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Se acusan de la violencia y de sembrar enervantes contrarios de Chautla y Palantla

Los 14 detenidos la mañana del sábado en San Jerónimo Palantla. Fueron arrestados por integrantes de la Policía Comunitaria perteneciente a la Casa de Justicia de la CRAC de Espino Blanco, Malinaltepec, que además asesinaron de un balazo a un comunitario de Chautla en Xochitempa .Foto: El Sur

Viejas rivalidades por conflictos de tierra y cultivo de amapola y mariguana, según las acusaciones que se hacen ambas partes, son el origen de recurrentes enfrentamientos entre habitantes de San Jerónimo Palantla y Rincón de Chautla, municipio de Chilapa y que la noche del viernes y la mañana del sábado derivó en 13 detenidos (de acuerdo con los primeros informes fueron 14, y en las fotos de los arrestados aparecen 14 hombres y en la lista hay 14 nombres), en la primera comunidad y un comunitario del mismo grupo asesinado en Xochitempa.
La confrontación que anteriormente era entre civiles, actualmente se da entre autollamados policías comunitarios: los de Rincón de Chautla agrupados en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) que encabeza Cirino Plácido Valerio, y la recién creada Policía Comunitaria de la CRAC de San Jerónimo Palantla, que solicitó su reconocimiento a la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, que promueve el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro.
Los dirigentes de ambos grupos se acusan mutuamente de ser los responsables de la violencia, de la siembra de amapola y de pertenecer al grupo criminal Los Rojos que opera en el municipio de Chilapa.
El dirigente del FDP, Torres Fierro, informó que la PC de Palantla se conformó hace dos meses, pero que apenas el sábado hizo su presentación pública y realizó la primera acción con la detención de 13 personas de esa localidad que habían venido cometiendo delitos.
Torres Fierro aseguró que los policías comunitarios tienen el reconocimiento de la casa de justicia de Espino Blanco, y que los aprobó el pueblo, mientras que los otros policías comunitarios que operaban San Jerónimo Palantla (de la CRAC-PC-PF), no eran reconocidos por el pueblo ni por el comisario municipal, y que se impusieron por medio de las armas, incluso, dijo, “mataron a varios compañeros”.
Dijo que por eso los habitantes decidieron organizarse para hacer respetar sus derechos, porque el gobierno supo de los asesinatos, de los secuestros, de las violaciones y asaltos que se venían cometiendo, porque fueron denunciados, “y nunca hicieron justicia”. Añadió que por eso, los agredidos se sintieron obligados a organizarse en otra Policía Comunitaria, “ante la negligencia y la incapacidad de los gobiernos estatal y federal, para resolver esos problemas”.
Informó que se integró un grupo de 20 policías comunitarios que fueron nombrados por el pueblo y registrados por la Casa de Justicia de Espino Blanco y que usan sus armas con base a la Ley 701.
Explicó que fueron estos 20 integrantes de esta nueva Policía Comunitaria de Palantla los que la noche del viernes y la mañana del sábado, con el apoyo de policías comunitarios que vinieron de comunidades que pertenecen a la Casa de Justicia de Espino Blanco, detuvieron a 13 hombres que se decían policías comunitarios pero que venían cometiendo diversos delitos en contra de la gente de su mismo pueblo.
