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Sí hay desplazados por la violencia en La Gavia, reconoce el gobernador

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que pobladores de la comunidad La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, han salido del lugar por los problemas que han presentado ahí por la violencia, reconoció que son regiones complicadas y se han “hecho grupos de autodefensa en torno a las cabezas (delincuenciales)”.
Astudillo Flores agregó que además hay solidaridad de la población, lo que origina mayor dificultad para la intervención y para la detención de Raybel Jacobo Dealmonte, El Tequilero.
En declaraciones al concluir el Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, en su segunda sesión ordinaria 2017, el gobernador subrayó: “Guerrero quiere estar en paz y ojalá que pronto también se toque a las cabezas que originan toda esta violencia lamentablemente”. Se le preguntó sobre la gente desplazada del lunes por temor a la violencia, y el gobernador respondió: “Pues sí, efectivamente, tenemos conocimiento de que algunos pobladores de esta localidad se están moviendo, derivado precisamente de los problemas que se han presentado en ese lugar”.
Astudillo Flores señaló que no son problemas nuevos, pues se debe recordar lo que pasó hace algunas semanas con algunos detenidos, que se opusieron grupos de la población y que se generó un problema.
El gobernador dijo que lo último fue la operación que se había iniciado y que ya se sabe lo que pasó, en referencia a la emboscada contra elementos de la PGR en La Gavia, donde murieron tres agentes y un sicario, y reiteró su pésame a toda la corporación de la PGR y a las familiares de los fallecidos.
Agregó: “Cualquier persona que fallezca, del lado que sea, no es un asunto grato. Lo repito, del lado que sea no es un asunto grato, Guerrero quiere estar en paz y ojalá que pronto también se toque a las cabezas que originan toda esta violencia”.
– ¿Qué les ha impedido a los gobiernos federal y estatal hacer las detenciones y recobrar la paz totalmente? – Se le preguntó a Astudillo.
– Son regiones complicadas y se han hecho grupos de autodefensa en torno a las cabezas (líderes), entonces en las poblaciones identificadas, bueno, pues ustedes observan que en La Gavia todos se apellidan casi igual que el famoso delincuente que se ha estado buscando. Cómo detenerlo, entonces, hay una relación de solidaridad que presenta resistencia, en cuanto hay presencia de grupos tanto de la defensa nacional, como también de la policía en este caso federal, de la policía ministerial, de la PGR, entonces eso origina mayor dificultad para la intervención y para la detención.
Sobre los hechos de la emboscada a la PGR, dijo que la información que tiene es que fueron cuatro muertos, tres de parte de la dependencia y uno “que entiendo estaba en la población”, diez heridos que están siendo atendidos y tres personas detenidas de esa población.
Al ingresar a La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, fueron emboscados por integrantes del grupo de Los Tequileros. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la mañana del lunes.
Sobre las declaración del secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán, de que las autodefensas están contaminadas con miembros de grupos delictivos, el gobernador manifestó que las policías comunitarias generan demasiados conflictos y demasiadas confrontaciones. Añadió que las declaraciones del secretario de Seguridad son declaraciones que deben contener los elementos como para hacer esta aseveración, lo que “yo creo es que el ropaje original de defender a la población ya no es el mismo, y por supuesto que las actitudes en varias ocasiones son más en defensa de otros intereses que defender a la población”.
Astudillo Flores dijo que de ese asunto y otros mas habló con el comisionado Nacional de Seguridad Púbica, Renato Sales Heredia, “pude conversar con él de una serie de acontecimientos y, por supuesto, también del tema de la Policía Federal en Acapulco. Se hizo un recuento en el transcurso de su estadía y en este momento hay poco más de 500 policías federales aquí en Acapulco”.
El gobernador indicó que en la zona de San Miguel Totolapan se han hecho varias operaciones, pero no es solamente “hacia uno en particular”.
Que todos las búsquedas y vigilancias “no se ven desde aquí, se están haciendo en búsqueda de detener a grupos delincuenciales. Ninguno en particular, todo es en general”.
En otro tema, sobre su opinión del escándalo que desató un reportaje del The New York Times, de que periodistas y activistas son blanco del espionaje del gobierno, Astudillo Flores indicó que es un asunto delicado.
“Lo estaba viendo en la televisión, eso es algo que lo he leído, que estoy enterado a través de publicaciones de cómo puede operar y por supuesto también es un asunto que no solamente se puede practicar desde el Estado, como se señala, se puede practicar desde un particular que lo tenga y que lo ejecute de acuerdo a lo que he leído”.

