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Hay acuerdos con el gobierno estatal para resolver el conflicto con la UPOEG, dice el FUSDEG

El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) confirmó que tiene acuerdos con el gobierno del estado para resolver el conflicto de inseguridad en el municipio, pero se reservó a hacer una declaración formal mientras las autoridades concretan la parte que les corresponde.
De manera extraoficial, una fuente aclaró que el FUSDEG no está “disperso” como lo señaló el alcalde de Chilpancingo, Marco Leyva Mena. Precisó que se replegaron para proteger la vida, objetivo que dio origen a la organización.
Por separado, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio informó que en los pueblos de Chilpancingo donde tiene presencia esta organización están haciendo asambleas para definir el perfil de la seguridad que necesitan las comunidades rurales, sin suplantar a la autoridad municipal.
Las organizaciones que tienen policías ciudadanas y comunitarias en el corredor Tierra Colorada-Chilpancingo fueron consultadas a propósito de la declaración del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de que en unos días habrá un acuerdo para que la UPOEG y el FUSDEG actúen conforme a la Ley 701 en sus territorios, luego de los hechos violentos que protagonizaron en Tlayolapa, municipio de Juan R Escudero.
En breves declaraciones telefónicas, un representante del FUSDEG informó que dieron un periodo al gobierno del estado para que haga lo que le toca en la solución del conflicto de las organizaciones que brindan seguridad en Chilpancingo. Después, la estructura dará a conocer su posición sobre la propuesta de regularización de las funciones de seguridad.
Precisaron que no tienen diálogo con el gobierno municipal, porque en los primeros acercamientos el alcalde no respetó los acuerdos para que en asamblea de los pueblos se nombraran a los nuevos integrantes y coordinadores de la Policía Comunitaria. Sólo se coordinó con la UPOEG.
Mientras Plácido Valerio informó que se hacen asambleas en los pueblos de Chilpancingo, donde tiene presencia la UPOEG para que la población tome sus decisiones “para que no sean sometidos”, en alusión al FUSDEG.
Aseguró que fuera de partidos y religiones, los pueblos se están reuniendo para discutir la ruta, mecanismos y perfil del Sistema de Seguridad como tema prioritario, y la UPOEG participa como facilitador de la consulta en el Valle de Ocotito, brindando información para constituir una asamblea y un consejo de autoridades comunitarias, que dé formalidad y legalidad a los grupos armados ante la inseguridad. Recordó que el Artículo 115 de la Constitución Política reconoce a los comisarios y comisariados de cada ejido como una estructura legal.
Del diálogo con el alcalde, indicó que Mena Leyva se comprometió a llevar este planteamiento al Cabildo, para regularizar el esquema de seguridad, para que no sea un planteamiento unilateral.
Aclaró también que aún no se establece ningún nombre para la organización de seguridad de los pueblos, si se somete a la Policía Rural o queda como Policía Ciudadana, porque los pueblos siguen analizando las posibilidades y los ayuntamientos tienen que revisar su economía para ver si pueden pagar la nómina de una Policía Rural.
Subrayó que la UPOEG respeta a las autoridades comunitarias y municipales, no está usurpando a las representaciones locales, y mantienen el diálogo como instrumento permanente de conciliación. Confió en que las comunidades organizadas van a encontrar la salida al conflicto municipal.

Van dos muertos de la UPOEG y 26 del FUSDEG tras casi 19 meses de enfrentamientos