El dirigente del FDP detalló que en la acción participaron unos 80 policías comunitarios; 60 que vinieron de las comunidades de Pochutla, Olinalá, Tlatlauquitepec y algunos de Ahuacuotzingo, que aún no están reconocidos pero que ya se están organizados, más los 20 que recientemente se integraron en Palantla.
Pero Torres Fierro aseguró que no tiene conocimiento de que durante las detenciones hayan matado a nadie, como informó el otro grupo y el gobierno del estado, que confirmaron el deceso de Florencio Morales Salgado en la comunidad de Xochitempa. “No sé qué haya pasado allí, yo no puedo reconocerlo ni negarlo, simplemente no lo vi”, expresó.
Sin embargo agregó que ahora que ya están agrupados en la Policía Comunitaria los de San Jerónimo Palantla “van a enfrentar lo que venga, porque les asiste la razón”.
Aseguró que los detenidos traían “azorrillados”, desde hace mucho tiempo, a los habitantes de San Jerónimo Palantla, y que aunque se decían policías comunitarios, “nosotros decimos que son sicarios al servicio de la maña y que se han dedicado al narcotráfico”, declaró Torres Fierro, quien manifestó que “posiblemente” estén al servicio del grupo criminal Los Rojos.
Explicó que incluso por eso la mayoría del pueblo tomó la decisión de no incluirse a ese grupo de policías comunitarios “porque allí se manejaba droga, tenían todos ellos sembradíos de mariguana, los comandantes eran los que tenían más y los policías tenían menos, pero todos tenían sembradíos”, aseguró.
Añadió que el grupo de gente que se decía policías comunitarios no fue aceptado y sí rechazado por el pueblo y que fue la causa de que comenzaron a golpear a la gente, “primero al anterior comisario Alfonso Orgín Castro, a quien golpearon, amarraron y se los llevaron secuestrado”.
Añadió que el año pasado mataron también el hijo de éste y el 8 de abril a un auxiliar del comisario actual Fransico Chautla Zizinteco. Detalló que la víctima apenas había sido nombrado policía comunitario. Recordó que en esa acción también mataron a una mujer embarazada de tres meses.
“Estos hechos se denunciaron ante las autoridades, y les pedimos justicia para todos nuestros compañeros, que se hiciera una investigación, que se detuviera a los asesinos de todas estas personas, y el gobierno no hizo caso”.
Explicó que, entonces, los habitantes tomaron el acuerdo de hacer algo para que esa violencia no siguiera adelante, “determinaron no seguir aceptando esta situación y dijeron que si el gobierno no los detiene, y cuando los detenía luego los liberaba, lo que significaba una burla, decidieron conformar su Policía Comunitaria para detenerlos ellos mismos”.
Explicó que primero buscaron el reconocimiento de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán pero que les pusieron muchos obstáculos, después acudieron a Espino Blanco “y ellos dijeron que sí los aceptaban, todas las cosas las hicimos legalmente y el gobernador Héctor Astudillo y el secretario de Gobierno, Florencio Salazar, conocen el proceso, estuvieron enterados del problema y le planteamos que queríamos justicia, pero nunca hicieron nada por detenerlos”.
Torres Fierro confirmó que los 13 detenidos fueron trasladados a la Casa de Justicia de Espino Blanco.
–¿Existe la posibilidad de que los dos grupos estén siendo utilizados por el crimen organizado, y sea la causa de los enfrentamientos? –se le preguntó a Torres Fierro.
–Eso se pudiera dar, pero yo les he dicho a los compañeros que yo no me voy a meter en esa bronca y que el compa que ande de ese lado, yo lo voy a entregar. Ellos dijeron que no están metidos en esos problemas, y es más, pidieron que se destruyan todos los sembradíos de mariguana que hay en el pueblo.

