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Los excluye el municipio de Ahuacuotzingo del padrón de fertilizantes, señalan campesinos

Vecinos de la comunidad de Pochutla, municipio de Ahuacuotzingo, denunciaron que fueron excluidos del padrón de beneficiarios de fertilizante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Estado de Guerrero (Sagadegro), y exigieron que se audite al Ayuntamiento para saber qué pasó con el dinero etiquetado para una obra religiosa.
Unos 30 pobladores de Pochutla estuvieron en el Palacio de Gobierno, en la Auditoría Superior del Estado (AGE) y en la Sagadegro para plantear sus demandas. Encabezados por el comisario municipal, Artemio González, contaron en las instalaciones de Sagadegro, que viajaron a la capital porque se terminó una calle en su comunidad, que conduce a un lugar llamado El Calvario, donde se escenifica el viacrucis de Semana Santa, pero no se construyó la obra programada, aunque el dinero estaba etiquetado, y no saben qué pasó con él.
Agregó que se dio el banderazo de inicio de la obra e incluso se inauguró, pero no se tomó en cuenta al pueblo y a los comisarios del lugar, sino sólo a un pequeño grupo.
Abundó que en la AGE les dijeron que se va a investigar qué pasó con el dinero que se etiquetó para la obra.
También denunciaron que el Ayuntamiento de Ahuacuotzingo excluyó a 40 campesinos del padrón del fertilizante, problema del que hablaron con el director de Fomento Tecnológico de la Sagadegro, Javier Zepeda López.
El comisario dijo que los campesinos ya tenían muchos años en el padrón, pues la mayoría son adultos mayores, y que en la Sagadegro les confirmaron que siguen inscritos, y que quien los excluyó fue el alcalde, Herzaín Hernández Casarrubias.
Contó que les entregarían en ese momento un documento de la Sagadegro que confirma que están en el padrón, para presentarlo en la presidencia municipal para reclamar el fertilizante. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Desatendió el IEPC requerimiento de la AGE para que los consejeros se rebajaran el sueldo

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), ocultó observaciones de la Auditoría General del Estado (AGE) de 2015 y 2016 por sus altos sueldos, pues el artículo 191 constitucional señala que ningún funcionario podrá ganar igual o más que el gobernador.
Incluso el órgano fiscalizador solicitó la reintegración de los recursos que los consejeros cobraron de más, pero no se regresó el dinero ni la AGE ha insistido en que se solventen sus observaciones.
Durante la sesión de ayer, el representante del PRD, Nicanor Adame Serrano, dijo que los sueldos de los consejeros representan una violación a la Constitución del estado e invocó el mencionado artículo que establece que ningún servidor público “dentro de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos, los órganos autónomos y los órganos con autonomía técnica”, podrá recibir “una remuneración igual o mayor a la de su superior jerárquico, ni superior a la establecida para el gobernador del estado”.
En declaraciones al concluir la sesión, la presidenta del IEPC Marisela Reyes Reyes dijo que “en términos de lo que el gobernador ha puesto en el anexo” ella gana más que él.
Pero justificó nuevamente: “lo que yo digo es que ganamos lo mismo que ganaban los anteriores (consejeros) y a los anteriores no les observaron eso y a nosotros sí. Yo no quisiera pensar que es porque a nosotros nos nombraron desde el centro y no nos nombraron los diputados (locales) y a los anteriores sí”.
El comentario de la consejera es en referencia a que el actual Consejo General fue elegido por el Instituto Nacional Electoral (INE) y no por los partidos políticos a través de sus diputados en el Congreso local.
“Lo podemos discutir y si estamos violando una norma, mi posición es: nos bajamos, nada más que sí dame un parámetro”, dijo la consejera presidenta.
Y apuntó que si al actual Consejo General lo están observando y se le pide que sus integrantes reintegren el dinero que han cobrado de más en referencia al sueldo del gobernador, “pues también a los de atrás, ¿no? Porque estamos en la misma condición, si me demuestran que estoy violando la norma yo me bajo el sueldo”.
La consejera no precisó que era la AGE la que la había observado, y sólo se refirió a que “los están observando”.
Después se consultó sobre el tema a fuentes de la Junta Estatal del IEPC que está integrada por los directores de diferentes áreas y el contralor interno Enrique Justo Bautista.
Integrantes de ésta confirmaron que al órgano electoral han llegado observaciones de la AGE desde 2015 y 2016, en las que les dicen que no pueden ganar más que el gobernador.
Y que incluso en las observaciones la AGE les dijo que tendrían que regresar recursos que cobraron en sus sueldos, en referencia al excedente ocupando como base lo que gana el gobernador, que de manera oficial es de 146 mil pesos al mes, mientras que el de Maricela Reyes es de 275 mil 930 pesos mensuales y los otros seis consejeros ganan 216 mil 666 pesos, según la última cifra que se dio a conocer.
Las fuentes del IEPC no precisaron el monto de los recursos que tenían que regresar los consejeros, pero afirmaron que el requerimiento de reintegro fue por escrito y es por cantidades millonarias.
Sin embargo a pesar de que de acuerdo con el artículo 191 constitucional “estaba bien fundamentada la observación y la solicitud”, la AGE ya no insistió en el requerimiento y “aparentemente retiró las observaciones, que nunca se llevaron ante el Consejo General”.

