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La SICT no atiende petición de pavimentación de caminos, denuncia líder de Cacahuatepec

El presidente de la Organización Campesina de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Mariano Antonio de Jesús, denunció que pese a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que el Centro Guerrero de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) atendiera su petición de pavimentación de 2 kilómetros de caminos no lo hace.
En declaraciones a El Sur, Antonio de Jesús dijo que solicitó a la presidenta Sheinbaum la pavimentación, mediante el programa de caminos artesanales la pavimentación de 2 kilómetros, de El Campanario a Apalani.
De acuerdo con el oficio de respuesta que le dieron en la oficina de Presidencia el 3 de septiembre de este año, el Centro SICT Guerrero le daría respuesta.
Antonio de Jesús contó que ya hizo “varios intentos” en Chilpancingo buscando ser atendido por el delegado de la SICT, Ricardo Alarcón Abarca, pero han sido infructuosos porque no lo atienden, “sólo recibe a empresarios y no a los comuneros”.
Dijo que lo que le respondieron es que la SICT no hace caminos artesanales pero, el oficio que tiene suscrito por la directora de Área y Enlace del Sistema Integral de Atención Ciudadana de la SICT, Isabel Ramírez López, fue quien lo dirigió al Centro Guerrero.
De la solicitud hecha a la presidenta para la construcción de un camino artesanal en la comunidad de Apalani, a Antonio de Jesús le respondieron: “su solicitud fue turnada al Centro SICT Guerrero, mismo que brindará la atención y respuesta”.
Pidió a la presidenta que revise las solicitudes que se le entregan porque sus funcionarios no atienden a ciudadanos. (Daniel Velázquez).

