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Mantienen su paro y la toma de la SEG los maestros de Educación Física de la zona Norte

Alejandro Guerrero

Iguala

Profesores de educación física de la zona Norte mantienen su paro laboral y la toma de la delegación de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), con sede en esta ciudad, que iniciaron el jueves pasado, ante la desatención de autoridades educativas a su pliego de peticiones, entre las que se encuentran la regularización salarial.
De forma simultánea, las maestras de preescolar de la zona 120 de Taxco, que también iniciaron un paro y la toma de estas oficinas el mismo día, mantenían hasta este martes su protesta en contra del nombramiento de una profesora de nuevo ingreso, en una escuela ubicada en un lugar preferente.
En declaraciones ofrecidas por teléfono, el vocero de los profesores de educación física, Sotero Salgado Villalobos, informó que mantienen el paro laboral, al que ya se sumaron los 600 docentes de esta asignatura que hay en la región Norte, de primarias y preescolar.
Señaló que hasta este martes, sólo habían tenido reuniones con el delegado regional de la SEG, Salomón Beltrán Barrera, quien les ha ofrecido gestionar mesas de trabajo con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), pero no había ningún ofrecimiento.
Advirtió, en respuesta a una pregunta, que mantendrán el paro de labores y la toma de las oficinas regionales de la SEG, hasta que les den atención y solución a sus exigencias, “nosotros somos de aguante y de lucha. La mayoría somos hombres”, subrayó.
De acuerdo con la información que ya habían dado el jueves, que iniciaron su protesta, entre su pliego de 30 peticiones exigen el pago del Bono del Bienestar, que sólo se entregó a algunos de primaria y de escuelas indígenas; además, pertenecer a una estructura ocupacional de educación física en escuelas de nivel básico y no sólo pertenecer a un centro de trabajo.
Asimismo, demandan una nivelación salarial de 16 mil pesos mensuales, como ya se implementó los trabajadores administrativos y conserjes federales; además, que se dé cumplimiento al dictamen de régimen de pensiones aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado, mediante el que se permite a los trabajadores revertir la opción de cuentas individuales por el modelo anterior, estipulado en el artículo 10 transitorio, el cual dijo, urgen que se implemente antes del cambio de gobierno.

Preescolar de Taxco

En estas mismas instalaciones de la SEG en Iguala, mantienen su paro laboral cerca de 50 profesoras de preescolar de la zona 120 de Taxco, que no regresaron a clases para protestar contra la designación de una maestra de nuevo ingreso en un centro de trabajo que consideran que está en una zona preferente, y que con esto, viola los derechos de otras trabajosas que tienen entre 10 y 11 años de servicio en la zona rural retirada.

 

Cancelan cirugía de su esposa en el hospital general capitalino por falta de especialista, denuncia

El familiar de un paciente del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, Fernando Díaz Ángeles denunció que sacaron del quirófano a su mujer porque no había anestesiólogo, y que le reprogramarían la cita.
En una llamada a la redacción de El Sur, Fernando Díaz Ángeles relató que, el martes a las 5:30 de la tarde un camillero y una enfermera llevaron a su esposa a quirófano porque tenía programada una cirugía para extirparle un mioma. Sin embargo, dos horas después, el doctor Ríos, “de manera insensible y de poco tacto”, le dio a conocer que no la intervinieron, pese a que desde las 6 de la mañana estaba preparada, hicieron que ayunará y la tuvieron con una manguera en la uretra.
Fernando Díaz Ángeles recriminó que el médico le informó que hasta la próxima semana le reprogramarían la cirugía, “mi esposa no es un perro para que la traten así”, se quejó.
La justificación del médico fue que no pensaba que los trabajadores se iban a quedar más tarde, porque surgieron varias urgencias, “entiendo eso, porque se tiene que salvar una vida, pero después tenían que seguir con el pendiente que era la cirugía”.
Dijo que desde hace tiempo giró un oficio al secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos para solicitarle medicamentos y material de curación, “no para mi esposa, sino para todos los pacientes”, porque en el tiempo que ha estado en el nosocomio, padres de familia, enfermeras y médicos le han informado que no hay medicamentos, bolsas para la orina, especialistas o vacunas.
Para que operaran a su esposa, Díaz Ángeles le exigió a los directivos del hospital que la intervinieran lo más pronto posible, porque tiene un mioma uterino que crece y le provoca sangrado, “llevaba tres días sangrando por eso era urgente la intervención”.
Destacó que, “yo me puse enérgico, dos días seguidos le exigí a las autoridades del nosocomio que atendieran a mi esposa, me defendí porque estoy un poco preparado, pero qué le espera a otras familias”.
Informó que este miércoles, ante su insistencia, operaron a su esposa sin ninguna complicación. Fernando Díaz y su esposa son originarios de Chilpancingo y son derechohabientes Seguro Popular. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Exigen a gobiernos y tribunales que resuelvan conflictos agrarios y ejecuten sentencias

