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Emboscó el FUSDEG a policías de la UPOEG en Mojoneras, Chilpancingo, dice Bruno Plácido

 

El coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio dijo que policías ciudadanos del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) emboscó a sus policías ciudadanos, que se encontraban en su base de Mojoneras, municipio de Chilpancingo.
Ayer en conferencia de prensa a las 3 de la tarde en un restaurante en Acapulco, Plácido Valerio declaró que luego del enfrentamiento convocará a reunión a las organizaciones porque va a reestructurar la estrategia de seguridad en las 17 comunidades de la Costa Chica, Xaltianguis, y parte del valle de El Ocotito.
Dijo que a las 4 de la madrugada llegaron grupos del FUSDEG y emboscaron a sus compañeros que estaban en la base de Mohonera, “hay un muerto y tres heridos, todo esto se da porque ellos no han respetado ningún acuerdo, vienen y tiran a cualquier persona que ven, y creo que a la Fiscalía (General del Estado, FGE) le corresponde informar”, declaró el coordinador de la UPOEG.
Agregó que también se enteró de que hay un policía ministerial muerto, “que ellos mismos (del FUSDEG) también mataron, y después levantaron al señor Seledonio, un materialista de Tierra Colorada, y es un grupo de personas que utilizan la membresía de Policía Comunitaria, pero son jóvenes que no tienen principios, ni respaldo”.
Se le recordó que el gobernador, Héctor Astudillo Flores había dicho en conferencia de prensa que eran dos muertos y tres heridos, a lo que Bruno Plácido respondió que, “es un muerto de parte de nosotros y tres heridos, es lo que tenemos nosotros. No puedo hablar por la Ministerial, porque ya le corresponde a la Fiscalía dar su información”.
Dijo que en las redes sociales, “se dice que hay un joven estudiante muerto, porque al pasar hay un asunto, son gente que están locos y tiran, pero no tienen porque tirar contra la población”.
Reprochó que, “no puedan poner orden, esperemos que con esto que está pasando, la población tome una decisión para expulsar a esta gente que anda armada, porque se supone que para garantizar la seguridad de la población, no se puede estar confrontando con la Policía Estatal, ni con nosotros, ni con nadie… Es un grupo que ahí está, y que se ha tolerado por parte del gobierno, pero no se ha podido resolver y ojalá que con este caso, que hay un muerto, se tenga que resolver definitivamente este conflicto”, puntualizó el coordinador .
Se le preguntó por qué se dan esos hechos con el FUSDEG, a lo que respondió, “nosotros, cuando ellos se replegaron, nosotros hemos respetado, pero si ustedes hacen un análisis, cuántas quejas hay en Tierra Colorada, y son gentes que por cualquier cosa luego actúan violento, matan, hay un desaparecido en Dos Caminos, que se desapareció en el río del puente que viene a Tecoanapa, de Omitlán”.
Abundó que ayer sábado, “le tiraron a cualquier persona, pararon a un materialista, paran a la judicial, no es el actuar de una policía normal, es una gente que no está dentro de lo normal, eso es preocupante, y vamos a reunirnos más tarde para ver que es algo de alto riesgo y buscar una nueva estrategia de acordonar la zona, y restablecer el orden”.

Son “grilla” las acusaciones del FUSDEG, dice Bruno Plácido y no responde a los señalamientos