Suspenderán productores corte y venta de aguacate en protesta contra precios bajos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Aguacateros de las regiones Sierra y Costa Grande de Guerrero se sumarán al llamado de los productores de Michoacán, y suspenderán el corte y la venta de su producto a partir del martes próximo, en protesta por los precios bajos que les pagan los empacadores de aquel estado.
El integrante de la Asociación de Productores y Empacadores de Guerrero (Apeag), Víctor Espino Cortés, informó por teléfono que la protesta será, también, por el abandono en que los tienen los gobiernos federal y estatal, lo que, sumado a la violencia, “mantienen a la Sierra al borde de la implosión”, alertó.
Con respecto al problema de violencia, denunció que el 20 de septiembre fue levantado su hermano, Juan Espino Cortés, y al día siguiente fue encontrado asesinado y su cuerpo presentaba huellas de tortura. El cuerpo fue hallado en el paraje conocido como Las Antenas, entre Papanoa y Puerto Vicente Guerrero, municipio de Tecpan de Galeana.
Juan Espino era el presidente de la Apeag, y de acuerdo con Víctor, fue levantado y asesinado porque se opuso al pago de cuotas al crimen organizado.
Derivado del crimen, la agrupación que apenas se constituyó a principios de este año, se encuentra acéfala y apenas se comienza a reactivar.
“El problema es que no nos podemos reunir porque la gente tiene mucho miedo, estamos jodidos por todos lados, ya no sabemos qué hacer”, declaró Espino Cortés.
Aun con los riesgos, informó que al menos 100 de los productores de aguacate agremiados a la Apeag; 50 que están formalmente afiliados y otros 50 que están en proceso, van a participar en la protesta que consiste en suspender el corte y la venta de su producto “para ya no seguirlo regalando, porque al final es lo que estamos haciendo, regalando la fruta porque el hambre los obliga”.
Informó que los empacadores de Michoacán “que es una mafia que viene trabajando desde hace muchos años”, les compran el aguacate a ocho pesos el kilo y cuando lo regresan lo venden al consumidor hasta en 60.
Además, explicó que tienen que llevarles el producto hasta Uruapan, Michoacán, “es decir, todavía tenemos que pagar el flete, y pues ya casi no nos queda nada de ganancia.
El productor denunció que cuando los acaparadores vienen de Michoacán les ofrecen pagarles en 15 y hasta en 19 pesos el kilo, pero cuando les llevan el producto allá les pagan en ocho pesos.
“Es una mafia grande de empacadores que tiene el control desde hace muchos años, todos se ponen de acuerdo a pagar a ese precio”, denunció Espino Cortés.
Dijo que para los aguacateros de Guerrero no hay otro mecanismo para sacar a la venta su producto, “ellos tienen el control del mercado en todo el país, toda la fruta que consumimos en Guerrero viene de los empacadores de Michoacán”, aseguró.
Espino Cortés informó que no cuenta con la estimación de cuantas toneladas van a dejar de cortarse y de venderse con motivo de la protesta, pero informó que sólo él y sus hermanos cosechan 500 toneladas por corte y son dos cortes por año.
“Nosotros somos los que más producimos, hay otros que tienen huertas más grandes pero son nuevas y apenas empiezan. Nosotros somos los punteros que cosechamos desde hace más de 20 años y somos los que producimos más”.
Espino Cortés explicó que la protesta consiste en no cortar la fruta y no venderle a la agrupación de empacadores hasta que les suban el precio, “que nos paguen lo justo, si quiera a unos 20 o 30 pesos porque los costos están muy caros; el abono, por ejemplo, nosotros no tenemos ningún tipo de apoyo del gobierno, a diferencia de los productores de maíz, para nosotros no hay apoyo ni para el arreglo de caminos”, reprochó.
Agregó: “Nosotros quisiéramos apoyo cuando menos con abono o paquetes tecnológicos, pero no tenemos nada absolutamente, lo que se dice nada”.
Declaró que ese es otro motivo de la protesta; “necesitamos que el gobierno le ponga atención a la Sierra y no solamente declararla como la octava región y sus habitantes que se las arreglen como puedan, tienen que haber proyectos, y el más importante y más rápido es que se le meta apoyo al aguacate, en vez de andar sembrando maicito”.
Según el productor de aguacate, la sierra está a punto de “implosionar”, porque la gente está muy jodida, fregadísima”.
Explicó que en la Sierra no hay una casa donde no haya un arma por las guerras que ha habido entre los grupos delictivos, “es decir, los pueblos están armados y muriéndose de hambre, y en esos casos ¿qué es lo que puede pasar ahí?”.
Insistió: “Se le tiene que invertir a la Sierra, porque está muy jodida la gente, las familias están sufriendo mucho porque ya no funciona la producción de amapola que daba mucho, por lo menos cuatro cosechas al año y ayudaba mucho, las familias se sostenían de una u otra forma y, además, trabajaban la madera y era otro poquito, pero ahora ya no hay nada de eso”.
Opinó que para el desarrollo de la región y sacar a los pobladores de la pobreza, se requiere de un plan de desarrollo, “que nos autoricen créditos a los aguacateros y nosotros les pagamos, y que nos ayuden a vender a precios justos nuestro producto, el aguacate sí da para vivir; una hectárea da de utilidad entre 90 y 100 mil pesos, si se vende de 20 pesos en adelante el kilo, pero a ocho pesos no sacamos ni si quiera para los gastos”, recriminó.
Víctor Espino reprochó que no le ve sentido que sólo se haya declarado a la Sierra como la octava región, si no hay proyectos de desarrollo, “no le veo ningún avance, esa es la realidad, pura política, pero en concreto no llega a mayor cosa”.
Concluyó: “Eso es lo que queremos dar a conocer para que le entre el gobierno, que ya se ponga donde tenga que ponerse, porque como que andan vagando, y no solamente hay que darle dinero a los ninis, nomás para hacerlos más guevones”.
Mientras tanto, en un mensaje enviado por la Apeag a sus agremiados, les notificó que derivado de la “baja del precio exagerado de la fruta de aguacate a nivel nacional a causa de los compradores, coyotes o intermediarios y los empaques de Michoacán y otros estados, nos unimos a la misma causa de nuestros compañeros productores de aguacate de Michoacán y se acuerda no cortar y no vender nuestros frutos de aguacate porque los únicos beneficiarios son los intermediarios y empacadores”.
Concluyó: “Recuerden que si no somos capaces de reunimos para velar por nuestros intereses propios y poder romper las barreras que nos impiden sobresalir, entonces no hay que quejarnos ni lamentamos por lo mal pagado en la venta de nuestro producto”.

