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Se protege a todos los que trabajan para garantizar la paz en el país, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa, ayer Foto: Agencia Reforma

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR), ya se encuentra realizando investigaciones para detener a los responsables del asesinato en Chilpancingo de Fernando García Fernández, delegado de la dependencia, por lo que esperará que ellos den mayor información.
“Ya está la investigación en curso, está actuando la Fiscalía General de la República, se está avanzando en detener a los responsables, en castigar a los que cometieron este crimen y yo pienso que en unos días más la Fiscalía va a informar sobre este hecho”.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, al presidente se le comentó sobre el asesinato del delegado, a lo que respondió que esperaba que fuera la misma FGR quien diera mayor información al respecto.
“No quiero adelantar ninguna hipótesis, prefiero que sea la Fiscalía, que tengo entendido atrajo el caso, sean ellos los que den la respuesta”.
De igual forma, se le preguntó si existían medidas especiales para el personal de seguridad en Guerrero después del asesinato de García Fernández, sumado al homicidio en Coyuca de Catalán del fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras,
“Hay protección para ellos siempre, todos los que trabajan para garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad pública, tienen derecho a usar escoltas, a tener protección, son los únicos, porque los servidores públicos no, al menos que reciban amenazas, pero todos los que trabajan en áreas de seguridad tienen protección”, afirmó.
Este martes, el delegado de la FGR en Guerrero, Fernando García Hernández, fue ejecutado al sur de Chilpancingo. La dependencia señaló que la investigación responsabilizaba al grupo criminal Los Ardillos por la detención del cinco de julio de un líder de sicarios, además de la detención el viernes ocho de dos ex comisarios de la comunidad de Petaquillas.
El sábado nueve se dio a conocer que el fiscal regional de Tierra Caliente, el mayor de Justicia Militar, Víctor Manuel Salas Cuadras, fue asesinado después de ser trasladado y tirado en un pueblo en la salida rumbo a Zihuatanejo. Salas Cuadras había sido fiscal de la región de la Montaña y tenía tres días en el cargo.
El lunes en la conferencia de prensa matutina, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que el asesinato de Víctor Manuel Salas Cuadras estaba relacionado con los operativos de aseguramientos y detenciones en el estado de Guerrero.
“No vemos como un patrón, tiene que ver con las reacciones porque se viene avanzando en materia de aseguramientos, de detenciones en esta coordinación que se tiene tanto en esta entidad como en el resto del país” comentó Alcalde.
En esa misma oportunidad, se le preguntó a Alcalde si existía una estrategia para brindar mayor seguridad a los integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el asesinato de Salas y el secuestro de la titular del Ministerio Público en Coyuca de Catalán, Jaqueline González Salgado.

Reanuda actividades el Ayuntamiento de Iguala con protección del Ejército y la policía estatal

Efectivos del Ejército vigilan las instalaciones de los terrenos de la Feria a la Bandera, principal sede alterna del Ayuntamiento de Iguala, al retomar actividades este viernes, luego de que el día anterior suspendieron labores por una amenaza que se difundió en las redes sociales Foto: El Sur

