El dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, informó que la Subsecretaría de Finanzas, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), les indicó que este año no se pagará el bono decembrino a maestros jubilados.
En un comunicado, la CETEG indicó que lo anterior se da por indicaciones de la Auditoría Superior del Estado. Detalló que el martes se reunieron con el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y con el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.
Indicó que se llegó “al único acuerdo” de que el gobierno estatal organizará una mesa técnica de revisión, a efecto de analizar la citada observación.
En el boletín, se informa que una vez obtenido el resultado, se dará una respuesta en alrededor de dos semanas.
El dirigente de la CETEG llamó a todos los jubilados a estar pendientes de la respuesta “positiva o negativa de la Auditoría Superior y de la Secretaría General de Gobierno. En caso de que sea negativa al pago, se estarán tomando acciones”. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
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Ya se investigan las denuncias contra el alcalde de Tlacoapa, dice Raymundo García
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El diputado del PRD, Raymundo García Gutiérrez, informó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) investiga las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de Tlacoapa, Amado Basurto Gálvez, que denunciaron la síndica Carolina Morales Cantú y regidores, por lo que esperan los resultados para actuar en consecuencia.
En consulta telefónica sobre la asamblea de autoridades comunitarias, el domingo 16 de abril, para desconocer a integrantes del Cabildo, incluido el alcalde del PAN, aclaró que el proceso podría concluir en una demanda de juicio político. Sin embargo, hoy siguen siendo gobierno porque son autoridades electas constitucionalmente.
El representante del distrito 26 de la Montaña precisó que, si los regidores y la síndica piden formalmente la intervención del Congreso, intervendría la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE.
La asamblea de delegados, comisarios y vecinos del 16 de abril, fue citada para discutir la falsificación de firmas, para justificar los recursos federales destinados a una obra de camino artesanal, además de obras fantasmas, falta de transparencia y acoso sexual.
Señaló que el problema comenzó cuando la síndica y regidores decidieron demandar por la falta de salarios, que en ese proceso encontraron obras no ejecutadas y personas cobrando sin laborar, conocidos como aviadores, en el programa de caminos artesanales, que se hace vía comité, en coordinación con el Ayuntamiento.
“Ellos acudieron a presentar las denuncias y están en espera de que les resuelva la Auditoría Superior del Estado”, dijo.
Explicó que alrededor de noviembre o diciembre los demandantes hablaron con él, porque desconocían los procedimientos, y les comentó que el Congreso no era la instancia para eso.
Aclaró que podría llegar al Congreso, como una demanda de juicio político, pero ahora está en otra etapa.
En caso de que la ASE no resuelva nada, adelantó que se tendría que solicitar la intervención de la Comisión de Vigilancia y Evaluación, para darle seguimiento.
Recordó que el Tribunal Electoral del Estado ya resolvió a favor de la síndica y regidores, a quienes no se les habían pagado sus salarios, para que se los cubran.
Estimó que, en la medida que se vayan descubriendo más errores, van a estar haciendo las denuncias los funcionarios, y al mismo tiempo, informando a la población como ocurrió en la asamblea de autoridades comunitarias.
No puede el auditor tener autonomía absoluta, opina Adela Román tras aprobación de reformas
Luego de que el Congreso local aprobó las reformas en materia de fiscalización para dar mayor autonomía a la Auditoría Superior del Estado (ASE), y que resta facultades al Poder Legislativo, la alcaldesa electa, Adela Román Ocampo opinó que aunque ésta debe tener autonomía, no puede ser absoluta, pues “obviamente que el auditor tiene que estar supervisado”.
En declaraciones al salir del foro regional de la evaluación multipartidaria sobre la participación política de las mujeres en el proceso electoral 2018, que se llevó a cabo en un salón del hotel Copacabana, a la ex magistrada Román Ocampo se le preguntó su opinión sobre la aprobación de las reformas que dan mayor autonomía a la ASE, y respondió que no ha leído a fondo la reforma y que se verá cómo actúa la próxima legislatura, donde será mayoría la fracción de Morena, pues “tiene gran responsabilidad el Congreso entrante de analizar cuidadosamente esta reforma que se acaba de aprobar para hacer las reformas que considere pertinentes, siempre ponderando el bien de la colectividad”.
Dijo que el auditor tiene que estar supervisado y no “puede actuar de manera arbitraria, sí tiene que tener autonomía en cuando a hacer revisiones de las cuentas públicas, pero la autonomía no es absoluta”. Indicó que la actuación del auditor tiene que ser apegada a la ley, tiene que seguir todos los procedimientos para revisar las cuentas públicas de los ayuntamientos, tienen que actuar con honestidad, con profesionalismo, y no tiene que haber funcionarios de excepción en cuando respeto a la ley. Dijo que si se vive en un estado de derecho no se puede hacer lo que venga en gana, porque hay leyes.
Con la nueva reforma, el auditor se podrá reelegir otros siete años, podrá nombrar a los cuatro auditores especiales y determinar su temporalidad en el cargo, también los exonera de ser juzgados por responsabilidad política y, en consecuencia, el Poder Legislativo no podrá destituirlos y toda la responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.
Sobre la reforma al artículo 14 de la Constitución local, que rige a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, la alcaldesa Adela Román Ocampo dijo que es una ley que no debe desaparecer sino fortalecerse, porque “surge como una necesidad de los usos y costumbres”.
Indicó que en Guerrero hay varias etnias y la Ley 701 es “importantísima, que debe fortalecerse en todo aquello que beneficie los usos y costumbres y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Sobre los sueldos de funcionarios del Ayuntamiento de Acapulco, que no es nada transparente, y de si a ella ya le mostraron la nómina para ir ajustando los salarios de los que llegaran en su administración, Román Ocampo dijo que todavía no, pero que van a ver los sueldos como están para buscar el equilibrio.
Sobre los 80 mil 865 que gana el secretario de Seguridad Pública al mes, más que el alcalde que es un salario de 53 mil 812, la alcaldesa electa dijo que sabe que el responsable de la seguridad tiene un seguro de vida especial y un sobresueldo especial, y habrá que revisar el asunto, porque la seguridad es importante.
Indicó que entiende que haya una prestación extra dado que Acapulco es de alta vulnerabilidad y peligrosidad. Añadió que se va a buscar que quienes están en este ámbito “ganen bien, no más que el presidente municipal, pero si tengan sueldos justos porque son lugares donde se corres riesgos y el riesgo más importante de perder la vida”.
Los excluye el municipio de Ahuacuotzingo del padrón de fertilizantes, señalan campesinos
Vecinos de la comunidad de Pochutla, municipio de Ahuacuotzingo, denunciaron que fueron excluidos del padrón de beneficiarios de fertilizante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Estado de Guerrero (Sagadegro), y exigieron que se audite al Ayuntamiento para saber qué pasó con el dinero etiquetado para una obra religiosa.
Unos 30 pobladores de Pochutla estuvieron en el Palacio de Gobierno, en la Auditoría Superior del Estado (AGE) y en la Sagadegro para plantear sus demandas. Encabezados por el comisario municipal, Artemio González, contaron en las instalaciones de Sagadegro, que viajaron a la capital porque se terminó una calle en su comunidad, que conduce a un lugar llamado El Calvario, donde se escenifica el viacrucis de Semana Santa, pero no se construyó la obra programada, aunque el dinero estaba etiquetado, y no saben qué pasó con él.
Agregó que se dio el banderazo de inicio de la obra e incluso se inauguró, pero no se tomó en cuenta al pueblo y a los comisarios del lugar, sino sólo a un pequeño grupo.
Abundó que en la AGE les dijeron que se va a investigar qué pasó con el dinero que se etiquetó para la obra.
También denunciaron que el Ayuntamiento de Ahuacuotzingo excluyó a 40 campesinos del padrón del fertilizante, problema del que hablaron con el director de Fomento Tecnológico de la Sagadegro, Javier Zepeda López.
El comisario dijo que los campesinos ya tenían muchos años en el padrón, pues la mayoría son adultos mayores, y que en la Sagadegro les confirmaron que siguen inscritos, y que quien los excluyó fue el alcalde, Herzaín Hernández Casarrubias.
Contó que les entregarían en ese momento un documento de la Sagadegro que confirma que están en el padrón, para presentarlo en la presidencia municipal para reclamar el fertilizante. (Beatriz García / Chilpancingo).
Instalan grupo auditor en el Ayuntamiento de Chilpancingo para revisar cuentas de 2017
El auditor superior del estado, Alfonso Damián Peralta, acudió ayuntamiento de Chilpancingo a instalar a un grupo auditor que revisará la ejecución de los recursos públicos de todo el ejercicio fiscal 2017, del cual los primeros diez meses correspondieron al gobierno del alcalde con licencia Marco Antonio Leyva Mena, y dos al presidente suplente Jesús Tejeda Vargas.
