Encuentra la ASF irregularidades en manejo de fondo federal por diez municipios de Guerrero

Daniel Velázquez

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las demarcaciones del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en diez municipios del estado que recibieron recursos durante el 2023.
En la tercera entrega de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2023, publicada en febrero de este año, la ASF fiscalizó los recursos recibidos en los municipios de Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Ometepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Miguel Totolapan, Taxco, Tecoanapa y Tlapa.
Entre los hallazgos que realizó la Auditoría durante la verificación del gasto público en esta decena de municipios es que en San Miguel Totolapan no hay registro de cómo se gastó el dinero, hubo subejercios en San Luis Acatlán, encontró obras fantasmas en los municipios de Chilpancingo y Coyuca de Benítez, y que los gobiernos contratan empresas que no pagan impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las demarcaciones del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) está diseñado para emplearse en “obras y acciones que beneficien a la población que habita en los municipios o demarcación territorial con zonas de atención prioritaria y en las localidades que presentan alto y muy alto grado de rezago social o donde habita población con pobreza extrema”.
Como resultado de la comprobación encontró que siete municipios deben devolver dinero a la Tesorería de la federación y tres cometieron “irregularidades administrativas”.
El caso de San Miguel Totolapan es el más cuantioso y escandaloso pues no se pudo revisar ni un solo peso del ejercicio 2023, “ya que el municipio no proporcionó la documentación comprobatoria correspondiente a la Cuenta Pública 2023”. La ASF determinó que están pendientes por aclarar 148 millones 966 mil 396 pesos, lo que corresponde al cien por ciento de los recursos transferidos.
El alcalde de San Miguel Totolapan en el periodo de revisión fue Fredy Vázquez Palacios, del PRD. El gobierno del estado acreditó ante la ASF que transfirió todo el recurso del Fondo a ese municipio.
En el municipio de San Luis Acatlán, la ASF encontró que más del 50 por ciento de recursos no se ejerció y del dinero ejecutado están pendientes por aclarar 45 millones 811 mil 135 pesos.
Durante 2023, San Luis Acatlán recibió 200 millones 506 mil 400 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 121 millones 536 mil pesos que no se ejercieron. El gobierno de San Luis Acatlán, proporcionó la documentación certificada por Gilberto Solano Arreaga que acredita la operatividad de cuatro obras por 11 millones 201 mil 800 pesos.
Este municipio es gobernado por Adair Hernández Martínez, militante del PT, partido aliado de Morena.
En la fiscalización de la cuenta pública de Chilpancingo, la ASF encontró varias irregularidades en cinco contratos y 11 arrendamientos de vehículos para la verificación y supervisión de las obras, fueron fraccionados para quedar comprendidos en los supuestos de excepción. Otra de las observaciones fue que presentaron de manera extemporánea las opiniones de cumplimiento de pago de impuestos de 17 contratos, y ejecutaron tres proyectos de obra pública por un monto pagado de 6 millones 206 mil 900 pesos “que en la verificación física no se encontraron en operación”.
En total, sobre la cuenta pública de 2023, el municipio de Chilpancingo tiene pendientes por aclarar 30 millones 807 mil 75 pesos. Este municipio fue gobernado por la ex morenista Norma Otilia Hernández Martínez.
En la comprobación de la cuenta pública de 2023 en el municipio de Coyuca de Benítez, la ASF no encontró físicamente cinco obras, “por lo que no se comprobó que cumplieran con los objetivos del fondo”, lo que generó que este pendientes por aclarar 8 millones 512 mil 223 pesos. Este municipio fue gobernado por el morenista Ossiel Pacheco Salas.
En el municipio de Taxco, están pendientes de aclarar 1 millón 56 mil pesos que el gobierno municipal utilizó para la compra de un software. En el dictamen la ASF sostiene “no se demostró que por medio de la adquisición de un software se diera atención a las demandas ciudadanas como se describe en el registro de los beneficios esperados del proyecto, ya que en realidad corresponde al pago de la licencia del sistema contable del municipio; asimismo, dicho contrato tiene fecha de formalización en el ejercicio fiscal 2022 por lo que no correspondería al ejercicio fiscal en revisión”. Ese municipio fue gobernado por Mario Figueroa Mundo, de Fuerza por México.
En Tecoanapa, la ASF encontró que 20 contratistas a los que el gobierno municipal les asignó 24 contratos de obra pública no cumplen con sus obligaciones fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo que derivó en una observación de 44 millones 480 mil pesos, durante la revisión el gobierno municipal acredito que cinco contratistas sí estaban al corriente con sus obligaciones tributarias, por lo que la cuenta pendiente por aclarar es de 36 millones 198 mil 636 pesos. Este municipio fue gobernado por Carmen Ileana Castillo, del PVEM, aliado de Morena.
En Tlapa, la revisión establece que 18 millones 753 mil 420 pesos están pendientes de aclarar porque el dinero se destinó a “tres obras por un monto de 18 millones 686 mil 200 pesos que conforme a lo manifestado por su Órgano de Control Interno se advierte que no se encontraron en operación debido a que se tratan de obras por etapas y que por lo tanto no proporcionan los beneficios programados a la población objetivo del fondo” y 67 mil 200 pesos que se transfirieron sin presentar la documentación que acredite que se usaron para los objetivos del Fondo. Este municipio fue gobernado por, de la coalición PRI-PRD y reelecto para un nuevo periodo.

Irregularidades administrativas

Sobre los municipios con irregularidades administrativas, en sus dictámenes la ASF específica porque los clasifica de esa forma. En el caso de Quechultenango, señala que ese municipio “infringió la normativa, debido a que se realizó un pago por 129 mil 600 pesos sin proporcionar la documentación de su aplicación o reintegro a la Tesorería de la Federación, y hubo documentación que no se canceló con la leyenda de operado ni se identificó con el nombre del fondo, las observaciones determinadas fueron solventadas por el ente fiscalizado antes de la emisión de este informe”.
Del municipio de Ometepec, la ASF señala que incurrió en “irregularidades administrativas consistentes en que no administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y exclusiva, adjudicó 17 contratos fuera de la normativa aplicable, fraccionó dos contratos para quedar comprendidos dentro de los montos máximos y límites de los contratos para la modalidad de invitación restringida y no presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relativa a la planeación, ejercicio y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del fondo de los primeros tres trimestres del ejercicio fiscal 2023. Tampoco difundió entre su población la información del fondo conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable”.
En Ayutla, en su informe la ASF señala que no hubo observaciones monetarias pero sí “irregularidades administrativas consistentes en que no administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y exclusiva, adjudicó seis contratos fuera de la normativa aplicable, fraccionó dos contratos para quedar comprendidos dentro de los montos máximos y límites de los contratos para la modalidad de invitación restringida, adjudicó dos contratos de servicios por medio de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, cuando debió ser mediante la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, no presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los formatos de “Ejercicio del Gasto” y los “Indicadores”, no difundió entre su población la información del fondo conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable y no concilió el número de proyectos registrados en el formato de “Destino del Gasto” del Sistema de Recursos Federales Transferidos con los registrados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social”.