Comisariados de bienes ejidales y comunales de localidades indígenas de cinco núcleos agrarios de las regiones Montaña y Centro, denunciaron que las autoridades agrarias no atiende los conflictos, ni los tribunales unitarios agrarios la ejecución de las sentencias.
En conferencia de prensa los comisariados de bienes ejidales y comunales de Zitlaltepec, Metlatónoc, Miguel Santiago Lorenzo; de Tlanipatla, Eduardo Neri, Cirilo Barrera Alcaraz; de San Juan Bautista Copala, de Atlixtlac, Marco Flores Gerónimo; de Quiahuitlatzala, Xalpatláhuac, Taurino Reyes García; y de Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, Alejo Carraza Estrada.
Las autoridades comunitarias dijeron que se agruparon para denunciar la opacidad de las autoridades agrarias del gobierno estatal y federal, para coadyuvar en la atención de los conflictos considerados focos rojos en el medio rural, y en la ejecución de las sentencias de los tribunales agrarios en el estado.
En los núcleos agrarios de Zitlaltepec, San Juan Bautista Copala y Tlanipatla, hay sentencias resueltas por los tribunales agrarios con sede en Chilpancingo e Iguala, pero no se han ejecutado las resoluciones judiciales, y al núcleo agrario que obtuvo el dictamen favorable no se le puede entregar material y, jurídicamente, la posesión de la superficie que motivó el conflicto.
El comisariado de bienes ejidales de Zitlaltepec, Miguel Santiago Lorenzo informó que su conflicto agrario tiene 84 años, y el Tribunal Unitario Agrario no lo ha resuelto.
Explicó que el conflicto en el ejido de Zitlaltepec es por límites con el ejido de Buena Vista y anexos, del municipio de San Luis Acatlán; éste sostiene que son 500 hectáreas que están en conflicto y el Tribunal Unitario Agrario resolvió mediante sentencia de 2015.
Miguel Santiago Lorenzo recordó que en noviembre del 2013, cuando Cirino Plácido Valerio fungía como presidente del comisariado ejidal de Buena Vista, sin autorización y con más ejidatarios abrió brecha para delimitar la zona de conflicto, donde robaron ganado, quemaron casas, talaron árboles y ocasionaron daños a las huertas de café, mangos, toronjas y cajeles.
Por lo hechos, fueron denunciados ante el Ministerio Público los ejidatarios de Buena Vista, Bruno Placido Valerio, Cirino Plácido Valerio y Lorenzo Olmedo, entre otros, por los delitos de robo y daños, pero no se ha ejecutado las órdenes de aprehensión.
El Ministerio Público ejerció acción penal contra Buena Vista, y el pago de la reparación del daño con base en el avalúo de bienes muebles en el robo de mil 288 chivos, con un valor de 1 millón 159 mil 200 pesos, y seis cabezas de ganado con un valor de 56 mil pesos, que suman 1 millón 215 mil 200 pesos; y el monto cuantificado de los árboles asciende a 28 millones 121 mil 25 pesos.
El comisariado de bienes ejidales de Tlanipatla, municipio de Eduardo Neri, Cirilo Barrera Alcaraz enfrenta un conflicto agrario por límites con San Miguel Tecuiciapa, de Tepecoacuilco, de una superficie de 569 hectáreas, y la sentencia fue emitida en 2014 por el Tribunal Unitario Agrario, pero no se ha ejecutado.
El comisariado de Colombia de Guadalupe, Alejo Carranza Estrada informó que presenta conflicto desde 2005 con la comunidad de Tilapa, ambas del municipio de Malinaltepec, por una superficie de unas 800 hectáreas.
Por su parte, el comisariado de Quiahuitlatzala, municipio de Xalpatláhuac, Taurino Reyes García dijo que el problema es por un conflicto agrario de límites con la comunidad de Atlamajalcingo del Monte, por 949 hectáreas, hace más de 70 años.
Ante la falta de respuesta de las autoridades agrarias se agruparon los cinco ejidos en conflicto para solicitar una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y magistrados de los tribunales unitarios agrarios de Iguala y Chilpancingo, para que atiendan los conflictos agrarios, alcanzar acuerdos y proponer alternativas.
Además, exigieron que los tribunales agrarios ejecuten las sentencias de los núcleos, y que la FGE ejecute las órdenes de aprehensión contra Cirino y Bruno Placido Valerio.

