Etiqueta: Cirino Plácido Valerio

Denuncia Cirino Plácido amenazas de muerte; serían del gobierno y la delincuencia, advierte

El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero (Cipog) e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), Cirino Plácido Valerio denunció que ha recibido amenazas de muerte por un presunto grupo delictivo que opera en el municipio de San Luis Acatlán, y advirtió que pudiera ser una estrategia del gobierno del estado para eliminar a los dirigentes sociales para que operen grupos delincuenciales en la zona.
En una llamada telefónica a la redacción, Plácido Valerio relató que la noche del domingo 19 de agosto entraron a la comunidad de Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán, tres jóvenes que portaba armas de alto poder y vestidos con playeras de la Policía Comunitaria, quienes retuvieron a un joven y lo obligaron a que le dijeran en dónde vive.
“El joven escapó y huyó de los hombres armados, por lo cual no llegaron a mi casa si no hubiera ocurrido una desgracia, no sé que me hubiera pasado a mí y a mi familia”, declaró.
Dijo que ese día no estaba en su casa sino en una cita médica en Chilpancingo, “después de eso han incrementado las amenazas de que me van a matar, van entrar por mí, van a levantar a mi familia, eso es a raíz del control y disputa de San Luis Acatlán que van directamente contra mí y mis hermanos Bruno y Manuel”.
Consideró que las amenazas de muerte en su contra pudieran ser por un problema familiar que tuvo su hijo Jesús Plácido con su pareja, “ellos se dejaron, fueron a parar a la comunitaria, mi hijo estuvo detenido ocho días, se resolvió la situación pero se incrementaron las amenazas directamente”.
Comentó que quienes lo amenazan son identificados como Los Güeros de Michoacán que se disputan la zona de San Luis Acatlán con otro grupo delictivo, y mencionó que hace un mes en un narcomensaje lo amenazaron de muerte y con que iban a levantar a su familia, “y en el pueblo han visto gente armada que ha entrado a la zona”.
“Son gente de fuera y tienen vínculos con la gente de la zona, nadie puede entrar nomás así, se disputan el control en San Luis Acatlán con otro grupo, los taxistas no pagan cuotas porque no permitimos, me refiero a que es parte de una estrategia de gobierno para eliminarnos, para que ellos y la delincuencia hagan su trabajo, lo que el gobierno no va hacer”, dijo.
“El gobierno sabe perfectamente lo que sucede en este lugar, cómo se mueve la delincuencia y no hace nada, nosotros hacemos responsable de lo que me pueda pasar a mí o a Jesús Plácido en esa comunidad”.
No van a poner denuncia “porque nosotros creemos que es una estrategia para eliminarnos, mucho dirigente en Guerrero ha sido asesinado por la delincuencia y todo ha quedado impune, quieren otra lista de líderes asesinado, si llegara a pasar eso la gente se va defender, hay un acuerdo porque se va levantar en armas para ir en contra de la delincuencia”.
Cirino Plácido Valerio es fundador del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena en 1991, del Congreso Nacional Indígena en 1996, de la Policía Comunitaria en 1995 y del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 1998.
También es acompañante de las iniciativas del EZLN desde 1994 y fundador del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata en 2008. (Luis Blancas / Chilpancingo).

 

 

Ha logrado la paz en 15 comunidades de Chilapa y Hueycantengo, informa un consejero

 