 

El grupo criminal que mató al alcalde de la capital masacró a los 11 de Chautipan: Harfuch

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que el grupo delictivo al que se le adjudica el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, es el responsable de la masacre de 11 personas de Chautipan que fueron encontradas descuartizadas en una camioneta en la capital.
En tanto que el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo dijo que la violencia en la entidad es debido a enfrentamientos de grupos criminales, y que hay 12 mil elementos de las Fuerzas Armadas en Guerrero para operaciones de seguridad.
En la conferencia matutina de este martes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario dijo que “sobre la investigación tenemos identificado al grupo que es”, no expuso el nombre pero anteriormente dijo que al alcalde lo asesinaron en Petaquillas, zona de control de Los Ardillos, y ayer ofreció que se informaría después.
Apenas el cinco de noviembre el comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto anunció de una operación especial para la localización de 17 personas de Chautipan desaparecidas en Chilapa y Quechultenango, y también señaló que Los Ardillos serían los responsables.
La Fiscalía General del Estado ofreció un millón de pesos como recompensa a quien brindara información para localizar a 16 personas desaparecidas de Chautipan, de las cuales 11 fueron hallados descuartizados, y una más no fue reconocida por la Fiscalía.
En la conferencia se le dijo a García Harfuch si podía informar “sobre el homicidio del alcalde”.
“Es el mismo grupo, sobre el homicidio del alcalde es el mismo grupo y es la misma investigación”, dijo García Harfuch.
–¿La familia también?–, le preguntaron.
–Es la misma–, contestó el secretario.
–¿Esos sí están relacionados?
–Están relacionados porque es el mismo grupo delincuencial.
–¿Diferentes móviles?
–Diferentes móviles, mismo grupo–, afirmó el secretario.
El ocho de octubre, dos días después del asesinato de Arcos Catalán, el secretario de Seguridad dijo que el alcalde se dirigió a Petaquillas a una “reunión específica” y sin compañía.
Respecto a móvil de la masacre de las 11 personas, Omar García Harfuch dijo que no se puede confirmar que las víctimas pertenecieran a un grupo delincuencial.
“El móvil. Esta familia era de Tlacotepec, la relacionan con la zona de Tlacotepec cuando se traslada a Quechultenango, este grupo la priva de la libertad haciendo creer que era de un grupo contrario, sin embargo nosotros al momento no podemos confirmar eso. Ese es el móvil”, respondió.
García Harfuch aseguró que la dependencia que encabeza trabaja en coordiación con la Fiscalía estatal y la Fiscalía General de la República, además de la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en la zona.
“Estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía del estado, también por supuesto la Fiscalía General de la República está ayudando. Ahí la Secretaría de la Defensa Nacional hizo un despliegue muy importante en Tixtla, en Chilapa, en Quechultenango, hay una presencia muy importante y un despliegue importante de la Secretaría de la Defensa Nacional desde los lamentables hechos que han ocurrido, y también por parte de la Secretaría de Marina está apoyando con un despliegue, incluyendo aeronaves”, dijo.

Hay tres operaciones distintas con miles de agentes: Trevilla

Por su parte el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo afirmó que la violencia que se vive en el estado de Guerrero es debido a la confrontación entre grupos locales.
“¿Cuál es el origen de esta violencia que se ha desatado?, pues es la confrontación entre grupos locales”, indicó Trevilla.
Informó que en Guerrero hay un despliegue superior a los 12 mil elementos entre el Ejército y la Guardia Nacional para operaciones en Tecpan, Quechultenango y Acapulco.
“En este momento están desplegados cuatro mil 201 elementos del Ejército, ocho mil 474 de la Guardia Nacional, totalizan 12 mil 675 elementos en total. ¿Qué es lo que han hecho?, han realizado operaciones, se ha establecido una operación en el área de Quechultenango y por supuesto en correlación con la Secretaría de Marina, también se ha desplegado personal en el área de Acapulco. Son tres operaciones diferentes que están atendiendo”, dijo.
Trevilla Trejo indicó que hasta el martes se tienen como resultados la detención de 55 personas, la destrucción de 673 plantíos de mariguana, mil 411 kilogramos de cocaína y el decomiso de 60 vehpiculos terrestres, 63 armas, 19 mil cartuchos, 203 cargadores y tres granadas.

Abandonan una camioneta con presuntos cuerpos en la lateral de la autopista al sur de Chilpancingo

Redacción

Chilpancingo

Anoche una camioneta Pick up blanca, con presuntos restos humanos fue abandonada afuera del hotel Parador del Marqués, en el cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal México Acapulco, al sur de Chilpancingo.
Sin que se hayan realizado las diligencias en la escena del hallazgo, la unidad, que tenía las llaves puestas, fue echada a andar y conducida hacia el área de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).
El hallazgo fue reportado alrededor de las 9:15 de la noche por automovilistas.
La camioneta Chevrolet Silverado de modelo reciente y de una cabina fue abandonada afuera del hotel Parador del Marqués, en la lateral de la Autopista del Sol con dirección de sur a norte, es decir, hacia la Ciudad de México.
Al lugar llegaron policías ministeriales y una camioneta de servicios periciales de la Fiscalía estatal.
Minutos después de las 10 de la noche, agentes auscultaron la batea del vehículo; de inmediato encendieron el motor y lo retiraron del lugar con dirección a la FGE.
De la parte trasera de la camioneta escurría sangre y se apreciaban prendas y una lona con la que estarían cubiertos lo que se presume serían cuerpos de personas.
Las instalaciones de la FGE –a donde fue llevada la unidad con los presuntos restos– permaneció fuertemente resguardada por patrullas de militares, mientras agentes de la Fiscalía con mochilas y maleta en mano ingresaron por el área del estacionamiento.
Ayer, después de la media noche, no había información oficial.
El conocimiento del hallazgo causó amplia movilización de los medios de comunicación, por la tensión que existe a raiz de la desaparición de 17 vecinos de Chautipan, municipio de Chilpancingo, la mayoría miembros de una familia, desaparecidos en El Epazote, Chilapa, y presuntamente en Tlanicuilulco, Quechultenango, el 21 y 27 de octubre.
No se descartó que los presuntos cuerpos localizados en la batea de la camioneta tengan relación con el caso de los 17 desaparecidos.
En el lugar circuló el rumor de que los cuerpos podrían ser de policías ministeriales.
La búsqueda de los desaparecidos comenzó días después, por policías estatales y agentes de la Fiscalía General del Estado, que además ofreció un millón de pesos por datos para encontrarlos.
Este martes, el comandante de la 35 Zona Militar , general Jorge Pedro Nieto, informó que tropas del Ejército, con fuerzas especiales y tres helicópteros estaban ya participando en la búsqueda de los desaparecidos y señaló como responsables al “grupo de delincuentes conocidos como Los Ardillos”.