El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio llamó a que las autoridades lo investiguen ante las acusaciones que hizo en su contra el coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo con respecto a su presunta alianza con el Cártel del Sur y Los Ardillos para controlar el corredor de Petaquillas a Xaltianguis.
Consultado vía telefónica, el dirigente de la UPOEG dijo que las acusaciones del coordinador del FUSDEG son “grilla”, y no quiso responder a los señalamientos en su contra, pues dijo que él está trabajando por la seguridad y el desarrollo de los pueblos donde tiene presencia la UPOEG, y que contestar a los señalamientos que le hacen es “perder el tiempo”.
En la última entrega que se publicó ayer en éstas páginas sobre la toma del control del grupo criminal de Los Ardillos en Petaquillas, que es la puerta a la capital del estado, y la división del FUSDEG y la UPOEG que trajo como consecuencia el desplazamiento del Frente del corredor Petaquillas-Xaltianguis, con excepción de Tierra Colorada, Salvador Alanís acusó al dirigente de la UPOEG de tener vínculos con el grupo criminal del Cártel del Sur y Los Ardillos.
Alanís Trujillo dijo en la entrevista para El Sur que la Policía Ciudadana de la UPOEG fue un engaño y que ya traía acuerdos con gente de cárteles “que iban a meter un cártel para sacar a otro” en ese corredor; además de que recibió de Juan Jaleaco Guevara, el líder del Cártel del Sur, 4 millones de pesos para que llevara 300 gentes, “entonces Bruno ahí es donde entra a la sierra y le hace el paro a Juan Jaleaco para sacar (de la Sierra) a los de la A (Ángel Arellano Villalobos); entonces, desde 2014 ellos pactaron ese acuerdo, y sí, empiezan a avanzar y a sacar a todos los que ya habían entrado del lado contrario”, aseguró Alanís Trujillo.
“No tengo nada que contestar contra alguien que sólo se basa en sospechas y no es la primera vez que dice cosas, por eso yo no tengo nada que decir de este tipo”, dijo al respecto Plácido Valerio.
Declaró que él trae un objetivo concreto, organizar a la población para la seguridad “y lo que se diga, que si soy narco, que si estoy vinculado, que lo compruebe ante la PGR (Procuraduría General de la República), ante quien él quiera, porque ya no podemos caer en una declaración de medios”, respondió enfadado.
Y se quejó: “ustedes también tienen que ser un instrumento para difundir cosas más positivas en las condiciones como está Guerrero, porque unos estamos viendo la forma de cómo resolver los problemas de tanto muerto que hay, y los medios hablando de estas cosas”.
–Pero en los hechos, ustedes, la UPOEG, tienen el control en el corredor Ocotito Xaltianguis, –insistió el reportero.
–No, no es control, allí estamos buscando alternativas a los conflictos. Pero yo no puedo contestarle a él, porque voy a perder mucho tiempo cuando los problemas están y rebasan todos los límites, y hay que ponerles atención. Entre todos tenemos que ver cómo hacerle.
Después, dijo que, “caer en la contestación nomás por contestar, es amarrar navajas sin fundamento”.
–No se trata de amarrar navajas, te buscamos porque es una acusación grave en tu contra.
–Sí, pero no puedo dar una contestación a este tipo, pues.
–¿Entonces, todo que quede así?
–No, sí, que él diga lo que quiera y que las autoridades nos investiguen, que hagan lo que tengan que hacer. Ya estamos cansados de tanta grilla y de esas cosas. No hay tiempo para la grilla, hay que ser más propositivos.

Queda un mes de vigencia a la Ley 701 que reconoce a la CRAC; pide que se ratifique