El 23 de enero de 2014, la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) entró al valle de El Ocotito con la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia del Estado de Guerrero y, en menos de año una escisión conformó el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que aglutinó comunidades que pertenecían al movimiento que encabeza el dirigente indígena Bruno Plácido Valerio.
Pese a la tensión de la división, agravada por la confrontación política del año electoral (2015) y a las acusaciones mutuas de dar apoyo a grupos delictivos, la UPOEG mantuvo su presencia en algunas localidades del valle, de donde extendió su influencia a la Sierra.
El primer hecho violento conocido entre las organizaciones extendidas en comunidades rurales de Chilpancingo y Acapulco, ocurrió el 30 de marzo de 2015, en el crucero de San Juan el Reparo, de la carretera nacional Tierra Colorada-Cruz Grande, en el municipio de Juan R. Escudero.
Esa noche se reportaron siete muertos del FUSDEG y dos de la UPOEG, además de dos heridos graves, uno de cada grupo. Los primeros denunciaron que fueron emboscados, lo segundos que repelieron una agresión. Un policía herido del FUSDEG murió a 10 días del ataque, y de cinco integrantes del FUSDEG extraviados en los ataques, dos fueron encontrados degollados el 1 de abril en Chacalapa, San Marcos.
Poco después, el 8 de abril, el policía comunitario del FUSDEG, Raúl Jiménez Salgado, sobreviviente de los hechos, fue asesinado en su domicilio, en el poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco.
A poco más de un año, el 18 de abril de 2016, fue asesinado el ex comisario y ex presidente del comisariado de los Bienes Comunales de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, Edilberto Santiago Díaz, era hermano del primer coordinador del FUSDEG en Tierra Colorada, Romualdo Santiago Díaz. Los hijos de la víctima responsabilizaron a policías de la UPOEG.
Asimismo, denunciaron el asesinato de la coordinadora del FUSDEG, Nelva Edilia Sánchez López, el 26 de julio de 2015, cuando cruzaba la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en San Marcos, crimen perpetrado por policías ciudadanos de la organización opositora.
En este escenario enrarecido, también se enfrentaron dos grupos de policías comunitarios del propio FUSDEG en Xolapa, municipio de Acapulco. El 7 de junio de 2015, fueron muertas 16 personas a balazos: 13 de la fracción de Acapulco, encabezados por Policarpo Ramírez quien murió en la balacera y tres del FUSDEG del Valle de El Ocotito, regente en el movimiento de seguridad comunitaria del FUSDEG.
En estos hechos tiene antecedente el conflicto del cambio de comisarios municipales en Chilpancingo, donde dos grupos del mismo FUSDEG en Petaquillas se disputaron el control del sistema de seguridad comunitaria.

 

 

El FUSDEG todavía hostiga a sus simpatizantes denuncia el comisario de Petaquillas, en la capital

El comisario de la comunidad de Petaquillas en Chilpancingo, Mario Flores Castrejón aseguró que el secretario de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinosa Montoya favorece al Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), porque no acudió cuando denunció que policías comunitarios “amedrentan” a los vecinos afines a él.
Expuso que además el lunes siete camionetas con hombres armados del FUSDEG de El Ocotito recorrieron las calles de Petaquillas para ubicar los domicilios de sus simpatizantes, y el miércoles llegaron comunitarios de Tierra Colorada y El Ocotito para “intimidar” y sacar de sus hogares a tres pobladores, “y por eso dimos el aviso al secretario quien  avisó que acudiría con dos patrullas pero no llegó… y no es la primera vez que sucede”.
Vía telefónica el comisario lamentó que se atente contra la estabilidad de Petaquillas a una semana del enfrentamiento a balazos y golpes que dejó seis heridos y siete retenidos de ambos grupos (del FUSDEG y del comisario), que están en pugna en el poblado.
Reiteró que el miércoles  acudieron  policías comunitarios en tres camionetas, “para ingresar a tres hogares y amedrentar a nuestra gente, les advirtieron que se fueran del pueblo cuanto antes”.
Ante el hostigamiento aseguró que junto a otros pobladores se comunicaron por teléfono con Esteban Espinosa para advertir de lo ocurrido en Petaquillas,  “(él) nos dijo que vendría a mi casa y no vino, también que mandaría patrullas y no mandó nada, son varias veces que hablamos con él y nunca viene”.
Denunció que tampoco ingresó al poblado para conciliar el conflicto en el enfrentamiento del sábado pasado, pese a que estaba tomada la comisaría y que ambos grupos estaban armados, “dijo que estaba peligroso por la balacera, y no se movió del acceso al pueblo”.
Por ello, Flores Castrejón aseguró que es “evidente” la postura de Espinosa Montoya para favorecer al grupo opositor del FUSDEG, “porque incluso se presenta a sus asambleas”.
Sobre la postura del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza quien exhortó a los pobladores simpatizantes para presentar pruebas verídicas contra el párroco Antonio Salgado Bravo de la iglesia de San Agustín, Petaquillas, a quien acusan de favorecer económicamente al grupo del FUSDEG, acompañarlos en sus asambleas y guardar sus armas en la iglesia, Flores Castrejón reiteró que enviaron un oficio a la Curía Diocesana, “que recibió la secretaria y nunca nos dio respuesta”.
Abundó que en los próximos días acudirá nuevamente un grupo de pobladores para exigir respuesta del oficio enviado al obispo Rangel Mendoza, “porque ni siquiera puedo ingresar a la Comisaría, sigo  amenazado”.