No se informa de la operación del Ejército para buscar a los desaparecidos a un día de que se anunció

Ayer, después del anuncio del Ejército de una operación para hallar a las 17 personas desaparecidas, no hubo información sobre su paradero.
Todas las víctimas son de Chautipan, una comunidad ubicada en la sierra del municipio de Chilpancingo.
Según los familiares, el primer grupo salió a la zona rural de Chilapa la mañana del 21 de octubre para vender trastes de cocina. Un segundo y tercer grupo desaparecieron el siguiente día y el 27 de octubre cuando acudieron a su búsqueda.
Las víctimas son Héctor Santos de la Cruz, Jaime Cayetano Tolentino, Pedro Ismael Barrera Millán, Inés Morales Lorenzo, Marco Antonio Barrera Millán, Mario Francisco Millán, José Enrique Francisco Cabrera, Alfonso Francisco Cabrera, Javier Barrera Millán y Joel Morales Tolentino.
Los menores de edad Raymundo Santos Francisco, Leandro Geovanni Francisco Sacristán, Diego Alonso Francisco Sacristán, Ángel Barrera Millán y Abraham Reyes Calletano.
Y las madres de tres menores Flor Itulia Cabrera y Clara Francisco.
El único dato que se tiene es un video que circuló el lunes 4 pasado, horas antes de que la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) publicara una recompensa de 1 millón de pesos.
En la grabación aparece uno de los menores de edad con las manos atadas al frente y donde dice que fue enviado por el grupo delictivo Los Jaleacos para supuestamente registrar movimientos del grupo criminal Los Ardillos.
Familiares de las víctimas consultadas respondieron de manera breve que hasta la noche de ayer no sabían nada de su paradero.
Por su parte el comisario de Chautipan, Martín Cayetano Castro, respondió a la pregunta sobre la recompensa de la Fiscalía General del Estado y del operativo militar de búsqueda que lo único que quieren es que las familias sean halladas con bien.
“Pues la verdad lo único que queremos es que los encuentren bien. Es lo único que puedo decir. Por ahora pues no tenemos ninguna respuesta”, comentó.
Los familiares y la autoridad reservaron informar de las próximas acciones para pedir a las autoridades la búsqueda y presentación con vida de las 17 personas de la sierra de Chilpancingo.

Son 14 desaparecidos en Chilapa y Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, reporta la Fiscalía

Una de las fotos difundidas ayer por la Fiscalía del estado con la información de que se amplían los operativos de búsqueda con drones en Chilapa y Quechultenango para localizar a personas reportadas como desaparecidas en la región Centro, aunque no precisa el lugar de búsqueda Foto: Fiscalía del estado

Redacción

Chilpancingo

Son 14 las personas desaparecidas en la localidad El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez y Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, de acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas ayer por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
Entre las cuatro personas reportadas como desaparecidas ayer se encuentran otros dos menores de edad, con los que sumarían cinco los adolescentes no localizados.
Ayer la FGE informó que intensificó y amplió la búsqueda de las personas reportadas desaparecidas en la región Centro.
En la edición de este miércoles El Sur informó que al menos seis personas, entre ellos tres menores de edad, acudieron el 22 de octubre a la comunidad de El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez para vender trastes, pero sus familiares perdieron contacto con ellos.
Cuatro días después, las madres de los menores de edad, acompañados de vecinos de su comunidad, salieron a El Epazote para tratar de localizar a sus familiares, pero desaparecieron antes de llegar a su destino, en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Todas las víctimas son de la comunidad Chautipan, ubicada en la sierra del municipio de Chilpancingo.
Las primeras diez personas que reportó la FGE como desaparecidas son Alfonso Francisco Cabrera de 35 años; José Enrique Francisco Cabrera de 26; Mario Francisco Millán de 49; Héctor Santos de la Cruz de 32; y Jaime Cayetano Tolentino de 33.
Los menores Diego Alfonso Francisco Sacristán de 16 años; Leandro Geovanni Francisco Sacristán de 14 y Raymundo Santos Francisco de 13.
Además, Flor Itulia Cabrera Sánchez, de 53 años y Clara Francisco Cabrera de 30.
Ayer jueves, la FGE y la CEBP emitieron las fichas de Abraham Reyes Cayetano, de 15 años y de Ángel Barrera Millán, de 14 años, ambos fueron vistos por última vez el día 22 de octubre en la comunidad de El Epazote.
También se publicaron fichas por la desaparición de Pedro Ismael Barrera Millán de 22 años y Marco Antonio Barrera Millán de 31 años, quienes fueron vistos por última vez en El Epazote el lunes 21 de octubre.
La Fiscalía hizo dos publicaciones acerca de operativos de búsqueda que implementó con personal de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En el último comunicado ya no se refiere a 10 personas desaparecidas sino a un grupo de personas que cuentan con reporte de desaparición.
La institución aseguró que las acciones de ayer iniciaron en el municipio de Chilapa de Álvarez y se extendieron a las localidades de Santa Fe, Loma Larga, Colotlipa y Tlanicuilulco en el municipio de Quechultenango.
Puso a disposición de la ciudadanía el número de atención 747 117 8949 y 747 494 2999 para llamar en caso de tener información que ayude a dar con el paradero de las personas.

