarios de las colonias de la periferia, con patrullas de Protección Civil que trasladaban a la gente, aunque fue insuficiente.
Se espera que este martes siga suspendido el transporte público en Chilpancingo.
También, en comunicados internos de escuelas privadas y públicas, se suspendieron las clases y pidieron a los padres estar atentos a nuevos avisos.
La suspensión se dio en la mayoría de las primarias, secundarias y preparatorias de la capital, donde argumentaron que es “para salvaguardar la vida de los estudiantes y trabajadores”.
Hasta las 10 de la noche la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no había emitido un comunicado oficial que avalara la suspensión de clases.
En el transcurso del día se establecieron retenes de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE), para garantizar la seguridad de los choferes del transporte público, pero la mayoría decidió no regresar a las calles a trabajar.
Por los hechos de violencia y la falta de transporte los negocios de las plazas comerciales cerraron más temprano.
Ya investiga, dice la Fiscalía
En un comunicado la FGE informó que inició una carpeta de investigación “contra quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de cuatro personas aún sin identificar, y por lesiones en agravio de un masculino en distintos hechos registrados en la capital de la entidad”.
Es la tercera vez que se suspende el transporte en menos de un año, luego de que la guerra de los grupos de la delincuencia Los Tlacos y Los Ardillos ha llevado a ataques a balazos contra trabajadores del volante que en su mayoría son inocentes, y más de una veintena de choferes han perdido la vida en medio de esta disputa por la capital.
En Chilapa
En Chilapa el servicio de la ruta Chilapa-Chilpancingo fue suspendido durante unas tres horas tras el asesinato de cuatro choferes en la capital.
A las 10 de la mañana decenas de pasajeros del sitio Montaña y Morelos quedaron varados.
Algunos usuarios optaron por trasladarse en taxis locales pagando servicio especial. Las líneas que dan servicio hacia la capital son Transportes de la Montaña, sitio Morelos y Águilas Doradas.
Pasajeros llegaron a Chilapa provenientes de la ciudad capital pasado el mediodía. Las líneas no informaron si el servicio se restablecerá este martes. (Luis Daniel Nava / Chilapa).
El delegado del gobierno del estado en la zona Centro, Raúl Suárez Martínez, en la ceremonia por el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera
Hay “poderes fácticos” detrás del paro en el transporte, reconoce funcionario estatal
Preside el delegado del gobierno en la zona Centro, Raúl Suárez, desangelada ceremonia del aniversario de la Constitución ante no más de 15 personas, pues escolares convocados no llegan porque sus padres no los dejaron ir, y los funcionarios se ausentan
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La violencia que detonó ayer en Chilpancingo y que volvió a paralizar el servicio de transporte tanto en la capital como en casi todas las rutas foráneas de la zona centro, “es una cuestión de los poderes fácticos que se manejan a nivel regional”, según declaró el delegado del gobierno del estado en la zona Centro, Raúl Suárez Martínez.
El funcionario reconoció que el número de efectivos “no alcanza” para cubrir todas las zonas de la ciudad y que “es obvio que, también, esos poderes fácticos tienen sus estrategias para saber dónde golpear, en todo caso”.
A pregunta del reportero, el funcionario habló de la violencia, después de que asistió por la mañana en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a una desangelada ceremonia del 167 y 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se realizó en la plazuela Pezuapa de Chilpancingo.
La ceremonia programada para las 10 de la mañana comenzó antes y no duró más de 10 minutos. Además se vio salpicada de incidencias que evidenciaron la zozobra tanto de los ciudadanos como de las propias autoridades por la violencia.
Al término, Suarez Martínez declaró que habían recibido reportes “de los diferentes incidentes que se han presentado en la ciudad”, y que hasta esa hora iban cuatro muertos en diferentes zonas de Chilpancingo.
–¿Ya tienen un diagnóstico de lo que está pasando, por qué resurge esta violencia?
–No hay ahorita todavía un diagnóstico o un por qué. La presunción es que son cuestiones de los poderes fácticos que se manejan a nivel regional. Pero hasta ahorita las investigaciones están dando su curso apenas”.
El funcionario no dijo qué grupos son los que se “manejan a nivel regional” pero ha sido público que se diputan actualmente la zona Centro, y particularmente la capital del estado, Los Ardillos y Los Tlacos.
–Otra vez se suspende el servicio de transporte local y en las rutas foráneas, ¿qué operativo emergente hay para garantizar la seguridad y el servicio de transporte a los ciudadanos?.
–Están ya los operativos, de hecho estaban aquí en el evento cívico fuerzas de la Guardia Nacional y Sedena y nos comentaron que los estaban convocando a hacer rondines y a reforzar la presencia en algunas zonas, ante la situación que se estaba presentando y para tratar de darle seguridad a los transportistas, que, en efecto, conocimos vía redes sociales, estaban parando el servicio.
“Pero sí, las instancias de seguridad están en la calle tratando de dar seguridad”, aseguró.
–¿En qué rutas han confirmado que no hay servicio?.
–Ha sido en general, no han dicho en tal o cuál ruta, ha sido en total el servicio de transporte. Alcanzamos a ver en la calle, los que andamos en la calle en estos momentos que hay poco servicio, aparte de que es día festivo, pero sí, hay poco servicio ante esa situación, pero andan las instancias de seguridad patrullando las zonas.
–¿Habrá una estrategia de seguridad distinta para garantizar la seguridad y el servicio de transporte a los ciudadanos?.
–Habrá que esperar que las corporaciones nos den a conocer esas cuestiones, para ver si van a operar alguna.
–Esta situación ya se vivió desde julio pasado, cuando hubo una situación de violencia similar, y se habló de que se iba a instalar un operativo permanente para que ya no volviera ocurrir…
–Hay operativos…
–¿Fracasaron?, o qué paso?
–No podemos hablar de que hayan fracasado en su totalidad, hay operativos en el tramo Petaquillas-Chilpancingo, y en el mercado, en la salida a Chichihualco, en varios lugares están establecidos. Aparte de los rondines generales que hay. Sin embargo, el número de efectivos no alcanza para cubrir todas las zonas de la ciudad y es obvio que también esos poderes fácticos tienen sus estrategias para saber dónde golpear en todo caso.
Según el funcionario después de los hechos de violencia la mañana de ayer en Chilpancingo, reforzaron esos operativos más militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional, Policía del Estado y Municipal, “prácticamente todas las instancias están participando”.
En su discurso, en el que habló brevemente de las iniciativas de reformas de ley que ayer envió el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al Congreso local, también se refirió al asunto de la violencia en la capital.
“Yo les agradezco que estén con nosotros en estos momentos en que el Estado está ocupado en buscar el salvaguardar la seguridad de nuestros pobladores; sabemos que vivimos una situación que nos preocupa por lo que está ocurriendo, pero que también estamos ocupados en brindarles seguridad”.
A la ceremonia asistieron menos de 15 personas. entre funcionarios, estudiantes y algunos empleados.
Asistieron el subsecretario del Empleo, Carlos Salgado Carranza y el representante de la 35 Zona Militar, Salvador Herrera Malpica.
Al inicio de la ceremonia, había en el lugar unos 50 efectivos de la Guardia Nacional, pero, de pronto, se retiraron apresuradamente y minutos después, ya cuando la ceremonia estaba por terminar regresó una decena.
Antes, el director de Acti-vidades Cívicas del Gobierno del estado, David Loma Hernández, informó a los funcionarios asistentes que “se adelantaría unos minutos” la ceremonia “por la situación en Chilpancingo”, en evidente referencia a la violencia que había iniciado unas tres horas antes.
Uno de los asistentes aseguró que escuchó cuando le dijo al representante de la gobernadora, Raúl Suarez Martínez que “acortara” su discurso.
Al evento asistieron unos cinco niños de la Escuela Secundaria Raymundo Abarca Alarcón y el profesor responsable se disculpó con Loma y con Suárez, pues argumentó que no hubo transporte, y además, a muchos no los dejaron ir sus padres porque “tuvieron miedo”.
También se tenía registrada la presencia de un representante del Ayuntamiento de Chilpancingo, e incluso estaba programada su participación con un discurso, pero nadie asistió.
La gobernadora solicita a la FGE investigaciones prontas y oportunas de los ataques
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda condenó los ataques a transportistas en la capital del estado y solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que las investigaciones se hagan con prontitud y oportunidad, para que los hechos no queden impunes.
A las 3 de la tarde, a través de una publicación en Facebook, la mandataria aseguró que instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal a reforzar la presencia de sus elementos, con acciones permanentes de proximidad social, así como recorridos de seguridad y prevención del delito en la capital del estado, particularmente en los puntos donde se encuentran las bases de urvan.
Asimismo, pidió a la Secretaría General de Gobierno atender y estar en contacto permanente, a través de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de Guerrero, “con el sector que brinda el servicio de transporte público en Chilpancingo”, ante “cualquier necesidad que pudiera surgir” o por otros posibles ataques.
Esto, sin mencionar los asesinatos ocurridos desde las 7 de la mañana de dos choferes de la ruta Petaquillas-Chilpancingo, otro de una ruta local y el incendio de un taxi, donde luego se encontró a un conductor calcinado, lo que además, motivó la suspensión del transporte público en la ciudad y rutas foráneas.
