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Persiste en partidos opacidad en rendición de cuentas sobre el financiamiento público

Daniel Velázquez

En Guerrero ningún partido político informa en qué gasta el dinero que recibe de financiamiento para sus actividades políticas. Morena reporta los gastos del partido a nivel nacional, y el resto de los seis partidos con registro en la entidad justifica por qué no informa cómo gasta el dinero que recibe.
En una revisión a la Información Financiera, que debiera ser pública porque los partidos políticos son sujetos obligados, se encontró que en la entidad todos son opacos.
Desde 2014, los partidos políticos en México son sujetos obligados a transparentar sus ingresos y el gasto porque son financiados con dinero público.
En la Plataforma Nacional de Transparencia hay 42 obligaciones generales para los sujetos obligados, y en el caso de los partidos también hay 37 especificas que deben cumplir. En las generales aparece el rubro de Información Financiera.
En Información Financiera PAN, PRI, PT y PVEM argumentan que los partidos políticos no son sujetos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que no pueden informar al respecto.
Entre los 16 gastos que reporta Morena como parte de su información financiera están 28 millones 855 mil 890 pesos en sueldos y salarios a personal. De éstos, 2 millones 766 mil 277 pesos son destinados para la remuneración a sus dirigentes; en servicios generales su gasto es 37 millones 230 mil 166 pesos, en Capacitación, Promoción y Desarrollo Del Liderazgo Político de las Mujeres se prevé el gasto de un millón 984 mil 515 pesos. De los 16 gastos, en cinco reporta que no ejercerá ninguno, como son organización y difusión, propaganda institucional, estudios de investigación para el estado
En el apartado de Información Financiera el PAN alega “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política y la Ley General de Partidos Políticos. El PAN es una entidad de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como fin el promover la participación del pueblo en la vida democrática, por lo dice que al ser este sujeto obligado un partido político, no le resulta aplicable o de observancia la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.
El PRD justifica la falta de información con el argumento de que “los partidos políticos no generan información financiera, presupuestal y programática conforme a las normas, estructura y formatos tal y como lo estableció el Consejo Nacional de Armonización contable, por lo que este formato no aplica para el PRD”.
El PT por su parte sostiene que su información financiera “no se registra en el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), los partidos políticos son fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral a través del Sistema Integral de Fiscalización”.
Movimiento Ciudadano expone: “durante el ejercicio 2023 y anteriores (MC) en el estado de Guerrero no generó la información desglosada por capítulo del presupuesto asignado. Tampoco generó balances generales ni estados financieros. Según el artículo 61 de la Ley General de Partidos Políticos En cuanto a su régimen financiero, los partidos políticos deberán: a) Llevar su contabilidad mediante libros, sistemas, registros contables, estados de cuenta, cuentas especiales, papeles de trabajo, discos o cualquier medio procesable de almacenamiento de datos que les permitan facilitar el registro y la fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos y la administración de la deuda”.
El PRI también alegó que “como lo señalan los Lineamientos Técnicos Generales para el llenado del formato, se debe aplicar la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Sin embargo, dada la naturaleza de este partido político, su contabilidad se registra con base al Reglamento de Fiscalización aprobado por el Instituto Nacional Electoral, ya que la Ley General le es aplicable exclusivamente a las entidades de la Administración Pública Paraestatal, del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por esta razón la información en los términos solicitados no obra en poder de este partido, cabe mencionar que no elaboramos presupuesto de egresos para justificar el gasto”.
El PVEM también señaló que su información financiera “no se registra en el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), por lo tanto no es sujeto obligado de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.

