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Por tierra y aire y mostrando sus fotos casa por casa buscan policías del estado a la líder indígena Obtilia Eugenio

 

A Obtilia la desaparecieron cuando huía de Ayutla ante amenazas de muerte, denuncia la OPIM

El secretario de esa organización y esposo de la presidenta señala a la delincuencia organizada y a la UPOEG que quieren controlar las obras públicas del municipio, y la dirigente indígena como parte del Concejo Municipal Comunitario comenzó a revisar los expedientes. Últimamente se le retiraron las medidas de protección policiaca decretadas por la Coidh, denuncia. El sábado sufrió un primer intento de levantón, pero lo evadió su compañero Hilario Cornelio Castro, que la acompañaba y desapareció con ella el martes

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El secretario de la Organización de Pueblos Indígenas Me phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez, confirmó la desaparición de su esposa, la presidenta de esa organización, Obtilia Eugenio Manuel. Declaró que la mañana del martes, ella venía huyendo de Ayutla rumbo a Chilpancingo porque las amenazas de muerte arreciaron en su contra desde el sábado.
Mientras tanto, otro miembro de la organización, aseguró que desde el sábado ya había sufrido un intento de levantón en Ayutla pero que evadió a sus agresores porque Hilario Cornelio Castro, quien últimamente la acompañaba para protegerla les hizo frente y lograron escaparse.
Cuauhtémoc Ramírez informó que la activista era acompañada la mañana del martes por Cornelio Castro, también integrante de la OPIM y perdió contacto con ellos en el trayecto de la carretera Tierra Colorada-Ocotito.
Denunció que Obtilia ya no contaba con las medidas cautelares porque tenía desconfianza a los elementos de seguridad debido a omisiones y fallas que habían encontrado. También denunció omisión y negligencia de las autoridades estatales a quienes recurrieron desde que Obtilia comenzó a recibir amenazas de muerte en noviembre pasado pero nunca les hicieron caso.
El dirigente de la OPIM declaró que las amenazas venían de la delincuencia organizada y de gente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) porque querían controlar las obras del municipio de Ayutla, pues Obtilia forma parte de la comisión de obras del Cencejo Municipal Comunitario de ese municipio.
Entrevistado vía telefónica, Cuauhtémoc Ramírez, exigió la presentación con vida de su esposa, de quien dijo que había recibido amenazas de muerte desde el sábado, el domingo y el lunes.
“Le estuvieron marcando a su teléfono y le mandaron mensajes, diciéndole que la iban a matar porque no sabía en qué se había metido”.
Explicó que el móvil de las amenazas son las obras del Ayuntamiento porque Obtilia es la encargada de las obras como parte del Concejo Municipal Comunitario, “revisaron los expedientes y de ahí empezaron las amenazas. Son gente del narco la que está metida en las obras, y gente de la UPOEG”, denunció.
Cuauhtémoc Ramírez denunció que frente a estas amenazas y el riesgo en que se encontraba Obtilia fallaron las medidas cautelares “la Policía estatal no hizo bien su trabajo, porque desde noviembre pasado recibió amenazas estando la policía ahí y no hizo nada”.
Recordó que entonces presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, “y tampoco hicieron nada”. Dijo que después presentaron un escrito a quien era el encargado de Seguridad Pública estatal “para pedirle que nos reuniéramosos y revisáramos todas las medidas y no hicieron nada”.
El dirigente de la OPIM se quejó de que a pesar de que las medidas cautelares eran de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), la respuesta de los gobiernos estatal y federal siempre fue omisa y tardía.
Explicó que por eso la mañana del martes cuando huía de Ayutla rumbo a Chilpancingo, ya no traía resguardo policiaco por la desconfianza que ya había hacia la Policía estatal que a pesar de las amenazas ya no le brindaba protección.
“Ya no confiábamos en ellos desde lo que pasó en noviembre, y porque la misma gente de la UPOEG estaba presionando; decía que por qué cargaba policías, que de qué privilegios goza, que el que nada debe nada teme, pura mierda de esa estaban tirando”.
Informó que el lunes ya se venía a Chilpancingo porque las amenazas empezaron el sábado.
“De Ayutla se venía a Chilpancingo porque ya estaban fuertes las amenazas. Después, en Chilpancingo íbamos a decidir qué hacer”, contó.
Otro integrante de la misma organización informó que el sábado hubo un primer intento de levantar a la activista frente a la tienda de autoservicio Aurrerá de Ayutla, pero que esa vez Hilario Cornelio Castro, quien últimamente siempre la acompañaba para protegerla, armado les hizo frente y los agresores huyeron.
Desde ese día, la activista comenzó a sentirse insegura en esa cabecera municipal pero no podía salir por el riesgo, hasta que la mañana del martes decidió abandonar esa cabecera municipal y trasladarse a Chilpancingo, pero en el trayecto desapareció.
El último contacto que tuvieron sus familiares con Obtilia e Hilario fue a las 7 con 20 minutos de la mañana del martes. A esa hora, Obtilia se comunicó vía telefónica desde Tierra Colorada con Cuauhtémoc Ramírez quien se encontraba en Chilpancingo.
Los familiares y miembros de esta organización creen que Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio pudieron haber sido privados de su libertad en el trayecto de Tierra Colorada a El Ocotito, debido a que habían convenido que cuando pasara Ocotito se volvería a comunicar otra vez y ya no lo hizo.
Por la tarde de ayer, Cuauhtémoc Ramírez, acudió a la delegación de la Fiscalía General de la República para presentar la denuncia por la desaparición forzada de Obtilia e Hilario.
Obtilia Eugenio Manuel es fundadora de la OPIM junto con su esposo Cuauhtémoc Ramírez, y es también integrante de la Comisión de Justicia del Consejo Municipal de Ayutla, el órgano de gobierno municipal que por primera vez fue electo por usos y costumbres de los pueblos indígenas en ese municipio.
Obtilia y su organización acompañó en su lucha a las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas sexualmente por soldados del Ejército en 2002 y derivado de ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria al Estado mexicano.
La activista contaba desde el 2009 con medidas cautelares que dictó la Coidh al gobierno mexicano por las amenazas que había venido sufriendo por su defensa a favor de las agresiones que han sufrido indígenas de esa zona.