A un mes de que la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena quede sin efectos y pierda vigencia, las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) manifestaron su preocupación porque a partir del 16 de marzo quedarán indefensos, y ante la persecución del gobierno.
En la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, los coordinadores Joaquín Rentería Guevara, León Ponce, y el vocero Sabás Aburto Espinobarros llamaron al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, y a los diputados locales, a mantener la ley que reconoce los derechos y la cultura indígena, así como sus formas de seguridad en la Constitución.
Los integrantes de la CRAC señalaron que pese a que la ley será derogada y quedará “muerta”, la organización seguirá trabajando, como antes del 2011 cuando fue promulgada. Sin embargo son conscientes de que no tendrán ningún respaldo legal frente a las instituciones de justicia establecidas, es decir, el Estado los desconoce como autoridad y sus aprehensiones y reeducaciones serían un delito.
El coordinador Aburto Espinobarros dijo, “nosotros seguiremos operando, pero sin esa ley no se hubiera liberado a Nestora Salgado” y advirtió que si se deroga va a haber más problemas con los integrantes de la CRAC, “porque se van a facilitar órdenes de aprehensión en su contra, porque no va a haber una ley que los proteja”. Además se que podría aumentar la confrontación y la persecución del gobierno.
Mencionó que bajo la Ley 701 se exige la liberación de sus compañeros presos políticos,  Gonzalo Molina González, Arturo Campos y Samuel Ramírez, “en eso insistimos”.
Los coordinadores reclamaron que desde noviembre pasado acordaron con el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, una reunión con el gobernador antes del periodo vacacional de diciembre, y hasta ayer no se había concretado, ahí solicitarían mantener la Ley 701 sin cambios.
Además plantearían un presupuesto para equipar a todas las casas de justicia, porque hay muchas carencias en los policías comunitarios que cumplen una función de seguridad en las comunidades.
El 1 de febrero luego de una protesta en el Congreso local una comisión de la CRAC entregó a los diputados locales 164 actas para que la Ley 701 quede como está.

Conforman 14 organizaciones el Frente Indígena y Afromexicano de Guerrero para defender la Ley 701

 

Organizaciones del estado anunciaron la conformación del Frente Indígena y Afromexicano de Guerrero, para defender en conjunto la ratificación de la Ley 701 y la aprobación de la Ley General de Consulta con base en los tratados, convenios y declaraciones internacionales que ha firmado México.
A la conferencia de prensa acudieron representantes de las organizaciones que conforman el Frente, es decir, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), del Consejo para el Autodesarrollo Sustentable del Alto Balsas (CASAB), de Altepetl Nahuas de la Montaña, del Grupo Plural por la Igualdad de las Mujeres, de la Asociación de Mujeres Indígenas y Afromexicanas Radicadas en Acapulco (AMIARA), de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Nauasetiliskalpajmej, Se Ojtli Yankuik de Comunidades Indígenas de Chilapa, del Consejo de Damnificados de la Montaña, el Comité Promotor para la Creación de los cuatro Municipios Indígenas y Afromexicanos, Artesanos Indígenas de Guerrero (Artigro) y Organización de Indígenas Afromexicanos de Acapulco.

Acuerdan una agenda común

Expusieron que sus reuniones concluyeron en acuerdos comunes, como impulsar el Frente con una agenda común, con respeto a la autonomía y tener una agenda propia de las comunidades, pueblos y organizaciones; defender la ratificación de la Ley 701 del Estado de Guerrero y la aprobación de la Ley General de Consulta con consentimiento libre, previo e informado, esto como “techo mínimo” y punto de partida, concertándolas con los tratados, convenios y declaraciones internacionales.
Otra de las conclusiones fue dar respaldo total al cumplimiento de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que reconoce el procedimiento de los sistemas normativos en el municipio de Ayutla, para nombrar a sus autoridades municipales; asimismo, respaldar los procesos de remunicipalización en Guerrero, en Temalacatzingo, Santa Cruz del Rincón, San Nicolás y Las Vigas, dijeron que en ellos existen las condiciones para hacerlos según las regiones, corredores y contextos socioculturales, que permitan la participación de la población indígena y afromexicana, y al mismo tiempo fomenten e incorporen a las comunidades en los ayuntamientos.
Además, acordaron exigir la liberación de los presos políticos, entre ellos Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera, y un foro estatal de pueblos indígenas y afromexicanos, para reafirmar los acuerdos e iniciar un proceso de “armonización legislativa”.
Añadieron que continuará el cabildeo, las reuniones y una consulta propia, a través de propuestas que han hecho entre ellas.
En su intervención, el abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero manifestó que “los indígenas y no indígenas estamos desesperados por esta política pública que el gobierno federal ha estado impulsando, y hoy está aprobando varias iniciativas que han venido a afectar la economía, los principios, los derechos de los pueblos indígenas, por eso decidimos impulsar este frente para defender los derechos”.
El ex diputado federal y ex secretario de Asuntos Indígenas (SAI), Marcos Matías Alonso exhortó al Legislativo local a que cumpla con su responsabilidad, porque ha venido postergando el compromiso para concertar la Ley 701 y ya queda poco tiempo, pues el plazo se vence en marzo; demandó al Congreso del estado y a instancias superiores a que cumplan con la obligación que tienen con los indígenas y afromexicanos; además hizo un llamado al gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que les dé una audiencia para hablar de sus demandas.
Refirió que el gobernador anunció un plan de austeridad en el estado, y que espera que en esta política no se cometa el error de sacrificar más a los pueblos indígenas, “porque esta política de austeridad puede cerrarles ventanilla a ellos”, en asuntos de salud, educación, carreteras, apoyo agropecuario y que va a terminar castigando a los que siempre ha tenido castigados.
El líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio sostuvo, “yo creo que la parte importante no es tener la esperanza de los que nos representan, porque luego nos traicionan, creo que la parte fundamental aquí es organizar los sectores que son violentados, nuestros derechos como pueblos indígenas y afros, y también vamos a entrar en la defensa de los pueblos que no son indígenas”, porque al final también son víctimas, y que este Frente con una visión más integral cada día tienen que consolidarse, con respeto entre los integrantes.

