Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
El kiosco de la alameda y la iglesia de San Miguel de Chichihualco, sin gente, tras el ataque armando al ex alcalde priista Ismael Cástulo Foto: Jessica Torres Barrera
Rosendo Betancourt
Chilpancingo
El dirigente por la seguridad y el desarrollo de la Sierra, líder de una autodefensa disuelta por el grupo criminal Los Tlacos, desplazado por la violencia de Los Morros, y ex alcalde por el PRI del municipio de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo Guzmán fue asesinado este viernes en un ataque a balazos en Chichihualco, cuando se transportaba con su esposa y su hijo.
Según un reporte extraoficial, aproximadamente a las 9 de la mañana fue agredido a balazos cuando viajaba a bordo de una camioneta de la marca Nissan color blanca de redilas con su esposa e hijo, resultando estos dos heridos.
Su hijo herido es un joven de 24 años, circuló entre reporteros que cubrieron las actividades del ex funcionario en varias ocasiones, y se supo que él y su madre están fuera de peligro, ya que las heridas no fueron graves, incluso que no necesitaron hospitalización.
“El ex alcalde resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, por sus familiares donde más tarde perdió la vida”, se lee en un reporte.
El hospital en el que falleció Ismael Cástulo es el general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, según otro reporte no oficial.
En Chichihualco a las 3 de la tarde se vio otra vez cerrado el mercado municipal, el centro de salud, las escuelas, y casi la mitad de los negocios debido a la violencia.
En un recorrido se vieron sólo cuatro patrullas de la Policía Estatal que se retiraron a las 3:30 de la tarde. Lo que dejó al poblado otra vez sin vigilancia policiaca, según se pudo observar.
En el lugar del ataque aún había una gran mancha de sangre, en la calle Emiliano Zapata, a dos cuadras del Palacio Municipal.
En la salida de Chilpancingo hacia Chichihualco en el punto conocido como La Quebradora, se instalaron patrullas de la Policía Estatal y un Rhino, un camión de asalto.
Los vecinos parecían nerviosos, evitaron que se tomaran fotografías de los puestos, ante lo que los reporteros que acudieron tuvieron que salir de la zona en menos de una hora de recorrido.
Activista, autodefensa, alcalde…
Ismael Cástulo fue uno de los promotores de la legalización de la amapola como una alternativa para terminar la violencia y llegara el desarrollo de la sierra. Fue desplazado por la violencia de la comunidad de Los Morros. Presidente de La Unión de Comisarios por la Paz, Seguridad y Desarrollo de la Sierra de Guerrero en 2016 cuando pidió armamento, capacitación y presupuesto para 464 nuevos policías rurales. Demandó un retén del Ejército en la carretera Iguala-Chilpancingo en el punto conocido como Casa Verde, la entrada a sus comunidades.
El 29 de abril de 2016 fue detenido por policías federales antimotines que desalojaron una protesta de vecinos de la sierra de Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Heliodoro Castillo (Tlacotepec), San Miguel Totolapan y a choferes de Urvan y taxis de la capital en la Autopista del Sol, en el crucero de Chichihualco, luego de un bloqueo de más de 8 horas a los dos carriles de la vía federal, en el gobierno de Héctor Astudillo Flores.
Fue uno de los 71 detenidos ese día, pero aclaró que fue por voluntad propia, porque le dio tristeza ver cómo se llevaban a sus compañeros, que lo único que pedían era una audiencia con el gobernador, seguridad y obras para sus comunidades.
El 11 de marzo 2020 ya como presidente municipal de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo Guzmán expresó un “ya basta” a los gobiernos federal y estatal, a quienes exigió que se hagan cargo de la seguridad en su municipio y en Eduardo Neri, en una conferencia de prensa en el Palacio Municipal, acompañado de 16 comisarios municipales, luego de un ataque a la base de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo en Filo de Caballos que dejó cinco muertos, y denunció más desplazamientos de familias de unas siete comunidades.
El 21 de marzo de 2020 encabezó una marcha por la paz y para exigir a los gobiernos federal y estatal garantías de seguridad ante la amenaza de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) encabezada por Salvador Alanís, tras dos días de balaceras en los poblados de Carrizal y Balsamar que se encuentran en la ruta hacia Chichihualco.
