La dirigencia del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunció que después de las 2 de la tarde de este lunes reiniciaron los ataques del grupo delictivo Los Ardillos ahora a las comunidades nahuas de Zacapexco y Rincón de Chautla, municipio de Chilapa.
Por su parte la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informó ayer, (cuatro días después de que comenzaron los ataques), que “ante el reporte de una agresión a comunidades de Chilapa”, las autoridades visitaron la comunidad de Colotepec acompañadas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) “para atender y verificar el hecho”.
Y luego de cuatro días de balaceras, el dirigente de la agrupación, Jesús Plácido Galindo, informó por teléfono que hasta a las 2 de la tarde sólo dos policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), habían resultado heridos, ambos de la comunidad de Zacapexco.
Por la mañana, la dirigencia del Cipog-EZ envió un mensaje “urgente” a las autoridades federales y estatales para intervenir ante el problema de violencia que viven estas comunidades ubicadas al sur de Chilapa; el dirigente denunció por teléfono que hasta el mediodía de ayer no había presencia de las autoridades federales y estatales en la zona que está siendo atacada.
Plácido Galindo informó que antes de la una de la madrugada de este lunes habían cesado los ataques a las comunidades de Tula y Xicotlán, donde la Policía Comunitaria de la CRAC-PF ya asumió el control.
Sin embargo denunció que después de las 12 del día comenzaron las agresiones ahora a los pueblos de Zacapexco y Rincón de Chautla.
De hecho, la zona se encuentra bajo fuego del grupo delictivo desde las 11:40 de la noche del viernes, cuando atacaron el pueblo de Tula, pero en el transcurso del sábado los agresores fueron replegados incluso del pueblo vecino, Colotepec, de donde de acuerdo con los pobladores de Tula les hacían los disparos.
Por la mañana, antes de que se conociera de la reanudación de las balaceras contra Zacapexco y Rincón de Chautla, la dirigencia del Cipog-EZ, había enviado un mensaje “urgente” al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez; a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos, así como a la Secretaía de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que se apersonaran en la zona a atender el problema de violencia que sufren los pueblos nahuas.
“Exigimos una reunión con todas y cada una de las autoridades, así como con representantes encargados de seguridad pública antes mencionadas, derivado de la falta de seguridad que aqueja a las comunidades de la Montaña baja de Guerrero y que todos y cada uno de ustedes están enterados, sin hacer absolutamente nada”, pidió en su mensaje la agrupación.
Advirtió que de no ser atendidos por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, “no daremos paso a nadie por la carrera Chilapa-Tlapa, hasta ser atendidos por ustedes”.
Pidieron que la reunión se realice en la comunidad de Alcozacán “para tomar acciones contundentes y parar todos los delitos de lesa humanidad que se están cometiendo, por los grupos del narcotráfico en especial Los Ardillos”.
A las d2 de la tarde, el dirigente del Cipog-EZ informó que después de las 12 del día reanudaron las agresiones esta vez contra los pueblos de Zacapexco y Rincón de Chautla, que se encuentran al fondo de Xicotlán y Tula.
Informó que de la noche del viernes, cuando empezaron los ataques, a la tarde de ayer, dos policías comunitarios de la CRAC-PF habían resultado heridos, informó que ambos son de la localidad de Zacapexco y que ya son atendidos en un hospital.
Aseguró que hasta la tarde de ayer todavía no había presencia del Ejército, la Guardia Nacional, ni de la Policía Estatal.
La Coordinación para la Construcción de Paz, informó por la tarde en su página de Facebook que “ante el reporte en redes sociales de una agresión en comunidades del municipio de Chilapa, autoridades de los tres niveles de gobierno y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acudieron a la comunidad de Colotepec “para atender y verificar el hecho”.
El Cipog-EZ venía denunciando que en Colotepec estaba atrincherado el grupo delictivo que constantemente atacaba a balazos al pueblo de Tula, y desde donde comenzó la agresión la noche del viernes. Es decir, las autoridades de los tres órdenes de gobierno visitaron ayer la comunidad desde donde comenzó la agresión, no los pueblos agredidos .
Comuneros de Zacapexco, Rincón de Chautla y Paraíso de Tepila, comunidades de Chilapa pertenecientes al núcleo agrario de Zelocotitlán, pidieron a la Procuraduría Agraria (PA) parar los excesos de cobro de multas y que se les reconozca legalmente, pues no entran al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) porque las autoridades comunales sólo los reconocen como avecinados.
Al término de la reunión privada, los comuneros dijeron que los atendió el subdelegado, Jesús González, para destrabar el conflicto, y que también estuvieron presentes autoridades comunales con las que tienen el problema.
Contaron que les han cobrado multas excesivas, de 5 mil a 10 mil pesos, por cortar árboles y otras acciones, pese a que no hay ningún estatuto que especifique costos ni asambleas que lo determinen; además señalaron que han sido víctimas de despojos.
El primero de los cinco acuerdos a los que llegaron es que se les entregará copia de los estatutos para verificar cuáles son las multas adecuadas; sin embargo, el estatuto aún no está terminado, y además cada comunidad nombrará a sus representantes, dijeron.
