La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausuró la unidad habitacional para los damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid que construyó la empresa Materiales Elementales, en Papagayo, municipio de Juan R. Escudero, debido a que levantó las viviendas sin el estudio de impacto ambiental.
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello confirmó que a las 12 del mediodía de ayer recibió la notificación de la Profepa, a raíz de diversas observaciones que se venían realizando al fraccionamiento, en donde, de paso, las casas no reúnen las especificaciones técnicas para ser habitadas por las familias damnificadas de esa localidad.
Allí se construyeron 27 de las 34 casas destinadas para familias damnificadas por los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid.
Las viviendas con paredes de madera y techos de láminas de asbesto fueron sobrepuestas en tablas embarradas de cemento que simulan un piso firme, pero éste fue colocado sobre troncos de madera de 10 a 15 centímetros de diámetro y aproximadamente un metro de alto, y la mayoría de ellos han comenzado a podrirse antes de que las casas sean entregadas a las familias.
Las 27 casas fueron colocadas en la punta de un cerro al poniente de la carretera México-Acapulco, antes de cruzar el río Papagayo, y ante las malas condiciones en que se encuentran, las familias se negaron a recibirlas.
Desde septiembre del año pasado quedaron abandonadas y con el tiempo han sufrido deterioro y han sido saqueadas por delincuentes que se llevaron accesorios del baño, cocina y hasta el cableado eléctrico. La zona carece de todos los servicios y de un acceso propio, denunciaron las familias que serían beneficiadas, en un recorrido con el delegado de la Sedatu el 21 de marzo, y en otro realizado con reporteros de El Sur el 30 de marzo.
Armenta Tello reconoció en entrevista con El Sur el 4 de abril que las fallas en la construcción de esas viviendas “son un extremo”, y advirtió que la constructora Materiales Elementales, tiene dos opciones: volver a ejecutar la obra, “si es su voluntad”, o enfrentar una situación legal para que responda por estos trabajos “mal calificados”.
Vía telefónica ayer, el mismo funcionario federal confirmó que la Profepa clausuró el fraccionamiento como consecuencia de observaciones que venía realizando, y la advertencia de que si no se hacía la manifestación de impacto ambiental sería clausurada.
Armenta Tello aseguró que se trató de un procedimiento “normal” de la Profepa.
Dijo que la dependencia encontró “un impacto que no debió haberse hecho y que tampoco podía ser mitigado”.
El delegado de la Sedatu, agregó que ahora lo que sigue es encontrar otro predio para construir las 27 viviendas, “tomando en cuenta a la Profepa para que la obra se haga sin incumplir con el impacto, y que sea uno que Protección Civil dictamine como habitable”, explicó.
Reconoció que el problema es que no han encontrado otro predio, “tuvimos una propuesta pero el acceso no está garantizado y no podemos considerarla como viable, necesitamos que el acceso al predio pueda ser garantizado y ahora estamos buscando la participación del municipio para que nos ayude, ya sea para encontrar una vía de acceso al predio, o encontrar otra opción”.
El funcionario federal informó que el predio que se busca es para construir las 27 viviendas que se encontraban en el predio que fue clausurado.
Antes, el funcionario había informado que en este predio se construirían 34 casas, ayer aclaró que las construidas son 27, pero que tendrían que construirse 34 que son las familias que resultaron damnificadas en ese pueblo.