Denuncian robo a una primaria de la capital; se quejan de desatención del MP

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Padres de familia y maestros de la primaria Emperador Cuauhtémoc denunciaron un robo en las instalaciones ubicadas en la calle Margarito Damián Vargas de la colonia Guerrero 200.
En conferencia de prensa en el plantel, la directora María de los Ángeles Basilio Aguilar, acompañada de la presidenta del Comité de Padres de Familia, Martha Denny Beltrán Molina, contó que ayer por la mañana el personal de guardia le notificó que los candados de las puertas de la Dirección y tres salones estaban rotos y faltaba equipo.
Detalló que de la escuela fueron extraídas impresoras, computadoras, bocinas, extensiones y material didáctico, así como de papelería; aclaró que el equipo es “muy obsoleto”, sin embargo, “para nosotros sí vale mucho porque nos ayudaba en gran medida” para la atención de los 450 alumnos.
Indicó que se comunicó al 911 para reportar el hecho, pero no tuvo respuesta, “tuve que hablarle a un amigo de la Policía Preventiva para que pudieran ellos venir” a revisar las instalaciones y también asesorar para interponer la denuncia correspondiente.
Una comisión acudió al Ministerio Público para denunciar el robo, pero “nos dijeron que para todo lo que se haya perdido necesitan factura, no pudimos concretar la denuncia, efectivamente, porque todavía estamos en espera, queríamos que fuera la Policía misma quien viniera e hiciera junto con nosotros el recuento, pero lo tuvimos que hacer nosotros”.
Puntualizó que los equipos y materiales robados fueron donados, obtenidos a base de gestiones aprobadas por el Comité de Padres de Familia e incluso, los maestros cooperaron “de nuestro bolsillo”.
Señaló que es el primer robo que se registra en los 9 años que lleva como directora de la primaria, la cual sólo cuenta con turno matutino.
Aunque el plantel cuenta con barda, tanto los padres como los maestros sospechan que los presuntos delincuentes irrumpieron por una barranca que colinda con la calle Rubén Mora, ya que la altura de la barda es menor en comparación al resto del perímetro.
“Lo que nos queda es atender esta cuestión con el Comité de Padres de Familia y el colectivo docente para buscar una estrategia que nos permita sustituir aquello que nos hace falta”, dijo la directora.
María de los Ángeles Basilio consideró que las autoridades “deberían de tener” trámites “más ligeros” para que los directivos de escuelas que han sido robadas puedan interponer las denuncias correspondientes, “si no fuera porque decidimos darlo a conocer a los medios de comunicación, no hubiera evidencia del robo”.
Añadió que en las escuelas “estamos sufriendo inseguridad, como en toda la sociedad, estamos viviendo un caos, es importante tener otra estrategia de seguridad para los centros educativos, tanto en el periodo en que los niños están, sábados y domingos, no hay quien cubra esa parte”.
Con este caso suman 6 escuelas de nivel básico robadas en los últimos cuatro meses en la capital.

Cumplen trabajadores de Oftalmología siete días de paro y aún no los atienden

Los trabajadores del Instituto Estatal de Oftamología, ubicado en la colonia Ciudad Renacimiento, cumplieron siete días de paro indefinido y manifestaron que las autoridades no han dado respuesta a su demanda de la destitucion del director, Roberto Estrada Amaya.
El trabajador Isaí Rodríguez Guillen indicó que ya cumplieron siete días de paro y las autoridades no han tenido ningún acercamiento después de que reanudaron el paro, a pesar de que el gobierno del estado ya sabe del problema.
Indicó que ya al director Roberto Estrada Amaya se la han girado instrucciones de atender los acuerdos en una mesa de diálogo, en referencia a la que tuvieron con la secretaria de Salud, Alondra García Carbajal, como fue la destitución de dos de sus colaboradores, pero se ha negado a atenderlas.
Indicó que quieren el cambio de los directivos, empezando por el director Roberto Estrada Amaya. indicó que siguen atendiendo sólo urgencias, algunas citas urgentes o seguir con el tratamienro médico, así como cirugías programadas porque no quieren afectar a los pacientes.
Indicó que los médicos que están en paro cuando ven una emergencia la atienden, pero ellos no están en sus actividades administrativas u operativas. “Si hay una urgencia que lo amerita de cirugía o consulta lo hacen”, comentó. (Karina Contreras).