En un territorio que se disputan los grupos criminales de Los Ardillos y Los Rojos, 15 pueblos de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) han logrado vivir en paz desde hace dos años, tras la organización que logró la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC), de los Pueblos Fundadores, que se ha declarado independiente de los sistemas comunitarios existentes.
“Aquí se cometían asaltos, violaciones, homicidios, secuestros, pero después de que nos organizamos cesó todo. Ahorita todo está bien, ya no se quejan las comunidades, por eso aunque nos estamos cooperando para dar seguridad, las comunidades están de acuerdo porque están en paz”, dijo el consejero regional de la agrupación comunitaria, Bernardino Sánchez Luna.
La organización que aglutina a 15 comunidades de los municipios de Chilapa y de José Joaquín de Herrera y en la que participan 300 policías comunitarios que se encargan de la seguridad, se deslindó ayer de los otros sistemas comunitarios como la CRAC de la casa matriz de San Luís Acatlán y de las casas de El Paraíso y de Tixtla, y han trabajado por su cuenta en estos pueblos en donde también funciona la Policía autodenominada por la Paz y la Justicia.
–¿No han tenido aquí conflictos con grupos del crimen organizado?, –se le preguntó al consejero, a sabiendas de la pugna que hay entre Los Rojos y Los Ardillos.
–Hasta ahora no, está todo tranquilo.
–¿Tienen coordinación con la Policía Estatal, con la Federal y con el Ejército?, –se le preguntó al consejero.
–Nosotros solamente exigimos respeto al gobierno. No nos coordinamos con ellos. Ellos hacen su chamba y nosotros la nuestra.
–¿En la chamba de ustedes no ha habido amenazas, hostigamiento y obstáculos de las fuerzas estatales y federales?
–Cuando iniciamos (en 2015), sí había intimidaciones, pero ahorita se va calmando todo; de hecho, hay trabajadores aquí en Xicotlán, y el presidente municipal de Chilapa nos pidió que los fuéramos a recoger a la orilla de Chilapa, porque tenía miedo de venir a trabajar aquí por la violencia.
“Con eso, el presidente municipal está reconociendo nuestro trabajo, aunque no nos apoya económicamente, pero nos reconoce el trabajo que hacemos, simplemente se niega a soltarnos el recurso”, dijo.
Este grupo de policías comunitarios se fundó el 27 de agosto de 2014, bajo los auspicios del ex consejero de la CRAC de la casa matriz de San Luís Acatlán, Cirino Plácido Valerio. Sin embargo, a raíz del conflicto que este grupo de comunitarios tuvo con los ciudadanos de San Jerónimo Palantla, se deslindaron de Cirino y formaron un grupo separado que aglutina a las 15 comunidades de municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera.
–¿Ustedes son independientes de otros grupos de la Policía Comunitaria que formó la CRAC?, –se le pidió que precisara.
–Somos independientes, o sea que trabajamos con los pueblos. No nos coordinamos con nadie (de los otros grupos del CRAC) ahorita.
–Cuando ocurre un hecho delictivo, ¿Qué pasa con los detenidos, a dónde se los llevan?
–Los sometemos a reeducación y quienes deciden son los comisarios y los consejeros cuánto tiempo se les va a dar. De hecho, no ha habido detenidos porque hablamos con las comunidades para que se respetara la ley.
“Les pedimos que se evite llegar a la violencia, antes que llegar al sistema de reeducación, por eso ahorita está todo tranquilo”, explicó.
–Desde que se formó este grupo de la Policía Comunitaria, ¿cuántas personas han sido detenidas?
–Cuando iniciamos fueron como 30, porque no entendía la gente y seguía cometiendo delitos. No había grandes delitos, pero se amenazaban, se quitaban sus derechos, pues.
Sin embargo, agregó que posteriormente se firmaron actas en los pueblos en las que los habitantes y las familias se comprometieron a vigilar la actuación de los habitantes, “y ahora ya no tenemos detenidos, ya está todo tranquilo”, reiteró.
–¿Desde que se formó esta Policía Comunitaria, cuáles son los obstáculos que han tenido?
–El problema que tuvimos fue con San Jerónimo Palantla, porque entre ellos mismos tienen pleitos, es un problema interno, quisimos entrar y entonces tuvimos problemas con ellos, por eso ahora nos deslindamos de ellos.
“El problema de San Jerónimo, aunque aprobó la mayoría nuestra presencia, los demás no estuvieron de acuerdo, por eso nos retiramos. Hasta ahorita, no sabemos si hay un grupo delictivo detrás de ellos, pero lo que sabemos es que tienen problemas de terrenos, de agua, de escuelas, y están divididos, el comisario municipal por un lado y el comisariado de bienes comunales por otro”, explicó.
–¿Ustedes ya no tienen injerencia en ese pueblo?, –se le preguntó al consejero.
–Ya no, si se llegaran a integrar tendrán que entregar otra acta en donde aceptan incorporarse a la CRAC, pero no ha llegado ningún documento.
El consejero explicó que con la decisión de retirarse de esa comunidad están respetando los acuerdos que firmaron con el gobierno estatal el 11 y 25 de marzo de 2016, cuando se estableció que la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla liberaría a cuatro detenidos de San Jerónimo Palantla, y éstos se desistirían de las ordenes de aprehensión de más de 60 policías comunitarios.
Pero denunció que la gente de San Jerónimo Palantla no cumplió porque en vez de retirar las órdenes de aprehensión en contra de los comunitarios, presentaron más demandas, apoyados por el Frente de Defensa Popular (FDP).

