Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido y el coordinador del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Policía Ciudadana, Ernesto Gallardo, también asesinado, encabezan una asamblea en Tierra Colorada el 24 de noviembre de 2013, en los albores de la organización Foto: Archivo de El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El controvertido, temerario y a veces atrabancado dirigente indígena Bruno Plácido Valerio fue fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 1995, de la que por diferencias con el entonces coordinador Pablo Guzmán Hernández, salió en el 2010 para crear el 24 de enero del 2011 la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social.
La organización surgió exclusivamente para la gestoría social y la defensa de los usuarios de la Comisión federal de Electricidad (CFE) en la región de la Montaña, que se quejaban de las altas tarifas de la paraestatal.
Sin embargo, el 6 enero del 2013, Plácido Valerio se convirtió en el líder del primer grupo de autodefensa en Guerrero, cuando irrumpió en la cabecera municipal de Ayutla con aproximadamente 500 indígenas y mestizos armados, para enfrentar al crimen organizado que, según dijo Bruno entonces, cometía secuestros, levantaba y cobraba cuotas a los comerciantes y transportistas de la región.
El dirigente indígena denominó al grupo de civiles armados Policía Ciudadana de la UPOEG y la uniformó con playeras verdes similares a las de la Policía Comunitaria de la CRAC, la diferencia eran las siglas SSyJC (Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana) que regía a la autodefensa de la UPOEG.
Plácido Valerio, indígena na’ savi de 54 años nació el 4 de marzo de 1969 en Azoyú, donde estudió hasta la secundaria. Después, a los 24 años, tras contraer matrimonio, se fue a vivir a algún lugar de la región de la Montaña.
En 1993 llegó a radicar a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. En una entrevista para El Sur contó que era diciembre y traía una camioneta “y algo de dinero” para instalar una tienda de abarrotes, lo que le sirvió para darse cuenta, dijo, de que la gente de la región no sólo era pobre, sino explotada y robada por los delincuentes.
Fue así que se involucró con otras autoridades agrarias y municipales de la región de la Montaña y la Costa Chica, entre ellos el Padre Mario Campos, para fundar la Policía Comunitaria de la CRAC.
Por su activismo, Plácido Valerio fue detenido y torturado durante dos días en el gobierno del priista René Juárez Cisneros junto con el padre Mario Campos y otras autoridades de la CRAC.
El dirigente indígena se convirtió en uno de los más polémicos y controvertidos dirigentes del movimiento social en Guerrero a partir de que formó la Policía de la UPOEG y su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana en enero del 2013, primero en Ayutla y después se amplió a 12 municipios de la región de la Costa Chica e incluso llegó en el 2014 y 2015 al Valle del Ocotito y hasta Petaquillas, municipio de Chilpancingo.
Sin embargo, en el 2016 surgió una división y un grupo de dirigentes encabezados por Salvador Alanís, ahora líder de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, a la que se señala de tener vínculos con el grupo delictivo de los Tlacos, constituyeron el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y desplazó a la UPOEG que después sólo recuperó el control en El Ocotito.
Plácido Valerio fue señalado en su momento de que fortaleció a la UPOEG a partir del 2012 con el respaldo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La retención de militares en El Pericón
Encabezada por Plácido Valerio, desde su fundación la Policía Ciudadana se vio involucrada en acciones temerarias.
En agosto de 2013 miembros de la UPOEG y policías ciudadanos armados retuvieron durante dos días en El Pericón, municipio de Ayutla, a 100 militares en respuesta a la detención y el desarme por los soldados de cinco miembros de la autodefensa.
También retuvieron durante tres horas a funcionarios de primer nivel del gobierno del estado y federal que habían ido a negociar la liberación de los soldados. Ellos fueron el entonces secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo; el procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera y el operador político del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre.
Además, al delegado de la entonces PGR Salvador Anaya del Carmen y al delegado de Gobernación federal Juan Salgado Brito. La liberación de los militares y de los funcionarios ocurrió hasta que se convino una reunión de la dirigencia de la UPOEG con el gobernador Aguirre Rivero.
El 18 de mayo 2014, policías ciudadanos de la UPOEG atacaron al convoy de la entonces alcaldesa panista de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, en uno de los retenes de la autodefensa en esa cabecera municipal, lo que derivó en un enfrentamiento y dos de los escoltas de la presidenta resultaron heridos.
El 7 de mayo del 2022, elementos de la Marina fueron retenidos y amenazados por integrantes de la autodefensa. “La verdad pensábamos manearlo y colgarte del puente carnal, pero por el presidente municipal (Lincer Casiano Clemente) que es nuestro amigo y de nuestra banda, vamos a dejar esto así·, le dijo al mando de los militares el comandante de la UPOEG Jesús Calleja, Chucho Calleja.