Conflictos agrarios, siembra y venta de amapola y además el FDP: Cirino Plácido

El representante de la CRAC-PC-PF, Cirino Plácido Valerio, declaró que el origen de la violencia interna en San Jerónimo Palantla es por conflictos de tierra, siembra y venta de amapola, y por el “abuso del fuerte contra el débil” y acusó que en esto tiene mucho que ver el Frente de Defensa Popular (FDP).
Explicó que lo que pasó el viernes y el sábado fue un “acto de provocación” de la gente del FDP con el apoyo de comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco.
Acusó a esa Casa de Justicia de la CRAC de no haber sido “muy prudentes” al autorizar la incursión de cuatro camionetas con comunitarios, aunque sabían que había comunitarios allí (los de la CRAC-PC-PF) y que debieron haber pedido información antes de proceder.
Denunció que los que vinieron de Espino Blanco a respaldar a la gente de San Jerónimo Palantla no actuaron como policías sino como delincuentes, “ejecutaron a un policía comunitario desarmado”, dijo en referencia a Florencio Morales Salgado en  la comunidad de Xochitempa.
“En el sistema comunitario se detiene a la gente, no se le asesina y así no actuaron como policías comunitarios, sino como verdaderos asesinos”, acusó.
Criticó que estas acciones y errores que se vienen cometiendo desde el 2010 en la Policía Comunitaria, “deja muy mal parado al sistema comunitario”.
Dijo que ese tipo de grupos que se dicen comunitarios “están haciendo exactamente lo que quiere el gobierno, porque sólo a él le conviene ese tipo de acciones”.
Añadió que si actuaron porque dicen que el grupo de comunitarios de la CRAC-PC-PF (que él encabeza) están metidos en la mafia, que lo demuestren, “nosotros queremos pruebas, si demuestran que alguno de ellos está metido en la mafia, lo detenemos y lo reeducamos, porque quien se mete a la delincuencia siendo comunitario es un traidor”.
Plácido Valerio explicó que en San Jerónimo Palantla todos los comisariados que han pasado, entre ellos Antonio Bolaños y los dirigentes que lo apoyan, han abusado de su propia gente, “ha habido despojo de tierras, pero también tiene que ver la siembra y la venta de amapola, eso fue lo que dividió y confrontó a los compañeros”, dijo Cirino Plácido.
Informó que cuando se creó la CRAC-PC-PF en Rincón de Chautla, un grupo de San Jerónimo Palantla se adhirió a la agrupación y que esta división detonó el 9 de febrero del 2015 cuando el entonces comisario Alfonso Orgín Calvario, “que pertenece a Los Rojos” (dijo), preparó una emboscada a la Policía Comunitaria y detuvieron al consejero Isaac Xochitempa Chautla, a quien pretendieron quemar vivo por el simple hecho de formar parte de la Policía Comunitaria.
Recordó que a Xochitempa Chautla, finalmente lo mataron el 24 de noviembre cerca de Atzacoaloya, en donde  hubo cinco muertos.
Y luego se preguntó: ¿por qué odian tanto a la Policía Comunitaria?, después aseguró que ese odio es por la siembra de amapola.
Recordó que incluso, cuando la Policía Comunitaria fue emboscada en San Jerónimo Palantla el 9 de febrero y logró detener a varios de los agresores, a él le tocó tomar la declaración a Antonio Bolaños, uno de los dirigentes del otro grupo, ex comisario municipal y ex presidente del comisariado de Bienes Comunales.
“Le llamé la atención y él reconoció que estaba equivocado, le dije que no sólo eso, sino que estaba llevando a su pueblo por un camino equivocado, sembrando odio y confrontación, en vez de promover el diálogo”.
Cirino Plácido contó que le preguntó quiénes eran los responsables de promover esa división, “y él me respondió que pertenecía a Los Rojos y el entonces comisario municipal, Alfonso Orgín Calvario, también pertenecía a Los Rojos, entonces nos dejaron claro que ellos se coordinaban con el líder de la plaza en Chilapa, Zenén Nava, y que el plan era justificar una represión contra la Comunitaria para desarticularla”.
Recordó que a pesar del encono entre los dos grupos, en marzo pasado las autoridades les impusieron un acta conciliatoria, pero que después se vino otra emboscada contra consejeros y que promovieron 52 órdenes de aprehensión, de las cuales ocho se ejecutaron, pero siete de los detenidos ya fueron liberados y uno sigue detenido, “y sigue la persecución de la Fiscalía, el Estado y de estos grupos”, dijo en referencia a la nueva agrupación de comunitarios.
Mientras tanto, el coordinador de la Casa de Justicia matriz de San Luis Acatlán de la CRAC, Hipólito Moso Emiliano, con la que se coordina la Casa de Justicia de Espino Blanco, de plano se deslindó del conflicto, consultado por teléfono dijo que desconocía el caso, que quienes tendrían que responder eran los coordinadores de esa casa.

Plantea Bruno Plácido que la UPOEG deje sus funciones de seguridad y vuelva a la gestión

A tres años de la creación del Sistema de Justicia y Seguridad Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el promotor Bruno Plácido Valerio planteó que la organización regrese a la gestión de infraestructura y a combatir la pobreza, una vez que el problema de la inseguridad se ha superado en las comunidades donde opera.
Ayer, la organización creada el 5 de enero de 2013, que buscó el auspicio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), realizó su tercer Congreso Estatal con el objetivo de evaluar los avances, logros y retos del sistema, para proponer estrategias y acciones para su consolidación, en el marco de los derechos humanos de los pueblos originarios.
A la 1:30 de la tarde, los 400 asistentes, policías ciudadanos, activistas y representantes de organizaciones sociales, aplaudieron de pie a la memoria de los más de 15 policías comunitarios y promotores asesinados en los tres años que la organización lleva trabajando, a petición del delegado de la UPOEG en San Marcos, Nicolás Ramírez Delgado.
Minutos antes de dar inició al acto de inauguración, en una reunión preparatoria Bruno Plácido Valerio expresó que es necesario que en la organización existan nuevos rostros y la posibilidad de su retiro al frente de la UPOEG. En declaraciones, precisó que, si la población lo permitiera, estaría bajo la figura de asesor o de consejero.
En cuanto a las narcomantas que aparecieron en diciembre en Chilpancingo señalando al dirigente na’savi de tener vínculos con integrantes de grupos criminales, luego de la incursión de la organización en comunidades de la sierra de Chichihualco, Bruno Plácido dijo que, “esas mantas llevan un mensaje, que significa detención o significa masacre, y al último se justifican diciendo que estaban vinculados y por eso los mataron, por eso es sano hacerse a un lado”.
En su intervención, Bruno Plácido dijo que el 5 de enero hace tres años, el levantamiento organizado de la ciudadanía fue “histórico” en el municipio de Ayutla para defenderse de los delincuentes, cuando las autoridades del estado y los militares permanecieron indiferentes ante las denuncias que hacían.
Ahora, dijo que el movimiento de los policías ciudadanos debe de pasar a un segundo orden, “ya no debe de ser el centro”, y la prioridad de la organización debe ser la erradicación de la pobreza y la gestión del desarrollo de las comunidades, con infraestructura, para encontrar paz.
Abundó que, si se erradica la pobreza también terminará la inseguridad, porque mucha gente que ha detenido la Policía Ciudadana luego de cometer un delito, ha aceptado que lo hizo porque no tenía dinero.
“Se tiene que ver la ruta, si se sigue deteniendo por pobre o buscamos alternativas de solución. La gente cuando es detenida dice que no tiene dinero”, y que por eso comete delitos.
Llamó a los gobierno a anteponer la decisión de los pueblos y no empeñarse en querer gobernar como si estuvieran en un racho, dando órdenes y en beneficio de sus intereses.
Plácido Valerio recordó que el movimiento no es enemigo del gobierno porque está coadyuvando en la seguridad; como parte de ello, en el segundo año de su conformación, los policías ciudadanos decidieron quitarse los pasamontañas para evitar una confrontación, y luego de que el gobierno advirtiera que en la zona se gestaba un movimiento armado.
El promotor subrayó que las asambleas comunitarias han unificado y fortalecido a la organización, por que son las comunidades las que nombran y quitan a sus policías comunitarios, “fue devolverle el poder a la gente”, y así evitar que se tomen decisiones unilaterales, explicó.
Llamó a los policías ciudadanos a no olvidar que su finalidad es cuidar a la ciudadanía y que sus armas no son para estar encima del pueblo, y que los promotores deben de ser facilitadores de la información. Rememoró que cuando la delincuencia ataca a la sociedad, la policía debe accionar, pero cuando el gobierno ataca a la organización, es el pueblo el que debe salir a defenderlos, “hay una reciprocidad”.
“Ahora han surgido muchos grupos porque no han aceptado el esquema de comunidad. Llámese comunitaria o ciudadana, tienen que tener la formula de la asamblea, no podemos hacer grupo, porque si hacemos grupo vamos a terminar (en lo mismo) a lo que teníamos miedo”, indicó.
Recordó que en Tierra Colorada y Malinaltepec se permitió que los autodefensas portaran armas de grueso calibre para combatir a la delincuencia, lo que terminó revirtiéndose contra la población cuando el grupo sometió al pueblo, “fue un error que no podemos permitir”, dijo.
Llamó a la reflexión a los policías ciudadanos, porque a pesar de que no hay integrantes suyos en la cárcel, sí hay muchas averiguaciones previas, muertos y enfrentamientos, “tenemos que buscar qué hacer, porque de todo me echan la culpa a mí. Es fácil buscar culpables, pero es bien difícil asumir responsabilidad”, subrayó.
Informó que la UPOEG mantiene su presencia en 12 municipios de la Costa Chica, Acapulco, Chilpancingo y, desde noviembre, en 16 comunidades de la sierra de Chichihualco, además de en 14 comunidades de San Miguel Totolapan, donde la gente ha solicitado su apoyo para organizarlos.
En este contexto, dijo que la UPOEG es un facilitador para que las comunidades se organicen, “no somos empresa de seguridad”, aclaró.
En su intervención, el fundador de la UPOEG, Crisóforo García Rodríguez recordó que donde hay policías comunitarios o ciudadanos hay paz, y “donde no, como Acapulco, hay sangre todo los días”. Afirmó que, “hay una delincuencia pactada y tolerada por el gobierno, que lo utiliza”.
Señaló que el gobierno los llamó autodefensa a pesar de actuar bajo el marco de la Ley y los tratados internacionales de los derechos indígenas, para tratar de desarmarlos, sin embargo el objetivo que persigue la organización es combatir la delincuencia.

Las ocho mesas de trabajo de la asamblea

Después del acto, se instalaron ocho mesas de trabajo: Proyecto comunitario y desarrollo integral; Informe, evaluación, reestructuración y funcionamiento del SSJC; Derecho a la consulta y representación popular; Defensa del territorio y recursos naturales; Integración familiar, prevención y abatimiento del delito; Desaparición forzadas y atención a víctimas; 43 estudiantes normalistas y otras personas desaparecidas; y Derechos Sociales.
Hoy, luego de una marcha se darán a conocer los resultados de las discusiones de las mesas. Al acto asistió el fundador de la CRAC y hermano de Bruno Plácido, Cirino y el ex diputado federal Marcos Matías.

De la organización podrían salir más grupos como el FUSDEG, dice el promotor

En declaraciones, Bruno Plácido Valerio indicó que así como se desprendió el FUSDEG por grupos de intereses, de la UPOEG “podrían salir otros”.
Enfatizó que si las nuevas organizaciones no se apegan al esquema de las asambleas de los pueblos, tenderán al fracaso o se conformarán en “grupos” que, en vez de proteger a la población, pueden ser delincuentes.
También dijo que la UPOEG no puede vivir como un centro de atención a la seguridad cuando hay secuestros, “sí pasan cosas, pero sí se han resuelto”.
Abundó que, “si seguimos fomentando la Policía Ciudadana, los policías pueden llegar a corromperse o desviarse, y se necesita cambiar el centro de atención para que las comunidades sean las a que tomen las decisiones”.
El dirigente dijo que en vez de perseguir a los drogadictos, se debe de atender la drogadicción, al igual que los problemas de deudas de las personas en las comunidades donde las casas de prestamos cobran altos intereses y la gente termina endeudada y robando para poder pagar.

Diálogo y respeto, piden
coordinadores

El promotor de la UPOEG Crisóforo García, en declaraciones solicitó a los gobiernos municipal, estatal y federal, y a las instituciones a las “que les competa dar seguridad, que lo hagan”, y llamó al gobierno a mantener el diálogo, la coordinación y el respeto con la UPOEG.
Expresó que en tres años se ha confirmado que la consolidación de una organización no depende de los líderes o dirigentes, sino del poder de la población. Dijo que quienes han perseguido intereses personales han fracasado y no logran sobrevivir.
Dijo que esos mismos intereses personales por el control han derivado en muertos, en alusión a la separación del FUSDEG que opera en el Valle del Ocotito. El 30 de marzo se registró una balacera entre ambos grupos en el crucero de San Juan de El Reparo que dejó 12 muertos, 10 del FUSDEG y dos de la UPOEG.
Por su parte, la promotora de Ayutla, Eneida Lozano Reyes dijo que los avances de la UPOEG son muchos y los resultados son evidentes, pero reconoció que es difícil seguir operando cuando la gente cae en la comodidad porque hay seguridad.
Reconoció que hay apoyo a las mujeres dentro de la organización y tienen el mismo derecho de voz y decisión.