La violencia y las reformas son para justificar la militarización, advierte Cirino Plácido

 

El delegado en el Congreso Nacional Indígena (CNI), Cirino Plácido Valerio dijo que la violencia generalizada y las reformas que atentan contra el pueblo son estrategias para destruir el tejido social y justificar la militarización del país, para que el actual régimen político se mantenga en el poder.
Sin embargo, el también asesor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PCPF) expresó en entrevista que el levantamiento armado no es la solución, sino que debe de existir una transición política donde todos los sectores sociales participen, y se pronunció a favor de la creación del Concejo Indígena de Gobierno impulsado por el CNI.
El na’savi asistió al Cuarto Congreso de la creación del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Cruz Grande el 4 y 5 de enero. El dirigente a quien no se le había visto en actividades de su hermano Bruno Plácido, llamó a la unidad en su participación.
Abordado, el fundador del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, dijo que ante el escenario del país los indígenas han propuesto un concejo para reconstruir la nación, “para empujar juntos y rescatar este país que está siendo destruido”, ponderando los principios del CNI: servir y no servirse, representar no suplantar, construir no destruir, donde el pueblo manda el gobierno obedece.
Opinó que es mejor apostar por la salida política que la militar, al considerar que “no tiene caso quitar una dictadura y poner otra dictadura. El que toma el poder por las armas no deja de ser una dictadura, pero entonces nosotros tenemos que transitar por la vía política, construir”.
“¿Por qué tenemos que hacer todo esto?, porque 100 años después es la misma política que aplicó Porfirio Díaz, la misma explotación y pobreza, la misma persecución, la misma traición al país, el mismo uso del Ejército para hacer un papel que no le corresponde. Se repite la historia 100 años después, con la misma política represiva”, sostuvo.
Abundó que la violencia generalizada “es propiciada como una estrategia para destruir todo el tejido social, para justificar la militarización y justificar una guerra civil de pobres entre pobres, para que se mantenga este régimen que está destruyendo al país, y estar otros 100 años en el poder, que no está dispuesto a cometer el mismo error que en 1917 cuando la burguesía fue derrotada por los revolucionarios”.
“Hoy –el régimen político– se está preparando a no ceder el poder, mediante la guerra sucia, mediante la represión, mediante la explotación y mediante el uso del Ejército. Nosotros lo que planteamos es el diálogo, respeto y tolerancia y un análisis para reconstruir el país”.
Dijo que inicia un proceso de lucha, de recuperación de pensamiento y forma de gobierno del pueblo originario, “vemos muy bien esa iniciativa del Congreso del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) de incursionar en la vía política para reconstruir este país”, en un concejo de gobierno que estará constituido por una mujer y un hombre de cada región, para que haya equidad, porque es un sistema colectivo que se rige por usos y costumbres.
Recordó que los pueblos indígenas aglutinados al CNI han buscado el reconocimiento real constitucional de los pueblos originarios.
Mencionó que en la segunda sesión del Quinto Congreso celebrado del 29 diciembre al 2 de enero, se acordó que para el 28 de mayo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, será constituido el Concejo Indígena de Gobierno, y de ahí se definirá la candidata para las elecciones de 2018, quien será vocera del Consejo Indígena que a la vez será subordinada del Congreso Nacional Indígena y éste será subordinado al pueblo de México .
El delegado opinó que la propuesta del Partido Obrero Social de México, de postular como candidata a la esposa del preso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera, Agustina García, fue una “imprudencia”, una estrategia del gobierno para dividir a las organizaciones sociales, “nosotros esperamos que no se sigan cometiendo esos errores, porque tenemos que ser prudentes y no hacerle el juego al gobierno”

Impulsar candidaturas independientes y la defensa de la Ley 701, acuerda la UPOEG en su cuarto congreso