 

No reparan alumbrado público ni desperfectos en casas de El Mirador en la capital, se quejan

Damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel de 2013 reubicados en el fraccionamiento El Mirador, denunciaron que desde el año pasado no tienen alumbrado público, además de que en las casas no les han reparado las cuarteaduras.
En una llamada a la redacción de El Sur, la damnificada, Lorena Martinéz informó que en noviembre del año pasado, unas siete lámparas del alumbrado público se dañaron y las autoridades municipales o la Sedatu no las han reparado.
Precisó que en el andador de la manzana 1A y 1B, desde el año pasado, cuando llovió, las lámparas se dañaron y no han sido reparadas, y temen por su integridad física.
Lorena Martinéz indicó que, “es importante que solucionen el problema de las lámparas porque las calles están oscuras y no se puede transitar, por eso nuevamente los colonos hacemos un llamado a las autoridades para que solucionen el problema”.
Además, la vecina informó que las autoridades aún no han solucionado el problema de las cuarteaduras, y los colonos temen que durante las próximas lluvias en sus casas se filtre el agua.
En el fraccionamiento se construyeron 598 viviendas, pero 32 son inhabitables porque pueden colapsarse en cualquier momento, aunque también el resto de las casas tienen daños en paredes, pisos y techos, y son un riesgo para las familias.
El ex delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello había declarado que la responsabilidad era de la empresa que hizo la obra, por lo que enfrentaría una demanda ante la PGR para que asumiera su responsabilidad; pero no han solucionado.
Lorena Martinéz aseguró que es “urgente” que se solucione el problema de las cuarteaduras de las casas y del alumbrado público, “que las autoridades no nos dejen en el olvido”, pidió.

 

Denuncian autoridades de Palantla desatención de gobiernos a su conflicto con Rincón de Chautla

Autoridades comunitarias de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunciaron que los gobiernos federal y estatal no han intervenido para resolver el conflicto que tienen con sus vecinos de Rincón de Chautla, donde se encuentra un grupo de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los pueblos fundadores, que, denunciaron, en los últimos tres años han cometido al menos 13 asesinatos.
En conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) de Chilpancingo, el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro, que acompañó a autoridades de San Jerónimo Palantla, dijo que han pedido muchas veces a los gobiernos estatal y federal que vayan a investigar y a detener a los responsables de la violencia en esos dos pueblos, pero que no han hecho caso.
El dirigente del FDP responsabilizó a las autoridades estatales y federales de los hechos de violencia que pudieran ocurrir en los próximos días, como consecuencia de la impunidad, puesto que los habitantes de la comunidad de San Jerónimo Palantla han denunciado la violencia del grupo opositor, al que acusan de portar armas de alto poder y que cuenta con el respaldo de grupos de la delincuencia de la región.
Asimismo, Torres Fierro, acompañado por el dirigente de la comunidad, Antonio Bolaños Calvario, denunció que desde el 8 de febrero de 2015, el grupo que encabezan dirigentes de la CRAC de los llamados pueblos fundadores ha cometido al menos 13 asesinatos en esas dos comunidades.
Denunció el dirigente nahua que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha investigado los asesinatos y no los ha esclarecido ni detenido a los responsables, lo que ha motivado que los dirigentes de la CRAC y de la Policía Comunitaria en esas comunidades sigan agrediendo a los pobladores.