Tienen tres semanas sin agua, se quejan los vecinos de la colonia La Quebradora

Vecinos de la colonia La Quebrado-ra denunciaron que tienen tres semanas con desabasto de agua sin que la Comisión de Agua Potable y Alcantarilado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) resuelva el problema.
Los vecinos dijeron que tienen que comprar agua en pipas que cuestan mil 300 pesos y rellenar garrafones en 15 pesos.
Señalaron que ellos pagan el servicio cada mes, incluso por año, y no tienen el servicio y consideraron una irresponsabilidad de la paramunicipal.
El vecino Alfredo Pérez Carrillo se quejó que tiene tres semanas sin agua potable por la “irresponsabilidad” de CAPAMA.
Manifestó que los vecinos tienen que comprar pipas con agua en mil 300 pesos, “a veces nos cooperamos y si no de manera individual, es un gasto innecesario”.
“No tenemos ni para bañarnos ni para los trastes, es complicada la situación del desabasto en la colonia”, puntualizó.
Sostuvo que los vecinos ya reportaron el desabasto ante la paramunicipal, pero “no no nos hacen caso, dan miles de excusas”.
Relató que no hay pipas con agua gratis por parte del gobierno municipal, “obligan prácticamente a comprar las privadas, no es justo”.
La vecina Aitana Ramírez Gómez, reclamó que tiene tres semanas sin agua potable en la colonia, “no es posible ya es mucho tiempo”.
“La CAPAMA desinforma, avisa ya que no hay agua, no podemos juntar en los tinacos y pilas, no hay un buen tandeo”, denunció.
Declaró que marcó vía telefónica a la paramunicipal para reportar la falta del servicio de agua, “que hay una fuga, que están reparando una tubería, miles de justificaciones”.
Exigió a la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, instruir al director de CAPAMA, Hugo Lozano, a restablecer a la brevedad el servicio de agua . (Argenis Salmerón).

Bloquean la Costera durante 10 horas damnificados de huracanes John y Otis

Bloqueo de damnificados de John y Otis afuera de la base naval para exigir que sean incluidos en el censo del gobierno federal Foto: Argenis Salmerón

Argenis Salmerón

Unos 50 damnificados de los huracanes John y Otis, bloquearon 10 horas los dos sentidos afuera de la Décima Segunda Región Naval para exigir ser censados por el gobierno federal.
A las 11:25 de la mañana, el contingente, en su mayoría adultos mayores, marchó frente la tienda Walmart en dirección a la Décima Segunda Base Naval y después cerraron dos carriles de la avenida Costera a las 5 de la tarde.
Los inconformes aseguraron que en el huracán Otis resultaron damnificados y no fueron censados por los Servidores de la Nación.
Aseguraron que por el huracán John hay 70 personas damnificadas y por el huracán Otis quedaron pendientes unos 2 mil.
Señalaron que los Servidores de la Nación no han acudido a la zona poniente de Acapulco para verificar daños y solamente están enfocados en la zona Diamante.
Argumentaron que algunos tienen daño total y otros parcial y que no tienen dinero para la reconstrucción de sus viviendas.
“Ariadna exigimos tu presencia”, “No más diálogo, queremos el apoyo económico para rehabilitar las viviendas”, “Afectados por Otis y John, censo para todos, Claudia aquí estamos”, fueron algunas pancartas mostradas.
Los inconformes fueron atendidos por los delegados de Gobernación del estado y municipio, Osiel Nava y Ramón Montiel.
Incluso, el delegado federal en el estado de los programas sociales, Iván Hernández Díaz, que repite el cargo en esta administración, atendió solamente vía telefónica, pero los manifestantes aseguraron que no se comprometió a atender a los damnificados, por ende no liberaron la vialidad.
El bloqueo causó un fuerte congestionamiento vial en ambas vialidades, que conectan de la zona Dorada a la zona Diamante.
En declaraciones a reporteros, el vecino Valentín exigió al gobierno federal el censo, porque aseguró que hay viviendas afectadas por el huracán John y fueron excluidos del beneficio por Otis.
Afirmó que tienen una lista de 70 damnificados por el huracán John y 2 mil por el huracán Otis, “queremos que vayan casa por casa a verificar los daños”, dijo.
“Sabemos que la ventanilla que abrieron por el huracán Otis ya se cerró, pero queremos que nos censen por John, porque la otra fuimos excluido”, puntualizó.
Indicó que ya se procedió de manera legal contra los tres órdenes de gobierno, y no hubo respuesta, “queremos ser tomados en cuenta, porque somos dos veces damnificados por Otis y John.
Sostuvo que “estamos en tiempo y forma para que seamos censados, no como ocurrió con Otis y por eso nos adelantamos a hacer la manifestación”.
Reclamó que en la zona poniente los “Servidores de la Nación pasan a verificar daños solamente… tiene una actitud negativa, no son empáticos con las personas, parece que trabaja a la fuerza”.
Ejemplificó que hay casos que las personas que no son damnificadas, “les tienen que pagar 600 a 800 pesos a los del Bienestar para que los censen, es injusto, estamos hartos”.
Advirtió que si no hay atención del gobierno federal por medio de la Secretaría del Bienestar federal, el bloqueo sería permanente.
“Nosotros no estamos pidiendo algo indebido, ya estamos concientes, que lo del Otis lo vamos a dejar a un lado, queremos que nos escuche el gobierno, todo ese dinero de todos modos es de nuestros impuestos”, concluyó.
La mayoría de los vecinos viven en la zona Diamante, zona conurbada y en la parte alta de la ciudad.
Los manifestantes retiraron el bloqueo a las 9:20 de la noche sin que hubiera acuerdos, y advirtieron que hoy a las 9 de la mañana cerrarán la glorieta de La Diana.