Alejandro Guerrero

Iguala

El Ayuntamiento de Iguala reanudó este viernes sus actividades en oficinas y sedes alternas bajo un dispositivo de seguridad de efectivos del 27 Batallón de Infantería y la Policía Estatal, luego de las amenazas dirigidas en contra del alcalde David Gama Pérez, el síndico Oscar Díaz Bello y trabajadores, que obligó el jueves a cerrar todas sus oficinas y suspender los servicios.
Hasta este viernes el gobierno municipal no había emitido ningún comunicado ni información relacionado a estos hechos, y sólo se difundió una fotografía de una reunión que tuvo el priista David Gama Pérez con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de la que se informó que fue para revisar proyectos de obras y programas para Iguala.
El jueves se detuvieron todos los servicios del gobierno municipal y fueron cerradas todas las oficinas, desde áreas administrativas, operativas y recaudadoras, así como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capami), recolección de basura y el DIF con sus distintas áreas y guarderías, éstas últimas que fueron las únicas que este viernes no regresaron a laborar.
La determinación se derivó de una amenaza difundida en una página de Facebook en contra del alcalde priista, David Gama Pérez y el segundo síndico, Oscar Díaz Bello (PRD), en el que presuntamente el grupo del crimen de la Familia michoacana, advirtió a los trabajadores que “no vayan a trabajar hasta nuevo aviso en todas sus áreas”.
Este viernes al retomar las actividades, en la principal sede alterna del Ayuntamiento ubicada en los terrenos de la Feria a la Bandera, se instaló un camión militar con efectivos del 27 Batallón de Infantería que resguardan de forma permanente las instalaciones en la que están la presidencia municipal, la mayoría de regidurías, secretarías y direcciones de área.
Los soldados armados vigilan el único acceso que ha sido habilitado para ingresar a estas instalaciones, y este viernes, se observó escasa presencia de contribuyentes y se presentaron algunos funcionarios, pero no así los ediles, de acuerdo con fuentes consultadas.
En otra de las sedes alternas, en el edificio de la sala San Luis, en la calle Miguel Hidalgo de la colonia Centro, en la que se ubica la sindicatura de Procuración de Justicia que encabeza el perredista Oscar Díaz Bello, y donde además están la secretaría de Seguridad Pública y las direcciones de la Policía Municipal, Tránsito, Protección Civil y Reglamentos, fue la más vigilada.
Afuera de estas instalaciones había un numeroso grupo de efectivos del Ejército fuertemente armados, así como de la Policía Estatal, resguardando la zona.
Mientras que en la sede ubicada en la ex comandancia de la Policía Municipal y Barandillas, en la que hubo una ataque a balazos el 13 de junio, y donde está la primera sindicatura, tres regidurías y la secretaría de Obras Públicas, había recorridos de vigilancia por el Ejército y Policía Estatal, y siguen operando con el portón cerrado.
De acuerdo con trabajadores, principalmente quienes son de áreas operativas como recolección de basura, Limpia, Parques y Jardines, hay zozobra por las amenazas difundidas, luego del asesinato a balazos cometido el miércoles en contra de uno de los trabajadores, al que dejaron una cartulina con un mensaje escrito dirigido al alcalde Gama Pérez y al síndico Díaz Bello, éste último del que ha trascendido que se fue al extranjero.

Se reúne Gama con la
gobernadora

Hasta el cierre de esta edición el gobierno de Iguala no había emitido ningún comunicado de prensa ni postura relacionada con estos hechos, y en su página personal de Facebook el alcalde David Gama difundió una fotografía de una reunión que sostuvo este viernes con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Sin mencionar la seguridad o la violencia en el municipio, en un breve texto que escribió indica que esta reunión fue para “revisar proyectos de obras y programas” que próximamente se realizarán en Iguala, entre los que menciona la restauración del Lienzo Charro y la entrada por la autopista a Cuernavaca.
Ofrece su gratitud y reconocimiento a la gobernadora “por todo su apoyo y respaldo para su natal Iguala”, y señala que acordaron seguir trabajando “de la mano para mejorar la calidad de vida de las y los igualtecos”.

 

A partir de mayo, deudores alimentarios morosos serán inscritos en un registro estatal

