Zacarias Cervantes
Chilpancingo
El director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que el nombramiento del coronel Zipacná Jesús Torres Ojeda como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), evidencia que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda está sometida por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), y por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Agregó que ello es “un mal augurio” porque nuevamente habrá una descoordinación entre el gobierno del estado y la Fiscalía como la hubo con la ex fiscal, la teniente Sandra Luz Valdovinos Salmerón, y lamentó que no se haya escuchado la opinión de los activistas sociales.
Por su parte, el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), exhortó al nuevo fiscal a que se conduzca con sensibilidad y perspectiva de derechos humanos “de acuerdo al contexto de cada caso, bajo los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, objetividad, profesionalismo”.
Los militares no han dado resultados: Tlachinollan
Abel Barrera Hernández declaró por teléfono que a pesar de que ya se vio que los militares no dan resultados, como fue el caso de la ex fiscal Valdovinos Salmerón, “lamentablemente vemos que se sigue dejando que sean ellos, los militares, los que se encarguen de investigar los delitos”.
Indicó que estas decisiones están pensadas en un control de daños “y que la gobernadora se supedita a los dictados tanto del Ejército, que quiere tomar el control de las instituciones de seguridad y de investigación de los delitos, como del Ejecutivo Federal.
El defensor de derechos humanos expresó que ya se normalizó que el secretario de la Defensa, el general Cresencio Sandoval, tenga injerencia en los asuntos de índole civil y que sean ellos los que estén tomando el control de estas instancias “para mal, porque hubo por lo menos un tiempo de prueba y se debieron notar algunos cambios favorables, pero no los hubo”.
Barrera Hernández denunció que los mandos militares en las áreas de seguridad y justicia han dejado un gran rezago en las carpetas de investigación y un reclamo de las familias de las víctimas, “hay un déficit de procuración de justicia alarmante, hay un foco rojo en Guerrero”.
También criticó que no se esté atendiendo la opinión de quienes están cerca de la protección de los derechos humanos, de las víctimas y de las familias que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos, como son los organismos civiles, “aquí en Guerrero somos cero a la izquierda, no existimos como actores que tenemos un compromiso, una opinión, un diagnóstico de lo que es el problema grave de procuración de justicia y de la investigación de los delitos graves”.
Denunció que en la entidad no se atiende a la sociedad civil y a las organizaciones sociales, a las barras de abogados “y a todos los que estamos trabajando del lado de las víctimas, gana más la vía militar, la visión del Ejército, la perspectiva de la seguridad pensada en el control de las instituciones y se derrota a la vía civil y ciudadana, así como a la perspectiva de derechos humanos”.
Insistió que los mandos militares han dejado a la Fiscalía con un gran descrédito porque los trabajos de investigación no han podido revertir la impunidad que prevalece en la entidad.
“Han dejado a una institución cerrada, que no escucha a las víctimas, se actúa de manera déspota, poco sensible, sin ese sentido de respeto a la dignidad de quienes sufren las agresiones de parte de los perpetradores de los delitos.
Denunció que hay señalamientos contra personas tanto de la delincuencia como de grupos que tienen influencias, que son intocables “y que forman parte de estructuras que están intactas”.
Barrera Hernández, dijo que con los mandos militares se ha convertido a la Fiscalía en una institución que ha enfocado sus baterías contra los luchadores sociales, defensores, estudiantes y contra la población que protesta, “con ellos sí pone mucho empeño”.
Denunció que todos estos actores son monitoreados y son mal vistos y contra ellos focaliza sus investigaciones.
En cambio, hay un enorme rezago de carpetas de investigación y no se han judicializado a quienes han atentado contra la vida, como pasó con el estudiante de la normal de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, “que hasta se les escapó el principal perpetrador”.
También dijo que es increíble que no se haya llevado a la justicia a los feminicidas, a pesar de que hay señalamientos directos y datos precisos de dónde se ubican y cómo actúan, “no hay una estrategia clara de cómo dar con el paradero de los responsables para ejercer las órdenes de aprehensión, todo que a medias”.
El director de Tlachinollan declaró que los mandos militares en las áreas civiles han dejado una gran deuda con el pueblo de Guerrero en cuanto a procuración de justicia.
“Por ello insistió que es un mal augurio que nuevamente se nombre a un militar, porque sabemos que no conoce el trabajo con víctimas, porque no solo se requiere tener algún título sobre derechos humanos, se necesita haber trabajado como defensor de derechos humanos, porque eso te da una perspectiva diferente de cómo atender los delitos graves y de alto impacto y como escuchar a las víctimas”.
Pero reprochó que lo que se ha visto hasta ahora con los militares en las áreas de seguridad y justicia es un desprecio a las víctimas, a las que se les vuelve a victimizar diciendo que por culpa de ellos tuvieron ese destino fatal, “se mancilla la memoria de las víctimas, por los mismos que investigan y las mismas autoridades hacen eso, en lugar de irse contra los perpetradores.
Espera el Centro Minerva Bello que el nuevo fiscal respete los derechos humanos
Por su parte, en un comunicado, el Centro Minerva Bello manifestó que “le preocupa la militarización de las instituciones encargadas de la procuración de seguridad y justicia.
Pero que aun así y ante los cambios y nombramientos en los órganos de procuración de justicia “somos respetuosos de ello, esperando que los cambios se acompañen con la sensibilidad, progresividad y respeto de los derechos humanos”.
Agregó que ante el nombramiento del coronel Torres Ojeda, como titular de la FGE, “le exhortamos para que se conduzca con sensibilidad y perspectiva de derechos humanos de acuerdo al contexto de cada caso, bajo los principios de eficacia, honradez, imparcialidad, objetividad, profesionalismo”.
Pidieron que su gestión frente a la institución investigadora, “procure la transparencia para con las víctimas en su proceso de investigación”.
Pidió que las funciones de investigar y perseguir el delito se acompañen con estrategias integrales, con personal especializado en materia, técnica, legal y científica, con la finalidad de que las victimas accedan a la verdad y a la justicia, garantizando el respeto a los derechos humanos y a la debida reparación integral del daño de víctimas y ofendidos.
“Como centro de derechos humanos nos mantendremos firmes en nuestra demanda de procuración de justicia efectiva”, anunció.
El organismo añadió que Torres Ojeda tiene una gran responsabilidad al asumir el compromiso “de esta alta encomienda y de rendir cuentas claras en los procesos de investigación que dejó su antecesora”.
El Centro Minerva Bello reiteró su compromiso con la agenda de derechos humanos, y advirtió que continuará alzando la voz y “monitoreando de cerca los procesos de investigación de las víctimas y familiares, exigiendo el cumplimiento de los estándares más altos en materia de derechos humanos”.