Denuncian vecinos de la colonia Hornos Insurgentes que están sin agua desde hace dos semanas

Vecinos del fraccionamiento Hornos Insurgentes, denunciaron que no tienen agua desde hace dos semanas, sin que CAPAMA resuelva el problema.
Los afectados están asentados en los condominios de la avenida Baja California, colindante con la colonia Progreso.
Los inconformes reclamaron que los trabajadores de la paramunicipal no contestan los teléfonos para reportar la falta de servicio.
El vecino Alejandro Hipólito Díaz, se quejó que tiene dos semanas sin agua potable: “no es posible que haya tanta omisión”.
Criticó que ya reportaron a la paramunicipal la falta de servicio, pero “ya no contestan el teléfono, no resuelven”.
Señaló que los vecinos tienen que comprar pipas con agua en mil pesos o rellenar garrafones de 15 pesos, “al menos cinco diarios compramos”.
“Ojalá ahora sea un mejor gobierno, y que el agua no haga falta en Acapulco, porque con este calor, es un infierno”, puntualizó.
Exigió a CAPAMA restablecer el servicio de agua de manera inmediata, porque aseguró que los vecinos pagan mensualmente su recibo.
La vecina Valeria Gómez Agatón reclamó que tiene dos semanas sin agua potable, mientras que CAPAMA hace caso omiso.
Añadió que ya reportaron la falta de servicio, pero después “no contestan el teléfono para reclamar nuevamente”.
“En las oficinas dan miles de pretextos, ya pasaron las elecciones, ahora que se pongan a trabajar para el bien de Acapulco”, manifestó.
Amagó que los vecinos se están organizando para cerrar las oficinas centrales de la CAPAMA por la falta de agua.
Exigió el restablecimiento de bombeo en la zona residencial para evitar un movimiento de los colonos. (Argenis Salmerón).

Mantienen su paro y la toma de la SEG los maestros de Educación Física de la zona Norte