Otro acuerdo fue que quienes integran los bienes comunales y consejo de vigilancia devolverán un solar que le quitaron a un comunero, una vez que se presente a la comisaria de bienes comunales para definir la fecha para de la asamblea y se le devuelva. Contaron que se le despojó porque fue convocado por las autoridades comunales y no acudió.
El tercer acuerdo, en cuanto a su reconocimiento como comuneros, es que se les invitará a las asambleas convocadas por el comisariado de bienes comunales, donde tendrán derecho de voz.
El cuarto es que enviarán las solicitudes para que se convoque a asamblea y se les dé el reconocimiento como sujetos de los bienes comunales.
El quinto acuerdo fue en referencia a la tierras de uso común, pues han tenido conflictos en los terrenos que tienen árboles gruesos o monte, pues dijeron que el comisariado con su gente han medido, han parcelado, pero la ley dice que esos terrenos tienen que ser de uso colectivo, por lo que se tienen que respetar y reforestar, además de que la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Semarnat) o la Comisión Nacional Forestal (Conafor) deben otorgar proyectos.
Autoridades comunitarias de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunciaron que los gobiernos federal y estatal no han intervenido para resolver el conflicto que tienen con sus vecinos de Rincón de Chautla, donde se encuentra un grupo de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los pueblos fundadores, que, denunciaron, en los últimos tres años han cometido al menos 13 asesinatos.
En conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) de Chilpancingo, el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro, que acompañó a autoridades de San Jerónimo Palantla, dijo que han pedido muchas veces a los gobiernos estatal y federal que vayan a investigar y a detener a los responsables de la violencia en esos dos pueblos, pero que no han hecho caso.
El dirigente del FDP responsabilizó a las autoridades estatales y federales de los hechos de violencia que pudieran ocurrir en los próximos días, como consecuencia de la impunidad, puesto que los habitantes de la comunidad de San Jerónimo Palantla han denunciado la violencia del grupo opositor, al que acusan de portar armas de alto poder y que cuenta con el respaldo de grupos de la delincuencia de la región.
Asimismo, Torres Fierro, acompañado por el dirigente de la comunidad, Antonio Bolaños Calvario, denunció que desde el 8 de febrero de 2015, el grupo que encabezan dirigentes de la CRAC de los llamados pueblos fundadores ha cometido al menos 13 asesinatos en esas dos comunidades.
Denunció el dirigente nahua que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha investigado los asesinatos y no los ha esclarecido ni detenido a los responsables, lo que ha motivado que los dirigentes de la CRAC y de la Policía Comunitaria en esas comunidades sigan agrediendo a los pobladores.
Se ha agudizado la persecución
Denunció que desde hace dos meses la persecución se ha acentuado, y que al menos tres encapuchados y armadas han estado recorriendo los alrededores de San Jerónimo Palantla, y que han tomado fotografías a leñadores y vecinos que encuentran en los caminos.
El representante de la comunidad dijo también que han denunciado los hechos ante las autoridades de la 35 Zona Militar, pero que tampoco les ha hecho caso, “ojalá que no vayan a atender nuestras demandas cuando ya tengamos que lamentar alguna muerte de nuestros compañeros”, dijo el campesino.
Bolaños Calvario advirtió que los habitantes dieron de plazo una semana en una asamblea, que se cumplió este miércoles, para que las autoridades acudan a esa comunidad a platicar con los habitantes y a comenzar las operaciones de seguridad, pero como no hubo ningún acercamiento; el representante de la localidad advirtió que el próximo sábado determinarán las acciones para desplegar los operativos para su autodefensa.
Mujeres, niños y hombres nahuas de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, bloquearon 30 minutos el bulevar del río Huacapa frente al Palacio de Gobierno, y denunciaron que siete mujeres fueron retenidas este miércoles en la comisaría de San Jerónimo, las liberaron a las 6 de la tarde del mismo día bajo la condición de que entregaran a sus esposos.
Después se plantaron en el paso peatonal para exigir la intervención del gobierno del estado en el conflicto con habitantes de Rincón de Chautla.
En la protesta en el paso peatonal del Palacio de Gobierno participaron algunas de las siete mujeres retenidas. Una de ellas leyó un documento en el que dice que un grupo de la delincuencia que encabeza Constantino Calvario Merino, uno de los supuestamente emboscados el lunes, retuvo a siete mujeres de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, a las que liberó luego de que prometieron que entregarán a sus maridos, y las amenazaron que si no lo hacen las van a matar.
En la lectura del documento se señaló que el grupo actúa con total impunidad en coordinación con policías estatales y militares, que han asesinado a habitantes de San Jerónimo.
“Este grupo cumple con su función de paramilitares donde el grupo dominante prepara el enfrentamiento entre los hermanos indígenas y entre familiares, y es muy claro que este grupo nos está obligando a abandonar nuestras casas, nuestras parcelas, nuestro pueblo”, leyó.
Las mujeres indígenas llegaron a las 10:30 de la mañana, ataviadas con sus faldas y blusas de colores, cargando a sus hijos con los rebozos, y esperaban la indicación del grupo de hombres que las acompañaba para iniciar el bloqueo.
Ante el anuncio de la movilización, una comisión de trabajadores de Gobernación del estado, escoltó las tres Urvan en las que viajaban hasta su arribo a Palacio de Gobierno, después los siguieron al estacionamiento para disuadir sus intenciones de bloquear.