 

Por tierra y aire y mostrando sus fotos casa por casa buscan policías del estado a Obtilia e Hilario

Rechaza el gobierno responsabilidad en la desaparición de los dirigentes

Anarsis Pacheco Pólito

Un policía estatal muestra la fotografía a un transeúnte. La imagen fue difundida por el gobierno estatal, que afirma que esa actividad comenzó en el área en que desaparecieron los dirigentes de la OPIM, entre Ayutla El Ocotito, y en la noche dijo que se extendió a todas las regiones del estado – Foto: El Sur

Chilpancingo

El gobierno del estado en un comunicado se deslindó de responsabilidad en la desaparición de los líderes de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM) de Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel y su compañero Hilario Cornelio Castro, justificando que durante el año pasado le entregaron el premio al mérito Civil Indígena Cuauhtémoc.
“El gobierno del estado rechaza cualquier vinculación  como responsable de estos lamentables hechos, por el contrario el 27 de octubre del 2018 en el acto conmemorativo del Aniversario del Estado de Guerrero, reconoció la trayectoria de Obtilia Eugenio Manuel como Defensora de Derechos Humanos”, se lee en el documento.
El vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia se encargó de difundir el comunicado que redactó la Secretaría General de Gobierno, en el que se asegura que desde el martes se activaron los protocolos de búsqueda y localización por cielo y tierra, en el área entre El Ocotito y Tierra Colorada, de donde salieron las últimas comunicaciones de ellos el martes.
A pesar de que se dio a conocer que este martes a las 7:40 de la mañana habían desaparecido los líderes de la OPIM, en el comunicado no se especifica la hora en la que se iniciaron estos protocolos, pero si se acompaña de una serie de imágenes en las que se muestra a policías repartiendo volantes con la fotografía de Obtilia Eugenio.
Se explica que trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno se trasladaron “vía área” hacia el último punto donde se tuvo señal en uno de los teléfonos celulares que portaba una de las víctimas y en ese lugar desplegaron las “fuerzas policiales” de manera terrestre.
De manera paralela se informó a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz sobre la situación que se atravesaba.
En el comunicado se da a conocer que el gobernador Héctor Astudillo Flores recibió en audiencia  al esposo de la defensora de los derechos humanos, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez a quien le hizo “saber” su interés por la pronta localización de Obtilia Eugenio.
El comunicado termina reiterando que el gobierno del estado tiene el compromiso de proteger y salvaguardar los derechos humanos, así como de hacer uso de todos los medios y herramientas legales y oportunidades encaminadas a la pronta localización de la defensora de derechos humanos.
Por la mañana en Casa Guerrero, el Fiscal del Estado, Jorge Zuriel de los Santos intentó evitar declarar sobre el tema, pero ante la insistencia informó que se montó un operativo de búsqueda desde Ayutla hasta el Ocotito y que ninguno de los familiares de la defensora había presentado denuncia.
La vocería difundió imágenes en las que aparecen policías del estado entregando volantes con la imagen de Obtilia e Hilari.
Esta actividad iniciada por el gobierno de Héctor Astudillo Flores se parece a la que montó el gobernador Ángel Aguirre Rivero el 2 de octubre 2014 , donde movilizó a mil 650 burócratas a la ciudades de Iguala y Taxco para que casa por casa preguntaran por los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos tras el ataque  de policías y sicarios, días después el gobernador perredista se separó del cargo.

Búsqueda en todas las regiones

En la noche, en un comunicado el gobierno informó que el operativo de búsqueda se extendió a todas las regiones del estado de Guerrero.
“La búsqueda y localización de la señora Obtilia Eugenio Manuel y del señor Hilario Cornelio Castro abarca todas carreteras del estado, en la Autopista del Sol (Acapulco-Cuernavaca) en recorridos por tierra y así como brechas de terracería y zonas conurbadas de los municipios en todas las regiones de Guerrero
Dice que en los reconocimientos se pegan volantes en lugares públicos, con la fotografía de Obtilia Eugenio Manuel, a fin de dar con su paradero.

 

 

Exigen la ONU-DH y ONG al gobierno federal y estatal la búsqueda y presentación de Obtilia

Recuerdan la labor de la dirigente de la OPIM en la defensa de las mujeres violadas por militares, de los indígenas sometidos a esterilización forzada y de otras víctimas en Ayutla. Piden también castigo a los autores materiales e intelectuales

El 7 de junio de 2012 en El Charco, Ayutla de los Libres, el obispo de Saltillo Rau?l Vera saluda a Obtilia Eugenio en la ceremonia por 14 años de la masacre de 11 indígenas de esa región -Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes/ Lourdes Chávez/Alejandro Guerrero y Francisco Magaña

