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Tierra Caliente cumple tres años con policías municipales desarmados y disminuidos a la mitad

Desde el 4 de diciembre de 2014 en Tierra Caliente no hay policías municipales en los nueve ayuntamientos debido al desarme del que fueron objeto, que terminó por disminuir a más de la mitad a las corporaciones locales, que operan sin armas dando seguridad en los edificios públicos en medio de una estrategia fallida por parte del gobierno federal.
Este lunes se cumplen tres años sin que las corporaciones municipales tengan armas, tiempo en el cual el gobierno federal dijo que se haría responsable de la seguridad en la Tierra Caliente con el Ejército, elementos de la Policía Federal y Estatal pero finalmente fue abandonado este proyecto y solamente 100 policías estatales atienden a más de 250 mil habitantes en esta región.
La estrategia anunciada por el gobierno federal el 4 de diciembre de 2014 tenía que ver con desarmar a las corporaciones policiacas y ponerlas bajo investigación por posibles nexos con la delincuencia organizada y de esta forma disminuir de manera considerable la operación  de los grupos criminales a través de las policías locales.
El desarme se dio tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en la que estuvo involucrada la policía municipal de Iguala, Huitzuco y Cocula, en contubernio con el grupo de la delicuencia organizada Guerreros Unidos.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional se abocó a la tarea de acopio del armamento, de acuerdo con la licencia colectiva expedida por esta dependencia, para su revisión y evaluación.
El desarme fue también en municipios de la Tierra Caliente de Michoacán que desde 2016 ya cuentan con armas.
El operativo desarmó a 650 policías en nueve municipios de Tierra Caliente de Guerrero.

El fracaso del operativo

El desarme de las corporaciones municipales mostró su primer fracaso debido a la operatividad y el gasto que implicaba mantener a unos 300 efectivos de la Policía Federal en Tierra Caliente repartidos en los nueve municipios ocupando 10 hoteles con un gasto aproximado de 1 millón y medio de pesos mensuales.
El gobierno federal atribuyó que este desarme se debía a la infiltración de la delincuencia organizada en las policías municipales y que los elementos quedarían bajo investigación pero ninguno de los efectivos que se llevaron fue detenido como resultado de dicha investigación, por el contrario entraron un en un programa de adiestramiento y preparación, y la mayoría aprobó los exámenes de control y confianza.
Sólo la mitad de los elementos desarmados en el 2014 causaron baja en la primera semana debido a que eran adultos mayores, con problemas de salud como la obesidad, diabetes, la hipertensión arterial y problemas de la vista e incluso algunos discapacitados.
En la lista de los que aprobaron los exámenes de control y confianza y no hubo ninguna acción en su contra se encuentra la corporación de San Miguel Totolapan de los cuales por lo menos cinco fueron implicados tres meses después del desarme en dos homicidios por los cuales existe una carpeta de investigación abierta y órdenes de aprehensión en su contra, dos de ellos ya fueron detenidos.
Durante 2015 la Policía Federal acumuló en Tierra Caliente 18 denuncias penales por abuso de autoridad y allanamiento de morada, además de saqueos y robos.
El primer año del operativo fue exhibido públicamente por el ex alcalde Ambrosio Soto Duarte quien denunció la falta de seguridad en Tierra Caliente así como las denuncias en contra de la Policía Federal.

El relanzamiento del operativo Tierra Caliente

El 5 de diciembre de 2015 el gobierno federal junto con el gobierno del estado relanzaron el operativo Tierra Caliente un año después de que comenzó el desarme de policías pero ahora incluyendo efectivos de la Gendarmería para lo cual hicieron un acto público de impacto con más de 500 elementos en la plaza principal de Altamirano como respuesta a las denuncias de Ambrosio Soto Duarte.
Sin embargo a pesar de que el gobierno estatal y el federal mostraron su fuerza con la presencia de más elementos, dos meses después fue secuestrado el esposo de la síndica municipal Rosalba Rendón Andrade a dos cuadras del hotel donde se hospedaban los gendarmes.
Los recorridos de hasta 10 patrullas en convoy así como los 500 efectivos fueron disminuyendo hasta que en marzo se fueron todos.
Dos meses después Ambrosio Soto Duarte dijo en un acto público ante el gobernador Héctor Astudillo Flores que pedía el regreso de la presencia policiaca y la seguridad en Tierra Caliente, y Astudillo se comprometió a devolverla pues el municipio sólo contaba con 30 elementos de los cuales la mitad cuidaban al presidente municipal.
Antes de que llegara la respuesta del gobernador a la petición de enviar nuevamente fuerzas federales a esta zona, fue asesinado el presidente municipal Ambrosio Soto Duarte en julio del 2016 .
Durante dos meses regresaron policías federales y estatales de manera intermitente a la Tierra Caliente como parte de las investigaciones por el homicidio del alcalde.
En diciembre del 2016 la Policía Federal envió un documento a todos los ayuntamientos de la región en el cual expresaba que concluía el operativo Tierra Caliente y que retiraba sus fuerzas sin expresar mayores motivos, toda vez que las policías municipales se mantenían desarmadas.
Actualmente sólo hay 100 policías estatales encargados de la seguridad de toda la región de Tierra Caliente desde enero de 2017 y solamente llegan refuerzos para los pagos correspondientes del programa Prospera además de un grupo especial del Ejército para San Miguel Totolapan.
Aunado al anterior los alcaldes de Arcelia, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán y Cutzamala de Pinzón cuentan con medidas cautelares con patrullas asignadas para su seguridad pero que no participan en actividades de seguridad ciudadana.

