Familiares del señor Reynol Magaña Dionicio, de 85 años de edad, denunciaron su desaparición el pasado 16 de agosto entre las comunidades de Ocotito y Zoyatepec, municipio de Chilpancing muestran la ficha de búsqueda Foto: Jessica Torres Barrera
Familiares del señor Reynol Magaña Dionicio, de 85 años de edad, denunciaron ayer en conferencia de prensa su desaparición el pasado 16 de agosto entre las comunidades de Ocotito y Zoyatepec, municipio de Chilpancingo y pidieron la solidaridad de la sociedad para su localización.
Reyna Magaña Martínez, hija del desaparecido informó que el 16 de agosto su papá salió de las albercas Panorámica, ubicadas entre dichas comunidades, en donde estaba al cuidado de otro de sus hijos y desde entonces perdieron contacto con él.
Reconoció que su padre padece del alzheimer, pero que nunca se les había perdido
Informó que sus familiares han realizado búsquedas en caminos y poblados vecinos, pero hasta ayer no habían tenido éxito.
Reyna Magaña informó que la semana pasada vecinos de los poblados de Buenavista y de Rincón de la Vía, que se encuentran en el Valle del Ocotito les aseguraron que lo vieron, en el caso de Rincón de la Vía apenas el sábado pasado.
Derivado de ello pidieron a la solidaridad de la sociedad para que si lo llegan a localizar llamen a los teléfonos 7551363207 y 7551421211. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo)
Integrantes del colectivo Memoria, Verdad y Justicia hicieron ayer volar papalotes con los rostros de desaparecidos en playa Suave en la víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Ayer también marcharon Madres Igualtecas y hoy habrá asimismo una ma-nifestación en Chilpancingo. Según el Registro Nacional, van 212 personas desaparecidas este año que no han sido halladas y ayer hubo denuncias de los familiares del “servidor de la nación” desaparecido en una comunidad de Taxco Foto: Carlos Carbajal
Denuncian familiares de desaparecidos que AMLO busca reducir los casos por las elecciones
Se oponen al nuevo censo que hace unas semanas el presidente anunció con el argumento de tener cifras más confiables
Karina Contreras
Papalotes con los rostros de personas desaparecidas, que fueron elevados en la playa Suave por integrantes del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, cómo parte de las actividades del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora hoy 30 de agosto Foto: Carlos Carbajal
Diversos colectivos de familiares de desaparecidos señalaron que el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador para un nuevo censo de personas desaparecidas tiene el objetivo de bajar las cifras debido a las próximas elecciones presidenciales.
Dijeron que no saben cuál es la metodología que se está utilizando y “ellos pueden decir lo que se les dé la gana para minimizar, más en este momento que hay próximas elecciones, para poder decir que han trabajado más contra la desaparición de personas forzadas”.
Hace unas semanas el presidente López Obrador anunció que se hará un nuevo censo “confiable” de las denuncias de las personas desaparecidas, porque considera que hace falta una actualización.
Para ello se apoyará en los Servidores de la Nación, los gobiernos del estado y las Fiscalías para tener certeza de cuántos desaparecidos hay realmente.
La madre de José Israel Martínez Retana, secuestrado y desaparecido el 13 agosto de 2017, Patricia Retana, señaló que con esa iniciativa el “presidente quiere volver a desaparecer a nuestros desaparecidos y eso no lo vamos a permitir. Para él nada más somos números, nuestros familiares nada más son número y eso no es, son personas”.
Insistió en que el presidente los quiere volver a desaparecer, “ya nos desaparecieron una vez y lo quieren volver a hacer”.
Por su parte, el integrante del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, Julio Mata, dijo que el censo que anunció el presidente ya lo están haciendo desde hace un mes, pero no saben cuál es la metodología y “pueden desaparecer a los desaparecidos, una desaparición administrativa”.
“Lo que buscarían tal vez es bajar el número de desapariciones. Tenemos más de 110 mil desapariciones en el país, a lo mejor digan son 90 o 70 mil. No sabemos lo que vaya a pasar, pero estamos atentos”.
Señaló que hay más de 50 mil cuerpos en el país sin identificar en los Semefos y un déficit enorme de médicos forenses que pueden hacer estudios de ADN.
Consideró que puede ser el doble o triple de las cifras oficiales de 110 mil desaparecidos porque hay gente que no denuncia porque el Ministerio Público está coludido con el crimen organizado. “Los policías estatales y municipales en un momento son los que andan uniformados y en otro momento son los que andan en la calle levantando a la gente. Hay un sinnúmero de desapariciones enorme”.
Agregó que las autoridades saben perfectamente dónde están los grupos delincuenciales, pero son “tolerados, por esos decimos que es responsabilidad del Estado por acción, omisión o complicidad”.
Este martes los colectivos llevaron a cabo una actividad de volar papalotes donde se encuentra el mirador de la Vía Rápida con el objetivo de visibilizar a sus familiares desaparecidos y se da a un día de que se conmemore el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos y el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
La esposa de Vicente Suástegui Muñoz e integrante del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, Samantha Valeria Colón Morales, dijo que la actividad era para seguir pidiendo justicia y “visibilizando los rostros de nuestros familiares que tenemos desaparecidos”.