Intenta la UPOEG entrar a Tierra Colorada a pesar de la tregua pactada, denuncia el FUSDEG

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) violó la tregua pactada el viernes, y la noche de ayer intentó ingresar a Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, denunciaron fuentes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
El intento de la UPOEG de ingresar a Tierra Colorada provocó la movilización de vecinos y de la Policía Comunitaria que recorrieron colonias, barrios y calles del centro de la ciudad. Al cierre de la edición, a la media noche de este sábado, la situación en Tierra Colorada era de alerta máxima.
De acuerdo con habitantes de Tierra Colorada, al menos ocho policías ciudadanos de la UPOEG fueron vistos, armados y rodeando los cerros de la cabecera municipal, cerca de la colonia Vista Alegre a las 6:30 de la tarde de ayer.
El FUSDEG y vecinos de Tierra Colorada formaron grupos de vigilancia la noche del viernes, compuestos de 12 integrantes, mujeres y jóvenes, para vigilar la cabecera municipal y reportar cualquier irrupción de la UPOEG.
Luego de que los vecinos que vigilaban la colonia Vista Alegre reportaron que integrantes de la UPOEG volvieron a entrar a Tierra Colorada, el FUSDEG convocó a una asamblea a las 7:30 de la noche, a la que asistieron unos 400 vecinos que se declararon en alerta máxima y acordaron continuar las rondas de seguridad.
A las 10:30 de la noche, los vecinos que participaron en la asamblea marcharon en la Tierra Colorada para manifestar su respaldo al FUSDEG, pues aseguran que la organización fue la que acabó con los crímenes en el municipio, y por ello, no permitirán la entrada de la UPOEG.
A través de la cuenta de la red social Facebook FUSDEG Juan R. Escudero-Tierra Colorada, se difundió un mensaje para denunciar que el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, rompió la tregua pactada el viernes en una reunión con el gobierno estatal.
En el mensaje se leyó: “A toda la población en general se informa que la UPOEG rompió los acuerdos que tomaron con Gobierno del Estado, la UPOEG está rodeando la cabecera municipal en las orillas de los cerros. La población se une para que la guardia civil se haga cargo de replegar a la Narco UPOEG, se hace responsable a Bruno Plácido y a Gobierno del Estado si los hombres armados de la UPOEG repelen sus armas de fuego en contra de la ciudadanía”.
También, “se harán recorridos a las orillas de los cerros y calles de cada una de las colonias, pedimos el apoyo de todo el pueblo en estos momentos, el cartel del sur ya está acechando. Apoyaremos a nuestros policías FUSDEG”.
El jueves pasado, los dos grupos se enfrentaron a balazos en la comunidad de Plan de Lima, Tierra Colorada, ante la intención de la UPOEG de entrar a la cabecera municipal.
El FUSDEG y la UPOEG se disputan desde octubre el corredor de Chilpancingo a Acapulco, en Petaquillas, El Ocotito, Tierra Colorada y Xaltianguis, lo que ha provocado movilizaciones y enfrentamientos armados, como el ocurrido el 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, que dejó siete muertos.
El FUSDEG ya fue desplazado de Petaquillas y El Ocotito pero tiene presencia en Tierra Colorada, a donde el jueves intentó entrar la UPOEG con armas de grueso calibre.