Llamó a los grupos armados que se disputaban entonces (como ahora) el territorio, a que no tomen como rehén a la sociedad.
El 1 de septiembre de 2020 acusó al dirigente del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, de utilizar a los desplazados por la violencia para beneficiarse económicamente, y le prohibió la entrada al municipio.
El kiosco de la alameda y la iglesia de San Miguel de Chichihualco, sin gente, tras el ataque armando al ex alcalde priista Ismael Cástulo Foto: Jessica Torres Barrera
Asesinan a ex alcalde de Chichihualco; era desplazado y promovió grupo de autodefensa
Ismael Cástulo Guzmán es atacado a balazos por la mañana cuando viajaba en una camioneta con su esposa y su hijo, quienes resultan heridos, aunque no de peligro. Fallece posteriormente en el hospital Raymundo Abarca Alarcón, de la capital
Rosendo Betancourt
Chilpancingo
El dirigente por la seguridad y el desarrollo de la Sierra, líder de una autodefensa disuelta por el grupo criminal Los Tlacos, desplazado por la violencia de Los Morros, y ex alcalde por el PRI del municipio de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo Guzmán fue asesinado este viernes en un ataque a balazos en Chichihualco, cuando se transportaba con su esposa y su hijo.
Según un reporte extraoficial, aproximadamente a las 9 de la mañana fue agredido a balazos cuando viajaba a bordo de una camioneta de la marca Nissan color blanca de redilas con su esposa e hijo, resultando estos dos heridos.
Su hijo herido es un joven de 24 años, circuló entre reporteros que cubrieron las actividades del ex funcionario en varias ocasiones, y se supo que él y su madre están fuera de peligro, ya que las heridas no fueron graves, incluso que no necesitaron hospitalización.
“El ex alcalde resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, por sus familiares donde más tarde perdió la vida”, se lee en un reporte.
El hospital en el que falleció Ismael Cástulo es el general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, según otro reporte no oficial.
En Chichihualco a las 3 de la tarde se vio otra vez cerrado el mercado municipal, el centro de salud, las escuelas, y casi la mitad de los negocios debido a la violencia.
En un recorrido se vieron sólo cuatro patrullas de la Policía Estatal que se retiraron a las 3:30 de la tarde. Lo que dejó al poblado otra vez sin vigilancia policiaca, según se pudo observar.
En el lugar del ataque aún había una gran mancha de sangre, en la calle Emiliano Zapata, a dos cuadras del Palacio Municipal.
En la salida de Chilpancingo hacia Chichihualco en el punto conocido como La Quebradora, se instalaron patrullas de la Policía Estatal y un Rhino, un camión de asalto.
Los vecinos parecían nerviosos, evitaron que se tomaran fotografías de los puestos, ante lo que los reporteros que acudieron tuvieron que salir de la zona en menos de una hora de recorrido.
Activista, autodefensa, alcalde…
Ismael Cástulo fue uno de los promotores de la legalización de la amapola como una alternativa para terminar la violencia y llegara el desarrollo de la sierra. Fue desplazado por la violencia de la comunidad de Los Morros. Presidente de La Unión de Comisarios por la Paz, Seguridad y Desarrollo de la Sierra de Guerrero en 2016 cuando pidió armamento, capacitación y presupuesto para 464 nuevos policías rurales. Demandó un retén del Ejército en la carretera Iguala-Chilpancingo en el punto conocido como Casa Verde, la entrada a sus comunidades.
El 29 de abril de 2016 fue detenido por policías federales antimotines que desalojaron una protesta de vecinos de la sierra de Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Heliodoro Castillo (Tlacotepec), San Miguel Totolapan y a choferes de Urvan y taxis de la capital en la Autopista del Sol, en el crucero de Chichihualco, luego de un bloqueo de más de 8 horas a los dos carriles de la vía federal, en el gobierno de Héctor Astudillo Flores.