“Hechos condenables, como los que se suscitaron esta mañana en Chilpancingo, no deben quedar en la impunidad, por lo que he solicitado en el ámbito del respeto institucional a la Fiscalía General del Estado, que se realicen las investigaciones con prontitud y oportunidad”, declaró.
A las 8 de la mañana, se refirió en Facebook a su cumpleaños 42, este 5 de febrero, día de la Constitución, saludando la llegada de un crucero en Acapulco.
“Que mejor manera de arrancar mi cumpleaños que recibiendo al segundo crucero de 2024 en Acapulco, el Norwegian Bliss, que arribó con 3 mil 693 pasajeros y mil 653 tripulantes desde las primeras horas de hoy. En este renacer continuamos compartiendo la magia de nuestros destinos con el mundo”.
Por la noche, Salgado Pineda destacó, además, las cifras del fin de semana largo en Acapulco, de más de 38 mil asistentes, que habrían dejado una derrama económica de 250 millones de pesos, de acuerdo con datos de Sectur. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Maestros del Colegio de Bachilleres (Cobach) 17, en El Ocotito, municipio de Chilpancingo, acordaron con el Sindicato Único de Trabajadores del Cobach (Sutcobach) que levantarían el paro de labores, luego de que les prometieron darles una respuesta a sus demandas dentro de 13 días.
Los docentes, con el apoyo de padres de familia, cerraron la escuela y pararon labores el lunes, y unos 430 alumnos resultaron afectados por la falta de clases.
Los manifestantes exigen la destitución del director Abad Liborio Saligán, para el cese a la violencia de género; asimismo, el otorgamiento de horas, las cuales quedaron disponibles por el fallecimiento de un docente.
Por teléfono, la maestra Azucena Jiménez Navarrete informó que el martes, tras protestar en la dirección general del Cobach, fueron atendidos por el Sutcobach, que encabeza José Antonio Salvador López, y que les prometieron que en 13 días les darán respuesta a sus peticiones.
Dijo que, “como muestra de voluntad”, los maestros aceptaron la propuesta y este miércoles reanudaron las clases. Indicó que los trabajadores dieron una “tregua”, también para que los alumnos no fueran afectados por la suspensión de labores. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Maestros del Colegio de Bachilleres (Cobach) 17, en El Ocotito, municipio de Chilpancingo, se manifestaron en las oficinas generales y mantuvieron el paro laboral en su escuela.
A las 11 de la mañana, diez manifestantes ingresaron a la dirección general del Cobach en la capital, con pancartas en las que se leía: “Que pare el acoso laboral hacia las mujeres del plantel 17 El Ocotito”.
Una maestra, Azucena Jiménez Navarrete, informó que este martes las autoridades educativas les prometieron una mesa de trabajo para tratar de solucionar sus demandas.
Dijo que el lunes, cuando iniciaron el paro de labores, el director general, Jesús Villanueva Vega, les pidió que estuvieran en la reunión y que también estaría el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Cobach (Sutcobach), José Antonio López.
Jiménez Navarrete detalló que solicitan el otorgamiento de horas y cese a la violencia de género, contra las trabajadoras del plantel por parte del director Abad Liborio Saligán.
Recriminó: “El director del plantel 17 nos pide que no nos manifestemos y que no denunciemos las irregularidades que hay dentro de la escuela”. Dijo que cuando los trabajadores protestan, sufren represalias.
Los manifestantes exigieron a las autoridades educativas la destitución del director, porque de lo contrario mantendrán el paro de labores, el cual afecta a 430 alumnos.
Minutos después de que ingresaron a la reunión, la comisión de maestros salió y denunció que sólo se presentó Jesús Villanueva, pero no el dirigente del Sutcobach, y por ello no llegaron a acuerdos. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Docentes del Colegio de Bachilleres (Cobach) 17, de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, suspendieron labores y exigieron la destitución del director, Abad Liborio Saligán, porque acosa laboralmente a los trabajadores.
Los manifestantes, apoyados por padres de familia, cerraron la escuela a las 7 de la mañana, a la que acuden 430 alumnos, y colocaron pancartas en la fachada del lugar para solicitar respeto a sus derechos laborales.
Una de las afectadas, Azucena Jiménez, dijo que “soy objeto” por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), representado por el José Antonio Salvador López, con el consentimiento de la dirección general del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, que encabeza Jesús Villanueva Vega, en la asignación de las asignaturas de Ecología y Medio Ambiente.
Detalló que las horas quedaron vacantes por el fallecimiento de su compañero Otilio Castro Jiménez, y que desde el pasado 17 de febrero el comité de su delegación la propuso para ocupar las horas, porque cuenta con el perfil.
La inconforme declaró que no ha tenido respuesta por parte de las autoridades del Cobach, y que las horas se las otorgaron a Oscar David Rodríguez Castañeda, “el argumento es que tiene mejor derecho que yo, al ser un trabajador de base. Lo cual es ilegal” y es tolerado por el director del plantel, de quien pidió su destitución.
Manifestó que le quitaron sus horas de trabajo para dárselas a un docente y que el problema inicio el semestre pasado, “tengo seis años laborando y al que le dieron las horas tiene dos”.
“Cómo es posible que está persona, desde el momento que inició como trabajador, le fueron asignadas horas bases, y más, sin atención frente a grupo”, destacó Azucena Jiménez.
Los inconformes, quienes respaldan a la maestra, enfatizaron que si no tienen una respuesta volverán a manifestarse e incluso bloquearán la Autopista del Sol. (María Avilez Rodríguez / Chil-pancingo).
Pobladores de la comunidad de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, bloquean la carretera federal Acapulco-Ciudad de México la tarde de ayer con un tráiler y otros vehículos para exigir una mesa de diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda Foto: El Sur
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Vecinos de El Ocotito, municipio de Chil-pancingo, bloquearon ayer la carretera federal México-Acapulco para exigir una mesa de diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la liberación del comandante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Deivy Barrientos Salazar, detenido en Puebla el pasado 13 de febrero en posesión de drogas y armas.
El comisario municipal Julio César Almanza Castro aseguró que en días pasados ingresaron a la localidad la Guardia Nacional y de la Policía Estatal que pretendían desarmar a su policía, pero confirmaron que no eran de la fuerza pública, y aseguró que hay zozobra en el pueblo y por ello bloquearon la carretera.
Ayer pobladores informaron que fueron citados a las 4 de la tarde a una reunión en la explanada de la Comisaría Municipal.
Según una ficha informativa del gobierno del estado, a las 5 de la tarde aproximadamente 250 ciudadanos encabezados por el comisario municipal, Julio César Almanza Castro acordaron en una reunión trasladarse a un costado de la carretera federal México-Acapulco, para retener a cualquier unidad de seguridad de los tres órdenes de gobierno que transiten por esa vía para exigir la liberación de José Deivy Barrientos Salazar.
Según la ficha del gobierno estatal “la mayoría de los ciudadanos no apoya dicha protesta, sólo unas 50 personas simpatizantes” de Deivy Barrientos.
En redes sociales de Internet circuló que se convocó a taxistas, maestros, comerciantes y ciudadano para bloquear la carretera para pedir la libertad del comandante detenido en Puebla por portación de armas y drogas, y que quienes no asistieran pagaría una cooperación voluntaria, además se informó que las escuelas y el comercio se suspenderían.
Vía telefónica el comisario municipal informó que en días pasados ingresaron a la localidad carros de agentes de la Guardia Nacional “que no son, ya fuimos a hablar con el Ejército y no son ellos, ayer (jueves) se metieron (a la comunidad) carros de la (Policía) Estatal que tampoco son estatales, hablé con el gobierno del estado y no son estatales, entonces sí está la zozobra del pueblo de qué está pasando entonces”.
Contó que el jueves también tuvo una reunión con funcionarios de la SSP en un restaurante de El Ocotito, donde pidió refuerzos para la seguridad.
Relató que incluso los supuestos agentes de la Guardia Nacional intimidaron a mucha gente, “la paraban muy groseros, no era la forma de hacer su trabajo, entonces recibimos muchos reportes de la ciudadanía el día de ayer (jueves) y nos dimos a la tarea de ir a ver el Ejército aquí a la base y nos dijeron que ellos no habían mandado ninguna camioneta de la Guardia, que ellos nada más tienen una”.
“Por la tarde el (funcionario de) gobierno que vino quedó de darme solución que me iba a mandar refuerzos, eran como las 8 de la noche cuando vimos seis camionetas que ya estaban activas de la (Policía) Estatal, entraron y querían desarmar a la Policía Comunitaria de aquí del pueblo, estábamos en la Comisaría en una reunión, esa es la situación”.
Dijo que este viernes hubo una reunión del pueblo en la que él informó de lo ocurrido, pero “me llegó la gente y pues decidieron bloquear por los resultados de la información que se les dio de las camionetas, yo tengo que informarle a mi comunidad”.
Agregó que el bloqueo inició a las 5:30 de la tarde y que a las 8:30 de la noche en que se dio la entrevista telefónica ninguna autoridad había llegado a El Ocotito para resolver el bloqueo, sólo se comunicó con él por teléfono el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, “para preguntarme qué situación estaba pasando, yo le dije que yo no puedo controlar al pueblo”.