Exigen empresarios de la capital que el gobierno garantice paz tras pacto entre grupos criminales

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de empresarios coincidieron en que sus ingresos disminuyeron hasta en 90 por ciento derivado del paro de los transportistas por la violencia en la capital en estas dos últimas semanas.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) de Chilpancingo, Omar Elías Azar, y la vocera de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Chilpancingo, Yamilet Payán Sánchez, consultados por separado por teléfono criticaron que haya sido por la mediación de la Iglesia y no por la intervención del gobierno la solución del problema.
Coincidieron, igualmente, que, derivado de ello, no creen que el pacto para la tregua sea duradero y conminaron a los tres órdenes de Gobierno a que hagan su trabajo y garanticen la paz a todos los ciudadanos.
“Nos fue extremadamente mal, caímos en picada en un 90 por ciento todo el sector hotelero”, aseguró Payán Sánchez quien dijo que la ocupación actual en todos los hoteles en promedio es del 10 por ciento.
Explicó que en gran medida porque Chilpancingo es la capital donde vienen a hacer trámites administrativos y al enterarse de la violencia ya no vienen, independientemente de que el servicio de transporte se colapsó”.
La empresaria contó que los ciudadanos siempre pensaron que iba a pasar una situación más desagradable esta vez, “y si, hoy estoy viendo en los medios que se paró un enfrentamiento más feo, pero de todas maneras está latente el problema y esto es un embate a todos los ciudadanos ni solo a sector comercial”.
Dijo que lo grave es que la mayoría de la gente se está acostumbrado a este ambiente de violencia, cuando no tenemos por qué acostumbrarnos a lo feo, “aunque ya esta es la segunda vez que pasa en la capital del estado”, dijo en referencia a la semana que paró el transporte en julio del año pasado.
Indicó que lo grave es que como ésta ya fue la segunda vez, “alguna gente dice: pues ni modo yo tengo que comer y tengo que ir a buscar la comida, entonces tú ves a gente bajando caminando de las colonias, en el bulevar, en las calles, gente que pide raite porque tienen salir para comer”.
Explicó que al sector productivo les pega más porque tienen que pagar salarios, en el caso del sector hotelero tienes a tu plantilla esperando al cliente; recepcionista, lavandera, caldera funcionando, tus recamaristas, los de mantenimiento, si tienes restaurante, tienes a las cocineras y, obviamente, haya o no clientes tu les tienes que pagar, porque ellos se presentaron a trabajar.
Sin embargo, dijo que a pesar de sus pérdidas económicas, la petición que hacen a las autoridades de los tres órdenes de gobierno no es de apoyo, sino que les garanticen la paz, “nosotros queremos vivir y prestar nuestros servicios en un ambiente de tranquilidad”.
Agregó que no debe ser normal que los ciudadanos se paseen en las avenidas después de las siete de la noche y ya esté todo cerrado en las principales avenidas como las Vicente Guerrero o Miguel Alemán (las principales de Chilpancingo).
La empresaria dijo que aunque no se trata de un toque de queda formal, “solitos los ciudadanos nos impusimos el toque de queda, por los mensajes que se difunden en las redes sociales y porque no hay confianza en las autoridades de que nos den seguridad”.
Yamilet añoró el Chilpancingo de antes, cuando se podía circular por las noches de manera tranquila, “nuestros hijos podían salir a pasear y a jugar por las calles, hoy estamos viendo otra época, y si no podemos vivir como era antes, pero si cuando menos pedimos certeza de seguridad para seguir trabajando, para que pueda haber más inversión y circulante de dinero”.
También para que la gente pueda venir con confianza a la capital a hacer sus trámites y a hacer sus compras de lo que necesita, dijo.
La vocera de los hoteleros añadió que a título personal cree que el pacto de tregua para la paz de los dos grupos delictivos que se disputan la capital no será duradero, “porque estoy viendo en las noticias que el conflicto es por la repartición de las rutas de las Urvan y permisos de taxis, o sea que el acuerdo es momentáneo”.
Por ello llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que hagan su chamba, “el problema de violencia es muy grave y las autoridades lo deben de tomar en consideración, deben de sentir empatía con el pueblo, que sientan lo que siente el ciudadano de a pata y no vivan en su burbuja, como pasó con el presidente municipal de Taxco, que dijo era un bachecito el problema en su municipio y ayer (el miércoles) le tocó a él”.

Afectaciones del 95 por ciento, reporta el Consejo Coordinador Empresarial

En tanto que el coordinador del CCE, Omar Elías Azar aseguró que empresarios y comerciantes se vieron afectados en 90 y hasta en 95 por ciento, debido a que derivado de la falta de transporte se cierran las escuelas, muchos empleados no van a sus centros de trabajo.
Explicó que los primeros días, las pérdidas fueron de un 90 a 95 por ciento y conforme se fue restableciendo el transporte también se fue reactivando el comercio.
Contó que el problema afecta dramáticamente al sector productivo del estado porque también se suspendió el transporte en seis municipios (Quechultenango, Mochitlán, Tixtla, Chilapa, Tierra Colorada y Zumpango).
“También vimos con asombro la noticia de que las tregua se debió a pláticas con los clérigos, entonces como sociedad civil nos preguntamos ¿Y las mesas para la construcción de la paz que se reúne todos los días no están dando resultados?”.
Reprochó que frecuentemente se ven llegar en desfiles 100 o 200 más militares o de la Guardia Nacional, pero sigue avanzando el problema de la inseguridad.
El coordinador del CCE indicó que la sociedad no quedó confiada de que el pacto de paz será duradero, porque no intervino y no hay garantía del gobierno, y que al haber intervenido el clero se manda el mensaje de que las autoridades han sido rebasadas.
Elías Azar, reprochó que han hecho propuestas a las autoridades estatales para que haya coordinación con los empresarios en el asunto de la inseguridad, como que les acepten uno o varios representantes de la sociedad civil en las mesas de coordinación para la paz, y la creación de una Fiscalía que investigue los crímenes en contra de los empresarios, pero no han tenido respuesta.

Matan a cuatro choferes; se suspende el transporte público en Chilpancingo

 

vecinos de Chilpancingo caminan ante la falta de transporte público en la concurrida avenida Insurgentes tras el asesinato de cuatro choferes Foto: Jessica Torres Barrera
A la izquierda peritos de la Fiscalía intentan abrir la puerta del taxi incendiado en el bulevar Chilpancingo-Petaquillas, donde se encontraba el cuerpo calcinado del chofer; a la derecha policías resguardan la zona donde otro conductor fue asesinado en la calle principal de la colonia Las Torres, atras del Palacio de Gobierno; y arriba peritos en las diligencias en la avenida Juan Ruiz de Alarcón en el barrio de San Francisco, donde mataron al conductor de una Urvan de la ruta Petaquillas-Chilpancingo Fotos: Jesús Eduardo Guerrero

Ejecutan a cuatro choferes del transporte público en Chilpancingo; uno fue calcinado

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

Cuatro choferes del transporte público fueron asesinados en Chilpancingo en distintos ataques armados; uno de ellos fue calcinado luego de que le prendieran fuego al taxi que manejaba.
Ayer cerca de las 6 de la mañana fueron atacadas simultáneamente dos Urvan de la ruta Chilpancingo-Petaquillas y de Chilpancingo-Chilapa, donde quedaron dos choferes muertos.
Según reportes policiacos, sujetos armados llegaron a la base de Urvan Águilas Doradas de Chilapa, que se encuentra en la calle Benito Juárez a un costado del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, donde dispararon al conductor.
El chofer identificado como Ernesto Valle, de 55 años, originario de Tixtla, quedó herido y fue trasladado por socorristas de la Cruz Roja a un hospital de la capital, donde murió más tarde.
A la misma hora, afuera del mercado de San Francisco fue asesinado el chofer de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, Gilberto Sánchez de aproximadamente 30 años y originario de Tepechicotlán, municipio de Chilpancingo.
Según testigos, se encontraba esperando pasajeros en la parada de la calle Juan Ruiz de Alarcón, cuando hombres armados le dispararon.
Su cuerpo quedó dentro de la camioneta.
A las 7:30 de la mañana hombres fuertemente armados interceptaron un taxi en el bulevar Petaquillas-Chilpancingo, a 500 metros del cuartel de la Guardia Nacional, cerca de un retén de la Policía del Estado.
Los sicarios dispararon contra el vehículo, donde quedó muerto Arturo García Pérez de aproximadamente 50 años.
Posteriormente incendiaron el taxi, que avanzó en llamas hasta impactarse en el camellón y fue apagado 20 minutos después por bomberos que llegaron al lugar.
El chofer quedó totalmente calcinado dentro del vehículo.
A las 8:30 fue asesinado Reynaldo “N”, chofer de la ruta Las Torres-Mercado.
El ataque se dio en la calle principal del fraccionamiento Las Torres, atrás del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, donde hombres armados los atacaron mientras conducía la Urvan.
Testigos del ataque informaron que la unidad llevaba pasajeros, los cuales salieron ilesos.
En los cuatro ataques las zonas fueron acordonadas por las autoridades, que realizaron las diligencias para trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense de Chilpancingo, donde más tarde fueron reclamados por sus familiares.

La suspensión del transporte

La ola de violencia ocasionó que se suspendiera el transporte público, y muchos de los usuarios tuvieron que caminar para llegar a sus destinos.
A las 9 de la mañana las rutas del circuito Río Azul (Petaquillas, Tepechicotlán, Mochitlán, Quechul-tenango y Colotlipa), del valle del Ocotito (Mazatlán, Acahuizotla, Rincón de la Vía, Cajeles, Buenavista de la Salud, Ocotito, Mohoneras y Dos Caminos), y a Tierra Colorada suspendieron sus viajes a Chilpancingo y sólo llegaron al puente vehicular de la entrada de Petaquillas. Tampoco hubo servicio hacia ni desde Zumpango.
Las bases de taxis y Urvan estuvieron vacías y los usuarios buscaron otra forma de ir a sus localidades. Las rutas a Chilapa, Tixtla y Atliaca también suspendieron sus llegadas a la capital.
En Chilpancingo dejaron de circular los taxis y sólo algunas Urvan levantaban pasajeros, pero después de las 4 de la tarde se suspendió totalmente el transporte.
El Ayuntamiento de Chilpancingo implementó un operativo de movilidad para los usuarios de las colonias de la periferia, con patrullas de Protección Civil que trasladaban a la gente, aunque fue insuficiente.
Se espera que este martes siga suspendido el transporte público en Chilpancingo.
También, en comunicados internos de escuelas privadas y públicas, se suspendieron las clases y pidieron a los padres estar atentos a nuevos avisos.
La suspensión se dio en la mayoría de las primarias, secundarias y preparatorias de la capital, donde argumentaron que es “para salvaguardar la vida de los estudiantes y trabajadores”.
Hasta las 10 de la noche la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no había emitido un comunicado oficial que avalara la suspensión de clases.
En el transcurso del día se establecieron retenes de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE), para garantizar la seguridad de los choferes del transporte público, pero la mayoría decidió no regresar a las calles a trabajar.
Por los hechos de violencia y la falta de transporte los negocios de las plazas comerciales cerraron más temprano.

Ya investiga, dice la Fiscalía

En un comunicado la FGE informó que inició una carpeta de investigación “contra quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de cuatro personas aún sin identificar, y por lesiones en agravio de un masculino en distintos hechos registrados en la capital de la entidad”.
Es la tercera vez que se suspende el transporte en menos de un año, luego de que la guerra de los grupos de la delincuencia Los Tlacos y Los Ardillos ha llevado a ataques a balazos contra trabajadores del volante que en su mayoría son inocentes, y más de una veintena de choferes han perdido la vida en medio de esta disputa por la capital.

En Chilapa

En Chilapa el servicio de la ruta Chilapa-Chilpancingo fue suspendido durante unas tres horas tras el asesinato de cuatro choferes en la capital.
A las 10 de la mañana decenas de pasajeros del sitio Montaña y Morelos quedaron varados.
Algunos usuarios optaron por trasladarse en taxis locales pagando servicio especial. Las líneas que dan servicio hacia la capital son Transportes de la Montaña, sitio Morelos y Águilas Doradas.
Pasajeros llegaron a Chilapa provenientes de la ciudad capital pasado el mediodía. Las líneas no informaron si el servicio se restablecerá este martes. (Luis Daniel Nava / Chilapa).

El delegado del gobierno del estado en la zona Centro, Raúl Suárez Martínez, en la ceremonia por el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Hay “poderes fácticos” detrás del paro en el transporte, reconoce funcionario estatal

Preside el delegado del gobierno en la zona Centro, Raúl Suárez, desangelada ceremonia del aniversario de la Constitución ante no más de 15 personas, pues escolares convocados no llegan porque sus padres no los dejaron ir, y los funcionarios se ausentan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La violencia que detonó ayer en Chilpancingo y que volvió a paralizar el servicio de transporte tanto en la capital como en casi todas las rutas foráneas de la zona centro, “es una cuestión de los poderes fácticos que se manejan a nivel regional”, según declaró el delegado del gobierno del estado en la zona Centro, Raúl Suárez Martínez.
El funcionario reconoció que el número de efectivos “no alcanza” para cubrir todas las zonas de la ciudad y que “es obvio que, también, esos poderes fácticos tienen sus estrategias para saber dónde golpear, en todo caso”.
A pregunta del reportero, el funcionario habló de la violencia, después de que asistió por la mañana en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a una desangelada ceremonia del 167 y 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se realizó en la plazuela Pezuapa de Chilpancingo.
La ceremonia programada para las 10 de la mañana comenzó antes y no duró más de 10 minutos. Además se vio salpicada de incidencias que evidenciaron la zozobra tanto de los ciudadanos como de las propias autoridades por la violencia.
Al término, Suarez Martínez declaró que habían recibido reportes “de los diferentes incidentes que se han presentado en la ciudad”, y que hasta esa hora iban cuatro muertos en diferentes zonas de Chilpancingo.
–¿Ya tienen un diagnóstico de lo que está pasando, por qué resurge esta violencia?
–No hay ahorita todavía un diagnóstico o un por qué. La presunción es que son cuestiones de los poderes fácticos que se manejan a nivel regional. Pero hasta ahorita las investigaciones están dando su curso apenas”.
El funcionario no dijo qué grupos son los que se “manejan a nivel regional” pero ha sido público que se diputan actualmente la zona Centro, y particularmente la capital del estado, Los Ardillos y Los Tlacos.
–Otra vez se suspende el servicio de transporte local y en las rutas foráneas, ¿qué operativo emergente hay para garantizar la seguridad y el servicio de transporte a los ciudadanos?.
–Están ya los operativos, de hecho estaban aquí en el evento cívico fuerzas de la Guardia Nacional y Sedena y nos comentaron que los estaban convocando a hacer rondines y a reforzar la presencia en algunas zonas, ante la situación que se estaba presentando y para tratar de darle seguridad a los transportistas, que, en efecto, conocimos vía redes sociales, estaban parando el servicio.
“Pero sí, las instancias de seguridad están en la calle tratando de dar seguridad”, aseguró.
–¿En qué rutas han confirmado que no hay servicio?.
–Ha sido en general, no han dicho en tal o cuál ruta, ha sido en total el servicio de transporte. Alcanzamos a ver en la calle, los que andamos en la calle en estos momentos que hay poco servicio, aparte de que es día festivo, pero sí, hay poco servicio ante esa situación, pero andan las instancias de seguridad patrullando las zonas.
–¿Habrá una estrategia de seguridad distinta para garantizar la seguridad y el servicio de transporte a los ciudadanos?.
–Habrá que esperar que las corporaciones nos den a conocer esas cuestiones, para ver si van a operar alguna.
–Esta situación ya se vivió desde julio pasado, cuando hubo una situación de violencia similar, y se habló de que se iba a instalar un operativo permanente para que ya no volviera ocurrir…
–Hay operativos…
–¿Fracasaron?, o qué paso?
–No podemos hablar de que hayan fracasado en su totalidad, hay operativos en el tramo Petaquillas-Chilpancingo, y en el mercado, en la salida a Chichihualco, en varios lugares están establecidos. Aparte de los rondines generales que hay. Sin embargo, el número de efectivos no alcanza para cubrir todas las zonas de la ciudad y es obvio que también esos poderes fácticos tienen sus estrategias para saber dónde golpear en todo caso.
Según el funcionario después de los hechos de violencia la mañana de ayer en Chilpancingo, reforzaron esos operativos más militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional, Policía del Estado y Municipal, “prácticamente todas las instancias están participando”.
En su discurso, en el que habló brevemente de las iniciativas de reformas de ley que ayer envió el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al Congreso local, también se refirió al asunto de la violencia en la capital.
“Yo les agradezco que estén con nosotros en estos momentos en que el Estado está ocupado en buscar el salvaguardar la seguridad de nuestros pobladores; sabemos que vivimos una situación que nos preocupa por lo que está ocurriendo, pero que también estamos ocupados en brindarles seguridad”.
A la ceremonia asistieron menos de 15 personas. entre funcionarios, estudiantes y algunos empleados.
Asistieron el subsecretario del Empleo, Carlos Salgado Carranza y el representante de la 35 Zona Militar, Salvador Herrera Malpica.
Al inicio de la ceremonia, había en el lugar unos 50 efectivos de la Guardia Nacional, pero, de pronto, se retiraron apresuradamente y minutos después, ya cuando la ceremonia estaba por terminar regresó una decena.
Antes, el director de Acti-vidades Cívicas del Gobierno del estado, David Loma Hernández, informó a los funcionarios asistentes que “se adelantaría unos minutos” la ceremonia “por la situación en Chilpancingo”, en evidente referencia a la violencia que había iniciado unas tres horas antes.
Uno de los asistentes aseguró que escuchó cuando le dijo al representante de la gobernadora, Raúl Suarez Martínez que “acortara” su discurso.
Al evento asistieron unos cinco niños de la Escuela Secundaria Raymundo Abarca Alarcón y el profesor responsable se disculpó con Loma y con Suárez, pues argumentó que no hubo transporte, y además, a muchos no los dejaron ir sus padres porque “tuvieron miedo”.
También se tenía registrada la presencia de un representante del Ayuntamiento de Chilpancingo, e incluso estaba programada su participación con un discurso, pero nadie asistió.

La gobernadora solicita a la FGE investigaciones prontas y oportunas de los ataques

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda condenó los ataques a transportistas en la capital del estado y solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que las investigaciones se hagan con prontitud y oportunidad, para que los hechos no queden impunes.
A las 3 de la tarde, a través de una publicación en Facebook, la mandataria aseguró que instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal a reforzar la presencia de sus elementos, con acciones permanentes de proximidad social, así como recorridos de seguridad y prevención del delito en la capital del estado, particularmente en los puntos donde se encuentran las bases de urvan.
Asimismo, pidió a la Secretaría General de Gobierno atender y estar en contacto permanente, a través de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad de Guerrero, “con el sector que brinda el servicio de transporte público en Chilpancingo”, ante “cualquier necesidad que pudiera surgir” o por otros posibles ataques.
Esto, sin mencionar los asesinatos ocurridos desde las 7 de la mañana de dos choferes de la ruta Petaquillas-Chilpancingo, otro de una ruta local y el incendio de un taxi, donde luego se encontró a un conductor calcinado, lo que además, motivó la suspensión del transporte público en la ciudad y rutas foráneas.
“Hechos condenables, como los que se suscitaron esta mañana en Chilpancingo, no deben quedar en la impunidad, por lo que he solicitado en el ámbito del respeto institucional a la Fiscalía General del Estado, que se realicen las investigaciones con prontitud y oportunidad”, declaró.
A las 8 de la mañana, se refirió en Facebook a su cumpleaños 42, este 5 de febrero, día de la Constitución, saludando la llegada de un crucero en Acapulco.
“Que mejor manera de arrancar mi cumpleaños que recibiendo al segundo crucero de 2024 en Acapulco, el Norwegian Bliss, que arribó con 3 mil 693 pasajeros y mil 653 tripulantes desde las primeras horas de hoy. En este renacer continuamos compartiendo la magia de nuestros destinos con el mundo”.
Por la noche, Salgado Pineda destacó, además, las cifras del fin de semana largo en Acapulco, de más de 38 mil asistentes, que habrían dejado una derrama económica de 250 millones de pesos, de acuerdo con datos de Sectur. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Reportan 14 desaparecidos en seis días en Chilapa, Quechultenango, Ayutla y Mochitlán