No permitirá que se le desarme, responde la UPOEG al gobernador y se declara en alerta

Ante un posible desarme de la Policía Ciudadana de su organización, la que advirtió el martes el gobernador Héctor Astudillo Flores, Bruno Plácido Valerio dijo que “la población sabrá inteligentemente qué hacer, allí no depende de Bruno, depende de cómo ven ellos (los pobladores) las cosas, no cómo lo ven desde afuera”.
Aclaró que los pobladores no van a pelear en un enfrentamiento, “solamente van a defender lo que es de ellos, van a defender sus derechos”.
De los policías ciudadanos que participaron en los ataques del viernes 9 de junio en San Pedro Cacahuatepec, donde fueron asesinadas a balazos siete personas, entre ellas dos niños y un bebé de cuatro meses que murió por traumatismo craneoencefálico, informó que están en la etapa de solicitarles amparos, pero no dio más detalles porque dijo que apenas está en pláticas con el abogado.
Independientemente de las declaraciones del líder de la UPOEG, la coordinación general de la organización dio a conocer un comunicado mediante su muro de Facebook en el que se declara en alerta a partir del miércoles, tras las declaraciones del gobernador Astudillo Flores en el sentido de que “lo más conveniente” es desarmar a los policías como los de la UPOEG.
“Después de tener una reunión con las distintas autoridades civiles y agrarias de los municipios donde la UPOEG tiene presencia, nuestra postura sigue igual; no se permitirá ni un tipo de desarme y en los pueblos estamos dispuestos a todo con tal de defender el derecho a la seguridad que tanto nos ha costado”, advirtió la coordinación mediante la red social.
Sin embargo, consultado después por teléfono, Plácido Valerio informó que la UPOEG tiene una asamblea el domingo para decidir cómo va a proceder. Pero de entrada opinó que el gobierno no puede generalizar, “porque los errores no son de todos los elementos”.
El coordinador general de la agrupación se dijo de acuerdo con que en donde se encuentren “abusos o gente infiltrada” y haya argumentos, es necesario el desarme.
Insistió en que no se puede generalizar a todo el sistema “porque no todos los grupos ni todos los elementos cometen errores”.
Dijo que se tiene que especificar exactamente a quiénes hay que desarmar, “porque generalizar quiere decir que hay una guerra y yo creo que nosotros hemos sido gente de diálogo y hemos contribuido a la tranquilidad de la población”.
Demandó que si hay errores que se corrijan, pero que no se justifica que se proceda “con un todo”.
Para Bruno Plácido “es importante mandarle el mensaje al gobierno, de que tiene esa autoridad, “pero no proceder con una amenaza, sino actuar con argumentos y delimitar a quiénes y no generalizar”.
Dijo que hay municipios que están muy tranquilos con su policía, hay buena coordinación y toda una tranquilidad. Por eso insistió, “el gobierno no puede generalizar”.
