Daniel Velázquez
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las demarcaciones del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en diez municipios del estado que recibieron recursos durante el 2023.
En la tercera entrega de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2023, publicada en febrero de este año, la ASF fiscalizó los recursos recibidos en los municipios de Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Ometepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Miguel Totolapan, Taxco, Tecoanapa y Tlapa.
Entre los hallazgos que realizó la Auditoría durante la verificación del gasto público en esta decena de municipios es que en San Miguel Totolapan no hay registro de cómo se gastó el dinero, hubo subejercios en San Luis Acatlán, encontró obras fantasmas en los municipios de Chilpancingo y Coyuca de Benítez, y que los gobiernos contratan empresas que no pagan impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las demarcaciones del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) está diseñado para emplearse en “obras y acciones que beneficien a la población que habita en los municipios o demarcación territorial con zonas de atención prioritaria y en las localidades que presentan alto y muy alto grado de rezago social o donde habita población con pobreza extrema”.
Como resultado de la comprobación encontró que siete municipios deben devolver dinero a la Tesorería de la federación y tres cometieron “irregularidades administrativas”.
El caso de San Miguel Totolapan es el más cuantioso y escandaloso pues no se pudo revisar ni un solo peso del ejercicio 2023, “ya que el municipio no proporcionó la documentación comprobatoria correspondiente a la Cuenta Pública 2023”. La ASF determinó que están pendientes por aclarar 148 millones 966 mil 396 pesos, lo que corresponde al cien por ciento de los recursos transferidos.
El alcalde de San Miguel Totolapan en el periodo de revisión fue Fredy Vázquez Palacios, del PRD. El gobierno del estado acreditó ante la ASF que transfirió todo el recurso del Fondo a ese municipio.
En el municipio de San Luis Acatlán, la ASF encontró que más del 50 por ciento de recursos no se ejerció y del dinero ejecutado están pendientes por aclarar 45 millones 811 mil 135 pesos.
Durante 2023, San Luis Acatlán recibió 200 millones 506 mil 400 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 121 millones 536 mil pesos que no se ejercieron. El gobierno de San Luis Acatlán, proporcionó la documentación certificada por Gilberto Solano Arreaga que acredita la operatividad de cuatro obras por 11 millones 201 mil 800 pesos.
Este municipio es gobernado por Adair Hernández Martínez, militante del PT, partido aliado de Morena.
En la fiscalización de la cuenta pública de Chilpancingo, la ASF encontró varias irregularidades en cinco contratos y 11 arrendamientos de vehículos para la verificación y supervisión de las obras, fueron fraccionados para quedar comprendidos en los supuestos de excepción. Otra de las observaciones fue que presentaron de manera extemporánea las opiniones de cumplimiento de pago de impuestos de 17 contratos, y ejecutaron tres proyectos de obra pública por un monto pagado de 6 millones 206 mil 900 pesos “que en la verificación física no se encontraron en operación”.
En total, sobre la cuenta pública de 2023, el municipio de Chilpancingo tiene pendientes por aclarar 30 millones 807 mil 75 pesos. Este municipio fue gobernado por la ex morenista Norma Otilia Hernández Martínez.
En la comprobación de la cuenta pública de 2023 en el municipio de Coyuca de Benítez, la ASF no encontró físicamente cinco obras, “por lo que no se comprobó que cumplieran con los objetivos del fondo”, lo que generó que este pendientes por aclarar 8 millones 512 mil 223 pesos. Este municipio fue gobernado por el morenista Ossiel Pacheco Salas.
En el municipio de Taxco, están pendientes de aclarar 1 millón 56 mil pesos que el gobierno municipal utilizó para la compra de un software. En el dictamen la ASF sostiene “no se demostró que por medio de la adquisición de un software se diera atención a las demandas ciudadanas como se describe en el registro de los beneficios esperados del proyecto, ya que en realidad corresponde al pago de la licencia del sistema contable del municipio; asimismo, dicho contrato tiene fecha de formalización en el ejercicio fiscal 2022 por lo que no correspondería al ejercicio fiscal en revisión”. Ese municipio fue gobernado por Mario Figueroa Mundo, de Fuerza por México.
En Tecoanapa, la ASF encontró que 20 contratistas a los que el gobierno municipal les asignó 24 contratos de obra pública no cumplen con sus obligaciones fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo que derivó en una observación de 44 millones 480 mil pesos, durante la revisión el gobierno municipal acredito que cinco contratistas sí estaban al corriente con sus obligaciones tributarias, por lo que la cuenta pendiente por aclarar es de 36 millones 198 mil 636 pesos. Este municipio fue gobernado por Carmen Ileana Castillo, del PVEM, aliado de Morena.
En Tlapa, la revisión establece que 18 millones 753 mil 420 pesos están pendientes de aclarar porque el dinero se destinó a “tres obras por un monto de 18 millones 686 mil 200 pesos que conforme a lo manifestado por su Órgano de Control Interno se advierte que no se encontraron en operación debido a que se tratan de obras por etapas y que por lo tanto no proporcionan los beneficios programados a la población objetivo del fondo” y 67 mil 200 pesos que se transfirieron sin presentar la documentación que acredite que se usaron para los objetivos del Fondo. Este municipio fue gobernado por, de la coalición PRI-PRD y reelecto para un nuevo periodo.
Irregularidades administrativas
Sobre los municipios con irregularidades administrativas, en sus dictámenes la ASF específica porque los clasifica de esa forma. En el caso de Quechultenango, señala que ese municipio “infringió la normativa, debido a que se realizó un pago por 129 mil 600 pesos sin proporcionar la documentación de su aplicación o reintegro a la Tesorería de la Federación, y hubo documentación que no se canceló con la leyenda de operado ni se identificó con el nombre del fondo, las observaciones determinadas fueron solventadas por el ente fiscalizado antes de la emisión de este informe”.
Del municipio de Ometepec, la ASF señala que incurrió en “irregularidades administrativas consistentes en que no administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y exclusiva, adjudicó 17 contratos fuera de la normativa aplicable, fraccionó dos contratos para quedar comprendidos dentro de los montos máximos y límites de los contratos para la modalidad de invitación restringida y no presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relativa a la planeación, ejercicio y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del fondo de los primeros tres trimestres del ejercicio fiscal 2023. Tampoco difundió entre su población la información del fondo conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable”.
En Ayutla, en su informe la ASF señala que no hubo observaciones monetarias pero sí “irregularidades administrativas consistentes en que no administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y exclusiva, adjudicó seis contratos fuera de la normativa aplicable, fraccionó dos contratos para quedar comprendidos dentro de los montos máximos y límites de los contratos para la modalidad de invitación restringida, adjudicó dos contratos de servicios por medio de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, cuando debió ser mediante la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, no presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los formatos de “Ejercicio del Gasto” y los “Indicadores”, no difundió entre su población la información del fondo conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable y no concilió el número de proyectos registrados en el formato de “Destino del Gasto” del Sistema de Recursos Federales Transferidos con los registrados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social”.