Desfilan autoridades para presentar el informe financiero semestral en la AGE

 

Este lunes se venció el plazo para que todos los entes fiscalizables entregaran su primer informe financiero semestral 2016 a la Auditoría General del Estado (AGE).
Ayer se vio un desfile de autoridades municipales en la AGE, que asistieron a presentar su informe; también lo hicieron representantes de organismos públicos descentralizados, autónomos y de los tres poderes.
Consultado por reporteros en las instalaciones de la AGE, el titular del órgano fiscalizador, Alfonso Damián Peralta, indicó que al medio día 58 ayuntamientos ya habían cumplido con esa obligación; mientras que por la tarde asistieron los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo a hacer lo propio.
Adelantó que este martes la Auditoría emitirá un boletín en el que informará cuáles son los entes obligados que sí presentaron su primer informe semestral del año, pues recordó que tenían hasta el último minuto de ayer para hacerlo.
Explicó que se trata de un informe de carácter financiero, presupuestal y de obra pública, y advirtió que a partir de este martes se iniciarán los procedimientos administrativos disciplinarios en contra de los incumplidos.
“Dependiendo de la extemporaneidad con que presenten su informe serán sujetos a la sanción. De entrada quien no lo presente hoy (ayer) ya son sujetos a una multa de mil salarios mínimos, y se incrementará según prolonguen la presentación y se puede llegar incluso a la inhabilitación”, explicó.
Manifestó que hay mayor conciencia en la rendición de cuentas de los entes obligados gracias a las capacitaciones que ha dado la AGE en todas las regiones del estado.
Pese a las complicaciones que enfrenta Mártir de Cuilapan, donde el ayuntamiento está tomado por el grupo disidente del cabildo que exige la destitución de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez, Damián Peralta informó que desde el viernes ese municipio presentó su informe.
De la situación en ese municipio, el auditor dijo que se trata de un tema sensible y recordó que él asistió a ese lugar para supervisar los trabajos de fiscalización que realizaba personal de la AGE correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
Sin embargo no abundó en el tema y dijo que la información respecto a la fiscalización de ese municipio se debe reservar hasta que concluya todo el proceso, lo cual sucederá una vez que la AGE presente el informe correspondiente al Congreso local.
En representación del gobierno del estado, el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, presentó el informe financiero semestral; también se observó a autoridades del municipio de Chilapa, Atoyac, Tecoanapa y La Unión, entre otros.

Halló anomalías en Tixtla por 116 millones y ya puso la denuncia en la AGE, dice el alcalde

El alcalde de Tixtla, Hossein Nabor Guillén, informó que ya presentó ante la Auditoría General del Estado (AGE) una denuncia por irregularidades en las finanzas del municipio, que ascienden a 116 millones de pesos.
Además dio a conocer que ya solicitó al Congreso del estado, al federal, a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Hacienda un presupuesto extraordinario para saldar laudos laborales millonarios que se generaron en otras administraciones.
El alcalde perredista fue consultado ayer afuera de la Casa Guerrero, donde recibió del gobernador Héctor Astudillo Flores una pipa de agua en comodato por un año para abastecer a la zona alta del municipio.
Ahí se le preguntó sobre la denuncia que dijo que pondría ante la AGE por las irregularidades financieras que encontró cuando asumió el cargo, y que obligaron al ayuntamiento a declararse en bancarrota.
El alcalde respondió que presentó la de-nuncia hace una semana, sin embargo dijo que dará información más detallada el próximo lunes en una conferencia de prensa.
Dijo que en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) hay irregularidades por 6 millones de pesos, además retenciones a trabajadores que no se reportaron al ISSSPEG, deudas de cuotas sindicales, gastos médicos y otros rubros que suman 12 millones de pesos.
Además dijo que la administración pasada no entregó el informe financiero 2015 del SMAPA, ni el correspondiente a enero, cuando se ejercieron 10 millones de pesos en obra pública, y “hay obras que no se hicieron”.
Precisó que la denuncia es por irregularidades que ascienden a 116 millones de pesos.
Ante la crisis financiera que enfrenta el ayuntamiento, el alcalde dijo que ya solicitó a la Secretaría de Finanzas, a la de Hacienda, a los diputados locales y a los federales que destinen un presupuesto extraordinario.
De no conseguirlo, dijo que irá al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo para manifestar que el ayuntamiento acepta la deuda pero no tiene dinero para pagar.
“Les vamos a decir que si están pensando embargar alguna de las cuentas (del ayuntamiento) se van a meter en un problema, porque lo que nos dice la sociedad es que si hay un ex servidor público que le va a quitar dinero a la administración municipal, la gente se va a levantar y yo no voy a hacer nada, ellos están en su derecho porque no es dinero del presidente, sino del pueblo”, expresó.
Del problema de tala de árboles en algunas comunidades, dijo que la Secretaría de Segu-ridad Pública estatal colabora en acciones de prevención, y reconoció que ha sido indispensable el apoyo de la Policía Comunitaria.
Comentó que gracias a eso realizaron las primeras detenciones de cuatro personas originarias de la cabecera municipal, que argumentaron que ante la falta de empleo optaron por la tala ilegal de árboles.

