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Problemas de salud de una madre se agravaron con los gases lacrimógenos del 25 de abril

 

A 35 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, al menos 16 padres de los estudiantes han presentado graves crisis de salud; el estado de cinco de ellos es considerado por el movimiento como “focos rojos”, debido a que han tenido enfermedades de hipertensión y diabetes.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, comentó que “de los 43 son 16, que casi son la mitad, con cuadros de hipertensión, azúcar elevado; hay unos que presentan situaciones un poco complicadas. De los 16, cinco padres son focos rojos: la diabetes está en una etapa ya muy avanzada, algunos de ellos necesitan insulina”.
Rosales consideró que debido a algunas reacciones de la policía en sus manifestaciones, como la del pasado 25 de abril, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México replegaron un mitin de exigencia por la presentación con vida de los 43 en la Secretaría de Gobernación (Segob), con gases lacrimógenos, la salud de algunos padres queda aún más afectada.
Es el caso de la señora Metodia Carillo Lino, mamá de Luis Ángel Abarca Carrillo. La señora de 67 años, originaria de la comunidad de San Antonio, Cuautepec, en la Costa Chica de Guerrero, contó que el 25 de abril sufrió una crisis diabética que la envió al hospital, luego de la protesta de la Segob.
Durante la marcha de ayer, la señora que portó el gallardete con el rostro de Luis Ángel contó que ella está enferma de diabetes. “Me siento mal, siempre por la ausencia de mi hijo, esa diabetes me empezó cuando desaparecieron a mi hijo, siempre me pongo mal cuando uno piensa, tú sabes que mi hijo es mi hijo”.
A 2 años 11 meses, la señora consideró que por “la ausencia no duermes, te preguntas diario cuándo va a regresar, ya va a tener tres años que no vemos a nuestros hijos y queremos de vuelta a nuestros hijos, estamos muy mal, nos afecta tanto; yo peor, me enfermo mucho, me enfermo siempre”.
Recuerda que el 25 de abril estaba en el plantón, antes de la marcha que realizan cada 26 en la ciudad, cuando “los policías lanzaron esos gases, ya en la noche estaba en el hospital. Me desmayé, se me subió el azúcar y tuve que irme a Guerrero enferma”. La señora dice que su esposo está en una condición similar. El señor Donato Abarca, que vive en la Costa Chica y es campesino, sufrió una embolia que lo mantiene postrado en su cama. El matrimonio se mantiene del campo y concibió nueve hijos, Luis Ángel es el menor: cuatro mujeres, cinco hombres, que cuando pueden los apoyan con medicinas, contó la señora.
“No tomo aún insulina, pura pastilla, pero a veces la cargo muy surtida, se te olvidan las pastillas, donde te descontrolas”, relató.
Recuerda que hace tres años su vida también era difícil: “tenía que lavar, planchar ajeno porque le teníamos que dar 60 pesos diarios al chico (Luis Ángel). Nos bajábamos en Cruz Grande y de allí él se iba al bachillerato… Era ama de casa, mi esposo sembraba maíz, pero sale cada año y no alcanzaba”.
La señora exige: “que nos entreguen a nuestros hijos y que se castigue a los culpables que hay allí, ellos querían estudiar… queremos que los castiguen, todos están libres, ninguno te dice la verdad, que nos digan a dónde están los cuerpos, pero nada”.
Vidulfo Rosales detalló que a casi tres años sin saber de sus hijos la salud de los padres se ha agravado, pero todos están convencidos de continuar con la lucha. “El hecho de estar siempre  en las caravanas, de andar en las movilizaciones tiene su desgaste físico, se está viendo la posibilidad, hay un equipo médico de organizaciones de la sociedad civil, que haya un seguimiento más puntual”.
Consideró que “hay un tema político de los padres de familia con la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), es un tema que tiene que discutirse todavía, porque eso sería entrarle a la reparación del daño y no estamos en ese momento todavía”.
Los padres seguirán recibiendo atención médica de las organizaciones aliadas al movimiento, explicó, pero la comisión de seguimiento verá la forma de que alguna institución de Guerrero atienda a con puntualidad las enfermedades de los padres de Ayotzinapa, sin que eso implique aceptar a la CEAV, al menos en esta etapa donde aún quedan pendientes.

 

Atacaron a balazos a un ganadero de 60 años en Tixtla el domingo; muere en el hospital

Un ganadero fue atacado a balazos por desconocidos en Tixtla y falleció en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, en la capital, mientras recibía atención médica.
Según el reporte policiaco, el domingo cerca de las 2 de la tarde, el ganadero, quien fue identificado por sus familiares como Odilón Vázquez Alarcón de 60 años de edad, fue atacado a balazos en el Rancho Quiauixtla, ubicado en el nuevo libramiento a Tixtla, a unos 5 kilómetros de la caseta de cobro.
El hombre fue auxiliado y trasladado al Hospital General por sus familiares, pero murió ese mismo día, a consecuencia de los impactos de bala.
No se identificó a los agresores y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al hospital para dar fe de los hechos, así como para realizar las diligencias correspondientes. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Cerros, ríos, bosques, plantas y animales, en peligro por mineras en San Miguel el Progreso