Chilpancingo/Iguala/Atoyac

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), decenas de organizaciones sociales y no gubernamentales (ONG) de defensa de los derechos humanos del país, así como la senadora Nestora Salgado García, condenaron la desaparición de la dirigente indígena de Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel, y exigieron a los gobiernos federal y estatal su búsqueda inmediata y presentación con vida.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares a la Secretaría General de Gobierno de Guerrero y a la Fiscalía General del Estado, a efecto de realizar las acciones conducentes para la búsqueda y localización de los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM).
La ONU-DH hizo un llamado a las autoridades del estado de Guerrero para reforzar las labores de búsqueda y esclarecer el paradero de las personas defensoras indígenas de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, desaparecidas el día 12 de febrero en Guerrero.
“Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro son integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’Phaa (OPIM). La organización ha desarrollado una importante labor de defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Guerrero, particularmente en casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas me’phaa, como la esterilización de 14 hombres indígenas en 1998 o el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres me’phaa víctimas de tortura sexual cometida en su contra por miembros del Ejército mexicano en 2002, que cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh)”, dice la ONU-DH.
Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, resaltó que “la OPIM es un referente histórico en la defensa de los derechos humanos en el estado de Guerrero. Han acompañado casos de transcendencia no sólo nacional sino regional, particularmente en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Debido a ello, a lo largo de su trayectoria han sido víctimas de varios ataques”, dijo en su comunicado el organismo internacional.
Concluye: “La ONU-DH se une a los llamados de los familiares y colegas de Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro en relación con la urgencia de la búsqueda y el esclarecimiento del paradero de las personas defensoras”.
En tanto, la CNDH solicitó al gobierno que se realicen las gestiones necesarias para la búsqueda y localización de Obtilia Eugenio Manuel y su compañero activista Hilario Cornelio Castro y se efectúe la investigación ministerial de su desaparición tomando en cuenta su labor de activismo e informando en todo momento a sus familiares de los avances y resultados obtenidos.
También se solicitó salvaguardar la seguridad e integridad personal de los demás integrantes de la OPIM, así como de las familias de la señora Eugenio Manuel y de su compañero Hilario Cornelio Castro, “brindándoles la contención emocional que corresponda”.
En el comunicado se informa que el presidente de la CNDH y el gobernador Héctor Astudillo sostuvieron una conversación vía telefónica en la que el ombudsman le solicitó su intervención para la localización de los dos defensores desparecidos.
A su vez, la senadora por Morena, Nestora Salgado García, denunció que desde 2002, la dirigente de la OPIM, e integrante del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Obtilia Eugenio Manuel, ha recibido amenazas de muerte, por las que tenía medidas cautelares de protección, que no evitaron su desaparición.
En un comunicado, la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá y ex presa política se sumó a la exigencia de organizaciones y organismos civiles de derechos por la presentación con vida de la defensora, privada de su libertad junto con el también activista de derechos humanos, Hilario Cornelio Castro.
Añadió que la desaparición de los activistas, ocurre en el contexto de violencia generalizada en el estado, que incluye agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas en Guerrero y el país.
Salgado García urgió a que el gobierno del estado agilice la búsqueda de la defensora y su compañero, y se garantice su integridad física y sicológica.
También la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en México (RNDDHM) exigió al gobierno de Guerrero la inmediata presentación con vida de Obtilia Eugenio.
“Repudiamos el hecho y responsabilizamos al gobierno de Héctor Astudillo Flores de cualquier daño a la integridad física y sicológica de nuestra compañera, quien desde el 2009 cuenta con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras diversos episodios de hostigamiento y amenazas de muerte”, dice el escrito.
Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), red integrada por 43 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 23 estados de la república, así como por familiares de víctimas de desaparición y feminicidio, reprobó “de manera enérgica”, la desaparición de la defensora Obtilia Eugenio Manuel.
Recordó que junto con el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero, Obtilia Eugenio Manuel respaldó en 2016, la solicitud de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Guerrero, la cual fue declarada en junio de 2017 a ocho municipios entre ellos, Ayutla, municipio de donde la defensora es originaria.
“Este hecho lamentable evidencia la violencia feminicida que viven las mujeres y defensoras en el estado de Guerrero, pues cabe recordar que desde el 7 de diciembre de 2011, Eva Alarcón y Marcial Bautista, coordinadora y  presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán se encuentran desaparecidos, sin que haya avances significativos para conocer su paradero”, dice el pronunciamiento.
Ante ello, el Observatorio exigió al gobierno estatal y al Gobierno Federal, que a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas realicen todas las acciones necesarias para encontrar con vida a la defensora y Hilario Cornelio Castro.
También demanda que se inicien las investigaciones necesarias para identificar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición de los defensores comunitarios y que se implementen de manera inmediata y efectiva las recomendaciones de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el estado de Guerrero.
Por su parte, le la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que encabeza el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, exigió a los gobiernos estatal y federal que tomen las medidas necesarias para la aparición con vida de la defensora y su acompañante Hilario Cornelio Castro.
También demandó a las autoridades competentes una efectiva investigación que conduzca a la aparición con vida de la defensora y castigo a los responsables materiales e intelectuales.
Otro organismo que condenó la desaparición de la activista, fue el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, “nos sumamos a la exigencia de las organizaciones civiles y sociales para que las autoridades del Estado realicen los trabajos de búsqueda de manera inmediata, oportuna, transparente y con base a información útil y científica para lograr su presentación con vida”, pide el organismo guerrerense en su escrito.
Recuerda que Obtilia Eugenio Manuel, originaria de Barranca Guadalupe, municipio de Ayutla, desde muy joven denunció los atropellos cometidos por el Ejército en la región de Ayutla, “y acompañó a Valentina Rosendo e Inés Fernández en su exigencia de justicia ante la tortura sexual perpetrada por elementos del ejército en el 2002”.
“Debido al riesgo que enfrentaba la defensora Obtilia, optó por mantener una seguridad discreta, depositando su confianza en personas de la comunidad. En el día de su desaparición, iba acompañada por el señor Hilario Cornelio Castro, de quien también se desconoce su paradero”, refiere Tlachinollan.
Tlachinollan exige a los gobiernos federal y estatal que se realicen las acciones de búsqueda efectiva e inmediata, desplazando las fuerzas de seguridad del Estado, para su localización y presentación con vida de la defensora Obtilia Eugenio Manuel y el señor Hilario Cornelio Castro.
Asimismo, que se dé cumplimiento cabal a las medidas provisionales otorgadas por la Coidh desde el 2009, y que se garantice una investigación exhaustiva que dé con el paradero de los responsables de su desaparición y cese la violencia contra las defensoras y defensores comunitarios de Guerrero.
También el Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ordene un operativo de alto nivel para encontrar con vida a nuestra compañera. “Consideramos que en el país de la Cuarta Transformación este tipo de hechos no deben ocurrir”, condena la agrupación en su escrito.
De manera conjunta también se manifestaron el Molppeg, la CRAC-PC de Cacahuatepec, Tecoanapa, Huamuxtitlán-Olinalá y Dos Ríos; el Cecop, Frente Popular de la Montaña, OPIG, Colectivo El Grito, CETEG Región Montaña, Colectivo Zapata Vive, Sobrevivientes del caso Iguala y Familiares de presos políticos, Centro de Formación Política Juan R. Escudero, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad,
YoSoy132 Nueva York, Colectivo Ayotzinapa NY, Iniciativa Tlappan y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
“Hoy más que nunca exigimos al gobierno estatal que cese el ataque contra nuestras compañeras y compañeros, que respete la autonomía de los pueblos indígenas, que deje de instruir a algunos dirigentes de organizaciones sociales para que persigan a defensoras y defensores del medio ambiente, de los pueblos originarios y de los derechos humanos en general”, demandaron estas agrupaciones.
También demandaron la intervención del gobierno federal para que exhorte al gobierno del estado a que presente con vida a Obtilia Eugenio Manuel.
Por separado, la activista Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda del asesinado dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, se sumó a la exigencia al gobernador
Héctor Astudillo Flores para que se garantice la seguridad y la presentación con vida de los activistas Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro.
También la dirigente del Frente de Defensa Popular Francisco Villa en la región de la Costa Grande, Clemencia Guevara Tejedor exigió a las autoridades federales y estatales la presentación con vida de la activista indígena.

 

Participará en la
búsqueda de Obtilia e Hilario, anuncia
el FUSDEG de Tierra Colorada

El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que opera en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) informó que su Policía Comunitaria, se sumó a la búsqueda de la defensora de derechos humanos, Obtilia Eugenio Manuel, desaparecida con su compañero Hilario Cornelio Castro la mañana del martes.
En un boletín de prensa el órgano de seguridad comunitaria indicó que la desaparición de los activistas de la Organización del Pueblo Indígenas Me’ phaa (OPIM)  fueron “en circunstancias aún no aclaradas”, se deslindó de los hechos ocurridos cerca de su territorio de influencia y externó una “enérgica” protesta.
En el escrito breve emitido anoche la dirigencia del Frente condenó la desaparición de la activista, quien además es una autoridad del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres que gobierna el primer municipio en Guerrero que formalmente se rige por usos y costumbres.
Se deslinda de la desaparición y anuncia su disposición para colaborar la localización de los dos.
De la búsqueda dijo que los policías comunitarios pondrán todo su empeño para encontrar a Obtilia Eugenio y a Hilario Cornelio, a quienes familiares y el gobierno estatal ubican por última vez en el tramo Tierra Colorada-El Ocotito.
El organismo de seguridad se unió a la búsqueda del gobierno del estado, que de manera oficial estuvo informando el vocero Roberto Álvarez Heredia en redes sociales.
El FUSDEG precisa que a los promotores del desarrollo comunitario les preocupa la desaparición de la defensora y el dirigente de la OPIM, “y merece nuestra más enérgica protesta”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