No aprueba el Congreso las cuentas del último cuatrimestre de 2003 de 12 municipios




Por unanimidad y de manera inusual, el Congreso local no aprobó las cuentas públicas cuatrimestrales de septiembre a diciembre de 2003 de 12 municipios y se instruyó a la Auditoría General del Estado (AGE) a que se siga el procedimiento para que en un plazo de 15 días los ex alcaldes solventen las observaciones o de lo contrario se fincarán responsabilidades.
Antes de esa votación, los diputados protagonizaron un intenso cabildeo para llegar a tres acuerdos: el primero, la presentación de dictámenes de los 77 ex alcaldes a quienes no les aprueban su última cuenta cuatrimestral, pues casi todos alcaldes de Guerrero en 2003 tienen observaciones, aunque sean “mínimas”.
Asimismo se instruye a la AGE a que se siga el procedimiento, para que en 15 días los ex alcaldes solventen sus observaciones o se fincarán responsabilidades.
El tercer acuerdo fue que los dictámenes del resto de las cuentas cuatrimestrales de 2003 se harán a partir de este jueves y en cada sesión se expondrán al pleno doce dictámenes de las cuentas cuatrimestrales de los ayuntamientos hasta completar las 77 administraciones municipales.
Lo anterior, porque los diputados del PRD y del PRI pretendían de sacar el resto de los dictámenes hasta después de la elección federal del 2 de julio.
“Esto no es político y tiene que ver con la rendición de cuentas, se quedó claro y en ese tenor cada ex alcalde tendrá que responder por esas observaciones”, confió el diputado perredista, Ramiro Solorio Almazán quien cabildeó estos acuerdos en la reunión de la fracción de su partido.
Por ese cabildeo la sesión empezó a las 7 y 15 de la noche y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pidió la excepción del trámite legislativo de los doce dictámenes de los municipios de Acapulco, Ajuchitlán, Ayutla, Chilapa, Chilpancingo, Copanatoyac, Coyuca de Benítez, Huitzuco, Igualapa, Juan R. Escudero y Leonardo Bravo.
En las fundamentaciones de los doce dictámenes, los diputados de la citada Comisión consideraron que “los funcionarios del ayuntamiento ‘presuntamente’ incurrieron en responsabilidades en cuanto a la captación, recaudación, administración, custodia, y aplicación de recursos públicos porque no se ajustaron a la normatividad establecida y causan daños al patrimonio de la hacienda municipal”.
Proponían que se instruyera a la AGE para que dé seguimiento “a todas las observaciones y recomendaciones contenidas en el informe de resultados y en los pliegos de observaciones, hasta solventar o fincar responsabilidades”.
De ese modo, doce dictámenes fueron aprobados por unanimidad y sin discusiones.
Exhorto a la comuna de Acapulco por el condominio La Isla
Por unanimidad aprobaron exhortar al gobierno municipal de Acapulco de Juárez para que valore la suspensión de los trabajos de construcción del condominio La Isla y la revocación de su licencia de construcción, que fue propuesto por Ramiro Solorio.
El perredista enumeró las “irregularidades” en torno a esa obra ubicada la avenida Explanada, del fraccionamiento Las Playas, propiedad de Tihui Florencia Gutiérrez Calderón, “mismas que han sido denunciadas en diversos medios de comunicación por los vecinos del lugar organizados en la Asociación Civil Colonos Península de las Playas del Municipio de Acapulco de Juárez”.
Dijo que desde el comienzo la obra “fue irregular porque los trámites se hicieron adoleciendo del cambio de uso de suelo, falsificación de firmas y ocupación de la zona federal e incluso se hizo un daño ambiental depredando 50 árboles y palmeras”.
Afirmó que en las denuncias presentadas por los colonos existen “pruebas referidas a la no autorización de cambio de uso de suelo, firmadas por el ex regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y del actual secretario general del gobierno municipal de Acapulco e incluso el propio contralor general del puerto, José Guillermo Navarrete Magdaleno, enumera las irregularidades (licencia de construcción con firmas apócrifas y uso de suelo diferente)” las cuales se presentaron el 6 de abril.
Consideró que a pesar de esas conclusiones la obra no ha sido clausurada, “urge hacer valer el estado de derecho y solicitar al gobierno municipal actúe para preservar la legalidad”.
Sobre ese punto, los diputados perredistas, Wulfrano Salgado y Abelina López afirmaron que esas irregularidades de la obra provenían desde la administración anterior y que se tenía que aplicar la ley y ordenar su cancelación.
A Comisión propuesta de liquidar el
patrimonio del PRS
Por carecer del apoyo suficiente para que su propuesta fuera tomada como de urgente y obvia resolución, se turnó a la Comisión de Gobierno la propuesta del diputado panista Benito García Meléndez para que se solicitara al Consejo Estatal Electoral (CEE) que establezca los mecanismos para la liquidación del patrimonio del desaparecido Partido de la Revolución del Sur (PRS).
En tribuna dijo que de 1998 a 2005 el partido que presidía Heriberto Noriega Cantú recibió como financiamiento para sus actividades ordinarias 8 millones 700 mil pesos, “en Guerrero han existido partidos políticos que al dejar de subsistir en la vida jurídica por respaldo popular, los bienes adquiridos son adquiridos con recursos públicos otorgados por el estado han sido mal empleados en su destino final”.
García Meléndez recordó que el PRS no presentó su informe financiero de actividades ordinarias de 2005 y consideró necesario que el CEE determine mecanismos para liquidar el patrimonio del PRS; sin embargo la propuesta no fue apoyada por la fracción del PRD, ni por el diputado de Convergencia, Fernando Pineda y no alcanzó la cantidad suficiente de votos.
En la sesión Wulfrano Salgado fijó su postura por el Día del Maestro, donde hizo un reconocimiento a su labor. Mientras que el panista Benito García pidió que la Comisión de Gobierno emita el dictamen sobre la propuesta para empezar los trabajos de la reforma del estado. A su vez, la diputada de Convergencia, María Guadalupe Pérez Urbina destacó la importancia del Día Internacional de la Familia.
La priísta Flor Añorve Ocampo presentó una iniciativa de ley de Desarrollo Social en el estado, que fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Justicia.
En otro asunto se autorizó al ayuntamiento de Acapulco donar un inmueble de su propiedad ubicado en Llano Largo, que será destinado al IMSS para la construcción de la Unidad Médica Familiar 10 Consultorio Plus.
Asimismo se aprobó manifestarse a favor de un punto del Congreso de Coahuila, que exhorta a los Congresos de los estados a impulsar la revisión de sus leyes para implementar la perspectiva de género.