Alejandro Guerrero

Iguala

Profesores de educación física de la zona Norte mantienen su paro laboral y la toma de la delegación de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), con sede en esta ciudad, que iniciaron el jueves pasado, ante la desatención de autoridades educativas a su pliego de peticiones, entre las que se encuentran la regularización salarial.
De forma simultánea, las maestras de preescolar de la zona 120 de Taxco, que también iniciaron un paro y la toma de estas oficinas el mismo día, mantenían hasta este martes su protesta en contra del nombramiento de una profesora de nuevo ingreso, en una escuela ubicada en un lugar preferente.
En declaraciones ofrecidas por teléfono, el vocero de los profesores de educación física, Sotero Salgado Villalobos, informó que mantienen el paro laboral, al que ya se sumaron los 600 docentes de esta asignatura que hay en la región Norte, de primarias y preescolar.
Señaló que hasta este martes, sólo habían tenido reuniones con el delegado regional de la SEG, Salomón Beltrán Barrera, quien les ha ofrecido gestionar mesas de trabajo con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), pero no había ningún ofrecimiento.
Advirtió, en respuesta a una pregunta, que mantendrán el paro de labores y la toma de las oficinas regionales de la SEG, hasta que les den atención y solución a sus exigencias, “nosotros somos de aguante y de lucha. La mayoría somos hombres”, subrayó.
De acuerdo con la información que ya habían dado el jueves, que iniciaron su protesta, entre su pliego de 30 peticiones exigen el pago del Bono del Bienestar, que sólo se entregó a algunos de primaria y de escuelas indígenas; además, pertenecer a una estructura ocupacional de educación física en escuelas de nivel básico y no sólo pertenecer a un centro de trabajo.
Asimismo, demandan una nivelación salarial de 16 mil pesos mensuales, como ya se implementó los trabajadores administrativos y conserjes federales; además, que se dé cumplimiento al dictamen de régimen de pensiones aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado, mediante el que se permite a los trabajadores revertir la opción de cuentas individuales por el modelo anterior, estipulado en el artículo 10 transitorio, el cual dijo, urgen que se implemente antes del cambio de gobierno.

Preescolar de Taxco

En estas mismas instalaciones de la SEG en Iguala, mantienen su paro laboral cerca de 50 profesoras de preescolar de la zona 120 de Taxco, que no regresaron a clases para protestar contra la designación de una maestra de nuevo ingreso en un centro de trabajo que consideran que está en una zona preferente, y que con esto, viola los derechos de otras trabajosas que tienen entre 10 y 11 años de servicio en la zona rural retirada.

Cancelan cirugía de su esposa en el hospital general capitalino por falta de especialista, denuncia

El familiar de un paciente del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, Fernando Díaz Ángeles denunció que sacaron del quirófano a su mujer porque no había anestesiólogo, y que le reprogramarían la cita.
En una llamada a la redacción de El Sur, Fernando Díaz Ángeles relató que, el martes a las 5:30 de la tarde un camillero y una enfermera llevaron a su esposa a quirófano porque tenía programada una cirugía para extirparle un mioma. Sin embargo, dos horas después, el doctor Ríos, “de manera insensible y de poco tacto”, le dio a conocer que no la intervinieron, pese a que desde las 6 de la mañana estaba preparada, hicieron que ayunará y la tuvieron con una manguera en la uretra.
Fernando Díaz Ángeles recriminó que el médico le informó que hasta la próxima semana le reprogramarían la cirugía, “mi esposa no es un perro para que la traten así”, se quejó.
La justificación del médico fue que no pensaba que los trabajadores se iban a quedar más tarde, porque surgieron varias urgencias, “entiendo eso, porque se tiene que salvar una vida, pero después tenían que seguir con el pendiente que era la cirugía”.
Dijo que desde hace tiempo giró un oficio al secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos para solicitarle medicamentos y material de curación, “no para mi esposa, sino para todos los pacientes”, porque en el tiempo que ha estado en el nosocomio, padres de familia, enfermeras y médicos le han informado que no hay medicamentos, bolsas para la orina, especialistas o vacunas.
Para que operaran a su esposa, Díaz Ángeles le exigió a los directivos del hospital que la intervinieran lo más pronto posible, porque tiene un mioma uterino que crece y le provoca sangrado, “llevaba tres días sangrando por eso era urgente la intervención”.
Destacó que, “yo me puse enérgico, dos días seguidos le exigí a las autoridades del nosocomio que atendieran a mi esposa, me defendí porque estoy un poco preparado, pero qué le espera a otras familias”.
Informó que este miércoles, ante su insistencia, operaron a su esposa sin ninguna complicación. Fernando Díaz y su esposa son originarios de Chilpancingo y son derechohabientes Seguro Popular. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Exigen a gobiernos y tribunales que resuelvan conflictos agrarios y ejecuten sentencias