Fue uno de los 71 detenidos ese día, pero aclaró que fue por voluntad propia, porque le dio tristeza ver cómo se llevaban a sus compañeros, que lo único que pedían era una audiencia con el gobernador, seguridad y obras para sus comunidades.
El 11 de marzo 2020 ya como presidente municipal de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo Guzmán expresó un “ya basta” a los gobiernos federal y estatal, a quienes exigió que se hagan cargo de la seguridad en su municipio y en Eduardo Neri, en una conferencia de prensa en el Palacio Municipal, acompañado de 16 comisarios municipales, luego de un ataque a la base de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo en Filo de Caballos que dejó cinco muertos, y denunció más desplazamientos de familias de unas siete comunidades.
El 21 de marzo de 2020 encabezó una marcha por la paz y para exigir a los gobiernos federal y estatal garantías de seguridad ante la amenaza de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) encabezada por Salvador Alanís, tras dos días de balaceras en los poblados de Carrizal y Balsamar que se encuentran en la ruta hacia Chichihualco.
Llamó a los grupos armados que se disputaban entonces (como ahora) el territorio, a que no tomen como rehén a la sociedad.
El 1 de septiembre de 2020 acusó al dirigente del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, de utilizar a los desplazados por la violencia para beneficiarse económicamente, y le prohibió la entrada al municipio.
Grupos delictivos controlan ya la sierra con la complicidad u omisión del gobierno, denuncian
En carta a AMLO, campesinos de 16 comunidades de Chichihualco, Tlacotepec y Chilpancingo piden que las autoridades asuman el control. Exponen que hasta hace meses eran libres y su único problema era la pobreza, pero desde mayo “sufrimos la amenaza de grupos armados que llegan, pasan, o se asientan en nuestros territorios, convirtiéndose en una amenaza y riesgo para nuestras familias”
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Campesinos de la sierra de Chilpancingo, Leonardo Bravo (Chichihualco) y de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), exigieron a los gobiernos federal y estatal que “asuman el control como autoridades” en esa región “o de lo contrario asumirán las consecuencias”.
Señalaron que el gobierno ha dejado el espacio a los grupos de la delincuencia organizada quienes están asumiendo el control “sin ton ni son”.
Antes de que conocieran el asesinato del ex presidente municipal de Leonardo Bravo y fundador de la ya inactiva Unión de Comisarios de ese municipio, Ismael Cástulo Guzmán, mediante un escrito de fecha 3 de octubre enviado al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, denunciaron que grupos delictivos están “avasallando todo el territorio” con la complicidad u omisión de los tres órdenes de gobierno.
Del documento se responsabilizan pobladores de Corralitos, La Soledad, La Felicidad de García Suazo, El Asoleadero, El Naranjo, el Guaje y El Río, de Leonardo Bravo.
Asimismo, Agua Fría, Agua Hernández, Colonia General Heliodoro Castillo, El Durazno y el Fresno, del municipio de Chilpancingo, y Chicahuales, Chilpancinguito, Ojo de Agua y La Ciénega de Heliodoro Catillo.
“No omitimos informarle que nuestras comunidades, hasta hace meses, estaban libres de grupos del crimen organizado, y como pueblo nuestro único problema era la pobreza, la falta de servicios, los malos caminos y la indiferencia del gobierno, pero aun así éramos felices”, denuncian en el documento que, según los sierreños enviaron al presidente de la República.
Agregan que, sin embargo, en los últimos meses “aunado a estos problemas sufrimos la amenaza de grupos armados que llegan, pasan, o se asientan en nuestros territorios, convirtiéndose en una amenaza y riesgo para nuestras familias”.
Aseguran que el problema ha sido denunciado reiteradamente vía telefónica a los gobiernos estatal y federal desde los primeros días de mayo pasado sin que hasta ahora (3 de octubre) hayan tenido respuesta.
Los pobladores denuncian que, en algunos casos, (sin precisar) en qué poblados, han sido amenazados para que abandonen las comunidades “o llegarán a quemarnos nuestras casas”.
Añaden: “No queremos que llegue a ocurrir tal cosa, pedimos la protección de nuestro gobierno, sabemos de otros pueblos que han sido abandonados por amenazas cumplidas, nosotros aún esperamos la protección y la justicia de nuestro gobierno en el que confiamos”.