El jefe de la Policía Ciudadana fue detenido el 28 de junio con seis de sus elementos, después de un enfrentamiento con militares y efectivos de la Guardia Nacional que participaron en la detención.
La detención del jefe de la autodefensa, generó bloqueos en diferentes puntos de Acapulco y la carretera hacia la Costa Chica.
El declive de la Policía Ciudadana
El 3 de agosto del 2022, integrantes de la policía de la UPOEG atacaron a balazos a la caravana del ahora ex vicefiscal Ramón Celaya Gamboa, cuando se desplazaba en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, cerca de Tres Palos en Acapulco, dejando como saldo dos presuntos agresores heridos, uno de ellos que murió dos días después y otros tres detenidos.
A partir de entonces la Policía Ciudadana de Plácido Valerio marcó su declive, semanas después fue replegada del corredor desde Acapulco hasta Marquelia donde mantenía el control.
El 9 de agosto, Plácido Valerio fue detenido en Chilpancingo por agentes ministeriales por robo específico y daños, hechos que habían ocurrido desde el 2016 en Tlapa por un conflicto agrario entre comuneros de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec, y Buenavista, de San Luis Acatlán, donde Plácido Valerio había fungido como comisariado de Bienes Comunales. El dirigente social fue liberado bajo fianza dos días después.
El 17 de noviembre del año pasado, cuatro coordinadores de la organización, Octavio Maganda Gallardo, Angélica Cruz López, Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo desaparecieron al salir de una asamblea en Acapulco en la que habían asumido el cargo y hasta la fecha sigue sin saberse de su paradero.
Plácido Valerio había declarado que en el último año al menos 40 coordinadores, comandantes regionales y de ruta de la Policía Ciudadana habían sido asesinados o desaparecidos para descabezar, replegar y desaparecer a la organización desde el Gobierno estatal y desde la Fiscalía General del Estado, ahora encabezada por militares.
En reiteradas ocasiones denunció en los últimos meses que las autoridades estatales y federales habían iniciado una persecución en contra de la organización social en vez de actuar en contra del crimen organizado.
El 13 de julio pasado, el activista encabezó una asamblea en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, a donde asistieron 80 autoridades de la Costa Chica que acordaron reactivar a la Policía Ciudadana de la UPOEG, “ante el avance de los grupos delictivos en las comunidades indígenas”.
El acuerdo se tomó tras un enfrentamiento una semana antes en Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa, que dejó un saldo de ocho muertos; cuatro miembros de la Policía Ciudadana y cuatro presuntos integrantes del crimen organizado.
Apenas el domingo pasado otro de los fundadores de la UPOEG, Carlos González Olivar, originario de San Marcos, fue asesinado frente a su familia cerca del mercado de esa cabecera municipal.
El dirigente victimado ya se había retirado de la agrupación y recientemente había salido de la cárcel acusado por el delito de homicidio, que según sus compañeros, no cometió.
Con el asesinato de Plácido Valerio, ocurrido la tarde de ayer, quedó descabezada y desarticulada totalmente la organización y su grupo de autodefensa.
Plácido Valerio contaba con medidas de seguridad; una camioneta blindada y el resguardo de una patrulla de policías estatales a partir del atentado que sufrió el empresario de Chilpancingo Pioquinto Damián Huato el 28 de enero del 2014, en el que murió la nuera del empresario, Laura Rosas Brito, en tanto que Damián Huato y su hijo resultaron heridos cerca de El Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo.
El atentado ocurrió después de que regresaban de una reunión en El Ocotito en la que Damián Huato y Plácido Valerio señalaron al entonces alcalde Mario Moreno Arcos de tener vínculos con los grupos delictivos que operaban en Chilpancingo y en el Valle del Ocotito.
Sin embargo, las medidas de seguridad con las que contaba el ahora finado se las retiró la Secretaría de Seguridad Pública estatal al inicio del actual Gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, informaron ayer fuentes de la agrupación.
Carlos González Olivar acababa de salir de prisión y fue asesinado frente a su esposa y algunos de sus familiares el domingo
Uno de los fundadores de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Carlos González Olivar fue asesinado la noche del domingo en el mercado de San Marcos, informaron ayer miembros de esa organización.
El dirigente social, quien ya se había retirado de la agrupación y del activismo por un padecimiento de diabetes y luego de un encarcelamiento del que acababa de salir libre, fue asesinado frente a su esposa y algunos de sus familiares a las 7 y media de la tarde del domingo.
González Olivar de 54 años había sido acusado de un asesinato “que no cometió”, recordaron miembros de la UPOEG, quienes dijeron que tenía apenas meses de haber salido libre.
Además de haber sido uno de los fundadores de la UPOEG, en el 2015 fue candidato a la alcaldía de San Marcos por el Partido Humanista, ya desaparecido.
Fuentes de la agrupación a la que perteneció informaron que cuando se encontraba con su familia llegaron gentes de un grupo armado y lo asesinaron.