San Miguel el Progreso, municipio de Malinaltepec, está asentado en algo más que una inmensa estepa verde. Sus habitantes viven en cerros sagrados, donde nacen ríos que surten de agua no sólo a ese pueblo, sino a los que están río abajo. También hay bosques de los que, quienes habitan aquí, sólo se sirven para proveerse de servicios públicos por el abandono del gobierno, pero no para negociar con la madera.
Pero lo más importante, es sitio sagrado en el que los habitantes de Júuba Wajiín (en lengua me’phaa) realizan sus ritos ceremoniales ancestrales. Allí habita el Dios de la Montaña al que para matar un venado, un conejo, ardilla, o cortar quelites para comer, hay que pedirle permiso, o en su defecto perdón por haberlo hecho, es un rito que se conoce como Mathani idxuun xuku (ofrenda al Dios de la Montaña).
Es en estas tierras, la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal había autorizado una concesión para explotar las minas Reducción Norte Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, a la minera peruana de capital británico Hochschild Mining. Contra esa concesión, San Miguel el Progreso ganó un amparo en 2016 y en junio de este año acaba de obtener otro contra la libertad de terreno que había emitido la Secretaría de Economía (SE) y le daba libertad para decidir sobre las tierras de los indígenas.
Para los habitantes de la localidad es impensable ceder este territorio, que han venido cuidando y defendiendo sus padres, sus abuelos, sus ancestros de toda la vida. Cómo cree el gobierno y las mineras extranjeras que van a cederlo para la extracción del oro que hay aquí, si en estos cerros hay deidades, hay centros ceremoniales. “Si vienen a destruirlo para llevarse el oro, nos caería una desgracia a todos”, sostiene Valerio Mauro Amado Solano, presidente del comisariado de Bienes Comunales.
Y por si había dudas de que podrían “negociar” como ha ocurrido en otras partes del estado, habían colocado hasta hace poco en la entrada del pueblo un letrero a manera de advertencia que decía: “Se secará el río, se secará el último árbol, se morirá el último pescado, pero cuándo vamos a entender que el dinero no se come”. El letrero ya no está, pero el mensaje está grabado en la memoria de todos los habitantes del pueblo, cuenta el representante comunal.

Tres victorias legales en defensa del territorio

La lucha de este pueblo me’phaa no ha sido en vano. De las 44 concesiones que había otorgado la SE y que abarcaban una extensión de 142 mil 430 hectáreas en las regiones Montaña y Costa Chica, a partir del 2011 se han disminuido a 22 que afectarían una extensión de 32 mil 616 hectáreas, según datos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan).
En julio del 2016, los habitantes de San Miguel el Progreso obtuvieron el amparo 429/2016 de la titular del Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo, Estela Platero Salado, en contra de la concesión que había otorgado la SE a la Hochschild Mining para explotar las minas Reducción Norte Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, asentadas en territorio de San Miguel el Progreso.
Asimismo, en junio pasado obtuvo otro de la misma jueza en contra de la Declaratoria de Libertad de Terrenos que consideraba su territorio libre para la actividad minera. En la sentencia se otorga el amparo y la protección de la justicia federal al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación, y por ende, demostrado el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado Mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena.
Antes del primer amparo, en mayo del 2013, San Miguel el Progreso, aglutinado en el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y en Contra de las Minería, logro la cancelación del proyecto de la Reserva de la Biosfera que promovían la Comisión Nacional de Áreas Protegidas del Gobierno federal, el gobierno estatal y la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) que daría el derecho al gobierno federal para administrar una extensión de 157 mil 896 hectáreas en la Montaña y Costa Chica, en medio de esa extensión se encuentra el núcleo agrario de San Miguel el Progreso, que con ese decreto perdería los derechos a su territorio.
Para los habitantes de este núcleo agrario, tiene mucho significado el segundo amparo que obtuvieron en junio pasado, pero no es definitivo pues están seguros de que el riesgo sigue latente.
Don Luis Gálvez Ortega, comisario municipal, dice que por eso siguen organizados, “para defender nuestro lugar nativo”.
Sostiene: “Pensamos en el bienestar de nuestros hijos, queremos que nadie nos venga a defraudar o a destruir en el lugar donde hemos nacido. Desde nuestros abuelos y nuestros padres nos inculcaron que siempre hay que defender el lugar nativo de uno, que nadie nos venga a pisotear”, dice el indígena me’phaa.
Cuenta que desde sus ancestros, “aunque sea pobremente”, supieron defender el lugar donde nacieron. “Siempre fueron celosos de sus lugar nativo y eso es lo que hemos aprendido nosotros también, saber defender nuestro lugar y no permitimos que el gobierno mande alguna empresa que venga a decirnos: saben qué, sálganse de aquí porque el gobierno ya negoció, ya pagamos por ustedes. Nunca esperamos ni vamos a aceptar eso”.
Comenta que como sus antepasados, los actuales habitantes también van a defender su territorio “hasta el último instante de nuestra vida”, y que es la misma herencia que quieren dejar a sus hijos y a sus nietos, “y así debe seguir de generación en generación, en cuanto Dios nos permita el tiempo. Toda nuestra vida pensamos defender nuestro territorio, porque aquí nacimos, aquí crecimos, aquí trabajamos”.
Los habitantes de San Miguel el Progreso, son pequeños productores de café, de maíz y de frijol “y de todo cuanto Dios nos permite dar de nuestro suelo que pisamos”, explica el comisario municipal, quien agrega que siempre viven esperanzados en que la cosecha sea buena, porque son cosechas que tienen una vez al año para vivir.
Se queja de que por aquí no cuentan con el apoyo del gobierno y que lo único que reciben es el del Pro Agro pero que éste se los dan cada año, y cuestiona: “¿Acaso el gobierno gana su dinero una vez al año?, no, él está ganando quincenal y nosotros como campesinos tenemos una cosecha al año y si se nos vienen las plagas, como la roya del café, entonces no viene el gobierno a preguntarnos qué necesitamos para sostenernos, y aunque le pidamos por escrito que nos apoye con programas, nomás no”.
Frente a ese desamparo de las autoridades, el comisario comenta que por lo menos ahora tienen un medio ambiente sano, “tenemos yerbas, quelites qué recoger para comer, pero queremos que estén sanos”, lo que no ocurría si les vienen abrir las minas, insiste en el tema y agrega que tampoco quieren tener contaminada el agua que baja del cerro en donde están los manantiales.
“Esa agua es la que poco a poco va formando ríos, esos ríos que bajan y pasan más allá abajo en Totomixtlahuaca y llegan hasta Marquelia y de Marquelia se van al mar, y si de aquí va a ir esa agua contaminada, entonces todos los habitantes que están más abajo van a salir amolados, y también se van a ver afectados los animales de los grandes ganaderos que hay rumbo a la Costa Chica, a todos les va a afectar esa agua contaminada”, advierte el comisario Gálvez Ortega.
Añade que por esa razón, lo que defienden aquí en la alta Montaña favorece a otras comunidades rumbo a la Costa Chica, y que por eso no quieren que alguien venga a contaminarles su medio ambiente.
Reclama que si ellos como comunidad no molestan al gobierno federal, estatal o municipal, quieren que por lo menos tampoco los vengan a molestar a su territorio.
Denuncia que llevan años sin obras por parte de los tres niveles de gobierno, “vemos que otras comunidades están bien arregladas sus calles y tienen agua entubada, mientras que nosotros nos hemos quedado sin apoyo del gobierno”.
Dice que hasta ahora con la actual administración municipal les están construyendo una comisaría que a la vez servirá para sus oficinas agrarias, para el Registro Civil y como comandancia de Seguridad Pública Municipal.
Su acceso principal está destrozado y lo abrieron en 1985 con la venta de madera, y para que llegara la energía eléctrica tuvieron que pagar con refrescos y cervezas a los habitantes de Paraje Montero, la comunidad vecina, para que autorizara que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ampliara a su comunidad la red.n Para construir su iglesia también vendieron madera de sus bosques, pero actualmente suspendieron el corte de árboles “porque se están quedando pobres nuestros cerriles, y si viene un deslave acaba con todo lo que encuentra el río”, se preocupa el comisario municipal.
“Nuestra lucha ha sido brazo a brazo. Así es como se va logrando este pueblo, a través de sacrificio.