Añadió que es para “seguirse diciendo al gobierno que nos hacen falta en casa, que las familias siguen incompletas y seguimos buscando. Que no hagan caso omiso las dependencias que nos tienen que dar seguridad, las que son encargadas de buscarlas y que tienen que estar al frente para ver los casos de los desaparecidos”.
Colón Morales señaló que sus familiares sufrieron desaparición forzada por eso están pidiendo al Estado a sus familiares.
En la actividad participaron 15 personas quienes volaban los papalotes con el rostro de su familiar.
Tipificar como delito grave la desaparición de personas, plantean colectivos en iniciativa de ley
En la propuesta que está congelada en el Congreso local, proponen los familiares de las víctimas que se establezca un fondo estatal para localizarlas, además de que la CEBP sea una Comisión autónoma y sugieren que sean sancionados penal y administrativamente los servidores públicos “que realicen prácticas dilatorias en la procuración y administración de justicia”
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Un fondo estatal para las búsquedas, localización e identificación de personas desaparecidas; independencia y autonomía de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEBP); creación de un Consejo Estatal Ciudadano, y que se consideren como delitos graves la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares, son parte del contenido de la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas que propusieron los colectivos de víctimas que está congelada en el Congreso local.
Asimismo, incluye la aplicación de sanciones penales y administrativas a los servidores públicos “que realicen prácticas dilatorias en la procuración y administración de justicia”, y la reparación integral del daño a las víctimas.
La Iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, ingresó al Congreso local el 10 de noviembre del 2022 desde cuando los representantes de colectivos vienen exigiendo que se le dé trámite y han participado en reuniones con diputados locales para “actualizarla y enriquecerla” sin que se haya turnado a comisiones.
En la propuesta de iniciativa de ley se propone la creación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para “coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento entre las distintas autoridades estatales y municipales relacionadas con la búsqueda de personas”.
El Sistema lo presidiría el secretario de Gobierno en turno y lo integrarían los titulares de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, de la Fiscalía General del Estado (FGE), el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Consejo Estatal Ciudadano, la titular de la Secretaría de Salud, del Servicio Médico Forense y del titular de la Dirección General de Servicios Periciales.
También se propone que la CEBP sea un órgano administrativo, desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica y de gestión en el desempeño de sus funciones, y que forme parte del Sistema Estatal y Nacional de Búsqueda.
En la iniciativa se propone, asimismo, la creación del Consejo Estatal Ciudadano que sería integrado por dos familiares de personas desaparecidas en cada una de las ocho regiones del estado; dos especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, y un representante de organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos.
Sus integrantes serían nombrados por la Secretaría General de Gobierno, previa consulta pública “y con la participación efectiva y directa de las organizaciones de familiares, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los grupos organizados de víctimas y expertos en las materias de esta Ley y la Ley General”.
Se destaca en la propuesta que el gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, proveerá al Consejo Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones.
Además, se plantea que la CEBP deberá gestionar ante el gobierno federal la creación y operación de un Centro Regional de Identificación Humana.
También se establecen sanciones “en términos de lo dispuesto en las leyes aplicables” a los servidores públicos que incumplan con las solicitudes para la búsqueda de personas que sean requeridas por la citada Comisión.
En la propuesta se habla de la creación de un fondo estatal para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y que la o el titular del poder ejecutivo del estado deberá incluir los recursos para su financiamiento en el proyecto de presupuesto de egresos de cada año.
Refiere que dicho fondo no podrá ser menor al 0.030 por ciento del presupuesto anual estatal y que será administrado por la instancia que disponga la Comisión Estatal de Búsqueda en su propio reglamento interno.
En cuanto a las responsabilidades administrativas y los delitos, en el titulo tercero de las disposiciones generales señala que serán considerados delitos graves que atentan contra los derechos de la vida, la integridad, la salud, las garantías judiciales, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la personalidad jurídica de las víctimas directas, la desaparición forzada de personas, la desaparición cometida por particulares y serán aplicables las disposiciones señaladas en la Ley General, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y demás leyes aplicables.
Refiere que estos delitos serán perseguidos de oficio “y tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la suerte y el paradero de la persona desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados”.
En el capítulo segundo relacionado con las responsabilidades administrativas se establece que las y los servidores públicos contemplados dentro de esta Ley que, con motivo de sus funciones y atribuciones, realicen prácticas dilatorias en la procuración y administración de justicia, “deberán ser investigados y sancionados conforme a la legislación penal y/o administrativa aplicable”.
En el capítulo tercero se incluye la obligación del Sistema Nacional y Estatal de Búsqueda, de la Fiscalía Especializada y el Servicio Médico Forense, para crear el registro estatal de personas desaparecidas; el registro estatal de fosas; el registro estatal de personas fallecidas no identificadas; el banco estatal de datos y herramientas necesarias para cumplir con su objetivo.