Confirma el FUSDEG que el 14 de agosto habrá elecciones para policías comunitarios en El Ocotito

El coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo informó que como parte del acuerdo que se tomó con el Ayuntamiento y la comisaría de El Ocotito, este 14 de agosto habrá elecciones en las 12 colonias del poblado para seleccionar los policías comunitarios de la organización y consejeros, mientras la seguridad de la localidad está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal y de la Policía Estatal.
El Instituto Nacional Electoral (INE) les entregará papeletas a cada vecino para que elijan y después las coloquen en urnas.
Consultado vía telefónica, Alanís Trujillo mencionó que están en una tregua con el grupo que apoya al comisario Audifret Benítez Visoso, mientras se eligen a los nuevos integrantes de la Policía Comunitaria del FUSDEG.
Detalló que los 30 policías que tiene el comisario permanecen en la comisaría mientras que los 168 de ellos están en su base cuidando la comandancia y no cumplen con los puntos de control, tampoco atienden las quejas de los pobladores pues la seguridad quedó a cargo de las policías municipal y estatal.
Contó que este miércoles tuvieron otra reunión con el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena y con el comisario Audifred Benítez, para definir las bases para las elecciones donde se definirá quiénes y cuántos policías comunitarios y consejeros habrá en El Ocotito.
Dijo que tienen que ser elegidos en asambleas de cada colonia o proponerse voluntariamente.
Cada uno tiene que identificarse con su credencial de elector y si no el presidente de la colonia y una representación de habitantes de la colonia ratificarán que vive ahí.
Precisó que ningún vecino de una colonia puede ir a votar a otra.
Cada policía y consejero debe de obtener un mínimo del 75 por ciento de aceptación de los vecinos para ser aprobado.
El 27 de julio en una conferencia de prensa, comisarios del valle de El Ocotito informaron que desaparecería la figura de coordinador del FUSDEG y que tomarían el control ellos y los comandantes del pueblo.
Al respecto Salvador Alanís dijo que ese anuncio no se va respetar, pues fue un acuerdo de la reunión que sostuvieron.
“No se va a respetar porque no está cumpliendo con el reglamento del FUSDEG, lamentablemente estos comisarios que firman el documento, el cual ni siquiera conocen el reglamento del FUSDEG, no conocen que no es el procedimiento adecuado de como se puede desconocer a un coordinador de seguridad municipal, porque un coordinador no nada más coordina el pueblo, si no todo el municipio. El FUSDEG cuando se forma trae un reglamento”, explicó.
Agregó que primero se van a elegir a los policías comunitarios y los consejeros, después la conformación de la estructura con los comandantes de pueblo, comandantes municipales, posteriormente se hará una asamblea donde se cambien a los coordinadores.
Abundó que incluso los coordinadores ya tuvieron que haberse cambiado, pues dijo que ese cargo es de dos años, a tres años máximo, que en su caso ya lleva dos.