Vieron el peligro en sus tierras en 2011 cuando volaron helicópteros muy bajito cerca de sus casas

El núcleo agrario de San Miguel el Progreso tiene 4 mil 449 hectáreas y no sólo es uno de los más cuidados de la zona, sino que también es el más asediado por las empresas mineras. El presidente de los Bienes Comunales, Valerio Mauro Amado Solano, comenta que los comuneros no saben en qué punto exacto quieren explotar y quiénes son, pero que, por lo pronto, los han frenado con el fallo que emitió la jueza Estela Platero Salado.
Fue de mucha importancia para la comunidad, “con eso no nos puede mover tan fácil la minería”, celebra.
Igual que el comisario municipal, advierte que si se llegara a instalar la minera en la zona lo primero que contaminará es el agua que consumen porque la tubería baja de los manantiales que se encuentran en el Tepilzahuatl, “nos quedaríamos sin agua, sin territorio, todo lo vamos a perder”.
Dice que por eso el pueblo está organizado desde antes de que metieran el primer amparo. Se percataron del peligro de que trabajaría la minería en sus tierras en el 2011 cuando vieron volar los helicópteros muy bajito cerca de sus casas.
El comisario municipal, Luis Gálvez Ortega, recuerda que un día enterito anduvo el helicóptero sobrevolando la zona, “daba vueltas desde Tenamazapa, Tlacoapa, Tomixtlahuaca, Colombia de Gadalupe, Iliatenco, (los pueblos vecinos), bajaba, se metía por todas las barrancas, se salía y después volvía”.
Agrega: “fue entonces cuando nos saltó la duda y nos preguntamos qué andaba haciendo ese helicóptero”. Después se enteraron de que en el helicóptero supervisaban qué tanto oro había en el cerro y abajo del suelo, explica el comisario sentado al lado del presidente del Comisariado de Bienes Comunales en una improvisada comisaría municipal, mientras se construye la nueva que será multifuncional.
El presidente del comisariado cuenta que la autoridad que estaba entonces en función en su comunidad convocó a una reunión en la que se recogieron firmas en un acta, rechazando por completo la minería en su pueblo.
Dice que después preguntaron en la Secretaría de Economía, “y sí, efectivamente, contestaron que se estaba concesionado nuestro territorio, y entonces fue cuando se metió el amparo en el 2013”.
Ese amparo se resolvió en el 2016 a favor de San Miguel el Progreso y después la SE emitió una declaratoria de libertad de terreno, “pero cómo iba a ser libre si estamos habitándolo”, exclama.
Comenta que la mina que se pretende abrir es a cielo abierto y que abarcaría varios pueblos de la zona, a los que nunca les consultaron su opinión a pesar de que es un derecho internacional que tienen los pueblos indígenas establecido en el Convenio 169 de la OIT, “que dice que debemos ser consultados, cosa que no hizo el gobierno”.
Reprocha: “todo lo hizo bajo del agua, no nos tomó en cuenta. No hubo ninguna consulta y ahora aunque vengan a realizar la consulta ya el pueblo decidió. No queremos que nos molesten, que nos desplacen de aquí a otro lado, porque gracias a Dios tenemos lo suficiente para vivir. No somos ricos, ni somos pobres, pero que no nos moleste el gobierno”, insiste el comisario.
Con el segundo amparo que obtuvieron a su favor, el pueblo de San Miguel el Progreso logró el tercer triunfo. Antes, en el 2013, habían echado el proyecto de la Reserva de la Biosfera con la que el territorio quedaba bajo la administración del gobierno federal.