El cuarto congreso de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) culminó ayer con una misa, en la que se pidió a los integrantes de la organización no corromperse.
El asesor de la Policía Comunitaria de los Pueblos Originarios, Cirino Plácido Valerio llamó a la unidad para impedir que el gobierno siga entregando en charola de plata las riquezas del país.
Unos 300 integrantes de la organización, comisarios, presidentes de comisariados, delegados, promotores, y policías comunitarios armados con escopetas volvieron ayer a la cancha de la unidad deportiva de Cruz Grande, cabecera del municipio Florencio Villareal, donde fueron leídas y aprobadas las discusiones y las propuestas de las mesas de trabajo: Cuarto orden de gobierno, Derecho a la consulta y la representación popular, y Defensa de los derechos de los pueblos originarios.
A la actividad acudió el Comisionado Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz.
En una misa celebrada a la 1 de la tarde el padre de la parroquia de Santa Cruz, Daniel Martínez López llamó a los integrantes de la UPOEG a no corromperse, porque es el mayor mal que enfrentan luego de lograr la organización en las comunidades marginadas y abandonadas del estado. Además oró por los integrantes de la organización.
En su participación en la clausura el promotor de la Policía Comunitaria de los Pueblos Originarios y hermano del dirigente de la UPOEG Bruno Plácido, Cirino llamó a crear un frente y a la unidad, porque “divididos no llegamos a ningún lado, juntos no hay quién nos pare”.
Dijo que el gobierno prepara y trabaja con militares y narcomilitares contra la población que se organiza, que “el gobierno, el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) siempre ha buscado por dónde chingarnos, nos acusa que somos guerrilla, que somos narcos, buscan por dónde y nosotros no vamos a dar ningún motivo. Si es delito luchar por un proyecto alternativo, un proyecto de vida, pues entonces que nos metan a la cárcel a todos, pero nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto de la muerte”.
“Por eso esta lucha de ustedes y de los pueblos originarios, en el camino vamos a ir mejorando muchas cosas, hablar de la restitución de derechos y caminar como pueblos, para que su soberanía resida en el pueblo”, agregó.
El dirigente recriminó la política actual de gobierno, “este régimen que está destruyendo el destino del país y a todos nosotros. Por lo tanto todos los guerrerenses tenemos el derecho de organizarnos y plantear un nuevo modelo o de comunidad, de pueblo, un nuevo modelo de Estado, de país, en nuestra mano está la solución”.

El poder debe residir en el pueblo

Luego de las participaciones fueron compartidos los resultados de las tres mesas de análisis. De la discusión de la mesa Cuarto orden de gobierno, los integrantes se pronunciaron por un cambio de la forma de elegir a las autoridades, al considerar que el sistema de partidos políticos no cumple los objetivos para el que fue creado, y darle vida a social a los pueblos, hacerlos más participativos en la toma de decisiones porque los partidos se han convertidos en “delincuentes autorizados para someter a la población”.
Manifestaron que uno de los casos más visibles de éxito de los gobiernos nacidos desde el pueblo es el caso de Cherán, Michoacán, que su autoridad está conformada por un concejo de gobierno elegido por el pueblo y que puede ser revocado cuando no cumple sus funciones.
Los integrantes de la mesa Derecho a la consulta y a la representación popular, ponderaron que se debe de devolver el poder al pueblo, pero para ello se debe de organizar a las comunidades y estar unificados en una visión.
Esto permitirá el empoderamiento del pueblo sobre sus autoridades para que no se dé autoritarismo, además de tener un mejor control del dinero público y el sueldo de las autoridades, porque en el actual sistema ser gobernante significa enriquecerse, además este modelo permitirá una cultura de iguales entre hombres y mujeres.
También se propuso impulsar las candidaturas independientes como una forma de empoderar el sistema de elecciones por usos y costumbres, para ir quitando fuerza a los partidos políticos.
En la mesa Defensa de los derechos de los pueblos originarios, los participantes insistieron en que el Estado debe de garantizar los derechos básicos a las comunidades que no cuentan con centros de salud, y tampoco se les garantiza la educación.
En la mesa acordaron la defensa de la Ley 701, impulsar la educación bilingüe, el fortalecimiento de las policías ciudadanas y comunitarias, la autorización y el funcionamiento de una radio y televisión comunitaria para la difusión de la lengua materna que ayude a la comunicación entre las comunidades.