Detienen policías a 49 comunitarios en Zumpango y les decomisan 54 armas largas y cuatro cortas

Policías estatales desarmaron y detuvieron a 49 civiles armados por separado, quienes integraban tres grupos de guardias comunitarios del municipio de Eduardo Neri en la cabecera municipal, Zumpango, y que desde hace un mes hacían recorridos de seguridad e instalaban retenes de vigilancia en la zona.
A la 1:30 de la tarde los comunitarios recorrieron las calles de la cabecera municipal para inhibir y prevenir delitos. Su presencia causó temor entre los pobladores, aunque se informó que llevan un mes patrullando el lugar.
Según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal a la 1:30 de la tarde recibieron un reporte de que presuntos comunitarios intentaron sacar a un estudiante de una secundaria, y policías estatales hicieron una operación para atender el reporte.
Después de una hora al cerro Tepetlayo, donde se encontraban unos 20 comunitarios a bordo de tres camionetas vigilando el acceso de la carretera federal México-Acapulco hacia la ciudad, llegaron agentes en cuatro patrullas de la Policía Estatal para vigilarlos.
Después de media hora en el lugar llegó un helicóptero de la Policía Estatal y un oficial a bordo de la nave dio indicaciones para detener a los civiles armados.
En esa hora llegaron otras tres patrullas de la Policía Estatal y sus agentes desarmaron a los comunitarios, a quienes trasladaron a la Fiscalía General de Estado (FGE) y a la delegación de la Procuraduría General de la Republica (PGR).

La segunda y la tercera detención

A las 3:40 de la tarde comunitarios a bordo de dos camionetas y un vehículo llegaron a un retén de la Policía Federal en las afueras de Zumpango.
Minutos antes de las 4 de la tarde llegaron al lugar cinco patrullas de la Policía Estatal y detuvieron entre 30 y 35 civiles armados.
En esta detención hubo golpes, jaloneos y gritos, y tanto los civiles armados como los policías estatales cortaron cartucho y se encañonaron.
Los comunitarios y sus armas fueros trasladados a la PGR.
Después pobladores de la comunidad de Plan de Liebres bloquearon unas seis horas como forma de presión para que se liberara a los comunitarios, pero liberaron la vialidad ante una operación de policías estatales y federales. En este hecho hubo más detenidos pero las autoridades no dieron detalles.
En este hecho los comunitarios detuvieron una patrulla de la Policía Estatal en la que iban cuatro policías estatales, dos municipales y una trabajadora de Bansefi, como forma de presión para que liberaran a sus compañeros, a quienes entregaron en la Comisaría de Mezcala.
En la noche el vocero de seguridad Roberto Álvarez Heredia en un comunicado informó que fueron liberados cinco policías estatales, dos policías municipales y una pagadora del programa Prpspera, además se decomisaron cinco armas largas y una patrulla de la Policía Estatal.
“A la zona llegaron autoridades competentes para rendir su declaración ministerial y denunciar la privación de su libertad”, indicó Álvarez Heredia.

Portaban armas de uso exclusivo del Ejército, dice el vocero

En otro comunicado de prensa el vocero de seguridad, Álvarez Heredia informó que a las 2 de la tarde recibieron una denuncia anónima de que hombres armados y embozados irrumpieron en la cabecera municipal de Eduardo Neri.
La Policía Estatal se trasladó y detuvo “cerca del cerro del Tepetlayo a 17 integrantes de ese grupo armado, entre ellos dos menores de edad y tres camionetas”.
Agrega que en la carretera federal en la localidad de Plan de Liebres, los policías estatales “lograron el aseguramiento de un segundo grupo de supuestos comunitarios que minutos antes, en protesta por el aseguramiento de sus compañeros en Zumpango, bloquearon la carretera federal y detuvieran a una patrulla de la Policía Estatal, que aisladamente proporcionaba seguridad a quienes efectuaban pagos del programa social Prospera y lo trasladaron en Mezcala”.
“Este segundo grupo de civiles armados, asegurados por la Policía Estatal estaba integrado por 28 individuos armados que se transportaban a bordo de cinco camionetas”, afirma.
Informa que son 49 policías comunitarios detenidos, entre ellos dos menores de edad, que portaban 54 armas largas, cuatro armas cortas y seis vehículos, y “entre las armas hay varias de uso exclusivo de las fuerzas armadas”.
Dice que “el gobierno del estado y las instituciones federales de seguridad expresan que no permitirán actos de impunidad que pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía, y hará valer el Estado de derecho con pleno respeto a los derechos humanos”.
El 28 de mayo 2 mil vecinos de nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri y una de Tepecoacuilco marcharon en Mezcala, para presentar a su policía comunitaria en las localidades con influencia de las mineras Gold Corp y Media Luna, que explotan Los Filos / El Bermejal en Carrizalillo y Mezcala y Los Guajes / El Limón, cerca de Nuevo Balsas, y desde entonces operan en la zona, sin entrar a Zumpango.
El 26 de septiembre hubo una marcha de casi 2 mil vecinos de distintos pueblos en Zumpango, para exigir seguridad y la instalación de la policía comunitaria en la cabecera municipal, lo que desencadenó distintos hechos de violencia que dejaron cuatro muertos y dos heridos en una emboscada.

No permitirá que se le desarme, responde la UPOEG al gobernador y se declara en alerta

Ante un posible desarme de la Policía Ciudadana de su organización, la que advirtió el martes el gobernador Héctor Astudillo Flores, Bruno Plácido Valerio dijo que “la población sabrá inteligentemente qué hacer, allí no depende de Bruno, depende de cómo ven ellos (los pobladores) las cosas, no cómo lo ven desde afuera”.
Aclaró que los pobladores no van a pelear en un enfrentamiento, “solamente van a defender lo que es de ellos, van a defender sus derechos”.
De los policías ciudadanos que participaron en los ataques del viernes 9 de junio en San Pedro Cacahuatepec, donde fueron asesinadas a balazos siete personas, entre ellas dos niños y un bebé de cuatro meses que murió por traumatismo craneoencefálico, informó que están en la etapa de solicitarles amparos, pero no dio más detalles porque dijo que apenas está en pláticas con el abogado.
Independientemente de las declaraciones del líder de la UPOEG, la coordinación general de la organización dio a conocer un comunicado mediante su muro de Facebook en el que se declara en alerta a partir del miércoles, tras las declaraciones del gobernador Astudillo Flores en el sentido de que “lo más conveniente” es desarmar a los policías como los de la UPOEG.
“Después de tener una reunión con las distintas autoridades civiles y agrarias de los municipios donde la UPOEG tiene presencia, nuestra postura sigue igual; no se permitirá ni un tipo de desarme y en los pueblos estamos dispuestos a todo con tal de defender el derecho a la seguridad que tanto nos ha costado”, advirtió la coordinación mediante la red social.
Sin embargo, consultado después por teléfono, Plácido Valerio informó que la UPOEG tiene una asamblea el domingo para decidir cómo va a proceder. Pero de entrada opinó que el gobierno no puede generalizar, “porque los errores no son de todos los elementos”.
El coordinador general de la agrupación se dijo de acuerdo con que en donde se encuentren “abusos o gente infiltrada” y haya argumentos, es necesario el desarme.
Insistió en que no se puede generalizar a todo el sistema “porque no todos los grupos ni todos los elementos cometen errores”.
Dijo que se tiene que especificar exactamente a quiénes hay que desarmar, “porque generalizar quiere decir que hay una guerra y yo creo que nosotros hemos sido gente de diálogo y hemos contribuido a la tranquilidad de la población”.
Demandó que si hay errores que se corrijan, pero que no se justifica que se proceda “con un todo”.
Para Bruno Plácido “es importante mandarle el mensaje al gobierno, de que tiene esa autoridad, “pero no proceder con una amenaza, sino actuar con argumentos y delimitar a quiénes y no generalizar”.
Dijo que hay municipios que están muy tranquilos con su policía, hay buena coordinación y toda una tranquilidad. Por eso insistió, “el gobierno no puede generalizar”.
Dijo que tampoco se ha presentado una contrapropuesta de lo que se va a hacer después de que desarme a la gente, “¿qué se va a hacer para que se garantice la seguridad a la población?”, y demandó que se explique qué se va a ofertar después para la seguridad de la gente.
Agregó que debe de haber un proceso de diálogo entre el gobierno y la UPOEG, “debe haber una mesa para estar interactuando acuerdos”, porque declaró que todo se ha dicho mediante declaraciones en los medios de comunicación, pero que no hay una mesa de trabajo para conciliar los conflictos sociales en Guerrero.
A pregunta del reportero declaró que en caso de proceder el gobierno con el desarme, “la población sabrá inteligentemente qué hacer ante un riesgo de su vida. Allí no depende de Bruno, sino depende de cómo ven ellos (los pobladores) las cosas, no cómo lo ven desde afuera”.
En cuanto a los policías ciudadanos que participaron en los ataques del viernes 9 de junio en San Pedro Cacahuatepec, informó sigue en la etapa de solicitarles amparos, pero no abundó más porque apenas había hablado con el abogado.
Recordó que él los iba a presentar voluntariamente, pero que ni bien llegaban cuando ya los estaban acusando de participar en un hecho artero, “y es muy delicado que se quiera justificar un error de algunos compañeros, en el caso de que así fuera”.
Admitió que si hay pruebas y elementos, “los entregamos, porque todos estamos obligados a hacer mejor las cosas, independientemente de qué organización seamos”.
Insistió en que se cite también a quien les pidió el auxilio, a quienes están extorsionando, que investigaran sus números telefónicos, que revisaran los antecedentes de la familia y estudios profesionales de balística para que con pruebas y elementos se entregara a quienes son señalados, “pero no se puede generalizar a toda la Costa porque no toda la Costa participó”.
De Tierra Colorada donde está en conflicto con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, Plácido Valerio recordó que el gobernador Héctor Astudillo instituyó una comisión de diálogo y armonía y que ante esa comisión la UPOEG propuso asambleas comunitarias, en las que participaran la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en la vigilancia de la toma de decisión de los ciudadanos, pero se quejó de que el caso se quedó allí.
“Ahora todos se quejan de los conflictos pero no se acuerdan de los acuerdos”, reprochó y recordó que se trata de acuerdos que le hicieron del conocimiento al secretario de Gobierno, Florencio Salazar como responsable de la política pública del estado.
Insistió que ahora, por ejemplo, se quejan de los enfrentamientos, pero no han revisado los acuerdos a los que se llegaron en la instalación de las mesas de dialogo.
Informó que de estos acuerdos también estuvo enterado el presidente municipal de Juan R. Escudero, Leonel Leyva Muñoz, quien estuvo de acuerdo que para resolver el conflicto no interviniera ni la UPOEG ni el FUSDEG para que los ciudadanos decidieran en asambleas y así llegar a la tranquilidad y estabilidad en Tierra Colorada.

Fue una emboscada del FUSDEG a la UPOEG lo que ocurrió en Tlayolapa, sostiene el gobierno