Una hora después, los inconformes se organizaron para bloquear el carril norte-sur del bulevar del río Huacapa durante 30 minutos, después se plantaron en el paso peatonal para permitir la circulación vehicular.
Los niños portaban cartulinas en las que se leían, “No más secuestro de mujeres indígenas en San Jerónimo Palantla”, “Los grupos delictivos de Constantino mataron a mi mamá el 24 de diciembre” y “Pedimos al gobernador y a César Flores que nos entreguen una solución”.
Durante la protesta, una de las mujeres relató en náhuatl que a ella la retuvieron, sometieron y que le exigían que entregara a su marido, y que si no lo hacia la matarían, por eso tiene miedo de regresar a su casa.
Dijo que su esposo tuvo que irse de su pueblo, dejar todo lo que tenía para que no lo mataran.
Otro joven que participó, dijo que cuando intentaron salir de su comunidad este jueves, un grupo de policías estatales intentó evitar que salieran las tres camionetas en las que viajaban.
“Tuvimos que salir caminando de la comunidad, porque no dejaron que las camionetas entraran para recogernos, tuvimos que correr”, relató.
En el comunicado explicaron que, como resultado de estos abusos, más de 80 familias están siendo desplazadas, ante el temor de ser asesinados y retenidos por los grupos criminales.
Los inconformes exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que intervenga de manera urgente para que se evite más hechos de violencia, además de urgir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su intervención para evitar la confrontación.
Los manifestantes se retiraron del lugar a las 5 de la tarde, tras una mesa de negociación con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, para determinar cómo los atenderán. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo). .
Integrantes del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI denunciaron que policías comunitarios de Rincón de Chautla, fueron quienes emboscaron e hirieron a dos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) la noche del lunes en la comunidad de San Jerónimo Palantla, en Chilapa.
Por su parte habitantes de la comunidad de San Jerónimo Palantla, originarios de Rincón de Chautla, se deslindaron de los señalamientos del coordinador regional de esa organización, Rodolfo Colorado Ahuizteco, dijeron que no pertenecen a ningún grupo comunitario y no participaron en el ataque armado que dejó dos heridos.
En conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Colorado Ahuizteco se quejó de que el fiscal general Javier Olea Peláez pretende liberar a José García González e Ignacio Cortez Reyes, quienes fueron detenidos en ese ataque ocurrido la noche del lunes cerca de San Jerónimo Palantla, cuando los integrantes de la CRAC acudieron a una reunión en Chilpancingo y volvían a la comunidad.
Comentó que los líderes de la policía comunitaria de Rincón de Chautla, Rufino Orgin Calvario, Antonia Orgin Casarrubias, Jesús Plácido Galindo, Cecilia Calvario Tlaltempa y Silveria Barrera Tlaltempa, “pagan a los gatilleros para asesinar a nuestros compañeros, y las autoridades de los tres niveles de gobierno hacen caso omiso para detenerlos”.
Dijo que los agresores que atacaron a los policías comunitarios de San Jerónimo Palantla son Jacinto Ayocalteco Cortés, Ignacio Morales Salgado, Luis Salgado Gómez, Carmelo Salgado Morales, Lorenzo Tepetate, Santos Tolentino Calvario, José García González e Ignacio Cortés Reyes, estos dos últimos fueron detenidos por policías y existen órdenes de aprehensión contra ellos, pero la Fiscalía las tiene congeladas y no pueden proceder.
Señaló que el fiscal Javier Olea pretende liberar a José García González e Ignacio Cortes Reyes y no los responsabiliza del ataque armado en contra de sus compañeros, “Javier Olea no es nada para la Fiscalía, que renuncié, no brinda seguridad en nuestro estado”.
Se quejó también del asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Flores Maldonado, “es un parásito del gobierno del estado, después del desarme de nuestros compañeros el 16 de junio 2016 nos quedamos desamparados, aquí le decimos a los parásitos que no pueden dar seguridad que dejen que el pueblo se organice, se defienda y no queremos que se metan para que nos desarmen”.
“Un grupo que se dice policía comunitaria sigue ejecutando y matando a campesinos en esa región, hacemos responsable a Jesús Plácido Galindo y a su papá, quienes fueron los fundadores de este grupo delictivo que se encarga a masacrar gente de Chilapa, antes cuando no había grupos armados no pasaba nada, todo estaba tranquilo”, declaró
Detalló que la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla opera en las comunidades de Acahuehuetlán, Alcozacán, Xicotlán, “le decimos al gobierno del estado porque a nuestra organización la desarmó y los de Rincón de Chautla siguen armados, por eso pedimos al fiscal que detenga a las personas que realizaron el ataque”.
Dijo que estas agresiones son porque pretenden acaparar la zona de San Jerónimo Palantla para quitar los terrenos a los campesinos para cultivar enervantes, “a los pobladores que están inconformes los asesinan y se ha generado violencia, por ser opositores han masacrado a nuestros compañeros, lo que ha generado asesinatos de personas inocentes”.
Relató que a las 10 de la noche fueron atacados en San Jerónimo Palantla Constantino Calvario Merino quien iba manejando la camioneta, Alfonso Orgin Calvario, Gabriel Calvario Chávez quienes iban de copilotos y resultaron heridos de bala.