En la noche el dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapa (Cipog-EZ), Jesús Placido Galindo responsabilizó de la muerte al gobierno del estado, dijo que las autoridades saben cómo y dónde operan los grupos armados en Guerrero, y no actúan para contenerlos o eliminarlos.
Dijo que Carlos Olivar fue un luchador social y defensor de derechos humanos en la entidad.
Mencionó que desde el 2012 y 2013 “alzó la voz y las manos para defender a los hermanos afromexicanos”, cuando se levantaron los grupos de autodefensa en la Costa Chica para defender a los pueblos de los grupos delictivos.
Informó que tenía menos de un mes de que había salido libre después de casi un año de haber estado en la cárcel, acusado por el delito de homicidio que no cometió, “y que le fue fabricado por el gobierno municipal de San Marcos”.
Informó que desde el año pasado cuando los gobiernos federal y estatal desmantelaron la UPOEG en la región de la Costa Chica, él se había retirado de la agrupación, además de que padecía de diabetes.
“Nosotros repudiamos esos actos cometidos por grupos del crimen organizado que son tolerados por el gobierno”, señaló.
Demandó justicia y que el crimen se esclarezca, además de que se investigue al alcalde perredista de San Marcos, Tomás Hernández Palma y a sus funcionarios del área de seguridad “porque ellos saben cómo se mueve la delincuencia y no hacen nada”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
Asistentes a la asamblea de este domingo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, votan para reactivarse ante “el avance de los grupos delictivos en las comunidades” Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acordó en una asamblea ayer en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, reactivarse ante “el avance de los grupos delictivos en las comunidades” y luego del enfrentamiento ocurrido la semana pasada en Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa.
También acordó movilizarse el 9 de agosto en Chilpancingo para exigir a los tres órdenes de gobierno respeto a la organización y coordinación en materia de seguridad y justicia.
En declaraciones por teléfono, el dirigente de la organización, Bruno Plácido Valerio, informó que asistieron a la asamblea 80 autoridades de los municipios de la Costa Chica, que acordaron reactivar el sistema de las policías de la UPOEG “para hacer frente a la violencia e inseguridad”.
Dijo que acordaron iniciar asambleas en todos los municipios de la Costa Chica donde tiene presencia la organización para irla reactivando en los pueblos donde se habían replegado.
“El acuerdo es que la UPOEG va a entrar en todos los municipios y pueblos en donde se le requiera”, informó, aunque aclaró que esto no será de inmediato, sino que será un proceso.
Pero por lo pronto añadió que se reactivará en Tecoanapa y en Ayutla.
En Buenavista, municipio de Tecoanapa, la semana pasada policías de la UPOEG se enfrentaron con integrantes de un grupo delictivo con resultado de ocho muertos: cuatro de la UPOEG y cuatro del grupo delictivo, además de cuatro heridos; tres de la UPOEG y una mujer que circunstancialmente pasaba por el lugar del enfrentamiento.
“Nos vamos a ir reactivando donde la gente lo vaya pidiendo y vaya asimilando el problema de la violencia”, explicó el dirigente de la UPOEG.
Informó que las autoridades de las comunidades que se reunieron pidieron a la dirigencia de la organización que exija al gobierno respeto al sistema comunitario, y que en todo caso haya coordinación, “porque no podemos seguir viviendo perseguidos, mientras los grupos delictivos van penetrando en los pueblos indígenas”.
La Policía Ciudadana de la UPOEG comenzó a replegarse en los pueblos de la Costa Chica en julio del año pasado después de la detención de ocho de sus miembros, entre ellos el comandante de Marquelia Jesús Calleja, El Chucho.
Esa detención derivó en otras, además de enfrentamientos con elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en la carretera de Acapulco a Marquelia y en noviembre se dio la desaparición en Acapulco de cuatro de sus integrantes, entre ellos el coordinador Octavo Maganda Gallardo.
“Nos persiguieron, (el gobierno) y detuvieron a los compañeros porque decían que éramos nosotros los generadores de la violencia, por eso nos replegamos, y ya ven el problema de la violencia no se ha resuelto, va creciendo en nuestros pueblos, entonces vamos a volver a reactivarnos”, advirtió Plácido Valerio.
Informó que también acordaron participar en una movilización el 9 de agosto en Chilpancingo, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para manifestar su postura con respecto a la defensa de los de los derechos de los pueblos en materia de seguridad.
“Se aprobó la movilización para manifestar nuestra inconformidad y se dará a conocer nuestro manifiesto para exigir respeto del Estado a las comunidades y al derecho que tenemos como pueblos indígenas”.
Pobladores de la comunidad de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, bloquean la carretera federal Acapulco-Ciudad de México la tarde de ayer con un tráiler y otros vehículos para exigir una mesa de diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda Foto: El Sur
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Vecinos de El Ocotito, municipio de Chil-pancingo, bloquearon ayer la carretera federal México-Acapulco para exigir una mesa de diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la liberación del comandante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Deivy Barrientos Salazar, detenido en Puebla el pasado 13 de febrero en posesión de drogas y armas.