Exige la CRAC de Chautla justicia por el asesinato de uno de sus miembros y la libertad de 14 detenidos

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de los Pueblos Fundadores de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, exigió ayer justicia ante el asesinato de su comandante suplente de la Policía Comunitaria de Xochitempa, Florencio Morales Salgado –ocurrido el sábado–, y la libertad de sus compañeros detenidos en San Jerónimo Palantla y en Xochitempa.
En conferencia de prensa ayer en Chilpancingo, integrantes de la CRAC de los Pueblo Fundadores confirmaron que son 14 los detenidos en la Casa de Justicia de Espino Blanco, y no 13 como informaron el domingo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro, y el dirigente de la CRAC, Cirino Plácido Valerio. De ellos, 12 son de San Jerónimo Palantla y dos de Xochitempa.
Los consejeros de justicia, Lorenzo Ramírez Rodríguez y Marcial Ramírez Rodríguez, así como los coordinadores Daniel Luna Martínez y Escolástica Luna Gaspar, informaron que se integró una comisión de autoridades de la CRAC de los Pueblos Fundadores que se trasladará a Espino Blanco para exigir un careo con quienes acusan a los detenidos de cometer delitos.
Informaron que también van a iniciar una campaña de denuncia en las comunidades que pertenecen a la CRAC de la Casa de Justicia de Espino Blanco, por las irregularidades que cometieron policías comunitarios de esa casa al irrumpir en territorio comunitario de la CRAC de los Pueblos Fundadores, en donde asesinaron “a sangre fría” al comandante suplente, Florencio Morales Salgado.