Agregó que los tres fueron a una reunión a Chilpancingo cuando regresaban a la comunidad, y al pasar una curva de una barranca fueron emboscados.
Repelieron la agresión y detuvieron a dos de los agresores, llegaron militares, policías estatales y ministeriales quienes hicieron cargo de las investigaciones. Los dos heridos se encuentran estables, uno sufrió un rozón en el codo y el otro en la cara.
A la conferencia asistieron los integrantes del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI Lenin Abraham y Elías Torres.
No pertenecen a ninguna policía comunitaria, dicen los de San Jerónimo
En la tarde en conferencia de prensa habitantes de la comunidad de San Jerónimo Palantla originarios de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, se deslindaron de los señalamientos de Rodolfo Colorado Ahuizteco, dijeron que no pertenecen a ningún grupo comunitario y no participaron en el ataque armado en contra de los policías comunitarios.
El vecino Rufino Orgin Calvario informó que los policías comunitarios de Rincón de Chautla y de San Jerónimo Palantla no están reconocidos por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC), luego de que fueran desarmados el 16 de junio del año pasado por el gobierno estatal para evitar confrontación de los dos grupos por la disputa del territorio.
Comentó que el grupo armado que se dice de la Policía Comunitaria lo encabeza Constantino Calvario Merino, quien opera en San Jerónimo Palantla, y cometen atropellos en contra de los pobladores, “nos quieren correr para que se adueñen de nuestros terrenos para cultivar enervantes”.
Relató que la noche del lunes los hombres armados que encabeza Calvario Marino irrumpieron a tres casas en la comunidad Xochitempa, anexo de San Jerónimo Palantla, quemaron ropa y cobijas, “para meter miedo a la gente, para huyan del pueblo y ellos tengan el control de la zona para que cultiven enervantes”.
Orgin Calvario informó que la emboscada que sufrieron los supuestos comunitarios de San Jerónimo Palantla fue un autoataque para que fabriquen pruebas, y “nos señalen a nosotros que pertenecemos a Rincón de Chautla, pero somos gente humilde y trabajadora y vivimos en San Jerónimo y no en Rincón de Chautla, son chismosos pero que presenten las pruebas”.
Dijo que en este ataque los policías estatales y los civiles armados detuvieron adentro de sus casas a José García González e Ignacio Cortés Reyes a quienes acusan de la agresión lo cual es falso, “ellos me mencionaron en una lista de que yo pago a sicarios para hacer fechorías pero no es verdad, y cuando ocurrió este hecho yo me encontraba en Acapulco”.
“Denunciamos que los señores quienes encabeza la campaña de desprestigio en contra de nosotros son Rodolfo Colorado, Efraín Torres Fierro, Clemencia Guevara Tejedor que es la precandidata de Morena en Mártir de Cuilapan, son los que han asesorado al grupo armado de Constantino Calvario Merino para provocar la violencia en la comunidad”, declaró
Por su parte Santiago Chávez relató que a la 1 de la mañana del lunes este grupo armado llegó a su casa, golpearon su puerta y ventana “me buscaba para llevarme a mi, porque me acusan de que yo soy el responsable de esa agresión y no es verdad, nos dicen que nos van a matar y nos están esperando porque nos van asesinar”.
Pidió al gobierno estatal que intervenga y desarme a los grupos que se hacen pasar como comunitarios, porque generan miedo y temor.
Por su parte el papá del detenido Ignacio Cortés Reyes, Pedro Cortés Orgin exigió a los tres órdenes de gobierno que liberen a su hijo porque no tuvo nada que ver en el ataque, “mi hijo es tranquilo, lo fueron a sacar de su casa pero es inocente”.
“Nos están obligando de salir del pueblo con amenazas de muerte para tener el control de la zona y hagan sus fechorías”, declaró.
Unos 400 integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata marcharon de la Autopista del Sol a Palacio de Gobierno, para exigir la cancelación de órdenes de aprehensión contra 55 indígenas, el desistimiento de otras 15 que están por girarse y la detención de los responsables del asesinato de cinco integrantes de esa organización en San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa.
A las 11:30 de la mañana comisarios, representantes de Papaxtla, Paraíso de Tepila, Rincón de Chautla, Acahuhuetlán, Terrero 1, Xicotlán, Zacapexco, Ayahualtempa, Amatitlán, Tierra Blanca, Buena Vista, Tepozonalco, Alcozacán, Xolotepec, Tula, además de coordinadores regionales de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Fundadores de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), que son parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), se reunieron en el parque Margarita Maza de Juárez.
Hombres y mujeres vestidas con sus trajes típicos, amplias faldas con listones de distintos colores vistosos y encajes marcharon y demandaron justicia para sus comunidades.
Los manifestantes portaron mantas y pancartas en las que se leía, “exigimos respeto a la Casa de Justicia de los pueblos fundadores (CRAC-PC) de Chilapa de Álvarez”, “Los asesinos de San Jerónimo Palantla son Constantino y su gente”, “El asesino de mi mamá es Constantino Calvario Merino. El gobierno no lo encarcela”.