El comisario municipal Julio César Almanza Castro aseguró que en días pasados ingresaron a la localidad la Guardia Nacional y de la Policía Estatal que pretendían desarmar a su policía, pero confirmaron que no eran de la fuerza pública, y aseguró que hay zozobra en el pueblo y por ello bloquearon la carretera.
Ayer pobladores informaron que fueron citados a las 4 de la tarde a una reunión en la explanada de la Comisaría Municipal.
Según una ficha informativa del gobierno del estado, a las 5 de la tarde aproximadamente 250 ciudadanos encabezados por el comisario municipal, Julio César Almanza Castro acordaron en una reunión trasladarse a un costado de la carretera federal México-Acapulco, para retener a cualquier unidad de seguridad de los tres órdenes de gobierno que transiten por esa vía para exigir la liberación de José Deivy Barrientos Salazar.
Según la ficha del gobierno estatal “la mayoría de los ciudadanos no apoya dicha protesta, sólo unas 50 personas simpatizantes” de Deivy Barrientos.
En redes sociales de Internet circuló que se convocó a taxistas, maestros, comerciantes y ciudadano para bloquear la carretera para pedir la libertad del comandante detenido en Puebla por portación de armas y drogas, y que quienes no asistieran pagaría una cooperación voluntaria, además se informó que las escuelas y el comercio se suspenderían.
Vía telefónica el comisario municipal informó que en días pasados ingresaron a la localidad carros de agentes de la Guardia Nacional “que no son, ya fuimos a hablar con el Ejército y no son ellos, ayer (jueves) se metieron (a la comunidad) carros de la (Policía) Estatal que tampoco son estatales, hablé con el gobierno del estado y no son estatales, entonces sí está la zozobra del pueblo de qué está pasando entonces”.
Contó que el jueves también tuvo una reunión con funcionarios de la SSP en un restaurante de El Ocotito, donde pidió refuerzos para la seguridad.
Relató que incluso los supuestos agentes de la Guardia Nacional intimidaron a mucha gente, “la paraban muy groseros, no era la forma de hacer su trabajo, entonces recibimos muchos reportes de la ciudadanía el día de ayer (jueves) y nos dimos a la tarea de ir a ver el Ejército aquí a la base y nos dijeron que ellos no habían mandado ninguna camioneta de la Guardia, que ellos nada más tienen una”.
“Por la tarde el (funcionario de) gobierno que vino quedó de darme solución que me iba a mandar refuerzos, eran como las 8 de la noche cuando vimos seis camionetas que ya estaban activas de la (Policía) Estatal, entraron y querían desarmar a la Policía Comunitaria de aquí del pueblo, estábamos en la Comisaría en una reunión, esa es la situación”.
Dijo que este viernes hubo una reunión del pueblo en la que él informó de lo ocurrido, pero “me llegó la gente y pues decidieron bloquear por los resultados de la información que se les dio de las camionetas, yo tengo que informarle a mi comunidad”.
Agregó que el bloqueo inició a las 5:30 de la tarde y que a las 8:30 de la noche en que se dio la entrevista telefónica ninguna autoridad había llegado a El Ocotito para resolver el bloqueo, sólo se comunicó con él por teléfono el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, “para preguntarme qué situación estaba pasando, yo le dije que yo no puedo controlar al pueblo”.
Dijo que en las redes sociales circulaba que él estaba convocando al bloqueo, lo que negó, y argumentó que él informó a las autoridades lo que estaba pasando, “pero ya ahorita anda la noticia amarillista que el comisario está convocando, yo no estoy convocando a nada y si quieren pueden venir y que comprueben, que constaten”.
Afirmó que en la población no dejaba de circular una camioneta del Ejército, pero intervino, “para que los dejaran pasar, para que llevaran el mensaje al gobierno del estado de que queremos una mesa de diálogo, nosotros no pedimos otra cosa más que eso”.
Se le preguntó si se estaba solicitando la liberación del fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Ocotito, Deivy Barrientos Salazar, y respondió que “se tocó en la reunión de pueblo, yo tenía que informar cuál es la situación, qué estaba pasando para que la información no se tergiverse, y ellos dijeron que se bloqueara todo y se suspenden escuelas, comercio, un relajo”.
Julio César Almanza aseguró que pidió ayuda al gobierno estatal porque “este problema ya no lo puedo solucionar”, y reiteró que se suspenderá toda la actividad económica y educativa, y que todo está bloqueado en la localidad.
Contactado por teléfono, el segundo comisario quien se identificó como Juan, expuso que la situación es tensa, que la ciudadanía se estaba organizando para bloquear durante la noche la carretera federal, hasta que algún funcionario de los tres niveles de gobierno llegara.