Reconoce Cirino Plácido infiltración del crimen organizado en la CRAC

Por su parte, el dirigente Cirino Plácido Valerio reconoció que el crimen organizado ya infiltró a la CRAC y a su Policía Comunitaria y que es la causa que ahora se instalen CRAC en Guerrero, “como oxxos en Chilpancingo”, y denunció que los gobiernos federal y estatal están utilizando a la delincuencia organizada para dividir y enfrentar a la CRAC, a su Policía Comunitaria y a los pueblos indígenas.
Antes, el consejero Ramírez Rodríguez narró lo sucedido el sábado.
Dijo que a las 6 de la mañana llegaron a San Jerónimo Palantla “hombres armados” en seis camionetas y saquearon muchas casas sin presentar ninguna identificación, “no dijeron quiénes eran y no presentaron orden de aprehensión alguna, allanaron casas y tiraron las cosas que había adentro y agarraron a 12 ciudadanos de dicha comunidad, entre ellos el comisario suplente, un comandante regional de la Policía Comunitaria nueve policías comunitarios y un ciudadano”.
Agregó que después se trasladaron a Xochitempa, una comunidad vecina, “donde Evodio Calvario Merino, Facundo Bolaños Reyes, Miguel Ángel Orgín Zizinteco y David Tolentino Tlalmanco, originarios de San Jerónimo Palantla asesinaron a sangre fría a Florencio Morales Salgado de 22 años, comandante suplente de la Policía Comunitaria”.
Declaró que, según testimonio de su viuda, eran las 7 de la mañana cuando llegaron a la casa del comandante suplemente llamándolo para que saliera, y que cuando “él iba abriendo la puerta de su casa para salir, inmediatamente se acercaron y Evodio Calvario Merino le dijo: ‘¡te lo dije!’. En seguida le dio un balazo con una arma corta”.
De la misma comunidad de Xochitempa, se llevaron detenidos, junto con sus armas, a otros dos policías comunitarios.
Dijo que fue hasta después de que habían detenido a los 14 integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, y asesinado a Florencio Morales Salgado, cuando “los hombres armados” se identificaron como policías comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Cualac y San Luis Acatlán, y que todos ellos iban encapuchados.
“De estos hechos, los responsables son Efraín Torres Fierros y Clemencia Guevara Tejedor (dirigentes del FDP), así como Evodio Calvario Merino, Facundo Bolaños Reyes, Miguel Ángel Orgin Zizinteco y David Tolentino Tlalmanco, porque ellos son los que planearon esta acción”, denunciaron en un escrito que entregaron a los medios de comunicación.
La comisión de la CRAC de los Pueblos Fundadores también hizo responsables a los coordinadores regionales de Espino Blanco, “por abuso de autoridad y por atravesar el territorio de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla sin avisar, violando el reglamento interno de la Policía Comunitaria”.
Exigieron respeto a las casas de justicia de Cualac y San Luis Acatlán, “y a los supuestos policías comunitarios que participaron en estos hechos, quienes venían encapuchados, cuando sabemos bien que la policía que trabaja legalmente nunca se cubre la cara, porque es del pueblo, sólo los delincuentes se cubren la cara cuando actúan”, dijo el consejero Lorenzo Ramírez Rodríguez.
A raíz de este conflicto, los integrantes de la comisión demandaron a las autoridades comunitarias de las casas de justicia de Espino Blanco; San Luis Acatlán; Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; El Paraíso, municipio de Ayutla, y San Nicolás, municipio de Cuajinicuilapa, una mesa de diálogo para analizar la problemática que existe en las casas de justicia, “ya que no es justo que como pueblos originarios somos explotados por el mismo gobierno, y todavía entre nosotros tengamos pleitos, cuando la Policía Comunitaria es para apoyar y cuidar a nuestra gente”.
En su escrito, los integrantes de la comisión recordaron a los gobiernos municipal, estatal y federal que la actuación de la Policía Comunitaria, “es legal y legítima”, y que la ley reconoce su función como actos de autoridad.
“Somos autoridades comunitarias, trabajamos con los pueblos y para los pueblos, siempre con la consigna de mandar obedeciendo, y donde el pueblo manda la autoridad obedece, por lo que exigimos respeto, y no aceptamos que autoridad alguna nos acuse irresponsablemente de ser grupos armados ilegales”.
Al respecto, el dirigente de la CRAC reconoció que el sistema comunitario perdió el rumbo desde que el crimen organizado infiltró a la Policía Comunitaria.
Acusó a los gobiernos federal y estatal de utilizar al crimen organizado para dividir a la CRAC, como pasó en la casa matriz de San Luís Acatlán en 2013, y ahora pretende confrontar a la de Espino Blanco con la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores de Rincón de Chautla.
Plácido Valerio insistió en que el grupo que asesinó el sábado a Florencio Morales Salgado y detuvo a los 14 policías comunitarios, pertenece al grupo criminal de Los Rojo, y que se dedica a la siembra de amapola en la región.

Efectivos del Ejército se negaron a detener a los responsables del asesinato

Por su parte, la coordinadora, Escolástica Luna Gaspar denunció que los soldados del Ejército se negaron a detener a los responsables del asesinato de Morales Salgado. Aseguró que llegaron cuando el cuerpo estaba todavía tendido en el suelo y que quienes lo mataron aún se encontraban en el lugar, “les señalamos quiénes eran y les pedimos que los detuvieran, y no hicieron nada”, se quejó.
Denunció que el cuerpo todavía ayer no se sepultaba porque quienes ahora se dicen policías comunitarios aún se encontraban a orillas de Xochitempa y que mantenían amenazados a sus familiares para que no participaran en el sepelio los integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, sino sólo familiares y vecinos.
Declaró que la situación aún era tensa a pesar de que en la comunidad hay soldados del Ejército mexicano, que no hacen nada.
Los integrantes de la CRAC de Rincón de Chautla, exigieron justicia ante el asesinato del comandante suplente de la Policía Comunitaria de Xochitempa, Florencio Morales Salgado, y la libertad de sus 14 compañeros de San Jerónimo Palantla que se encuentran detenidos en la casa de justicia de Espino Blanco.
Informaron que el domingo se integró una comisión de autoridades que ayer mismo se trasladaría a Espino Blanco para exigir la libertad de los 14 detenidos. Aunque a las seis de la tarde, los integrantes de la Comisión todavía se encontraban en Chilapa esperando que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) les proporcionara vehículos para su traslado.
Plácido Valerio dijo que el objetivo es pedir un careo con las autoridades comunitarias que acusan a los detenidos de cometer delitos.
Anunció una campaña de denuncia en las comunidades que pertenecen a la Casa de Justicia de Espino Blanco, tras las irregularidades y violaciones al reglamento de la CRAC en que incurrieron autoridades y policías comunitarios al invadir territorio ajeno y asesinar a Florencio Morales.