Se ha agudizado la persecución

Denunció que desde hace dos meses la persecución se ha acentuado, y que al menos tres encapuchados y armadas han estado recorriendo los alrededores de San Jerónimo Palantla, y que han tomado fotografías a leñadores y vecinos que encuentran en los caminos.
El representante de la comunidad dijo también que han denunciado los hechos ante las autoridades de la 35 Zona Militar, pero que tampoco les ha hecho caso, “ojalá que no vayan a atender nuestras demandas cuando ya tengamos que lamentar alguna muerte de nuestros compañeros”, dijo el campesino.
Bolaños Calvario advirtió que los habitantes dieron de plazo una semana en una asamblea, que se cumplió este miércoles, para que las autoridades acudan a esa comunidad a platicar con los habitantes y a comenzar las operaciones de seguridad, pero como no hubo ningún acercamiento; el representante de la localidad advirtió que el próximo sábado determinarán las acciones para desplegar los operativos para su autodefensa.

 

 

Traería grave desequilibrio la desaparición del jaguar en Guerrero, advierte Colegio de Biólogos

El presidente del Colegio de Biólogos de Guerrero, Ricardo Pérez Carmona señaló que el riesgo de extinción de especies prioritarias como el jaguar, es consecuencia de la falta de perfil profesional de los funcionarios en el sector ambiental, a nivel estatal y federal.
En declaraciones telefónicas a propósito de la denuncia que hizo el responsable del proyecto Guerrero Jaguar, Fernando Ruiz Gutiérrez, de que esa especie podría extinguirse de la entidad en la próxima década, Ricardo Pérez dijo que, pese a la solicitud que hicieron para formar parte de los comités estatales de vigilancia de especies prioritarias, han sido rechazados.
“La desaparición de la cabeza de la cadena alimenticia sería un desequilibrio grave. El jaguar es el felino más grande de América Latina y su desaparición acarrearía problemas severos”, señaló e indicó que falta compromiso de las autoridades del sector ambiental, pues la falta de políticas públicas en torno al tema “refleja desatención”, tanto a nivel federales como estatal.
Advirtió que el riesgo de la desaparición del jaguar es por la falta de políticas públicas sobre el manejo de recursos naturales, igual que la desaparición paulatina de otras especies animales y, como consecuencia, cambios en ecosistemas, sus climas y, por ende, una gran influencia en el cambio climático y el aumento de temperaturas.
A nivel federal, sostuvo, se ha demostrado que las dependencias sólo cubren cuotas políticas para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), porque carecen del perfil necesario y, lo que se observa a nivel estatal es un reflejo de lo que se ve a nivel federal.
“No hay una política pública real para la protección del jaguar o la conservación de la biodiversidad en México, o en Guerrero”, señaló.
El llamado que hizo uno de los integrantes del proyecto Guerrero Jaguar, es consecuencia de la falta de compromiso de las autoridades, pues “los resultados de monitoreos demuestran la presencia del felino, pero que se ha convertido en un problema para los campesinos, pues depreda el ganado al carecer de presas naturales”.
Agregó que la carencia de una política pública integral se evidencia “en las consecuencias que estamos observando. Hemos presentado proyectos ante los gobiernos estatales con estrategias integrales, pero no hemos tenido apertura. Desde la conformación del Colegio de Biólogos hemos insistido en formar parte de las comisiones, de las cuales sólo hemos recibido negativas”, criticó.
Añadió que el colegio debe formar parte de las comisiones ambientales como órgano auxiliar en la toma de decisiones y para ayudar en la planeación estratégica, pero no han formado parte de los consejos.
En inseguridad añadió, no se pide permiso a las autoridades estatales, sino a las autoridades locales o a quienes están en el territorio.
“Nosotros no tenemos presupuesto para los monitoreos, así que hemos dejado de hacer muchas tareas por la inseguridad”, lamentó Ricardo Pérez.
Sostuvo que no han podido llegar a predios como el rancho Rosarito, en Taxco, y en las regiones serranas de Tecpan, Petatlán y Zihuatanejo, porque la inseguridad lo impide.
“Hemos hecho llegar al gobierno, por varias vías, un proyecto integral del jaguar que se llama Manejo integral del territorio para la conservación, en el cual proponemos estrategias y presupuestos para abordar la problemática de la falta de protección del jaguar”, comentó.
Criticó que para la conformación de leyes como la de Bienestar Animal, cuya aplicación está a cargo de los municipios, no hubo consulta a colegios de profesionistas y especialistas en el ramo, por lo que siguen sin abordarse asuntos prioritarios en medio ambiente y conservación de especies.