Daniel Velázquez

Desde hace un mes, están en vigor nuevas disposiciones legales con las que se creará a partir del 5 de mayo de este año el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos en Guerrero dirigido a quienes mediante “triquiñuelas” evaden la responsabilidad de proveer alimentos y limitará la participación política de quienes estén inscritos en ese listado.
El pasado 3 de febrero se publicaron en el Periódico Oficial del Estado una serie de reformas y adiciones al Código Civil de Estado de Guerrero número 358, a la Ley 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero y a la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para adecuar la legislación y crear el registro.
Los ajustes a al Código y a las leyes tienen “como propósito fundamental, robustecer el marco jurídico de los alimentos, creando el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, que estará a cargo de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil del Estado, donde se inscribirán por orden judicial a quienes dejen de cumplir sus obligaciones alimentarias de manera injustificada por más de treinta días o, hayan sido sentenciados por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria”.
En los considerandos, la iniciativa que presentó el diputado priista Rafael Navarrete, sostienen que las reformas y adiciones no vulneran derechos humanos y se sostienen “desde la óptica del Derecho Familiar y el Interés Superior del Menor”.
“Instaurar el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, no transgrede los Derechos Humanos, en contra de los acreedores alimentarios, sino antes al contrario, cumplirá una función orientadora, para que lo que hoy nace como un deber jurídico, mañana, se convierta en compromiso inexcusable que constituido como valor, nos haga transitar por las sendas de la virtud y la construcción de una ciudadanía responsable, que no se regocije en transgredir la ley, sino que sea razón que nos motive incluso, para estar convencidos que somos seres humanizados, cuya como carta de recomendación sea, el construir vidas y no destrozarlas, al cumplir en la medida de nuestras posibilidades con las altas responsabilidades a que nos contrae el ser miembro de una sociedad y el estar sometido al Derecho Vigente”.
En sus considerandos, los diputados, sin dar cifras argumentan que “es innegable que el noble propósito de los alimentos cada vez se cumple en menor medida, así lo indican los altos porcentajes de demandas por este concepto que se radican a diario en los juzgados de primera instancia de los dieciocho distritos judiciales del Estado; lo anterior, sin mencionar aquellos casos -que no son pocos- que no se judicializan por cuestiones de pobreza o ignorancia de quienes deberían exigirlos”.
También, sin datos, afirman que “existiendo un indeterminado número de deudores alimentarios que eluden sus responsabilidades tornándose en situación ilocalizable; el cambiar de residencia; dejar de prestar servicios a una empresa o institución, que retiene de su salario la cantidad correspondiente a la pensión alimenticia; ponerse de acuerdo con la parte patronal para declarar menos ingresos; el trabajar por cuenta propia, declarando menos ingresos de los reales; el afirmar que está desempleado; el no contar con bienes muebles o inmuebles a su nombre, entre otras muchas y socorridas triquiñuelas”.
Las reformas se publicaron el 3 de febrero, entraron en vigor al día siguiente, pero en los artículos segundo y tercero transitorio se estable un plazo “inexcusable de 90 días”, no especifica si hábiles o naturales, para que la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil designe al responsable del padrón y elabore su reglamento interno.
“La finalidad del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, es proteger el interés superior de la niñez, para que el deudor alimentario cumpla en tiempo y forma con su obligación alimentaria. Su eficacia, se basará en la inscripción en una base de datos de carácter pública, de aquellas personas que incumplan de manera injustificada con su obligación alimentaria”.

 

Recorren policías la colonia donde habita Jesús Pintor para darle protección

Israel Flores

Ciudad Altamirano

Agentes de las policías municipales y estatales y de la Fiscalía realizan una serie de recorridos para brindarle protección al periodista Jesús Pintor Alegre, quien estuvo cautivo por 16 días; le ofrecieron seguridad personal, pero la rechazó.
Jesús Pintor se encuentra atendiendo asuntos personales, pese al asedio de llamadas telefónicas de diferentes medios buscando una entrevista para contar su historía.
En el día, cuerpos policiacos recibieron un documento de la Fiscalía del estado, en donde les hace un llamado a garantizar la seguridad del periodista y brindarle la protección necesaria.
Cuerpos policiacos se acercaron para dialogar y anunciar recorridos constantes en la colonia donde vive.
Desde este jueves, la fiscal estatal Sandra Luz Valdovinos Salmerón ofreció la posibilidad de brindarle protección personal al periodista, quien la rechazó. Dijo no estar interesado en contar con escoltas.
Pintor Alegre explicó que buscará retomar poco a poco sus actividades cotidiana. Pese a la experiencia que vivió busca reactivarse.
Los cuerpos policiacos realizan recorridos a diferentes horas. Se observó a la policía municipal y estatal. Los vecinos ven con agrado los recorridos en una zona donde en las noches escasea el alumbrado público, es de difícil acceso e incluso se han reportado robos en casas.
Acerca de Alan García Aguilar, el otro desaparecido, se reportó que no hay denuncia formal. Se tiene conocimiento por los videos y reportes de su desaparición y que no se conoce nada de él.
Tampoco se pudo conocer acerca de algún operativo de búsqueda y localización.
Algunos familiares han preguntado a cuerpos policiacos acerca de cómo iniciar la búsqueda, de tal forma que les pidieron acercarse a la Fiscalía.

