Conforman 14 organizaciones el Frente Indígena y Afromexicano de Guerrero para defender la Ley 701

 

Organizaciones del estado anunciaron la conformación del Frente Indígena y Afromexicano de Guerrero, para defender en conjunto la ratificación de la Ley 701 y la aprobación de la Ley General de Consulta con base en los tratados, convenios y declaraciones internacionales que ha firmado México.
A la conferencia de prensa acudieron representantes de las organizaciones que conforman el Frente, es decir, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), del Consejo para el Autodesarrollo Sustentable del Alto Balsas (CASAB), de Altepetl Nahuas de la Montaña, del Grupo Plural por la Igualdad de las Mujeres, de la Asociación de Mujeres Indígenas y Afromexicanas Radicadas en Acapulco (AMIARA), de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Nauasetiliskalpajmej, Se Ojtli Yankuik de Comunidades Indígenas de Chilapa, del Consejo de Damnificados de la Montaña, el Comité Promotor para la Creación de los cuatro Municipios Indígenas y Afromexicanos, Artesanos Indígenas de Guerrero (Artigro) y Organización de Indígenas Afromexicanos de Acapulco.

Acuerdan una agenda común

Expusieron que sus reuniones concluyeron en acuerdos comunes, como impulsar el Frente con una agenda común, con respeto a la autonomía y tener una agenda propia de las comunidades, pueblos y organizaciones; defender la ratificación de la Ley 701 del Estado de Guerrero y la aprobación de la Ley General de Consulta con consentimiento libre, previo e informado, esto como “techo mínimo” y punto de partida, concertándolas con los tratados, convenios y declaraciones internacionales.
Otra de las conclusiones fue dar respaldo total al cumplimiento de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que reconoce el procedimiento de los sistemas normativos en el municipio de Ayutla, para nombrar a sus autoridades municipales; asimismo, respaldar los procesos de remunicipalización en Guerrero, en Temalacatzingo, Santa Cruz del Rincón, San Nicolás y Las Vigas, dijeron que en ellos existen las condiciones para hacerlos según las regiones, corredores y contextos socioculturales, que permitan la participación de la población indígena y afromexicana, y al mismo tiempo fomenten e incorporen a las comunidades en los ayuntamientos.
Además, acordaron exigir la liberación de los presos políticos, entre ellos Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera, y un foro estatal de pueblos indígenas y afromexicanos, para reafirmar los acuerdos e iniciar un proceso de “armonización legislativa”.
Añadieron que continuará el cabildeo, las reuniones y una consulta propia, a través de propuestas que han hecho entre ellas.
En su intervención, el abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero manifestó que “los indígenas y no indígenas estamos desesperados por esta política pública que el gobierno federal ha estado impulsando, y hoy está aprobando varias iniciativas que han venido a afectar la economía, los principios, los derechos de los pueblos indígenas, por eso decidimos impulsar este frente para defender los derechos”.
El ex diputado federal y ex secretario de Asuntos Indígenas (SAI), Marcos Matías Alonso exhortó al Legislativo local a que cumpla con su responsabilidad, porque ha venido postergando el compromiso para concertar la Ley 701 y ya queda poco tiempo, pues el plazo se vence en marzo; demandó al Congreso del estado y a instancias superiores a que cumplan con la obligación que tienen con los indígenas y afromexicanos; además hizo un llamado al gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que les dé una audiencia para hablar de sus demandas.
Refirió que el gobernador anunció un plan de austeridad en el estado, y que espera que en esta política no se cometa el error de sacrificar más a los pueblos indígenas, “porque esta política de austeridad puede cerrarles ventanilla a ellos”, en asuntos de salud, educación, carreteras, apoyo agropecuario y que va a terminar castigando a los que siempre ha tenido castigados.
El líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio sostuvo, “yo creo que la parte importante no es tener la esperanza de los que nos representan, porque luego nos traicionan, creo que la parte fundamental aquí es organizar los sectores que son violentados, nuestros derechos como pueblos indígenas y afros, y también vamos a entrar en la defensa de los pueblos que no son indígenas”, porque al final también son víctimas, y que este Frente con una visión más integral cada día tienen que consolidarse, con respeto entre los integrantes.

En este año 20 mujeres indígenas me’phaa han sido asesinadas en Ayutla y Acatepec, denuncia la OPIM

 

En medio de una violencia que ha dejado 20 asesinatos de mujeres me’phaa en lo que va del año, solamente en los municipios de Ayutla y Acatepec, y la negativa del gobierno estatal a abrir el Centro de Atención a la Mujer Indígena en Ayutla, se celebra este 25 de noviembre el Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
La presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel se quejó de que los gobiernos estatal y federal no tienen voluntad para revertir el ambiente de violencia que se acentúa en contra de las mujeres.
Informó que en lo que va del año, 20 mujeres me’phaa han sido asesinadas en diferentes sitios del estado.
Detalló que los casos emblemáticos son dos mujeres de La Ciénega, municipio de Ayutla, quienes fueron asesinadas en Acapulco donde trabajaban para ayudar al sustento de sus familias; en Tres Cruces asesinaron a tres; otra fue asesinada en Tlapa, y dos más en Barranca de Guadalupe.
“Con todo esto, no nos pueden decir que no hay violencia contra las mujeres, y todavía el gobierno estatal se niega a abrir el Centro de Atención a la Mujer Indígena de Ayutla, en donde debieran ser atendidas las mujeres víctimas de violencia y sus familiares”, dijo.
La presidenta de la OPIM denunció que el gobierno estatal se ha negado a declarar la alerta de género, aun cuando siguen matando a las mujeres.
La dirigente indígena lamentó que los gobiernos federal y estatal todavía no hayan inaugurado el Centro de Atención a la Mujer Indígena de Ayutla, que se construyó como parte de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Coidh) por el caso de la violación de la indígena Inés Fernández Ortega.
Dijo que el gobierno estatal ha argumentado que no se ponen de acuerdo en quién va a administrar el Centro.
Aclaró que, cuando menos la OPIM no quiere adueñarse de la institución, sino que pide que las mujeres que pertenecen a esta agrupación formen parte, porque es lo que dice la sentencia de la Coidh.
Sin embargo, explicó que las autoridades estatales se están aprovechando de las diferencias para no abrir las instalaciones de ese centro con lo que se está retrasando la atención a las mujeres indígenas e incumpliendo el resolutivo de la sentencia de la Corte Interamericana.
Eugenio Manuel demandó que ya basta de que el gobierno argumente que alguien quiere adueñarse del Centro, “en la sentencia se define cómo debe trabajar. Establece que se tiene que hacer un fideicomiso para que pueda funcionar ese centro”, explicó.
Añadió que en la misma resolución menciona que, en ese Centro tienen que participar todas las mujeres indígenas, “y si Inés Fernández Ortega quiere participar, así dice la sentencia, pero nadie ha dicho que alguien es el dueño, ni Tlachinollan, ni Inés son los dueños, ese es un organismo colectivo”.
Insistió que en el caso de la OPIM, simplemente pide su inclusión, y que ya se abra para que las mujeres indígenas reciben el apoyo a través de ese Centro.