El 8 de febrero de 2015 hubo un enfrentamiento entre la CRAC de Rincón de Chautla y el Frente de Defensa Popular (FDP) que encabezan Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara, donde hubo cinco muertos. El 24 de noviembre del 2015 cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a una Urvan del servicio público cerca de Atzacoaloya, del que culpan al FDP.
Cerca de la una de la tarde luego de su llegada a Palacio de Gobierno, los comisarios y el integrante del CNI Cirino Plácido Valerio fueron recibidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, y por un representante de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al término de la reunión de poco más de 2 horas Plácido Valerio expuso que hablaron del ataque de febrero, e insistió en fue una emboscada que preparó el FDP en colusión con la banda delictiva Los Rojos.
“Efraín Torres no puede andar haciéndose la víctima, que su gente es inocente, porque han asesinado, se ha dedicado a difamar diciendo que yo Cirino Plácido defiendo a asesinos, yo no defiendo a nadie, ni la Casa de Justicia defiende a nadie; luchamos por la justicia, quien la debe que la pague”, manifestó.
Pidió que se investigue y dijo que no es justo que se hayan girado las órdenes de aprehensión contra la gente de la CRAC, “¿no será que el gobierno del Estado está jugando, está solapando o está jugando porque le conviene porque se desaparezca la Casa de Justicia?”.
Dijo que acordaron otra reunión, que la FGE va a revisar las órdenes de aprehensión y presentará evidencias para mostrar su inocencia.
El ex presidente del PRD en Chilapa y coordinador de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla fue detenido por policías ministeriales, y encarcelado en Chilpancingo 36 horas.
El ex delegado de la Secretaría de Asuntos Indígenas en el estado, José Luis Matías Alonso informó que el martes a las 10 de la mañana el fundador de la Policía Comunitaria en Chilapa y Hueycantenango de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC) que tiene base en Rincón de Chautla y adherida a la fracción de los Pueblos Fundadores, fue aprehendido por la Policía Ministerial del estado cuando se dirigía a Chilpancingo, a gestionar obras en su pueblo con el comisario de Ahuixtla, Chilapa, Santos Mateo de la Cruz Salazar.
A las 9 de la noche de ayer pobladores de Ahuixtla informaron que González Nava había sido liberado, por gestiones de abogados comunitarios ante la Fiscalía del Estado.
A Margarito González se le imputa privación ilegal de la libertad, por denuncia del líder del Frente de Defensa Popular (FDP) Efraín Torres Fierro, derivado del asesinato de seis vecinos de San Jerónimo Palantla desde el 8 de febrero del 2015, y de las que existen 67 averiguaciones previas abiertas en contra de integrantes de la CRAC en Chilapa.
Pobladores de San Jerónimo Palantla liderados por Torres Fierro y Clemencia Guevara Tejedor acusaron a los comunitarios de Rincón de secuestrar a cinco personas, luego de que fueron detenidas y sometidas a reeducación al imputarles el asesinato de tres mujeres y de un consejero de la Policía Comunitaria.
El 1º de marzo de 2016, González Nava y otras cinco personas (entre ellas tres mujeres) fueron recluidos en Chilapa, y liberados ocho días después mediante la intervención de la SAI y de Cirino Plácido Valerio, representante de la CRAC de los Pueblos Fundadores.
Una comisión de pobladores de la comunidad nahua de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, demandó este jueves en Chilpancingo la intervención del gobierno del estado para que otro grupo de habitantes de ese lugar, que encabezan líderes del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara Tejedor dejen las armas, porque representan un peligro para ellos.
El grupo de vecinos formaba parte de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los llamados pueblos fundadores, que tienen su base en Rincón de Chautla, pero se disgregaron tras un enfrentamiento que tuvieron en febrero de 2015 con los policías comunitarios del FDP.
Apenas el miércoles, un grupo de policías comunitarios de la CRAC de los pueblos fundadores, al que pertenecía un grupo de San Jerónimo Palantla, marchó en la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa, donde demandó la cancelación de 67 averiguaciones previas, de las cuales para 60 ya se liberaron las órdenes de aprehensión.
Las averiguaciones previas fueron integradas como consecuencia de la confrontación con miembros del FDP, y en éstas están incluidos algunos de los ahora ex policías comunitarios de San Jerónimo Palantla, por lo que en la conferencia de prensa de ayer también demandaron la cancelación de las averiguaciones previas y las ordenes de aprehensión.
A las 5 de la tarde de este jueves, los pobladores de San Jerónimo Palantla ofrecieron una conferencia de prensa en esta ciudad en la que se deslindaron de Torres Fierro y Gue-vara Tejedor, porque son “los que insisten en que San Jerónimo Palantla siga teniendo conflictos con sus vecinos de Rincón de Chautla”.
En San Jerónimo Palantla hay dos grupos, el que pertenecía a la CRAC de los pueblos fundadores, que son los que ofrecieron la conferencia de prensa de ayer, y el grupo que encabezan los dirigentes del FDP. Para resolver el conflicto entre ambos, que estaban en permanente confrontación, el gobierno del estado promovió la firma de una minuta de acuerdos. En ella, los afines al FDP se comprometieron a retirar las demandas penales contra el grupo adversario, y éste aceptó desarmar a los policías comunitarios de San Jerónimo Palantla que pertenecían a la CRAC.