En cuanto a los derechos de las víctimas, el artículo 113 establece que la CEBP debe proporcionar a las víctimas de los delitos previstos en la Ley General, las medidas de ayuda inmediata; ayuda, atención, asistencia, protección y, en su caso, la reparación integral y las medidas de no repetición.
“Los familiares, a partir del momento en que tengan conocimiento de la desaparición, y lo hagan del conocimiento de la autoridad competente, pueden solicitar y tienen derecho a recibir de inmediato y sin restricción alguna, las medidas de ayuda, asistencia y atención previstas en La Ley General de Víctimas y la Ley número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, según corresponda”, se establece.
Asimismo, la propuesta de iniciativa contempla que la Fiscalía Especializada, en el ámbito de sus competencias, “debe establecer programas para la protección de las víctimas, los familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas, investigación o proceso penal de los delitos previstos en esta Ley, cuando su vida o integridad corporal pueda estar en peligro, o puedan ser sometidas a actos de maltrato o intimidación por su intervención en dichos procesos”.
También se incluye la Declaración Especial de Ausencia, mediante la cual los familiares y “otras personas legitimadas por la ley y el Ministerio Público” podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional en materia civil que corresponda según la competencia, que emita la Declaración Especial de Ausencia en términos de lo dispuesto en esta Ley General y las leyes aplicables.
“La Declaración Especial de Ausencia tiene como finalidad reconocer y proteger la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida, así como otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares de la persona desaparecida”, se explica.
En cuanto a las medidas de reparación integral a las víctimas, en el artículo 136 señala que las víctimas de los delitos establecidos en la Ley General tienen derecho a ser reparadas integralmente conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley Número 450 de Víctimas del Estado del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Las medidas de reparación integral incluyen la construcción de lugares o monumentos de memoria; una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas; recuperación de escenarios de encuentro comunitario, y la recuperación de la honra y memoria de la persona o personas desaparecidas.
Acude la Comisión Nacional de Búsqueda a Puente Campuzano llamada por una familia
Funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda, resguardados por elementos del Ejército Mexicano, realizaron una búsqueda individual en la comunidad de Puente Campuzano del municipio de Taxco.
Los enviados de la Comisión se detuvieron en la gasolinera ubicada frente al Instituto Tecnológico, en el Periférico Norte de Iguala, después de concluir su jornada de labores.
Los trabajos de ubicación y localización de personas no localizadas por parte del personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, fue requerida por una familia ajena a los colectivos de personas desaparecidas, y que reportó a su familiar extraviado y que les dieron indicios de que pudieron haberlo visto en la comunidad de Puente Campuzano, en Taxco.
En la comunidad Puente Campuzano, se ubica el Pozo Meléndez, conocido también como la Boca del Diablo, que tiene una profundidad de 160 metros y era utilizado por grupos de la delincuencia organizada como tiradero de cuerpos y fue clausurado en los años noventas, sin embargo el Colectivo de los Otros Desaparecidos de Iguala, realizaron tres diligencias fallidas en diferentes fechas desde 2017.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, del primero de enero de 1962 al 20 de agosto del 2023, incluye a 4 mil 137 personas desaparecidas en el Estado de Guerrero, y a nivel nacional se han reportado 292 mil 150 víctimas de dicho delito. (Redacción / Chilpancingo).
No les quiere paga el gobierno el salario del Servidor desaparecido, denuncian familiares
Familiares de Miguel Huerta Torres piden a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas que deje de dar respuestas “tan inhumanas y sin sustento” para no reconocerlo como víctima. Reprochan a la Fiscalía del estado que no les informe los avances de las investigaciones
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
Familiares del Servidor de la Nación Miguel Huerta Torres, privado de la libertad el pasado 28 de febrero en Temaxcalapa, Taxco, reprocharon que no cuentan con el apoyo del gobierno del estado ni de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, ni les dan avances de las investigaciones que realizan para localizarlo.
Además la Secretaría del Bienestar donde trabaja Miguel Huerta, no les quiere pagar los salarios del empleado a pesar de que ya hay una orden de un juez.
Un familiar informó, a condición de que no se revelara su nombre, que este lunes se cumplieron 6 meses de que un comando se llevó al Servidor de una reunión en la comisaría de Temaxcalapa, y la Fiscalía General del Estado no tiene avances.
Expuso que las autoridades no han comunicado nada relevante y por eso han estado buscando una reunión con la gobernadora, de quien dijo que está enterada desde los primeros días del secuestro.
Además de que les niega la audiencia, el gobierno del estado tampoco da acompañamiento o algún otro tipo de apoyo a la familia, denunció.
El olvido institucional lo sufren también de la Secretaría del Bienestar, ya que no han pagado los salarios de Miguel Huerta a pesar de que ya hay una orden judicial, dijo la fuente.
A su vez, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas no los quiere reconocer como víctimas así que no les da el apoyo económico que les corresponde por ley, a sabiendas de que el trabajador del gobierno federal dejó a dos hijos menores de edad que dependían de él, informó.