Aseveró que lo único que exigen es una mesa de diálogo en la que “se puedan tratar muchos asuntos de varios problemas de seguridad del pueblo, porque queremos la seguridad que estaba antes”.
Dijo que “cuando estaba el comandante (Deivy Barrientos Salazar) todo estaba tranquilo y ahorita se siente el temor, la gente, la policía está firme, está puesta, pero se siente el temor de muchas maneras que vayan a entrar otras personas a hacer su relajo o algo”.
Se reforzó la vigilancia en carreteras, dice Seguridad Pública
A las 6:41 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó en un comunicado que, “como parte de la estrategia integral en acciones de paz y prevención, autoridades civiles y militares ha reforzado su presencia en las principales vialidades carreteras de la entidad, como parte de acciones preventivas tras la detención en el estado de Puebla de un objetivo prioritario en Guerrero”.
Añadió que “esta estrategia tiene por objetivo prevenir posibles acciones como bloqueos carreteros o manifestaciones de civiles incitados por grupos de la delincuencia organizada, que pudieran desestabilizar o afectar el libre tránsito de la ciudadanía”.
“Con esta estrategia coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía General del Estado se da atención y seguridad a visitantes y la ciudadanía”, dice el comunicado, el cual no hizo referencia a El Ocotito, y precisó que se trataba de un “objetivo prioritario detenido en Puebla”, como ocurrió con Deivy Barrientos Salazar.
El 13 de febrero la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que el comandante de la UPOEG fue detenido cuando circulaba por la carretera federal Puebla-Tehuacán, a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350, y al revisarlo le hallaron, “62 bolsas de aparente cristal, un arma de fuego calibre .380 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles (sin los permisos correspondientes), así como 5 mil 500 pesos en efectivo”.
Añade que Deivy Barrientos es “identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal” y su detención se dio luego de “labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina”, es relacionado con diversos hechos delictivos en Guerrero y es señalado de tener vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”.
Además en agosto de 2022 tras el asesinato en Chilpancingo de Fredid Román Román, sus familiares señalaron como autor intelectual al comandante de la UPOEG José Deivy, quien en una conferencia de prensa negó haber participado en el asesinato del periodista.
Pobladores contactados vía telefónica informaron a las 10:20 de la noche que el bloqueo continuaba y que se mantendría hasta que la gobernadora morenista o funcionarios de su gobierno acudan a una mesa de diálogo.
El 23 de enero el comandante de la autodefensa de la UPOEG en Ocotito, José Deivy Barrientos Salazar, durante su mensaje en el noveno aniversario de la creacio?n de su policía Foto: Lenin Ocampo Torres
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
El líder comunitario del Ocotito e integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Deivy Barrientos Salazar fue detenido en el estado de Puebla.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que el comandante de la UPOEG fue detenido cuando circulaba por la carretera federal Puebla-Tehuacán, a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350.
“Al hacerle una revisión encontraron 62 bolsas de aparente cristal, un arma de fuego calibre .380 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles (sin los permisos correspondientes), así como 5 mil 500 pesos en efectivo”, según el boletín.
La SSP menciona que José B. es “identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal” y su detención se dio luego de “labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina”.
Al momento de la detención estaba acompañado de una mujer identificada como Betzaira Monserrat L. y ambos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.
El boletín indica que de “acuerdo con el análisis de información, el detenido está relacionado con diversos hechos delictivos en el estado de Guerrero y tenía vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”.
José Deivy Barrientos fue fundador junto a Salvador Alanís Trujillo de la autodefensa en el valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, que se armó para combatir al grupo delictivo de Los Rojos y se unió en enero del 2014 a la UPOEG.
Luego de diferencias con el líder estatal de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, Alanís Trujillo fundó en noviembre del 2015 el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Gue-rrero (FUSDEG) y el segundo al mando era Deivy Barrientos.
En noviembre del 2016 el FUSDEG sufre una división y Deivy Barrientos se vuelve a unir a la UPOEG para desplazar al grupo que encabezaba Salvador Alanís, quien posteriormente en el 2018 fundó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.
En agosto del año pasado fue asesinado en Chilpancingo Fredid Román Román y sus familiares señalaron como autor intelectual al comandante Deivy, quien posteriormente en una conferencia de prensa negó haber participado en el asesinato del periodista.
La última aparición pública de José Deivy Barrientos fue el 23 de enero, cuando encabezó la marcha del noveno aniversario de la UPOEG en el Ocotito.
Este año sí se llevará a cabo la credencialización de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para depurar y transparentar su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, indicó el dirigente indígena, Bruno Plácido Valerio.
Consultado en la Secretaría General de Gobierno donde estuvo acompañado por delegados y representantes de la organización, indicó que se reunieron con el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, para restablecer el diálogo sobre los lineamientos de coordinación a fin de que gobierno y comunidades tengan control del sistema.
