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Se vinculó a proceso a El Rani, miembro de La Familia en Taxco, informa Mejía Berdeja

La ficha presentada por el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México Foto: El Sur

El subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja informó que se vinculó a proceso a José Ranulfo, El Rani, por delincuencia organizada y secuestro agravado.
Como parte del informe Cero Impunidad, en la conferencia de prensa matutina de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario comentó la medida tomada el 23 de noviembre por el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez en el Estado de México, contra el integrante del grupo delictivo La Familia Michoacana, detenido desde 2020.
Expuso que los delitos por los cuales se le vinculó a proceso ocurrieron el 6 de abril de 2018 en el municipio de Taxco. Señaló que como medida cautelar se impondrá prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, además de que se concedieron cuatro meses de investigación complementaria.
De igual forma dio a conocer la sentencia contra Luis e Itzel, ambos acusados de feminicidio en Guerrero.
El subsecretario no especificó el tiempo de la condena ni detalles sobre el delito, además de señalar que la sentencia se realizó entre el 1 y el 7 de diciembre.
En el informe presentado el pasado 24 de noviembre, Mejía Berdeja indicó que se ejecutó una orden de aprehensión de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR) contra El Rani.
En esa oportunidad destacó que se encontraba pendiente la vinculación a proceso de un juez federal debido a los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.
“Por este delito de delincuencia organizada y secuestro agravado se le ejecutó la orden de aprehensión, por hechos ocurridos en abril de 2018. Este sujeto a su vez se encuentra recluido desde noviembre del 2020, una vez que fue detenido por el Ejército mexicano acusado de diferentes delitos, entre otros de los delitos de homicidio y extorsión”, comentó el subsecretario. (Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).

Declara MC desierta la convocatoria para diputados locales; los designarán en la Cdmx

La Asamblea Estatal Electoral de Movimiento Ciudadano eligió por unanimidad a sus candidatos a alcaldes en Acapulco y otros cuatro municipios; y declaró desierta la convocatoria para la elección de diputados locales, los cuales serán definidos mediante designación directa por la Comisión Operativa Nacional.
Al mediodía, en las oficinas del partido en Acapulco, sesionó la Coordinadora Ciudadana Estatal como Asamblea Estatal Electoral, donde fueron electos como candidatos a alcaldes de Acapulco el diputado local Ricardo Mejía Berdeja; de Huamuxtitlán, Elpidio Nava Rodríguez; de Tepecoacuilco, Pablo Landa Sotelo; de Juan R. Escudero, Noé Acevedo Flores, y de Tecoanapa, Alfredo Casarrubias Moctezuma.
Los municipios en los que Movimiento Ciudadano va en coalición con PAN y PRD son 55, de los cuales Movimiento Ciudadano postulará candidatos en Zitlala, Tlapa, San Luis Acatlán, Mochitlán, Iliatenco, Huamuxtitlán, Coyuca de Benítez, Atlamajalcingo, Atenango y Ajuchitlán.
En candidatura común con PRD postulará candidatos en tres municipios, Atlixtac, Igualapa y Tlacoachistlahuca; en candidatura común con el PAN van en cuatro municipios Azoyú, Ahuacuotzingo, Malinaltepec y José Joaquín de Herrera. En 14 municipios los tres partidos van a postular candidatos solos.
Para la elección de diputados locales Movimiento Ciudadano va en coalición con PRD y PAN en 27 distritos, de los cuales Movimiento Ciudadano postulará candidatos en los distritos 02 de Chilpancingo; 04 y 07 de Acapulco; 15 de San Luis Acatlán, 23 de Huitzuco y 28 de Tlapa.
En los seis distritos donde va en coalición con PRD y PAN, el presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano, Adán Pérez Utrera, informó que no hubo solicitudes de aspirantes para participar en el proceso interno, por lo que será la Comisión Operativa Nacional la que designará los candidatos.
También se declaró desierto el registro de aspirantes a candidatos a diputados por la vía plurinominal.
Luego de la aprobación de los acuerdos por la asamblea, Pérez Utrera declaró válida la asamblea y legales los acuerdos tomados.
A la asamblea asistieron 50 de 71 consejeros, se desarrolló en 30 minutos sin discusión y todos los acuerdos fueron aprobados por unanimidad.
Al final de la sesión, el coordinador estatal, Luis Walton Aburto, felicitó a los candidatos a alcalde electos y agradeció a los asistentes que la asamblea se desarrolló en orden y todo fue aprobado.
En declaraciones después de la asamblea, Adán Pérez indicó que el partido dispone hasta días antes del registro de candidatos para designar a los suyos.
Por separado, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Walton, indicó que en algunos municipios donde no se registraron aspirantes, el partido no va a participar en el proceso electoral.
En la asamblea estuvieron el delegado nacional de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco; el candidato a senador Mario Ramos del Carmen; el candidato a alcalde Ricardo Mejía Berdeja; la diputada federal Marbella Toledo Ibarra; los diputados locales Magdalena Camacho Díaz y Silvano Blanco de Aquino; el ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro; los regidores María Antonieta Guzmán Visairo, Arturo López Sugía y Nereida de Jesús Silvar.