 

Denunciará a Rumbo y Añorve también en la Fepade estatal, adelanta Beatriz Mojica

La candidata al Senado de la coalición Por México al Frente, Beatriz Mojica Morga, adelantó que la denuncia por violencia política de género, contra el diputado federal David Jiménez Rumbo y el candidato a senador Manuel Añorve Baños, también la presentará en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en el estado.
El 8 de mayo, Mojica Morga acudió este martes a la Fepade, en la Procuraduría General de la República, para poner una denuncia por violencia política de género, pues, informó que en las redes sociales han aparecido diversas páginas de internet que denuestan su candidatura.
El pasado martes, Mojica Morga solicitó al INE que se le brinden medidas de seguridad, porque ha recibido amenazas de muerte por parte del diputado federal David Jiménez Rumbo.
En declaraciones a reporteros después de una conferencia que encabezó el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinoza, en un salón del hotel Las Hamacas, solicitó que los dirigentes del PRI que cobijan a Jiménez Rumbo fijen una postura sobre la violencia política de género en su contra.
Sostuvo que los políticos deben garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, porque de los ataques verbales a la violencia física sólo hay un paso.
Agradeció el respaldo de hombres progresistas y de mujeres, que saben que cuando hay violencia política de género se abre la puerta para que hombres misóginos agredan a la mujer.
Insistió en su llamado a los candidatos para senadores a debatir, porque así se van a conocer las propuestas de cada uno, “los que dicen que no tienen miedo, que la gente sepa exactamente quiénes son y que no están proponiendo nada, están proponiendo por lo que ellos mismos votaron”.

Siguen sin protección policiaca cuatro escuelas de la capital agobiadas por los robos y violencia

Las cuatro escuelas de educación básica de la capital, ubicadas en zonas de riesgo donde hubo robos a los planteles y no cuentan con bardas, laboran sin la seguridad que las autoridades se comprometieron a brindarles, luego de las protestas que hicieron en días pasados.
El Sur visitó el jardín de niños Diana Laura Riojas de Colosio, de la colonia Eduardo Neri, donde según representantes de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), el Ayuntamiento y el gobierno estatal, habría resguardo policiaco a partir de este martes. El acuerdo se hizo este lunes, cuando los padres de familia bloquearon la avenida Juan N. Álvarez, para exigir seguridad ante los constantes robos al plantel; sin embargo, no se envió el resguardo policiaco prometido.
La colonia Eduardo Neri colinda con la colonia Las Palmas y se encuentra al poniente de la ciudad. La calle para llegar al jardín de niños es empinada, con curvas pronunciadas, y de doble sentido de circulación vial. En ese lado, el tipo de las casas varía desde las más humildes de madera y techos de lámina, hasta otras con acabados vistosos, más de dos niveles, pero eso sí, con bardas y portones altos.
El plantel está en lo alto de un cerro de la colonia, la vereda para llegar a la entrada es de terracería y tiene una malla ciclónica, mejor conocida como “de gallinero”, con alambre de púas por barda, que en varios tramos está cortada o sumida. Así es como entraron los ladrones, según especulan las maestras, a llevarse computadoras, impresoras, material de oficina y didáctico.
Las maestras de la escuela dijeron que no llegó el resguardo que les prometieron las autoridades, aunque se supone que hoy una comisión acudirá a visitar las instalaciones para conocer sus necesidades, “ahora nos preocupa lo que nos pueda pasar a nosotras”, dijo una de ellas, ya que al no haber nada de valor que extraer, se sienten vulnerables y desprotegidas ante la incertidumbre de si los desconocidos responsables de los hurtos intentarán agredir al personal de manera directa. Esperan que las autoridades cumplan con su promesa de garantizar la seguridad.
Por otra parte, el jardín de niños y la primaria de la parte alta de la colonia PRD, ambos llamados Ignacio Manuel Altamirano, junto con la secundaria Heberto Castillo Martínez, tampoco cuentan con el resguardo policiaco que se prometió, luego de la marcha que organizaron unos 400 padres de familia el jueves de la semana pasada.
Los tres planteles están ubicados en la calle Heberto Castillo, el jardín de niños pegado a la primaria y la secundaria de frente a ambos. Esta zona fue incluida en uno de los polígonos de alta incidencia delictiva, determinada por el gobierno federal durante la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Sin embargo, el asesinato de un intendente del jardín de niños, en marzo de 2016, los constantes robos y las denuncias de maestros y padres de familia, no fueron suficientes para que las autoridades construyeran la barda del preescolar, la primaria y cumplieran con brindar la seguridad que les exigieron.
En una visita a las escuelas, no se observó presencia policiaca, ninguna de las tres patrullas que prometieron enviar las autoridades se encontraba en la colonia y según una madre de familia, policías estatales llegaron este lunes y martes cerca de las 7 de la mañana. Se tomaron fotografías en la entrada de cada uno de los planteles y luego se retiraron.