Recordó que a mediados del año pasado había avances para iniciar el proceso de la credencialización pero la Fiscalía General del Estado (FGE) “llegó con otra visión y comenzaron los problemas”, dijo en referencia la ejecución de órdenes de aprehensión contra policías comunitarios desde agosto pasado, incluido él quien fue detenido en la capital y enviado al penal de Tlapa acusado de robo en 2016 en esta ciudad, aunque fue liberado 24 horas después porque prescribieron los delitos.
Placido Valerio señaló que en la Secretaría General de Gobierno están retomando la mesa de trabajo para “identificar, clarificar y transparentar quiénes son los que integran el sistema comunitario”.
Estimó que la credencialización va a permitir la regulación e identificación de sus integrantes en cada comunidad.
“Lo que estamos construyendo ahora es poner sentido en la seguridad y después abordar diferentes temas de trabajo, porque también hay una omisión del gobierno estatal y del Congreso del Estado, que no ha aprobado la ley de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo.).
El comandante de la autodefensa de la UPOEG en Ocotito, Deivy Barrientos Salazar, durante su mensaje en el noveno aniversario de la creación de su policía que nació para combatir la delincuencia en el Valle del Ocotito.Abajo, pobladores marchan en apoyo a la policía de esa organización Fotos: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Ocotito, Chilpancingo
La policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, celebró el noveno aniversario de su fundación con una marcha en la carretera federal México-Acapulco, a la que se sumaron comerciantes, transportistas y vecinos de la localidad.
Más de 300 personas, la mayoría con playeras o camisas y globos blancos, encabezadas por policías ciudadanos que portaban cadenas blancas de papel colgadas al cuello, marcharon de la entrada, al sur de la población, a la explanada de la comisaría municipal, donde participaron en un mitin.
En ese lugar, las autoridades locales, encabezadas por el comisario municipal, Julio César Almanza Castro, rindieron un homenaje a los nueve policías asesinados en estos nueve años, y se dio a conocer una reseña de esa policía.
La policía ciudadana de la UPOEG inició en el valle de El Ocotito, la comunidad más grande de Chilpancingo, el 23 de enero de 2014, en medio de un ambiente de asesinatos, secuestros, extorsiones y cobro de piso por parte de la delincuencia organizada.
En entrevista, el comandante y fundador de la corporación, Deivi Barrientos Salazar, informó que en nueve años fueron abatidos por el crimen organizado nueve policías de la UPOEG y un “sinnúmero” han resultado heridos, “algunos de gravedad y otros sólo con rozones”.
Sin embargo, declaró que “sólo organizados pudimos darle seguridad a nuestras familias, porque todos sabemos cómo está nuestro estado, en Acapulco y Chilpancingo a diario hay muertos, y nosotros no queremos eso para nuestro pueblo”, dijo.
Explicó que aquí, en ese pueblo, viven sus familias “y por ellas queremos que nuestro pueblo esté tranquilo, mientras nuestro pueblo lo quiera, va a seguir habiendo policía ciudadana”.
Barrientos Salazar aseguró que a diferencia de hace nueve años, ahora viven “sumamente diferente. Hace nueve años no podíamos salir a las calles, nuestras esposas y nuestros niños no podían salir libremente, porque les faltaban al respeto, raptaban a nuestros amigos, a la gente que miraban que era solvente, los secuestraban, los atemorizaban y los extorsionaban vía telefónica o presencialmente”, recordó.
Dijo que, en cambio, ahora tienen permanente comunicación con los comerciantes y que estos tienen sus números de teléfono personal, igual que el de la comisaría municipal, para que les llamen ante cualquier situación de riesgo, “y ellos (los ciudadanos) nos llaman cuando se ven en peligro. Hacemos recorridos para tener un mejor control de nuestro pueblo”, explicó.
Insistió en que ahora la situación “es tranquila”, aunque dijo que siguen las amenazas de los grupos delictivos.
Informó que actualmente el que quiere incursionar en El Ocotito es el grupo de Tlacotepec, pero que “hay gente de allá que nos informa y nos avisa cuando se organizan para venir a este lado. Así que siempre vivimos pendientes”.
Barrientos Salazar reconoció que la policía de la UPOEG ha sido infiltrada en algunos pueblos, pero aseguró que no en El Ocotito.
“Nosotros estamos conscientes que la organización es muy grande y reconocemos que hay muchos pueblos que están infiltrados por el crimen organizado. Hay muchos pueblos que su policía no es de ahí, y para que funcione como policía (sus integrantes) tienen que ser del pueblo, vivir en el pueblo y tener familia en el pueblo, para que puedan hacer las cosas bien”.
Aseguró que los policías que se encargan de la seguridad en El Ocotito, “todos somos de aquí” y que sus actuaciones se basan en los acuerdos de asamblea. Dijo que aunque pertenecen a la UPOEG, “cada pueblo y cada representante es autónomo y responsable de lo que hace”.