Dijo que tampoco se ha presentado una contrapropuesta de lo que se va a hacer después de que desarme a la gente, “¿qué se va a hacer para que se garantice la seguridad a la población?”, y demandó que se explique qué se va a ofertar después para la seguridad de la gente.
Agregó que debe de haber un proceso de diálogo entre el gobierno y la UPOEG, “debe haber una mesa para estar interactuando acuerdos”, porque declaró que todo se ha dicho mediante declaraciones en los medios de comunicación, pero que no hay una mesa de trabajo para conciliar los conflictos sociales en Guerrero.
A pregunta del reportero declaró que en caso de proceder el gobierno con el desarme, “la población sabrá inteligentemente qué hacer ante un riesgo de su vida. Allí no depende de Bruno, sino depende de cómo ven ellos (los pobladores) las cosas, no cómo lo ven desde afuera”.
En cuanto a los policías ciudadanos que participaron en los ataques del viernes 9 de junio en San Pedro Cacahuatepec, informó sigue en la etapa de solicitarles amparos, pero no abundó más porque apenas había hablado con el abogado.
Recordó que él los iba a presentar voluntariamente, pero que ni bien llegaban cuando ya los estaban acusando de participar en un hecho artero, “y es muy delicado que se quiera justificar un error de algunos compañeros, en el caso de que así fuera”.
Admitió que si hay pruebas y elementos, “los entregamos, porque todos estamos obligados a hacer mejor las cosas, independientemente de qué organización seamos”.
Insistió en que se cite también a quien les pidió el auxilio, a quienes están extorsionando, que investigaran sus números telefónicos, que revisaran los antecedentes de la familia y estudios profesionales de balística para que con pruebas y elementos se entregara a quienes son señalados, “pero no se puede generalizar a toda la Costa porque no toda la Costa participó”.
De Tierra Colorada donde está en conflicto con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, Plácido Valerio recordó que el gobernador Héctor Astudillo instituyó una comisión de diálogo y armonía y que ante esa comisión la UPOEG propuso asambleas comunitarias, en las que participaran la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en la vigilancia de la toma de decisión de los ciudadanos, pero se quejó de que el caso se quedó allí.
“Ahora todos se quejan de los conflictos pero no se acuerdan de los acuerdos”, reprochó y recordó que se trata de acuerdos que le hicieron del conocimiento al secretario de Gobierno, Florencio Salazar como responsable de la política pública del estado.
Insistió que ahora, por ejemplo, se quejan de los enfrentamientos, pero no han revisado los acuerdos a los que se llegaron en la instalación de las mesas de dialogo.
Informó que de estos acuerdos también estuvo enterado el presidente municipal de Juan R. Escudero, Leonel Leyva Muñoz, quien estuvo de acuerdo que para resolver el conflicto no interviniera ni la UPOEG ni el FUSDEG para que los ciudadanos decidieran en asambleas y así llegar a la tranquilidad y estabilidad en Tierra Colorada.