Denuncian que desde mayo que comenzaron a denunciar la amenaza de los grupos delictivos, sus comunidades siguen abandonadas y que los elementos del Ejército y de la Policía Estatal sólo acuden cuando ocurren hechos de violencia pero de inmediato se regresan “y nos dejan a merced de los grupos delictivos”.
En el documento no se precisan hechos de violencia que hayan ocurrido en esos pueblos, pero aseguran que derivado de amenazas “algunas familias han salido desplazadas de algunos pueblos dejándolo todo; casas, animales y tierras de labor sembradas”.
Piden que los tres órdenes de gobierno asuman el control de la zona y eviten que siga siendo ocupado por “grupos extraños que roban la tranquilidad a quienes lo único que pedimos y queremos es trabajar en paz”.
En el documento no se menciona qué grupos están irrumpiendo, pero en la zona hay una disputa entre los grupos delictivos de Los Tlacos con el de la Familia Michoacana que quiere entrar aliado con el grupo del Cártel del Sur que encabeza Isaac Navarrete Celis mismo que fue desplazado en 2018 por la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo y Los Tlacos.
El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, ponderó el esfuerzo de los campesinos de la Sierra para apoyar el regreso a sus casas de las familias que fueron desplazadas, no obstante, rechazó el uso de las armas.
“Por una parte estoy muy agradecido de que estén para asegurar las familias que están desplazadas y ojalá las puedan hacer regresar a sus casas y que vuelvan los que fueron desplazados y sería muy loable de felicitarles”, dijo respecto a al nuevo grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan y Tlacotepec que se presentó este lunes.
Consideró necesario que se cambien las estrategias de seguridad debido a que no le han funcionado a la sociedad porque al gobierno le corresponde poner paz en su territorio y debe buscar la manera hacerlo.
Entrevistado en Iguala después de oficiar una misa en honor al santo patrono de la ciudad, San Francisco de Asís, monseñor pidió que las autodefensas no vayan a cometer errores, y den seguridad.
Al preguntarle si está a favor de que los pueblos se levanten en armas para defenderse, dijo que no “porque la iglesia no quiere que nos matemos unos y otros y no usemos las amas; al contrario, la iglesia tiene esperanza en que los hombres y mujeres nos reconciliemos, que tenemos inteligencia y corazón para buscar otros medios para la pacificación y reconciliación y ofrecemos el diálogo para que juntos busquemos la verdad y justicia y paz”.
El clérigo afirmó que la iglesia nunca aprobará las armas, por lo que espera que no vuelvan nunca porque han hecho mucho daño a través de la historia y que por eso se debe buscar los medios pacíficos.
Opinó que no es la respuesta que la gente se arme al no tener seguridad del gobierno, porque pueden morir y no se pretende eso.
“Ahí esperamos a los constructores y artífices de la paz, es decir hombres y mujeres artífices de la paz que nos pongamos a trabajar incluida la iglesia, porque se puede construir y tejer la paz, pero no aprobar nunca las armas”.
Agregó que la intervención de las empresas multinacionales es armarnos y acabar con la gente, “somos hermanos los mexicanos y nos arman para dividirnos y al contrario hay que desechar las armas cuánto antes”.
Respecto al proceso electoral, comentó que los ciudadanos deben ejercer su voto que costó tanto para que todos pudieran ejercerlo, sobre todo las mujeres.
Finalmente pidió a los jóvenes que se pronuncien y que sean ellos quienes le den un nuevo rumbo a la nación. (Redacción / Iguala).
El delegado general de Gobierno de la región Sierra, Saúl López Sollano, reconoció que los 66 pueblos de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo (Tlacotepec), que formaron la autodefensa Pueblos Unidos por la Paz, se organizaron porque no tienen garantías de seguridad.
“Eso así es, no reconocerlo sería como cuando el avestruz mete la cabeza en la tierra”, pero acotó que el lunes ya llegó a la zona el Ejército.
Entrevistado ayer por teléfono, López Sollano explicó que se trata de un movimiento que “no es nuevo”, que ya había tenido sus antecedentes cuando surgieron las autodefensas en Guerrero con Bruno Plácido (dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero).