“Todos nos dejaron solos, parece que ya nadie quiere que se toque el tema, por eso le pedimos a la gobernadora Evelyn que no ponga excusas, que nos atienda, ya son 6 meses y es la fecha que no nos ha recibido”, clamó.
Demandó a la Comisión de Víctimas que deje de dar respuestas “tan inhumanas y sin sustento” para no reconocerlos.
Y a la Secretaría del Bienestar que acate la orden que dio un juez del pago de los salarios.
Consideró que “sólo porque es hombre quieren hacer menos su caso buscando una justificación de su desaparición, como si no fuera importante. Él nunca hizo nada malo, ni se metía con nadie, y todos los que lo conocen, sobre todo los de la localidad donde vivía y fue privado de su libertad también lo saben”.
El día de la desaparición de Miguel Huerta los hombres armados también se llevaron a Lucía Lagunas Álvarez y a su hijo Edgar Moreno Lagunas, quienes fueron liberados la noche de ese 28 de febrero.
Denuncian familiares la desaparición de un adulto de 85 años cerca del Ocotito
Familiares del señor Reynol Magaña Dionicio, de 85 años de edad, denunciaron ayer en conferencia de prensa su desaparición el pasado 16 de agosto entre las comunidades de Ocotito y Zoyatepec, municipio de Chilpancingo y pidieron la solidaridad de la sociedad para su localización.
Reyna Magaña Martínez, hija del desaparecido informó que el 16 de agosto su papá salió de las albercas Panorámica, ubicadas entre dichas comunidades, en donde estaba al cuidado de otro de sus hijos y desde entonces perdieron contacto con él.
Reconoció que su padre padece del alzheimer, pero que nunca se les había perdido
Informó que sus familiares han realizado búsquedas en caminos y poblados vecinos, pero hasta ayer no habían tenido éxito.
Reyna Magaña informó que la semana pasada vecinos de los poblados de Buenavista y de Rincón de la Vía, que se encuentran en el Valle del Ocotito les aseguraron que lo vieron, en el caso de Rincón de la Vía apenas el sábado pasado.
Derivado de ello pidieron a la solidaridad de la sociedad para que si lo llegan a localizar llamen a los teléfonos 7551363207 y 7551421211. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo)
Maestros de la primaria Ignacio Zaragoza del turno vespertino, de la comunidad El Ocotito, se quejaron de que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Secretaría de Protección Civil no han atendido los daños en siete salones de clase ocasionados por el sismo del 19 de septiembre pasado.
Consultada en la escuela, la directora Reyna García Flores recordó que a causa del sismo la escuela resultó con daños en dos salones, en los que se cayeron los techos de madera, y otras cinco aulas tienen grietas en su infraestructura.
Comentó que en octubre les notificaron del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) y Protección Civil que recibirían un apoyo económico para reparar los daños, pero a la fecha no lo han tenido, a pesar de que cuentan con el diagnóstico.
Explicó que la escuela tiene turno matutino y vespertino. En la mañana, la primaria se llama José María Morelos y por la tarde Ignacio Zaragoza. El gobierno federal asignó en cada institución la cantidad de 250 mil pesos y sólo han recibido 75 mil pesos.
“Los maestros y padres de familia estamos preocupados porque no nos han entregado el dinero que se comprometieron las autoridades, para reparar la escuela y mejorar nuestro servicio escolar”, declaró.
Comentó que el cuarto año y el primer año toman clases en cuatro carpas provisionales, instaladas en la cancha de basquetbol, y agregó que en la mañana acuden 400 niños y en la tarde asisten 190 estudiantes.
Exigió a la SEG, el gobierno estatal y federal que intervengan para reparar los daños de las aulas.
En cinco pueblos del valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, se suspendieron las clases de todos los niveles educativos debido a violencia del lunes en la comunidad de Rincón de la Vía, Buenavista de la Salud y El Ocotito, informaron policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
En un recorrido en El Ocotito se observó que el Colegio de Bachilleres 17, la secundaria técnica 11 Justo Sierra, la primaria federal José María Morelos y Pavón, la primaria Sidar y Rovirosa estaban vacías y sus puertas cerradas con candado.
En la carretera federal México-Acapulco en el camino que va de Chilpancingo a El Ocotito no se observó vigilancia policiaca de ninguno de los tres niveles de gobierno, ni en las comunidades de Buena Vista de la Salud y Rincón de la Vía, sólo había policías de la UPOEG que patrullaban el lugar y acudieron al lugar en donde ocurrió la emboscada contra esa organización.
Las comunidades de Buena Vista de la Salud y Rincón de la Vía están a unos 40 y 35 minutos de Chilpancingo, en esa zona opera la Policía Ciudadana de la UPOEG.
Un policía de la UPOEG consultado en el lugar dijo que las autoridades municipales del valle decidieron desde la noche del domingo la suspensión de clases en las comunidades de Mohoneras, El Ocotito, Buena Vista de la Salud, Cajelitos y Rincón de la Vía debido a los ataques, para proteger la integridad física de los estudiantes y maestros.