Ponen retenes policías comunitarios de Mezcala; buscan combatir delitos del crimen organizado

Policías comunitarios de Mezcala, armados con escopetas y rifles de bajo calibre, algunos con el rostro cubierto y radios de comunicación, instalaron a partir de ayer puestos de vigilancia y revisión en la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Chilpancingo-Iguala a unos 100 metros de la entrada principal a esta comunidad del municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
De acuerdo con información de uno de los comunitarios, estos puestos de vigilancia estarán a “prueba” dos semanas y su permanencia dependerá de los resultados que den en el combate a delitos que se cometen en la zona como el robo de vehículos, asaltos y extorsiones por presuntos miembros de la delincuencia organizada.
La instalación de los puestos de vigilancia de los comunitarios de Mezcala en la carretera federal se da a dos días del surgimiento de la autodefensa en nueve pueblos de Eduardo Neri en contra de grupos de la delincuencia organizada que operan en esta zona en la que se ubican las minas Los Filos/El Bermejal en Carrizalillo y Mezcala que explota una empresa minera canadiense, así como la de Los Guajes/El Limón cerca de Nuevo Balsas, que trabaja la minera, también canadiense, Media Luna.
En la conformación de la comunitaria participan habitantes de los pueblos de Carrizalillo, Tenantitlán, Amatitlán, Tepehuaje, San Miguel, Vista Hermosa, Puente Sur Balsas, Mazapa y Plan de Liebres, del municipio de Eduardo Neri, así como Colonia Valerio Trujano de Tepecoacuilco, quienes el domingo realizaron la Marcha por la Paz del Zócalo de Mezcala a la carretera federal México-Acapulco para dar a conocer su conformación.
Ayer después de las 5:00 de la tarde se confirmó la instalación de dos puestos de vigilancia por un grupo de unos 30 comunitarios de Mezcala, según se identificaron con las playeras blancas con el estampado en su espalda que los identifica como tal. En su mayoría son jóvenes, de entre 18 y 25 o 30 años, pocos ya son mayores.
A los dos costados de la carretera federal, a unos 100 metros de la entrada principal de Mezcala, colocaron dos barricadas con costales de arena en las que se protege la mayoría de los comunitarios y a los que se les vio portando rifles al parecer calibre 22 y algunas escopetas.
En su mayoría traen el rostro cubierto con pedazos de tela, algunos con pañuelos con un estampado de calavera. La mayoría usa gorras y pocos sombreros, y se vio que algunos portan radios de comunicación colgados al pecho o a la cintura.
Separados a unos 200 metros y en ambos sentidos de la vía federal, a mitad de la carretera se instalan dos grupos de unos cinco comunitarios armados, los cuales obligan a los automovilistas a detener totalmente su marcha, allí les piden una cooperación voluntaria y desde afuera de los carros hacen una revisión hacia adentro. En el momento que se estuvo en el lugar no pidieron a ningún automovilista que se orillara para hacer alguna revisión más minuciosa y ponían mayor atención a los carros sin placas.
En el lugar se pudo platicar con el comunitario que coordinaba la operación, un joven de unos 25 o 30 años que era de los pocos que no tenía la cara cubierta, y al dar a conocer la presencia como reportero, accedió a que se tomaran gráficas en el lugar, dar información sobre su acción y hasta coordinar mejor a sus compañeros como testimonio de su trabajo, “muestren las armas, van a tomar fotos”, les indicaba.
Informó que su colocación fue parte de los acuerdos de ayer tras la reunión con autoridades estatales, y afirmó que la instalación de los puestos de vigilancia está a “prueba” por dos semanas “para ver si damos resultados en disminuir la inseguridad”.
Dio a conocer que su instalación en la carretera federal será por las 24 horas del día y se irán rotando con otros comunitarios, y según los resultados que den, se podrían quedar de forma permanente.
Miguel, como dijo llamarse el comunitario, indicó que en esa zona lo que más les preocupa combatir es el constante robo de vehículos, los asaltos y extorsiones que se dan a pesar de la presencia de militares y policías federales del sector caminos.
Sobre la cooperación que piden a los automovilistas indicó que es para comprar más armas, combustible para prender fogatas en la carretera por las noches, conos de señalización y más equipo para seguir desempeñando su función.

 

Regresan a clases las escuelas en San Miguel Totolapan sólo con vigilancia de las autodefensas