Dijo que los pueblos ya vivieron un clima de violencia “y estuvieron operando (como autodefensa) durante varios años. Fue en el tiempo de las policías comunitarias con Bruno Plácido, son policías que tuvieron sus propias características en cada región, en cada zona”.
Añadió que después se calmaron un poco las cosas en la sierra “y volvieron, entre comillas, a la normalidad, y lo que veo ahora es que debido a las circunstancias actuales se tuvieron que reagrupar”.
Indicó que su reorganización tiene que ver con el conflicto que vivieron hace un mes, “cuando tuvieron que defenderse de los ataques de la delincuencia organizada”.
Reconoció que ahora resurgieron con “un mayor grado de organización porque estamos en una etapa diferente”.
Sin embargo resaltó que “ya hubo una respuesta, ya subieron las fuerzas federales, el Ejército está allá y todo depende de cómo la federación asuma su presencia. Ojalá y sea para reforzar la seguridad”.
A pregunta expresa, el funcionario admitió que “en cierto modo debemos de reconocer que se organizaron por la falta de seguridad que no tienen del gobierno, eso así es. No reconocerlo sería como cuando el avestruz mete la cabeza en la tierra para no ver lo que pasa a su alrededor”. Y está claro que hay un conflicto “que hay que atender”.
López Sollano informó que él ha estado allá de manera permanente, “yo no soy ajeno a la sierra, como delegado yo he estado allá, los he acompañado, he estado en momentos precisos”.
Explicó que la postura del Gobierno, ahora que fue a Puerto del Gallo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda fue muy clara; “reconocer las condiciones de marginación de la sierra, la falta de caminos y, obviamente, el problema de la seguridad”.
Insistió: “Eso es reconocido, pero también hay la voluntad de darle atención a estos conflictos”.
Pero aclaró que también depende del apoyo de las fuerzas federales, que es indispensable, “sobre todo por lo retirado de la zona, sus particularidades, la marginación, la falta de buenos caminos. Todo eso dificulta todos los programas de apoyo, incluyendo la seguridad”.
Aseguró que como parte del compromiso de la gobernadora, el lunes ya llegó el ejército a esas comunidades.
“Claro, yo he oído opiniones de la gente de que quieren que se quede ahí de manera permanente el Ejército, pero tiene sus propias estrategias y yo como delegado no puedo cambiarlas”, precisó.
López Sollano informó que la propuesta a los pueblos que se organizaron en la nueva autodefensa será la misma que hizo el secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso en Puerto del Gallo; la formación de una policía rural, “en eso se va a trabajar y a eso le vamos a dedicar una buena parte de nuestro tiempo, es lo que yo he estado sugiriendo que se acelere este proceso”.
Pero aclaró que el llamado será a los comisarios municipales que son los legalmente constituidos, “y la integración de la gente que va a nutrir estos cuerpos de seguridad será decisión de los pueblos, de las autoridades, de los comisarios”.
Reconoció que consolidar el proyecto no es fácil, “no es nada más llegar y ya se arma a un grupo de gente, es un proceso, incluso tiene que estar vigilado por las fuerzas armadas y, sobre todo, mucho diálogo”.
Vecinos de Coahuayutla se manifestaron ayer contra la Policía Ciudadana de la UPOEG . Foto: El Sur
Los alcaldes de Coahuayutla y La Unión, Rafael Martínez Ramírez y Crescencio Reyes Torres pidieron la intervención de los gobiernos estatal y federal para atender la presencia de policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG) en sus municipios.
En el caso de Coahuayutla Martínez Ramírez dijo que los policías ciudadanos que el martes de esta semana se presentaron en la comunidad Colmeneros, “se trata del grupo de la delincuencia organizada que se llaman Los Cuernudos, y no es posible que el gobierno no haga nada al respecto.
Consultado vía telefónica el morenista Rafael Martínez expuso, “yo en lo personal identifico a Eleazar Mercado Rodríguez (el vocero de la UPOEG en Coahuayutla) alias El Chay, como integrante y líder de una fracción de la parte de la delincuencia organizada del grupo denominado Los Cuernudos”.
“No es policía ciudadana ni es policía, ¿qué es lo que están haciendo ellos?, ahí mencionan ellos que la intención era tomar el control de la seguridad en el municipio toda vez que ha habido familias que se habían desplazado y eso, les faltó decir ahí que quienes los han desplazado y los han robado y han secuestrado han sido ellos, si la gente se ha ido ha sido por causa de ellos porque ellos son integrantes del grupo de Los Cuernudos, aquí todo el mundo lo sabe, aquí no hay una persona que no sepa que esta persona es uno de los líderes de este grupo”.
Aseveró que “el meollo aquí de ellos de querer formar la comunitaria es debido a que ellos tenían 13 años ya extorsionando a los presidentes municipales que han estado aquí en Coahuayutla, yo no soy parte de eso y yo no voy a ceder ningún tipo de negociación con la delincuencia organizada, toda vez que yo no me debo a ellos, yo me debo a la sociedad y yo estoy para servir a la sociedad y aquí nadie está por encima del pueblo”.
“Que intervenga el gobierno, ellos dicen que quieren coordinarse con las autoridades pero que no quieren que suba la Policía Estatal ni su grupo Jaguar, ¿por qué no quieren que suban?, ahorita que ellos están aquí en el municipio los policías estatales no ha sucedido nada, pero en cuanto se salen ellos se quitan las playeras de la comunitaria y se cuelgan sus percheras de sicarios y se suben como delincuencia organizada”.
Martínez sostuvo que los policías ciudadanos, “se están escudando con una playera de una organización que probablemente sí tenga la intención de apoyar, que es la que encabeza Bruno Plácido, la UPOEG, por lo que en lo personal invito a Bruno Plácido a que haga una pronunciación si realmente está apoyando él a ese grupo armado porque nosotros vamos a exhibir a esta persona que es el vocero de este movimiento, que es un delincuente, que es una persona que se dedica al robo, a la extorsión, ha sido violador, ha hecho y deshecho”.
Indicó que ha intentado presentar denuncia penal contra Eleazar Mercado pero ninguno de los afectados se anima a señalarlo directamente por miedo a que los maten, “tengo entendido que sí hubo unas demandas pero alguien del mismo gobierno metió las manos por él para retirar esas denuncias y él pudiera ser candidato a presidente municipal en la pasada elección, pero tenía una demanda por robo y homicidio y aquí todo el mundo lo sabe”.
Manifestó que el ex presidente municipal perredista, Gilberto Dorantes Basurto, “asistió directamente con las autoridades y hay un acta donde lo señaló de que él (Eleazar Mercado) encabezó el movimiento para saquearle sus viviendas en la cabecera municipal de donde se llevaron enseres domésticos, vehículos, camionetas y el gobierno no hace nada, al contrario, ahorita lo respaldaron para entrar a la cabecera municipal”.
Dijo que “como Ayuntamiento yo no los voy a ayudar jamás porque no estoy para ayudar a ellos sino a la gente, mi tarea es servir al pueblo, no a cabrones delincuentes vividores, este es el enésimo llamado al gobierno federal y al estatal que intervengan, ya mandé un informe al gobernador de esta pseudo policía comunitaria, que aquí todo mundo sabemos que son un grupo de delincuentes disfrazados de policías poniéndose con una playera y necesitamos saber si Bruno Plácido es ungidor de delincuentes o cómo, porque en lo personal sí nos gustaría que nos lo dijera Bruno”.
“Una vez más le hago un llamado al gobierno federal y al estatal que no dejen que Coahuayutla se vuelva un baño de sangre, porque la gente ya no va a permitir los abusos de estas personas, porque la mayoría de las personas que el martes traía Eleazar eran gente amenazada que sacaron de sus comunidades para que los acompañaran, la mayoría de las personas que iban ahí son campesinos, gente de bien que fueron amenazados con que si no los acompañaban que agarraran sus cositas y se salieran del municipio, pero sus cositas se refieren a que nada más la ropa que traigan puesto porque al momento que ellos se salen todos sus bienes se quedan a beneficio de ese grupo armado denominado Los Cuernudos encabezados por Flavio Delgado Cruz y Eleazar Mercado”.
