Zacarías Cervantes

Iyotla/Leonardo Bravo

Tres muertos, uno de ellos calcinado, casas y vehículos agujereados a tiros y las calles regadas de casquillos percutidos entre hilillos de sangre que los vecinos cubrieron con cal en algunos lugares, dejó un enfrentamiento de dos días en Iyotla, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), entre dos grupos contrarios que se disputan la zona desde hace más de un año.
Entre el fuego cruzado quedó la mayoría de la población que nada tiene que ver en la disputa violenta. De acuerdo con los pobladores, la balacera comenzó a la 1 de la tarde del miércoles y terminó aproximadamente a las 6 de la tarde del jueves.
De inmediato, los vecinos pidieron el auxilio de los gobiernos federal y estatal, sin embargo, llegaron dos días después, ayer, elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Ministerial sólo para levantar los cuerpos. El convoy fue encabezado por el comisionado de la Guardia Nacional para Chilpancingo y Chilapa, Gilberto Crisóstomo Alvarado.

Balaceras desde el sábado en Tepozonalco

Asimismo, vecinos de Tepozonalco que se encuentra a unos 15 minutos de Iyotla, denunciaron que en este pueblo las balaceras comenzaron de manera esporádica el sábado y se intensificaron el lunes. Se quejaron de que las autoridades tampoco atendieron su llamado de auxilio.
Ayer una comisión de vecinos, encabezados por el comisario municipal, pidió a la Guardia Nacional y al Ejército que los acompañaran para ver cómo están sus familiares que se quedaron y sus pertenencias, pero se negaron.
En ambos pueblos, de casi mil 500 habitantes cada uno, más de la mitad de las familias salieron desplazadas hacia Chichihualco por los tiroteos.
Por su parte, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y las familias desplazadas en noviembre del 2018 de las comunidades del corredor de Filo de Caballos a Xochipala, exigieron a los gobiernos federal y estatal en un comunicado que establezcan el estado de derecho en la zona para que puedan retornar a sus casas y comunidades.
En esta zona, desde finales del 2018, se han venido dando enfrentamientos entre la Policía Comunitaria de Tlacotepec, con la gente del Cártel del Sur, que lidera Isaac Navarrete Celis.
El medio día de ayer, en Iyotla, ubicada a unos 20 minutos de Chichihualco, aún permanecían las huellas de la lluvia de metralla que cayó sobre la localidad. En una esquina del centro del poblado yacía el cuerpo de Arturo, un vecino conocido que casi a diario llegaba allí “para echar el trago”. Las balas lo alcanzaron en su sitio favorito.
Unos metros adelante cayó Margarito, otro vecino cuyo cuerpo ya no se encontraba. Sus familiares se lo llevaron para velarlo en su casa. En el sitio donde cayó los vecinos regaron cal para cubrir la sangre coagulada.
En el traspatio de una casa, cerca del centro de la comunidad, humeaba el tronco de un hombre. Sus extremidades ya habían sido consumidas por el fuego. Un empleado del Servicio Médico Forense (Semefo) le echaba agua para enfriarlo y echarlo a la bolsa negra para su traslado. A un costado de lo que quedaba del cuerpo aún había pedazos de leños humeantes y rescoldos de la hoguera en la que fue incinerado.
La casa de la que se cree que fue sacado, estaba hecha coladera a tiros en la fachada y en la parte posterior del lado donde fue hallado el cadáver. A unos 10 metros de éste yacía también un burro muerto que fue alcanzado por las balas.
En el resto del pueblo todo era desolación, las casas tiroteadas estaban abandonadas con las puertas abiertas y guardias nacionales ingresaban a revisarlas. La calle principal, de principio a fin, estaba regada de cientos o miles de casquillos percutidos. En el centro del pueblo una Combi de la ruta Iyotla-Chichichualco tenía cientos de impactos en todos lados, otros vehículos a lo largo de la misma calle, permanecían igual.
En las esquinas, corrillos de vecinos, mayoritariamente hombres, hablaban en voz baja. Otros, cabizbajos, contemplaban las huellas de la violencia.
Don Gregorio, comentó: “Los primeros disparos los oí allá en el cerro”, dice señalando la cima de un monte ubicado por el lado norte.
“Sería como a la una de la tarde del miércoles, después no supe que pasó, corrí, me metí a mi casa a esconderme, de ahí seguí oyendo los fregadazos por todos lados, se oía rete cabrón, y ya, hoy amanecí con la noticia de que mataron a estos amigos”, narra con una voz apagada.
Dice que Arturo y Margarito, “no eran gente de pelea”, que a Arturo, cuyo cuerpo todavía estaba tirado en una esquina del pueblo, cubierto con una cobija “sólo le gustaba echar trago” y que casi todos los días iba a sentarse ahí para tomarse su mezcal, “o lo que fuera. Era su lugar favorito”, cuenta Gregorio.
“Al otro amigo (Margarito), lo agarraron caminando en la calle, tampoco era de armas, nada tenía que ver con estos cabrones”, asegura en referencia a los grupos que se enfrentaron. Dice que al que quemaron no lo conoce, “no sabemos quién, no se puede saber, quedó carbonizado”.
Otro vecino asegura que desde las primeras horas de la balacera solicitaron el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército, pero no llegaron, “hasta hace rato llegaron (entre 12 y 12 y media de este viernes) ya para qué, nomás a levantar los cuerpos vinieron”.
La comunidad es de unos mil 500 habitantes (200 familias) y la mayoría salieron desplazados hacia Chichihualco tras el tiroteo, ante la falta del respaldo de las autoridades federales y estatales.
En Iyotla había una comisión de vecinos de Tepozonalco. Uno de ellos cuenta que en ese pueblo las balaceras comenzaron el sábado y siguieron el lunes. Él se salió con su familia pero en el pueblo dejó a sus padres “ya están viejitos y no pueden caminar recio en el monte, nosotros nos salimos por el cerro y nos fuimos a Chichihualco”.
Agrega que ahora está preocupado por sus padres que no sabe cómo están y su casa en la que dejó todas sus pertenencias.
Dice que en Tepozonalco viven unas mil 500 personas y que más de la mitad se salieron entre el sábado y el domingo. “Algunos nos quedamos en Chchihualco y otros los perdimos de vista, quién sabe a dónde se fueron.
Entre la comisión de Tepozonalco estaba el comisario municipal quien pidió a la Guardia Nacional y a los mandos del Ejército que los acompañaran a revisar la situación en ese pueblo, pero la respuesta fue negativa, sin ningún argumento.
De regreso, en la entrada de Chichihualco fue encontrado otro grupo de vecinos de Tepozonalco. Uno de ellos cuenta que salieron el lunes caminando por el cerro y que se hicieron un día para llegar a la cabecera municipal. Dice que ahora su preocupación son sus familiares que se quedaron “no sabemos nada de ellos, y en nuestras casas dejamos todo”, cuenta.
Dice que esperaban que ayer que subió la Guardia Nacional y el Ejército a Iyotla, también llegaran a Tepozonalco y con la protección de ellos pudieran regresar las familias, “aunque sea nomás para ver cómo están nuestros familiares y regresarnos, porque esto va a seguir igual, ya tenemos más de dos meses pidiendo seguridad y no nos hacen caso”, se queja.