Entrega López Rosas a la AGE los últimos soportes de gastos de su administración



Ricardo Castillo Díaz

El ex alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas terminó de presentar los últimos soportes para cumplir las observaciones que recibió del último ejercicio de su administración al frente del Ayuntamiento.
La semana pasada y todavía este miércoles, su ex secretario de Finanzas, Fernando Aragón Gómez, acudió a la Auditoría General del Estado (AGE), en Chilpancingo, donde entregó los documentos solicitados para comprobar 103 millones de pesos, de los más de 324 millones que originalmente le requirieron que documentara.
Entrevistado al respecto, López Rosas confió en que será favorable el dictamen que emita la AGE, para terminar de demostrar que alrededor de la comprobación del dinero que ejerció su administración, hubo una dolosa campaña de desprestigio, de la que fue cabeza visible el actual alcalde del puerto Félix Salgado Macedonio.
De acuerdo con el acta correspondiente firmada por el subdirector de Auditoría Financiera de la AGE, Raúl Pacheco Sánchez, en su última entrega de documentación Aragón Gómez llevó a la AGE un legajo de 87 hojas “para solventar las observaciones de auditoría financiera correspondiente a los resultados de la valoración de aclaraciones derivados de la fiscalización de la cuenta pública que comprende los meses de septiembre-noviembre del ejercicio fiscal 2005”.
López Rosas destacó que su caso “sea de los municipios más adelantados” en la comprobación de recursos en la AGE, no obstante de que el de Acapulco es el ayuntamiento con mayor volumen presupuestal.
El actual coordinador de las Redes Ciudadanas en apoyo a Andrés Manuel López Obrador para los estados de México, Guerrero y Michoacán, agregó que hay otros casos de alcaldes que siguen comprobando pero que ya no cuentan con el soporte de quienes fueron sus tesoreros o directores de Obras, lo equivalente en Acapulco a los secretarios de Finanzas y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, respectivamente.
“Lamentablemente otros ex alcaldes ya fueron abandonados, y yo valoro, y espero que la sociedad lo valore también, el que (el ex secretario de Finanzas) Fernando Aragón y (el de Desarrollo Urbano y Obras Públicas) Orlando Soberanis no me hayan dejado solo, que sigan aquí, y que estemos respondiendo a cada uno de los requerimientos”, dijo López Rosas.
El ex alcalde subrayó que la auditoría que se le aplicó “es algo normal”, como se hace con todos los alcaldes, y que los faltantes no son de dinero sino de documentos “en algunos casos menores”, que comprueban cómo se administró el erario durante su gestión.
No se trata, insistió, de dinero que alguien se quedó, como se quiso hacer creer a la sociedad “en una dolosa embestida” para impedir que al final de su periodo se valoraran las obras del trienio “en su justa dimensión”. Fue “un escándalo para desacreditar el gobierno que presidí”, dijo.
Como ejemplo, citó el caso de la revisión que se le hace de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Según consta en una de las 174 páginas del pliego de observaciones de la AGE a los últimos tres meses de la administración de López Rosas, fueron presentados expedientes de 51 obras que “se encuentran al 100 por ciento”. Sin embargo, precisa la AGE en su reporte, “no están debidamente integradas como lo marca la normatividad de esta Auditoría”.
Como se señala que en el caso de la pavimentación de la calle principal de la colonia Reforma de Costa Azul, que tuvo un costo de 518 mil 134 pesos con 72 centavos, le falta por anexar los dictámenes de impacto ambiental, de factibilidad, un convenio de concertación de desarrollo comunitario, el acta constitutiva del comité gestor de la obra, entre otros documentos.
López Rosas insistió en que en todo el pliego de observaciones no hubo ninguna para las concesiones de la recolección de la basura y para el pago del impuesto predial, que fueron duramente cuestionadas al final de su periodo. Confió que con ello, y con el dictamen final que emita la AGE, quedará “plenamente demostrado que los señalamientos a la administración de los recursos durante su gobierno fueron parte de una “sucia y dolosa campaña” en su contra.