Sin embargo, ayer un vecino de Palantla, Cornelio Xochitempa denunció que ellos cumplieron pues se desactivaron como policías comunitarios, y que el FDP no ha retirado las demandas panales, como era el compromiso.
Ante esta situación, exigieron la intervención de las autoridades estatales para que se desarme al grupo del FDP, pero también que cumpla con el retiro de las demandas, pues funcionarios del gobierno estatal sirvieron de mediadores para la firma de la minuta.
En la conferencia de prensa que ofrecieron la tarde de ayer, Xochitempa leyó un comunicado en el que se establece que ellos, como vecinos de San Jerónimo, respetaron el acuerdo firmado entre Rincón de Chautla y el gobierno del estado, para que ninguna policía comunitaria operara en San Jerónimo.
Sin embargo, acusaron que el otro grupo de pobladores, encabezado por Constantino Calvario Merino, apoyado por dirigentes del FDP no respetaron el acuerdo y continúan portando armas.
Los pobladores de San Jerónimo Palantla informaron que sus mismos vecinos que defienden intereses de Constantino Calvario, interpusieron las demandas contra los ex integrantes de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, a pesar de que ya existe un acuerdo de que los hechos de violencia ocurridos el 8 de febrero del 2015, cuando hubo cuatro muertos de los que se acusa a los policías comunitarios de Rincón de Chautla, no se van a perseguir de oficio y que las averiguaciones quedarían sin efecto.
Por otra parte, demandaron justicia para Isaac Xochitempa Chautla, promotor de la CRAC de los pueblos fundadores de San Jerónimo Palantla, asesinado el 24 de noviembre del 2015. Del homicidio acusan a los afines al FDP.
También denunciaron que todavía no hay apoyo ni atención de los gobiernos del estado y del municipio para los familiares de las víctimas del 24 de noviembre del 2015, cuando hubo tres asesinatos provocados por el FDP en esa misma comunidad.
Los 14 detenidos la mañana del sábado en San Jerónimo Palantla. Fueron arrestados por integrantes de la Policía Comunitaria perteneciente a la Casa de Justicia de la CRAC de Espino Blanco, Malinaltepec, que además asesinaron de un balazo a un comunitario de Chautla en Xochitempa .Foto: El Sur
Viejas rivalidades por conflictos de tierra y cultivo de amapola y mariguana, según las acusaciones que se hacen ambas partes, son el origen de recurrentes enfrentamientos entre habitantes de San Jerónimo Palantla y Rincón de Chautla, municipio de Chilapa y que la noche del viernes y la mañana del sábado derivó en 13 detenidos (de acuerdo con los primeros informes fueron 14, y en las fotos de los arrestados aparecen 14 hombres y en la lista hay 14 nombres), en la primera comunidad y un comunitario del mismo grupo asesinado en Xochitempa.
La confrontación que anteriormente era entre civiles, actualmente se da entre autollamados policías comunitarios: los de Rincón de Chautla agrupados en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) que encabeza Cirino Plácido Valerio, y la recién creada Policía Comunitaria de la CRAC de San Jerónimo Palantla, que solicitó su reconocimiento a la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, que promueve el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro.
Los dirigentes de ambos grupos se acusan mutuamente de ser los responsables de la violencia, de la siembra de amapola y de pertenecer al grupo criminal Los Rojos que opera en el municipio de Chilapa.
El dirigente del FDP, Torres Fierro, informó que la PC de Palantla se conformó hace dos meses, pero que apenas el sábado hizo su presentación pública y realizó la primera acción con la detención de 13 personas de esa localidad que habían venido cometiendo delitos.
Torres Fierro aseguró que los policías comunitarios tienen el reconocimiento de la casa de justicia de Espino Blanco, y que los aprobó el pueblo, mientras que los otros policías comunitarios que operaban San Jerónimo Palantla (de la CRAC-PC-PF), no eran reconocidos por el pueblo ni por el comisario municipal, y que se impusieron por medio de las armas, incluso, dijo, “mataron a varios compañeros”.
Dijo que por eso los habitantes decidieron organizarse para hacer respetar sus derechos, porque el gobierno supo de los asesinatos, de los secuestros, de las violaciones y asaltos que se venían cometiendo, porque fueron denunciados, “y nunca hicieron justicia”. Añadió que por eso, los agredidos se sintieron obligados a organizarse en otra Policía Comunitaria, “ante la negligencia y la incapacidad de los gobiernos estatal y federal, para resolver esos problemas”.
Informó que se integró un grupo de 20 policías comunitarios que fueron nombrados por el pueblo y registrados por la Casa de Justicia de Espino Blanco y que usan sus armas con base a la Ley 701.
Explicó que fueron estos 20 integrantes de esta nueva Policía Comunitaria de Palantla los que la noche del viernes y la mañana del sábado, con el apoyo de policías comunitarios que vinieron de comunidades que pertenecen a la Casa de Justicia de Espino Blanco, detuvieron a 13 hombres que se decían policías comunitarios pero que venían cometiendo diversos delitos en contra de la gente de su mismo pueblo.