Hace la Codehum un “llamado enérgico” a las autoridades para hallar a los 2 líderes

 

Redacción

Chilpancingo

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) lanzó un “llamado enérgico” a las autoridades para que de manera inmediata sea localizada la defensora indígena Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
En un comunicado el presidente del organismo, Ramón Navarrete Magdaleno solicitó que se lleven a cabo las investigaciones necesarias que conduzcan a una efectiva localización con vida de Obtilia y de su acompañante Hilario Cornelio Castro, quienes desaparecieron este martes en la carretera federal de Tierra Colorada a El Ocotito, rumbo a Chilpancingo.
Además informó que se abrió el expediente VG/1/009/2019-III por la desaparición de ambas personas, se emitieron medidas cautelares dirigidas a la Fiscalía Especializada para Desaparición de Personas, entre otras autoridades, solicitando la implementación de acciones oportunas que coadyuven en la localización de ambos activistas.
Agrega que los visitadores generales, Policarpo Gatica Ramírez y Román Jaimez Contreras y más personal de la Codehum participan en las acciones de búsqueda.
La comisión estatal dice que dará puntual seguimiento al caso, brindando el acompañamiento necesario “desde el ámbito de nuestra competencia hasta esclarecer lo sucedido”.
Además lamenta lo acontecido a la defensora, quien actualmente forma parte del Concejo Municipal de Ayutla y quien desde el 2009 cuenta con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras diversos episodios de hostigamientos y amenazas en su contra.

Presenta el Concejo de Ayutla una denuncia en la FGE por la desaparición de Obtilia Eugenio

Ayer en la noche el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres presentó una denuncia penal por la desaparición de la integrante del órgano de gobierno, la defensora de derechos humanos indígena Obtilia Eugenio Manuel, ante la Fiscalía General del Estado.
Una fuente cercana del gobierno indicó que a las 12 de la noche estaban concluyendo el trámite en las oficinas de la FGE en Chilpancingo, mediante la sindicatura de Seguridad Pública, aunque el caso ya fue  denunciado por sus familiares ante la Fiscalía General de la República. (Redacción).

Pide diputada del PRD a gobiernos federal
y estatal la búsqueda de Obtilia Eugenio

Recuerda Perla Edith Martínez que la activista indígena había recibido amenazas de muerte desde noviembre. Impide Morena en el Congreso exhorto directo a AMLO para atender el caso de las estancias infantiles

 

Rosalba Ramírez

Chilpancingo

La diputada local del PRD, Perla Edith Martínez Ríos, exigió a los gobiernos federal y estatal establecer los mecanismos necesarios para dar con el paradero de la activista indígena Obtilia Eugenio Manuel, miembro del Consejo Municipal de Ayutla de los Libres y de la Organización de los Pueblos Indígenas Me Phaa (OPIM).
Después de su intervención por el día de la Mujer Mexicana, la diputada recordó en tribuna que la activista indígena está desaparecida desde la mañana del martes y que se perdió comunicación con ella en el tramo carretero Tierra Colorada-El Ocotito.
“Esta activista había recibido amenazas de muerte desde el pasado mes de noviembre”, informó.
La noche del martes el padre Alejandro Solalinde denunció la desaparición de la activista y su acompañante la mañana de ese día.

La protesta

Durante la sesión del Congreso se aprobó por unanimidad el exhorto de la diputada priista Aracely Alvarado González al gobierno federal para que clarifique el diagnóstico del Programa Nacional de Estancias Infantiles, “y si del análisis realizado resultan irregularidades, que se aplique todo el rigor de la ley a los responsables”.
El exhorto original era al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se modificó a a propuesta de la diputada de Morena Nilsan Hilario Mendoza para que se hiciera directamente a la titular de la Secretaría de Bienestar, “manteniendo y fortaleciendo la operatividad del programa para cumplir con la función.
Cuando llegó el turno de que el exhorto se leyera en el pleno, las responsables de estancias infantiles que hasta el año pasado eran subsidiadas por el gobierno federal irrumpieron en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del estado para exigir que el programa continúe.
Las responsables de las estancias infantiles fueron dirigidas hasta afuera de la sala José Francisco Ruiz Massieu (donde sesiona la comisión permanente) por la diputada panista Guadalupe González Suástegui.
Cuando las manifestantes cruzaron el cerco de seguridad, lo hicieron poniendo por delante a una de las responsables que está embarazada, de esa manera pretendían que los guardias no las detuvieran. Sin embargo, no las dejaron ingresar.
La diputada panista después tuvo que salir para pedirles a las manifestantes que no entraran protestando a la sala porque impedirían que se leyeran las propuestas de exhorto y se podría suspender la sesión.
Finalmente al pleno entraron siete responsables de estancias, que reviraban lo que los diputados de Morena mencionaban de la corrupción en la entonces Secretaría de Desarrollo Social y el programa de estancias.
En la discusión, Alfredo Sánchez Esquivel, de Morena, les dijo que esperaran a que se publicaran las reglas de operación a finales de febrero, porque podrían darse cambios y sugirió que los diputados que ahora apoyan a las responsables de las estancias lo hacen de forma hipócrita.
Por su parte Araceli Alvarado criticó que en otras entidades los delegados federales están coadyuvando en el problema e interviniendo para que el apoyo no sea retirado, pero en Guerrero Pablo Amílcar Sandoval no está interesado en el tema.
El perredista Bernardo Ortega Jiménez dijo que las protestas son culpa del gobierno federal que ha dado “bandazos un día dice una cosa y después otra. El dijo que iban a desaparecer de manera gradual”.
Ortega Jiménez afirmó que no subía a tribuna de forma hipócrita, si no que él conoce y le ha dado seguimiento a las estancias y afirmó que “nos engañaron”, en referencia al gobierno federal. Finalmente pidió “no descalificar mejor fortalecerlas”.
Mientras que el priista Cervando Ayala Rodríguez pidió “no satanizar los programas que se crearon con mucha nobleza. No podemos estar generando encono ni ofendernos ante reclamos justos”.
La panista presentó una propuesta de exhorto de urgente y obvia resolución a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, para que realicen las acciones necesarias para dotar de mayor suficiencia presupuestaria en el Presupuesto Modificado para el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras durante el ejercicio fiscal 2019 y evitar su desaparición, que fue aprobado.