 

Exhorta el Congreso al fiscal a que haya justicia en los casos de los universitarios asesinados

En sesión de la Comisión permanente del Congreso local, los diputados aprobaron un exhorto al fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez, para que investigue y detenga a los responsables de los asesinatos de universitarios, y al gobierno federal para que se realicen recorridos afuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
La propuesta fue de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) y la leyó su coordinador, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien dijo que la responsabilidad por la inseguridad la tienen las malas políticas públicas.
El diputado criticó que el gobierno federal no tome en cuenta los reiterados llamados de los ciudadanos, para que se cambie la estrategia para combatir la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico.
Además, dijo que las veces que han cambiado la manera de combatir al narcotráfico, los resultados son en perjuicio de la sociedad, “pero en Guerrero todos los sectores han sido vulnerados, sean transportistas, campesinos, universitarios y los grupos vulnerables cada día son más vulnerables frente a la delincuencia”.
Afirmó que la UAG es una de las instituciones más violentada, porque los universitarios han sido atacados “cobardemente, una y otra vez, y las autoridades siempre dicen que es la delincuencia organizada. No creemos en esa línea de investigación, más que una línea de investigación pareciera ser una línea de impunidad”.
El coordinador de los diputados de MC realizó un recuento de los universitarios asesinados, como Francisco Javier Ramírez García, auxiliar administrativo de la Facultad de Psicología; Jeany Rosado Peña, integrante de la Comisión Mixta Paritaria de Becas, del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG).
También Aidé Fuentes Nava, estudiante de la escuela de Ciencias de la Educación; Manuel Juárez Flores, estudiante de la Preparatoria 33; Juan Carbajal Merino, subdirector de la Preparatoria 5; Ángel Mendoza Ocampo, estudiante de la Facultad de Medicina; Suzy Nava Cruz, estudiante de la Preparatoria 26, y mencionó cinco más.
Sin embargo, dijo que decenas de universitarios más han sido asesinados, secuestrados, desaparecidos y lamentó que “todavía este círculo de impunidad sigue girando” en la UAG.
Mejía Berdeja insistió en que se necesita reforzar con mayor presupuesto en seguridad y que el Estado asuma “su plena responsabilidad al proteger a la vida de los ciudadanos de esta tierra llena de esperanzas y anhelos de tener una vida mejor, se indemnice a los policías que no pasaron los exámenes de control y confianza y que se aplique la ley a quien la viole”.
El punto de acuerdo se presentó como de urgente y obvia resolución, por el que el Congreso local condenó “enérgicamente los homicidios de universitarios” y hace un exhorto a Olea Peláez “para que la institución a su cargo investigue, detenga y sancione a los autores materiales e intelectuales de los arteros crímenes de universitarios”.
El exhorto aprobado plantea también un atento exhorto al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; al general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, y al Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina Armada de México, “para que de forma coordinada, continua y permanente, personal a su cargo realicen operativos a fuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que brinde seguridad a los universitarios, así como conforme a sus competencias se detengan a los delincuentes que amenazan a los universitarios”.
En la sesión, los diputados enviaron a la Junta de Coordinación Política un acuerdo para requerir la comparecencia ante el pleno del fiscal general, Javier Olea, “para que informe sobre las políticas públicas, acciones y estrategias que ha implementado al frente de la institución y los resultados de éstas”.
La propuesta fue de la fracción del PRD y de los diputados que eran del PT, ahora independientes, donde señalaron que a casi dos años de su nombramiento, el fiscal “no ha dado muestras de avance y han aumentado los índices delictivos en la entidad”.
La propuesta la leyó el diputado independiente Jesús Martínez Martínez, quien en tribuna afirmó que el poder legislativo no tiene información para conocer, “ni mucho menos analizar en qué medida las políticas facilitan el acceso a la justicia de víctimas, testigos y acusados y aquellas que tiendan a fomentar la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia penal”.
Calificó como “urgente y necesario” que se llame a comparecer ante el Pleno a Olea Peláez e informe sobre la situación de la institución; así como en relación con el video difundido en el noticiero En Punto de Televisa en el que aparece afirmando que el diputado priista con licencia Saúl Beltrán Orozco es “El Tequilero número uno”; también los avances en las investigaciones de los homicidios en contra de reporteros, ex diputados, presidentes municipales, líderes políticos y “ciudadanos en general”.
Se precisó que si el acuerdo es aprobado por la Junta de Coordinación Política, se citaría a comparecer al fiscal el próximo jueves 15 de junio, a las 10 horas, en el Salón de Plenos.
La diputada Erika Alcaraz Sosa planteó un exhorto al poder ejecutivo estatal, al director de la Comisión Federal de Electricidad y a los municipios, para que junto con el Congreso se instale una mesa de trabajo para la regularización y optimación de la relación comercial y administrativa de la CFE, en los conceptos de pago del suministro de energía el servicio de alumbrado público, recaudación y entrega a favor de los municipios.
La diputada Rossana Agraz Ulloa intervino para hablar de Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio.
También se turnó a la Comisión de Justicia el oficio signado por el magistrado del Tribunal Electoral del Estado, René Patrón Muñoz, donde remite una iniciativa de adiciones a la ley Orgánica del Tribunal Electoral.