 

Se mantiene atención al caso de la locutora de RTG, asegura funcionario de la Segob

El director del área de Recepción de Casos del Mecanismo para la de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, Jorge Ruiz del Ángel, informó que se mantiene atención al caso de la locutora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) en Ometepec y de la reportera de El Sur, Brenda Escobar. Este lunes, en las oficinas del Sindicato Nacional de los Redactores de la Prensa en Acapulco se reunió con reporteros, para explicar la función del mecanismo y escuchar los casos de agresión a reporteros.
Hace dos semanas, los representantes del mecanismo estuvieron en Chilpancingo, con reporteros de la región Centro, también para explicar los alcances y limitaciones del mecanismo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que inició desde hace cinco años.
Recordó que la Ley de Protección a Periodistas es una ley federal, que obliga e invita a los estados a firmar convenios de colaboración.
Expuso que el mecanismo de protección entra a petición del periodista o defensor de derechos humanos ante amenazas; sin embargo, entre los reporteros se le recordó el caso de Marcela de Jesús Natalio, quien no recibió amenazas y el ataque fue directo contra ella. Respondió que la agresión sirve para atender a la reportera y a partir de allí investigar si anteriormente había recibido amenazas.
Sobre la situación económica de los periodistas que se ven obligados a dejar incluso su lugar de residencia, reconoció Ruiz del Ángel que los periodistas desplazados no tienen certeza laboral y salarial, lo que consideró un pendiente que tiene que resolver el Estado.
Indicó que en el caso de la reportera de El Sur, Brenda Escobar, quien fue amenazada por la cobertura del caso del homicidio de la doctora Adela Rivas por los familiares del presunto asesino, el mecanismo ya se acercó a ella, sin dar más detalles.
También dijo que en el caso de la locutora de RTG en Ometepec, no podía dar más detalles, pero también lo están atendiendo y la presencia de él en el estado “no era una coincidencia”.

Pide el PRD al gobierno federal respuesta integral para la protección a los alcaldes


La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se reunirá el martes con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, para solicitar un programa integral de seguridad para los alcaldes amenazados por el crimen organizado.
Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, informó que acudirá a Bucareli la próxima semana.
“Nuestra exigencia va más allá de un tema de escoltas para los presidentes municipales; nos interesa que haya una respuesta integral de parte del Estado, en la que se den garantías a todos los alcaldes, y eso pasa por el principio de la recuperación del espacio público”, dijo Barrales en conferencia de prensa.
La lideresa perredista rechazó una vez más la respuesta reciente del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien, ante el asesinato del alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto, justificó con que se había metido a una zona peligrosa.
“Nos interesa que la salida fácil (para resolver el asesinato de los alcaldes) no sea vincularlos de inmediato con el narco”, dijo.
En el edificio del PRD, Barrales consideró que la respuesta debe incluir no sólo seguridad sino, por ejemplo, mejoras económicas y garantías de todos los servicios públicos en los municipios.
“No queremos más policías ni Ejército, sino el entendimiento de que necesitamos medidas integrales”, sostuvo.
Por la tarde de ayer, la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, arribó a la sede de la Comisión Nacional de Seguridad, donde se reunió en privado con el titular de la dependencia, Renato Sales.
De acuerdo con un boletín del PRD, en dicha reunión este instituto político pidió que se revise la estrategia de seguridad para brindar mayor protección a los alcaldes del estado de Guerrero.
Asimismo, se exigió la colaboración de la CNS para que se llegue a fondo en las investigaciones para esclarecer el homicidio del Alcalde de Pungarabato.
La CNS explicó cómo se encuentra el despliegue y la presencia de elementos de la Policía Federal en municipios de la entidad en la que las autoridades locales han solicitado el apoyo del gobierno federal para garantizar la seguridad.
“Exigimos a Renato Sales garantizar la seguridad de las autoridades municipales de todos los partidos políticos”, informó Mojica mediante su cuenta de Twitter.
En la reunión también participaron el alcalde de Acapulco y coordinador nacional de Autoridades Locales del PRD, Evodio Velázquez; el secretario de Asuntos Municipales, Carlos Sotelo, además del presidente del PRD en Guerrero, Celestino Cesáreo.
El pasado sábado en la noche fue asesinado el alcalde perredista de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto, el cual, desde noviembre de 2015, había denunciado amenazas de un grupo que formó parte de Los Caballeros Templarios.