 

Respalda el PRI a los regidores de la capital que denunciaron el mal uso del presupuesto

La dirigencia estatal del PRI respaldó a los tres regidores del Ayuntamiento de Chilpancingo luego de haber denunciado el mal uso del recurso público y la opacidad de la asignación de obra pública, así como los actos de censura en una sesión de Cabildo de la administración de la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez.
La dirigencia estatal difundió un comunicado en el que argumentó que levantará la voz para hacer valer la ley y defender al pueblo de la incapacidad, soberbia e imprudencia de los gobiernos que encabeza Morena.
Dijo que la dirigencia del Comité Directivo Estatal del PRI respaldó a los regidores Inés Camarillo Balcázar, Guadalupe Aguilar Alcocer y Antonio Guzmán Ruiz, que desde el Cabildo trabajan a favor del municipio, exigiendo la aplicación de los recursos de manera efectiva, transparente y respondiendo a las necesidades de Chilpancingo.
“El pasado jueves, el Ayuntamiento de Chilpancingo realizó una sesión pública de Cabildo en el zócalo, donde nuestras compañeras y compañeros expusieron de manera precisa las diversas irregularidades en las que ha incurrido la administración morenista. Las regidoras y el regidor denunciaron puntualmente el mal uso de los recursos públicos, la opacidad en la asignación de obra pública y los actos de censura en las sesiones de Cabildo”, señala el documento.
Entre quejas e inconformidades de los regidores de oposición, está el que dijeron que no los tomaron en cuenta, que no respetaron sus derechos como ediles y su libertad de expresión, durante la 17 sesión ordinaria pública de Cabildo que encabezó la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, que se llevó cabo el jueves, en la que aprobaron por mayoría de votos la propuesta del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faism) del ejercicio fiscal 2023. (Redacción / Chilpancingo).

 

Sigue sin solución el conflicto laboral en el kínder Vicente Guerrero en Chilapa, denuncian

Autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) aún no resuelven el conflicto laboral entre un grupo de trabajadores y la directora del jardín de niños Vicente Guerrero, en Chilapa.
Desde el 11 de diciembre, docentes y trabajadores administrativos iniciaron una serie de protestas, para denunciar una supuesta opacidad en la administración de la directora Elvira Vargas Jaimes, en el manejo del dinero de la cooperativa y por la falta de apoyo pedagógico a los maestros.
Consultada afuera de la delegación donde se concentraban para una reunión, la representante sindical Dora Nelly Pintor informó que a partir del 1 de febrero la directora titular fue enviada a la jefatura de sector a la que pertenece ese centro de trabajo, mientras la contraloría de la SEG determina su situación.
En su lugar, dijo la representante, enviaron a la maestra Anairis Guzmán Molina; días antes, personal de contraloría acudió a sellar con hojas oficiales la dirección de la escuela.
A casi un mes del inicio de la protesta, la SEG no ha dado información del caso, aunque la representante sindical dijo que las autoridades educativas les pidieron ser respetuosos de los tiempos de sus protocolos.

Ante la opacidad en el caso Chavarría se abre la puerta a la justicia internacional: Álvarez Icaza

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El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, aseguró este martes en Chilpancingo que no hay razón legal para que la familia de quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, no tenga la oportunidad de la coadyuvancia en las investigaciones del crimen y que la Fiscalía General del Estado (FGE) le niegue información y hasta copias del expediente, como lo ha venido denunciado la viuda Martha Obezo Cázares.
Dijo en conferencia de prensa que un caso emblemático, paradigmático, de impunidad y opacidad como ése, debe también tener una respuesta paradigmática, y añadió que por la denegación de la justicia en el ámbito local existen elementos para acudir ante la justicia internacional.
Mientras tanto, en la conferencia magistral Justicia y Derechos Humanos. Asignaturas pendientes en Guerrero, que disertó como parte de la Jornada Contra la Impunidad, por la Verdad y la Justicia, organizada en el marco del octavo aniversario del asesinato de Chavarría Barrera, calificó a Guerrero como un “mapa de dolor” por los asesinatos, los desaparecidos, los desplazados, la criminalización y la impunidad.
Añadió que en el contexto de violencia que está viviendo Guerrero, se necesita que los sectores sociales de Guerrero: los empresarios, los eclesiásticos, las universidades, los sindicatos, los grupos sociales, los grupos feministas y los defensores de derechos humanos, manden un poderoso mensaje mediante una manifestación pública, política y expresa del trabajo por la paz que pase por la justicia.