Encuentran una osamenta humana en Chilpancingo

La tarde de ayer fue encontrada una osamenta en un predio en la colonia Zimapa en el asentamiento San Juan al oriente de la capital.
Según fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la 1:37 de la tarde recibieron un reporte de que estaba un cuerpo cerca de la tienda Bodega Aurrerá en la colonia Galeana al norte de la ciudad.
Agentes de la Policía Municipal, estatal y ministeriales llegaron a la zona y les informaron que habían restos óseos en un predio en la mencionada colonia.
Según testigos, un hombre hacía limpieza en su predio y halló los restos óseos.
Trabajadores del Servicio Médico Forense (Semefo) recogieron los restos humanos, después fueron enviados para hacer las pruebas de ADN y ser identificados.
Las autoridades de la Fiscalía no precisaron  cuántos huesos recolectaron, además una perito se cayó al hacer las diligencias y fue atendida por paramédicos de Protección Civil (PC) estatal.

Analiza la Policía Ciudadana Independiente de Petaquillas integrarse a la Rural: comisario

 

El comisario municipal de Petaquillas, Mario Flores Castrejón dijo que analiza la propuesta del gobierno del estado para que la Policía Ciudadana Independiente de Petaquillas se integre como Policía Rural de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y se regularice.
El martes en su comparecencia ante el Congreso local, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame indicó que si no se convence a los policías comunitarios del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y a los de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de regularizarse e integrarse a la Policía Rural, se procederá a su desarme.
Consultado en la comisaria municipal de Petaquillas, el comisario Mario Flores Castrejón comentó que al surgir el movimiento de autodefensa en la comunidad, el 8 de noviembre, para brindar seguridad ante el conflicto entre el FUSDEG y la UPOEG por la disputa del territorio, la nueva Policía Ciudadana ha tenido la aceptación de la población.
Flores Castrejón señaló que, junto con la Policía Ciudadana de Petaquillas analizarán la propuesta de integrarse a la Policía Rural y regularse, “nuestros policías están trabajando bien; no han bajado los hechos delictivos en esta zona, por lo que tendremos que valorar si nos conviene la petición de gobierno estatal”.
Comentó que el gobierno del estado y el municipal no han atendido sus demandas para que envíe seguridad a la comunidad de Petaquillas, ubicada al sur de la capital, “lo cual fue el motivo de que los vecinos se armaran para proteger su integridad física”.
Agregó que tiene un registro de 30 policías ciudadanos que continúan con los recorridos de vigilancia y retenes de revisión en las entradas y salidas de Petaquillas, para atender delitos del fuero común, y que los delitos graves los atenderán las autoridades correspondientes.
Asimismo, se observó un retén de unos ocho policías ciudadanos en el puente peatonal en la entrada del fraccionamiento Zolamaitic, al sur de la capital, en la carretera federal México-Acapulco.
Hace 10 días, vecinos de Petaquillas que encabeza el comisario Mario Flores Castrejón bloquearon más de dos horas los dos carriles de la carretera federal a Acapulco, en la salida de Chilpancingo, para exigir que se quite el retén de la Policía Estatal y se instale uno de la Policía Ciudadana de la comunidad de Petaquillas.
Un día después, en Petaquillas surgió un nuevo grupo de autodefensa de hombres armados que se autodenominan Policía Ciudadana Independiente, y que se deslindó de la UPOEG y del FUSDEG, que se disputan el territorio en el corredor de Xaltianguis, en Acapulco, a Petaquillas, en el municipio de Chilpancingo.