Admitió que la UPOEG ha sido infiltrada por los grupos delictivos, sobre todo en el corredor de Costa Chica a Acapulco “y aunque somos independientes, sentimos que eso nos está afectando”.
Explicó que por eso los policías que han querido la paz para sus pueblos y no se han alineado, los han matado o desaparecido, “por eso, nosotros tratamos de estar en comunicación constante con la ciudadanía, con nuestros comisarios y con los comités de cada sector, porque aquí es el pueblo el que solventa a la policía”, sostuvo.
Puso como ejemplo la desaparición del comandante regional Octavio Maganda, quien desapareció en noviembre pasado, junto con otros tres miembros de la UPOEG.
“Sabemos que apenas pasó un evento en Costa Chica, con nuestro compañero Maganda, quien se estaba impulsando para agarrar las riendas (de la UPOEG) en Costa Chica, pero yo creo que no se organizó bien, no se alineó y ahora lo tenemos desaparecido. Esos son golpes anímicos para los compañeros que realmente quieren hacer las cosas bien”, declaró.
En este ambiente de persecución, repliegue y desmantelamiento de la agrupación, tanto por los grupos delictivos como por el gobierno, informó que el coordinador general Bruno Plácido Valerio se encuentra delicado de salud, por su padecimiento de diabetes, que lo ha alejado “un poquito” en las últimas semanas.
A Plácido Valerio no se le ha visto en público desde diciembre pasado y este lunes no participó en la celebración del noveno aniversario de la entrada de la policía ciudadana al valle de El Ocotito, como sí lo hizo hace nueve años, cuando encabezó la movilización.
En la marcha de este lunes, algunos niños portaron pancartas con mensajes como “viva la paz, viva la policía comunitaria”; “marcha por la paz de El Ocotito. Gracias policía comunitaria”, “apoyo total a la policía comunitaria” y “viva El Ocotito, viva nuestra policía comunitaria”.
En todas las pancartas se escribió: “policía comunitaria”, aunque formalmente esta es parte del Sistema de Seguridad y Justicia, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Durante el mitin, el comandante Deibi Barrientos se refirió brevemente al diferendo que existe con la policía del pueblo vecino, de Buenavista de la Salud, también del municipio de Chilpancingo, donde el viernes pasado se informó que el grupo de autodefensa pasó a formar parte de la CRAC de los Pueblos Fundadores (PF), que en las comunidades de Chilapa se coordina con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
Barrientos Salazar dijo: “Un pueblo vecino, hace unos días, se quitó la playera de la UPOEG y se puso la del Cipog. Además, invita a los ciudadanos a que pertenezcan a su sistema. Nosotros invitamos a los ciudadanos a que le demos educación a nuestros niños, no que los armemos como lo han hecho ellos”, dijo en referencia a que el Cipog-EZ y la CRAC-PF de Chilapa y Ayahualtempa, municipio de Hueycantenango, han capacitado y armado a los niños para que forman parte de su policía, para la defensa de sus pueblos y familias.
“Nosotros no traemos esa terapia, al contrario, vamos a respetar siempre la decisión del pueblo. Mientras el pueblo nos respalde, vamos a seguir las decisiones de nuestra asamblea”, dijo en el mitin el comandante.
Dijo que tampoco van a deponer las armas porque una presidente municipal o una gobernadora se los pida, “porque así como fuimos elegidos nosotros, así fue elegida nuestra gobernadora, nuestra presidente municipal y nuestro presidente de la República”.
El comisario municipal, Julio César Almanza, agradeció a los policías por la protección a la población.
Criticó: “Mientras los caciques están en sus casas descansando, estos hombres están arriesgando su vida, a pesar de que no saben si al otro día van a regresar vivos. Mientras, algunos ciudadanos se sienten conchas en sus casas”, reprochó.
A petición del comisario municipal, se depositó en la puerta de la comisaría municipal una corona, simbolizando los laureles “y la luz para las familias (de los policías caídos) que perdieron a un ser querido”. Con ello, explicó, se rendía homenaje a los policías “que cayeron por defender a su pueblo”.
Los cuatro integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de Cruz Grande, entre ellos el comandante de la Policía Ciudadana, Octavio Maganda Gallardo, cumplieron ayer siete días desaparecidos.
El dirigente de esa organización, Bruno Plácido Valerio declaró por teléfono que ayer los integrantes de la agrupación suspendieron la búsqueda y las acciones que tenían programadas por falta de dinero para la gasolina, debido a que el gobierno estatal “ni para eso nos apoya”.
Maganda Gallardo, Angélica López Cruz, Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo cumplen este jueves ocho días desaparecidos.