Minutos antes de las 2 de la tarde llegaron a la Secretaría General del Ayuntamiento trabajadores de la ASE para “abrir auditoría” domiciliaria al ejercicio fiscal 2017; esto, después de que se entregara de manera parcial al órgano fiscalizador la cuenta pública de 2017.
Ahí el auditor notificó al alcalde del inicio de la visita domiciliaria para la revisión de la cuenta pública 2017, y firmó que en 17 municipios de Guerreo realizan el mismo ejercicio.
Destacó que la prioridad que le dan a Chilpancingo es por “los antecedentes que tiene la auditoría en el contexto de los acontecimientos que se han venido suscitando en fechas anteriores”, en referencia a la sustracción de documentación comprobatoria que presuntamente realizó Leyva Mena.
Lo acompañaron el auditor especial del sector Ayuntamientos, Raúl Pacheco Sánchez, y Daniel Campos Tolentino, Karina Loaeza Guzmán y Francisco Vázquez Martínez, que son servidores públicos de la ASE y fueron adscritos a esa auditoría especial.
En el acto protocolario, el auditor entregó al alcalde suplente una orden de visita con lo que dejó a un grupo de trabajadores de la ASE realizando una revisión financiera.
Ahí se leyó el acuerdo de la auditoría con fecha de ayer, en el que comunican a Jesús Tejeda que se “ha ordenado la práctica de una auditoría financiera presupuestaria y técnica a la obra pública, al Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo con la finalidad de comprobar que los recursos públicos ingresados y egresados por dicho ayuntamiento” se hayan captado, administrado y aplicado en estricto apego a la ley 404 de ingresos.
Para el desahogo de la visita domiciliaria también comisionaron a Ciro Díaz López y Héctor Contreras Rodríguez.
En el documento entregado se solicita al alcalde que se proporcione a los funcionarios de la ASE “los libros, expedientes, informes, archivos, documentos comprobatorios y justificativos del ingreso y gasto público y de más información que resulte necesaria en esta auditoría”.
Le pidieron Tejeda Vargas que les proporcione una área de acceso restringido dentro del ayuntamiento para el trabajo del grupo auditor. De no cumplir con las solicitudes, se advierte que “serán sujetos de responsabilidad”.
En su participación Alfonso Damián dijo que notificará al gobierno municipal los resultados de la auditoría. Advirtió también que la prioridad por fiscalizar Chilpancingo es porque en diciembre pasado se comunicó a la ASE de la sustracción de documentos comprobatorios del periodo en el que estuvo como alcalde Marco Antonio Leyva.
Mientras que el alcalde suplente dijo que proporcionarían toda la información que requiera el equipo de la ASE.
Procedería un juicio político
Ya en declaraciones el auditor dijo que el caso de la fiscalización a ese Ayuntamiento es “singular” por la sustracción de documentos, delito por lo que ya hay una denuncia penal.
Advirtió que “si se mantiene el supuesto de que no existe documentación comprobatoria estaríamos ampliando o presentando denuncias nuevas por ese hecho”.
De la posibilidad de que la ASE presente una solicitud de juicio político contra Leyva Mena, explicó: “en estos momentos estamos desahogando el proceso de fiscalización, en cuanto tengamos mayores elementos y si es procedente, tengan la seguridad de que estaremos haciendo lo propio ante el Congreso”.
Se le preguntó por el señalamiento de Leyva Mena que sugirió que la ASE está realizando procedimientos acelerados en el caso de Chilpancingo como parte de la persecución política que ha señalado, y respondió que la semana pasada iniciaron 17 auditorías similares en el mismo número de municipios.
“Niego categóricamente que la ASE esté actuando por consigna, somos un órgano técnico que está actuando en términos de ley y tenemos antecedentes denunciados de irregularidades que se han venido denunciando y ventilando en los medios de comunicación”, apuntó Damián Peralta.
Justificó que si las acciones de fiscalización empatan con temas electorales o políticos “es otra circunstancia”.
Explicó que la ley le faculta para que las visitas domiciliarias puedan durar hasta un año, pero el informe de resultados lo tendrá que entregar al Congreso local a más tardar el 30 de septiembre cuando se realizará el pliego preventivo.
Mientras que Tejeda Vargas reiteró que Leyva Mena se llevó toda la información financiera comprobatoria y de programas sociales.
Se espera que hoy se notifique al pleno del Congreso local la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el que se establece que el Poder Legislativo de Guerrero sí incurrió en una omisión al desatender la solicitud de reincorporación de Marco Antonio Leyva Mena desde enero pasado, además de que ordena que se le dé respuesta.