“Solamente muertos y sobre nuestros cadáveres van a poder entrar las mineras a nuestro territorio”, acordaron 20 núcleos agrarios de seis municipios

Sin embargo, los habitantes de San Miguel el Progreso aún no consideran que hayan triunfado totalmente, “todavía hay peligro, los resultados son sólo para el territorio de San Miguel, pero hay otras comunidades y otros territorios en donde se han entregado concesiones, hay 22 concesiones vigentes, recuerda, el presidente del comisariado de Bienes Comunales Amado Solano.
Al respecto el comisario Luis Gálvez habla del riesgo: “si nosotros no lo permitimos, hay otras comunidades que son débiles”, dice mientras con el dedo índice y el pulgar forma un círculo simulando una moneda, para insinuar que se pueden vender, “quién va a decir que no, si ofrecen miles y millones de pesos para que se hagan a un lado y los dejen entrar a trabajar”, acusa.
Además menciona que algunos de los núcleos agrarios están mal organizados y que son varias empresas que están al acecho, “por aquí rechazan a unos y por el otro hay otros muy listos echando ojo por donde está débil el lugar”.
El presidente de Bienes Comunales Amado Solano insiste en que por eso en San Miguel el Progreso los pararon en seco. Recuera que en el 2013 cuando él era comisario municipal un juez de distrito de Acapulco le preguntó que si les daban un beneficio a cambio sí permitirían la entrada de las mieras. “Le respondimos que no”.
Pero asegura que otros núcleos agrarios han sucumbido a los ofrecimientos y cita el caso de Paraje Montero, también del municipio de Malinaltepec y su anexo Xuchiatenco que ya aceptaron vender sus áreas, “no sé cuántas hectáreas ya exploró la mina”, pero aclara que por los amparos que han ganado ellos el proyecto está suspendido.
Tomando el ejemplo de Paraje Montero y su anexo, vieron la necesidad de que el ejemplo de organización de su pueblo trascendiera a los demás núcleos agrarios y comenzaron a realizar reuniones con otros núcleos agrarios de la zona e integraron un consejo regional.
El presidente del Comisariado de Bienes Comunales comenta que ahora el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y en contra de la Minería que comenzó a conformarse en 2012 para rechazar la reserva de la biosfera ya está integrado por 20 núcleos agrarios y sus anexos de los municipios de Malinaltepec, Iliatenco, Tlacoapa, Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Acatepec.
Desde entonces el Comité del Consejo ha estado sesionando cada dos meses, la más reciente sesión fue en Tlacoachistlahuaca, y la próxima será el 7 y 8 de octubre en Malinaltepec.
“En las reuniones el acuerdo ha sido que solamente muertos y sobre nuestros cadáveres van a poder entrar las mineras a nuestro territorio”, sostiene don Valerio Mauro.
Asegura que en esas reuniones muchos de los pueblos se están dando cuenta del riesgo que corren con la autorización de las concesiones a mineras.
Pero añade que es necesario que se incluyan más pueblos porque aún no alcanzan a convencer a todos los núcleos agrarios que comprende el territorio que pretenden las mineras.
Dice que, por ejemplo, no todos los núcleos agrarios del municipio de Tlacoapa han participado, entre éstos Totomixtlahuaca y Tenamazapa que también están en riesgo porque el proyecto pasa por ese territorio en donde quieren explotar el oro.
En San Miguel el Progreso son 3 mil 800 habitantes, y con derechos agrarios 837 comuneros.
Los habitantes se rigen con reglas estrictas para el aprovechamiento de la madera, si van a cortar madera aunque sea en terreno propio necesariamente tienen que dar aviso al Comité de Bienes comunales, “y no tumbar más de lo que se va a ocupar, tampoco se puede negociar con la madera”, sostiene el presidente del Comisariado de Bienes Comunales y con ello nadie, mucho menos extranjeros, van a venir a saquear sus recursos naturales.

Ponen retenes policías comunitarios de Mezcala; buscan combatir delitos del crimen organizado