Acuerdan la CRAC y diputados presentar una sola propuesta de reformas en materia indígena


Durante la asamblea general de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), las autoridades comunitarias acordaron con diputados del PRD, MC y Morena ir en un solo frente para presentar una propuesta conjunta a las reformas en materia indígena, y la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
A la reunión, que inició a las 11 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde, asistieron unas 400 autoridades comunitarias, así como los diputados del PRD el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Ociel García Trujillo; de Movimiento Ciudadano y vocal de la Comisión de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Mejía Berdeja, y la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros. También diputados de los partidos que han presentado propuestas de reforma al artículo 14 y la Ley 701.
También fueron invitados pero no asistieron los diputados del PRI y PVEM, el presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Cuauhtémoc Salgado Romero, y el presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Vicario Castrejón. Además del gobierno del estado, que de acuerdo con los integrantes de la CRAC será en otro momento cuando acudan.
En su intervención, el alcalde de San Luis Acatlán, Javier Vázquez, llamó a los diputados de izquierda a unificar las iniciativas en beneficio de los pueblos y la policía comunitaria, en un “gran frente de izquierda”. Sostuvo que él seguirá respaldando a la organización que ha garantizado la seguridad en el municipio e incluso llamó a que las adecuaciones se extiendan a otras partes del estado.
El consejero de la CRAC, Valentín Hernández, reconoció el valor de los diputados de acudir a comparecer a la asamblea general de la CRAC, que integra 180 comunidades indígenas de 22 municipios del estado, y dijo que habrá una relación de trabajo y coordinación, más no de subordinación.
Después dio lectura a seis propuestas que fueron respaldadas por la Policía Comunitaria, el Consejo de Damnificados de la Montaña, el Frente Popular de Tlapa y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, donde convocaron a construir “con nosotros” una reforma constitucional local, así como una ley reglamentaria en materia de derechos indígenas y afromexicanos.
Que sean integradas en una sola redacción y propuesta las iniciativas de reforma en materia indígena que ya fueron hechas por los diputados, que los legisladores “la promuevan en todo el proceso legislativo, hasta su publicación, sin distingo partidista”, y después construir una propuesta común para la Ley 701.
Que en 15 días la CRAC y las organizaciones interesadas presentarán una propuesta en 15 días, que será la base para que se integren todas las demás ya presentadas en materia indígena, y de ahí sacar un solo documento.
Las organizaciones llamaron a los diputados a que se “mantengan consecuentes con esta propuesta y no se vendan para aprobar una reforma constitucional, donde la ley secundaria en materia indígena sea contraria a los intereses legítimos de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
Además sostienen que la propuesta es asegurar la vigencia de los derechos de los pueblos en la Constitución, “no queremos construir banderas electorales para los partidos”, donde plantean que el dictamen de la reforma constitucional y la ley secundaria en materia indígena sea en el menor término posible y en la actual legislatura.
Por último, las organizaciones señalaron que las propuestas estarán acompañadas por la movilización y la protesta social “necesarias”, para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos originarios. Una vez que la asamblea respaldó el documento, los diputados se manifestaron a favor y firmaron el acuerdo.