En San Miguel Totolapan las escuelas regresaron a clases este lunes, con jornadas normales de trabajo, en las cuales los planteles fueron resguardados por elementos de las autodefensas, sin presencia de policías estatales ni del Ejército.
En la cabecera municipal, hay tres jardines de niños, tres primarias, dos secundarias y dos escuelas de nivel medio superior que retornaron a clases. Las 10 escuelas tenían afuera, en la zona de la puerta principal, uno o dos elementos de planta de las autodefensas, del Movimiento por la Paz.
Los elementos de las autodefensas van armados. Llevan rifles calibre 22 y escopetas de diferentes tipos.
Tres camionetas, que se usan como patrullas, recorren las calles de San Miguel Totolapan y tienen como consigna pasar constantemente por las escuelas, para ver si hay alguna novedad. En algunos puntos se pararon a la hora de la salida de las escuelas. También dan vialidad para evitar atropellados.
Los jardines de niños salieron a las 12 del día, como es costumbre. En el centro se ubica una casa que usa el Ejército como base, a pocas cuadras de la zona escolar, pero al mediodía decidió mantenerse ahí.
Algunas unidades iban llegando de recorrido y otras salieron, pero no participaron en el resguardo de escuelas.
Tampoco la policía del estado, que cuenta en San Miguel Totolapan con cuatro patrullas, de las cuales dos de ellas están asignadas a las medidas cautelares del presidente municipal Juan Mendoza Acosta, y las otras dos mantienen recorridos.
En algunas primarias reportaron que alrededor de las 10 de la mañana pasaron algunas patrullas estatales, se detuvieron por minutos en el lugar, se tomaron fotografías y luego se retiraron.
Las escuelas primarias de San Miguel Totolapan son de tiempo completo, su horario de salida lo cumplieron a las 4 de la tarde, de forma regular, al igual que el resto de las instituciones.
Aun cuando en otros municipios no hubo clases, por el puente correspondiente al aniversario del natalicio de Benito Juárez, en San Miguel Totolapan los maestros aprobaron recuperar el tiempo perdido.
“Queríamos regresar a clases. Nosotros pensamos en los niños, porque ya era mucho tiempo. Y la verdad sí estamos tomando un riesgo, pero nos están apoyando mucho los de las autodefensas”, explicó una maestra de jardín de niños.
Uno de los miembros de las autodefensas, confirmó que están en espera de que el gobierno del estado cumpla su palabra de combatir al grupo de Los Tequileros, y dar una solución real a su petición de que avance el desafuero del diputado Saúl Beltrán Orozco.
“Estamos haciendo nuestra parte. Esperamos que el gobierno haga la suya. Hubo acuerdos. Y estamos en la etapa de avanzar”, dijo de forma corta.
Pero la localidad cuenta con más actividad económica. El transporte está operando de forma normal. Pero se mantiene la vigilancia en las entradas y salidas por parte de la autodefensa.

Informan autodefensas de Teloloapan y Apaxtla que están en alerta máxima tras los ataques

 

Autodefensas de la Tecampanera de Teloloapan y del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) del municipio de Apaxtla se declararon en “alerta máxima”, reforzaron la vigilancia en los retenes de seguridad y recorridos en los cerros de los dos municipios tras la irrupción a la cabecera municipal y el ataque a dos bases de la Tecampanera la tarde del sábado, en el que dos comunitarios resultaron heridos y hasta la tarde de ayer no habían sido dados de alta.
En declaraciones telefónicas un coordinador de la comunitaria de Teloloapan informó que los retenes de revisión fueron reforzados y hacen recorridos a pie y en vehículos en Teloloapan y en caminos de terracería.
Dio a conocer que hasta ayer no habían llegado a esa cabecera municipal soldados ni policías federales para reforzar la seguridad, como les prometió el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Insistió en su postura de que no van a dejar el movimiento de autodefensa ni dejarán las armas como lo ha pedido el gobierno, ya que consideró que para la gente de Teloloapan eso “sería peor”.
Por separado un coordinador del MAAC, dio a conocer que a las 3 de la tarde de ayer- andaban en los cerros, indicó que las comunitarias de Apaxtla y Teloloapan están en “alerta máxima” y mantienen puestos de vigilancia en los cerros para evitar o detener un nuevo intento de irrupción del grupo armado que atacó dos bases la tarde del sábado y que identifican con una célula de la banda criminal La Familia Michoacana.
Dijo que mantienen una coordinación con los comunitarios de la Tecampanera de Teloloapan para vigilar cerros, carreteras de terracería y brechas en los dos municipios y sus colindancias con el municipio de Arcelia, en la región Tierra Caliente.
El sábado cerca de las 3:30 de la tarde, hombres armados atacaron con rifles AR-15 y AK-47 las bases Blanca y Hornos de la policía comunitaria de Teloloapan, dejando dos heridos de bala en la segunda, quienes de acuerdo a las fuentes consultadas hasta ayer no habían sido dados de alta.

