No hay temor pues no existen irregularidades: Mary Bertha

 La Secretaría de Hacienda revisará desde hoy las cuentas de la OCVA

 La notificación llegó luego de que se oficializó el informe de la AGE de que “no hubo ninguna anomalía en el manejo de recursos, ni en las transacciones” en el periodo de Velásquez

 A un día de que Alexis Iglesias informó que la Auditoría General del Estado no encontró irregularidades en la Oficina de Convenciones y Visitantes de Acapulco (OCVA) y el fideicomiso del Room Tax en la gestión de Carlos Velásquez Cerda, hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comenzará una revisión de las cuentas del organismo.

Después de la conferencia de prensa del Consejo Directivo para informar de los resultados positivos de la auditoría practicada por el organismo del Congreso del Estado, la SHCP les notificó que comenzará una revisión sobre las declaraciones de impuestos durante 2003, según informó la tesorera de la OCVA, Mary Bertha Medina Cortés, quien señaló que no existe miedo de nada porque las cuentas están claras.

Medina Cortés explicó que a una semana de concluir la auditoría que el Congreso del estado aplicó a la OCVA, los resultados oficiales aún se desconocen, aunque, según el presidente de la OCVA, Alexis Iglesias Aragón, éstas fueron satisfactorias y sin contratiempos, “no hubo ninguna anomalía en el manejo de recursos, ni en las autorizaciones o en las transacciones”, señaló durante la conferencia de prensa que se efectúo en la sala de juntas de esta asociación civil.

Iglesias Aragón indicó que de las 12 personas despedidas sólo se liquidaron a siete y únicamente quedaron las áreas de Promoción Nacional, Relaciones Públicas y Planeación Estratégica.

Además, debido a que la mayoría del personal que se liquidó eran quienes integraban el departamento de Finanzas, a partir de ayer, la contabilidad de esta oficina es realizada por un despacho externo, aunque la negociación de pagos aún no concluye. Con este movimiento –aseguró– se prevé un ahorro en gastos de un 55 por ciento, pues al ser personal externo a la oficina, no se contrae obligaciones de nómina, aguinaldo y antigüedad.

Sobre la crisis económica que actualmente cruza la OCVA, por el pago excesivo de sueldos a sus administrativos, Iglesias Aragón explicó que la decisión se tomó porque no “tenía sentido legal” el cambio al esquema de honorarios, pues legalmente se tendrían las mismas obligaciones con los trabajadores, “no era viable por eso se dejó con salarios”.

Señaló que los salarios dependerán del desarrollo que presente la OCVA, porque si aumentan los ingresos podrían también incrementar, de nuevo, al personal.

A su vez, el vicepresidente de esta oficina, Javier Saldívar Rodríguez, aunque no especificó el monto de los salarios, indicó que no podría darse otra crisis, porque se están tomando otras medidas como el integrar a más asociaciones para que aporten para la promoción, aunque aclaró que se tendría que analizar caso por caso.

Al respectó el vocal de la oficina, Roberto Von Hauske especificó que los requisitos mínimos serán que estén constituidos, tener cuotas, contar con un local y padrón, así como realizar asambleas.

Saldívar Rodríguez también agregó que lo que se pretende es ampliar el padrón de 900 comercios que pagan el Proturismo a más de 30 mil comercios para que con esos recursos se paguen promociones “permanentes”.

Pero si los hoteleros se amparan, ¿qué posibilidades hay de que estos negocios se amparen?, se le preguntó a Saldívar Rodríguez

–Las empresas grandes se amparan, porque son grandes, una pequeña no le conviene ampararse, es más costoso realizar un amparo que pagar los impuestos, yo te hablo de Proturismo, comercios que no pagan nada.

Informó que en los próximos días se dará un informe detallado sobre un plan piloto que se aplicará en alrededor de 40 tiendas departamentales en México, sobre promoción de Acapulco en bolsas de supermercados.

Sobre quién ocupará el lugar que desde el lunes dejó vacío, Velásquez Cerda, el presidente de la OCVA señaló que posiblemente a más tardar en dos semanas se podría conocer la decisión del Concejo, pero por lo pronto se seguirán analizando los curriculums –hasta el momento 16– en conjunto con la secretaria de Fomento Turístico y con el director de turismo municipal.

Entre los candidatos más fuertes está José Cedano, además de Nicolás Castillo Díaz, Oscar González y José Luis Basilio Talavera.

En la conferencia también se habló de un posible regreso del presidente de la Asociación Micro Hotelera de Acapulco, Leandro Oropeza Hernández.

Las tesorerías de Azueta y La Unión ya entregaron sus cuentas a la AGE

* El alcalde de Petatlán lo hará personalmente hoy

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Las tesorerías de Zihuatanejo y La Unión entregaron ayer ante la Auditoría General del Estado (AGE) las cuentas públicas de sus administraciones, a pesar del conflicto que ha prevalecido con los síndicos

El alcalde de Petatlán y coordinador de los presidentes municipales perredistas de la Costa Grande, Javier Rodríguez Aceves, decidió entregar la cuenta pública personalmente este martes al titular de la AGE, Ignacio Romero Rendón, junto con el acta que levantó por la negativa del síndico Jacinto Javier Segura Vega para firmarla.