Se mantiene la protección de policías al alcalde de Zitlala ante amago del crimen

El presidente municipal de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, informó que el gobierno del estado mantiene el equipo de seguridad que le asignó desde que descubrió un plan para asesinarlo y que sus actividades las realiza de manera normal pese al “riesgo” que enfrenta.
Consultado por reporteros en el poblado de Tres Palos, municipio de Acapulco, a donde asistió a la ceremonia que encabezaron el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Héctor Astudillo Flores, aseguró que su gobierno firmó el convenio de adhesión al Mando Único para la policía.
“Se me asignó seguridad, pero de hecho el riesgo ha estado latente desde que tomé protesta, sin embargo no se había publicado, y el fiscal fue quien informó sobre este tema el día lunes pasado, hace ocho días nos informó de esta situación”, dijo, y señaló que también a su familia las autoridades le asignaron vigilancia policial.
El pasado miércoles 25 se publicó que el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que a través del “sistema de inteligencia” se descubrió que se preparaba un atentado contra el alcalde de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, y el director de Seguridad Pública municipal, Alfredo Tlatempa Palacios, por lo que ambos estaban en Chilpancingo resguardados.
Zapoteco Castro recordó que cuando las autoridades le informaron del plan que descubrieron para asesinarlo se quedó unas horas en Chilpancingo, y el pasado “23 (de mayo) me fui a festejar el día del estudiante en el municipio, no me quedé en la capital del estado, he estado atendiendo mi agenda normal”, porque si se ausenta los ciudadanos exigen su presencia para las actividades diarias.
Aseguró que “seguimos trabajando porque tenemos confianza que nosotros no tenemos problemas con nadie y que esto se va a resolver. Desconozco de dónde venga”, dijo.
Sostuvo que de manera directa no ha recibido amenazas, “pero como el gobierno del estado detectó a través de la Fiscalía, es algo que sí nos altera como seres humanos y nos provoca ciertas situaciones de temor, somos seres humanos, sin embargo tenemos que trabajar, es una responsabilidad y vamos a cumplirla cabalmente”.
Zapoteco Castro iba escoltado ayer por una patrulla con policías estatales.
Aseguró que el gobierno del estado, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública le han dado su apoyo, y “agradezco todo el apoyo que nos han dado al municipio de Zitlala”.
En otros temas, dijo que Zitlala firmó el convenio de adhesión al Mando Único y “vamos a cumplir lo establecido, para que la policía pertenezca a ese mando único, nosotros ya lo firmamos”.
Indicó que en su municipio hay 18 policías, nueve por turno, y se están evaluando, algunos ya tienen la certificación y otros están en proceso de evaluación.
Detalló que en el municipio hay una comunidad que había planteado formar una policía comunitaria, pero “hasta el momento no tenemos policías rondando en el municipio”, y es que la seguridad ha mejorado en referencia a diciembre y enero, porque hay vigilancia del Ejército y de la policía estatal.
El alcalde aseguró que su gobierno trata de impulsar proyectos para que no se siembre droga, porque “se menciona que en algunas comunidades así lo manejan, pero tratamos de impulsar proyectos para evitar ese tipo de siembras que son ilícitas”.