Se deslindan consejeros de las opiniones de Lozano Cruz sobre las revisiones al CEE



Zacarías Cervantes Chilpancingo

Cuatro de ocho consejeros se deslindaron de las declaraciones que el presidente del Consejo Estatal Electoral (CEE), Emiliano Lozano Cruz hizo sobre el Congreso Local, para defenderse de los cuestionamientos en su contra por irregularidades administrativas y financieras en ese organismo electoral, el cual fue investigado por una Comisión Especial y es auditado por la Auditoría General del Estado (AGE).
Entrevistados en un restaurante en el centro de la capital en donde circunstancialmente se encontraban este domingo, de entrada el consejero, Arturo Pacheco Bedolla aclaró: “no buscamos bronca ni con el presidente del Consejo, Emiliano Lozano, ni con el Congreso local, lo que queremos dejar en claro que algunas declaraciones del presidente no son a nombre del Consejo como institución porque no son avaladas por todos los integrantes”.
Dijo que la intención es que como consejeros desean trabajar de manera coordinada con otras instituciones, “y de nuestra parte no tenemos ningún temor o miedo para ser investigados y si algún consejero se ve involucrado en hechos irregulares será a titulo personal”.
Informó que a partir de este incidente con Lozano Cruz los consejeros trabajan en la elaboración de un reglamento interno que establezca las limitaciones del presidente del organismo y hasta dónde puede declarar como presidente del CEE y cuando debe hacerlo a título personal.
De acuerdo al también consejero, César Gustavo Ramos Castro, en los últimos días el presidente declaró a algunos medios de comunicación en contra de los diputados miembros de la Comisión Especial que investigó las irregularidades denunciadas en el CEE, así como en contra del titular de la Auditoría General del Estado, Ignacio Rendón Romero, “de quien incluso ha dicho que el CEE lo va a demandar” y dijo que estas son opiniones personales de Lozano Cruz pero no del Consejo Estatal.
En el lugar también se encontraba el consejero Raúl Calvo Barrera, quien aseguró que las opiniones de Pacheco y Ramos también las comparte el consejero Jorge Alberto Sánchez Ortega, quien aunque no se encontraba, dijo que avala sus puntos de vista.
Pacheco Bedolla dijo que lo que critican es que Lozano Cruz “no tiene convicción para trabajar en equipo y algunas declaraciones que debiera hacer a título personal las hace a nombre del Consejo, cuando no es una opinión que haya consultado con los consejeros.
En este sentido, Ramos Castro aclaró que el CEE como institución no tiene ninguna controversia o problema con el auditor Ignacio Rendón, ni con el diputado Ramiro Solorio, quien preside la Comisión de diputados que se integró para investigar las irregularidades que presuntamente se cometieron en el organismo.
Lamentó algunos comentarios de Lozano Cruz respecto a situaciones que califican la actuación del auditor y los diputados de la Comisión Especial “sus declaraciones contra de los organismos fiscalizadores descalifican su trabajo y no abona en nada a la buena relación interinstitucional, por el contrario son consideraciones apriorísticas que pretenden poner en tela de juicio cualquier resultado de su trabajo”.
Dijo que los comentarios del presidente del CEE en el sentido de que el organismo incluso va a demandar al auditor general y Ramiro Solorio por afirmar que se encontraron irregularidades en el organismo, “se han entendido como que es la voz del CEE cuando no es así, es sólo la opinión de Lozano Cruz”.
Consideró que se ha entendido así porque el actual presidente es ex consejero cuestionado, consejero del actual CEE y presidente del mismo.
Raúl Calvo dijo que respeta las atribuciones y facultades de las instituciones públicas “y no comparto el conflicto mediático entre Lozano Cruz y los titulares de otras instituciones”.
Agregó que estará atento al resultado final que dictaminen los organismos del Congreso sobre las revisiones que se hicieron al organismo electoral.