Pacta una tregua el grupo del FUSDEG y el del comisario del Ocotito, informa el Ayuntamiento de Chilpancingo


El Ayuntamiento de Chilpancingo en un boletín de prensa informó que el comisariado y representantes del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) del Ocotito, con la intervención de funcionarios municipales y del gobierno del estado, pactaron una tregua de 15 días luego de la disputa que mantienen por el control de la seguridad en la comunidad.
Los policías comunitarios de ambos grupos se concentrarán, uno en la base del FUSDEG y el otro en la comisaría municipal, y ninguno podrá hacer actividades de vigilancia, ni estar armados, se detalló el comunicado.
Antes de que se hiciera la rotación del comisario en la comunidad, se observó la división entre el FUSDEG y el grupo que encabeza el comisario, pues cada uno mostró sus policías comunitarios.
El miércoles en conferencia de prensa, 12 comisarios del Valle del Ocotito, entre ellos Audifred Benítez Visoso, dieron a conocer que desaparecía la figura del coordinador del FUSDEG, y quien tomaría el control serían los comisarios, motivo que desató una confrontación entre ambos grupos.
En el boletín el Ayuntamiento capitalino informó que firmaron una minuta de acuerdos con ambas partes.
En la reunión además del presidente de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, estuvo el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado del Moral, para llegar a un acuerdo y de lugar al desarrollo de la depuración de consejeros y policías comunitarios de Ocotito, se informó en el documento.
En el escrito se dio a conocer que las partes “se comprometieron a respetar la tregua de 15 días, la cual inicia a partir del próximo jueves a las 3 de la tarde, durante la llegada de los elementos de seguridad, esto durante los trabajos que se desplegarán en campo, así como en el gabinete, para elaborar el proyecto y las bases que conlleven a una adecuada depuración de los consejeros y policías comunitaria. Donde las actividades de vigilancia y seguridad durante el periodo de tregua, quedará bajo la responsabilidad de la Policía Municipal de Chilpancingo y de la Secretaría de Seguridad del gobierno del estado”.
Durante el periodo de tregua quedarán suspendidas las asambleas públicas y eventos masivos que sean riesgo para los habitantes de la localidad.
En el escrito se aclaró que, “no obstante los dos bandos podrán realizar actividades de carácter informativo en casas particulares sin llegar a actos masivos, y sin que coincidan en la misma colonia, esto a efecto de evitar alguna confrontación”.
También que podrán nombrar a un comisionado, que estará acompañado de un observador de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), con el fin de hacer visitas al Ocotito durante los 15 días de tregua, para monitorear e informar diariamente a las autoridades sobre los avances de los trabajos de depuración y comportamiento de ambos grupos.
“Previo a esta reunión, el comisario de la comunidad de El Ocotito, Audifred Benítez, así como el representante del FUSDEG, Silvestre Plancarte, manifestaron su disposición de continuar por la ruta del diálogo para solucionar la diferencia de opiniones en torno al sistema de seguridad implementado en su localidad”, se informó en el documento.

El Ejército desarmará a comunitarios de El Ocotito que apoyan al comisario: FUSDEG


El integrante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Silvestre Plancarte  Mondragón informó que va haber una reestructuración de la Policía Comunitaria y dijo que los policías que  se separaron para apoyar al comisario Audifred Benítez Visoso tendrán que regresar a la base y que si se oponen a la regularización acordaron con el gobierno del estado que la Marina y el Ejército  los desarmarán.
Al término de la toma de protesta del comisario en Ocotito, después de que se originara un conflicto entre pobladores y el FUSDEG que quería imponer un comisario pese a que ya estaba electo, se consultó a Silvestre Plancarte sobre los 55 policías comunitarios que apoyan a Benítez Visoso, según informó este domingo.
Señaló que sólo son 27 policías que comenzaron a apoyar al comisario y que se separaron de la base que tienen en el Ocotito-Mohoneras instalándose en la comisaría.
Aclaró que de esos policías comunitarios sólo 14 han estado trabajando con el FUSDEG “y los  demás nunca han participado, ellos no pueden seguir en el edificio (comisaría), tienen que regresar a la base”, agregó que fue uno de los acuerdos que se tomó en las reuniones que sostuvieron con el gobierno municipal y estatal.
Advirtió que si quieren seguir dentro del FUSDEG tienen que regresar a la base.
Plancarte Mondragón añadió que sólo está reconocida como única instancia la Policía Comunitaria tolerada por el gobierno del estado.
“Entraremos a una etapa de regulación y reestructuración de toda la policía (comunitaria), esto nos obliga a que tenemos que regresar colonia por colonia pero al mismo tiempo la policía debe ir vestida de civil, porque cuando se presentan armados el pueblo difícilmente habla”, informó.
Abundó que ante el conflicto por el nombramiento del comisario sigue una herida “profunda y marcada” y va a depender de que todos sean inteligentes, pacientes y tengan calma “para que esto logre amarrarse en la vía del derecho”, y dijo que el trabajo pesa menos cuando se comparte.
Llamó a los policías que apoyan al comisario a reflexionar seriamente de que es hora de demostrar que querer al pueblo es defenderlo, refrendarlo, dignificarlo y ponerse a la altura de las condiciones en las que está.
El integrante del FUSEG expresó que por eso resultan problemas si no se regulan, porque es darles un arma y poder “y te friegan como pueblo, esa parte hay que entender”, y que se deben tomar en cuenta las experiencias que han surgido de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y las autodefensas de Michoacán.
Se le preguntó del rumor que surgió entre la población de que desarmarían a los policías comunitarios que apoyan a Benítez Visoso, y respondió, “nosotros estamos en una coordinación con el gobierno, quedaron ellos que con la fuerza Marina, la militar y la demás, para que si en un momento dado no acataban la orden de regularse pues ni modo (se desarmará)”, aunque dijo que espera que no se llegue hasta ahí “y que los compas entiendan que querer al pueblo es defenderlo”.

Protestan comisario y suplente

Audifret Benítez Visoso rindió protesta como comisario del Ocotito y Román Vadillo Abarca del FUSDEG como comisario suplente, en presencia del alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena.
En el acto llamaron a la unidad en beneficio de la localidad, después del conflicto que se desató cuando pobladores denunciaron que el FUSDEG quería imponer a un comisario.
Este domingo Benítez Visoso tomó protesta como comisario, y Román Vadillo como su suplente, fue el acuerdo que tomaron junto con autoridades municipales y estatales.
Después de la una de la tarde se llevó a cabo la toma de protesta en la explanada de la comisaría municipal donde estuvieron en la mesa de honor el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena; del FUSDEG, Silvestre Plancarte, Alberto Valenzo Reyes, Jesús Santiago Sánchez; los pobladores Jorge León Robledo, Rosa Isela Enríquez Pérez, Gabino Palma, Eliseo Ramírez.
Pese a que se acordó que el comisario y el FUDEG trabajarían conjuntamente y en el evento se llamó a la unión, para trabajar en paz por el bienestar de la localidad se notó la división, donde acudieron unos 600 vecinos.
En las sillas se notó la presencia de pobladores afines a Visoso Martínez, quienes primero sólo aplaudían cuando se nombraba a alguna persona afin, mientras que los pobladores que acompañaron al FUSEG permanecieron parados a un costado, haciendo lo mismo que los demás pobladores, ovacionar a las personalidades afines.

Presenta el FUSDEG a cuatro detenidos por secuestro y a dos por vender droga en El Ocotito