Policías comunitarios de Mezcala, armados con escopetas y rifles de bajo calibre, algunos con el rostro cubierto y radios de comunicación, instalaron a partir de ayer puestos de vigilancia y revisión en la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Chilpancingo-Iguala a unos 100 metros de la entrada principal a esta comunidad del municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
De acuerdo con información de uno de los comunitarios, estos puestos de vigilancia estarán a “prueba” dos semanas y su permanencia dependerá de los resultados que den en el combate a delitos que se cometen en la zona como el robo de vehículos, asaltos y extorsiones por presuntos miembros de la delincuencia organizada.
La instalación de los puestos de vigilancia de los comunitarios de Mezcala en la carretera federal se da a dos días del surgimiento de la autodefensa en nueve pueblos de Eduardo Neri en contra de grupos de la delincuencia organizada que operan en esta zona en la que se ubican las minas Los Filos/El Bermejal en Carrizalillo y Mezcala que explota una empresa minera canadiense, así como la de Los Guajes/El Limón cerca de Nuevo Balsas, que trabaja la minera, también canadiense, Media Luna.
En la conformación de la comunitaria participan habitantes de los pueblos de Carrizalillo, Tenantitlán, Amatitlán, Tepehuaje, San Miguel, Vista Hermosa, Puente Sur Balsas, Mazapa y Plan de Liebres, del municipio de Eduardo Neri, así como Colonia Valerio Trujano de Tepecoacuilco, quienes el domingo realizaron la Marcha por la Paz del Zócalo de Mezcala a la carretera federal México-Acapulco para dar a conocer su conformación.
Ayer después de las 5:00 de la tarde se confirmó la instalación de dos puestos de vigilancia por un grupo de unos 30 comunitarios de Mezcala, según se identificaron con las playeras blancas con el estampado en su espalda que los identifica como tal. En su mayoría son jóvenes, de entre 18 y 25 o 30 años, pocos ya son mayores.
A los dos costados de la carretera federal, a unos 100 metros de la entrada principal de Mezcala, colocaron dos barricadas con costales de arena en las que se protege la mayoría de los comunitarios y a los que se les vio portando rifles al parecer calibre 22 y algunas escopetas.
En su mayoría traen el rostro cubierto con pedazos de tela, algunos con pañuelos con un estampado de calavera. La mayoría usa gorras y pocos sombreros, y se vio que algunos portan radios de comunicación colgados al pecho o a la cintura.
Separados a unos 200 metros y en ambos sentidos de la vía federal, a mitad de la carretera se instalan dos grupos de unos cinco comunitarios armados, los cuales obligan a los automovilistas a detener totalmente su marcha, allí les piden una cooperación voluntaria y desde afuera de los carros hacen una revisión hacia adentro. En el momento que se estuvo en el lugar no pidieron a ningún automovilista que se orillara para hacer alguna revisión más minuciosa y ponían mayor atención a los carros sin placas.
En el lugar se pudo platicar con el comunitario que coordinaba la operación, un joven de unos 25 o 30 años que era de los pocos que no tenía la cara cubierta, y al dar a conocer la presencia como reportero, accedió a que se tomaran gráficas en el lugar, dar información sobre su acción y hasta coordinar mejor a sus compañeros como testimonio de su trabajo, “muestren las armas, van a tomar fotos”, les indicaba.
Informó que su colocación fue parte de los acuerdos de ayer tras la reunión con autoridades estatales, y afirmó que la instalación de los puestos de vigilancia está a “prueba” por dos semanas “para ver si damos resultados en disminuir la inseguridad”.
Dio a conocer que su instalación en la carretera federal será por las 24 horas del día y se irán rotando con otros comunitarios, y según los resultados que den, se podrían quedar de forma permanente.
Miguel, como dijo llamarse el comunitario, indicó que en esa zona lo que más les preocupa combatir es el constante robo de vehículos, los asaltos y extorsiones que se dan a pesar de la presencia de militares y policías federales del sector caminos.
Sobre la cooperación que piden a los automovilistas indicó que es para comprar más armas, combustible para prender fogatas en la carretera por las noches, conos de señalización y más equipo para seguir desempeñando su función.

 

Estudiantes de Ayotzinapa respaldan al padre que cuestionó a López Obrador en Nueva York

 

El Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, manifestó su rechazo a la reforma educativa y a la alianza de su ex dirigente, David Flores Maldonado con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, para promover el perfil idóneo que plantea la ley.
El comité también expresó su respaldo al padre del normalista desaparecido Antonio Tizapa Legideño, Antonio Tizapa, quien cuestionó al presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, sobre su relación con el alcalde de Iguala José Luis Abarca y con el gobernador Ángel Aguirre Rivero cuando ocurrieron los ataques contra los estudiantes en Iguala, y en respuesta el político tabasqueño lo acusó de “provocador” y lo llamó a pedir respuestas al Ejército, después de un mitin en Nueva York el lunes. El comité aseguró que “no somos provocadores por señalar a los asesinos”.
En un comunicado que difundieron los normalistas de Ayotzinapa, el comité dijo que este miércoles, “nos despertamos con la desagradable noticia de que Aurelio Nuño, la cabeza de la Secretaría de Educación Pública, vuelve a felicitar y halagar públicamente a David Flores, egresado de nuestra escuela y lo luce como un trofeo entre su personal de confianza”.
Flores Maldonado fue dirigente estudiantil de Ayotzinapa durante los ataques en Iguala, la detención y desaparición forzada de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014, pero “hoy está sentado a un lado de Nuño, el asesino de maestros”.
Agrega que los normalistas de Ayotzinapa “desconocemos y repudiamos los actos y las palabras de David: él ya no nos representa, no lo reconocemos, no estamos de acuerdo en los planteamientos a favor de trabajar en conjunto para la reforma educativa”.
El comité agrega que el perfil idóneo que pretende imponer la SEP mediante la reforma educativa, no es compatible con la formación pedagógica que se imparte en las normales rurales, la cual es necesaria para llevar conocimiento y cultura a las comunidades y pueblos marginados.
Del nuevo modelo educativo el comité dice que los normalistas de Ayotzinapa están en contra de la “autonomía en la gestión de las escuelas”, porque se trata de una medida del Estado “para deslindarse de su responsabilidad de proporcionar recursos a las escuelas para infraestructura y mantenimiento” y que sean los padres de familia los que solventen estos gastos.
Reiteró su rechazo a la evaluación del Servicio Profesional Docente, no porque los normalistas no tengan los conocimientos o preparación para los exámenes de ingreso y permanencia en el sector, sino porque “no son una medida para generar un diagnóstico en la labor del profesor o el estado del sistema educativo, más bien es un medio de coacción hacia el magisterio para controlarlo”.
Dice que la evaluación debe de tener en cuenta los contextos económicos, culturales y políticos donde están las escuelas, así como las condiciones bajo las que trabajan los maestros, los alumnos y padres.
Critica la vigilancia policiaca durante la aplicación de las evaluaciones, “nosotros tenemos memoria, sabemos que fue Aurelio Nuño quien llevó a la Policía Federal a los estados del país donde hubiera protestas para reprimir a los maestros y maestras de la CNTE”, como Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, donde “hubo fuertes actos de represión por parte de las fuerzas policiacas para imponer a sangre y fuego la pedagogía del garrote, tan presente en la Reforma Educativa”.
El comité menciona las muertes del profesor Claudio Castillo Peña, asesinado a golpes por la Policía Federal en Acapulco, de David Gemayel, egresado de la Normal de Mactumactza, asesinado por la Policía Federal en Chiapas, y a los mártires de Nochixtlan y Viguera, Oaxaca: Andrés Aguilar, Yalid Jiménez, Oscar Nicolás, Anselmo Cruz, Jesús Cadena, Oscar Aguilar, Omar González, Antonio Pérez, César Hernández, Silverio Sosa, Juvan Azarel.
Asegura que los que están detrás de la imposición de la reforma educativa, “son los mismos” que han intentado cerrar la Normal Rural de Ayotzinapa, ordenado las represiones para cerrar las normales rurales, detener y desaparecer a los 43 normalistas en Iguala. “Los que asesinaron a los maestros Claudio y David son los mismos que le quitaron el rostro a Julio César Mondragón y dispararon contra Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava. Son los mismos. Es el Estado. Por ello nosotros no queremos ser idóneos: rechazamos la reforma educativa”.
Se manifestó por los proyectos de educación alternativos como Escuelas Integrales en Michoacán, Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, Escuelas Altamiranistas en Guerrero y educación Zapatista en Chiapas.
Dice que seguirán las manifestaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y reconoce la protesta de Antonio Tizapa.