Gastos indebidos en el fideicomiso del Room Tax en 2003, revela la AGE

 La operación, a la que debe corresponder el 3 por ciento de los egresos, se elevó a 18.69, indica la auditoría. Aparecen gastos sin comprobar y otros a cuenta de la OCVA y la AHETA

 Mónica Martínez García  

El fideicomiso del impuesto al Hospedaje o Room Tax en el ejercicio fiscal 2003 incumplió con dos principales cláusulas de su contrato al elevar sus egresos en operaciones del 3 al 18.69 por ciento derivados de gastos a cuenta de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA) y a la Oficina de Convenciones y Visitantes de Acapulco (OCVA), además de que no destinó debidamente los porcentajes de aplicación del patrimonio del Fideicomiso.

Lo anterior forma parte del pliego de observaciones derivado de la auditoría practicada por la Auditoría General del Estado a la OCVA y al fideicomiso del Room Tax para el ejercicio fiscal 2003.

Asimismo se encontró un total de 3 millones 172 mil 369 pesos por concepto de gastos personales que fueron vertidos como gastos de publicidad y que representan el 92 por ciento de los gastos administrativos y el 76 por ciento del total de los egresos de la OCVA.

De acuerdo al pliego de observaciones, existe un pasivo no comprobado de 219 mil 443 pesos por gastos como consumo de alimentos, traslados, propinas, boletos de avión, hospedajes y hasta vinos, licores, discotecas, combustibles y lubricantes no comprobados existentes en los rubros de ferias y caravanas nacionales e internacionales.

Dichos documentos también confirman la nota que hace una semana publicó este diario en donde una fuente oficial aseguró que parte de la crisis financiera de la OCVA se debe a que solventa los gastos de mantenimiento de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA) pues el pliego de observaciones al fideicomiso del Room Tax menciona en su apartado de gastos administrativos uno de 158 mil 71 pesos a cuenta de la AHETA y de OCVA.

Dicha cantidad fue gastada en mantenimiento de equipo de cómputo, papelería y artículos de oficina, accesorios para computadora, mantenimiento y equipo de oficina y mantenimiento de local.

El documento hace dos observaciones, la primera consiste en que aunque parte del activo fijo propiedad del fideicomiso se encuentra en comodato en distintas dependencias (sin mencionar cuáles), se carece del contrato correspondiente, y segundo especifica que los gastos de mantenimiento de oficina no pueden incluirse porque dicho fideicomiso no cuenta con oficinas propias puesto que el activo fijo fue dado en comodato a las asociaciones. La presidencia de dicho fideicomiso recae precisamente sobre la AHETA.

El documento señala que de acuerdo con la cláusula décima segunda del contrato del Fideicomiso, los gastos de operación “no deben exceder el 3 por ciento de los fondos, incluyendo las comisiones y honorarios de la fiduciaria y del representante del Comité Técnico”, circunstancia que –señala– el fideicomiso no tomó en cuenta debido a que sus gastos operativos representan 3.31 por ciento, “además si consideramos que el 96.71 por ciento de los recursos recibidos por la OCVA –con quien el fideicomiso firmó anteriormente un contrato de promoción– se debe a sueldos y salarios y por el hecho de considerar que el gerente general (Carlos Velásquez Cerda) y el personal administrativo de la OCVA son los mismos que los del fideicomiso, el porcentaje total de los gastos de operación asciende a 18.69 por ciento”.

El monto de dichos gastos es 3 millones 986 mil 334 pesos que corresponden a un 18 por ciento del total de los fondos fideicomitidos durante el ejercicio fiscal del 2003 que fueron de 21 millones 327 mil 522 pesos.

Gastó más de lo establecido en promoción, y nada en servicios

Respecto a los porcentajes de aplicación del patrimonio fideicomitido, la cláusula cuarta, puntos 1 y 2 del contrato, especifica que de la totalidad del patrimonio se destinará un mínimo del 80 por ciento para campañas de promoción y publicidad turística a nivel nacional e internacional así como para estudios que apoyen la toma de decisiones estratégicas para el turismo. Sin embargo, la auditoría reveló que se aplicó un importe de 19 millones 403 mil 39 pesos, lo que representa un 90.98 por ciento.