Tras la muerte de siete civiles en un enfrentamiento del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) contra la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Tlaloyapa, Juan R. Escudero, el Grupo Coordinación Guerrero pidió que los grupos de civiles armados no busquen venganza y que favorezcan el diálogo para evitar la violencia.
Sin una acción para dar seguridad, el gobierno del estado relegó su responsabilidad y señaló al gobierno federal como a quien corresponde el desarme de los dos grupos, bajo el argumento de que cuentan con armas de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea.
La tarde de este martes en el edificio Centro del Palacio de Gobierno el Grupo de Coordinación Guerrero dio una conferencia de prensa para dar su versión de lo ocurrido el lunes entre el FUSDEG y la UPOEG.
El vocero Roberto Álvarez Heredia pidió a los civiles armados que no recurran a la venganza y colaboren con las autoridades competentes.
“Hacemos un atento y un enérgico, pero enérgico llamado a que exista un alto total de las hostilidades por el bien no solamente de ellos mismos, sino de los vecinos donde viven, quienes están siendo presas del miedo y de la zozobra y es una situación que no puede ser tolerada”, advirtió.
En la conferencia participó el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez quien detalló que se abrió una carpeta de investigación bajo el número 036 por homicidio y lesiones por arma de fuego a quien resulte responsable.
“No hay inculpados, hasta el momento se está haciendo la investigación y está como quien resulte responsable, el lugar de los hechos fue en Tlayolapa”, municipio de Juan R. Escudero.
Relató que en la madrugada del lunes llegaron a la comunidad integrantes de la UPOEG y en ese punto se encontraban parapetados integrantes del FUSDEG para evitar el ingreso del otro grupo.
“Acto seguido según testimonios recabados por la Fiscalía, los segundos (FUSDEG) abrieron fuego contra el grupo de la UPOEG teniendo como resultado siete personas muertas y dos más heridas como se apuntó”, agregó.
Dijo que la Fiscalía fue informada por el FUSDEG de los hechos, por lo que un grupo multidisciplinario integrado por dos fiscales cinco agentes del Ministerio Público, y cinco peritos en criminalística forense se dirigieron al lugar.
“Los cuerpos ya habían sido retirados por cada uno de los grupos, siendo trasladados Juan Arismendi miembro del FUSDEG a la comunidad de Tlayolapa y los de Hugo Moctezuma, Anastasio Valente, Salustio Mayo, Silvino Carrillo y Valente Sonora, a la cabecera de Teocoanapa, mientras que los lesionados fueron llevados al hospital general del municipio de Ayutla”, mencionó, pero sólo mencionó los nombres de seis de los siete muertos.
Más tarde en un boletín la Fiscalía expuso, “al arribar al lugar, el equipo multidisciplinario se percató que los cuerpos ya habían sido retirados por cada uno de los grupos siendo trasladado Juan “N” (miembro del FUSDEG), a la comunidad de Tlayolapa y los cuerpos de Hugo “N”, Anastasio “N”, Salustrio “N”, Rigoberto “N”, Silvino “N” y Valente “N”, a la cabecera municipal de Tecoanapa para entregarlos con sus familiares, mientras que los lesionados Norvi “N” y Valfre “N” fueron trasladados a Ayutla para atención médica”.
“Respecto a los lesionados Norvi “N” se encuentra estable de salud y continua recibiendo atención médica en el Hospital General de Ayutla, mientras que Valfre “N” por la gravedad de las lesiones se trasladó al Hospital General de Chilpancingo, donde su estado de salud es delicado pero estable”, agrega.
En la conferencia el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes relató, “a las 11:40 de la mañana a 2 kilómetros del poblado de Tlayolapa fueron localizados dos cuerpos tirados sobre las vías de comunicación al lado de los vehículos, de los cuales más tarde se tendría conocimiento que serían integrantes del grupo de la UPOEG que había sido emboscado alrededor de las 4:30 de la mañana, en donde perdieron la vida al menos seis personas de esa organización y uno más del FUSDEG”.
Dijo que a raíz de los hechos el gobierno del estado determinó integrar una operación en la que participan 208 policías estatales que se distribuyeron en 25 patrullas, dos autobuses antimotines y uno de línea, para cubrir el territorio de El Ocotito y Tierra Colorada, para evitar que se registre otro enfrentamiento.
“En el transcurso de la noche a pesar de la tensa calma los informes policiales no reportaron novedad, sin incidentes aunque en la zona prevalece una situación tensa, pero continúan los patrullajes”, agregó.
Afirmó que a las 8 de la mañana supieron de la presencia de 200 integrante de la UPOEG distribuidos en las comunidades del valle de El Ocotito: Buena Vista de la Salud y San Juan del Reparo, mientras que del FUSDEG 350 hombres estaban en Mohoneras, Tierra Colorada y Las Palmas.
“Se detectó que los hombres armados portaban armas inclusive del Ejército, Fuerza Área y Armada Nacional”, puntualizó.
A pesar de indicar este hecho de la portación ilegal de armamento no se informó cómo se procedería al respecto.
En una segunda intervención el secretario de Seguridad dijo que para garantizar la seguridad se debe estar “consciente” de un problema que existe en Guerrero “la existencia de grupos civiles armados al margen de la ley”.
“El gobierno del estado ha sido muy tolerante, y ha trabajado mucho en la operación política para que en coordinación con la policía se proceda a su desarme o por lo menos en una convivencia pacífica respetando el derecho de algunos pueblos de sus usos y costumbres, aunque ha habido una extralimitación”, agregó.
Dijo que la Policía del Estado está en la zona actuando con la responsabilidad y prudencia para destensar la situación, aunque no están acabados los trabajos políticos.
“Nosotros estaremos pendientes si es necesario reforzar con mas efectivos, hasta que la razón sea rebasada y tengamos que actuar de otra forma, pero serán otras instancias las que determinen la solución”, agregó.