La Unión está en paz:?alcalde
De la presentación de la Policía Ciudadana de la UPOEG el lunes en Petacalco, municipio de La Unión, el presidente municipal perredista Crescencio Reyes Torres manifestó vía telefónica, “yo creo que hay inseguridad como en todo el país, el municipio de La Unión no se escapa a eso, en cuanto al surgimiento de los policías comunitarios lo único que puedo decirle es que se manifestaron en paz, sin problemas con nuestra policía, pero aquí no hemos vivido hechos violentos ya de varios meses atrás, creo que todos saben que ha estado el municipio más o menos tranquilo”.
“Ojalá que este surgimiento no vaya a ocasionar un problema en ese sentido con algún grupo delictivo pero hasta ahorita todo se manifiesta tranquilo, están los retenes en Zacatula, en el área de El Naranjito-Zacatula y en Petacalco de manera pacífica, tranquilos, sin ocasionar ningún problema”.
Consideró “que sería muy bueno que el gobierno del estado y el federal dieran una atención aunque esté tranquilo, aunque no se manifieste ahorita ninguna situación de violencia, pero siempre es bueno estar en coordinación, estar platicando para tener conocimiento del origen del problema, sí considero que el gobierno del estado y el gobierno federal debieran tender mesas de diálogo para saber de qué estamos hablando, porque nomás es un surgimiento y desconocemos con precisión qué está sucediendo”. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).
Luego de la alerta emitida por Estados Unidos para que sus funcionarios no acudan a varios destinos de México, entre ellos todos los del estado de Guerrero por los bloqueos de autodefensas, aunado a la permanente incidencia de homicidios, ayer sesionó el Grupo de Coordinación Guerrero (GCG).
En un comunicado oficial se informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores revisó la estrategia de seguridad con funcionarios federales y estatales, para “acciones conjuntas y fortalecer la protección de la población e inhibir el delito”.
Se menciona la preocupación de Astudillo Flores por la incidencia delictiva, y su solicitud a las instituciones federales y estatales para diseñar acciones conjuntas que operen de inmediato.
De igual manera solicitó a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría General de la República que resuelvan las investigaciones pendientes, y fortalezcan las acciones de inteligencia contra objetivos prioritarios.
Anunció la construcción de un nuevo módulo para la población carcelaria en el penal de Acapulco, donde el 6 de junio ocurrió una masacre que dejó 28 muertos.
La inversión de 22 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública será para ampliar los dormitorios de la población carcelaria en Las Cruces, y reducir la situación de hacinamiento. Así se atenderá una de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tras los hechos del 6 de junio.
Se indicó que el secretario de Seguridad Pública, el general Pedro Almazán Cervantes, presentó la incidencia delictiva en la entidad, de la que no se dio cuenta en el boletín.
Se informó que también acudieron el comandante de la Novena Región Militar, General Germán Javier Jiménez Mendoza, el comandante de la Octava Región Naval, almirante Juan Guillermo Fierro Rocha, el comandante de la 35 Zona Militar, general José Francisco Terán Valle, el delegado de la PGR Juan José Monroy García, el Fiscal General del Estado Javier Olea Peláez, y el secretario general gobierno Florencio Salazar Adame.
El gobernador Héctor Astudillo Flores respaldó la postura del comandante de la Novena Región Militar, de que es el mejor el diálogo con las autodefensas, pero dijo que éste se debe dar dentro de lo que establece la ley.
Este jueves, el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, después de un acto de destrucción de armas consideró que debe haber diálogo con las autodefensas, porque una acción contundente contra esos grupos “desataría un conflicto”.
“Yo creo que hay que platicar con todos los que tengamos que platicar, dentro del marco de la ley, y el gobernador es el primero en poner sensibilidad y buena parte para tener entendimiento, y no confrontaciones”, dijo el gobernador.
“El gobernador debe guiarse por el respeto y la aplicación de la ley y estoy abierto para que existan entendimientos, o sea, el gobernador y Guerrero tienen demasiados problemas como para andar viendo con quien tenemos más”.