No permiten a familiares de pacientes la entrada al nuevo hospital regional de Coyuca de Catalán

Tener un paciente en el hospital regional de Coyuca de Catalán se está convirtiendo en un problema alterno, debido a que los familiares se quedan fuera de las instalaciones, sin sombra y con escasos espacios para resguardarse de las temperaturas de más de 36 grados centígrados, y donde los pocos espacios que quedaban ya son privados.
El recién inaugurado hospital, apenas a dos meses de haber iniciado su funcionamiento comienzan a mostrar las carencias debidas al lugar donde fue construido, lejos de la zona urbana, donde hay pocos servicios, y que está prácticamente deforestado a más de 100 metros a la redonda.
Las nuevas reglas del hospital regional de Coyuca de Catalán no permiten que los familiares ingresen a la sala de espera, sino que solamente entran los pacientes, por lo que todos los familiares se quedan fuera del cerco perimetral, prácticamente en la puerta, de donde además no se pueden alejar porque ahí los llaman cuando les van a dar información de los pacientes.
Es una zona de más de 2 hectáreas donde no hay árboles, que fueron arrancados con maquinaria al inicio de la construcción. A un costado hay un barranco de un arroyo, y al otro son más de dos hectáreas completamente raspadas, sin vegetación.
El único árbol cercano que usaban los familiares para guarecerse del sol, está en un predio frente al hospital, que recientemente quedó dentro del nuevo estacionamiento privado, que se construyó justo frente al hospital, debido a que los dueños ya comienzan a reclamar los espacios que estaban baldíos y están abriendo sus negocios.
Hay una franja de locales recién construidos con sus techados, pero sólo los clientes que consumen en esos negocios pueden estar ahí.
En esos techados, algunos familiares de los pacientes del hospital se refugiaron de las recientes lluvias, pero los dueños de los locales los cercaron ocupando hasta las banquetas y se apropiaron de los andadores, por lo que ya nadie puede quedarse ahí.
Cualquier sombra que dan las bardas es aprovechada por los familiares para sentarse temporalmente, en esperan de reportes del hospital.
Los que no tienen dinero para comprar un refresco y tomarlo debajo de los techados, se acomodan en los pequeños espacios de jardín de menos de 2 metros cuadrados, buscando una sombra.
La temperatura en Coyuca de Catalán, la tarde de este lunes llegó a los 38 grados centígrados, y se espera que en abril y mayo rebase los 45 grados.
Los familiares han reclamado su derecho a estar, al menos en el patio del hospital para resguardarse del sol, pero las nuevas reglas no se los permiten, como en las antiguas instalaciones.
La prohibición de entrada incluye también a los niños, que tienen que esperar en la puerta del hospital.
El director con permiso, René Gómez Medina confirmó en enero, que se trata de reglas que se aplican en otros hospitales de Guerrero y del país, y que pretenden certificar la calidad de las instalaciones.

Ante el desabasto, pacientes deben comprar medicamentos que les entregan en la entrada del hospital

Aunado a lo anterior, continúa el desabasto de medicamento en el hospital, y aunque este lunes comenzó a funcionar la primera farmacia privada cercana, debido a que no tiene todo, los pacientes todavía tienen que hacer pedidos a farmacias ubicadas a más de 2 kilómetros de distancia, que les envían los medicamentos en motocicletas.