El dirigente del FDP detalló que en la acción participaron unos 80 policías comunitarios; 60 que vinieron de las comunidades de Pochutla, Olinalá, Tlatlauquitepec y algunos de Ahuacuotzingo, que aún no están reconocidos pero que ya se están organizados, más los 20 que recientemente se integraron en Palantla.
Pero Torres Fierro aseguró que no tiene conocimiento de que durante las detenciones hayan matado a nadie, como informó el otro grupo y el gobierno del estado, que confirmaron el deceso de Florencio Morales Salgado en la comunidad de Xochitempa. “No sé qué haya pasado allí, yo no puedo reconocerlo ni negarlo, simplemente no lo vi”, expresó.
Sin embargo agregó que ahora que ya están agrupados en la Policía Comunitaria los de San Jerónimo Palantla “van a enfrentar lo que venga, porque les asiste la razón”.
Aseguró que los detenidos traían “azorrillados”, desde hace mucho tiempo, a los habitantes de San Jerónimo Palantla, y que aunque se decían policías comunitarios, “nosotros decimos que son sicarios al servicio de la maña y que se han dedicado al narcotráfico”, declaró Torres Fierro, quien manifestó que “posiblemente” estén al servicio del grupo criminal Los Rojos.
Explicó que incluso por eso la mayoría del pueblo tomó la decisión de no incluirse a ese grupo de policías comunitarios “porque allí se manejaba droga, tenían todos ellos sembradíos de mariguana, los comandantes eran los que tenían más y los policías tenían menos, pero todos tenían sembradíos”, aseguró.
Añadió que el grupo de gente que se decía policías comunitarios no fue aceptado y sí rechazado por el pueblo y que fue la causa de que comenzaron a golpear a la gente, “primero al anterior comisario Alfonso Orgín Castro, a quien golpearon, amarraron y se los llevaron secuestrado”.
Añadió que el año pasado mataron también el hijo de éste y el 8 de abril a un auxiliar del comisario actual Fransico Chautla Zizinteco. Detalló que la víctima apenas había sido nombrado policía comunitario. Recordó que en esa acción también mataron a una mujer embarazada de tres meses.
“Estos hechos se denunciaron ante las autoridades, y les pedimos justicia para todos nuestros compañeros, que se hiciera una investigación, que se detuviera a los asesinos de todas estas personas, y el gobierno no hizo caso”.
Explicó que, entonces, los habitantes tomaron el acuerdo de hacer algo para que esa violencia no siguiera adelante, “determinaron no seguir aceptando esta situación y dijeron que si el gobierno no los detiene, y cuando los detenía luego los liberaba, lo que significaba una burla, decidieron conformar su Policía Comunitaria para detenerlos ellos mismos”.
Explicó que primero buscaron el reconocimiento de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán pero que les pusieron muchos obstáculos, después acudieron a Espino Blanco “y ellos dijeron que sí los aceptaban, todas las cosas las hicimos legalmente y el gobernador Héctor Astudillo y el secretario de Gobierno, Florencio Salazar, conocen el proceso, estuvieron enterados del problema y le planteamos que queríamos justicia, pero nunca hicieron nada por detenerlos”.
Torres Fierro confirmó que los 13 detenidos fueron trasladados a la Casa de Justicia de Espino Blanco.
–¿Existe la posibilidad de que los dos grupos estén siendo utilizados por el crimen organizado, y sea la causa de los enfrentamientos? –se le preguntó a Torres Fierro.
–Eso se pudiera dar, pero yo les he dicho a los compañeros que yo no me voy a meter en esa bronca y que el compa que ande de ese lado, yo lo voy a entregar. Ellos dijeron que no están metidos en esos problemas, y es más, pidieron que se destruyan todos los sembradíos de mariguana que hay en el pueblo.
Conflictos agrarios, siembra y venta de amapola y además el FDP: Cirino Plácido
El representante de la CRAC-PC-PF, Cirino Plácido Valerio, declaró que el origen de la violencia interna en San Jerónimo Palantla es por conflictos de tierra, siembra y venta de amapola, y por el “abuso del fuerte contra el débil” y acusó que en esto tiene mucho que ver el Frente de Defensa Popular (FDP).
Explicó que lo que pasó el viernes y el sábado fue un “acto de provocación” de la gente del FDP con el apoyo de comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco.
Acusó a esa Casa de Justicia de la CRAC de no haber sido “muy prudentes” al autorizar la incursión de cuatro camionetas con comunitarios, aunque sabían que había comunitarios allí (los de la CRAC-PC-PF) y que debieron haber pedido información antes de proceder.
Denunció que los que vinieron de Espino Blanco a respaldar a la gente de San Jerónimo Palantla no actuaron como policías sino como delincuentes, “ejecutaron a un policía comunitario desarmado”, dijo en referencia a Florencio Morales Salgado en la comunidad de Xochitempa.
“En el sistema comunitario se detiene a la gente, no se le asesina y así no actuaron como policías comunitarios, sino como verdaderos asesinos”, acusó.
Criticó que estas acciones y errores que se vienen cometiendo desde el 2010 en la Policía Comunitaria, “deja muy mal parado al sistema comunitario”.
Dijo que ese tipo de grupos que se dicen comunitarios “están haciendo exactamente lo que quiere el gobierno, porque sólo a él le conviene ese tipo de acciones”.