“Esta acción de precaución no es la única vez que pasa en esta zona, por estos hechos de violencia, pero las autoridades decidieron determinar esta acción para proteger la integridad física de los niños y maestros en caso de que ocurra otro incidente, es mejor prevenir que lamentar”, declaró.
Dijo que después de ocurrir los hechos de violencia cerca de la comunidad del Rincón de la Vía la noche del lunes llegaron militares y policías estatales sólo a resguardar la zona donde ocurrió la emboscada, se retiraron y no realizaron ningún operativo de seguridad para brindar seguridad a los vecinos del Valle del Ocotito.
Exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores, el fiscal Javier Olea Peláez, y la secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes intervengan el problema por los hechos de violencia que ocurren en esta zona y haya más vigilancia para mejora las condiciones de vida de la población.
Agregó que desconocen si las autoridades municipales reanudarán las clases hoy en los cinco pueblos del Valle del Ocotito.
El 27 de noviembre pasado, luego del enfrentamiento entre sicarios y policías estatales que dejó un civil muerto y dos agentes heridos en Buenavista de la Salud, en las comunidades de Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Rincón de la Vía y Cajelitos suspendieron labores en las escuelas de todos los niveles educativos, para proteger la integridad física de los estudiantes y maestros.
La vecina de El Ocotito, Aída Navarrete Blanco denunció que desde el sábado no sabe de su hijo Brian Willy Rayón de 19 años, originario de Estados Unidos, luego de que fue detenido por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Palo Blanco, municipio de Chilpancingo.
Consultado al respecto el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que primero se tiene que investigar el hecho, “si es así haremos lo que nos corresponda para que regrese a la normalidad la persona a la que usted hace referencia”.
“También es muy importante decirles que el operativo (de seguridad) no solamente es para esta zona sino también de aquí hasta Acapulco, incluido Coyuca y obviamente también en todo lo que es la carretera tanta autopista como las carreteras federales, hay un operativo muy importante que traté también en mi encuentro con el presidente de la República antier por la noche”, mencionó ayer en la tarde en Zihuatanejo, al término de la colocación de la primera piedra de lo que será el edificio del Centro Regional de Rehabilitación Integral y que estará ubicado en la carretera escénica La Majahua.
Además, ayer en conferencia de prensa Navarrete Blanco dijo que la detención arbitraria de su hijo pudiera estar relacionada con el asesinato de su esposo Marcelino Anota López, que ocurrió hace seis meses, “mi esposo era policía de la organización (UPOEG) fue asesinado por sus propios compañeros”.
Informó que su esposo fue levantado en la base comunitaria de Mohoneras el 30 de mayo, y su cuerpo apareció al otro día cerca de la comunidad de Dos Caminos, “pudiera ser que la detención de mi hijo es por la muerte de mi marido, porque hace seis meses lo mato la UPOEG”.
Señaló al comandante de la UPOEG del poblado de Palo Blanco, Benito, de ser quien ordenó detener a su hijo, y después acudió a la base de la policía ciudadana de esta comunidad y de Buenavista de la Salud para pedir información de su familiar, pero le negaron ayuda.
Dijo que su hijo llegó a su casa en El Ocotito el 11 de diciembre desde Santa Ana, California, Estados Unidos, y el sábado se trasladaba a la comunidad de Petaquillas, donde vive, “pero en Palo Blanco lo bajaron del taxi y a la fecha no se sabe nada de él”.
Dijo que Willy Rayón cuando fue desaparecido llevaba dos teléfonos celulares, 2 mil pesos en efectivo y 8 mil dólares.
Informó que en Santa Ana, California, se dedica a la construcción.
Informó que no ha regresado a El Ocotito por temor a ser amenazada por los policías de la UPOEG, “tenía un hijo pequeño, tuve que sacarlo del pueblo por miedo y temor en caso de que puedan llevárselo”.
“Quiero que me entreguen a mi hijo, ¿qué si en verdad ellos son policías que cuidan el pueblo?, que no lo creo, mi hijo no tiene ninguna culpa, mi hijo acaba de llegar, yo quiero a mi hijo, las personas que lo agarraron pienso que son padres, siente el dolor porque para uno de madre es un dolor desesperante no saber nada de mi hijo”, declaró.
Navarrete Blanco comentó que le notificó a la embajada de Estados Unidos que se comunicara con la Fiscalía General del Estado y la Agencia del Ministerio Público para dar con el paradero de su hijo.
Exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores, a la Fiscalía y al presidente municipal de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas, que intervengan para que liberen a su hijo Willy Rayón quien es ciudadano estadunidense.
El lunes la madre del joven informó a El Sur que la detención ocurrió el sábado cuando el joven iba de El Ocotito a la capital, según pasajeros que iban en un taxi colectivo con la víctima.
Una mujer de 30 años falleció la mañana de ayer en el hospital general Raymundo Abarca Alarcón de la capital luego de ser agredida con un picahielo presuntamente por su esposo en la comunidad de El Ocotito, municipio de Chilpancingo.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que la víctima se llamaba Victoria y fue ingresada al hospital a las 8:15 de la mañana del domingo para su atención médica, después de las 6:30 de la mañana de ayer se reportó que falleció a consecuencia de las heridas que tenia en el abdomen.