Integrantes del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) presentaron ante la población a cuatro presuntos secuestradores y a otros dos jóvenes que vendían mariguana en la comunidad de El Ocotito.
Familiares de los presuntos secuestradores protestaron en la asamblea en esta comunidad porque aseguran que son acusados de manera irregular, pues han sido golpeados, torturados y violentados en sus derechos humanos, por lo que exigieron su liberación.
En la reunión que se llevó acabo en la calle principal Justo Sierra, los policías comunitarios presentaron a cuatro personas acusadas de asaltar a una vecina de El Ocotito, a quien robaron 68 mil pesos, una tableta digital y joyas.
Además los acusan del secuestro del hijo de un empresario farmacéutico, al que llevaron a una casa de seguridad en un rancho en las afueras del Valle del Ocotito. Se informó que los captores primero exigían 2 millones de pesos por su liberación, pero después bajaron hasta 100 mil pesos, cantidad que fue pagada por sus familiares.
Un policía comunitario informó que los acusados fueron detenidos el pasado 22 de junio en una carretera hacia la sierra de Chilpancingo, y que les decomisaron tres rifles calibre 22 y un vehículo.
Comentó que los familiares de la víctima presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), de la cual tuvo conocimiento el FUSDEG, por lo que días después lograron la detención de cinco personas, pero como uno de ellos era menor de edad, fue dejado en libertad.
Por su parte, el coordinador de seguridad del FUSDEG, Salvador Alanís Trujillo informó que en su declaración los presuntos secuestradores reconocieron ser los autores intelectuales y materiales de esos delitos y que el cobro por el rescate habría sido repartido en partes iguales.
Alanís Trujillo dijo que tienen la petición de la Procuraduría General de la República (PGR) para que los entreguen y sean sometidos a proceso por el delito de secuestro.
Asimismo presentaron a dos presuntos jóvenes que distribuían y consumían mariguana en el poblado de El Ocotito, quienes serán presentados en un Consejo Comunitario para ser reeducados; también informó que hay otros seis detenidos por venta de droga pero que serán presentados en otras asambleas.
Agregó que de los seis presentados, dos de ellos fueron ex policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
En el caso de los cuatro detenidos acusados por robo a casa habitación y secuestro, en la asamblea los pobladores decidieron que fueran reeducados por el FUSDEG y que no sean entregados a las autoridades.
Por otro lado, en la reunión esperaban la presencia del secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, Gustavo Adolfo Morlet, para que diera a conocer las propuestas para resolver el conflicto por la rotación del comisario, sin embargo, el funcionario nunca llegó.

Protestan familiares

Familiares de los cuatro detenidos acusados de secuestro y robo a casa habitación, con pancartas en mano exigieron en la asamblea la liberación de sus parientes porque aseguran que son inocentes y que los policías comunitarios los golpearon y torturaron para que se declararan culpables.
En las cartulinas se leía: “No tengan miedo, ustedes son inocentes, yo no tengo miedo”,  “queremos su libertad”, “son inocentes, estamos con ustedes” .
Durante la reunión, los familiares gritaban, “exigimos pruebas”, “informen del cuerpo del delito”, “no son culpables”, “todos los golpean, es una injusticia”, “sólo con tortura se presentan culpables”.
Un familiar de los detenidos denunció que el sistema comunitario del FUSDEG ha incurrido en abusos porque emplea diversos métodos de tortura para que los enjuiciados se declaren culpables. Además comentó que las acusaciones del FUSDEG no son confiables y pidió la intervención de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) por la violación a los derechos humanos de su familiar.

Posponen la reunión de damnificados de Chilapa con autoridades; hablarían de su reubicación