Exigen a los gobiernos que se restablezca la paz para que los desplazados puedan volver

En tanto, el Centro Morelos y el grupo de desplazados en noviembre del 2018 de las comunidades del corredor Filio de Caballos-Xochipala, en un comunicado exigieron a los gobiernos federal y estatal que establezcan el estado de derecho en la zona para que haya paz y puedan regresar a sus comunidades.
“Desde el viernes 22 hasta ayer 28 de mayo, a pesar del coronavirus reiniciaron los enfrentamientos entre grupos armados, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado, en esta ocasión fueron las comunidades de Iyotla y Tepozonalco las que sufrieron la incursión de un grupo armado”, indica el escrito.
Denuncian que decenas de hombres, mujeres, niñas y niños salieron de sus comunidades a Chichihualco.
“Con indignación vemos cómo a pesar de la pandemia que ha provocado otra crisis humanitaria que suma a la que ya viven las familias desplazadas y las que viven en medio del fuego cruzado de los grupos delincuenciales que siguen en su guerra para consolidarse y ampliar su dominio en territorios cada vez más amplios sin que el coronavirus ni el gobierno los detenga”.
Agregan que las familias “resignadamente depositan su confianza en la Marina y el Ejército a pesar de que en varias ocasiones han denunciado que los militares han acompañado a los civiles armados para desplazarlos de sus comunidades”.
En su documento insisten en sus demandas que han venido planteando:
El repliegue de los grupos armados que han provocado con sus enfrentamientos el desplazamiento de cientos de personas de diversas comunidades del municipio de Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Eliodoro Castillo, la instalación de la Guardia Nacional o la Marina en las comunidades que tienen familias desplazadas.
Asimismo, que los grupos de la Guardia Nacional o la Marina “actúen con firmeza en el repliegue del grupo armado hacia su lugar de origen, desarmando y deteniendo a quienes se opongan, actuando siempre con respeto a los derechos humanos de la población civil que permanece en la comunidades al tomar el control de la seguridad”.
Además que los elementos de la Guardia Nacional o la Marina revisen las propiedades que fueron abandonadas, algunas de ellas ocupadas por gente del grupo que los desplazó. Además que en cuanto se dé el repliegue de los grupos armados, la Guardia Nacional o la Marina instalen un perímetro de seguridad entre los municipios de Leonardo Bravo, Eliodoro Castillo y Eduardo Neri, para evitar una nueva incursión o un ataque del grupo armado.
También, que el gobierno federal a través de la Guardia Nacional o la Marina tome en sus manos la seguridad pública en la zona, principalmente en el corredor de Casa Verde a Polixtepec y de Polixtepec a Corralitos, “esto para evitar pretextos para que cualquier grupo armado o delincuencial infrinja las leyes”.
Asimismo, que la Guardia Nacional o la Marina en compañía de las autoridades ministeriales verifiquen, “acompañados por los verdaderos dueños o posesionarios de las casas, para constatar los daños y verificar las pérdidas realizando un avalúo de las pérdidas y los tres órdenes de gobierno resarzan el daño”.
Asimismo exigen detener la tala inmoderada de árboles y el saqueo de huertas deteniendo y consignando ante las autoridades a quienes sean sorprendidos haciéndolo.
Y, finalmente, que la Guardia Nacional o la Marina eviten “corromperse siendo contaminados por los grupos delincuenciales, por lo que solicitamos que se integre una comisión civil de vigilancia, integrada por instituciones oficiales y organismos civiles de derechos humanos, así como miembros de la Iglesia”.