“La entregaremos personalmente en la reunión con el auditor general del estado con el objeto de poner en su conocimiento la razón real por la que los síndicos se niegan a firmar la cuenta pública en estos cuatro municipios (Coahuayutla, La Unión, Petatlán y Zihuatanejo)” precisó el presidente municipal perredista de Petatlán.

Por parte de la administración perredista de La Unión, que encabeza Carlos Reyes Torres, se informó que ayer entregaron la rendición de cuentas de este cuatrimestre en la AGE con la firma “bajo protesta” del síndico Tobías Barragán Farías.

Por la administración azuetense también emanada del PRD, la tesorera Gilda Soberanis Gamiño hizo lo propio al presentar ayer la cuenta pública sin la firma del síndico Joaquín González Ramírez y anexar las cuatro actas en las que consta que mensualmente se envió la cuenta pública a revisión del síndico y que éste se negó el mismo número de veces a firmarla bajo diferentes argumentos. Una de las actas indica que la cuenta pública correspondiente a enero se le envió el 17 de marzo y la regresó el 24 de abril sin firmar y con un documento adjunto que decía que el tiempo para revisión era insuficiente así como observaciones de que no le han tomado en cuenta para el ejercicio de gastos o contratos.

No hay nada político; que se cumpla la ley, dice el síndico de Zihuatanejo

* Niega Joaquín González que pidan dinero a alcaldes

* Defiende su derecho a coordinarse con sus colegas de Coahuayutla, La Unión y Petatlán

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El síndico del ayuntamiento de Zihuatanejo, Joaquín González Ramírez dijo que la postura asumida con sus colegas de los otros tres gobiernos perredistas de la Costa Grande en torno a la firma de las cuentas públicas es para que “no se sigan repitiendo los vicios del PRI” que sólo veían en esta figura “a los firmones de los presidentes municipales”.

Precisó que no están acusando que hay mala administración, y que “no es un asunto político”, como lo interpretó el diputado federal del PRI Celestino Bailón.

Ante las declaraciones de éste publicadas en El Sur del fin de semana, González respondió que los perredistas “sí sabemos administrar y lo estamos haciendo con honestidad. Lo que no queremos es repetir los errores de los gobiernos de su partido. Si él cree que no hay buena administración, que haga las denuncias públicas ante las instancias que correspondan y que las sustente, no nada más que abra la boca en un asunto que sólo es para exigir respeto a la ley”.

Negó los señalamientos de que los síndicos acuden a la extorsión, chantaje y presión hechos por el coordinador de los alcaldes perredistas de la Costa Grande, el petatleco Javier Rodríguez Aceves.

González Ramírez consideró que esos señalamientos revelan desconocimiento del papel de contrapeso que debe significar la sindicatura, “pero si no quieren que se vigile el uso de los recursos que pidan al Congreso del Estado que reforme la ley para que puedan centralizar de manera irracional el manejo de los recursos. Que quede claro: no estamos señalando desvíos, este es un asunto de forma”.

“No ha habido presión para pedirles dinero a ninguno de los alcaldes, pero creemos que debe cumplirse con la ley y en ella se establece que los síndicos deben mancomunar firma con los presidentes municipales ante las cuentas bancarias y las órdenes de pago. No pretendemos extorsionar a nadie. Pedimos que la Auditoria General del Estado (AGE) haga respetar la ley”, respondió González.

En las mismas declaraciones a El Sur, el alcalde de Petatlán señaló directamente al síndico de José Azueta, Joaquín González de ser “el único que puede asesorar a los demás síndicos” y de estar “exportando esa tecnología” de enfrentarse con su alcalde, como sucede con González respecto de Amador Campos Aburto desde el inicio del gobierno municipal que éste encabeza.

Ante eso, González defendió como un derecho el acercamiento que ha tenido con los síndicos de Coahuayutla, Ignacio Torres Blázquez; el de La Unión, Tobías Barragán Farías y el de Petatlán Jacinto Segura Vega pues subrayó que en el artículo 101 de la ley de estado se reconoce que los síndicos y regidores deben estar “atentos al manejo de la ley en la cuestión de impuestos y sus modalidades y que somos corresponsables si no se cumple con la ley”.

Opinó que en cuanto a la cuenta pública “no se ha seguido el procedimiento adecuado” en el manejo de las ordenes de compra y las adquisiciones porque no cuentan con cuadros comparativos de proveedores o las listas de licitación de obras. “En ese sentido se refleja que los presidentes quieren actuar con libertad sin que los vigilen o los supervisen. Pero nosotros no hablamos de mala administración ni pretendemos chantajear a nadie”.

Dijo que los síndicos “se niegan a estampar su firma” en los reportes de gastos ejercidos porque “ya no son los tiempos de antes, del centralismo o del autoritarismo. El tiempo del presidencialismo ya se acabó. Las leyes ya se reformaron y los síndicos sólo estamos tratando de pedir que se nos dé nuestro lugar”.

González Ramírez dijo que mantienen “una buena relación de trabajo y respeto. El presidente Amador Campos no me está obligando a que firme la cuenta pública porque serán las instancias de la AGE las que me castiguen, multen o me llamen la atención si no firmo”.