Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas

Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.

El crimen se infiltró en las autodefensas, dice AMLO del asesinato de Bruno

Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas

El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.

 

 

La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo

Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.

Investiga el crimen, dice la Fiscalía

La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.

“No podemos tener un policía en cada
esquina”: secretario de seguridad Pública

Jacob Morales Antonio

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.

 

Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD

Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad

Daniel Velázquez

Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.

Informe

El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.

Se protege a todos los que trabajan para garantizar la paz en el país, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa, ayer Foto: Agencia Reforma

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR), ya se encuentra realizando investigaciones para detener a los responsables del asesinato en Chilpancingo de Fernando García Fernández, delegado de la dependencia, por lo que esperará que ellos den mayor información.
“Ya está la investigación en curso, está actuando la Fiscalía General de la República, se está avanzando en detener a los responsables, en castigar a los que cometieron este crimen y yo pienso que en unos días más la Fiscalía va a informar sobre este hecho”.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, al presidente se le comentó sobre el asesinato del delegado, a lo que respondió que esperaba que fuera la misma FGR quien diera mayor información al respecto.
“No quiero adelantar ninguna hipótesis, prefiero que sea la Fiscalía, que tengo entendido atrajo el caso, sean ellos los que den la respuesta”.
De igual forma, se le preguntó si existían medidas especiales para el personal de seguridad en Guerrero después del asesinato de García Fernández, sumado al homicidio en Coyuca de Catalán del fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras,
“Hay protección para ellos siempre, todos los que trabajan para garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad pública, tienen derecho a usar escoltas, a tener protección, son los únicos, porque los servidores públicos no, al menos que reciban amenazas, pero todos los que trabajan en áreas de seguridad tienen protección”, afirmó.
Este martes, el delegado de la FGR en Guerrero, Fernando García Hernández, fue ejecutado al sur de Chilpancingo. La dependencia señaló que la investigación responsabilizaba al grupo criminal Los Ardillos por la detención del cinco de julio de un líder de sicarios, además de la detención el viernes ocho de dos ex comisarios de la comunidad de Petaquillas.
El sábado nueve se dio a conocer que el fiscal regional de Tierra Caliente, el mayor de Justicia Militar, Víctor Manuel Salas Cuadras, fue asesinado después de ser trasladado y tirado en un pueblo en la salida rumbo a Zihuatanejo. Salas Cuadras había sido fiscal de la región de la Montaña y tenía tres días en el cargo.
El lunes en la conferencia de prensa matutina, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que el asesinato de Víctor Manuel Salas Cuadras estaba relacionado con los operativos de aseguramientos y detenciones en el estado de Guerrero.
“No vemos como un patrón, tiene que ver con las reacciones porque se viene avanzando en materia de aseguramientos, de detenciones en esta coordinación que se tiene tanto en esta entidad como en el resto del país” comentó Alcalde.
En esa misma oportunidad, se le preguntó a Alcalde si existía una estrategia para brindar mayor seguridad a los integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el asesinato de Salas y el secuestro de la titular del Ministerio Público en Coyuca de Catalán, Jaqueline González Salgado.

Ya se investigan las denuncias contra el alcalde de Tlacoapa, dice Raymundo García

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El diputado del PRD, Raymundo García Gutiérrez, informó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) investiga las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Tlacoapa, Amado Basurto Gálvez, que denunciaron la síndica Carolina Morales Cantú y regidores, por lo que esperan los resultados para actuar en consecuencia.
En consulta telefónica sobre la asamblea de autoridades comunitarias, el domingo 16 de abril, para desconocer a integrantes del Cabildo, incluido el alcalde del PAN, aclaró que el proceso podría concluir en una demanda de juicio político. Sin embargo, hoy siguen siendo gobierno porque son autoridades electas constitucionalmente.
El representante del distrito 26 de la Montaña precisó que, si los regidores y la síndica piden formalmente la intervención del Congreso, intervendría la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE.
La asamblea de delegados, comisarios y vecinos del 16 de abril, fue citada para discutir la falsificación de firmas, para justificar los recursos federales destinados a una obra de camino artesanal, además de obras fantasmas, falta de transparencia y acoso sexual.
Señaló que el problema comenzó cuando la síndica y regidores decidieron demandar por la falta de salarios, que en ese proceso encontraron obras no ejecutadas y personas cobrando sin laborar, conocidos como aviadores, en el programa de caminos artesanales, que se hace vía comité, en coordinación con el Ayuntamiento.
“Ellos acudieron a presentar las denuncias y están en espera de que les resuelva la Auditoría Superior del Estado”, dijo.
Explicó que alrededor de noviembre o diciembre los demandantes hablaron con él, porque desconocían los procedimientos, y les comentó que el Congreso no era la instancia para eso.
Aclaró que podría llegar al Congreso, como una demanda de juicio político, pero ahora está en otra etapa.
En caso de que la ASE no resuelva nada, adelantó que se tendría que solicitar la intervención de la Comisión de Vigilancia y Evaluación, para darle seguimiento.
Recordó que el Tribunal Electoral del Estado ya resolvió a favor de la síndica y regidores, a quienes no se les habían pagado sus salarios, para que se los cubran.
Estimó que, en la medida que se vayan descubriendo más errores, van a estar haciendo las denuncias los funcionarios, y al mismo tiempo, informando a la población como ocurrió en la asamblea de autoridades comunitarias.