La Policía Ministerial informó que la víctima fue atacada presuntamente por su marido que fue identificado como Silvano quien huyó del lugar.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para la necropsia de ley para después ser entregado a sus familiares. (Luis Blancas / Chilpancingo).
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, informó que se reunió con el comandante del 50 Batallón de Infantería, coronel Salvador Cordourier Solórzano, a quien le pidió que haya la presencia permanente de los miliares en Ciudad Universitaria Sur y Norte, porque le han informado que “hay mucha gente extraña que está vigilando desde afuera”.
En declaraciones para El Sur, Saldaña Almazán habló sobre lo que trató en la reunión con el mando militar y dijo que le preocupa mucho lo que le informan que pasa en las escuelas, la seguridad en Ciudad Universitaria Sur y Norte en Chilpancingo, “porque se ha dado el caso de que hay mucha gente extraña que está vigilando las escuelas. Que se introduce a las instalaciones sin las acreditaciones correspondiente” y que por eso se reunió con Cordourier Solórzano.
Indicó que para prever algún incidente que exponga, ponga en riesgo la vida o seguridad de los universitarios, pidió que haya presencia permanente de los militares en Ciudad Universitaria.
Insistió en que hay gente que se aposta en la entrada y salida de las escuelas de la universidad, así como de otros subsistemas, por lo que “hay que prevenir y cuando me comentan esa situación yo voy con los militares, que es la institución a la que más confianza le tenemos, pues nos ha ayudado mucho, como en el caso de Acapulco”.
El rector comentó que otro tema que trataron es el caso del estudiante de Ciencias de la Comunicación, quien murió en el fuego cruzado del enfrentamiento entre las policias comunitarias en El Ocotito. Dijo que lamentaba mucho la muerte del estudiante universitario por la “imprudencia, por la falta de raciocinio de quienes hayan terminado con su vida”.
El rector señaló que no se puede seguir permitiendo que gente inocente pase por estos casos, que la situación preocupa a los universitarios y señaló que el estudiante era un joven bien visto, que trabajaba, “un joven decente al que le decíamos El Ocotito, y pedimos que ojalá se tomen las medidas correspondientes para que no vuelvan a suceder estos problemas”.
Acerca de lo que le ha dicho la Fiscalía sobre el caso, el rector nada más informó que le dijeron que fue una equivocación, de acuerdo con las personas que vieron la escena, que el estudiante iba a dejar a una persona a la comunidad de Las Mojoneras, que en ese momento estaba el fuego cruzado entre los miembros de esas dos organizaciones, que el compromiso es que harán todo lo necesario para que den con los responsables y “ojalá le den su castigo merecido, porque no se vale que a un joven le quiten la vida de esa manera. Que si tienen diferencias las dialoguen y se pongan de acuerdo, no creo que las balas sean el camino para resolver los problemas”.
Saldaña Almazán agregó que otro tema que tocaron fue el cómo ayuda la universidad para terminar con el problema social que se tiene, pues “todos tenemos que poner de nuestra parte, no solamente estar criticando y quejándonos”. Que hay dos líneas a seguir, que es el combate al delito y la reconstrucción del tejido social.
Que como universidad también van ayudar al Ejército para hacer actividades comunitarias, para que la gente no se sienta olvidada, que se sienta atendida.
El gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que en los bloqueos de carreteras y caminos, así como en la quema de vehículos que afectaron durante dos días a varios municipios de Tierra Caliente, participaron no solamente miembros de La Familia Michoacana sino también Los Tequileros, a quienes identificó como “las dos partes”, y que también intervinieron delincuentes “de otro estado”.
En declaraciones en Acapulco, el gobernador sostuvo que las operaciones de seguridad desplegadas van a “sacudir” Tierra Caliente y que las fuerzas de seguridad pública van contra Los Tequileros y La Familia Michoacana. “No hay favoritismo ni protección para nadie”, subrayó el gobernador ante señalamientos del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan de que la banda de El Tequilero cuenta con el apoyo del Ejército y de la policía estatal.
El gobernador ofreció a las 11 de la mañana una conferencia de prensa en Casa Guerrero, acompañado por el comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle; el comisionado de la Policía Federal, David Portillo Menchaca; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Pedro Almazán Cervantes; el fiscal general del estado Javier Olea Peláez; el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y el vocero en materia de seguridad Roberto Álvarez Heredia.
Astudillo aseguró que el gobierno del estado “con todo el apoyo de la federación, ha hecho frente a la delincuencia que ha venido operando en esta región y que ha venido causando un problema muy serio”, dijo con respecto a los hechos de violencia en Tierra Caliente.
“Es importante subrayarles que los acontecimientos que se dieron el día de ayer (el sábado), son acontecimientos especialmente complicados y delicados por la cantidad de vehículos quemados”, dijo y agregó que “la participación de la delincuencia organizada no fue de una parte, fueron de las dos partes. Fue como una competencia de a ver quién generaba conflictos para echarse las culpas”, explicó.