Dijo que en las redes sociales circulaba que él estaba convocando al bloqueo, lo que negó, y argumentó que él informó a las autoridades lo que estaba pasando, “pero ya ahorita anda la noticia amarillista que el comisario está convocando, yo no estoy convocando a nada y si quieren pueden venir y que comprueben, que constaten”.
Afirmó que en la población no dejaba de circular una camioneta del Ejército, pero intervino, “para que los dejaran pasar, para que llevaran el mensaje al gobierno del estado de que queremos una mesa de diálogo, nosotros no pedimos otra cosa más que eso”.
Se le preguntó si se estaba solicitando la liberación del fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Ocotito, Deivy Barrientos Salazar, y respondió que “se tocó en la reunión de pueblo, yo tenía que informar cuál es la situación, qué estaba pasando para que la información no se tergiverse, y ellos dijeron que se bloqueara todo y se suspenden escuelas, comercio, un relajo”.
Julio César Almanza aseguró que pidió ayuda al gobierno estatal porque “este problema ya no lo puedo solucionar”, y reiteró que se suspenderá toda la actividad económica y educativa, y que todo está bloqueado en la localidad.
Contactado por teléfono, el segundo comisario quien se identificó como Juan, expuso que la situación es tensa, que la ciudadanía se estaba organizando para bloquear durante la noche la carretera federal, hasta que algún funcionario de los tres niveles de gobierno llegara.
Aseveró que lo único que exigen es una mesa de diálogo en la que “se puedan tratar muchos asuntos de varios problemas de seguridad del pueblo, porque queremos la seguridad que estaba antes”.
Dijo que “cuando estaba el comandante (Deivy Barrientos Salazar) todo estaba tranquilo y ahorita se siente el temor, la gente, la policía está firme, está puesta, pero se siente el temor de muchas maneras que vayan a entrar otras personas a hacer su relajo o algo”.
Se reforzó la vigilancia en carreteras, dice Seguridad Pública
A las 6:41 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó en un comunicado que, “como parte de la estrategia integral en acciones de paz y prevención, autoridades civiles y militares ha reforzado su presencia en las principales vialidades carreteras de la entidad, como parte de acciones preventivas tras la detención en el estado de Puebla de un objetivo prioritario en Guerrero”.
Añadió que “esta estrategia tiene por objetivo prevenir posibles acciones como bloqueos carreteros o manifestaciones de civiles incitados por grupos de la delincuencia organizada, que pudieran desestabilizar o afectar el libre tránsito de la ciudadanía”.
“Con esta estrategia coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía General del Estado se da atención y seguridad a visitantes y la ciudadanía”, dice el comunicado, el cual no hizo referencia a El Ocotito, y precisó que se trataba de un “objetivo prioritario detenido en Puebla”, como ocurrió con Deivy Barrientos Salazar.
El 13 de febrero la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que el comandante de la UPOEG fue detenido cuando circulaba por la carretera federal Puebla-Tehuacán, a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350, y al revisarlo le hallaron, “62 bolsas de aparente cristal, un arma de fuego calibre .380 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles (sin los permisos correspondientes), así como 5 mil 500 pesos en efectivo”.
Añade que Deivy Barrientos es “identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal” y su detención se dio luego de “labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina”, es relacionado con diversos hechos delictivos en Guerrero y es señalado de tener vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”.
Además en agosto de 2022 tras el asesinato en Chilpancingo de Fredid Román Román, sus familiares señalaron como autor intelectual al comandante de la UPOEG José Deivy, quien en una conferencia de prensa negó haber participado en el asesinato del periodista.
Pobladores contactados vía telefónica informaron a las 10:20 de la noche que el bloqueo continuaba y que se mantendría hasta que la gobernadora morenista o funcionarios de su gobierno acudan a una mesa de diálogo.
El comandante de la autodefensa de la UPOEG en Ocotito, Deivy Barrientos Salazar, durante su mensaje en el noveno aniversario de la creación de su policía que nació para combatir la delincuencia en el Valle del Ocotito.Abajo, pobladores marchan en apoyo a la policía de esa organización Fotos: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Ocotito, Chilpancingo
La policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, celebró el noveno aniversario de su fundación con una marcha en la carretera federal México-Acapulco, a la que se sumaron comerciantes, transportistas y vecinos de la localidad.
Más de 300 personas, la mayoría con playeras o camisas y globos blancos, encabezadas por policías ciudadanos que portaban cadenas blancas de papel colgadas al cuello, marcharon de la entrada, al sur de la población, a la explanada de la comisaría municipal, donde participaron en un mitin.
En ese lugar, las autoridades locales, encabezadas por el comisario municipal, Julio César Almanza Castro, rindieron un homenaje a los nueve policías asesinados en estos nueve años, y se dio a conocer una reseña de esa policía.
La policía ciudadana de la UPOEG inició en el valle de El Ocotito, la comunidad más grande de Chilpancingo, el 23 de enero de 2014, en medio de un ambiente de asesinatos, secuestros, extorsiones y cobro de piso por parte de la delincuencia organizada.
En entrevista, el comandante y fundador de la corporación, Deivi Barrientos Salazar, informó que en nueve años fueron abatidos por el crimen organizado nueve policías de la UPOEG y un “sinnúmero” han resultado heridos, “algunos de gravedad y otros sólo con rozones”.
Sin embargo, declaró que “sólo organizados pudimos darle seguridad a nuestras familias, porque todos sabemos cómo está nuestro estado, en Acapulco y Chilpancingo a diario hay muertos, y nosotros no queremos eso para nuestro pueblo”, dijo.
Explicó que aquí, en ese pueblo, viven sus familias “y por ellas queremos que nuestro pueblo esté tranquilo, mientras nuestro pueblo lo quiera, va a seguir habiendo policía ciudadana”.
Barrientos Salazar aseguró que a diferencia de hace nueve años, ahora viven “sumamente diferente. Hace nueve años no podíamos salir a las calles, nuestras esposas y nuestros niños no podían salir libremente, porque les faltaban al respeto, raptaban a nuestros amigos, a la gente que miraban que era solvente, los secuestraban, los atemorizaban y los extorsionaban vía telefónica o presencialmente”, recordó.
Dijo que, en cambio, ahora tienen permanente comunicación con los comerciantes y que estos tienen sus números de teléfono personal, igual que el de la comisaría municipal, para que les llamen ante cualquier situación de riesgo, “y ellos (los ciudadanos) nos llaman cuando se ven en peligro. Hacemos recorridos para tener un mejor control de nuestro pueblo”, explicó.
Insistió en que ahora la situación “es tranquila”, aunque dijo que siguen las amenazas de los grupos delictivos.
Informó que actualmente el que quiere incursionar en El Ocotito es el grupo de Tlacotepec, pero que “hay gente de allá que nos informa y nos avisa cuando se organizan para venir a este lado. Así que siempre vivimos pendientes”.
Barrientos Salazar reconoció que la policía de la UPOEG ha sido infiltrada en algunos pueblos, pero aseguró que no en El Ocotito.
“Nosotros estamos conscientes que la organización es muy grande y reconocemos que hay muchos pueblos que están infiltrados por el crimen organizado. Hay muchos pueblos que su policía no es de ahí, y para que funcione como policía (sus integrantes) tienen que ser del pueblo, vivir en el pueblo y tener familia en el pueblo, para que puedan hacer las cosas bien”.
Aseguró que los policías que se encargan de la seguridad en El Ocotito, “todos somos de aquí” y que sus actuaciones se basan en los acuerdos de asamblea. Dijo que aunque pertenecen a la UPOEG, “cada pueblo y cada representante es autónomo y responsable de lo que hace”.
Admitió que la UPOEG ha sido infiltrada por los grupos delictivos, sobre todo en el corredor de Costa Chica a Acapulco “y aunque somos independientes, sentimos que eso nos está afectando”.
Explicó que por eso los policías que han querido la paz para sus pueblos y no se han alineado, los han matado o desaparecido, “por eso, nosotros tratamos de estar en comunicación constante con la ciudadanía, con nuestros comisarios y con los comités de cada sector, porque aquí es el pueblo el que solventa a la policía”, sostuvo.
Puso como ejemplo la desaparición del comandante regional Octavio Maganda, quien desapareció en noviembre pasado, junto con otros tres miembros de la UPOEG.
“Sabemos que apenas pasó un evento en Costa Chica, con nuestro compañero Maganda, quien se estaba impulsando para agarrar las riendas (de la UPOEG) en Costa Chica, pero yo creo que no se organizó bien, no se alineó y ahora lo tenemos desaparecido. Esos son golpes anímicos para los compañeros que realmente quieren hacer las cosas bien”, declaró.
En este ambiente de persecución, repliegue y desmantelamiento de la agrupación, tanto por los grupos delictivos como por el gobierno, informó que el coordinador general Bruno Plácido Valerio se encuentra delicado de salud, por su padecimiento de diabetes, que lo ha alejado “un poquito” en las últimas semanas.
A Plácido Valerio no se le ha visto en público desde diciembre pasado y este lunes no participó en la celebración del noveno aniversario de la entrada de la policía ciudadana al valle de El Ocotito, como sí lo hizo hace nueve años, cuando encabezó la movilización.