Presentó el Ayuntamiento capitalino a Semaren terreno para el basurero; sí es apto, responde

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), Karen Castrejón Trujillo, informó que el Ayuntamiento de la capital solicitó que se determine la factibilidad de uso del suelo de un terreno ubicado en la periferia de la ciudad, para determinar si es apto para un sitio de disposición final de la basura, y señaló que sí cumple con la normatividad.
Agregó que en una segunda etapa del procedimiento se le notificó al Ayuntamiento que tiene que presentar el proyecto ejecutivo y acreditar la propiedad, para verificar que no tiene ningún tipo de problema.
La secretaria fue consultada al término de la ceremonia Compromisos para la Estabilidad y Desarrollo en Casa Guerrero, encabezada por el gobernador Héctor Astudillo Flores.
En la capital sigue sin resolverse el problema de la basura, pues el tiradero está saturado, sin embargo se siguen depositando las cerca de 350 toneladas de basura que se producen diario.
Dentro del basurero los trabajadores de Servicios Públicos Municipales y empleados de las máquinas están abriendo lugares para seguir tirándola ahí.
En declaraciones anteriores la secretaria informó que se estaba en diálogo con las autoridades municipales para resolver el problema.
Al término del acto en Casa Guerrero se le preguntó cómo va el proceso.
“De manera oficial hay un procedimiento ahorita el cual es a solicitud del Ayuntamiento de Chilpancingo, donde pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente la factibilidad del uso de suelo de un predio que ellos ya propusieron, para ver si era viable la construcción de un nuevo sitio de disposición final. Este sitio, por parte de la Secretaría ya fue revisado, cumple vamos a decirlo así con la normatividad”, detalló.
Indicó que se está en una segunda etapa del procedimiento donde se le notificó al Ayuntamiento que tiene que presentar el proyecto ejecutivo y acreditar la propiedad para verificar que no tenga ningún problema, como agrario o penal y con esto pueda construirse un nuevo sitio.
De la ubicación sólo dijo que está en las inmediaciones de la capital, que cumple con la norma, que no está cerca de cuerpos de agua, cerca de carretera, ni de población, y reiteró que es uno de los lugares viables que se proponen, junto con otras opciones que hay. Precisó que sólo se ha iniciado el proceso de revisión de uno.
También se le preguntó sobre las sanciones a municipios que incurran en la generación de tiraderos clandestinos, como el que está ubicado en el viejo libramiento, a la salida de Chilpancingo rumbo a Tixtla.
“Se hizo un llamado, esto lo hizo la Procuraduría. Y nosotros esto obviamente reforzando, solicitando a los presidente municipales de que a todos en general, a los 81 en general, de que no se generaran ningún tiradero clandestino, esto obviamente haciendo el llamado de que se tuviera que cumplir con la norma, porque iban a ser sancionados”, indicó Castrejón Trujillo.

Roban 57 mil pesos a trabajador de Media Luna en la carretera Atzcala-Nuevo Balsas, Cocula

 

Hombres armados, vestidos de negro y encapuchados, interceptaron y robaron la tarde del lunes 57 mil pesos a un empleado de la minera Media Luna, en el tramo de terracería de la carretera Atzcala-Nuevo Balsas, Cocula; en hechos distintos, hombres armados robaron un taxi de Cuernavaca, Morelos, y abandonaron al chofer en un cerro de Cocula, después de golpearlo.
De acuerdo con fuentes policiacas consultadas ayer, un empleado de la minera canadiense fue asaltado alrededor de las 5 de la tarde del lunes cuando regresaba de Iguala, después de comprar material para la minera y sacar dinero del banco.
En el tramo Atzala-Nuevo Balsas de la carretera de terracería, hombres con armas largas, con vestimenta negra y encapuchados que salieron de entre el monte, le apuntaron para obligarlo a detenerse, y lo bajaron con violencia.
Se dio a conocer que los delincuentes le robaron 57 mil pesos que llevaba en efectivo, una computadora portátil, su teléfono celular y cartera con documentos personales, luego huyeron hacia los cerros y lo dejaron ileso.
De acuerdo con la fuente, el empleado de la minera fue amenazado por los hombres armados para que se fuera de la empresa, bajo la advertencia de matarlo si lo volvían a ver en el lugar.
Ayer, se presentó ante la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), con sede en esta ciudad, según informaron las fuentes.