Presentan su policía ciudadana de autodefensa pueblos azotados por la violencia en la sierra

 

Más de 800 vecinos de pueblos de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco), Eduardo Neri (Zumpango) y Heliodoro Castillo (Tlacotepec) marcharon ayer en Campo de Aviación, Chichihualco, donde presentaron su Policía Ciudadana de Autodefensa para protegerse de grupos criminales que han irrumpido en esta zona amapolera, informaron vía telefónica pobladores de Filo de Caballos.
En la movilización participaron 300 policías ciudadanos que portaron playeras verde olivo, rifles y algunos armas largas AR-15 y AK-47, según la fuente.
A la una de la tarde los habitantes se congregaron en la entrada de la comunidad Campo de Aviación y se dirigieron en marcha a las canchas de basquetbol, los participantes portaban playeras verde olivo con la leyenda “Policía Ciudadana Municipio de Leonardo Bravo” y “Policía Ciudadana Sierra”.
Un vecino de Filo de Caballos quien se reservó su nombre comentó que la movilización fue para presentar a los integrantes de la Policía Ciudadana de Autodefensa, que cuidará a los pueblos de los tres municipios ante los hechos de violencia en esa zona amapolera.
Dijo que la actividad fue debido a que las comunidades no contaban con apoyo del gobierno estatal y federal a los que les exigieron instalar una base militar y de la Policía Estatal en Filo de Caballos o en Campo de Aviación, para resguardar a los pueblos ante la amenaza de nuevos ataques.
Dijo que después de los ataques que hubo en Corralitos y Filo de Caballos, han notado el abandono de las autoridades para brindar seguridad, y por eso crearon la Policía Ciudadana de Autodefensa que funcionará de manera independiente de otras organizaciones y de los gobiernos federal y estatal.
“Hoy (ayer) llegaron policías estatales y militares a brindar seguridad en la sierra, también participará nuestra policía que los acompañará a ellos a donde ocurrieron los hechos de violencia, para que tengan coordinación y hagan un buen trabajo”, declaró la fuente.
Agregó que la llegada de la marcha a la comunidad de Corralitos fue para refrendar el apoyo a los pobladores que aún viven ahí, porque la mayoría de las familias huyeron tras el reciente enfrentamiento armado, donde fueron asesinados tres hombres, entre ellos el comisario.
Explicó que en la Policía Ciudadana de Autodefensa participan adultos mayores, mujeres y jóvenes de unas 20 comunidades de los municipios Leonardo Bravo (Chichihualco), Eduardo Neri (Zumpango), Heliodoro Castillo (Tlacotepec), y conforme pasan los días se incorporarán otras localidades.
En la marcha participaron vecinos de Tepozonalco, Iyotla, Carrizal, La Escalera, La Laguna, Tres Cruces, Mirabal, Torre Camotla, Filo de Caballos, Campo de Aviación, Corralitos, Puentecillas, Izotepec, Los Morros, Mirabal, La Laguna y Xochipala, informó.
El lunes más de mil vecinos de 23 pueblos de los municipios de Chichihualco, Zumpango, Tlacotepec y Chilpancingo marcharon en este pueblo y anunciaron la creación de la Policía Ciudadana de Autodefensa.
En la zona amapolera entre Chichihualco y Tlacotepec han ocurrido hechos de violencia por la disputa por el control del trasiego de droga.
El sábado y el lunes de la semana pasada en Corralitos y cerca de Filo de Caballos hubo asesinados en hechos distintos: tres en la primera localidad y uno en la segunda.

 

El gobierno no negocia la aplicación de la ley, dice Gobernación al obispo

El gobierno “no negocia la aplicación de la ley”, responde Navarrete Prida al obispo

Agencias Proceso y Reforma

Ciudad de México

El gobierno mexicano “no negocia la aplicación de la ley”, dijo este lunes el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, en respuesta a las declaraciones del obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien dio a conocer que el viernes se reunió con un jefe del narcotráfico y que éste se comprometió a no realizar actos violentos durante el proceso electoral en Guerrero.
Entrevistado después de inaugurar la sala Jorge Carpizo, en el Museo de las Constituciones, el funcionario federal declaró: “El gobierno mexicano no negocia la aplicación de la ley y no hay posibilidad alguna de que eso ocurra. No es un tema dubitativo, las leyes se acatan y se cumplen”.
Y sobre el problema del narcotráfico en territorio guerrerense, añadió: “Sí tenemos un problema en Guerrero, sí ha habido temas con candidatos en materia de seguridad, sí ha habido ejecuciones en una zona cercana a Chilpancingo que es Chilapa, y sí tenemos obligación de entrar a esos lugares y aplicar la ley. No el uso desmedido de la fuerza, sino poner a disposición de un juez a quien la haya infringido”.
De acuerdo con el obispo Salvador Rangel Mendoza, el pasado 30 de marzo subió a la sierra de Tlacotepec, para “agradecer” a un jefe de la delincuencia organizada dedicada al narcotráfico su decisión de restablecer el servicio de agua y luz para los habitantes del poblado de Pueblo Viejo, municipio de Heliodoro Castillo, lugar donde dos bandas delincuenciales mantienen una confrontación por el control de las zonas de producción y trasiego de goma de amapola.
Dijo que a petición suya, el jefe del narcotráfico le prometió que su organización no matará candidatos, y que hizo el compromiso de bajar el nivel de violencia en la sierra y no interferir en el proceso electoral, pero planteó dos condiciones: “que los candidatos no repartan dinero para comprar el voto, sino que realicen obras en la Sierra, y que cumplan sus promesas de campaña porque la gente está molesta ante la indiferencia gubernamental y política”.
Agregó: “Ellos hicieron ese compromiso conmigo y espero que lo respeten, yo espero que sí”.
Navarrete Prida reaccionó ayer a la declaración del obispo: “Vi declaraciones en medios, no conozco el contexto. Desde luego se ha estado en contacto con la Conferencia del Episcopado Mexicano y con el arzobispo primado de México.
“Habrá que ver cuál es el contexto en el cual ocurrieron estas declaraciones, lo que es un hecho es que gobierno mexicano no negocia la aplicación de la ley, no es un tema dubitativo, las leyes se acatan y se cumplen”, dijo el funcionario federal.
Sin pronunciarse sobre la legalidad del encuentro del prelado, Navarrete dijo que en la medida en que todos cumplan la ley y generen gobernabilidad en un marco del derecho, abonan a tener un país mejor.

Ningún pacto con criminales; están fuera de la ley,
dice Evodio

Mariana Labastida

El alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, consideró que los pactos no deben  caminar en impunidad, corrupción ni fuera de la ley, en respuesta a la declaración del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, de que se reunió con un capo, quien le prometió que su grupo no matará candidatos.
“Yo no estaré de acuerdo en buscar un diálogo al respecto, creo que el tema debe de ser muy claro y preciso”, dijo el alcalde, quien recalcó que lo más importante es que funcionen las instancias institucionales de seguridad, procuración de justicia, investigación e inteligencia.
Velázquez Aguirre expuso que se debe de llamar a la ciudadanía a que entienda que el actual proceso electoral es importante para el país porque pueden cambiar muchas cosas en México y lo importante es estar preparados, y que el proceso electoral sea un encuentro cívico y responsable donde los ganadores representen dignamente a México.
“Yo creo que no es un tema de pacto, el pacto no debe de caminar en impunidad ni corruptelas ni tampoco fuera de la ley. Lo más importante es que funcionen las instancias institucionales de seguridad, de procuración de justicia, de investigación, de inteligencia, marina, Ejército. Tenemos que hacer un llamado a la población, dentro de ese llamado están todos los que hacemos sociedad”.

También se reuniría con líderes de la delincuencia si se lo pide el gobierno, dice el rector de la UAG

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, dijo que si el gobierno le pide de manera institucional reunirse con líderes de la delincuencia, lo haría para que dejen de matar a universitarios y reveló un nuevo plagio de un trabajador en el Campus Llano Largo, de Acapulco.
En declaraciones luego de la firma del convenio con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el rector reiteró que la institución ha perdido a más de 30 universitarios en cinco años.
Saldaña Almazán informó que hasta ayer no le habían precisado si el joven asesinado, el viernes en la Alameda de Chilpancingo, era estudiante de la institución. “El dato que salió –el nombre– lo metimos a los datos de la Universidad y no arrojó que fuera miembro de la institución”.
Lamentó el homicidio del joven y expresó que en el caso de que no fuera universitario, eso no quiere decir que no se hagan acciones para que la situación de inseguridad vaya mejorando en el país.
Saldaña Almazán también dio a conocer que las familias de los 30 universitarios asesinados han sido indemnizadas. Un reportero le insistió en la cantidad de dinero que la UAG destinó a cada familia, pero el rector expresó que por falta de garantías de seguridad no lo diría.

Rechazan PRI, PAN y MC el acercamientodel  obispo con jefe del crimen organizado

Jacob Morales, Rosalba Ramírez, Lourdes Chávez

Chilpancingo

Los dirigentes estatales del PRI, PAN y MC, reprendieron al obispo de la diócesis Chilpancingo–Chilapa, Salvador Rangel Mendoza y coincidieron que no se debe de pactar con el narco en el estado.
En tanto el presidente del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta, se dijo respetuoso de las opiniones de todos los sectores, e hizo un llamado a que el proceso electoral se desarrolle en las mejores condiciones sociales posible y en lo que marque la ley.
“Como Institución religiosa merece nuestro respeto como la merecen con los que convivimos de manera frecuente como los partidos políticos”, sostuvo, pero no quiso abundar en el tema, pese a la insistencia de los reporteros.

Apegarse a la ley: PRI

Para el presidente del PRI en el estado, Heriberto Huicochea Vázquez los partidos deben estar apegados al marco de la ley, sin pactar con grupos delictivos. En consulta telefónica, indicó que el PRI se ha mantenido “ajeno” a las declaraciones del obispo, porque estimó que son “consideraciones muy personales”.
Indicó que lo conveniente es marcar una ruta de trabajo en materia de seguridad, y se deslindó de la denuncia de compra o coacción de voto y dijo que para eso está la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a la cual pueden recurrir los ciudadanos.
Y dijo que respeta la opinión del prelado católico, “ellos son autónomos, y pueden hacer lo que mejor les convenga. Lo que no podrían hacer es establecer estos mecanismos de coordinación (con los narcotraficantes), o como se pueda llamar fuera del marco legal”.
Aceptó que hay violencia en la sierra y abandono de de parte de las autoridades, como lo han señalado el obispo, asociaciones de derechos humanos y de productores, pero hay que alentar prácticas en el marco del derecho y analizar lo que ocurre en la región.
Reconoció que una de las acciones pendientes es la constitución de la Sierra como octava región.

Recordar al obispo sus facultades: MC

Mientras el delegado nacional de Movimiento Ciudadano (MC) en Guerrero, Adrián Wences Carrasco, afirmó que la Secretaría de Gobernación (Segob) debe reconvenir lo declarado por el obispo y recordarle hasta dónde tiene facultades para realizar reuniones con capos y hacer declaraciones “que parecen ocurrencias”.
Consultado por teléfono, el delegado de MC en Guerrero cuestionó al obispo porque no declaró con qué grupo de la delincuencia organizada se reunió, porque recordó que tan solo el territorio de Acapulco es disputado por decenas de bandas al igual que el resto de las regiones del estado.
Entonces dijo que ante las declaraciones y las acciones del obispo, “se tiene que meditar una intervención de la Secretaría de Gobernación, porque puede ser muy loable, de muy buena fe pero está fuera de la ley”.
Calificó también como inaceptable que el obispo como representante religioso “se siente a negociar algo tan delicado como es esto” y arremetió contra el religioso: “la ley debe aplicarse parejo, y la Constitución dice claramente hasta dónde están las funciones de un sacerdote o representante de cualquier culto religioso, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.
Adrián Wences lamentó que el obispo no tome en cuenta “o se haya enterado” que existe un pacto por la seguridad y que el gobierno del estado entregó a los partidos políticos un mapa de riesgo, como medidas para prevenir hechos violentos relacionados al proceso electoral.
Sin embargo, la presentación del mapa fue un mecanismo para informar a los partidos cuales son las zonas de mayor violencia y establecer coordinación durante los recorridos de los candidatos en campaña, pero no para terminar con la violencia en esas zonas.
Pero para el delegado de MC, la presentación del mapa de riesgo es una “muestra de la intención del gobierno para que se pueda transitar con toda tranquilidad, pero este señor (el obispo) al margen de todo esto está negociando y ya negoció con un grupo y no informa cuál es”.
Wences Carrasco dijo que la Segob debe intervenir porque el obispo “transgrede los límites de lo que dispone la ley” y consideró que “pone en una situación muy delicada al gobierno federal, porque tiene que intervenir y reconvenir”.
Insistió que el religioso se está “metiendo en un terreno que no le corresponde, porque nosotros (los políticos) no vamos a oficiar misa, tenemos claro cual es el limite de cada quien”.

Que gobierno no retome la propuesta:?PAN

Por su parte el presidente estatal del PAN, Marco Antonio Maganda Villalva, agradeció la preocupación del obispo Rangel Mendoza, pero “no lo comparte”, además recordó que el gobierno del estado no debe de negociar con cualquier persona que haga cosas ilícitas.

 

Rechazan PRI, PAN y MC el acercamiento del obispo con jefe del crimen organizado

Los dirigentes estatales del PRI, PAN y MC, reprendieron al obispo de la diócesis Chilpancingo–Chilapa, Salvador Rangel Mendoza y coincidieron que no se debe de pactar con el narco en el estado.
En tanto el presidente del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta, se dijo respetuoso de las opiniones de todos los sectores, e hizo un llamado a que el proceso electoral se desarrolle en las mejores condiciones sociales posible y en lo que marque la ley.
“Como Institución religiosa merece nuestro respeto como la merecen con los que convivimos de manera frecuente como los partidos políticos”, sostuvo, pero no quiso abundar en el tema, pese a la insistencia de los reporteros.