Dijo que recibieron información de que “parte importante de la delincuencia de otro estado también vino a incursionar el día de ayer, para ayudar a los de la Tierra Caliente y en todas las complicaciones que generaron en la carretera”, pero no precisó qué grupo criminal recibió el apoyo de otro estado aunque La Familia Michoacana tiene miembros precisamente en ese estado y sobre todo en el de Estado de México donde se ha reportado su presencia en los municipios vecinos de Tlatlaya y Tejupilco.
Después aseguró que a esa hora, 11 de la mañana, ya había paso vehicular “absoluto” en la carretera de Iguala a Ciudad Altamirano, “no hay en sí un bloqueo que impida el tránsito de vehículos, salvo los que están atravesados, y que se tienen que retirar.”, destacó.
Luego, el vocero reiteró que fueron retirados en total 14 bloqueos y 144 vehículos que fueron utilizados por la delincuencia para impedir el paso, y que hubo un detenido.
Detalló que según las primeras investigaciones, la Fiscalía General del Estado concluyó que los vehículos fueron incendiados directamente por los delincuentes y que igualmente se estableció que en las acciones violentas participaron integrantes “del grupo delictivo La Familia Michoacana y de Los Tequileros”.
Precisó que la delincuencia incendió ocho autobuses, 14 camionetas de 3.5 toneladas, un tráiler, cuatro torton, una grúa y un vehículo particular; además de que se encontraron abandonados tres autobuses, 46 vehículos de pasajeros tipo Urvan, 38 taxis, cinco tráilers, 18 camionetas cerradas, dos camiones y tres vehículos de volteo, también utilizados para los bloqueos.
Dijo que los vehículos usados durante los bloqueos fueron retirados por grúas y están siendo trasladados a los corralones, donde quedaron a disposición de quienes acrediten su legítima propiedad.
Pero acusó a concesionarios del servicio de grúas en la región que se han negaron a prestar el servicio y “de igual forma, algunas concesionarias de estaciones de gasolina negaron la venta de combustible a las fuerzas del orden”.
“No hay favoritismo ni protección para nadie”
En Acapulco, después de dar el banderazo de arranque a los trabajos de desazolve del río de La Sabana, Astudillo sostuvo que no habrá favoritismo en las operaciones de seguridad que llevan a cabo el Ejército y la policía estatal en San Miguel Totolapan.
A pregunta sobre si las operaciones de seguridad desplegadas en la cabecera se extenderían al poblado de La Gavia, donde presuntamente se esconde el líder de Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte, el gobernador dijo que van a entrar en todos lados porque buscan “sacudir” Tierra Caliente.
“Vamos por la delincuencia organizada, llámense como se llame. Se va a entrar donde se tenga que entrar, los objetivos son el que tu mencionas (El Tequilero) y también los otros (Familia Michoacana), lo que hay que sacudir este mal a la Tierra Caliente”.
El gobernador pidió a los reporteros que en su declaración se citara que las acciones de seguridad emprendidas en San Miguel Totolapan son contra los dos grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona. “Por favor, citen a los dos, porque luego nada mas citan a uno”.
Astudillo Flores agregó que fue “muy lamentable, muy preocupante” y “muy delicado” lo que encontraron en San Miguel Totolapan, pues los delincuentes reciben “apoyos de grupos organizados”.
Recordó que la intervención de las fuerzas federales y estatales fue para “proteger a la sociedad”, no para enfrentarse a ella y convocó a los ciudadanos a volver a la actividad normal.
El gobernador dijo que “no fue un asunto sencillo” retomar el control en San Miguel Totolapan, por la cantidad de bloqueos que se instalaron en los que participaron los transportistas. “Esto es algo muy lamentable, la participación, muchos de ellos entendemos, por presión y por temor a la delincuencia organizada”.
Astudillo Flores informó que la Fiscalía General del Estado ya abrió carpetas de investigación contra quienes se negaron a colaborar con las fuerzas de seguridad pública durante su incursión en San Miguel Totolapan, como las gasolineras y servicios de grúas. “Se están haciendo las carpetas de investigación para realizar las investigaciones correspondientes y aplicar responsabilidades”.
El coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo respondió al gobernador Héctor Astudillo Flores que debe de asumir su responsabilidad, que como mandatario él no es un espectador que puede sólo sentarse a ver cómo se pierden vidas.
Consultado por teléfono, Alanís Trujillo quien tuvo que salir de Guerrero tras ser amenazado por el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez de que sería detenido, expuso, “yo creo que más que quedar en medio de pleitos, el gobernador debe asumir su responsabilidad, como gobernador principalmente, él es responsable de mantener a un estado en orden, como él lo dice”.
Este viernes El Sur publicó que el corredor de Xaltianguis, municipio de Acapulco a Petaquillas, municipio de Chilpancingo, se utiliza para el trasiego de droga de la sierra por los grupos criminales Los Ardillos y Cártel del Sur, de los que el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio forma parte, y tienen acuerdos con el gobernador, según la denuncia del coordinador del FUSDEG.