Roban un taxi tres pasajeros que llevaba de Cuernavaca a Iguala

En hechos distintos, fuentes de Seguridad Pública del estado informaron que la tarde del domingo, hombres armados robaron un taxi de Cuernavaca, Morelos, y abandonaron al chofer en un cerro del municipio de Cocula, después de golpearlo.
Según informes y luego de que ayer el taxista presentó su denuncia ante la agencia del Ministerio Público con sede en Iguala, se dio a conocer que dos hombres y una mujer, la tarde del domingo solicitaron un servicio de Cuernavaca a Iguala.
El chofer informó que al llegar a Iguala, los hombres sacaron armas de fuego y lo amagaron, obligándolo a llevarlos hacia Cocula. En una brecha de terracería en un cerro lo bajaron del taxi, lo golpearon y lo abandonaron en el lugar, luego huyeron en el taxi, un Nissan Versa color blanco.
Después de caminar por horas, el taxista llegó hasta la cabecera municipal de Cocula, donde pidió ayuda y esperó a sus familiares, que fueron por él. Tras recibir atención médica, ayer se pudo presentar al Ministerio Público de Iguala para denunciar el robo y las lesiones.

 

Desde el día en que desapareció el dirigente envió cinco grupos de policías, responde el gobierno

 

La Secretaría General de Gobierno rechazó que el gobierno sea responsable de la desaparición y homicidio del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio, después de que esta organización y organismos civiles culparon a las autoridades de no realizar la búsqueda de inmediato.
El miércoles el coordinador fue privado de su libertad cuando se dirigía a su centro de trabajo en la primaria de Zoquiapa, en Tixtla. En la tarde vecinos y policías comunitarios bloquearon el entronque Chilpancingo-Chilapa, donde se dividen los libramientos.
Representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía Antisecuestro dialogaron con los policías comunitarios, y lo único que lograron fue reunirse al siguiente día con el subsecretario de Desarrollo Político, José Martín Maldonado del Moral.
En un comunicado de prensa la Secretaría General de Gobierno señala que “enviaron desde ese mismo día (de la desaparición) cinco grupos de elementos de Seguridad Pública y de Policía Ministerial, bajo la coordinación del Fiscal Regional de la zona centro, los cuales ante la presencia del presidente municipal y del personal de la Secretaría General de Gobierno, acordaron con los policías comunitarios de la CRAC de Tixtla, efectuar operativos de búsqueda conjunta a partir de las 21 horas”.
Al siguiente día representantes de la CRAC se reunieron con Maldonado del Moral, al término expusieron a El Sur que no obtuvieron la respuesta que necesitaban, que los funcionarios les dijeron que tenían que actuar bajo el tiempo que señala el protocolo y que tuvieron la impresión de que no se movilizarían como lo esperaban, pues dijeron que hasta ese momento no lo habían hecho.
La policía municipal mantuvo recorridos y retenes por su parte, y más tarde los comunitarios se dieron cuenta de que acudieron unas patrullas con policías ministeriales, sin que tuvieran coordinación con ellos.
En el documento se asegura que durante la reunión sostenida en Palacio de Gobierno acordaron dar seguimiento a la búsqueda, pero que al siguiente día fue hallado el coordinador de encale sin vida cerca de la ciudad de Chilapa.
“La Fiscalía ya ha abierto una carpeta de investigación, que incluye un mensaje dejado en el cuerpo dela víctima”, agrega. Y que por lo anterior, la Secretaría General de Gobierno rechaza las acusaciones en contra del gobernador Héctor Astudillo Flores de la desaparición y homicidio de Salmerón Dircio.

 

Muere un plagiario perseguido por policías estatales en la sierra de Atoyac; el secuestrado regresa

Un presunto secuestrador murió tras enfrentarse con policías estatales durante un operativo el sábado para rescatar a un joven secuestrado en Puente de El Rey el pasado jueves.
Los hechos fueron en la sierra de El Paraíso en el paraje del Plan del Cuche entre las comunidades Los Piloncillos y Arroyo Grande.
El presunto secuestrador identificado por los vecinos como Magdaleno Arroyo de la Cruz de 37 años, era vecino de la comunidad de Arroyo Grande.
Intentaba huir tras ser perseguido por tierra y aire por policías estatales y vecinos de la zona que salieron a buscar al joven secuestrado de Puente del Rey, quien regresó después por su propio pie a su casa.
El presunto secuestrador, que murió en el lugar del enfrentamiento, vestía ropa de camuflaje color beige. Dos de sus cómplices huyeron. El cuerpo fue bajado a la ciudad de Atoyac para la necropsia de ley y para que sea reclamado por sus familiares.
Un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado informa que elementos de la Policía Estatal liberaron a un hombre que había sido secuestrado en la comunidad de Puente del Rey, en la sierra de Atoyac; en la acción, uno de los probables responsables perdió la vida.
Da a conocer que el comisario municipal de dicha comunidad, Irving Rodríguez Nario, informó a los policías estatales destacamentados en la región sierra que civiles desconocidos habían privado de la libertad a un hombre, a quien sorprendieron en una vereda y se lo llevaron.
En respuesta, 15 elementos y tres unidades oficiales con apoyo de personal del Sector Atoyac de la Policía Estatal, un grupo de Policía Municipal de Atoyac y un helicóptero, iniciaron una operación de búsqueda y localización por las inmediaciones de Puente del Rey.
Indica que posteriormente, el propio comisario municipal informó a los oficiales que en la caseta telefónica de esa comunidad, recibieron una llamada en la que exigían un millón de pesos para liberar al secuestrado.
Los grupos de policías estatales continuaron la búsqueda y entre Arroyo Grande y Predio del Cuche, fueron localizados cuatro hombres, tres de los cuales dispararon contra los policías, y éstos repelieron la agresión, y uno de los presuntos responsables perdió la vida, en tanto, dos más escaparon durante el tiroteo.