En la marcha de este lunes, algunos niños portaron pancartas con mensajes como “viva la paz, viva la policía comunitaria”; “marcha por la paz de El Ocotito. Gracias policía comunitaria”, “apoyo total a la policía comunitaria” y “viva El Ocotito, viva nuestra policía comunitaria”.
En todas las pancartas se escribió: “policía comunitaria”, aunque formalmente esta es parte del Sistema de Seguridad y Justicia, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Durante el mitin, el comandante Deibi Barrientos se refirió brevemente al diferendo que existe con la policía del pueblo vecino, de Buenavista de la Salud, también del municipio de Chilpancingo, donde el viernes pasado se informó que el grupo de autodefensa pasó a formar parte de la CRAC de los Pueblos Fundadores (PF), que en las comunidades de Chilapa se coordina con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
Barrientos Salazar dijo: “Un pueblo vecino, hace unos días, se quitó la playera de la UPOEG y se puso la del Cipog. Además, invita a los ciudadanos a que pertenezcan a su sistema. Nosotros invitamos a los ciudadanos a que le demos educación a nuestros niños, no que los armemos como lo han hecho ellos”, dijo en referencia a que el Cipog-EZ y la CRAC-PF de Chilapa y Ayahualtempa, municipio de Hueycantenango, han capacitado y armado a los niños para que forman parte de su policía, para la defensa de sus pueblos y familias.
“Nosotros no traemos esa terapia, al contrario, vamos a respetar siempre la decisión del pueblo. Mientras el pueblo nos respalde, vamos a seguir las decisiones de nuestra asamblea”, dijo en el mitin el comandante.
Dijo que tampoco van a deponer las armas porque una presidente municipal o una gobernadora se los pida, “porque así como fuimos elegidos nosotros, así fue elegida nuestra gobernadora, nuestra presidente municipal y nuestro presidente de la República”.
El comisario municipal, Julio César Almanza, agradeció a los policías por la protección a la población.
Criticó: “Mientras los caciques están en sus casas descansando, estos hombres están arriesgando su vida, a pesar de que no saben si al otro día van a regresar vivos. Mientras, algunos ciudadanos se sienten conchas en sus casas”, reprochó.
A petición del comisario municipal, se depositó en la puerta de la comisaría municipal una corona, simbolizando los laureles “y la luz para las familias (de los policías caídos) que perdieron a un ser querido”. Con ello, explicó, se rendía homenaje a los policías “que cayeron por defender a su pueblo”.
A Obtilia la desaparecieron cuando huía de Ayutla ante amenazas de muerte, denuncia la OPIM
El secretario de esa organización y esposo de la presidenta señala a la delincuencia organizada y a la UPOEG que quieren controlar las obras públicas del municipio, y la dirigente indígena como parte del Concejo Municipal Comunitario comenzó a revisar los expedientes. Últimamente se le retiraron las medidas de protección policiaca decretadas por la Coidh, denuncia. El sábado sufrió un primer intento de levantón, pero lo evadió su compañero Hilario Cornelio Castro, que la acompañaba y desapareció con ella el martes
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El secretario de la Organización de Pueblos Indígenas Me phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez, confirmó la desaparición de su esposa, la presidenta de esa organización, Obtilia Eugenio Manuel. Declaró que la mañana del martes, ella venía huyendo de Ayutla rumbo a Chilpancingo porque las amenazas de muerte arreciaron en su contra desde el sábado.
Mientras tanto, otro miembro de la organización, aseguró que desde el sábado ya había sufrido un intento de levantón en Ayutla pero que evadió a sus agresores porque Hilario Cornelio Castro, quien últimamente la acompañaba para protegerla les hizo frente y lograron escaparse.
Cuauhtémoc Ramírez informó que la activista era acompañada la mañana del martes por Cornelio Castro, también integrante de la OPIM y perdió contacto con ellos en el trayecto de la carretera Tierra Colorada-Ocotito.
Denunció que Obtilia ya no contaba con las medidas cautelares porque tenía desconfianza a los elementos de seguridad debido a omisiones y fallas que habían encontrado. También denunció omisión y negligencia de las autoridades estatales a quienes recurrieron desde que Obtilia comenzó a recibir amenazas de muerte en noviembre pasado pero nunca les hicieron caso.
El dirigente de la OPIM declaró que las amenazas venían de la delincuencia organizada y de gente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) porque querían controlar las obras del municipio de Ayutla, pues Obtilia forma parte de la comisión de obras del Cencejo Municipal Comunitario de ese municipio.
Entrevistado vía telefónica, Cuauhtémoc Ramírez, exigió la presentación con vida de su esposa, de quien dijo que había recibido amenazas de muerte desde el sábado, el domingo y el lunes.
“Le estuvieron marcando a su teléfono y le mandaron mensajes, diciéndole que la iban a matar porque no sabía en qué se había metido”.
Explicó que el móvil de las amenazas son las obras del Ayuntamiento porque Obtilia es la encargada de las obras como parte del Concejo Municipal Comunitario, “revisaron los expedientes y de ahí empezaron las amenazas. Son gente del narco la que está metida en las obras, y gente de la UPOEG”, denunció.
Cuauhtémoc Ramírez denunció que frente a estas amenazas y el riesgo en que se encontraba Obtilia fallaron las medidas cautelares “la Policía estatal no hizo bien su trabajo, porque desde noviembre pasado recibió amenazas estando la policía ahí y no hizo nada”.
Recordó que entonces presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, “y tampoco hicieron nada”. Dijo que después presentaron un escrito a quien era el encargado de Seguridad Pública estatal “para pedirle que nos reuniéramosos y revisáramos todas las medidas y no hicieron nada”.
El dirigente de la OPIM se quejó de que a pesar de que las medidas cautelares eran de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), la respuesta de los gobiernos estatal y federal siempre fue omisa y tardía.
Explicó que por eso la mañana del martes cuando huía de Ayutla rumbo a Chilpancingo, ya no traía resguardo policiaco por la desconfianza que ya había hacia la Policía estatal que a pesar de las amenazas ya no le brindaba protección.
“Ya no confiábamos en ellos desde lo que pasó en noviembre, y porque la misma gente de la UPOEG estaba presionando; decía que por qué cargaba policías, que de qué privilegios goza, que el que nada debe nada teme, pura mierda de esa estaban tirando”.
Informó que el lunes ya se venía a Chilpancingo porque las amenazas empezaron el sábado.
“De Ayutla se venía a Chilpancingo porque ya estaban fuertes las amenazas. Después, en Chilpancingo íbamos a decidir qué hacer”, contó.
Otro integrante de la misma organización informó que el sábado hubo un primer intento de levantar a la activista frente a la tienda de autoservicio Aurrerá de Ayutla, pero que esa vez Hilario Cornelio Castro, quien últimamente siempre la acompañaba para protegerla, armado les hizo frente y los agresores huyeron.
Desde ese día, la activista comenzó a sentirse insegura en esa cabecera municipal pero no podía salir por el riesgo, hasta que la mañana del martes decidió abandonar esa cabecera municipal y trasladarse a Chilpancingo, pero en el trayecto desapareció.
El último contacto que tuvieron sus familiares con Obtilia e Hilario fue a las 7 con 20 minutos de la mañana del martes. A esa hora, Obtilia se comunicó vía telefónica desde Tierra Colorada con Cuauhtémoc Ramírez quien se encontraba en Chilpancingo.
Los familiares y miembros de esta organización creen que Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio pudieron haber sido privados de su libertad en el trayecto de Tierra Colorada a El Ocotito, debido a que habían convenido que cuando pasara Ocotito se volvería a comunicar otra vez y ya no lo hizo.
Por la tarde de ayer, Cuauhtémoc Ramírez, acudió a la delegación de la Fiscalía General de la República para presentar la denuncia por la desaparición forzada de Obtilia e Hilario.
Obtilia Eugenio Manuel es fundadora de la OPIM junto con su esposo Cuauhtémoc Ramírez, y es también integrante de la Comisión de Justicia del Consejo Municipal de Ayutla, el órgano de gobierno municipal que por primera vez fue electo por usos y costumbres de los pueblos indígenas en ese municipio.
Obtilia y su organización acompañó en su lucha a las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas sexualmente por soldados del Ejército en 2002 y derivado de ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria al Estado mexicano.
La activista contaba desde el 2009 con medidas cautelares que dictó la Coidh al gobierno mexicano por las amenazas que había venido sufriendo por su defensa a favor de las agresiones que han sufrido indígenas de esa zona.
Por tierra y aire y mostrando sus fotos casa por casa buscan policías del estado a Obtilia e Hilario
Rechaza el gobierno responsabilidad en la desaparición de los dirigentes
Anarsis Pacheco Pólito
Un policía estatal muestra la fotografía a un transeúnte. La imagen fue difundida por el gobierno estatal, que afirma que esa actividad comenzó en el área en que desaparecieron los dirigentes de la OPIM, entre Ayutla El Ocotito, y en la noche dijo que se extendió a todas las regiones del estado – Foto: El Sur
Chilpancingo
El gobierno del estado en un comunicado se deslindó de responsabilidad en la desaparición de los líderes de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM) de Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel y su compañero Hilario Cornelio Castro, justificando que durante el año pasado le entregaron el premio al mérito Civil Indígena Cuauhtémoc.
“El gobierno del estado rechaza cualquier vinculación como responsable de estos lamentables hechos, por el contrario el 27 de octubre del 2018 en el acto conmemorativo del Aniversario del Estado de Guerrero, reconoció la trayectoria de Obtilia Eugenio Manuel como Defensora de Derechos Humanos”, se lee en el documento.
El vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia se encargó de difundir el comunicado que redactó la Secretaría General de Gobierno, en el que se asegura que desde el martes se activaron los protocolos de búsqueda y localización por cielo y tierra, en el área entre El Ocotito y Tierra Colorada, de donde salieron las últimas comunicaciones de ellos el martes.
A pesar de que se dio a conocer que este martes a las 7:40 de la mañana habían desaparecido los líderes de la OPIM, en el comunicado no se especifica la hora en la que se iniciaron estos protocolos, pero si se acompaña de una serie de imágenes en las que se muestra a policías repartiendo volantes con la fotografía de Obtilia Eugenio.
Se explica que trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno se trasladaron “vía área” hacia el último punto donde se tuvo señal en uno de los teléfonos celulares que portaba una de las víctimas y en ese lugar desplegaron las “fuerzas policiales” de manera terrestre.
De manera paralela se informó a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz sobre la situación que se atravesaba.
En el comunicado se da a conocer que el gobernador Héctor Astudillo Flores recibió en audiencia al esposo de la defensora de los derechos humanos, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez a quien le hizo “saber” su interés por la pronta localización de Obtilia Eugenio.
El comunicado termina reiterando que el gobierno del estado tiene el compromiso de proteger y salvaguardar los derechos humanos, así como de hacer uso de todos los medios y herramientas legales y oportunidades encaminadas a la pronta localización de la defensora de derechos humanos.
Por la mañana en Casa Guerrero, el Fiscal del Estado, Jorge Zuriel de los Santos intentó evitar declarar sobre el tema, pero ante la insistencia informó que se montó un operativo de búsqueda desde Ayutla hasta el Ocotito y que ninguno de los familiares de la defensora había presentado denuncia.
La vocería difundió imágenes en las que aparecen policías del estado entregando volantes con la imagen de Obtilia e Hilari.
Esta actividad iniciada por el gobierno de Héctor Astudillo Flores se parece a la que montó el gobernador Ángel Aguirre Rivero el 2 de octubre 2014 , donde movilizó a mil 650 burócratas a la ciudades de Iguala y Taxco para que casa por casa preguntaran por los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos tras el ataque de policías y sicarios, días después el gobernador perredista se separó del cargo.
Búsqueda en todas las regiones
En la noche, en un comunicado el gobierno informó que el operativo de búsqueda se extendió a todas las regiones del estado de Guerrero.
“La búsqueda y localización de la señora Obtilia Eugenio Manuel y del señor Hilario Cornelio Castro abarca todas carreteras del estado, en la Autopista del Sol (Acapulco-Cuernavaca) en recorridos por tierra y así como brechas de terracería y zonas conurbadas de los municipios en todas las regiones de Guerrero
Dice que en los reconocimientos se pegan volantes en lugares públicos, con la fotografía de Obtilia Eugenio Manuel, a fin de dar con su paradero.
Exigen la ONU-DH y ONG al gobierno federal y estatal la búsqueda y presentación de Obtilia
Recuerdan la labor de la dirigente de la OPIM en la defensa de las mujeres violadas por militares, de los indígenas sometidos a esterilización forzada y de otras víctimas en Ayutla. Piden también castigo a los autores materiales e intelectuales
El 7 de junio de 2012 en El Charco, Ayutla de los Libres, el obispo de Saltillo Rau?l Vera saluda a Obtilia Eugenio en la ceremonia por 14 años de la masacre de 11 indígenas de esa región -Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes/ Lourdes Chávez/Alejandro Guerrero y Francisco Magaña
Chilpancingo/Iguala/Atoyac
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), decenas de organizaciones sociales y no gubernamentales (ONG) de defensa de los derechos humanos del país, así como la senadora Nestora Salgado García, condenaron la desaparición de la dirigente indígena de Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel, y exigieron a los gobiernos federal y estatal su búsqueda inmediata y presentación con vida.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares a la Secretaría General de Gobierno de Guerrero y a la Fiscalía General del Estado, a efecto de realizar las acciones conducentes para la búsqueda y localización de los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM).
La ONU-DH hizo un llamado a las autoridades del estado de Guerrero para reforzar las labores de búsqueda y esclarecer el paradero de las personas defensoras indígenas de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, desaparecidas el día 12 de febrero en Guerrero.
“Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro son integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’Phaa (OPIM). La organización ha desarrollado una importante labor de defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Guerrero, particularmente en casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas me’phaa, como la esterilización de 14 hombres indígenas en 1998 o el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres me’phaa víctimas de tortura sexual cometida en su contra por miembros del Ejército mexicano en 2002, que cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh)”, dice la ONU-DH.
Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, resaltó que “la OPIM es un referente histórico en la defensa de los derechos humanos en el estado de Guerrero. Han acompañado casos de transcendencia no sólo nacional sino regional, particularmente en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Debido a ello, a lo largo de su trayectoria han sido víctimas de varios ataques”, dijo en su comunicado el organismo internacional.
Concluye: “La ONU-DH se une a los llamados de los familiares y colegas de Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro en relación con la urgencia de la búsqueda y el esclarecimiento del paradero de las personas defensoras”.
En tanto, la CNDH solicitó al gobierno que se realicen las gestiones necesarias para la búsqueda y localización de Obtilia Eugenio Manuel y su compañero activista Hilario Cornelio Castro y se efectúe la investigación ministerial de su desaparición tomando en cuenta su labor de activismo e informando en todo momento a sus familiares de los avances y resultados obtenidos.
También se solicitó salvaguardar la seguridad e integridad personal de los demás integrantes de la OPIM, así como de las familias de la señora Eugenio Manuel y de su compañero Hilario Cornelio Castro, “brindándoles la contención emocional que corresponda”.
En el comunicado se informa que el presidente de la CNDH y el gobernador Héctor Astudillo sostuvieron una conversación vía telefónica en la que el ombudsman le solicitó su intervención para la localización de los dos defensores desparecidos.
A su vez, la senadora por Morena, Nestora Salgado García, denunció que desde 2002, la dirigente de la OPIM, e integrante del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Obtilia Eugenio Manuel, ha recibido amenazas de muerte, por las que tenía medidas cautelares de protección, que no evitaron su desaparición.
En un comunicado, la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá y ex presa política se sumó a la exigencia de organizaciones y organismos civiles de derechos por la presentación con vida de la defensora, privada de su libertad junto con el también activista de derechos humanos, Hilario Cornelio Castro.
Añadió que la desaparición de los activistas, ocurre en el contexto de violencia generalizada en el estado, que incluye agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas en Guerrero y el país.
Salgado García urgió a que el gobierno del estado agilice la búsqueda de la defensora y su compañero, y se garantice su integridad física y sicológica.
También la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en México (RNDDHM) exigió al gobierno de Guerrero la inmediata presentación con vida de Obtilia Eugenio.
“Repudiamos el hecho y responsabilizamos al gobierno de Héctor Astudillo Flores de cualquier daño a la integridad física y sicológica de nuestra compañera, quien desde el 2009 cuenta con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras diversos episodios de hostigamiento y amenazas de muerte”, dice el escrito.
Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), red integrada por 43 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 23 estados de la república, así como por familiares de víctimas de desaparición y feminicidio, reprobó “de manera enérgica”, la desaparición de la defensora Obtilia Eugenio Manuel.
Recordó que junto con el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero, Obtilia Eugenio Manuel respaldó en 2016, la solicitud de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Guerrero, la cual fue declarada en junio de 2017 a ocho municipios entre ellos, Ayutla, municipio de donde la defensora es originaria.
“Este hecho lamentable evidencia la violencia feminicida que viven las mujeres y defensoras en el estado de Guerrero, pues cabe recordar que desde el 7 de diciembre de 2011, Eva Alarcón y Marcial Bautista, coordinadora y presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán se encuentran desaparecidos, sin que haya avances significativos para conocer su paradero”, dice el pronunciamiento.
Ante ello, el Observatorio exigió al gobierno estatal y al Gobierno Federal, que a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas realicen todas las acciones necesarias para encontrar con vida a la defensora y Hilario Cornelio Castro.
También demanda que se inicien las investigaciones necesarias para identificar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición de los defensores comunitarios y que se implementen de manera inmediata y efectiva las recomendaciones de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el estado de Guerrero.
Por su parte, le la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que encabeza el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, exigió a los gobiernos estatal y federal que tomen las medidas necesarias para la aparición con vida de la defensora y su acompañante Hilario Cornelio Castro.
También demandó a las autoridades competentes una efectiva investigación que conduzca a la aparición con vida de la defensora y castigo a los responsables materiales e intelectuales.
Otro organismo que condenó la desaparición de la activista, fue el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, “nos sumamos a la exigencia de las organizaciones civiles y sociales para que las autoridades del Estado realicen los trabajos de búsqueda de manera inmediata, oportuna, transparente y con base a información útil y científica para lograr su presentación con vida”, pide el organismo guerrerense en su escrito.
Recuerda que Obtilia Eugenio Manuel, originaria de Barranca Guadalupe, municipio de Ayutla, desde muy joven denunció los atropellos cometidos por el Ejército en la región de Ayutla, “y acompañó a Valentina Rosendo e Inés Fernández en su exigencia de justicia ante la tortura sexual perpetrada por elementos del ejército en el 2002”.
“Debido al riesgo que enfrentaba la defensora Obtilia, optó por mantener una seguridad discreta, depositando su confianza en personas de la comunidad. En el día de su desaparición, iba acompañada por el señor Hilario Cornelio Castro, de quien también se desconoce su paradero”, refiere Tlachinollan.
Tlachinollan exige a los gobiernos federal y estatal que se realicen las acciones de búsqueda efectiva e inmediata, desplazando las fuerzas de seguridad del Estado, para su localización y presentación con vida de la defensora Obtilia Eugenio Manuel y el señor Hilario Cornelio Castro.
Asimismo, que se dé cumplimiento cabal a las medidas provisionales otorgadas por la Coidh desde el 2009, y que se garantice una investigación exhaustiva que dé con el paradero de los responsables de su desaparición y cese la violencia contra las defensoras y defensores comunitarios de Guerrero.
También el Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ordene un operativo de alto nivel para encontrar con vida a nuestra compañera. “Consideramos que en el país de la Cuarta Transformación este tipo de hechos no deben ocurrir”, condena la agrupación en su escrito.
De manera conjunta también se manifestaron el Molppeg, la CRAC-PC de Cacahuatepec, Tecoanapa, Huamuxtitlán-Olinalá y Dos Ríos; el Cecop, Frente Popular de la Montaña, OPIG, Colectivo El Grito, CETEG Región Montaña, Colectivo Zapata Vive, Sobrevivientes del caso Iguala y Familiares de presos políticos, Centro de Formación Política Juan R. Escudero, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad,
YoSoy132 Nueva York, Colectivo Ayotzinapa NY, Iniciativa Tlappan y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
“Hoy más que nunca exigimos al gobierno estatal que cese el ataque contra nuestras compañeras y compañeros, que respete la autonomía de los pueblos indígenas, que deje de instruir a algunos dirigentes de organizaciones sociales para que persigan a defensoras y defensores del medio ambiente, de los pueblos originarios y de los derechos humanos en general”, demandaron estas agrupaciones.
También demandaron la intervención del gobierno federal para que exhorte al gobierno del estado a que presente con vida a Obtilia Eugenio Manuel.
Por separado, la activista Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda del asesinado dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, se sumó a la exigencia al gobernador
Héctor Astudillo Flores para que se garantice la seguridad y la presentación con vida de los activistas Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro.
También la dirigente del Frente de Defensa Popular Francisco Villa en la región de la Costa Grande, Clemencia Guevara Tejedor exigió a las autoridades federales y estatales la presentación con vida de la activista indígena.
Participará en la búsqueda de Obtilia e Hilario, anuncia el FUSDEG de Tierra Colorada
El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que opera en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) informó que su Policía Comunitaria, se sumó a la búsqueda de la defensora de derechos humanos, Obtilia Eugenio Manuel, desaparecida con su compañero Hilario Cornelio Castro la mañana del martes.
En un boletín de prensa el órgano de seguridad comunitaria indicó que la desaparición de los activistas de la Organización del Pueblo Indígenas Me’ phaa (OPIM) fueron “en circunstancias aún no aclaradas”, se deslindó de los hechos ocurridos cerca de su territorio de influencia y externó una “enérgica” protesta.
En el escrito breve emitido anoche la dirigencia del Frente condenó la desaparición de la activista, quien además es una autoridad del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres que gobierna el primer municipio en Guerrero que formalmente se rige por usos y costumbres.
Se deslinda de la desaparición y anuncia su disposición para colaborar la localización de los dos.
De la búsqueda dijo que los policías comunitarios pondrán todo su empeño para encontrar a Obtilia Eugenio y a Hilario Cornelio, a quienes familiares y el gobierno estatal ubican por última vez en el tramo Tierra Colorada-El Ocotito.
El organismo de seguridad se unió a la búsqueda del gobierno del estado, que de manera oficial estuvo informando el vocero Roberto Álvarez Heredia en redes sociales.
El FUSDEG precisa que a los promotores del desarrollo comunitario les preocupa la desaparición de la defensora y el dirigente de la OPIM, “y merece nuestra más enérgica protesta”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
Hace la Codehum un “llamado enérgico” a las autoridades para hallar a los 2 líderes
Redacción
Chilpancingo
La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) lanzó un “llamado enérgico” a las autoridades para que de manera inmediata sea localizada la defensora indígena Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
En un comunicado el presidente del organismo, Ramón Navarrete Magdaleno solicitó que se lleven a cabo las investigaciones necesarias que conduzcan a una efectiva localización con vida de Obtilia y de su acompañante Hilario Cornelio Castro, quienes desaparecieron este martes en la carretera federal de Tierra Colorada a El Ocotito, rumbo a Chilpancingo.
Además informó que se abrió el expediente VG/1/009/2019-III por la desaparición de ambas personas, se emitieron medidas cautelares dirigidas a la Fiscalía Especializada para Desaparición de Personas, entre otras autoridades, solicitando la implementación de acciones oportunas que coadyuven en la localización de ambos activistas.
Agrega que los visitadores generales, Policarpo Gatica Ramírez y Román Jaimez Contreras y más personal de la Codehum participan en las acciones de búsqueda.
La comisión estatal dice que dará puntual seguimiento al caso, brindando el acompañamiento necesario “desde el ámbito de nuestra competencia hasta esclarecer lo sucedido”.
Además lamenta lo acontecido a la defensora, quien actualmente forma parte del Concejo Municipal de Ayutla y quien desde el 2009 cuenta con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras diversos episodios de hostigamientos y amenazas en su contra.
Presenta el Concejo de Ayutla una denuncia en la FGE por la desaparición de Obtilia Eugenio
Ayer en la noche el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres presentó una denuncia penal por la desaparición de la integrante del órgano de gobierno, la defensora de derechos humanos indígena Obtilia Eugenio Manuel, ante la Fiscalía General del Estado.
Una fuente cercana del gobierno indicó que a las 12 de la noche estaban concluyendo el trámite en las oficinas de la FGE en Chilpancingo, mediante la sindicatura de Seguridad Pública, aunque el caso ya fue denunciado por sus familiares ante la Fiscalía General de la República. (Redacción).
Pide diputada del PRD a gobiernos federal y estatal la búsqueda de Obtilia Eugenio
Recuerda Perla Edith Martínez que la activista indígena había recibido amenazas de muerte desde noviembre. Impide Morena en el Congreso exhorto directo a AMLO para atender el caso de las estancias infantiles
Rosalba Ramírez
Chilpancingo
La diputada local del PRD, Perla Edith Martínez Ríos, exigió a los gobiernos federal y estatal establecer los mecanismos necesarios para dar con el paradero de la activista indígena Obtilia Eugenio Manuel, miembro del Consejo Municipal de Ayutla de los Libres y de la Organización de los Pueblos Indígenas Me Phaa (OPIM).
Después de su intervención por el día de la Mujer Mexicana, la diputada recordó en tribuna que la activista indígena está desaparecida desde la mañana del martes y que se perdió comunicación con ella en el tramo carretero Tierra Colorada-El Ocotito.
“Esta activista había recibido amenazas de muerte desde el pasado mes de noviembre”, informó.
La noche del martes el padre Alejandro Solalinde denunció la desaparición de la activista y su acompañante la mañana de ese día.
La protesta
Durante la sesión del Congreso se aprobó por unanimidad el exhorto de la diputada priista Aracely Alvarado González al gobierno federal para que clarifique el diagnóstico del Programa Nacional de Estancias Infantiles, “y si del análisis realizado resultan irregularidades, que se aplique todo el rigor de la ley a los responsables”.
El exhorto original era al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se modificó a a propuesta de la diputada de Morena Nilsan Hilario Mendoza para que se hiciera directamente a la titular de la Secretaría de Bienestar, “manteniendo y fortaleciendo la operatividad del programa para cumplir con la función.
Cuando llegó el turno de que el exhorto se leyera en el pleno, las responsables de estancias infantiles que hasta el año pasado eran subsidiadas por el gobierno federal irrumpieron en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del estado para exigir que el programa continúe.
Las responsables de las estancias infantiles fueron dirigidas hasta afuera de la sala José Francisco Ruiz Massieu (donde sesiona la comisión permanente) por la diputada panista Guadalupe González Suástegui.
Cuando las manifestantes cruzaron el cerco de seguridad, lo hicieron poniendo por delante a una de las responsables que está embarazada, de esa manera pretendían que los guardias no las detuvieran. Sin embargo, no las dejaron ingresar.
La diputada panista después tuvo que salir para pedirles a las manifestantes que no entraran protestando a la sala porque impedirían que se leyeran las propuestas de exhorto y se podría suspender la sesión.
Finalmente al pleno entraron siete responsables de estancias, que reviraban lo que los diputados de Morena mencionaban de la corrupción en la entonces Secretaría de Desarrollo Social y el programa de estancias.
En la discusión, Alfredo Sánchez Esquivel, de Morena, les dijo que esperaran a que se publicaran las reglas de operación a finales de febrero, porque podrían darse cambios y sugirió que los diputados que ahora apoyan a las responsables de las estancias lo hacen de forma hipócrita.
Por su parte Araceli Alvarado criticó que en otras entidades los delegados federales están coadyuvando en el problema e interviniendo para que el apoyo no sea retirado, pero en Guerrero Pablo Amílcar Sandoval no está interesado en el tema.
El perredista Bernardo Ortega Jiménez dijo que las protestas son culpa del gobierno federal que ha dado “bandazos un día dice una cosa y después otra. El dijo que iban a desaparecer de manera gradual”.
Ortega Jiménez afirmó que no subía a tribuna de forma hipócrita, si no que él conoce y le ha dado seguimiento a las estancias y afirmó que “nos engañaron”, en referencia al gobierno federal. Finalmente pidió “no descalificar mejor fortalecerlas”.
Mientras que el priista Cervando Ayala Rodríguez pidió “no satanizar los programas que se crearon con mucha nobleza. No podemos estar generando encono ni ofendernos ante reclamos justos”.
La panista presentó una propuesta de exhorto de urgente y obvia resolución a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, para que realicen las acciones necesarias para dotar de mayor suficiencia presupuestaria en el Presupuesto Modificado para el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras durante el ejercicio fiscal 2019 y evitar su desaparición, que fue aprobado.
La madre del detenido por supuesto robo de combustible, Norberto González, Leovilgilda Valente, en la asamblea, demando se diera la palabra a su hijo . Foto: Jessica Torres Barrera
En su asamblea el pueblo del Ocotito acordó anoche vender los aproximadamente 7 mil litros de gasolina que decomisó la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) el domingo de la semana pasada, y donar el dinero para infraestructura física del sector educativo.
También acordaron que los dos detenidos acusados de hucahicoleo o robo de combustible serán juzgados, sancionados y sometidos a un proceso de reeducación en el pueblo por los coordinadores del Consejo Comunitario y la Policía Ciudadana.
En la asamblea ya no se habló de los otros casi 7 mil litros que fueron encontrados en una bodega de Norberto en Buena Vista de la Salud, y el acuerdo fue solamente vender los 7 mil que se encuentran afuera de la comisaría municipal.
Las decisiones se tomaron en una prolongada asamblea a la que asistieron más de 300 pobladores a la explanada de la Comisaría municipal, en donde hubo acusaciones de “omiso y negligente” al gobierno federal porque durante 8 días no respondido a las solicitudes del comisario municipal, Victorino Pólito, ni a la Policía Ciudadana de la UPOEG que encabeza el comandante José Deivi Barrientos, para que fuera por el combustible y los detenidos.
La asamblea fue a menos de 10 metros de donde se encuentran los envases llenos de gasolina y los dos vehículos decomisados la madrugada del domingo a Norberto González Valente y a su chofer Arquímedes Barrera Bonifacio por la Policía Ciudadana, cuando los sorprendió ordeñando el combustible a una pipa en la Autopista del Sol, frente al parque industrial del Ocotito.
En la asamblea el comandante de la Policía Ciudadana Deivi Barrientos denunció que en los últimos dos días recibió amenazas vía mensaje de teléfono celular, presumiblemente por miembros de la banda delincuencial a la que pertenece González Valente, y de manera directa por el detenido a uno de sus policías.
En la asamblea estuvo la madre de Norberto González Valente, Leovilgilda Valente Salmerón, quien exigió la presentación de su hijo para que diera su versión, pero se rechazó su petición y aseguró que su hijo es inocente, dijo que la gasolina que le quitaron la compraba a las pipas y se la fueron a quitar en una bodega que tiene en Buena Vista de la Salud.
La asamblea fue convocada para las 5 de la tarde pero comenzó casi a las 6 y media y concluyó a las 8 y media de la noche, ante la presencia de los comisarios de Coacoyulillo, Mojoneras y Buena Vista de la Salud, así como de coordinadores del Consejo Comunitario de la Policía Ciudadana de la UPOEG.
Primeramente, el comisario municipal Victoriano Pólito informó de las solicitudes que realizaron para que el gobierno federal mediante la Procuraduría General de la República (PGR) acudiera a recoger el combustible decomisado y a recibir a los detenidos.
Leyó un oficio que envió al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño, a quien le pidieron su intervención “para hacer entrega de lo incautado por elementos del Sistema de Seguridad Comunitaria de nuestro pueblo, que consiste en hidrocarburo, vehículos con reporte de robo y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército”.
En el documento le explica al funcionario federal que acuden a él por la desconfianza al gobierno estatal, “por el mal proceder en materia de justicia de los gobiernos estatal y municipal”, además por considerar que el robo de combustible es un delito federal.
En seguida hubo acusaciones de “omiso” y “negligente” al gobierno federal por poner en riesgo a la población al no ir a recoger los aproximadamente 7 mil litros de gasolina que desde el domingo de la semana pasada se encuentran en la explanada.
Dijo que, en cambio, recibió la notificación de un amparo de un juzgado federal por la detención de Norberto González, de quien la autoridad federal demandó su libertad, pero la respuesta del comisario y la Policía Ciudadana fue que no forman parte del gobierno y que sus acciones se rigen por mandato del pueblo, y la asamblea es la que decide.
Después de las intervenciones el comisario sometió a votación las propuestas para determinar qué hacer con la gasolina que, dijo, “es una bomba de tiempo aquí”, y luego a propuesta de él mismo los pobladores votaron porque el combustible se venda y el dinero entregarlo para obras del jardín de niños de la colonia Cuauhtémoc, y para el desplante de la supervisión escolar de prescolar que no cuenta con edificio.
El comandante Deivi Barrientos denunció que en los últimos dos días recibió amenazas presumiblemente por parte de la banda criminal a la que pertenece el detenido Norberto González. Denunció que mediante mensajes de texto de teléfono celular le advirtieron que van a ir a la Comisaría por el detenido, y por eso urgió a que la asamblea le diera salida a la gasolina, “porque si pasa algo aquí (en referencia a un ataque armado), se provocaría un incendio”.
Un policía ciudadano denunció que ayer a la hora de la comida fue amenazado directamente por Norberto, cuando después de que entró su madre a dejarle la comida quiso entrar también su esposa para recoger los trastes pero ya había terminado la hora de visita.
Añadió que cuando le explicó al detenido que ya no eran horas de visita y que le alcanzara los trastes para que él se los entregara a su esposa, el detenido le advirtió, “está bien, de todas manera esto lo vamos a arreglar, y lo vamos a arreglar muy bien. Mi gente no va a tener compasión de ninguno de los policías que se están pasando de culeros”.
Es inocente, dice la mamá de Norberto González
El comandante de la Policía Ciudadana dio a conocer en la asamblea los nombres de algunos de los cómplices de Norberto González, y algunos de los delitos que han cometido.
Dijo que hace un mes Norberto fue expulsado de la Policía Ciudadana de Buena Vista, después de que fue sorprendido desvalijando una camioneta Nissan estaquitas cargada de carne de res robada, cerca de Tierra Colorada, pero se dejó el caso en manos de la Policía Ministerial porque no estaba dentro de su territorio, pero Norberto “arregló” el asunto con 4 mil pesos y fue puesto en libertad.
La madre del principal acusado, Leovigilda Valente Salmerón salió en defensa de su hijo y exigió que fuera presentado en la asamblea “para que de su propia versión”, y cuando la mayoría de los asistentes rechazaron su petición, exigió que le entregaran las cosas que le decomisaron, en referencia a la gasolina, los vehículos y las armas (una pistola y un rifle AK-47).
Aseguró que su hijo no es un delincuente y que la gasolina la compraba a las pipas para revenderla, y que no es verdad que se la decomisaron en la Autopista del Sol, sino en su bodega de Buena Vista de la Salud.
“Yo vendo tamales y atole en el mercado, todo mundo me conoce”, dijo en su defensa y reprochó que su hijo lo tuvieran encadenado a un bloque de cemento.
El comandante reconoció que “parte de lo que dijo la señora es verdad”, sin precisar a qué parte se refería, pero le expresó que si la gasolina no es de procedencia ilícita por qué ella le propuso que se quedara con todo, gasolina, vehículo y armas y cuánto más quería para dejar libre a su hijo.
Argumentó que existen sitios plenamente establecidos y con equipo de seguridad para comprar gasolina, pero que el lugar y la hora en que fue sorprendido Norberto no eran los apropiados.
Tambos y bidones con gasolina decomisada continúan en la plaza central de El Ocotito, municipio de Chilpancingo; el comisario y el comandante de la UPOEG esperan que las autoridades federales los recojan, como acordó la asamblea del pueblo .Foto: Lenin Ocampo Torres
A tres días de que policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas con el robo de gasolina en el Valle del Ocotito, a quienes les aseguraron más de 14 mil litros, vehículos, así como una pistola y un fusil AR-15, la Procuraduría General de la República (PGR) se niega a recibir a los detenidos y lo decomisado, denunciaron ayer el comisario del Ocotito, Victoriano Pólito Sandoval y el comandante de la Policía Ciudadana, José Deivid Barrientos.
El comisario municipal responsabilizó a las autoridades federales si llegara a ocurrir una tragedia, toda vez que los más de 7 mil litros de gasolina que se encuentran en la explanada de la comisaría, (otros 7 mil están depositados en una bodega en Buena Vista de la Salud), representan una “bomba de tiempo” pues allí mismo se encuentra el mercado, el sitio de taxis y locales comerciantes en los alrededores.
Mientras tanto, el comandante de la Policía Ciudadana de la UPOEG, declaró que la corporación federal no ha dado seguimiento a las investigaciones para detectar los vínculos de la red de huachicoleros en el Valle del Ocotito porque se trata de una responsabilidad que corresponde a la PGR, y denunció que la dependencia no ha querido recibirles ni a los detenidos ni al producto decomisado.
Informó que solamente funcionarios del gobierno estatal habían acudido para hacerse cargo de la situación, pero que no se los entregaron porque en la asamblea del domingo el pueblo determinó entregarlos a la PGR.
La madrugada del domingo en un recorrido de rutina, policías ciudadanos de la UPOEG sorprendieron cuando una pipa con gasolina era “ordeñada” en el acotamiento de la Autopista del Sol, frente al parque industrial del Ocotito, y fueron detenidos quien encabezaba el ilícito, Norberto González Valente, su chofer y dos encargados de la seguridad del parque industrial a quienes se les acusa de cederle el paso a Norberto para que tuviera acceso a la autopista y cometer el robo.
Ayer los cuatro detenidos permanecían en una celda de la comisaría municipal, mientras que afuera, en la explanada, se encontraban los vehículos y los galones llenos del combustible.
El comandante de la Policía Ciudadana Deivid Barrientos, declaró que hasta ayer no habían comprobado si hay vínculos entre Norberto González Valente, a quien ubican como el responsable intelectual del robo, con la empresa Silimpia, encarada de la seguridad del parque industrial, pues dijo que es posible que los guardias solamente permitían el paso de Norberto por alguna “compensación económica” o por amenazas.
Según vecinos, Norberto, quien encabezaba la red del robo del combustible, era policía ciudadano pero fue expulsado de la organización, sin embargo, aun después de su expulsión seguía pasando por el parque industrial para accesar a la autopista, con el uniforme de la Policía Ciudadana y armado.
El comandante de la Policía Ciudadana aclaró, sin embargo, que no se ha corroborado si la red para el robo del combustible está vinculada a funcionarios que administran el parque, con funcionarios estatales o personalidades de la clase política, pues dijo que la investigación le corresponde a la PGR.
Explicó que sí han corroborado que de los cuatro detenidos, “el principal responsable” es Norberto González Valente. Los otros tres detenidos son su chofer, y dos trabajadores del área de seguridad del parque. Al momento de su detención, Norberto portaba una pistola y un rifle AR-15.
El comisario, Victorino Pólito Sandoval, demandó a la PGR que se haga cargo de la situación.
Dijo que ya notificaron al gobierno federal porque es el responsable para que la PGR vaya a atender el problema, pero se quejó de que no hizo caso.
“Nosotros solamente intervenimos por el ilícito que se estaba cometiendo en nuestro pueblo pero no tenemos ningún problema con nadie, con ninguna organización, simplemente hemos pedido el respeto a nuestro pueblo, pero no nos metemos con otros pueblos, los respetamos, estamos en sintonía con los demás comisarios para apoyarnos en estos casos”, dijo en referencia a que el acusado como el responsable del robo es de la comunidad de Buen Vista.
El comisario municipal hizo un llamado al gobierno federal, “porque esto es una bomba de tiempo es un peligro el que estamos viviendo. Lo hacemos responsable de lo que llegara suceder”, declaró a un costado de los galones llenos de gasolina.
Informó que si la situación sigue así van a convocar otra vez al pueblo y que será éste el que decidirá qué va a hacer, “nosotros no tenemos la facultad, y será el pueblo el que decida en un plazo no lejano porque es un riesgo el que tenemos, aquí está el mercado, el sitio de taxis, tiendas y esto es un peligro para nosotros”, insistió.
A su vez, el comandante José Deivid Barrientos declaró que no han seguido investigando a fondo, porque eso le compete al gobierno federal, “nosotros queremos poner a los detenidos s disipación, a la brevedad posible, de la PGR”.
Denunció que han recibido amenazas e intimidación por parte de algunas personas, que han tratado de intervenir para que no los pongan a disposición de la PGR, “piden que los procesemos nosotros, porque si no podría haber problemas mayores”.
Agregó que no saben de dónde vienen esas amenazas “pero al buen entendedor pocas palabras”.
Pero añadió que para tomar una decisión van a realizar otra asamblea del pueblo para tomar una decisión “porque como Policía Comunitaria dependemos del pueblo”.
De los cuatro detenidos informó que uno de ellos el responsable principal del robo, Norberto González Valente, y que saben que él trabaja por su cuenta, los otros tres detenidos son su chofer y dos empleados de seguridad del parque, “quienes inocentemente permitieron el acceso, pero queremos que su testimonio nos ayude a resolver esta situación y definir si tuvieron responsabilidad”.
El comandante informó que Norberto utilizaba las instalaciones del parque industrial sólo como paso para tener acceso a la Autopista del Sol en donde en el acotamiento y frente a esas instalaciones cometía el hurto de la gasolina.
Pero aseguró que no han establecido un vínculo directo con funcionarios del parque o funcionarios del gobierno estatal y que a los guardias se les detuvo solamente por permitir el acceso en una hora inadecuada por acción u omisión a Norberto para que cometiera el ilícito.
Informó que se habían realizado reuniones con el personal de seguridad del parque a fin de que para beneficio del pueblo tendría que haber una coordinación entre ellos y la Policía Ciudadana y no permitieran la entrada al parque de personas ajenas y se cometieran estas “fechorías”.
El padre de uno de los detenidos por la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Ocotito, acusado de huachicoleo, Benjamín Delgado Esteban, aseguró que su hijo es inocente y que fue detenido solamente porque permitió el acceso al que robaba la gasolina, pero que lo hizo porque entraba armado y con el uniforme de la UPOEG.
Entrevistado ayer afuera de la comisaría municipal del Ocotito, en donde espera que se defina la situación de su hijo Benjamín Delgado López, declaró que el día que fue detenido estaba trabajando como personal de seguridad con otro de sus compañeros en el parque industrial.
Explicó que su error fue darle paso a “esa persona” que siempre portaba arma y playera de policía ciudadano, dijo en referencia a Norberto González Valente, a quien se acusa como el principal responsable del robo de gasolina y quien también está detenido.
Informó que su hijo y su compañero no sabían que Norberto, quien es originario de Buena Vista, municipio de Chilpancingo, ya había sido dado de baja de la Policía Ciudadana, y que lo dejaban pasar porque portaba la playera de esa organización y que en el sitio donde resguardaban podían pasar a la hora que quisieran policías comunitarios, patrullas, ambulancias y Protección Civil.
Añadió que, además, “esta persona” pasaba con arma, “así es que los muchachos le daban acceso porque ellos no querían problemas”.
El padre del detenido informó que él también fue personal de seguridad del parque industrial del Ocotito y que tenían la instrucción de sus superiores de que para que no se metieran en problemas dejaran pasar a las personas armadas, “porque solamente nos dan un tolete”.
Informó que él tiene un año que se salió y que en su lugar entró su hijo, pero que era ya la última quincena que trabajaría, pues se iba salir para entrar a estudiar a la Universidad Autónoma de Guerrero en donde ya había aprobado el examen de admisión, “pero le vino a pasar esto”, se lamentó.
Benjamín Delgado declaró que no es justo que su hijo esté detenido, “yo le pido a las autoridades que nos ayuden porque él no es un delincuente, él es un muchacho de trabajo, siempre le ha gustado trabajar, él no ha hecho nada, lo agarraron adentro de su área de trabajo, no lo fueron a agarrar haciendo fechorías ni cosas malas”.
Insistió que Benjamín no es cómplice de nada y nunca anduvo en nada ilegal, “su error fue haber dejado pasar a esa gente, pero yo también lo hacía, dejaba pasar a quienes iban armados, porque no me podía poner con gente que llevara armas”.
“Yo estoy seguro que mi niño no hizo nada, a él siempre le ha gustado trabajar y ganarse el dinero limpiamente”, insistió.
Informó que desde que detuvieron a su hijo, él ha permanecido afuera de la comisaría esperando que se resuelva el problema, y que ha platicado con el comandante de la Policía Ciudadana quien ha aceptado que no tiene ningún delito y que va a salir libre, y que su error fue dejarlos pasar”.
También comentó las condiciones en que se encuentra detenido junto con los otros tres; “el baño no sirve y se tienen que hacer en bolsas de plástico, nosotros les llevamos de comer y comen oliendo toda la porquería que tienen allí, adentro y eso no es de humanos y no es justo”, denunció.