Está grave uno de los comunitarios; sigue hospitalizado en Iguala

Por separado, fuentes policiacas de seguridad pública del estado y al interior del hospital general de esta ciudad dieron a conocer que durante la noche del sábado uno de los comunitarios herido fue trasladado al hospital general de esta ciudad, donde es reportado como delicado de salud.
El guardia comunitario de 50 años de nombre Saúl tiene una lesión en la cara y en el cuello, producidas por balas durante el ataque a la base de vigilancia Hornos, ubicada en el camino que comunica con la comunidad de Tianquizolco, municipio de Cuetzala, dieron a conocer las fuentes consultadas.
En declaraciones telefónicas un coordinador de la comunitaria de Teloloapan informó que los retenes de revisión fueron reforzados y hacen recorridos a pie y en vehículos en Teloloapan y en caminos de terracería.
Dio a conocer que hasta ayer no habían llegado a esa cabecera municipal soldados ni policías federales para reforzar la seguridad, como les prometió el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Insistió en su postura de que no van a dejar el movimiento de autodefensa ni dejarán las armas como lo ha pedido el gobierno, ya que consideró que para la gente de Teloloapan eso “sería peor”.
Por separado un coordinador del MAAC, dio a conocer que a las 3 de la tarde de ayer- andaban en los cerros, indicó que las comunitarias de Apaxtla y Teloloapan están en “alerta máxima” y mantienen puestos de vigilancia en los cerros para evitar o detener un nuevo intento de irrupción del grupo armado que atacó dos bases la tarde del sábado y que identifican con una célula de la banda criminal La Familia Michoacana.

Refrenda la asamblea de la CRAC en la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, su reconciliación con la casa matriz

 

En la asamblea microrregional de la Casa de Justicia de El Paraíso, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), por unanimidad las autoridades votaron a favor de la reconciliación con la casa matriz, de San Luis Acatlán.
El coordinador de la Casa de justicia de El Paraíso, Gregorio García Morales precisó que no era la reincorporación de las 35 comunidades que conforman la Casa de Justicia de El Paraíso a la de San Luis Acatlán, sino una reconciliación, indicó que seguirán trabajando de forma autónoma, pero coordinada, y precisó que no estarán bajo las órdenes de la casa matriz.
La asamblea inicio a las 11 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde bajo una intensa lluvia. Asistieron unos 250 integrantes; consejeros, policías comunitarios, comisarios, comisariados y delegados, y sólo dos mujeres que observaron la reunión, así como los seis integrantes que salieron de la cárcel el 12 de abril, que participaron y votaron en la asamblea.
Al encuentro llegaron los consejeros de la casa matriz, Sabás Aburto Espinobarros e Ignacio Navarro Mosso, y el representante de la Casa de Enlace en Tecoanapa, Prócoro Valente, quien mostró disposición de volver a coordinarse con la casa de El Paraíso.
Minutos antes de la votación de la unificación, en su intervención Aburto Espinobarros recordó que los integrantes de la Casa Matriz de San Luis Acatlán aprobaron la reintegración con la Casa de El Paraíso y la permanencia de la Casa de Justicia, el sábado 4 de junio en asamblea microrregional en San Luis Acatlán.
Sin embargo, el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Humberto Viviano precisó que el término reintegración está mal empleado y que el correcto sería reconciliación, “porque nosotros nunca nos fuimos del sistema”. Se declaró a favor de que ambas casas trabajen de manera coordinada y articulada.
Otro integrante, Donaciano Morales coincidió y llamó al respeto de la autonomía de cada Casa de Justicia, “tenemos que unirnos para que no, nos conviertan en policía rural”, pidió, y sostuvo que, gracias a la Policía Comunitaria, desde hace tres años en los poblados donde opera no hay secuestros, asesinatos ni violaciones. En su intervención, el coordinador Gregorio García Morales explicó a la asamblea que el término ya había sido abordado en las reuniones previas, donde se acordó el respeto a la autonomía de las Casas de Justicia, “no vamos a estar bajo el mando de San Luis”, expresó.
El coordinador explicó también, sin decir nombres ?aunque en clara referencia a Eliseo Villar Castillo, preso desde el 30 de abril de 2015?, que quienes provocaron el conflicto en la CRAC ya no están, y llamó a la conformación de un solo frente como organización, porque la CRAC está “apagada” frente a otros movimientos que sí están visibles.
Después, la asamblea votó por unanimidad a favor de la unificación y ratificó el acuerdo votado también a favor el 4 de junio en la asamblea de San Luis Acatlán.
Unidad y defensa de la Ley 701