Representantes de las comunidades de San Marcos Majada de Toro, 3 de Mayo, Ocotito y Tierra Blanca, del municipio de Chilapa, que serán reubicados al predio Loma de los Pinos, en la comunidad de Xicaixtlahuac, informaron que se pospuso la reunión programada con autoridades de los gobiernos estatal y federal, debido a la indisposición del secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, “por cuestiones de salud”.
El 7 de junio, unos 100 vecinos de las comunidades damnificadas de Chilapa protestaron en las oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) en la capital, para exigir la conclusión de las 217 casas que se construyen en el predio Loma de los Pinos, donde serán reubicados.
En ese momento, el gestor de la comunidad, Carlos de Jesús Alejandro, y una comisión de damnificados se reunieron en Palacio de Gobierno con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar, para darle a conocer las irregularidades.
Acordaron entonces reunirse ayer con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y los delegados de las dependencias involucradas en la construcción de las viviendas, para facilitar los trabajos de planeación y construcción de las casas.
Ayer a las 10 de la mañana acudió a Casa Guerrero una comisión de siete pobladores, para darle seguimiento a la mesa de trabajo programada junto con las autoridades una semana antes; pero luego de una hora y 20 minutos de espera, al lugar acudió la secretaria particular de Florencio Salazar Adame, quien, de acuerdo con el gestor de la comunidad, les informó “que reconsideráramos la cita para el próximo jueves, porque había indisposición por parte del secretario, que por cuestiones de salud se había tenido que atender”.
Según el gestor de la comunidad, la secretaria expresó que el secretario General informó desde temprano de “un problema de salud que se le complicó”; y tras un intercambio de opiniones con el secretario particular de gobierno, César Armenta Adame, creyeron prudente posponer la reunión para el siguiente jueves.
En su momento, los pobladores reconocieron el malestar generado ante la espera de otros dos días para reunirse con los funcionarios, sin embargo, consideraron prioritaria la presencia de Salazar Adame para dar seguimiento a la mesas de trabajo con cada una de las dependencias, además de para retomar una minuta de acuerdos que en su momento suscribió el ex secretario general de Gobierno, David Salgado Cienfuegos. Los pobladores aceptaron y confiaron en que se lleve a cabo la reunión.
“Así quedó agendado y acordado, no se pospone para otra fecha más, y eso fue el acuerdo que llegaremos a informar a las comunidades, y si no se lleva a cabo ese día tomaremos otras medidas o alternativas”, advirtió el representante de Majada del Toro, Pedro Reynoso.

Se discrimina en el Parque Industrial del Ocotito a empresas de Guerrero, reclaman al director

 