 

Investiga la Codehum tres quejas contra agentes de seguridad estatal; son casos de 2023

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Cecilia Narciso Gaytán, informó que en lo que va del año han recibido tres quejas contra agentes de seguridad de diferentes corporaciones; también por desplazamiento en la sierra, que les remitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y están en proceso para que puedan exhortar al gobierno del estado a garantizar los derechos a las víctimas.
Ayer, antes de celebrarse la Firma de la Agenda de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes derivada de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil en la Junta Local Ejecutiva del INE, en la colonia Vista Hermosa de la capital, Cecilia Narciso Gaytán dijo que hasta el momento no han recibido una queja en la tercera visitaduría especializada en desaparición, por el caso de José Dolores Tolentino, comandante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), desaparecido desde el 18 de febrero cuando el Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal desmantelaron su base en Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
Afirmó que se hacen actas de manera circunstanciadas y de manera oficiosa, para “hacer los procedimientos de investigación, sí estamos en eso independientemente que familiares presenten la denuncia, pero la Comisión siempre estará atendiendo a la ciudadanía”.
Se le preguntó si han recibido quejas del actuar de la Policía del Estado. Respondió que sí han recabado algunas contra “elementos de las corporaciones (de seguridad) y pues la Comisión está en esa vía de atender de acuerdo a las atribuciones que tenemos, de poder documentar las quejas por probables violaciones para en su momento emitir una resolución”.
“De enero a la fecha tenemos tres quejas (por abusos de agentes de corporaciones de seguridad) que se han recabado en estos dos meses”, y precisó que son por actos violatorios, de seguridad jurídica por acción u omisión”, y que está en el procedimiento probatorio de ambas partes.
Acerca del acompañamiento a pobladores desplazados en la sierra de Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso, sostuvo que de manera oficiosa la Codehum inició las actas para investigar, y que CNDH “ya nos remitió algunas denuncias que han hecho ciudadanos y que también a la comisión han llegado esas denuncias”.
Mencionó que han atendido el caso de los desplazados de Los Bayados y la Trinidad y que en caso de presuntas violaciones a los derechos fundamentales de las y los ciudadanos tienen la facultad de hacer pronunciamientos para exhortar a las autoridades a garantizar los derechos de todas y todos.
Añadió que han estado dando el acompañamiento a los desplazados y que incluso en las reuniones de la Mesa para la Coordinación de la Paz han asistido los delegados de la comisión en Tierra Caliente y Costa Grande para coadyuvar.
El martes 21 de febrero en Tecpan choferes bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en el poblado de Aguas Blancas para exigir el retiro de los puestos de revisión de la Secretaría de Marina porque señalaban que los agentes acosan y hostigan a los conductores y pasajeros.
Al día siguiente, reporteros del Canal 6 del municipio de Tecpan denunciaron abuso de poder por parte de presuntos agentes de la Policía Estatal, se quejaron de que cuando realizaban su trabajo del aumento del pasaje y cobro de caseta, una camioneta se le cerró el paso de manera violenta y los bajaron de su vehículo.

 

Investiga la Fiscalía a otros cinco líderes del grupo contrario a la alcaldesa

 