El 17 de noviembre asistieron a una reunión de la UPOEG en Barra Vieja para tomar acuerdos respecto a las actividades de la organización, y después de las 2 de la tarde que salieron del lugar del encuentro sus familiares perdieron contacto con ellos.
Ayer la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno, “continúan los trabajos para la búsqueda y localización por tierra y por vía aérea, de Octavio “N”, Angélica “N”, Antonio “N” y Diego “N”, víctimas de desaparición por los hechos ocurridos el 17 de noviembre sobre la carretera Acapulco-Lomas de Chapultepec, a la altura del poblado de Barra Vieja, en la ciudad y puerto de Acapulco”.
La dependencia informó que ayer un equipo multidisciplinario de búsqueda integrado por elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, agentes de la Policía de Investigación Ministerial de la coordinación regional Acapulco, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, así como de la Comisión Estatal de Búsqueda, y de la Guardia Nacional continuaron la búsqueda, “con el apoyo de un binomio canófilo y un dron”.
Agrega que “apegados al protocolo homologado de búsqueda de personas, el personal de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas realizó un recorrido por las comunidades de San Juan Pesquería, Cruz Grande, Boca del Río y el Médano para localizar a los cuatro desaparecidos”.
Sin embargo, dirigentes de la UPOEG informaron por teléfono que ayer ya no se observó movimiento de las corporaciones federales y estatales como si se vieron del sábado al martes.
En tanto que los integrantes de la agrupación suspendieron sus actividades que había programado por falta de recursos.
En tanto, familiares del comandante Maganda Gallardo informaron que están convocando a sus familiares, amigos y pobladores de Cruz Grande, de donde es originario, a que participen en una movilización el sábado a fin de exigir a las autoridades que agilicen las búsquedas y su presentación con vida.
Familiares del estudiante de la Escuela Superior de Artes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Darwin Raymundo Miranda, y habitantes de la comunidad de Buena Vista, municipio de Chilpancingo, anunciaron que marcharán hoy para exigir el esclarecimiento del asesinato del joven y castigo para los policías que no le facilitaron recibir atención médica.
Darwin Raymundo nació el 1 de octubre de 1991, tenía 25 años de edad, junto con sus hermanos Milton y Cristopher Antonio, y su padre, Antonio Barrientos Santos, formó un grupo de música norteña, Explosión norteña, en el que tocaba el acordeón.
Estudiaba el tercer año en la escuela de Artes, en 2018 se habría graduado.
En su casa, en Buena Vista, vecinos y familiares se reunieron a las 6 de la tarde para rezar el novenario, de acuerdo con su religión Católica. En su altar resaltan su retrato y su acordeón.
Su hermano menor, Milton Barrientos Miranda lo recuerda como un joven alegre que gustaba de sus estudios y trabajar para mantener a su hijo de 5 años de edad.
En entrevista, Milton Barriendos dijo que su familia y vecinos marcharán hoy hasta El Ocotito para exigir el esclarecimiento de la muerte de su hermano, quien no murió inmediatamente después de recibir impactos de bala el 24 de mayo en el bulevar Vicente Guerrero, en Chilpancingo, sino minutos más tarde ante la mirada de policías que no hicieron nada para salvarle la vida.
Recordó que supo de la muerte de Darwin Raymundo por medio de sus papás, y sobre el video que fue difundido en las redes sociales, en el que su hermano, aún vivo, trata de incorporarse sin recibir los primeros auxilios de los policías y agentes ministeriales, expresó que “es doloroso verlo, pero es clara la negligencia que hubo”.
Se inconforman con declaraciones del rector, que dijo que apoyó de manera económica a la familia
Adelantó que la marcha de hoy partirá a las 9 de la mañana del sitio de taxis de Buena Vista hacia El Ocotito, donde la familia Barrientos Miranda dará una conferencia de prensa para denunciar el asesinato de Darwin Raymundo, así como para expresar su inconformidad respecto de las declaraciones del rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, quien el viernes aseguró que apoyó de manera económica a la familia para pagar los gastos funerarios.
Aunque no explicó de qué forma la familia obtuvo el apoyo de la universidad, Milton Barrientos dijo que Saldaña Almazán no se comunicó de manera directa con ningún miembro de su familia.
Precisó que hoy la familia Barrientos Miranda hará pública su inconformidad, pues desea que se castigue la negligencia de los policías que no asistieron a Darwin Raymundo, y que su muerte no quede impune.
Contó que la familia del estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia, Cristian Santiago Navarrete, quien fue asesinado el 13 de mayo durante los enfrentamientos entre el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Ocotito, se acercó a la familia Barrientos Miranda y se unirá a la marcha de hoy para exigir justicia para los universitarios.
Por último, Milton Barrientos agradeció el apoyo y la solidaridad de los universitarios que marcharon en Chilpancingo el jueves y el viernes, para exigir justicia para su hermano, quien cumpliría 26 años el próximo 1 de octubre.