La impunidad, mensaje para quienes conspiraron contra la democracia

Álvarez Icaza ofreció una conferencia de prensa a las 11 de la mañana para hablar del caso Chavarría y a las 12 disertó la conferencia Justicia y Derechos Humanos Asignaturas pendientes en Guerrero, en donde habló de la violencia provocada por el crimen organizado, la connivencia entre la delincuencia organizada y el gobierno, la corrupción y la impunidad que priva en la entidad.
En su encuentro con los medios de comunicación, declaró que México se ha sumido en una profunda crisis de violaciones a los derechos humanos y que fue justamente el magnicidio (el asesinato de Chavarría) una de las primeras señales. Destacó que han pasado 8 años en los que han transitado cuatro gobernadores, ocho procuradores y un fiscal “y la justicia no ha llegado”.
Consideró que es importante que en este caso se rompan las cadenas de corrupción e impunidad que son la causa de no llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de este crimen.
Dijo que en Guerrero se ha venido reproduciendo este “lamentable” fenómeno de la impunidad desde la guerra sucia y que la violencia que priva actualmente en varias de las ciudades del estado, tiene que ver con la falta de justicia como en el caso del Magnicidio de Chavarría Barrera.
Por eso insistió que es vital recuperar la acción de la justicia, como es también que la familia tenga acceso a la coadyuvancia y sostuvo que “no es aceptable jurídica, política y éticamente” que la familia no tenga acceso ni si quiera al expediente. “No hay razón legal que justifique esta condición de no acceso al expediente”, insistió.
Acusó que con ello la Fiscalía está dejando en la indefensión y revictimizando a la familia. Criticó que, como es posible que a ocho años del asesinato la familia no tenga acceso ni siquiera al expediente, “eso es inaceptable, y requiere una muy fuerte acción contra la Fiscalía, requiere un mensaje poderosos desde el Congreso local y una acción desde el Ejecutivo”, demandó.
Álvarez Icaza, dijo que si al presidente del Congreso se le asesina y no pasa nada, se manda un poderoso mensaje para los poderes fácticos que conspiraron en contra de la democracia, y que, por tanto, en Guerrero no hay otro horizonte más que la exigencia de justicia, y añadió que la ruta tiene que ser la transparencia de la investigación para que haya confianza.
Consideró que es grave que se esté hablando de un crimen que tiene todos los tintes de un crimen político y un magnicidio, no haya claridad y transparencia en la investigación.
“Recientemente el fiscal estaba queriendo retomar una línea de investigación que ya estaba cerrada, queriendo inculpar a la guerrilla y este tipo de cosas lo único que hacen es fomentar la duda razonada de que no se quiere investigar”. Declaró que no se trata de fabricar culpables, sino de generar certeza en la justicia.
Álvarez Icaza consideró que la conducta del fiscal, quien una sola vez ha recibido a la familia de Chavarría Barrera es reprobable, Y con respecto al anuncio que hizo ante el Congreso en el sentido de que en dos o tres semanas presentaría los resultados de las investigaciones, al no hacerlo “pareciera una simulación de justicia” y agregó que al incumplir, “sería importante que el Congreso ejerciera su facultad para llamarlo a cuentas, porque no puede ser que el fiscal se burle de un poder del Estado”.
En la conferencia de prensa Álvarez Icaza estuvo acompañado por la viuda de Chavarría Barrera, Martha Obezo; por el ex comisionado de la Comisión de la Verdad, Nicomedes Fuentes; la presidenta del Colectivo de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, Guadalupe Gutiérrez Narciso; la activista feminista, Martha Sánchez Néstor; el activista Federico Samaniego, y el dirigente de los mineros en huelga de Taxco, Humberto Hernández Mojica.
El ex secretario ejecutivo de la CIDH advirtió que si en éste caso que es “emblemático” y “paradigmático” el mensaje al pueblo es que no pasa nada, qué se puede esperar. “Por eso es importante desde la fenomenología y tipología de los derechos humanos que los casos paradigmáticos tengan también una respuesta paradigmática”, porque dijo que se juega una parte importante de la confianza y de lo que significa la reconstrucción del tejido social”.
El defensor de derechos humanos agregó que es importante que se manden mensajes para parar la violencia y que los distintos actores “levanten la mano para decir tenemos que parar esta espiral de violencia”.
Advirtió que “los focos rojos están más que prendidos desde hace tiempo” y que se requiere mandar una señal poderosa de la autoridad y de la sociedad para interrumpir estas espiarles de violencia, y añadió que la mejor manera es la acción de la justicia.
En su intervención, la viuda de Chavarría Barrera, Martha Obezo, dijo que a ocho años del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, “no es tiempo para conmiserarnos, sino para exigir y elevar la voz”.