En una reunión de integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo del Congreso y el director del Fideicomiso Guerrero Industrial (Parque Industrial del Ocotito), Julián López Galeana, empresarios locales se quejaron de la falta de oportunidades para invertir en ese lugar.
Mientras tanto, la diputada secretaria de esa Comisión, María Luisa Vargas Mejía, del PVEM, cuestionó que la información que llevó el director es “insuficiente” y propuso pedir a la Auditoría General del Estado (AGE) una revisión al Fideicomiso Guerrero Industrial, además de solicitar al pleno del Congreso que se integre una comisión de diputados que visite las instalaciones del Parque Industrial del Ocotito y se revise en qué condiciones funciona para que se emita un informe de las observaciones.
La diputada local emplazó a López Galeana a que en un plazo no mayor a cinco días, a partir de ayer, envíe a esa Comisión toda la información que se le solicitó y que no fue proporcionada, debido a que el funcionario se justificó al decir no iba preparado para una comparecencia propiamente, sino sólo para una reunión de trabajo.
La reunión se realizó a las 10 de la mañana en la sala Jorge Bajos Valverde, con los diputados de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo que preside el diputado del Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco Deaquino.
Asistieron empresarios de la capital encabezados por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jaime Nava Romero, e integrantes del Consejo del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), encabezados por el comisario de El Ocotito, Miguel Palma Hernández, Silvestre Plancarte Mondragón y el ex comisario de Petaquillas, Arquímedes Vargas Encarnación.
Durante la reunión, la diputada del PVEM, María Luisa Vargas Mejía, fue la más crítica en contra del funcionario, a tal grado que López Galeana se quejó porque, dijo, detectó “un ánimo persuasivo personal” hacia él, cuando su presencia allí era con carácter institucional.
Después se supo en la misma reunión que la hoy diputada del PVEM, en su calidad de presidenta de la Asociación de Maquiladores Unidos por Guerrero, buscó un espacio en el Parque Industrial del Ocotito pero no tuvo la oportunidad de obtenerlo.
La diputada subrayó, tras la presentación de la información de López Galeana, que observa montos muy elevados de inversión de los gobiernos estatal y federal en el parque “con resultados mínimos” para los guerrerenses, sobre todo para los habitantes de la zona.
Dijo que no ve en el Parque Industrial “un motor económico, aún cuando se habla de muchos millones”.
Y luego presentó una lista de cuestionamientos que tienen que ver con información real de los resultados que aporta el Parque Industrial, lo que produce y aporta para la comunidad, la situación legal del predio donde se ubica, copias del registro ante el Seguro Social de los trabajadores para comprobar si efectivamente se producen 500 empleos, como lo había informado el funcionario.
Asimismo, demandó información de las donaciones de terreno que el Fideicomiso ha hecho a algunos empresarios, pues sugirió que existen irregularidades al respecto, aunque López Galeana aclaró después que sólo ha hecho una donación al Ayuntamiento de Chilpancingo, pero no a empresarios porque la ley no se lo permite.
La diputada solicitó datos, también, de los adeudos del impuesto predial al municipio por parte del Fideicomiso, y al respecto el director reconoció que hay un adeudo de 5 millones de pesos, pero que el municipio le adeuda al Fideicomiso más de 18 millones por concepto de la donación de un terreno.
Aclaró que cuando estaba como alcalde el ahora gobernador electo (a partir de éste martes gobernador constitucional), Héctor Astudillo, le condonó el 75 por ciento del impuesto predial, pero que no ha encontró la misma disponibilidad del ex alcalde Mario Moreno Arcos, e informó que al actual Marco Antonio Leyva Mena  no lo ha buscado.
La mayor parte de la información que le solicitó Vargas Mejía no fue proporcionada por el funcionario debido a que, aclaró, no fue invitado para una comparecencia sino para una reunión de trabajo, y quedó en enviarla en los próximos días.
López Galeana explicó que el Fideicomiso le ha costado a los gobiernos federal y estatal 11 millones 771 mil pesos, pero que a cambio ha operado con la inversión de las empresas más de 236 millones de pesos.
Reconoció que uno de los problemas al que se han enfrentado los inversionistas y ha frenado el desarrollo del Parque Industrial  es la inseguridad, “hay gente que debió de estar aquí pero que no está porque fue secuestrada o amenazada y se fue del país”.
Citó el caso del representante de Hyundai, fabricante surcoreano de automóviles, que se fue del estado tras ser secuestrado en el estado hace dos años.
Dijo que el empresario había decidido invertir en el Parque de El Ocotito, pero que tras el secuestro se retiró.
Informó que la inseguridad en el Valle del Ocotito fue un tema álgido hasta que los propios ciudadanos se organizaron, en referencia a la conformación de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que después se dividió y se integró lo que ahora es el FUSDEG.
Agregó que también son un obstáculo las movilizaciones y que “mientras no les garanticemos (a los empresarios) que sus contenedores y sus trabajadores no van a ser retenidos en los bloqueos en las carreteras, no habrá inversión suficiente”.
El presidente de la Comisión, Silvano Blanco, rompió el protocolo de la comparecencia y dio voz al presidente de la Coparmex, Jaime Nava, quien criticó que en ese parque se dé prioridad a empresarios foráneos y no se dé la oportunidad a los locales, “queremos terreno parejo para competir”.
La diputada Vargas Mejía respaldó al presidente de la Coparmex, pues también se quejó de la “discriminación” contra el sector empresarial de Guerrero.
Casi al final también quisieron intervenir los integrantes del Consejo del FUSDEG. El presidente de la Comisión otorgó la palabra al ex comisario de Petaquillas, Arquímedes Vargas, pero al comenzar cedió su intervención a Plancarte Mondragón, pero el diputado Blanco condicionó que concluyera el que había pedido intervenir, por lo que al final mejor acordaron una mesa de trabajo posterior.
Entrevistado al final de la reunión, Julián López Galeana no pudo precisar con datos el impacto que ha ocasionado la inseguridad en el Parque Industrial del Ocotito, pues dijo que los actos delictivos no se han cometido dentro sino afuera en contra de los empresarios, y solo reiteró el caso del representante de la Hyundai.
Rechazó la queja de los empresarios, en el sentido de que no tienen oportunidad de espacio en el parque, pues aseguró que de los 20 que trabajan allí sólo dos son foráneos y 18 locales, y explicó que la queja más bien se refiere al ámbito estatal.