“El gobernador lo que tiene que tener es mucho cuidado de no quedar en medio de estos pleitos que se dan entre grupos que están armados y que están fuera de la ley. El gobernador siempre lo que le corresponda para hacer que la mayoría pueda estar en condiciones de estar libre y evitar los menos conflictos posibles, el gobernador siempre lo que ha hecho es tratar de evitar conflictos y por supuesto cuidar no quedar en medio de estos pleitos que se han convertido casi en personales entre grupos armados que están fuera de la ley”, dijo el viernes Astudillo en respuesta.
Ayer, Salvador Alanís advirtió, “la delincuencia sigue avanzando y sigue sometiendo a pueblos, yo creo que debe de fajarse los pantalones y cumplir los acuerdos” que hizo con el FUSDEG, de desarmar a la UPOEG.
Reprochó que lo haya engañado, que si no quería intervenir en el conflicto debió evitar meterse desde el principio, “y ya veíamos nosotros como arreglar el conflicto, es cierto que la UPOEG desde San Juan del Reparo abrió la puerta a una situación de violencia”.
“Este no es un conflicto personal como él lo suaviza, más bien un conflicto entre la delincuencia y un grupo de la policía comunitaria que nació del pueblo”, precisó.
“Hay muchas familias que viven exiliadas, que están fuera de sus pueblos, y ahora sí, él no quiere quedar en medio, esto demuestra sólo la falta de ética del gobernador”, señaló.
Le ofrecieron 5 millones de pesos a cambio de irrumpir en Corral de Piedra, asegura
El coordinador del FUSDEG informó que el interés de los narcotraficantes era tan alto que el líder del grupo criminal Los Rojos, Ángel Villalobos Arellano, El señor de la A, le ofreció 5 millones de pesos a cambio de que la Policía Comunitaria del FUSDEG entrara a la comunidad Corral de Piedra.
“El FUSDEG no se creó para eso, y ese fue un problema que a la larga nos afectó por que quedamos como un movimiento pobre, porque no teníamos el recurso económico para poder comprar armamento más pesado como el que trae la UPOEG sierra”, expuso.
Mencionó que esta organización encabezada por Bruno Plácido llegó a El Ocotito con 400 hombres armados con cuernos de chivo y granadas.
“Entonces el interés económico es muy grande y no solo le interesa al estado, sino a la federación y por eso le echa la bolita al estado y la cosa es que no va a terminar esto, porque el interés económico es más grande que la verdadera responsabilidad de los gobernantes de querer solucionar esto”, consideró.
Agregó que los grupos delictivos apadrinan campañas políticas, y a cambio a los grupos del crimen organizado los dejan mover sus mercancías en el territorio.
Sin dar detalles el gobierno del estado dio a conocer que se cumplió con la cuarta reunión entre representantes de las organizaciones Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) para solucionar la confrontación surgida desde hace un mes entre ambas organizaciones.
Este viernes se hizo en Casa Guerrero la cuarta reunión privada entre las dos organizaciones y por segunda vez participó el gobernador, Héctor Astudillo Flores, acompañado por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la misma dependencia, David Augusto Sotelo Rosas.
Una hora después de la hora acordada fueron recibidos en la puerta tres de Casa Guerrero los representantes de cada organización, en esta ocasión no asistió el líder de la UPOEG, Bruno Plácido.
En la tercera reunión se acordó por parte del gobierno del estado y de las dos organizaciones que no se darían declaraciones a los medios de comunicación, y sólo sería por medio de Comunicación Social del gobierno del estado.
En un boletín de prensa de seis párrafos se explicó que “se revisaron avances de los acuerdos relativos a la seguridad de esas comunidades donde ambos grupos cuentan con injerencia y acerca de los avances para la localización de personas reportadas como desaparecidas en últimas fechas”.
Las autoridades del estado tampoco informaron como van las investigaciones de los dos integrantes de FUSDEG que ya cumplieron más de 15 días de desaparecidos.
En el comunicado se informó que el gobernador Héctor Astudillo manifestó a los dos grupos su interés por continuar el diálogo con un ambiente de armonía en las comunidades de Tierra Colorada municipio de Juan R Escudero y Ocotito, municipio de Chilpancingo.
En el mismo encuentro se recordó que el compromiso por llegar a acuerdos que logren el regreso de la paz a sus comunidades, mientras que la Policía Estatal apoya reforzando con al menos cinco retenes de seguridad en el municipio de Juan R Escudero.
En la segunda reunión hecha el 28 de noviembre se anunció extender su tregua hasta el 15 de enero, la integración de una comisión paritaria para arreglar el conflicto y la búsqueda de dos desaparecidos.
El FUSDEG y la UPOEG se disputan desde octubre el corredor de Chilpancingo a Acapulco en Petaquillas, El Ocotito, Tierra Colorada y Xaltianguis, lo que ha provocado movilizaciones y enfrentamientos armados.