Una sola propuesta, piden autoridades comunitarias

Durante las intervenciones, las autoridades comunitarias y agrarias demandaron un solo frente y una sola propuesta a favor de la CRAC y la Policía Comunitaria, así también que antes de que se propongan se deben de consultar a las comunidades, que no se hagan sólo “desde el escritorio”, dijo Taurino Reyes, de Xalpatláhuac, y el comisario de Totepec, Tlapa, Honorio Morales.
Ambos manifestaron que se debe de presentar una iniciativa en defensa del territorio comunitario y no a favor del estado, porque la Policía Comunitaria sí estaba dando resultados en las comunidades, contrario a lo que ocurre en Chilpancingo y Acapulco, donde a diario hay muertos pese a la seguridad de las corporaciones del municipio, estado, federales y Ejército.
El secretario municipal de la comunidad de Colombia de Guadalupe, Marcelo Gómez, urgió también a regular a las autodefensas, quienes han entrado a zonas donde opera la CRAC, lo que fue retomado por el integrante de la Casa de Enlace de la CRAC de Cacahuatepec, Rodolfo Chávez quien recordó las palabras del gobernador, que tanto la UPOEG y el FUSDEG son grupos que están al margen de la ley y que son ilegales, “que no tienen reconocimiento, entonces que los saque de los bienes comunales”.
La representante de los pueblos amuzgos de Cochoapa, Kenia Hernández, llamó a no permitir que el gobierno corrupto someta a las comunidades indígenas, porque recordó que el poder reside en el pueblo y que el gobierno se le olvidó el artículo 39, donde se instituye.
Además, llamó al diputado del PRD, García Trujillo, a que sus compañeros “demuestren que son democráticos” y que no traicionaran a las comunidades en votar a favor de las iniciativas del gobernador y no las que se propongan por parte de la CRAC.
Mientras el integrante de la CRAC de Cochoapa, Guillermo Rosendo, denunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) está a favor de los delincuentes, y señaló el caso de un joven detenido y en proceso de reeducación, que trató de asesinar a su mamá, y que ahora está siendo defendido por la institución.

Se debe de fortalecer a la CRAC: diputados

En sus intervenciones, los tres diputados asistentes presentaron sus iniciativas y se manifestaron a favor de fortalecer los derechos de los pueblos originarios y su Policía Comunitaria, a la que le reconocieron su labor en los bajos índices delictivos en la región donde opera, en comparación con el resto del estado.
Los diputados del PRD y MC coincidieron en que se deben de regularizar de forma independiente a los nuevos grupos armados que han surgido en Guerrero, ante la incapacidad del gobierno y falta de gobernabilidad.
El diputado de MC, Mejía Berdeja, expresó que gracias a la Policía Comunitaria “las cosas” no estaban como en otras partes del estado. “Así que se tiene que mantener, porque ha sido un sistema eficaz que está dando resultados” y que está mandatado por las comunidades.
Abundó que se debe fortalecer a las autenticas policías comunitarias, porque hay quienes se disfrazan de policías comunitarios, en referencia a las autodefensas, e incluso algunos tienen injerencia de grupos delincuenciales o defienden intereses de grupos, y utilizan armas no permitidas, “entiendo que detrás de los grupos hay causas legítimas” a las que se les tienen que crear un figura jurídica.
Dijo que dentro del Congreso local son necesarios 31 votos para que las reformas en materia indígena sean aprobadas en la Constitución, que entre los tres bloques del PRD, MC y Morena, juntan 20; mientras que el PRI, PVEM y PAN tienen 25.
La diputada de Morena, De Jesús Cisneros, afirmó que era una “aliada” de las comunidades indígenas y del sistema comunitario, que su partido ha impulsado reformas para mantener los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Informó que presentará un punto de acuerdo en la próxima sesión, para que sea elevada a rango constitucional a la CRAC, al considerar que “por los derechos declarativos que establece la Constitución en materia indígena no gozarán de autonomía, ni libre determinación, mientras no se reconozca a rango constitucional a la autoridad indígena que los haga valer, para garantizar que los derechos indígenas como la autonomía, la libre determinación, los usos y costumbres que consagra el artículo segundo de la Constitución sean una realidad”.
Pero que no se trataba de que la CRAC pasara a ser parte de los órganos autónomos del Estado, sino de conferirles reconocimiento y autoridad comunitaria, al ejercer no una autonomía declarativa sino una autonomía constitucional, que ya se reconoce en la Constitución.
El diputado del PRD, García Trujillo, dijo que la fracción presentó una contra reforma a la propuesta enviada por el gobernador Héctor Astudillo Flores, para una modificación al artículo 14, y así evitar que fuera aprobada.
“Tenemos que hacer un frente, porque no podemos dejar pasar lo que tiene contemplado el gobierno del estado en cuanto a la reforma constitucional al artículo 14”, y que es contrario a lo que el pueblo considera correcto y a sus derechos.
Después pasó el representante del Consejo de Damnificados de la Montaña, Abel Bruno, quien llamó a los diputados que no sea un show lo que prometieron y que realmente se tomará en cuenta al pueblo en el acuerdo, porque de las iniciativas presentadas fue la única que contó con más de 6 mil firmas y consultada a las comunidades.
Indicó que la iniciativa que proponen es integral y que va más allá de sólo el sistema de seguridad, sino que incluye educación, salud y el campo. Además de que proponen que las comunidades elijan a sus autoridades municipales y distritales en asambleas por usos y costumbres, que existan cuatro curules, una para cada lengua originaria del estado.
A la reunión también acudió el director general del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, quien no participó. Además estuvieron presentes las autoridades de las casas de justicia de San Luis Acatlán, El Paraíso, Espino Blanco y los comités de enlace de Chilixtlahuaca, Huamuxtitlán-Olinalá, Cacahuatepec, y representantes de la zona amuzga.

Emboscó el FUSDEG a policías de la UPOEG en Mojoneras, Chilpancingo, dice Bruno Plácido

 

El coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio dijo que policías ciudadanos del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) emboscó a sus policías ciudadanos, que se encontraban en su base de Mojoneras, municipio de Chilpancingo.
Ayer en conferencia de prensa a las 3 de la tarde en un restaurante en Acapulco, Plácido Valerio declaró que luego del enfrentamiento convocará a reunión a las organizaciones porque va a reestructurar la estrategia de seguridad en las 17 comunidades de la Costa Chica, Xaltianguis, y parte del valle de El Ocotito.
Dijo que a las 4 de la madrugada llegaron grupos del FUSDEG y emboscaron a sus compañeros que estaban en la base de Mohonera, “hay un muerto y tres heridos, todo esto se da porque ellos no han respetado ningún acuerdo, vienen y tiran a cualquier persona que ven, y creo que a la Fiscalía (General del Estado, FGE) le corresponde informar”, declaró el coordinador de la UPOEG.
Agregó que también se enteró de que hay un policía ministerial muerto, “que ellos mismos (del FUSDEG) también mataron, y después levantaron al señor Seledonio, un materialista de Tierra Colorada, y es un grupo de personas que utilizan la membresía de Policía Comunitaria, pero son jóvenes que no tienen principios, ni respaldo”.
Se le recordó que el gobernador, Héctor Astudillo Flores había dicho en conferencia de prensa que eran dos muertos y tres heridos, a lo que Bruno Plácido respondió que, “es un muerto de parte de nosotros y tres heridos, es lo que tenemos nosotros. No puedo hablar por la Ministerial, porque ya le corresponde a la Fiscalía dar su información”.
Dijo que en las redes sociales, “se dice que hay un joven estudiante muerto, porque al pasar hay un asunto, son gente que están locos y tiran, pero no tienen porque tirar contra la población”.
Reprochó que, “no puedan poner orden, esperemos que con esto que está pasando, la población tome una decisión para expulsar a esta gente que anda armada, porque se supone que para garantizar la seguridad de la población, no se puede estar confrontando con la Policía Estatal, ni con nosotros, ni con nadie… Es un grupo que ahí está, y que se ha tolerado por parte del gobierno, pero no se ha podido resolver y ojalá que con este caso, que hay un muerto, se tenga que resolver definitivamente este conflicto”, puntualizó el coordinador .
Se le preguntó por qué se dan esos hechos con el FUSDEG, a lo que respondió, “nosotros, cuando ellos se replegaron, nosotros hemos respetado, pero si ustedes hacen un análisis, cuántas quejas hay en Tierra Colorada, y son gentes que por cualquier cosa luego actúan violento, matan, hay un desaparecido en Dos Caminos, que se desapareció en el río del puente que viene a Tecoanapa, de Omitlán”.
Abundó que ayer sábado, “le tiraron a cualquier persona, pararon a un materialista, paran a la judicial, no es el actuar de una policía normal, es una gente que no está dentro de lo normal, eso es preocupante, y vamos a reunirnos más tarde para ver que es algo de alto riesgo y buscar una nueva estrategia de acordonar la zona, y restablecer el orden”.

Tras la legalización de la mariguana con fines medicinales toca insistir en la amapola: Mejía Berdeja

 

El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja consideró como un paso importante que el pleno de la Cámara de Diputados haya aprobado la minuta de reforma a la Ley General de Salud del Código Penal Federal, que permite el uso medicinal y científico de la mariguana, pero que ahora se debe hacer lo propio en Guerrero para el caso de la amapola.
En declaraciones telefónicas, Mejía Berdeja indicó que es importante el paso que se ha dado, pero no suficiente, porque con ello se está reconociendo la realidad, pero hay lugares, como varios estados de Estados Unidos, donde han llegado aún lejos, “como en el caso de California, donde se permite el uso recreativo de la mariguana”.
La Cámara de Diputados federal aprobó el uso medicinal y científico de la mariguana, pero los legisladores se negaron a aprobar la liberación de su consumo, como lo demandan distintos sectores sociales. Señaló el diputado local de MC que aquí se tiene que luchar contra una serie de prejuicios e inercias, y “este paso se ha dado es un paso relevante”.
Considera que ahora se debe hace lo propio para el caso de la amapola, sobre todo cuando la amapola tiene aún más usos de carácter medicinal que están plenamente acreditados en medicamentos para dolores intensos.
Insistió en que la “amapola, más que la mariguana tiene fines de carácter medicinal y, evidentemente, nosotros vamos a seguir insistiendo en el tema y este es el primer paso”.
De si espera que el Congreso local avance en la ley que ellos propusieron para el caso de la amapola, y que está congelada, Mejía Berdeja opinó que debe proceder, pues desde marzo de 2016 formalizaron mediante una iniciativa la propuesta de legalización de la amapola con fines medicinales, y si bien el Congreso local no tiene facultades de reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, si puede, conforme al artículo 51 fracción tercera de la Constitución de la República, presentar una iniciativa al Congreso de la Unión, que es en lo que han estado insistiendo”.
Dijo que así como para la mariguana fueron organismos de la sociedad civil y activistas quienes estuvieron insistiendo y que finalmente lograron sensibilizar la Congreso de la Unión, “en el caso de la amapola fuéramos los guerrerenses, las instituciones, el Congreso local quienes lográramos sensibilizar al Congreso de la Unión de que se tiene que avanzar también en la despenalizaron y legalización de la amapola con fines medicinales, donde el propio gobernador y diversos sectores sociales han reconoció que parte de la violencia tan intensa que vive el estado tiene que ver con la disputa por el trasiego de la amapola”.
Mejía Berdeja señaló que, si se sabe lo que hace daño, entonces se debe actuar para resolverlo, sobre todo, cuando esto va a ayudar a mejorar la salud, porque hay un déficit de medicamentos contra el dolor para enfermedades como el cáncer, pero también eso ayudaría a resolver en gran parte un problema social y de violencia que vive Guerrero.
Finalmente dijo el diputado Ricardo Mejía que es el momento para Guerrero de insistir en la legalización de la amapola, “no debe haber más dilaciones, más pretextos para entrarle y que es con medidas concretas como se podría ayudar al tema de salud, pero también al tema de la violencia criminal que hoy azota a la entidad”.