El vicefiscal de Investigación, José Antonio Bonilla Uribe, explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) integra “cuatro o cinco” carpetas de investigación por los hechos del pasado domingo 7 de agosto en Apango.
Consultado al finalizar la reunión del comité rector del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción, que se realizó en la Casa Guerrero sin acceso a la prensa, Bonilla Uribe detalló que las carpetas que se integran son por los delitos de despojo, motín, lesión y sedición.
Agregó que en el caso del ex alcalde Crisóforo Nava Barrios, quien fue detenido la semana pasada, enfrenta los cargos de motín, despojo, lesión y sedición, pero sólo hay un proceso por parte del gobierno del estado y dos por un particular.
“Dos por los delitos de lesiones, despojo, motín; sólo un proceso en contra del estado y los otros dos en contra de particulares; aún está el desahogo del proceso, las preparatorias, una es reaprehensión y la otra es aprehensión y están en términos constitucionales”, señaló.
El pasado domingo 7 de agosto funcionarios y ciudadanos inconformes con la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, marcharon en esta cabecera municipal, irrumpieron y saquearon otra de sus casas e incendiaron una camioneta de su propiedad.
A pregunta expresa sobre si existen otras órdenes de aprehensión contra más participantes del movimiento en contra de la alcaldesa, dijo que la Fiscalía integra otras carpetas en contra de otras personas.
“Existen otras investigaciones, otras carpetas que se están integrando en contra de cuatro o cinco personas que participaron”, agregó.
Detalló que el proceso legal consiste en la integración de las carpetas de investigación, y tras desahogarse las “diligencias” se solicitará la orden de aprehensión si así lo determina el juez de control.
“Una vez que se desahogan, entonces se hace el análisis jurídico y se determina la carpeta de la investigación”, dijo.
Agregó que no se trata de tiempo, sino de la prontitud en realizar “las diligencias” en la investigación, ya que las pruebas presentadas al juez determinarán las órdenes.
Este domingo los disidentes del cabildo de Apango denunciaron en conferencia de prensa que el fiscal general Xavier Olea Peláez está incumpliendo los acuerdos a los que llegaron con el gobernador Héctor Astudillo Flores el jueves de la semana pasada.
El vicefiscal se retiró sin dar más detalles sobre el caso del ex alcalde Crisóforo Nava Barrios ni sobre qué otros integrantes del movimiento son investigados por los hechos del pasado 7 de agosto.

Se investiga si algunos alcaldes tiene nexos con el crimen, dice el fiscal Olea

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, informó que un grupo de inteligencia investiga si algunos alcaldes tienen relación con grupos delictivos.
Luego de una reunión con integrantes del Consejo Empre-sarial del Estado, Olea Peláez dijo que desconoce si la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a otros alcaldes, luego de la detención por segunda ocasión del de Cocula, el perredista Eric Ulises Ramírez Crespo.
“No tengo información, nosotros en nuestro grupo de inteligencia estamos investigando algunos, pero eso se mantiene en sigilo absoluto”, declaró el fiscal.
Del informe del Equipo Argentino de Antropología Foren-se (EAAF), que concluyó que los restos hallados en el basurero de Cocula no son de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el fiscal dijo: “Ustedes saben que no fue en mi tiempo. Es una cuestión de la PGR y nosotros no tenemos intervención, entonces lo que ustedes saben es lo que sé”.

En la zona turística de Acapulco pocos delitos

Por otra parte dijo que la violencia en la entidad no se puede negar que siga, “se está haciendo lo más humanamente posible” para inhibir los delitos y es cierto que si las autoridades detienen a tres o cuatro, y diez en el estado, de repente se nos suben los homicidios.
“Puede haber nueve (homicidios) en un lugar, puede bajar en Acapulco, pero se nos sube en Iguala”, y señaló que “creo que ha bajado pero sí son un problema grave los secuestros, los homicidios y el cobro de piso”.
Reiteró que en Acapulco “debe haber entre 30 y 40 bandas, en el estado ya sabemos cuáles son los grupos, El Pez, El Tequilero en Tierra Caliente; en la Montaña los Ardillos y los Rojos. Entonces hay que ir atacando, hay que ir limpiando, vamos a darle, no hay de otra, y agarrar el toro por los cuernos”.
Respecto a si seguía operando el Cartel Independiente de Aca-pulco (Cida) el funcionario estatal dijo que “hay varios grupos aquí muy violentos, ya hay grupos muy chicos de tres, cuatro, cinco gentes, entonces es difícil”.
Subrayó que para prevenir el delito en Acapulco, “puedo decir que se está haciendo lo humanamente posible… y les quiero decir e insisto que si bien es cierto que hubo tres homicidios en el Malecón, también es cierto que la incidencia en la parte turística es 0.5 por ciento, en esta parte está bastante bien, arriba (en el resto de la ciudad), reitero, no estamos nada bien”.
Afirmó que el gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong saben de la inseguridad en el estado.
Informó que la Fiscalía ya emitió su convocatoria para contratar a mil policías ministeriales, que antes van a ser capacitados y deben pasar los exámenes de control y confianza “y ojalá haya aspirantes que quieran incorporarse a la corporación”