Mientras que el 20 por ciento restante debe ser aplicado en prestación de servicios públicos o privados que estén directamente vinculados a la actividad turística –del cual no se encontró ninguna aplicación– y en la prestación de servicios de información, apoyo y asistencia para los turistas del municipio se determinó que se aplicó sólo 6.71 por ciento y no el 20 por ciento aplicable.

Revela el documento que se realizaron traspasos indebidamente de la cuenta asignada al 20 por ciento a la cuenta del 80 por ciento por la cantidad de 3 millones 350 mil pesos, cuando la cláusula cuarta punto dos inciso C del contrato del fideicomiso señala que sólo podrán ser modificados por acuerdo unánime del comité Técnico del fideicomiso y que éste podrá ser sólo temporal reintegrando los recursos al fondo correspondiente, los cuales aun en la fecha de la revisión no habían sido reintegrados a sus respectivas cuentas.

Asimismo el pliego determina que el fideicomiso no provisiona las obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios generando un deficiente control en el pago de los bienes y servicios a crédito en virtud de que la administración no genera informes confiables del pasivo existente para la autorización de los pagos respetivos, lo que podría ocasionar la duplicidad en el pago de pasivos.

Dicho pliego menciona también un anticipo de 78 mil 840 pesos a Carlos Velásquez Cerda para asistir al Travel Trade Cruisethon en el 2002 del cual no existe comprobante por lo que se pide el reembolso a Velásquez Cerda o en su caso la documentación que los compruebe.

También figura lo que ya se había manejado en los medios de comunicación como el caso del depósito de 50 mil pesos que se hizo a la ahora inexistente empresa Global Air.

Así como la demanda de 750 mil dólares por incumplimiento de contrato hacia la empresa HCM & Associates, William Morris Agency Inc, Destinity Production Inc, Sherman Hill José Reynaldo Muñiz.

Señala que 830 mil 857 pesos corresponden al rubro de eventos y patrocinios cuyos documentos comprobables no reúnen los requisitos fiscales.

Indica que la falta de control interno y registro adecuado de la contabilidad propició la nula posibilidad de controlar estos gastos y que como consecuencia resultó la demanda entablada en contra de la compañía americana.

Robo de cheques, un préstamo a Sefotur y gastos personales de hasta un 96 por ciento en la OCVA

En el pliego de observaciones a la OCVA destaca un préstamo 117 mil 16 pesos a la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) el 3 de marzo del 2000 cuyo monto total en principio fue de 178 mil 3 pesos del cual hasta el 31 de diciembre del 2003 debía 117 mil 16 pesos. En el pliego se piden los comprobantes de la autorización del préstamo así como el oficio dirigido a la Sefotur donde se especifique el plazo para cubrir el pago.

La OCVA erogó 3 millones 172 mil 369 pesos por servicios personales los cuales representan el 92 por ciento de los gastos administrativos y el 76 por ciento del total de egresos cuando los gastos administrativos deberían ser menos que los gastos de promoción.

Con fecha del 30 de septiembre de 2003 se canceló una cuenta incobrable a cargo de Valeria Ruiz Palacios por 223 mil 770 pesos originada de un robo a las oficinas de la OCVA el 29 de marzo del 2001, en la que sustrajeron 61 cheques sin utilizar de los cuales el 30 de marzo del mismo año fueron cobrados tres por las cantidades de 18 mil 340 pesos, 18 mil 530 pesos y 14 mil 200 pesos habiéndose falsificado las firmas mancomunadas y de la misma manera el 2 de abril de ese año se cobraron otros 2 cheques por las cantidades de 87 mil 400 y 85 mil 300 dando un total de 223 mil 770 pesos, los dos últimos cheques fueron elaborados a nombre de Valeria Ruiz Palacios.

Aunque existe una averiguación previa del asunto hasta la fecha no se ha tenido respuesta, por ello los diputados solicitan que se explique por escrito el por qué no se dio aviso al banco de forma inmediata para efectos de que se cancelaran los cheques robados y del por qué no se levantó el acta ante la agencia del Ministerio Público.

En el rubro de gastos de publicidad se incluye 397 mil 484 pesos que corresponden realmente a gastos de renta de local de las oficinas, teléfonos celulares y radio y no a publicidad.

Asimismo en gastos de eventos promociónales se especifica el pago de 38 mil 670 pesos por concepto de “gratificación para la prensa” a Amado Ramírez, corresponsal de Televisa en Acapulco y conductor del noticiario radiofónico Al Tanto cuyo comprobante no reúne los requisitos fiscales.