Marchan maestros, organizaciones y vecinos con la UPOEG en la clausura de su Congreso en San Marcos

Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) marcharon en las calles de San Marcos en el último día de actividades de su Congreso Estatal, en el tercer aniversario de su creación.
Una marcha y una misa fueron las últimas actividades del Congreso Estatal de la UPOEG, que inició el lunes, en las que los integrantes de la organización demandaron al gobierno respeto al derecho de los pueblos indígenas a organizar su propio sistema de seguridad y justicia.
En la misa, el sacerdote de Xalpatláhuac, Mario Campo Hernández llamó a la UPOEG a recordar que el centro del proyecto es la población y la familia, para no perder sus objetivos de brindar seguridad y lograr la paz en las comunidades donde operan. “Que no se pierdan las asambleas, si se dejan de hacer corren el riesgo de que el movimiento se tergiverse”, advirtió el padre.
Al cierre del Congreso asistieron el asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Flores Maldonado; el presidente municipal priista de San Marcos, Juan Carlos Molina; el ex diputado local perredista, Bertín Cabañas López; y el fundador de la CRAC, y hermano de Bruno, Cirino Plácido Valerio, quien no quiso adelantar ninguna declaración de su presencia en el Congreso de la UPOEG.
Minutos antes de las 12 del mediodía, unos 500 integrantes de la UPOEG, policías ciudadanos que portaron sus escopetas, vecinos del municipio y maestros de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur salieron en marcha de la colonia Campo de Aterrizaje.
En la vanguardia, cinco integrantes de la organización portaron la bandera nacional, seguidos del promotor de la UPOEG, Bruno Placido Valerio; los fundadores y promotores de la organización, Ernesto Gallardo Grande y Crisóforo García Rodríguez; además de delegados de los municipios de la Costa Chica.
Después, venían los policías ciudadanos portando mantas en las que se leía, “Los pueblos originarios, reconocidos, nos unimos a la UPOEG por el reconocimiento por el derecho del reconocimiento humano, defensa de nuestro territorio y de los recursos naturales. Un territorio con seguridad es un pueblo con justicia”.
Atrás, maestros de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, quienes exigieron el reconocimiento de la institución para que jóvenes indígenas y afro-mexicanos puedan seguir sus estudios. Los maestros portaron una manta donde demandaban la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 en Iguala.
La marcha fue casi a paso veloz y al ritmo de dos bandas de viento; caminó en las principales calles de la ciudad y la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, llegó al Zócalo y regresó al punto de partida, 40 minutos después.
En el trayecto, los vecinos de San Marcos dieron una cooperación a los integrantes de la UPOEG, quienes les acercaban unos botes sellados, con una ranura para depositar su contribución.
Llama el cura de Xalpatlahuac a no olvidar que el centro del proyecto debe ser la familia y la comunidad

En la misa, el presbítero Campo Hernández pidió por los 15 integrantes de la UPOEG asesinados durante los tres años de trabajo de la organización para restablecer la seguridad y la paz en los pueblos de la Costa Chica, Centro, Acapulco, y ahora en la Sierra y en un municipio de la Tierra Caliente.
También pidió por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y sus familias, y para que la sociedad guerrerense encuentre paz y justicia.
En la homilía, el padre llamó a los presentes a mantener un compromiso y asumir una actitud de responsabilidad con el pueblo, y que los integrantes de la organización no olviden que el centro del proyecto debe de ser la familia y la comunidad en las asambleas, un criterio que otras organizaciones sociales deben de retomar, dijo.
Asimismo, instó a la UPOEG a que no pierda sus objetivos y a que no se corrompa por intereses personales, y pidió que logre salir de las crisis internas. “2016 debe de ser un año de esfuerzo, de apertura, de construcción conjunta, y no de un año de trabajo solitario”, recalcó.