Añadió que si actuaron porque dicen que el grupo de comunitarios de la CRAC-PC-PF (que él encabeza) están metidos en la mafia, que lo demuestren, “nosotros queremos pruebas, si demuestran que alguno de ellos está metido en la mafia, lo detenemos y lo reeducamos, porque quien se mete a la delincuencia siendo comunitario es un traidor”.
Plácido Valerio explicó que en San Jerónimo Palantla todos los comisariados que han pasado, entre ellos Antonio Bolaños y los dirigentes que lo apoyan, han abusado de su propia gente, “ha habido despojo de tierras, pero también tiene que ver la siembra y la venta de amapola, eso fue lo que dividió y confrontó a los compañeros”, dijo Cirino Plácido.
Informó que cuando se creó la CRAC-PC-PF en Rincón de Chautla, un grupo de San Jerónimo Palantla se adhirió a la agrupación y que esta división detonó el 9 de febrero del 2015 cuando el entonces comisario Alfonso Orgín Calvario, “que pertenece a Los Rojos” (dijo), preparó una emboscada a la Policía Comunitaria y detuvieron al consejero Isaac Xochitempa Chautla, a quien pretendieron quemar vivo por el simple hecho de formar parte de la Policía Comunitaria.
Recordó que a Xochitempa Chautla, finalmente lo mataron el 24 de noviembre cerca de Atzacoaloya, en donde hubo cinco muertos.
Y luego se preguntó: ¿por qué odian tanto a la Policía Comunitaria?, después aseguró que ese odio es por la siembra de amapola.
Recordó que incluso, cuando la Policía Comunitaria fue emboscada en San Jerónimo Palantla el 9 de febrero y logró detener a varios de los agresores, a él le tocó tomar la declaración a Antonio Bolaños, uno de los dirigentes del otro grupo, ex comisario municipal y ex presidente del comisariado de Bienes Comunales.
“Le llamé la atención y él reconoció que estaba equivocado, le dije que no sólo eso, sino que estaba llevando a su pueblo por un camino equivocado, sembrando odio y confrontación, en vez de promover el diálogo”.
Cirino Plácido contó que le preguntó quiénes eran los responsables de promover esa división, “y él me respondió que pertenecía a Los Rojos y el entonces comisario municipal, Alfonso Orgín Calvario, también pertenecía a Los Rojos, entonces nos dejaron claro que ellos se coordinaban con el líder de la plaza en Chilapa, Zenén Nava, y que el plan era justificar una represión contra la Comunitaria para desarticularla”.
Recordó que a pesar del encono entre los dos grupos, en marzo pasado las autoridades les impusieron un acta conciliatoria, pero que después se vino otra emboscada contra consejeros y que promovieron 52 órdenes de aprehensión, de las cuales ocho se ejecutaron, pero siete de los detenidos ya fueron liberados y uno sigue detenido, “y sigue la persecución de la Fiscalía, el Estado y de estos grupos”, dijo en referencia a la nueva agrupación de comunitarios.
Mientras tanto, el coordinador de la Casa de Justicia matriz de San Luis Acatlán de la CRAC, Hipólito Moso Emiliano, con la que se coordina la Casa de Justicia de Espino Blanco, de plano se deslindó del conflicto, consultado por teléfono dijo que desconocía el caso, que quienes tendrían que responder eran los coordinadores de esa casa.
Coordinadores de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) solicitaron seguridad y apoyo para los familiares de las cuatro personas asesinadas el pasado 24 de noviembre.
Ayer, un grupo de policías comunitarios de la CRAC de Chilapa y José Joaquín de Herrera, acompañados de familiares de las víctimas mortales de noviembre de 2015 de San Jerónimo Palantla, acudieron al edificio de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para solicitar al organismo su intervención ante el gobierno del estado para que otorgue seguridad y apoyos esas familias.
En tanto la Codehum por medio de un comunicado informó que aceptó hacer la gestión por lo que el presidente, Ramón Navarrete Magdaleno, se comunicó con personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para instalar una mesa de trabajo con los pobladores.
También ofreció ser enlace con la Secretaría General de Gobierno para garantizar la atención a las familias de las víctimas.
Coordinadores de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla dijeron además que su compañero que permanece recluido en el penal de Chilapa, Godofedro Cortés Reyes, podría ser liberado la siguiente semana; además de que, aseguraron, aún no han sido suspendidas las 41 órdenes de aprehensión.
Como se informó en estas páginas, el 24 de noviembre de 2015, en la carretera Hueycantenango–Chilapa un comando armado asesinó a cuatro personas cuando se dirigían en una Urvan de pasajeros a Chilapa; falleció el conductor y consejero de justicia de la Policía Comunitaria, Isaac Xochitempa Chautla y tres mujeres pasajeras, y hubo al menos otras dos personas heridas.
Por lo anterior, la Policía Comunitaria detuvo al entonces comisario de San Jerónimo Palantla, Alfonso Orgín y otras tres personas como probables responsables del ataque y permanecieron detenidos hasta el sábado pasado, luego de que integrantes de la CRAC aceptaron liberarlos a cambio de que los familiares de otras víctimas mortales del enfrentamiento de febrero de 2015 se desistieran de las acusaciones por homicidio contra ocho personas.