Apegarse a la ley: PRI

Para el presidente del PRI en el estado, Heriberto Huicochea Vázquez los partidos deben estar apegados al marco de la ley, sin pactar con grupos delictivos. En consulta telefónica, indicó que el PRI se ha mantenido “ajeno” a las declaraciones del obispo, porque estimó que son “consideraciones muy personales”.
Indicó que lo conveniente es marcar una ruta de trabajo en materia de seguridad, y se deslindó de la denuncia de compra o coacción de voto y dijo que para eso está la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a la cual pueden recurrir los ciudadanos.
Y dijo que respeta la opinión del prelado católico, “ellos son autónomos, y pueden hacer lo que mejor les convenga. Lo que no podrían hacer es establecer estos mecanismos de coordinación (con los narcotraficantes), o como se pueda llamar fuera del marco legal”.
Aceptó que hay violencia en la sierra y abandono de de parte de las autoridades, como lo han señalado el obispo, asociaciones de derechos humanos y de productores, pero hay que alentar prácticas en el marco del derecho y analizar lo que ocurre en la región.
Reconoció que una de las acciones pendientes es la constitución de la Sierra como octava región.

Recordar al obispo sus facultades: MC

Mientras el delegado nacional de Movimiento Ciudadano (MC) en Guerrero, Adrián Wences Carrasco, afirmó que la Secretaría de Gobernación (Segob) debe reconvenir lo declarado por el obispo y recordarle hasta dónde tiene facultades para realizar reuniones con capos y hacer declaraciones “que parecen ocurrencias”.
Consultado por teléfono, el delegado de MC en Guerrero cuestionó al obispo porque no declaró con qué grupo de la delincuencia organizada se reunió, porque recordó que tan solo el territorio de Acapulco es disputado por decenas de bandas al igual que el resto de las regiones del estado.
Entonces dijo que ante las declaraciones y las acciones del obispo, “se tiene que meditar una intervención de la Secretaría de Gobernación, porque puede ser muy loable, de muy buena fe pero está fuera de la ley”.
Calificó también como inaceptable que el obispo como representante religioso “se siente a negociar algo tan delicado como es esto” y arremetió contra el religioso: “la ley debe aplicarse parejo, y la Constitución dice claramente hasta dónde están las funciones de un sacerdote o representante de cualquier culto religioso, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.
Adrián Wences lamentó que el obispo no tome en cuenta “o se haya enterado” que existe un pacto por la seguridad y que el gobierno del estado entregó a los partidos políticos un mapa de riesgo, como medidas para prevenir hechos violentos relacionados al proceso electoral.
Sin embargo, la presentación del mapa fue un mecanismo para informar a los partidos cuales son las zonas de mayor violencia y establecer coordinación durante los recorridos de los candidatos en campaña, pero no para terminar con la violencia en esas zonas.
Pero para el delegado de MC, la presentación del mapa de riesgo es una “muestra de la intención del gobierno para que se pueda transitar con toda tranquilidad, pero este señor (el obispo) al margen de todo esto está negociando y ya negoció con un grupo y no informa cuál es”.
Wences Carrasco dijo que la Segob debe intervenir porque el obispo “transgrede los límites de lo que dispone la ley” y consideró que “pone en una situación muy delicada al gobierno federal, porque tiene que intervenir y reconvenir”.
Insistió que el religioso se está “metiendo en un terreno que no le corresponde, porque nosotros (los políticos) no vamos a oficiar misa, tenemos claro cual es el limite de cada quien”.

Que gobierno no retome la propuesta:?PAN

Por su parte el presidente estatal del PAN, Marco Antonio Maganda Villalva, agradeció la preocupación del obispo Rangel Mendoza, pero “no lo comparte”, además recordó que el gobierno del estado no debe de negociar con cualquier persona que haga cosas ilícitas.

 

Marchan 3 mil ciudadanos en Teloloapan, paralizan la ciudad y cierran la carretera para exigir seguridad

Más de 3 mil policías comunitarios de la Tecampanera, del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), de la autodefensa de Cuetzala, comerciantes, transportistas, amas de casa y niños marcharon la mañana de ayer en esta cabecera municipal, hicieron un mitin en el Zócalo y paralizaron la ciudad con dos bloqueos en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que seguían hasta las 11:50 de la noche.
Las autodefensas de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, municipios de la zona Norte que colindan con la región de Tierra Caliente, pidieron a los gobiernos del estado y la federación que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, quien envió a transportistas a bloquear la carretera este lunes cuando supo que la comunitaria tecampanera iba a protestar.
Acusaron al priista de proteger al grupo criminal La Familia Michoacana, al que responsabilizan de los secuestros, levantones, asesinatos y extorsiones ocurridos en esa región.
Fuentes del movimiento informaron que comunitarios de Teloloapan desarmaron a policías estatales alrededor de las 6 de la tarde, no se precisó a cuántos pero según esta versión los agentes quisieron pasar el bloqueo del lado de Iguala y les quitaron las armas.
La protesta de ayer fue también para exigir seguridad, paz y tranquilidad a los gobiernos estatal y federal, la presentación con vida de los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan, y la llegada de la Marina y la Policía federal.
Reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores que en un año de gobierno no ha cumplido su promesa de campaña de llevar paz a este municipio.

La marcha

A las 11:20 de la mañana más de 3 mil comunitarios salieron en marcha del crucero el Caracol en la desviación hacia el municipio de Apaxtla y la carretera hacia Iguala, a unos 300 metros del retén militar.
Caminaron por la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano y entraron al Zócalo por la avenida Club de Leones a la plaza Eutimio Pinzón del Zócalo, frente al Palacio Municipal donde hicieron un mitin.
El contingente era encabezado por mujeres que cargaban una lona con el texto: “Los ciudadanos de Teloloapan apoyamos a los comunitarios en la lucha por la paz y la tranquilidad de Teloloapan”. También se leyeron cartulinas en las que se pide paz y tranquilidad al gobierno y otras: “Ya no queremos más secuestros, extorsiones ni levantones”.
La mayoría iba armada con rifles, pistolas, retrocargas y escopetas de bajo calibre, algunos con chalecos tácticos y antibalas, con carrilleras de cartucho de las armas usadas, radios de comunicación y pocos llevaban el rostro cubierto.
En el recorrido algunos comunitarios armados detuvieron para su revisión a personas que vieron grabando o tomando fotografías con teléfonos celulares, a los cuales cuestionaban el motivo y ante la sospecha de que fueran halcones (informantes) de la delincuencia.
Se demandó al gobierno estatal que presente con vida a los tres herreros secuestrados el viernes en la comunidad de Totoltepec, Teloloapan contratados por el Ayuntamiento y por quienes los delincuentes piden 2 millones de pesos de rescate.
Ante la movilización de comunitarios y la amenaza de una irrupción de sicarios de La Familia Michoacana que se difundió en redes sociales, unas 30 escuelas, 2 mil comercios, el mercado municipal, los bancos, gasolineras y el transporte público de la cabecera suspendieron actividades, lo que dejó las calles desiertas durante el día.