Es julio el mes con más ejecutados en Guerrero; tuvo 215, 20 más que en junio

De los estados del país, Guerrero sigue con el número más alto de personas ejecutadas, con mil 267 homicidios dolosos de enero a julio de este año.
Además ocupa el segundo lugar en tasa de homicidios con 35.31 personas asesinadas por cada cien mil habitantes, solo después de Colima, entidad que registró una tasa de 45.94 personas asesinadas por cada cien mil.
Según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob), en este año julio fue el mes más violento en Guerrero con 215 personas asesinadas, 20 más que el mes pasado cuando se registraron 195; por tanto hay un aumento de 10.25 por ciento.
En enero hubo, según cifras de la dependencia federal, 166 homicidios dolosos, en febrero 160, en marzo 188, en abril 178, en mayo 165 y en junio 195. El mes pasado Guerrero también ocupó el primer lugar a nivel nacional en número de asesinatos.
Del 1 de enero al 31 de julio de 2016 esta entidad tuvo un total de mil 267 homicidios dolosos, 145 más que en ese mismo lapso del año pasado cuando se registraron en los primeros siete meses mil 122 asesinatos, lo que significa un incremento del 12.92 por ciento.
A nivel nacional el registro es de 11 mil 257 ejecutados en lo que va del año, es decir, Guerrero representa, con mil 267 ejecuciones, el 11.25 por ciento del total de personas asesinadas en todo el país.
Estas cifras colocan a Guerrero como la entidad con más personas asesinadas en los siete meses que han transcurrido de 2016; le siguen el estado de México con mil 204, Michoacán con 678 y Jalisco con 628.
Respecto a la tasa de homicidios, Guerrero se ubica en segundo lugar con 35.31 personas asesinadas por cada cien mil habitantes, tan sólo después de Colima que registró 45.94 ejecutados por cada cien mil habitantes. Le sigue Sinaloa con 20.10.
En cuanto a secuestros, según los datos oficiales de la Segob, en Guerrero sólo se registraron cinco casos en julio, dos menos que el mes pasado cuando la cifra fue de siete, y se coloca en el cuarto lugar nacional en este delito. En lo que va del año se han reportado hasta el último día de julio 48 casos en total.
En el mismo periodo de 2015, hubo 53 casos de secuestros, es decir cinco más que este año, lo que significa una disminución del 9.43 por ciento en este delito.
A nivel nacional, según el Secretariado Ejecutivo, han ocurrido 625 secuestros, por lo que Guerrero representa el 7.68 por ciento de todos los casos ocurridos en el país en lo que va del año.
El estado de México ocupa el primer lugar en este delito con 159 casos, le sigue Veracruz con 74, Tamaulipas con 65, Guerrero con 48 y Tabasco con 43.
Sin embargo la tasa de secuestros en Guerrero es de 1.34 personas secuestradas por cada cien mil habitantes y está sólo después de Tamaulipas y Tabasco, que ocupan los primeros dos lugares con 1.81 y 1.79 personas secuestradas por cada cien mil respectivamente.
Respecto a la extorsión, en Guerrero se registraron 22 casos en julio, 13 menos que el mes pasado. En total, de enero a julio de 2016 van 126 casos de extorsión registrados por el Secretariado Ejecutivo. El año pasado en el mismo periodo la cifra era de 93.
En este delito el primer lugar lo ocupa el Estado de México con 420 casos, le siguen Ciudad de México con 358, Nuevo León con 345, Jalisco con 319 y Guerrero con 126. A nivel nacional el registro es de 2 mil 793 casos, es decir, Guerrero representa el 4.51 por ciento de todos los casos de extorsión reportados en el país.

En Chilpancingo y Chilapa, el mes con más asesinatos

En Acapulco se registraron 88 homicidios en julio, el 40.93 por ciento del total en Guerrero ese mes. Además se reportaron dos secuestros y 11 casos de extorsión.
La de julio es la segunda cifra de homicidios más alta del puerto, pues en marzo ocurrieron 93 asesinatos. En enero ocurrieron 65 homicidios, en febrero 74, en abril 83, en mayo 72 y en junio 79.
Según el Secretariado Ejecutivo, en lo que va de 2016 han ocurrido en Acapulco 554 ejecuciones, que representa el 43.72 por ciento de todos los asesinatos ocurridos en el estado en los siete meses de este año.
En Chilpancingo el reporte es de 26 asesinatos en julio, que significan el 12.09 por ciento del total en el estado ese mes. Además ocurrieron tres casos de extorsión pero no se reportaron secuestros.
Julio fue el mes más violento para Chilpancingo con 26 ejecuciones. En enero se registraron 21, 17 en febrero, 13 en marzo, 11 en abril, 15 en mayo, y 22 en junio. En los siete meses de este año en total se reportaron 125 asesinatos en la capital, que representan el 9.86 por ciento de la cifra total en la entidad.
En Iguala el reporte es de 12 asesinatos en julio (5.58 por ciento del total estatal), un caso de extorsión y ningún secuestro reportado. En lo que va del año en ese municipio se han registrado 86 asesinatos, que representan el 6.78 por ciento de todos los homicidios en Guerrero.
En enero el registro en Iguala fue de cuatro homicidios, seis en febrero, 11 en marzo, 9 en abril, 22 en mayo y 22 en junio.
En Chilapa se documentaron 16 asesinatos en julio (el 7.44 por ciento del total estatal) y ningún caso de extorsión ni de secuestro. En lo que va del año este municipio de la región Centro reporta 54 ejecuciones, el 4.26 por ciento del total ocurridos en Guerrero.
Chilapa registró en julio su mes más violento del año. En enero, el Secretariado Ejecutivo reportó siete homicidios, lo mismo que en febrero, ocho en marzo, dos en abril, tres en mayo y 11 en junio.
Las cifras corresponden a la incidencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas, o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.