Entre los deudores diversos también se menciona al ex director general de esta oficina, Carlos Velásquez Cerda cuyo monto asciende a 13 mil 554 pesos.

Como últimos puntos mencionan que los presupuestos de ingresos y egresos proporcionados por la OCVA carecen de las firmas de los funcionarios autorizados.

Parece que Alicia Zamora persigue a todo mundo, dice el rector de la UAG

 

 Reprocha a la diputada priísta que haya informado a los medios antes que a la institución que tenía observaciones a las cuentas de la casa de estudios

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

Las declaraciones de la diputada del PRI Alicia Zamora Villalva “generan un ambiente impropicio e innecesario” en la UAG, dijo el rector Nelson Valle López, y le reprochó que haya informado a los medios antes que a la institución que tenía observaciones a las cuentas de la casa de estudios.

“Parece que hay una persecución por parte de la diputada no sólo en contra de la UAG, sino de todo el mundo”, dijo el rector sin especificar.

En declaraciones al término de acto de entrega de equipo a Radio UAG, Valle López insistió en negar que entregue cuentas públicas incompletas a la Auditoría General del Estado (AGE) como lo afirmó en días pasados la presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la AGE del Congreso local.

Justificó que la institución solicitó un amparo contra los requerimientos de información del auditor no como una manera “cómoda” de no entregar la información adicional que le requirió el organismo fiscalizador, sino “para no ser multado”.

Se refirió entonces a Zamora Villalva a quien reclamó no tanto que haya dicho que hasta donde han revisado, las cuentas públicas tienen observaciones de tipo financiero y administrativo, sino que primero lo haya declarado en los medios de comunicación antes que “mandarnos un documento oficial en donde se nos hagan las observaciones”.

Luego mencionó que si la diputada priísta “tiene la sana intención de que se corrijan las cosas, nos debió haber invitado a una reunión de trabajo para aclarar algunas cuestiones”.

El tema del manejo de las finanzas de la UAG también lo tocó el rector en su discurso en el acto de Radio UAG donde destacó que en la pasada sesión del Consejo Universitario se habló de la entrega de la cuenta pública, y uno de los acuerdos de esa sesión fue que también los directores y funcionarios que manejen recursos en la universidad “deberían entregar un informe cuatrimestral y aquel que no cumpla va a ser sujeto de sanción”.

Dijo asimismo que no existe precedente en la historia de la UAG en que el Consejo Universitario “haya sesionado una vez por mes con quórum especial” de ahí que los acuerdos tomados “son válidos”.

El pedido nos llegó “a quemarropa”, explica el rector

 

 Niegan el amparo a la UAG sobre la solicitud de información de la AGE

 Raquel Santiago Maganda

Luego de que no fue concedido el amparo a la UAG para prorrogar el plazo de entrega de la información financiera a la Auditoría General del Estado del Congreso local, el rector Nelson Valle López se quejó porque la solicitud le fue entregada a “quemarropa”, y además con algunos errores.

El Juzgado Primero de Distrito, ubicado en Chilpancingo y que depende del Poder Judicial de la Federación, rechazó la solicitud de amparo promovida por el representante de la universidad, Antonio Díaz Sereno, con la intención de postergar la entrega del informe financiero y administrativo de la universidad.

Consultado al finalizar la inauguración del Octavo Congreso de la Academia de Ciencias Administrativas en el hotel Hyatt Regency, Valle López aseguró que no se opuso a la entrega de la información, pero se quejó de la premura con que le fue entregada la solicitud.

Mencionó que a pesar de que el requerimiento no estaba bien fundamentado, cumplió como rector y entregó la documentación “bajo protesta”, porque “se aparta de la ley, pero cumplí; a lo mejor no totalmente porque me agarraron a quemarropa de un día para otro”. Dijo que no le dieron “oportunidad de organizar la información”.

Mencionó que puede demostrar que de acuerdo con el oficio enviado por la auditoría general del estado, que “no existe la fracción cuarta”del Artículo 107 de la Constitución Política del Estado de Guerrero .

Por eso, criticó que deben tener “cuidado de sustentar lo que piden”, al menciona que en el documento oficial se cita otro artículo que “sólo es aplicable a ayuntamientos, y nos quieren dar ese trato” cuando existe un artículo “referente a los organismos a-u-tó-no-mos”.

Nelson Valle solicitó la revisión de la sustentación jurídica “para que no nos neguemos”, con la intención de respetar el estado de derecho.

También el rector anunció que en la próxima quincena, “habrá sorpresas” como la aplicación de descuentos en los cheques de pago a los trabajadores que no pudieron comprobar los préstamos.

Informó que el adeudo no rebasa de los 13 millones de pesos, generados por 5 mil 200 trabajadores, a pesar de que “una buena cantidad” de empleados universitarios acataron la disposición de reportar sus adeudos a la administración.