No hay avances en las pláticas para resolver sus demandas laborales, se quejan agentes de la FGE

 

Peritos, policías ministeriales y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) se quejaron porque no hay avances en las pláticas con el fiscal general Javier Olea Peláez y el gobierno del estado en las negociaciones para el incremento de los bonos del Día del Padre, de fin de año y de riesgo, ni en la dotación de gasolina para sus operaciones policiacas.
Unos 20 trabajadores de la FGE acudieron a Palacio de Gobierno y al Congreso local, donde entregaron sus pliegos de peticiones dirigidos al gobernador, Héctor Astudillo Flores, al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Héctor Vicario Castrejón, y al diputado local del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, para que intervengan para resolver sus demandas laborales.
Consultado en la entrada del Congreso, el policía ministerial, Salvador Vargas Carrasco comentó que, entre las demandas de los trabajadores de la FGE está el incremento salarial de 15 por ciento, un bono de riesgo de 5 mil pesos mensuales, homologación del bono del Día del Padre con el del Día de la Madre, dotación complementaria al bono de fin de año y una audiencia con el gobernador Astudillo Flores y el secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón.
Recordó que hace un mes se reunieron con el fiscal Olea Peláez, con el vicefiscal de investigación, José Antonio Bonilla Uribe, y con el vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, Francisco Javier Hernández Ruiz, con quienes acordaron integrar una comisión de seguimiento de las demandas, “hemos tenido cinco o seis reuniones, pero el viernes nos dejaron plantados y no se concretó la propuesta para entregársela a los funcionarios del gobierno”, se quejó.
Vargas Carrasco señaló que en las reuniones pasadas revisaron los porcentajes de  incremento de salario, de viáticos que le corresponden a cada trabajador de acuerdo a su cargo, y un bono de riesgo de 5 mil pesos mensuales para peritos, agentes del Ministerio Públicos y policías ministeriales; la Fiscalía le ofreció mil pesos que no aceptaron, dijo.
Sobre el bono de fin de año, explicó que en 2015 les dieron 20 mil pesos, y el año pasado la mitad, 10 mil pesos, y esperan que en este año se regularice este beneficio, aunque el monto del bono varía de acuerdo con el cargo del funcionario, y en el Día del Padre sea equivalente al del Día de la Madre, es decir, de 8 mil pesos.
“El viernes teníamos una reunión con Hernández Ruiz y con trabajadores de recursos humanos para definir la propuesta que entregamos hoy (ayer) al gobierno del estado y Congreso local, pero no asistieron y por nuestra propia cuenta entregamos el documento de peticiones para que haya un avance”, declaró.
Vargas Carrasco pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores que intervenga para atender los problemas laborales que hay en la Fiscalía, y agregó que esperan la respuesta del gobierno estatal para que sean atendidos por el Ejecutivo estatal y el secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón.
El 31 de marzo, peritos, policías ministeriales y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía se reunieron con Javier Olea Peláez, a quien le exigieron el pago de viáticos, bono del Día del Padre, de fin de año, de riesgo, dotación de gasolina y vehículos para sus operaciones, y revelaron que no tienen material de trabajo, “cuando llegan los desmembrados tenemos que comprar o conseguir bolsas para depositar los restos”, señalaron.