En otra intervención, Aburto Espinobarros dijo que la importancia de la unificación de las fracciones de la CRAC que se han conformado (algunas sin el reconocimiento de la Casa Matriz) es la defensa de la Ley 701, que será reformada por los diputados locales, y advirtió que “desde el gobierno se intenta frenar a la CRAC”.
Informó que iniciaron los trabajos del convenio que firmó el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para la reforma a la Ley 701, e insistió en la importancia de la unidad para que los cambios a la Ley 701 sean para que el sistema avance y no para el retroceso de la organización, que es considerada y reconocida por la legislación actual como parte del sistema de seguridad estatal.
Reiteró que la unificación servirá para cambiar el reglamento interno de la CRAC, que deberá estar antes de la reforma a la Ley 701, para que del propio reglamento se retomen algunas propuestas a la Ley. Anunció foros de discusión que propondrán en las comunidades donde opera el sistema de justicia comunitario para que sea el pueblo el que decida.
El consejero reiteró la importancia de la unificación para evitar problemas con el reconocimiento del sistema comunitario en la Ley 701, como los que tienen otras organizaciones que han surgido, y sin decir nombres se refirió a la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a la Policía Comunitaria del Frente Unidos para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y a las autodefensas.
El consejero Claudio Sánchez urgió la pronta elaboración de propuestas a la Ley 701, para que el gobierno no lo haga a su manera.

Eligen a dos coordinadores y nombran a nuevo comandante regional

En la asamblea fue aceptada por los pueblos la renuncia del coordinador Efraín Rea López, que el coordinador presentó por escrito el 31 de mayo.
La separación del coordinador es porque se desempeña como director de desarrollo social del municipio y, según lo estipulado en el reglamento de la CRAC, nadie que tenga un cargo público podrá ser autoridad comunitaria.
En la asamblea fue nombrado por unanimidad como nuevo coordinador Juan Antonio García Fidencia, quien en su intervención explicó que cumplirá con sus deberes, siempre y cuando la población también lo apoye con los gastos, porque el nombramiento y el cargo no tiene un sueldo y los días que hay que estar de guardia en la Casa de Justicia, no trabaja, y no tiene ingresos económicos.
El nuevo coordinador, incluso recriminó a Rea López, que no haya dejado su cargo en el Ayuntamiento, “¿por qué no renunció allá donde hay dinero?”, pregunta que arrancó risas entre los asistentes y el propio Rea López.
También fue elegido por mayoría de votos Raúl Morales Morales como coordinador, pero no aceptó el cargo, y Luis Lucas García, quien quedó en segundo lugar en la votación, asumió su cargo. Este espacio lo ocupó la comunidad de El Parotillo que renunció al sistema comunitario el 31 de mayo pasado.
En la reunión también fue elegido como nuevo comandante regional, Valentín García, después de que el comandante regional de la zona El Charco-Pozolapa dejó el cargo por un asunto personal y porque tiene que ausentarse de su comunidad cinco meses.
Se informó que el próximo sábado 18 de junio, será la primera reunión de coordinadores y comités de enlace después de la unificación, y el sábado 26 será la culminación de la asamblea del 11 de junio que fue suspendida ante la lluvia