 

La escasez de agua en la capital ha sido siempre, dicen vecinos, no comenzó con la toma de Acahuizotla

 

El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), Nabor Ojeda de la Peña informó que la toma del sistema Acahuizotla, que abastece al sur y al centro de la capital, provocó que se hicieran tandeos cada ocho, 10 o 15 días con agua de otros sistemas; sin embargo, en un recorrido vecinos manifestaron que comúnmente tienen agua cada 15 días o cada mes, pero que eso ha sido siempre.
Hace 14 días, pobladores de Acahuizotla encabezados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la organización Trabajando Unidos por Acahuizotla, el comisariado y la comisaría, tomaron el sistema para exigir la rehabilitación de calles, de la red de agua que inicia en Palo Blanco, la construcción de unas albercas en el río Revienta el Agua y el pago mensual de 10 mil pesos a la comunidad por el uso del sistema.
En consulta telefónica, Ojeda de la Peña dijo que pese a que ya se están cumpliendo algunos acuerdos, los vecinos no quieren liberar los pozos. Precisó que este martes inició la rehabilitación de la red, que ya se está llevando material de construcción y se están haciendo los estudios topográficos para construir las albercas.
Reconoció que, ante la falta del agua del sistema Acahuizotla, no hay suficiente abastecimiento al sur y centro de la capital, con el sistema Mochitlán, del que se extraen 300 litros por segundo, y el de Omiltemi, con 135 litros por segundo.
En un recorrido por el barrio de Tequicorral, en el centro de Chilpancingo, una vecina informó que durante todo el año el agua sólo les llega una o dos veces al mes.
En el barrio de Santa Cruz, también en el centro de la capital, vecinas dijeron que llevan 15 días sin agua, pero que siempre ha sido así, incluso dijeron que desconocían que estaba tomado el sistema de Acahuizotla y que les llegaba el agua de ahí.
Reconocieron que en temporada de lluvias es más frecuente que les llegue agua, en comparación con esta temporada.
En el también céntrico barrio de San Francisco, otro vecino manifestó que tiene agua una o dos veces al mes, lo que ha sido desde que tiene el servicio.
En las colonias Guerrero 200 y 20 de Noviembre, al sur de la capital, vecinos dijeron que regularmente tienen agua una vez cada 8 o cada 15 días.
Los vecinos coincidieron en que ante la carencia de agua tienen que comprarla en pipas, por las que pagan de 250 hasta 400 pesos, dependiendo de la capacidad.

 

Solicita el comisario de Petaquillas asesoría de la UPOEG para “resolver el conflicto” con el FUSDEG

 