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En seis días, 14 personas desaparecieron entre los municipios de Chilapa, Ayutla, Quechultenango y Mochitlán, según datos de la Fiscalía General del Estado, denuncias de los familiares de las víctimas e información de colectivos de víctimas de desaparecidos.
Ayer, familiares de tres trabajadores del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 178 de Tlapa, denunciaron su desaparición en el trayecto de la carretera Chilpancingo-Tlapa, cerca de Atlixtac.
Informaron que Bonfilio Herrera Chávez, Iroel Basilio Mosso, y Alí Emmanuel González Balbuena, regresaban de Chilpancingo a Tlapa después del mediodía del martes cuando perdieron contacto con ellos.
En un comunicado enviado ayer a los medios de comunicación pidieron la intervención de los tres órdenes de gobierno para su búsqueda y localización.
Informaron que el martes después de las 12 del día regresaban de la capital del estado a Tlapa, en una Urvan del servicio de transporte público y que el último contacto que tuvieron con ellos por teléfono fue cuando iban cruzando Atlixtac, después ya no volvieron a saber nada de ellos.
En tanto que representantes del Colectivo Lupita Rodríguez informaron que entre el jueves y viernes de la semana pasada, desaparecieron tres trabajadores de un aserradero del municipio de Ayutla, sin que hasta ayer hayan tenido contacto sus familiares con ellos.
Uno de los integrantes del colectivo que participaron el miércoles y ayer en las búsquedas denunció que los tres trabajadores desaparecieron en el trayecto de Ayutla a Tierra Colorada, pero ayer realizaron un recorrido por la zona y no encontraron indicios de su paradero.
Otras ocho personas desaparecieron en los municipios de Atlixtac y Mochitlán en el trascurso de la semana pasada de acuerdo a información del mismo colectivo, pero sus familiares no han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por temor a las represalias de quienes se los llevaron.
De acuerdo con información que dieron a las autoridades los familiares de las víctimas, ya se desplegaron operativos de búsqueda por parte de la FGE desde el lunes pasado para localizar a las 11 personas que desaparecieron en distintos hechos y lugares entre el lunes y el sábado pasado.
En un boletín de la FGE se informó que el operativo de búsqueda de las 11 personas se realizó el 29 y 30 de enero “sin obtener resultados hasta el momento”.
Se informó que los desaparecidos son 10 hombres y una mujer de nombres Jonathan, Uriel, Sigifredo, Oscar, Luis, Rogelio, Valerio, Ricardo, Cruz, Juana y Brandon.
De los tres trabajadores del Cbtis, se informó que no se han presentado las denuncias y los familiares hacen las búsquedas.

La presencia de Los Tlacos en la capital, la causa de las protestas de ayer: obispo Rangel

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, confió ser interlocutor del grupo de campesinos de los municipios de Quechultenango y Mochitlán que irrumpieron en la capital y garantizó que “todo se resuelve” si el gobierno del estado les soluciona un pliego petitorio de 13 puntos.
Además que los gobiernos estatal y municipal “tengan la valentía de deshacerse del grupo de Los Tlacos y dejen a Chilpancingo como una zona neutral”.
En una llamada telefónica a El Sur la tarde de ayer, después de que el gobierno del estado y el grupo protestante rompieron una reunión de diálogo en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, el prelado dijo que estaba interviniendo: “como se dice por ahí, le estoy limando las uñas al tigre y ojalá que esto se pacifique, y yo creo que esto se pacifica si el gobierno estatal recibe las peticiones de esa gente y ayuda a implementarlas, con eso se calma todo esto”.
El obispo emérito matizó sin embargo que la manifestación de los campesinos de los municipios de Quechultenango y Mochitlán no viene en contra ni de la presidenta municipal (Norma Otilia Hernández) ni de la gobernadora Evelyn Salgado, pero reprochó que en el gobierno del estado no les había querido recibir un pliego petitorio de13 puntos.
La mayoría de los 13 puntos de los que el mismo prelado dio a conocer, son tramos carreteros de comunidades de esos dos municipios, así como de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), viaductos para aguas negras, drenajes y pavimentaciones de calles.
Reconoció que los campesinos que llegaron a pedir el cumplimiento de esas demandas al gobierno estatal “son gente que apoya al grupo de Los Ardillos”.
Rangel Mendoza declaró que derivado de eso ayer circuló un mensaje en las redes sociales del grupo de Los Tlacos “que dicen abiertamente que la plaza de Chilpancingo es de ellos, que nadie se las va a quitar, pero nadie les está quitando nada, y a mí se me hace raro es que firma el Cartel del Sur y Los Rojos, cuando al Cartel del Sur lo desbarataron el primero de junio del 2020 y era Isacc (Navarrete Celis) de Chichihualco, y luego Los Rojos desde cuando se desbarató también, entonces por qué no dicen abiertamente que son Los Tlacos”.
Declaró que también circuló en las redes sociales que están entrando los del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “y tampoco entraron. No hay ningún otro grupo delictivo”.
Rangel Mendoza explicó que salió a dar esta declaración “para que la gente esté tranquila, es, más bien, la sicósis que se creó en Chilpancingo”.
Contó que ayer iba a celebrar una misa por la fiesta del Señor de las Maravillas en Colotlipa, pero cuando pasaba por Tixtla le habló el padre Toño (de la parroquia de Colotlipa) y le dijo que había llegado el Ejército a ese pueblo y le pidió a la gente que se encerrara y le dieron la orden al padre que cerrara la iglesia, debido a ello, informó, ya no fue.
Recordó que cuando estuvo como obispo podía hablar con el líder del Cartel de la Sierra y con el de Chichihualco, pero después los expulsaron El Necho (Onésimo Marquina) con el Jaleaco el 1 de junio del 2021 cuando quemaron los pueblos de Tepozonalco, Iyotla y El Naranjo.
Contó que entonces le tocó ir a ver los pueblos quemados, “y quien dio la autorización para que entrara el grupo de Los Tlacos fue (Héctor) Astudillo y desde que se metieron Los Tlacos a Chilpancingo ha sido un desorden total; el cobro de piso, las extorsiones, levantamientos, asesinatos, el cobro de la carne, de la cerveza, de todos los insumos”.
Añadió que después de que salió el PRI y entró Morena, “continuó el pacto con Los Tlacos a pesar de que la presidenta municipal (Norma Otilia Hernández) ha negado tener nexos con el crimen organizado”.
Denunció que en dos años y medio desde que entraron Los Tlacos a Chilpancingo “ha sido un verdadero desmadre, no ha habido control de nada, ha habido muchas irregularidades”.
Según el obispo, “la solución sería que realmente la presidenta le soltara el hilo a Los Tlacos, que el gobierno federal “hiciera una limpia en Chilpancingo, que declare a Chilpancingo una ciudad neutral, que no sea de nadie, de ningún grupo, porque así podremos evitar muchos problemas y muchas dificultades”.
Explicó que él no no ha querido hablar con la gobernadora porque ella le prometió que iba a restituir la subsecretaria de Asuntos religiosos en el gobierno del estado, “cosa que no ha cumplido”.
Dijo que si existiera la subsecretaria, los obispos de Guerrero y los sacerdotes “pudiéramos ayudar y cooperar, pero no hay ninguna relación con el Gobierno de Guerrero”.
Rangel Mendoza aseguró: “En todo lo que está sucediendo ahorita yo estoy trabajando, como se dice por ahí, le estoy limando las uñas al tigre y ojalá que esto se pacifique, y yo creo que esto se pacifica si el Gobierno estatal recibe las peticiones de esa gente y ayuda a implementarlas, con eso se calma todo esto.
Y concluyó: “La otra es que los gobiernos estatal y municipal tengan la valentía de deshacerse de ese grupo de Los Tlacos”.