Agregó que la entidad tiene que realizar mucho trabajo para resolver problemas que se generaron en los últimos años.
El gobernador dijo que se les van a dar beneficios a los deudos de los policías de Ahuacuotzingo y que es un problema que se tiene que revisar en los municipios.
El asesinato de cinco policías municipales el pasado martes en el municipio de Ahuacuotzingo puso al descubierto que los gobiernos municipales contratan a policías, pero estos no están evaluados ni capacitados ni registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Esto que sucedió en Ahuacuotzingo obliga a echar una revisada de qué está pasando con los municipios, que contratan personas como policías”.
Agregó que ya está en elaboración un análisis para conocer cómo está la situación en otros municipios del estado, con la contratación de policías municipales para revisar la certificación de policías, contrataciones, prestaciones.
Durante la inauguración de las obras, el secretario de Desarrollo Urbano, Rafael Navarrete Quezada, anunció que están próximas a concluir las obras del edificio inteligente, el rastro y la Unidad Deportiva Acapulco.
Al preguntarle al gobernador cuando empezaría a funcionar el edificio, indicó que no hay fecha y adelantó que una de las oficinas del estado que operará ahí será el Registro Público de la Propiedad.
El gobernador opinó que la reparación provisional del Paso Exprés de Cuernavaca devolvió al estado la normalidad, pues en lo que observó ayer en Zihuatanejo y el reporte que le dieron, muestra que hay una ocupación hotelera “muy buena”.
Agregó que el socavón impactó en Acapulco sólo un fin de semana.
Luego de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el Estado recuperará la rectoría en seguridad en los lugares donde operan las autodefensas, el presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre afirmó que el gobierno federal contará con todo el respaldo y apoyo para las decisiones que se tomen en el Grupo Coordinación Guerrero.
Dijo que, por supuesto, su gobierno está para apoyar al secretario de Gobernación, que es quien dirige la política de seguridad del país, “y estamos en espera que nos puedan compartir cómo poder sumarnos a estos esfuerzos”.
En su visita a Chilpancingo, Osorio Chong indicó que el Estado va a recuperar la rectoría de la seguridad en los lugares donde operan grupos de autodefensas que se hacen llamar policías comunitarios, y dijo que tienen información de que algunos grupos de la delincuencia organizada están azuzando a las comunidades para que no permitan la presencia de las autoridades federales, estatales y municipales.
Al alcalde se le preguntó si la presencia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Barra Vieja afectará el turismo, y respondió que se ha platicado con ellos y se ha trabajado para concretar acciones que hagan que se respete la ley en todo momento.
Sobre los asesinatos que continúan en Acapulco, Evodio Velázquez dijo que se hace un frente común para atender el tema con el Grupo de Coordinación, que como presidente municipal siempre está dispuesto y atendiendo los problemas y trabajando todos los días, “haciendo cosas buenas, tener turismo es tener inversión, es tener empleos y tener bienestar y construir la paz”.
Aclaró que no hay varitas mágicas ni tampoco acciones que vayan a descubrir el hilo negro, sino que todos los días se debe seguir trabajando arduamente para enfrentar los desafíos y los retos de Acapulco.
Añadió que se debe resaltar “que Acapulco está hoy avanzando todos los días, incluso en materia de seguridad, lamentablemente otras ciudades como Chilpancingo, como el mismo Zihuatanejo, tienen complejidades fuertes y que hoy Acapulco se mira a la baja poco a poco”.
Agregó que esas acciones son las que también hacen la cohesión social, que se construya mayor seguridad y “construyamos la paz todos juntos”.
Al alcalde se le preguntó si se puede festejar algo, tomando en cuenta que más del 80 por ciento de la población teme ser víctima de un delito, de acuerdo con la encuesta del Inegi, y respondió que no se puede festejar, “no es un festejo, yo no sería irresponsable, al contrario, creo que es un llamado para seguir por el camino que vamos, el de trabajar en la competitividad del destino y fortalecer el desarrollo de las familias de Acapulco, es algo a corto, mediano y largo plazo”.