El comisario de la comunidad de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, Mario Flores Castrejón informó que tras el agravamiento del conflicto en el pueblo tras la ejecución del comandante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Julio Alarcón Astudillo, solicitó el apoyo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para “tener asesoría de cómo resolver el conflicto y tener mayor seguridad en el pueblo”.
Señaló que el dialogo con la UPOEG fue un “primer acercamiento”, para tener su asesoría y solventar el conflicto con la Policía Comunitaria agudizado el 10 de septiembre, cuando ambos grupos se enfrentaron a balazos y golpes en Petaquillas, con un saldo de siete retenidos de ambos bandos.
Asimismo, rechazó que él y sus partidarios sean los responsables de la ejecución del comandante Alarcón Astudillo, y exhortó a las autoridades a investigar el crimen.
Consultado por teléfono, Flores Castrejón abundó que sus cuatro compañeros señalados por el FUSDEG como los responsables del asesinato, son “completamente” inocentes, pese a seguir retenidos en la comisaría del pueblo.
Agregó que los cuatro afines a la comisaría fueron retenidos en hechos distintos, horas más tarde de la ejecución de Alarcón Astudillo en el mercado de San Francisco, quienes presentan huellas de golpes severos en el cuerpo.
Añadió que el responsable del crimen pudo ser un grupo de “mañosos” que operan en Chilpancingo, más no sus colaboradores, que laboran diariamente en la comisaría.
Expuso que, por razones de seguridad, no acudió a atender la Comisaría, que permanece sitiada por policías comunitarios del FUSDEG, quienes exigen justicia ante la ejecución de su comandante.
Mencionó que tras el asesinato del domingo, con el consenso del pueblo solicitaron el apoyo “moral y la asesoría” de la UPOEG, que se mostró receptiva y tuvieron un primer acercamiento, sin especificar con qué integrante, “para destrabar el conflicto y buscar una solución en ambas partes”.
No obstante, el comisario aclaró que este acercamiento fue solamente un diálogo telefónico, y no hay fecha concreta para reunirse en Petaquillas.
También exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno actuar para liberar a los retenidos, ya que incluso solicitó la intervención del secretario de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinoza Montoya, para evitar un agravio, porque pensaba detenerlo el FUSDEG.

 

Contrata la CFE a un despacho que hostiga a usuarios para que paguen recibos atrasados

Habitantes de Ayutla denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contrató un despacho jurídico que comenzó a hostigarlos para que paguen los recibos de luz acumulados, que presentan un cobro más elevado de lo que usualmente pagaban.
Ayer, durante la reunión de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el promotor Crisóforo García advirtió que las comunidades tomarán acciones radicales si la CFE no accede al diálogo, porque consideran injusto que indígenas y pobres paguen miles de pesos por recibos con tarifas excesivas.
El señor Inocente Moctezuma, originario de la comunidad de Cerro Gordo Nuevo, es uno de los inconformes que el sábado fue notificado mediante un oficio con el membrete de Grupo GABSSA, para pagar 22 mil 800 pesos de la luz que ha utilizado desde 2010, cuando dejó de pagar el servicio por considerar que los recibos tenían cobros excesivos.
Indicó que antes de ese año, los recibos llegaban hasta 200 pesos, pero después fueron de más de 2 mil 800 pesos; dijo que él no puede pagar, “soy campesino y queremos un pago justo”. Informó que no le han cortado la luz porque se encuentra en una de las 13 comunidades que se han unido contra la CFE, por los excesivos cobros.
Otro de los inconformes que fue notificado es Francisco Alonso Ramírez, de la misma comunidad, que recibió el aviso del despacho de cobranza para que pague 26 mil 221 pesos de consumo de luz y 24 pagos vencidos.
En el oficio que recibió y que fue mostrado ayer en la reunión de la UPOEG, se lee, “La CFE ha turnado su asunto al representante GABSSA, para la recuperación extrajudicial por el adeudo del servicio que le ha sido prestado y fue registrado en sus recibos”.
“A la fecha de ser emitido este comunicado, no tenemos registro de pago y ha hecho caso omiso de los recibos enviados que indican el consumo registrado, el monto a pagar, y fecha límite de pago. Le requerimos de manera inmediata e impostergable cumpla con su obligación pagando este servicio, dentro de las próximas 48 horas o bien se acerque para entablar una negociación”.
Grupo GABSSA, fue fundada en 1995, refiere su página en internet, “Hemos colaborado para Instituciones Públicas y Privadas, especializándonos en la administración y recuperación de Créditos Hipotecarios y Créditos al Consumo para clientes”.
En 2010 fue señalada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero, entre los tres despachos que concentraron el mayor número de denuncias por cobranza indebida.