Comisariados de bienes ejidales y comunales de localidades indígenas de cinco núcleos agrarios de las regiones Montaña y Centro, denunciaron que las autoridades agrarias no atiende los conflictos, ni los tribunales unitarios agrarios la ejecución de las sentencias.
En conferencia de prensa los comisariados de bienes ejidales y comunales de Zitlaltepec, Metlatónoc, Miguel Santiago Lorenzo; de Tlanipatla, Eduardo Neri, Cirilo Barrera Alcaraz; de San Juan Bautista Copala, de Atlixtlac, Marco Flores Gerónimo; de Quiahuitlatzala, Xalpatláhuac, Taurino Reyes García; y de Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, Alejo Carraza Estrada.
Las autoridades comunitarias dijeron que se agruparon para denunciar la opacidad de las autoridades agrarias del gobierno estatal y federal, para coadyuvar en la atención de los conflictos considerados focos rojos en el medio rural, y en la ejecución de las sentencias de los tribunales agrarios en el estado.
En los núcleos agrarios de Zitlaltepec, San Juan Bautista Copala y Tlanipatla, hay sentencias resueltas por los tribunales agrarios con sede en Chilpancingo e Iguala, pero no se han ejecutado las resoluciones judiciales, y al núcleo agrario que obtuvo el dictamen favorable no se le puede entregar material y, jurídicamente, la posesión de la superficie que motivó el conflicto.
El comisariado de bienes ejidales de Zitlaltepec, Miguel Santiago Lorenzo informó que su conflicto agrario tiene 84 años, y el Tribunal Unitario Agrario no lo ha resuelto.
Explicó que el conflicto en el ejido de Zitlaltepec es por límites con el ejido de Buena Vista y anexos, del municipio de San Luis Acatlán; éste sostiene que son 500 hectáreas que están en conflicto y el Tribunal Unitario Agrario resolvió mediante sentencia de 2015.
Miguel Santiago Lorenzo recordó que en noviembre del 2013, cuando Cirino Plácido Valerio fungía como presidente del comisariado ejidal de Buena Vista, sin autorización y con más ejidatarios abrió brecha para delimitar la zona de conflicto, donde robaron ganado, quemaron casas, talaron árboles y ocasionaron daños a las huertas de café, mangos, toronjas y cajeles.
Por lo hechos, fueron denunciados ante el Ministerio Público los ejidatarios de Buena Vista, Bruno Placido Valerio, Cirino Plácido Valerio y Lorenzo Olmedo, entre otros, por los delitos de robo y daños, pero no se ha ejecutado las órdenes de aprehensión.
El Ministerio Público ejerció acción penal contra Buena Vista, y el pago de la reparación del daño con base en el avalúo de bienes muebles en el robo de mil 288 chivos, con un valor de 1 millón 159 mil 200 pesos, y seis cabezas de ganado con un valor de 56 mil pesos, que suman 1 millón 215 mil 200 pesos; y el monto cuantificado de los árboles asciende a 28 millones 121 mil 25 pesos.
El comisariado de bienes ejidales de Tlanipatla, municipio de Eduardo Neri, Cirilo Barrera Alcaraz enfrenta un conflicto agrario por límites con San Miguel Tecuiciapa, de Tepecoacuilco, de una superficie de 569 hectáreas, y la sentencia fue emitida en 2014 por el Tribunal Unitario Agrario, pero no se ha ejecutado.
El comisariado de Colombia de Guadalupe, Alejo Carranza Estrada informó que presenta conflicto desde 2005 con la comunidad de Tilapa, ambas del municipio de Malinaltepec, por una superficie de unas 800 hectáreas.
Por su parte, el comisariado de Quiahuitlatzala, municipio de Xalpatláhuac, Taurino Reyes García dijo que el problema es por un conflicto agrario de límites con la comunidad de Atlamajalcingo del Monte, por 949 hectáreas, hace más de 70 años.
Ante la falta de respuesta de las autoridades agrarias se agruparon los cinco ejidos en conflicto para solicitar una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y magistrados de los tribunales unitarios agrarios de Iguala y Chilpancingo, para que atiendan los conflictos agrarios, alcanzar acuerdos y proponer alternativas.
Además, exigieron que los tribunales agrarios ejecuten las sentencias de los núcleos, y que la FGE ejecute las órdenes de aprehensión contra Cirino y Bruno Placido Valerio.