 

Protestan padres en Tepechicotlán, Chilpancingo; piden el retiro de rocas que amenazan una escuela

Padres de familia y maestros del jardín de niños Benito Juárez de la comunidad de Tepechicotlán, municipio de Chilpancingo, durante su protesta en las bombas de agua que surten a la capital Foto: Lenin Ocampo Torres

Luis Blancas

Tepechicotlán, Chilpancingo

Padres de familia y maestros del jardín de niños Benito Juárez, de la comunidad Tepechicotlán, municipio de Chilpancingo, bloquearon la carretera estatal que se dirige a Quechultenango y tomaron las bombas de agua en la entrada de la localidad.
La protesta duró tres horas y media, para exigir a las autoridades de los gobiernos estatal y municipal la demolición de piedras, para evitar que caían en la escuela.
A las 8 de la mañana, unos 50 inconformes tomaron las bombas de agua y cerraron las válvulas, además bloquearon la transitada vialidad, en la entrada de la comunidad.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se leía: “Los padres de familia piden solución para el jardín de niños de Tepechicotlán”, “exigimos solución inmediata” y “solución a nuestra demanda gobernadora Evelyn. Tepechicotlán”.
La directora de la escuela, Linda Kelly Tacuba, recordó que el 21 de junio pasado ocurrieron lluvias fuertes y después provocaron el deslizamiento de piedras grandes hacia el jardín de niños, lo que afectó el estacionamiento y una parte de la vialidad.
Kelly Tacuba comentó que después de esta situación, la Coordinación de Protección Civil municipal les notificó dos veces que no era una zona adecuada para que los niños recibieran clases, porque existía la posibilidad de que cayeran más rocas.
Dijo que en una reunión con los padres de familia acordaron concluir las clases a distancia y rentaron una casa para iniciar el ciclo escolar 2022-2023, donde los 51 estudiantes reciben clases, “hay la desesperación de los papás, que no tiene ya dinero para pagar la renta, porque se adeudan 6 mil pesos que corresponden a enero y febrero”.
Indicó que las autoridades del gobierno estatal, municipal y del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) informaron que el 2 de febrero se iban a iniciar los trabajos de retirar las piedras, demoler las rocas que presentan peligro del jardín de niños y la construcción de un muro de contención, lo cual no ha iniciado.
“Ya hay desesperación de los padres de familia y los pobladores de la comunidad se han unido en esta lucha”, expresó.
Al bloqueo llegó el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, en la que se comprometió que gestionará con el gobierno estatal, para que realicen los trabajos de la demolición de las piedras y el miércoles se reunirán con funcionarios del IGIFE para la instalación de aulas móviles en el atrio de la iglesia, mientras que el viernes se reunirán con la alcaldesa Norma Otilia Hernández.
A las 11:30 de la mañana, los manifestantes retiraron de la vialidad y de las bombas de agua, donde abrieron las válvulas.

 

Bloquean avenidas en la capital padres de familia de Quechultenango; piden maestros de telesecundaria

Maestros y padres de familia del municipio de Quechultenango bloquearon dos avenidas en la capital, para exigir la reposición de docentes de telesecundaria.
Unos 100 manifestantes salieron en marcha, minutos después de las 10 de la mañana, desde Aurrerá sur hasta llegar a las oficinas del Programas de Educación Inicial, a un lado del monumento Las Banderas, donde bloquearon las avenidas Lázaro Cárdenas y Juan Ruiz.
Los manifestantes exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ocho maestros para 11 comunidades, entre ellas Xochitepec, Necaxtlán, Naranjita, y Pueblo Viejo.
En total son unos 400 alumnos que no tienen clases por la falta de maestros y hay escuelas que no los tienen actividades desde hace ocho años, señaló el supervisor de Telesecundarias de la zona, César Arturo Valverde García.
Dijo que acompañó a los padres de familia para solicitar maestros, quienes se fueron de las comunidades por cambios de adscripción y que la SEG no los repuso.
“Las autoridades educativas no nos quieren dar más docentes, argumentando que la matrícula de alumnos es muy baja. No es posible que el director sea encargado y aparte atienda a dos grupos”, destacó.
La SEG pide como requisito que cada salón tenga un mínimo 25 alumnos, y “pues la realidad es que tenemos unos 15 alumnos”, precisó el supervisor Valverde García.
Minutos después de las 11 de la mañana, los manifestantes se retiraron de las avenidas, luego de que una comisión fue atendida. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).