El alcalde de Arcelia tiene vínculos con la delincuencia, denuncian

En el mitin en el Zócalo frente al Ayuntamiento uno de los oradores de la policía Tecampanera, que omitió su nombre, pidió a los gobiernos estatal y federal que se investigue al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán.
“Exigimos la investigación de las autoridades del municipio cercano de Arcelia donde ha sido el presidente municipal quien ha coordinado las acciones para repeler cualquier situación que perjudique a ese cártel (La Familia Michoacana), porque es de la delincuencia organizada”, señaló.
“Ya no más secuestros, ya no más extorsiones, exigimos la investigación del presidente de Arcelia que es quien coordina las acciones para poder repeler cualquier acción que atente en contra de los intereses del grupo delictivo asentado ahí”, insistió.
Demandó una policía efectiva “un Ejército que actúe, una Policía Estatal que verdaderamente coadyuve en los esfuerzos que hacemos los ciudadanos porque a Teloloapan lo está cuidando el mismo Teloloapan”.
Pidió que se instalen bases de la policía y del Ejército en las comunidades de Totoltepec y Alahuixtlán, esta última pegada al municipio de Ixcapuzalco y que son considerados en este momento por los comunitarios las zonas de mayor riesgo.
Dijo que las policías comunitarias asentadas en los municipios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan han dado muchos más resultados que las corporaciones policiacas y militares en varios años.
Advirtió al gobierno estatal y federal que no dejarán las armas y seguirán defendiendo a sus familias y lo que es de ellos.
Otro comunitario que tomó el micrófono criticó al gobierno de Héctor Astudillo Flores “que se comprometió a traer paz para Guerrero y hasta el momento no la veo, y creo que nadie de los que está aquí vivimos en paz”.
Dio a conocer que hace poco más de tres meses en una propiedad de su familia fueron hallados los restos de dos cuerpos, de los cuales creen que uno es de su cuñado. Lamentó que desde ese tiempo el gobierno estatal ni el federal mediante la Procuraduría General de la República (PGR), hayan emitido los dictámenes periciales para confirmar si son o no los restos de su familiar secuestrado en Teloloapan.
Uno más dijo al gobernador que “ya no queremos sus despensas, sus migajas y su frijol podrido, queremos que nos mande seguridad, que nuestros hijos se paseen en las calles y que sean dignos de ir al mercado porque las mujeres ya no quieren salir por miedo”.
Otro de los oradores expuso que en Teloloapan todas las familias, al menos uno de sus integrantes, han sido víctimas de la delincuencia organizada con un secuestro, extorsión, asesinato o desaparición, “ya basta, de Teloloapan no van a llevarse a nadie más”.
Exhortó al gobierno estatal y federal a que “intervengan en este municipio y rescaten con vida a los compañeros que nos han quitado de nuestro municipio”.
Criticó la falta de resultados del Ejército y dijo que no necesitan “damas de compañía” en las operaciones porque “las palmadas en la espalda y las bendiciones nos las dan nuestras familias y Dios… necesitamos que actúen con nosotros y que nos apoyen en esta lucha que como pueblo hemos emprendido. Teloloapan ya no quiere más desaparecidos, no quiere secuestros ni extorsiones, queremos un pueblo en paz”.

El Bloqueo

Al anunciar los bloqueos a la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano en las salidas hacia Iguala y Arcelia, uno de los oradores y coordinadores de la comunitaria Tecampanera advirtió que estos serían permanentes y por tiempo indefinido “hasta que el gobierno del estado envíe una mesa de negociación, hasta tener acuerdos firmados en papel, ya no más promesas del gobierno del estado de que nos van a venir a apoyar, el día de hoy necesitamos compromisos claros y que podamos contar ya con la presencia de la Marina y de la Policía Federal para que ayuden y coadyuven en este esfuerzo ciudadano”.
A la 1:30 de la tarde unos mil comunitarios dispersos en cuatro puntos bloquearon la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano en el tramo de Teloloapan a Arcelia, a unos 500 metros de la cabecera municipal, cerca de la entrada a la brecha de terracería que lleva a la comunidad La Magdalena, que según los pobladores es ocupada por el grupo criminal para colocar retenes, secuestrar y extorsionar.
Otro grupo cerró en la salida a Iguala a poco menos de un kilómetro antes de llegar a la cabecera municipal, cerca del retén militar.
En ambos bloqueos cerraron la circulación vehicular con camionetas particulares, algunas blindadas y con el uso de camiones de carga que pasaron por el lugar y que atravesaron en la carretera. Sólo se permitía el paso a ambulancias y vehículos con personas enfermas.
En el bloqueo los inconformes exigieron presencia de funcionarios del gobierno del estado para firmar una minuta de acuerdos, en la que se comprometan a garantizar la seguridad en el municipio, a enviar soldados de la Marina y policías federales porque no hay Policía Municipal ni Estatal, y “el Ejército no actúa”.
Ante los bloqueos decenas de vehículos particulares, del transporte público y de carga quedaron varados en la salida hacia Iguala y hacia Arcelia.
Uno de los comunitarios consultado a las 11:50 de la noche informó que el cierre de la carretera federal continuaría hasta tener una respuesta por escrito del gobierno del estado a su pliego de peticiones.
Informó que ya estaban en pláticas con un funcionario del gobierno del estado y estaban dejando pasar cada dos horas a algunos de los vehículos varados.

Destituyen al MP federal con presuntos nexos con el narco, dice el alcalde de Arcelia




El alcalde de Arcelia, Nicanor Adame Serrano informó ayer que fue removido el agente de Ministerio Público federal adscrito en Coyuca de Catalán, a quien había señalado junto con el comandante de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de tener vínculos con el narcotráfico.
Dijo que antes de esa destitución, funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), acudieron al Ayuntamiento para pedir “más información” sobre sus declaraciones; aunque aclaró que no fue en términos de “comenzar una investigación”.
Hace ocho días, el 28 de abril, en una reunión de seguridad regional, Adame Serrano pidió que se enviara una carta al titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca para solicitar la destitución tanto del agente del MP federal como del comandante de la AFI en Coyuca, por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Entrevistado ayer por reporteros en la antesala de la oficina del gobernador Zeferino Torreblanca, a donde acudió para invitarlo a la inauguración de una red de agua potable que fue rehabilitada, indicó que hace un par de días, tras su denuncia, funcionarios de la PGR “fueron a buscarme al Ayuntamiento, pero su visita fue en términos de pedirnos información, no en términos de investigación”.
Dijo le llevaron un oficio “para notificarme que se iba a atender la denuncia, pero nada así como una línea de investigación en mi contra”. Abundó que en ese escrito “me dijeron que si se requería de información, que ellos estaban dispuestos a que yo la diera, pero nada en una línea de investigación”, reiteró.
Indicó que posterior a esa visita tuvo conocimiento de que el agente señalado había sido destituido de ese cargo; dijo que la actual relación con el nuevo MP federal “es buena” a diferencia del anterior, “con quien ni siquiera tuvimos relación, ni buena, ni mala, con el que está ahorita hay buena relación”.