El drama de Guerrero

Más tarde, a las 12 del día, en el auditorio José Inocente Lugo del Palacio Municipal que se llenó de integrantes de organizaciones sociales, universitarios, amigos y familiares de Chavarría Barrera, Álvarez Icaza disertó la conferencia magistral Justicia y Derechos Humanos, Asignaturas pendientes en Guerrero.
El ex secretario técnico de la CIDH, habló del drama que vive Guerrero por la violencia, los asesinatos, los desaparecidos, los desplazados, la impunidad, la corrupción y la connivencia de los grupos del crimen organizado con las autoridades.
Entre el público estuvieron el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el diputado del Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, así como la secretaria de la misma comisión, la diputada de Morena María de Jesús Cisneros Guillén, y el diputado de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco Deaquino.
Álvarez Icaza destacó que informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revelan que el fenómeno del feminicidio en Guerrero es un tema de alarma.
Asimismo, que hay un control y poder absoluto de grupos delincuenciales en algunas zonas del estado. Denunció que hay zonas en donde los gobiernos formales son sólo ventanillas de trámite para el que verdaderamente manda, y que hay colusión y complacencia de autoridades y servidores públicos con el crimen organizado.
Álvarez Icaza compartió el presídium con la viuda de Chavarría Barrera, con Hermenegildo Ortega, padre de Mauricio Ortega, uno de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos; con los representantes de los colectivos de familiares de desaparecidos de Acapulco y Chilpancingo; con la activista feminista Martha Sánchez, con la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Norma Mesino, y con la viuda del asesinado dirigente de Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández, Sofía Lorena Mendoza.
Dijo que lo que pasa en Guerrero es que solo hay islas donde no hay violencia y que se necesita un poderoso mensaje social, que tenga la vinculación de la paz con la justicia, “necesitamos un mensaje que diga que no es aceptable administrar nada más el dolor, sino presionar y que se diga que los que están mal son aquellos, porque pareciera que los que reclaman justicia son los radicales, los insensatos o los desadaptados, porque se vive un mundo al revés”, dijo.
Advirtió que en la medida que la sociedad no levante la voz en la exigencia de la paz y la justicia, en esa medida van ganando normalidad la corrupción y la impunidad, “no podemos permitir que casos como el de Armando Chavarría queden en el olvido, tampoco podemos permitir está connivencia entre narcos y autoridades, porque al rato nada más llegan a cobrar el favor y a poner al secretario de Seguridad, que es el pacto entre el pastor y los lobos y después no escuchan el clamor de las víctimas”.
Por su parte, la viuda de Chavarría, denunció que nunca como ahora Guerrero había estado inmerso en la corrupción y en la impunidad, y que nunca como ahora la sociedad había estado tan indefensa y había padecido tanto dolor y tantos agravios.
Dijo que en Guerrero se respira impunidad y que en el caso del asesinato de su esposo, desde siempre no han hecho más que esconder y trasegar el expediente, y que en estos días se ha visto al fiscal Javier Olea, “tratar de imponer una conclusión absurda, mintiendo sin recato alguno a la sociedad, sabiéndose intocable”.
Pero dijo que qué se puede esperar del Estado donde se han desaparecido a 43 estudiantes “y la apuesta del Gobierno es el olvido, qué podemos esperar si existen miles de desaparecidos, qué podemos esperar si continúan los feminicidios, si se asesinan a periodistas, a defensores de derechos. Qué podemos esperar si en vez de hacer justicia cada día crecen los agravios y se arraiga la impunidad”, denunció.

No sabe Martha Obezo qué juez tiene el caso Chavarría; el fiscal actúa con opacidad, dice

Para Martha Obezo Cázares, viuda del asesinado presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, Armando Chavarría Barrera, es “muy extraño” que el fiscal del Estado, Javier Olea Peláez, haya declarado que presentó los resultados de las investigaciones al Legislativo local pero que los diputados lo desmientan.
Admitió que siempre temió que el fiscal presentara el resultado de sus supuestas investigaciones de manera subrepticia, porque el caso siempre se ha manejado en la opacidad, tanto que le han ocultado hasta qué juez lleva el expediente.
Añadió que en estas circunstancias desconoce cuál es esa “autoridad jurisdiccional” a la que según Olea Peláez también entregó las conclusiones de las investigaciones.
Este miércoles, el fiscal declaró en el acto por el 235 aniversario del general Vicente Guerrero, que desde hace dos semanas entregó al Congreso local y a la “autoridad jurisdiccional” las conclusiones del asesinato del diputado perredista Armando Chavarría Barrera.
“Lo que yo tengo conocimiento es que nunca compareció ante el Congreso, aunque siempre tuve dudas de que lo hiciera de manera subrepticia o que mandara por escrito algo, pero si la Oficialía de Partes del Congreso local no confirma que recibió ninguna información por escrito y no se conoció de ninguna comparecencia, siguen siendo sólo dichos de él”, respondió Obezo Cázares respecto a las declaraciones del fiscal.
Consultada vía telefónica declaró que no le ve sentido que el fiscal insista en una línea de investigación, si no puede transparentar esa información, “si no nos ha informado a nosotros (los familiares) u oficialmente al Congreso local como se comprometió, la información que dice que tiene no es real, o cuando menos no podemos tomarla como seria”, sostuvo la viuda.
Insistió, también, que si el fiscal no presentó la información que prometió al Congreso local, tampoco la habría presentado ante la “autoridad jurisdiccional” como lo afirmó en sus declaraciones.
Al respecto se quejó que otro problema es que no le han dicho qué juez lleva el caso, “toda esa información la han mantenido en absoluta reserva”.
Informó que quiso tener esa información precisa en la audiencia que tuvo con el fiscal el 19 de julio del 2016, pero que lo único que le dijo fue lo mismo que sostuvo cuando compareció ante diputados: “que en el los próximos días estaría en condiciones de dar a conocer las conclusiones finales de la investigación, así lo dijo, en esos términos”.
Contó que, entonces, emplazó al fiscal y le pidió fechas para que le proporcionara copias del expediente y que se comprometió que en 20 días, “pero ya se cumplió un año y nunca más nos recibió y tampoco me dio las copias”.
La viuda de Chavarría argumentó que por eso se reservó la información de esa reunión, porque ella es la principal interesada en conocer el estado que guarda el expediente. Sin embargo denunció que Olea continúa con su estrategia “de hablar sin sustentar sus dichos y sin cumplir su palabra, ni conmigo ni con el Congreso”.
El miércoles pasado el gobernador Héctor Astudillo Flores también habló del caso Chavarría, y dijo que la investigación no se hace a modo y que en la reunión que tuvo con Obezo no hablaron “de algún ex gobernador”, en alusión a Zeferino Torreblanca.
Al respecto, Obeso Cázares, admitió que “en estricta justicia y en honor a la verdad” no hablaron del ex gobernador, pero insistió que Astudillo Flores le dijo que respetaría la postura de la familia.
Y esta postura es de rechazo a la conclusión del fiscal, en la que, según Obezo Cázares, se culpa del asesinato a la guerrilla del ERPI, y con ello se exonera al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
Sin embargo, sostuvo que As-tudillo sí le prometió que hablaría con el fiscal para que no impusiera esas conclusiones, si los familiares iban a objetarlas, “y yo le dije que por supuesto que lo haríamos y que yo hablaría con el fiscal únicamente si cambiaba su postura, o se nos permitiera conocer el expediente”.