Fortalecer el diálogo con el gobierno para plantear el desarrollo en las comunidades, pide Bruno

En la clausura del Congreso, el dirigente Bruno Plácido Valerio dijo que en 2016 buscará el diálogo con el gobierno del estado para plantear el desarrollo en las comunidades e infraestructura y seguridad, además de mantener el diálogo con los presidentes municipales, que se tiene que fortalecer.
En breves declaraciones, el dirigente expresó que el gobierno está en su derecho de investigarlo por las narcomantas que en diciembre lo señalaron de estar relacionado con integrantes de la delincuencia, pero afirmó que, “la UPOEG, entre más avanza, afectamos a más intereses”.
Por su parte, Flores Maldonado dijo que se tiene que seguir trabajando en unidad para sacar adelante al estado. Mientras el presidente municipal, Juan Carlos Molina agradeció la presencia del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano en el municipio.
En declaraciones, el alcalde dijo que serán los integrantes del cabildo quienes decidirán el reconocimiento de la UPOEG como un sistema de seguridad, e indicó que él promueve el respeto de la ley y que bajo sus principios habrá coordinación con la organización.
A nombre de los comisarios de los municipios de la Costa Chica donde opera la UPOEG, el comisario de la comunidad de Colotepec, Ayutla, Honorio Rodríguez reconoció el trabajo del fundador de la organización, Bruno Plácido.
En su mensaje, se dirigió al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores, a quienes dijo que la UPOEG está haciendo el trabajo que el gobierno dejó de hacer de dar seguridad a las comunidades, y solicitó respeto a la organización.

No queremos que Zeferino reconozca a la Policía Comunitaria, pedimos respeto: Cirino Plácido

Gaudencio Mejía Ciudad de México

“No queremos el reconocimiento del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, queremos respeto y buena coordinación para intercambiar información de los presuntos delincuentes para facilitar la investigación y la aplicación de la justicia comunitaria”, expresó Cirino Plácido Valerio, ex comisario municipal de Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán, y miembro de la Consejo Regional Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Montaña y Costa Chica, en el salón norte de la Cámara de Diputados.

El dirigente indígena dio así respuesta a la declaración de Torreblanca, que en su informe de gobierno reconoció el trabajo de la Policía Comunitaria, que funciona de manera autónoma en ocho municipios de la Costa Chica y Montaña.

Plácido Valerio, invitado a participar como ponente en el foro “Política indígena: del reconocimiento de la diferencia al fin de la desigualdad”, organizado por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública y la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, dijo que “en el México profundo pasan muchas cosas y ustedes no se dan cuenta, en nuestras regiones luchamos por un espacio donde se pueda vivir, pero el mensaje del Estado mexicano es de racismo y discriminación, pues a los pueblos indios nos dan sólo migajas”.

Con la salud menoscabada, dificultad para hablar pero con el orgullo avivado, Plácido Valerio narró la historia de la Policía Comunitaria y del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias ante un auditorio atento a sus palabras: “Allá en nuestra región los amparos de los tribunales federales no funcionan, tampoco funcionan la defensoría de los abogados que estudiaron para cobrar, sólo aceptamos la defensoría de los familiares de los detenidos”.

Luego agregó: “Es que la justicia se ha vuelto un gran negocio. Nosotros pensamos que para que ésta alcance para todos, la justicia debe ser gratuita”

Precisó que con el nuevo gobierno en Guerrero, sólo le exigen respeto, colaboración y coordinación para investigar y sancionar los delitos que se cometen en la jurisdicción de 60 comunidades de seis municipios de San Luis Acatlán, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Iliatenco, Marquelia, Tlapa y Copanatoyac; “exigimos respeto, no queremos que se sometan (gobierno estatal) a nosotros, ni que nosotros nos sometamos a ellos”.

Cirino Plácido Valerio dijo que mientras más problemas pudiera tener la Policía Comunitaria con las autoridades de la justicia estatal, más puede crecer la CRAC, porque, dijo “nosotros no resolvemos a espaldas del pueblo como se hace aquí en la Cámara”, expresión que provocó la risa de los asistentes.

En el foro participaron en la mesa de discusión, Francisco Bárcenas, José del Val Blanco, director del programa México Nación Multicultural y la diputada Sofía Castro Ríos. El foro fue inaugurado por el diputado Javier Manzano, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas