Pobladores de Lindavista, municipio de San Miguel Totolapan, esperan con cartulinas de protesta la llegada de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda en Puerto del Gallo, municipio de Heliodoro Castillo, el martes pasado Foto: Lenin Ocampo Torres / archivo
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
El presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, consideró que la petición de armarse de vecinos de la Sierra a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es porque se sienten desesperados, “el gobierno no puede, la solución está en nosotros”.
Por separado, el comisario de Linda Vista, Juan Nazario se sumó a la petición de que se les permita armarse. Informó que no hay una operación de seguridad en la zona como les ofreció la mandataria, y ayer había militares que le dijeron que iban de paso.
Este martes Evelyn Salgado acudió a Puerto del Gallo, municipio de Heliodoro Castillo, en donde comisarios de 67 comunidades de San Miguel Totolapan y de la mencionada demarcación le pidieron seguridad y que les permita armarse legalmente, para defenderse de las incursiones del grupo criminal la Familia michoacana, a lo que la mandataria accedió.
Durante las actividades de la supervisión de la pavimentación del camino Puerto del Gallo-Toro Muerto-Linda Vista-Petlacala, comisarios y vecinos la abordaron y le pidieron que les permita armarse legalmente. Ella aceptó, pero dijo que tiene que hacerse por la vía legal.
El secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, informó a los manifestantes que hay un proyecto que se está trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública para hacer la Policía Rural y que en las comunidades se elija a gente “honorable” para que esté a cargo de la seguridad.
Afirmó que ya había seguridad en la zona. Le respondieron que era mentira, que los soldados se fueron de Toro Muerto y replicó, “llegaron hoy”, y ofreció seguridad.
Consultado ayer por teléfono, el comisario de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, Juan Nazario denunció que no hay ninguna operación de seguridad en la zona, que si bien acudieron militares, éstos le dijeron que fue una coincidencia que estuvieran en el lugar el día que la gobernadora acudió a supervisar la carretera, a unas tres horas Linda Vista.
“Seguimos igual, la gobernadora nos dijo que iba a mandar la seguridad ayer mismo, pero no ha mandado nada; sí tenemos a gente del gobierno (soldados del Ejército) que llegó ayer, pero me dicen que vienen de paso, que no vienen a quedarse, que no vienen como parte de un operativo de seguridad para la Sierra, ni vienen de parte de la gobernadora”.
Los militares le dijeron que “así como llegaron así mismo se van, ahora sí que ya no le creemos a la gobernadora que vaya a mandar un destacamento militar para acá como prometió, ya se hubiera visto desde ayer (el martes) o por lo menos hoy (miércoles)”.
De las actividades del Ejército agregó, “me dicen que nomás vienen a inspeccionar al área que no les corresponde, eso me dijeron a mí”.
Expuso que su alternativa es mantener el contacto con el delegado del gobierno del estado para la Sierra, Saúl López Sollano, “para que se cumpla lo que nos dijo, que habrá seguridad”.
Que se arme a los pueblos de manera legal, insiste Víctor Espino
El presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, mencionó que hay una frase del presidente Andrés Manuel López Obrador que retoma para que se permita que los pueblos se armen: “con el pueblo todo, sin el pueblo, nada”.
De la petición a la gobernadora de vecinos de la Sierra de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo, expuso que es lo que ha planteado desde que se recrudeció la violencia en la zona, “lo mismo nos vino a decir acá la gobernadora, que se iba a revisar y es la fecha en que no ha regresado”.
Advirtió que el de la seguridad es un problema grave en la octava región, porque los gobiernos estatal y federal “ni nos defienden ni nos dejan defendernos, la gobernadora vino a El Durazno, quedó de regresar. Algunas cosas sí se le agradecen, las bases de operaciones en la sierra están algunas, pero la Policía Estatal ya se bajó de Los Bayados, ya se fue de El Durazno, de Las mesas”, en la sierra de Ajuchitlán y de Coyuca de Catalán.
“Insistimos, la solución es que se formen las guardias rurales en la Sierra o en cualquier pueblo atacado, vemos que las autoridades no pueden y no van a poder, ya se va a ir el presidente López Obrador y es la misma cosa, el gobierno no puede, la solución es que se armen las guardias rurales, están sustentadas legalmente”.
Citó la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea y como lo ha hecho anteriormente, propuso que los militares estén a cargo.
Cuestionó, “qué le tienen miedo a los pueblos, no quieren que nos defendamos pero legalmente se puede. El detalle es que si no aceptan los pueblos se arman de manera ilegal, de manera ilegal, porque está el problema, nos están matando en la sierra”.
Afirmó que ya hay un movimiento masivo de autodefensa, “esto no lo van a parar, a los de la sierra de Totolapan ni los conozco pero es el mismo problema, y la solución es esa, que dejen que los pueblos se armen, la gobernadora no nos da respuesta, nomás dice que sí pero no dice cuándo, no hay nada en concreto”.
“A poco el Ejército tiene miedo de que los pueblos se armen, ellos tendrían el mando, o será que les llega el centavo y no les conviene a los generales, nomás se meten en medio cuando está el pleito, pero no corretean al que anda haciendo el mal”.
Representantes de la Fiscalía General del Estado, la comisaria municipal y el comisariado ejidal de El Durazno, Azucena Rosas García e Ignacio Chávez Arreola, con el delegado de Gobierno de la zona Sur en la Costa Grande, Juan Méndez Nogueda y el productor de aguacates, Víctor Espino Cortés, en el terreno donde se construirá un cuartel militar y una comandancia de la Policía Investigadora Ministerial Foto: El Sur
Brenda Escobar
Zihuatanejo
El presidente del Comité de Caminos de Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, informó que el gobierno federal y estatal construirán un cuartel militar e instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la comunidad El Durazno, Coyuca de Catalán, además de que ya están las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) en Las Mesas, municipio de Petatlán y en el crucero de San Antonio, Coyuca de Catalán, para recuperar la paz en los pueblos del corredor Santa Rosa de Lima-El Durazno.
En este corredor que inicia en Santa Rosa de Lima y termina en este último lugar, desde diciembre han vivido hechos violentos cuya autoría le atribuyen a La Familia Michoacana.
A finales de enero de este año, tres civiles, presuntos integrantes de dicho grupo delictivo y dos policías estatales, uno de ellos, el entonces recién nombrado director de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, capitán de la Marina, Jaime Téllez Ruiz, fueron asesinados por pobladores en El Parotal, municipio de Petatlán, lo que desató enfrentamientos en Coyuquilla Norte, La Calera de Santa Lucía y El Manguito, en Petatlán, así como en Santa Rosa, Tecpan de Galeana.
En Las Mesas, Petatlán, un adulto mayor fue asesinado la madrugada del pasado 11 de febrero en un ataque a balazos; el enfrentamiento más reciente entre pobladores de ese corredor y el grupo criminal ocurrió el sábado 18 en las inmediaciones de La Sierrita y Los Bayados, que provocó el desplazamiento masivo de familias de éste último poblado y de La Trinidad, ambas localidades pertenecientes al municipio de Ajuchitlán.
Ante el clima de violencia e inseguridad en esa zona, comisarios se reunieron el pasado 8 de febrero con el director estatal de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros a quien expusieron que desde diciembre no han podido cosechar maíz, comercializar la leche, los maestros no han regresado a dar clases y tampoco tienen médico ni medicinas. Ahí, el funcionario anunció que el gobierno del estado llevaría a cabo una serie de acciones.
Ayer martes, vía telefónica, don Víctor Espino Cortés, dijo que dichas acciones ya empezaron a verse desde el lunes de esta semana, cuando junto con el delegado de Gobierno en Costa Grande, Juan Méndez Nogueda llegaron hasta El Durazno, en Coyuca de Catalán, donde ya se llevan a cabo los trabajos de nivelación de terrenos para construir ahí un cuartel militar y una comandancia de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) de la FGE para garantizar la seguridad de los pobladores, luego de los hechos ocurridos ahí el 10 de diciembre pasado, “yo digo que sí hay cosas buenas, hay que decir lo bueno y lo malo y hay que reconocerles”.
Indicó que en El Durazno serán dos instalaciones, “una para la Secretaría de la Defensa Nacional y la otra para la Fiscalía General del Estado, también el lunes pasamos ahí por el crucero de San Antonio y en Las Mesas ya están ahí la base de los militares, ya hay presencia”.
Dijo que el gobierno del estado envío mil 100 despensas “chingonas” para las familias de las comunidades de ese corredor como son Las Mesas, Las Mesas del Parotal, El Porvenir, San Antonio, La Sierrita, Las Juntitas, El Durazno y Santa Rosa, las cuales se entregaron entre el lunes y este martes, “la verdad es que la situación ya se estaba poniendo difícil porque la gente no ha podido salir a trabajar a sus parcelas, a sus ranchos, está muy complicado todavía, todavía está la inseguridad de esa gente”.
Indicó que también llegaron maestros de la primaria y de la telesecundaria a El Durazno, además de un doctor “que ya ha estado dando consultas a la gente”.
“Vinieron también los Servidores de la Nación y estuvieron pagando el Programa Producción para el Bienestar, les estuvieron repartiendo cheques, lo que antes era el Procampo. Y los militares, además de andar dando seguridad, están cortándole el cabello gratis a la gente, están haciendo labor social”, detalló.
Comentó que luego de El Durazno, este mismo martes, varios de los servidores públicos que acudieron junto con Méndez Nogueda se trasladarían a Tecpan de Galeana donde se reunirían con las familias desplazadas de Los Bayados y La Trinididad, “según ya iba el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez a platicar con ellos y de ahí, el plan es platicar y luego darse la vuelta otra vez para acá a las comunidades el jueves o el viernes”.
“También vinieron representantes de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y por ahí les hablaron, creo que les van a depositar un dinero a las familias de las víctimas, a las familias que perdieron a algún familiar, ya estuvieron entregando sus datos”, dijo.
El conocido productor de aguacate, originario de San Antonio de las Tejas municipio de Coyuca de Catalán consideró que con estas acciones, “por fin se cortó una flor de la gobernadora, hay que reconocerlo públicamente que sí tiene interés, se está viendo, la gente está sintiendo que sí viene en serio la cosa y esperemos que esto ayude mucho a la reactivación de la parte alta de la Sierra, igual a la parte media y la parte baja, ya ve que el problema de la inseguridad está en todos lados”.
“Nos dijeron que van a reforzar todas las bases de Santa Rosa, Las Mesas, el crucero de San Antonio y El Durazno y ahorita se van a ir a ver a los de Los Bayados y La Trinidad allá en Tecpan y a lo mejor con esa base del crucero tenemos para que regrese la paz, porque por ahí entraron para ir a correr a los habitantes de Los Bayados y La Trinidad”, contó.
Al plantearle que aunque el gobierno ponga Bases de Operaciones Mixtas, les entreguen despensas, maestros, médicos y medicinas a las comunidades, no sirve de mucho si el grupo delincuencial que tiene atemorizada y amenazada a toda esa región sigue actuando de manera impune, Espino Cortés asintió, “sí, sí, ellos siguen cerca queriendo entrar, le tientan por todos lados a ver por dónde está más suave”.
“Pero como que vemos que cada vez se les está complicando más (al grupo delincuencial), porque una, el gobierno está de una u otra forma dando más atención, hay un interés real a lo que vemos que sí los van a de perdida a atrancar por un momento, y creemos que van a empezar a corretearlos también”, aseguró.
Continuó, “y la otra ventaja más grande es que los pueblos se siguen sumando y entre más pueblos se unan, menos entran, ya se sabe que el pueblo unido jamás será vencido y esa es una de las ventajas más grandes que le vemos”.
“Agradecemos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, hay que reconocerle también cuando sí hay la atención y la intención de que cambie realmente la Sierra, esa octava región que ha estado abandonada tantísimos años y ya la reconocieron, que le están dando la atención y pareciera que sí estamos caminando como estado; empezamos como medio lentito, pero es poco a poco y no es fácil pues”, señaló.
Pidió que la gobernadora, “nos visite, que visite a la Sierra, es lo único que le falta, que suba, que nos conozca, que suba, que vea lo que estamos haciendo, quiénes somos, a qué nos dedicamos, que no por lo que le cuenten, que venga ella a ver, que la invitamos oiga a acá a las comunidades, arriba, no nada más a El Durazno, a San Antonio, a La Trinidad, a que dé sus recorridos, que se haga su tiempecito para que vea ella misma que somos gente de trabajo, que nada es lo que se dice de nosotros”.
“¡Y los caminos, oiga!, otra vez volvemos a caer a lo mismo, que la gobernadora le diga a los de la CICAEG que por favor, los caminos, urgen los caminos para la seguridad misma, para subir los médicos, para que suban los maestros, los caminos es la puerta a la Sierra, es el número uno después de la seguridad, con buenos caminos se trasladan mejor las patrullas a dar seguridad a otros ranchos donde están más abandonados, pero si esa gente (delincuentes) entra y los caminos malísimos, pues cómo llega el gobierno, aunque sean lugares cerca pero con los caminos malos, no llegan a tiempo, que le ponga mucho interés a los caminos”, acotó.
Elementos de la Guardia Ncional observan el paso de un camión cargado de troncos en la salida de Santa Rosa de Lima, Tecpan de Galeana, procedente de la parte alta de la sierra Foto: Brenda Escobar / archivo
Redacción
Chilpancingo
El presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, aseveró que los señalamientos en su contra de habitantes de la colonia La Nueva, en la comunidad Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan, en el sentido de que él los desplazó con violencia, “es una instrucción de parte del líder de La Familia Michoacana para desacreditarnos ante el gobierno y la opinión pública porque esas personas saben muy bien que están mintiendo”.
Dijo que de los tres civiles muertos en El Parotal el sábado 28, dos son de Santa Rosa, uno es Hernán Torres, y explica cómo su relación con La Familia Michoacana, y el tercer asesinado era enviado directo del principal jefe de ese grupo delictivo, Johny Hurtado Olascoaga; “era gen-te del mero señor de allá, de El Pez”.
Ayer miércoles, vía telefónica, apelando al derecho de réplica por los señalamientos en su contra, Víctor Espino (que desde 2018 hasta hace un año fue vocero de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG, en el municipio de Petatlán) aseguró que en Santa Rosa, “de esos que se fueron, hay mucha familia aquí todavía, con algunos somos muy amigos, aquí están sus hermanos de esa gente y qué bien que estén tomando esa decisión, saben bien clarito que están mintiendo y yo sí tengo pruebas de lo que le voy a decir”.
El martes, habitantes de la colonia Lindavista o La Nueva, denunciaron a El Sur que fueron desplazados con violencia por Espino, después de que dos de sus familiares fueron ejecutados junto a dos poli-cías estatales y otro civil el sábado en El Parotal.
Una mujer de la mencionada colonia, vía telefónica denunció que el sábado sus familiares fueron llevados por los estatales luego de desayunar, “aunque nunca supieron si iban detenidos o por qué fue la razón”; se enteraron hasta el domingo que los dos fueron ejecutados.
Los ahora desplazados informaron que fueron amenazados desde diciembre para que fueran a pelear contra el grupo de la Familia Michoacana que atacó El Durazno, en Coyuca de Catalán, donde murieron siete pobladores, entre ellos un menor de edad.
La versión de los denunciantes es que no quisieron ir y fueron amenazados por el grupo armado de “Víctor Espino y Chano Arreola; nos dijeron que no había problema, pero el 14 de enero un familiar recibió una llamada y nos dijo que el acuerdo no era válido y que teníamos que irnos de la colonia”.
Nexos familiares con El Pez
Espino Cortés pidió su derecho a réplica y aseguró que le “da lástima que estén pasando estas cosas porque ciertamente una manzana podrida corrompe a toda una familia y la hace que se vaya a la desgracia y en este caso esa manzana tiene nombre, se llama Antonio Vega Silva, el Toño o Toñillo, ese amigo no sirve para nada, nada más para en problemas”.
“Ese amigo tiene un hijo el cual está casado con una muchacha que se llama Marimar Santoyo, que es la que sale en los videos que andan circulando en el internet haciendo acusaciones, esa Marimar tiene una hermana que se llama Teresa Santoyo, esa es mujer de El Pez, el mero jefe de La Familia Michoacana, se la llevó de ahí de Las Mesas del Guayabo; Toño tiene esa relación muy fuerte ahí con La Familia Michoacana”.
Señaló que “el problema viene desde la muerte del papá de Hernán Torres, que es uno de los muchachos que fue con la policía estatal a caerle a El Parotal el sábado 28 de enero, el papá se llamaba Hugo Torres, ahí ciertamente lo mataron y nunca se supo realmente qué pasó”.
“Fueron a ver a don Chano (Arreola) y don Chano tampoco sabía exactamente qué era lo que estaba pasando, lo que les dijeron fue ‘investiguen quién fue (el que mató a Hugo Torres) y yo me voy a encargar de arreglar ese problema, aquí no puede matarse a nadie así nada más’, pero ya nunca regresaron a verlo ni a decirle nada”.
“Supuestamente ellos se enteraron quién había sido ya y lo que se supo en el pueblo fue que lo habían matado porque andaba con una mujer casada, por eso supuestamente mataron al papá de Hernán y de ahí viene el jaloneo, de ahí ellos se cobijan con La Familia Michoacana y tienen ahí ese vínculo muy fuerte a través de ese Toño que es el papá de las muchachas que están hablando ahí en el video; ahí está hablando Marimar y la hija de Toño, Araceli Vega, que dice que tiene hijos, ella ni hijos tiene”.
Espino señaló que “las dos muchachas que hablan en el video una es hija y la otra, que es nuera de Toño, es hermana de la mujer de El Pez, ese es realmente el contacto que tienen con La Familia Michoacana esa gente y ese amigo es chofer de toda su familia aquí”.
Dijo que así como se fueron muchos familiares de Antonio Vega, otros más se quedaron en Santa Rosa, “hay unos tíos de Toño aquí en el pueblo, aquí se quedaron, aquí están porque ellos nunca quisieron apoyarlo realmente cuando andaba él involucrándose en cosas de esas”.
Insiste: “son la hija y la nuera de Toño las que están haciendo todas esas declaraciones con mentiras”.
“Incluso se fue uno que se llama Adulfo, le decimos el Ronco, mis respetos para ese señor, cuando pasó eso de lo de El Durazno en diciembre, ese Toñillo metió cerca de 100 gentes de La Familia Michoacana, todos los de La Morena los metieron aquí al pueblo, a atacar Santa Rosa”.
Indicó que en su momento, “se hizo público que aquí en Santa Rosa había gente de La Familia Michoacana, pues ese Toñillo los metió, a todo ese grupo y hablaban a todo el pueblo, porque como son de aquí del pueblo, tienen el teléfono de todos y nos hablaban a todos, incluso al comisario municipal lo amenazaron muchas veces que venían y que se iban a apoderar de todo el pueblo, que eran FM, que la chingada, que ahora sí íbamos a ver”.
Amenazas para que no apoyaran a El Durazno
“De hecho hablaban para que no se metiera el pueblo, que ellos iban en contra de los Maldonado, porque supuestamente esos Maldonado fueron los que tuvieron que ver con la muerte de Hugo Torres, pero amenazando al pueblo y a toda la gente y apretaron y fue que negociaron y cedieron El Durazno, con la gente de El Durazno porque estaban muchos amenazados, todos los pueblos estaban amenazados por todos lados”.
Continuó, “y como la mayoría de los pueblos andábamos ausentados, andábamos trabajando, por eso se cedió El Durazno, pero El Durazno no cedió por la masacre y ahí les hicieron frente y ahí se complicaron las cosas y ya se siguen quedando en El Durazno, ¿pues cómo pues los van a correr de sus tierras?, y empezaron a pedir el apoyo, por eso fue lo del bloqueo en el arco al día siguiente de la masacre”.
“La comisaria (de El Durazno) estaba aquí abajo y pidió el apoyo al pueblo y por eso nos amenazaban, que no asistiéramos, de hecho yo no asistí porque está pues cabrón y ahí estaban arriba el montón de gente armada, al último me arrimé porque a mí me habló la gente del gobierno del estado, que viéramos el asunto del paso de la carretera, que ya habían mandado gobierno al Durazno, que ya todo estaba allá, que ya había presencia del gobierno”.
“Fue cuando yo bajé a la carretera a destaparla, a hablar con doña Susy, a hablar con las mujeres, que ya estaba lo que estaban pidiendo, que había que dejar libre el camino, que no había que estar perjudicando a terceros, por eso yo bajé ahí, pero gracias a eso, igual me siguieron hablando, que no me meta, que la fregada, que venían con todo y que van a acabar con todos los pueblos”.
El también conocido productor de aguacates, aseveró que “en sí no tengo nada en contra de esa gente y ahorita desgraciadamente nos están llevando entre las patas con puras mentiras, yo no sé, yo no les he hecho nada, ellos saben que yo jamás iría a tirarles, yo estuve platicando dos días antes con el señor Adulfo, yo fui a su casa, sabiendo que ya estaba el problema como estaba, yo fui solo, me llevaron, ahí me atendió el señor con mucho respeto y yo le rogaba que arreglaran los detalles, que vieran, que no se aliaran con esa gente”.
“Le dije que esa gente “ustedes saben cómo son, qué les voy a estar diciendo yo, pregunten a Tierra Caliente, tienen familiares allá, pregunten, ahora pues cómo van a salir mal aquí si han sido amigos de muchos años” y lo que me dijo fue “lo que yo te digo es que no puedo salir de aquí, el único compromiso es que si no nos tiran, nosotros no les tiramos”.
Comentó que “entonces quedamos al otro día platicar acá con don Chano y ya vino un hijo de don Chano aquí al pueblo y ellos quedaron de arrimarse ahí y al último no quisieron arrimarse tampoco y yo qué quería que hiciera, yo sí me arrimé y lo único que logré también fue que ellos también se comprometían a no tirarles tampoco mientras a ver qué pasaba, que se fueran bajando los detalles y no tirarse unos ni otros”.
“Pero a los dos días de esa plática, va el chamaco, este Hernán allá con los estatales a querérselos fregar y entonces ahí se rompe el acuerdo porque ahí están diciendo que no van a tirar y van allá a andar con cosas, se meten con gente de La Familia Michoacana y ellos decían que no tenían nada qué ver con ellos, que esto era un problema por lo de la muerte de Hugo, entonces ahí se descubre que están bien mezclados”.
Enfrentamiento en Santa Rosa
Continuó, “y un día antes de lo de Santa Rosa, el domingo 29, se sabe porque atacaron allá arriba, allá por La Calera y luego aquí informaron por ahí un compañero, un campesino que salió al monte y vio al grupo que se venía arrimando de esa gente, como salen lejos de aquí del pueblo a trabajar, vieron a ese grupo, entonces fue que los esperaron y cuando entra ese grupo, estos empiezan a tirar también desde de las casas, por eso les tiran a las casas también”.
“Esa es la realidad, pero ellos saben que yo no tengo nada qué ver, que yo jamás les he tirado, ellos me conocen bien, están tratando de desviar la atención de que ellos no son Familia Michoacana, pero las pruebas ahí están, aquí conmigo no hay mentiras de nada, las cosas como son”.
Espino Cortés lamentó el enfrentamiento del lunes 30 en Santa Rosa, “yo no quería que esto pasara, primero, porque no está bien, sufren muchas familias por culpa de una manzana podrida se echan a perder familias enteras y los conflictos de intereses de un cabrón se convierten al último en conflictos sociales”.
“Yo les decía, saben qué, hay que evitar esto, le decía a Adulfo, a ti te tengo mucha confianza, si no, no hubiera venido, tú eres una persona que ha apoyado mucho en el pueblo, nos has ayudado mucho cuando se trata de un asunto del agua, de un asunto de la escuela, a él le gustaba mucho apoyar y muchos más de esa colonia, era un pueblo muy unido pero una sola cochinada se echa a perder todo y el vínculo de ese amigo Toño con esa gente, ya se lo expliqué, su hijo está casado con la hermana del líder de La Familia Michoacana”.
Víctor Espino aseguró que “esas muchachas que hacen esas declaraciones están recibiendo órdenes de allá para estar tirando todo eso y como saben que a uno le hace caso el gobierno, quieren desprestigiarnos a como dé lugar pero a mí no me espanta nada porque yo sé que no tengo nada qué ver, al contrario, aquí hay familia de ellos, hermanos de Adulfo aquí están, hay dos hermanos de él y aquí están, uno es mi compadre y está enfrente de mí, es mi vecino y nadie los molesta”.
“Dicen que unas casas y no sé qué tanto, que se les metieron, que se las saquearon, que venga aquí Hermes (la mamá de Hernán Torres) yo le dije, “saca a tus hijos de andar en eso, Hermes”, le dije “mira, no están casados y tu chamaco ya anduvo amenazando por teléfono a todo el mundo, oríllalo, no tiene familia, no se ha casado, es más, él estaba en Estados Unidos, que se regrese para allá un tiempo y mientras esto aquí se calma y ya que regresen, tú aquí te puedes quedar”.
La madre de Hernán Torres, uno de los tres civiles muertos el 28 de enero en El Parotal,” es la dueña de la tiendita que está ahí pegada al arco de la entrada de Santa Rosa, ella es la dueña de esa tiendita, ahí está su tienda, ustedes pueden venir y tomar fotos para que vean que nadie se le ha metido, sus cosas ahí están, sus refrescos, ahí está todo”.
“Ella sí se fue ya ahorita, ella decía que su chamaco no andaba metido, que no y que se iba a ir, pero ya cuando muere el muchacho, la verdad lo siento por ella porque yo sé que a veces a las madres los hijos no les hacen caso y de hecho ella me dijo, ‘si de mí fuera yo ya me los hubiera llevado pero no entienden’”.
Siguió, “al contrario, a mí me miraban feo acá la gente del señor Chano, decían que yo tenía tratos con ellos ya, que yo ya andaba con ellos, cuando no quise bajar al arco que porque yo ya estaba de acuerdo con ellos y cosas de esas, se imagina en el problemón que me estoy metiendo por querer calmar las cosas, la de buenas es que saben que yo no digo mentiras y tanto aquí el señor como ellos saben bien que yo no estoy con esa gente ni mucho menos fui a tirarles, yo no soy de esa forma de pensar, al contrario, quiero que se calmen las cosas, no para andar haciendo más lumbre”.
Reiteró, “ellos quieren que el gobierno no nos haga caso, ponernos en mal con la opinión pública y quieren demostrar que no tienen nada qué ver con La Familia Michoacana, en concreto eso es, porque su chamaco ahí va con La Familia Michoacana, dos eran de aquí de ellos y el otro era gente del mero señor de allá, de El Pez, sí, de los tres muertos así están las cosas”.
Habitantes de comunidades de la sierra de Petatlán, Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalán en la conferencia de prensa en la comisaría ejidal de Santa Rosa de Lima Foto: Brenda Escobar
Brenda Escobar y redacción
Santa Rosa / Chilpancingo
Comisarios y comisariados y habitantes de 21 comunidades de la sierra oriente de Petatlán que colindan con poblados de la sierra poniente de Tecpan de Galeana y con localidades de la sierra de Coyuca de Catalán, exigieron que el gobierno federal atienda el problema de inseguridad y violencia que genera un grupo de la delincuencia organizada que mantiene azolada esa región desde el 10 de diciembre pasado.
Ayer martes, unas 60 personas provenientes de comunidades de la sierra de los municipios mencionados, participaron en una conferencia de prensa que dieron comisarios municipales y comisariados ejidales en la casa ejidal de Santa Rosa de Lima, en Tecpan, que hicieron pública su demanda de seguridad y pavimentación de caminos en esa zona.
Por otra parte, a raíz de lo ocurrido el sábado en la localidad El Parotal, donde hubo tres civiles muertos junto con dos policías estatales, uno de ellos director de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, capitán de la Marina Jaime Téllez Ruiz, además de 32 policías estatales desarmados y retenidos, y del enfrentamiento de ayer entre civiles en Santa Rosa, el gobierno estableció una Base de Operaciones Mixtas en la entrada a esta comunidad, donde militares, policías estatales y ministeriales, así como efectivos de la Guardia Nacional, resguardan el lugar.
Los asistentes a la conferencia que dieron los comisarios municipales y comisariados de esa región, llegaron de las comunidades Arroyo Seco, La Lajita, Arroyo Verde, El Palomar, El Barrio, El Parotal, Las Mesas, El Camarón, El Mameyal y Corrales del municipio de Petatlán; de La Florida, El Porvenir, La Ola y Santa Rosa de Lima, de Tecpan de Galeana y San Antonio Texas, Santa Clara, el Crucero de San Antonio, El Aguacate y El Durazno, de Coyuca de Catalán.
Ahí, en la comisaría ejidal, los comisarios municipales fueron haciendo uso del micrófono para expresar su sentir respecto al clima de violencia e inseguridad que prevalece en esa parte de la Sierra provocada por integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, en alusión a La Familia Michoacana, pero en ningún momento alguien pronunció este nombre.
En la conferencia de pensa presentaron videos de lo ocurrido el sábado en El Parotal; en uno aparece una comandanta de la Policía Estatal, Blanca Estela N., que ante la cámara declara que el sábado ella fue a recoger en el hotel Fiesta Americana de Acapulco a uno de los civiles que después fue asesinado en esa comunidad de la sierra de Petatlán. También presentaron videos donde se muestra que fueron alterados con cinta negra los números de las patrullas de la Policía Estatal en las que llegaron los efectivos estatales y civiles presuntaente de la Familia Michoacana a El Parotal.
Habló el presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, quien urgió al gobierno federal a que actúe, de lo contrario, “no vamos a poder trabajar, o nos vamos a defender y no vamos a poder trabajar tampoco, desde que pasó lo de El Durazno el 10 de diciembre, yo saqué la gente que tenía ahí trabajando, tengo 2 mil árboles de aguacate, creo que muchos de ustedes ya lo saben, están abandonados”.
Dijo que los que estaban ahí reunidos, “es para dar a conocer al gobierno que nos urgen las tres bases para poder trabajar y producir lo que todos comemos en las ciudades; una de dos, nos vamos a dedicar a defendernos o no vamos a poder trabajar tampoco, nos urgen esas bases, urge para que los pueblos puedan tratar de avanzar un poquito más y poder siquiera ir a darle la vuelta a las vacas, hacer los mandaditos que tenemos todos”.
“La segunda, darle a conocer al gobierno que los pueblos, con lo que tengamos, con resorteras o con lo que haya, los pueblos se van a defender, que no les caiga de raro si llegan a un pueblo y encuentran a alguien por ahí con un fierrito porque no tenemos otra alternativa, que acudan y hagan su trabajo como gobierno”.
Continuó, “y tercero, por ahí vinieron y dieron a conocer una información la Fiscalía del Estado que yo creo que es una mentira y de eso hay pruebas, lo que yo he escuchado es que hay pruebas, hay videos de que esas cosas realmente no pasaron como están diciendo los mandos y quisiéramos decirle a la gobernadora Evelyn que no estamos en contra de ella, somos guerrerenses también, somos sus amigos y somos su aliados, pero estamos cansados, que le ponga atención a sus mandos, están corrompidos y se le está demostrando”.
Dijo que le van a mostrar más pruebas de que hay mandos y elementos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del estado que están involucrados con la delincuencia organizada, “para que ponga atención”.
Más adelante, comentó que en su momento, los pobladores de Santa Rosa hablaron con las familias que viven en esa localidad y que presuntamente están coludidas con el grupo de la delincuencia organizada al que se enfrentaron el lunes de esta semana, para pedirles que no se involucraran “para que esto no pasara, desgraciadamente, hay gente que siempre lo he dicho, esta guerra es de la gente de trabajo con la gente que no le gusta trabajar”.
“Esa el verdadero problema que hay, que ya no le gusta trabajar a la gente, que está caliente el sol a lo mejor, que es más fácil ir y quitarle al otro lo poquito que tiene, desgraciadamente este es un cáncer que está pasando en todo el país y en el mundo, el dios del mundo ahorita es el dinero, los gobiernos están corruptos, todo el mundo está sobre el dinero, ya no hay respeto, ya no hay honor, ya no hay justicia, ya no hay nada”.
Aseveró que este clima de inseguridad y violencia “se va a acabar hasta que los pueblos nos organicemos, qué está pasando en Zihuatanejo, en Acapulco, cómo es posible, ¿acaso no sabe realmente el gobierno qué es lo que está pasando, no se los matan ahí en los pies?, ¿cuántos policías no hay involucrados?, ¿cómo es posible que no vean esas cosas que están pasando ahí?, pues es simple, están corrompidos o son los que están realmente a la gente”.
Pidió a los habitantes de todos los pueblos de esa zona que “pongan atención a sus hijos, a sus familias, ya no se presten, si ven algo, denúncienlo, si no le tienen confianza al policía que está al pie de ellos pues hay otros números a los que pueden hablar, ya no hay que callar, tenemos que hacer un frente común contra la delincuencia, ya no podemos aguantar más, tenemos este problema, ya nos tocó a nosotros, hay que enfrentarlo por todos lados, ¿o quieren que sus hijos sigan con estos problemas que tenemos nosotros?, yo al menos no, estoy dispuesto a darle hasta donde sea, pero que este cáncer ya termine”.
Exigen tres Bases de Operaciones Mixtas
Enseguida, el comisario municipal de Santa Rosa, Guillermo Salas Guillén, pidió a los presentes a que se animaran a hablar, “si no es ahorita, cuándo, al rato hay otro movimiento de miedo y vamos a estar todos escondidos”.
La comisaria municipal de Arroyo Verde, María del Carmen Salas Orozco, criticó que la situación de violencia que están viviendo en todas esas comunidades debe llevarse hasta el gobierno federal, “porque a nivel estado, al contrario, en vez de apoyarnos, el gobierno nos ha estado dañando y perjudicando nuestros hogares y no, se trata de defendernos y si no nos van a apoyar, nos va a tocar a nosotros mismos buscar la forma de cómo defendernos”.
El comisario municipal de La Lajita, consideró injusto darle la mitad del dinero que ganan “a otras personas, pues no; hay que defender nuestro pueblo, nuestra familia, los hijos y de la gobernadora, de su gobierno que se presta a cosas corruptas, queremos un gobierno de justicia, de paz, queremos tranquilidad para las comunidades de esta ruta, necesitamos un gobierno que sea de justicia”.
Luego, habló el comisario de El Parotal, Francisco García, para pedir ayuda al gobierno federal, porque en su localidad ya no confían en el gobierno estatal, “la verdad estamos cansados de vivir esta situación de esto que se está viviendo en la sierra, hay muchos problemas, homicidios por parte de la gente armada porque nosotros no tenemos la capacidad para defendernos”.
Sostuvo que “somos unos humildes campesinos que nos dedicamos al campo, al trabajo, a nuestro ganado y la verdad ya nos da miedo salir al campo a trabajar”.
Enseguida, el comisario de Las Mesas, Pablo Mejía, demandó que el gobierno federal intervenga, “porque la situación está muy crítica ahorita, tenemos el ganado abandonado, el cultivo todo tirado, cosechas tiradas, ocupamos que nos echen la mano”.
Por su parte, la comisaria de El Durazno, Azucena Rosas García, dijo que “esas personas empezaron por El Durazno y así van a seguir y es un llamado para el presidente, al gobierno federal porque esto es delincuencia organizada y le pertenece al gobierno federal hacerse cargo, que no se quede nada más en el estado, que se haga cargo el gobierno federal, que ponga cartas en el asunto, a nosotros nos llegan los balazos y a él los abrazos, así que por favor, que ponga cartas en el asunto”.
De El Porvenir, el comisario Jesús Ayala, pidió justicia “a todo lo que está pasando, porque ya ven, nuestras familias no duermen, llore y llore, qué nos irá a pasar, se oyen para acá puras maldades que vienen a hacer y por todos lados”, por lo que pidió que el gobierno ponga las bases de operaciones mixtas, “donde vemos que puede estar más peligroso, en Santa Rosa, Las Mesas y el Crucero del Aguacate”.
Luego, volvió a hacer uso de la palabra Víctor Espino para denunciar que desde lo ocurrido en El Durazno, en toda esa región se han suspendido las clases en la mayoría de las comunidades, “ya no conocemos a los médicos ni los maestros”.
Mencionó que en el ejido San Antonio de las Tejas tienen 17 mil hectáreas de bosque, 8 mil en estudio, “arriba de 200 mil metros cuadrados, el metro vale 3 mil pesos, saquen la cuenta, cuál es el interés de esa gente, de ahí nosotros sacábamos para apoyar poquito a los maestros y a los médicos, las clínicas las hemos hecho nosotros, los caminos también, esos recursos nos los van a quitar, si entra esa gente ya no los vamos a volver a tener”.
“Decirle a la gobernadora que tenemos un año yendo al Palacio, nos estuvieron recibiendo con puras palmaditas, quedamos en un acuerdo, nos quitaron muchas cosas pero nos dijeron cuál era nuestra prioridad y es la seguridad e infraestructura, queremos caminos en la sierra para que puedan llegar los militares, para que puedan llegar los doctores y los maestros”.
Reprochó que en esas reuniones acordaron que se pavimentarían 5 kilómetros de carretera por año de administración de la gobernadora “y ahorita autorizaron 3 millones para una ruta nada más, qué vamos a hacer con eso, que cumplan sus acuerdos, nos urge la seguridad, es básica, los caminos son indispensables para que suba el gobierno a las comunidades más cercanas que están a 100 kilómetros de aquí, duran 24, 48 horas para llegar en tiempos de secas, en tiempos de agua no van a pasar”.
“Necesitamos las tres bases y le hacemos un llamado al presidente de la República, nosotros votamos por él y todavía creemos en él, hay muchos problemas en el país, pero la Sierra qué, pa’ cuándo”, cuestionó.
En esta reunión estuvo el coordinador auxiliar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gustavo Verdeja Salas, con sede en Tecpan de Galeana, quien dijo ir comisionado por la presidenta de este organismo, para atenderlos luego de lo ocurrido el sábado 28 en El Parotal ante algún presunto abuso de autoridad, al tiempo que los conminó a hacer la denuncia correspondiente ante esta institución.
En Santa Rosa ya hay una BOM
De acuerdo con pobladores de Santa Rosa, la noche del domingo 29, fueron avisados por funcionarios del gobierno del estado que el lunes 30 por la mañana en ese lugar se instalaría una Base de Operaciones Mixtas para garantizar la seguridad de los habitantes, pero antes de que llegaran los elementos de las corporaciones policiacas, ocurrió el enfrentamiento entre habitantes del poblado e integrantes del grupo criminal que tiene azolada la región.
Ayer martes, una de las vecinas comentó que la balacera duró poco más de una hora pero que ésta concluyó con la llegada de los militares, marinos, policías estatales, elementos de la Guardia Nacional y policías ministeriales, los cuales se dirigieron con el comisario de Santa Rosa para pedirle que les apoyara con la asignación de un espacio para permanecer, por lo que se establecieron en la entrada a la comunidad, frente al arco.
Otro de los vecinos comentó que el lunes, “cuando estaba recio la balacera”, dos helicópteros sobrevolaron la zona y que el aparato de la Secretaría de Seguridad Pública aterrizó para llevarse a integrantes de las familias que no hace mucho tiempo se asentaron en ese lugar y que de acuerdo a los habitantes, han fungido como informantes y simpatizantes del grupo delincuencial al que se enfrentaron el lunes, “fueron los ministeriales los que se los sacaron en camionetas y los arrimaron al helicóptero para que se los llevaran”.
Dijo que esta acción, una vez que se conoció, provocó agravio entre los habitantes de las comunidades, pues consideran que es una evidencia “de que el propio gobierno del estado apoya a ese grupo criminal, por eso es que estamos pidiendo que el gobierno federal intervenga mientras la gobernadora hace una limpia de toda esa gente corrupta que tiene metida en su gobierno”.
El presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, dio a conocer que la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), reculó los acuerdos que hace un par de meses se tomaron con el secretario técnico de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Pablo André Gordillo Oliveros, sobre la rehabilitación de los caminos que van de la costa a la sierra en Petatlán y Coyuca de Catalán.
Ayer miércoles, vía telefónica, Espino Cortés informó que el martes de esta semana, acudió a la región un representante de la CICAEG, quien les manifestó que “nos autorizaron bien poquito de los acuerdos que hay de que iban a ser cinco kilómetros por cada ruta y en total iban a ser 15 kilómetros de la ruta Santa Rosa de Lima hacia arriba y nomás nos autorizaron para la pavimentación de un kilómetro y en la otra ruta, nada más mantenimiento”.
“O sea que no se están cumpliendo los acuerdos, así como va la cosa no se están cumpliendo los acuerdos; la semana que viene tendremos otra reunión con el secretario técnico de la gobernadora y vamos a ver qué está pasando pues con el señor Pablo Gordillo y el nuevo director de la CICAEG porque los que estaban los cambiaron todos”, dijo.
Agregó que entienden que la persona que acudió a la región a supervisar, “sólo es un trabajador de la CICAEG que no tiene capacidad de resolución, pero de todos modos le dijimos que los acuerdos con el licenciado Pablo no son esos, que los acuerdos son la pavimentación de mucho más kilómetros de la carretera y nos dijo que como quiera, él no sabe, que nada más lo mandaron a verificar las obras que se autorizaron y lo acompañamos para que recorriera la carretera e hiciera su trabajo”.
Indicó que esperarán a la reunión con el secretario técnico, la cual está programada el 23 de enero próximo, “para tratar este tema y ver de qué se trata porque éstos no fueron los acuerdos y creemos que la gobernadora Evelyn Salgado debe de saber que ahora en la CICAEG se están desdiciendo para que ella intervenga porque es la primera vez que un gobernante regresa a ver a la Sierra y sobre todo, que se preocupa por llevar el desarrollo a esta región que ha estado abandonada desde hace muchísimos años”.
Espino Cortés comentó que la gente de esa parte de la sierra ya se había ilusionado, “imagínese cuánto íbamos a valorar tener toda la carretera bien hecha y pavimentada, la gente podría llegar más rápido a encontrar ayuda médica y tendríamos más oportunidad de comercializar lo que nosotros producimos en la sierra como son aguacates y ganado, pero pues ahora la CICAEG nos sale con que siempre no va a ser como se acordó, pero no vamos a adelantarnos, vamos a esperar la reunión con el secretario técnico de la gobernadora y esperamos que ahí se sigan sosteniendo los acuerdos”, apuntó.
Luego de cuatro días preso, el viernes fue liberado Víctor Espino Cortés y dos de sus acompañantes que, debido a la opacidad con que se manejó el caso, no se confirmó quiénes fueron.
Los tres van a continuar su proceso penal en libertad, informó en un video el integrante de la Mesa Directiva Ejidal de Guajes de Ayala, Javier Hernández. El ejido tiene una denuncia en contra de Espino por desaparición forzada en agravio de Elías Gallegos Coria y de su hijo Fredi Gallegos García, y otra por delitos ambientales.
Espino Cortés fue detenido la tarde del martes por elementos del Ejército mexicano. Según Javier Hernández la detención fue por portación de arma, puesto que les encontraron armas AK-47, cuernos de chivo, y sin embargo, se quejó, fue liberado el viernes pasado.
El mismo viernes, la esposa del desaparecido Elías Gallegos, Elvia García Silva, denunció en Acapulco que se negaron a recibirle la ratificación de la denuncia por desaparición forzada en contra de Espino.
Por la noche del viernes en un video que se difundió vía Facebook, Javier Hernández denunció: “Lamentablemente estamos con la incertidumbre por el sistema penal que tenemos en Guerrero. Las denuncia contra quienes nos han victimizado y nos ha hecho mucho mal, como la desaparición de nuestro amigo Elías y su hijo, la deforestación y atentado contra el medio ambiente, no proceden”, se quejó.
Denunció que el sistema penal “se mueve demasiado lento. Lamentablemente hoy (el viernes) a las 8 de la mañana se presentó (Espino) ante un juez en audiencia y le dio libertad condicional”.
Agregó que lo que resolvió el juez “es algo que lamentamos”, e insistió en que Espino Cortés es una de las personas a las que señalan como lugarteniente del jefe del grupo del crimen organizado Chano Arreola en esta zona del Crucero del Aguacate. Lo hemos documentado y denunciado, es su madriguera”, denunció Javier Hernández.
Añadió que se enteraron de que fue puesto en libertad y que su proceso penal lo enfrentará en libertad, pues tiene que regresar una vez a la semana a firmar. “A raíz de esto expresamos nuestro descontento con el sistema penal que es muy deficiente”, dijo.
A añadió que saben que a Víctor Espino lo detuvieron con armas de alto poder, “en este caso con un AK-47, cargadores y municiones útiles”.
Insistió que “estas personas tienen conocidos. Hay un fiscal regional en la Costa Grande quien ha traficado con sus influencias para beneficiarlos. Es el licenciado Marco Antonio Anaya Valle, originario de Papanoa”. Pero dijo que el haberlo tenido preso estos días “nos hizo ver que está en la misma desventaja que muchos de nosotros, también tiene miedo, es vulnerable a muchas cosas”, y que el hecho de que haya salido libre no quiere decir que se va a ir a otro mundo, “vamos a seguir impulsando poniéndole todo el empeño para que se nos haga justicia”.
Demandó a las dependencias correspondiente y a los gobiernos federal y estatal que se le dé seguimiento a sus denuncias “como debe ser, apegado al derecho penal y que no haya tráfico de influencias”.
También retó a Víctor Espino a que regrese como el 30 de marzo del año pasado al ejido a saquear otra vez la madera.
“Lo reto así, de guevototes, que si los tiene vuelva a venir a vandalizar, a provocar incendios para borrar evidencias de todo lo que hicieron, y veremos a ver qué es lo que pasa, así de guevos, lo reto a que lo haga y vamos a ver qué es lo que pasa”, expresó en el video.
La Mesa Directiva del Ejido Los Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, exigió ayer justicia, la aplicación de la ley, y que no se vaya a liberar a Víctor Espino Cortés y a dos de sus cómplices detenidos el martes pasado.
Espino Cortés, es uno de los acusados por el Ejido Los Guajes de Ayala del saqueo de la madera y de la privación de la libertad del ejidatario Elías Gallegos y su hijo Fredi Gallegos García, quienes se encuentran desaparecidos desde octubre pasado.
Ayer se confirmó que Espino Cortés, quien fue vocero de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en la sierra de Petatlán, se encuentra detenido en las instalaciones del Ministerio Público Federal de la Fscalía General de la República (FGR) en Acapulco.
Ayer se publicó en este diario que pobladores de la parte oriente de la sierra de Petatlán bloquearon la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en la comunidad Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana. El bloqueo a los dos sentidos de la carretera comenzó a las 7 de la tarde y terminó a las 11 de la noche. Según versiones extraoficiales, el bloqueo tuvo el propósito de exigir al gobierno la libertad del ex vocero de la UPOEG en Petatlán, Víctor Espino Cortés.
Ayer en declaraciones por teléfono, Javier Hernández, integrante de la Directiva de la Mesa Ejidal de los Guajes de Ayala, informó que se enteraron la noche del martes de la detención de Víctor Espino Cortés y otras dos personas de las que aún no saben quiénes son y que fueron trasladados a la Fiscalía General de la República (FGR) de Acapulco.
Pidió al gobierno en nombre de su ejido que se haga justicia.
Dijo que temen que “por el corrompido y mal sistema penal que tenemos en Guerrero y por las influencias que han tenido ellos, puedan salir por la puerta de atrás”. Pidió que el gobierno actúe dentro de la ley y con base en sus responsabilidades.
Informó que tuvieron información de que los detenidos son Víctor Espino y su hermano Juan y que la tercera persona pudiera ser su “mano derecha” Audel Montúfar, El Bebé, pero aclaró que no tienen confirmado si los dos últimos son los detenidos, a quienes también han denunciado por diversos delitos.
Insistió que las denuncias que han hecho en contra de ellos es que debido al desplome del precio de la goma de opio, ahora se dedican al robo de la madera. En este caso lo hacen en el ejido de Los Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, con el apoyo de elementos del Ejército mexicano.
Javier Hernández declaró que, incluso, desde hace dos semanas habían comenzado a robar la madera de su propio ejido, San Antonio, municipio de Coyuca de Catalán, “esto no se sabía porque las autoridades del ejido de San Antonio no se atreven a denunciarlo y a alzar la voz porque lo tienen ahí. Si lo hacen automáticamente se lazan solos”.
Explicó que la madera que están robando de su propio ejido, San Antonio, se la venden sin documentación al empresario Bruno Alonso, de Papanoa y a Ignacio Cortés de Arroyo Verde, municipio de Tecpan de Galeana.
Recordó que los hermanos Espino durante los dos últimos años han sido lugartenientes del grupo criminal que encabeza Crescenciano Arreola, conocido como Chano Arreola, y que Víctor Espino “hasta se hizo llamar vocero de la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG)”.
Dijo que por sus actividades delictivas “no le funcionó” su participación en la organización, pero que “ahí empezaron él y su hermano su trayectoria como criminales”.
El dirigente ejidal admitió que desconoce si su detención obedece a las denuncias que han presentado en su contra o por otros hechos delictivos, “puede ser por ambas cosas” e insistió que se les haga justicia y que se tomen en cuenta las denuncias que tienen en su contra.
Entre estas la que presentaron por la desaparición de sus compañeros Elías Gallegos y su hijo Fredi Gallegos García, quienes se encuentran desaparecidos desde octubre pasado.
Una manta colocada por los integrantes de la Policía Ciudadana de la Costa Grande, en la entrada a Santa Rosa, municipio de Tecpan .Foto: Brenda Escobar
Uno de los dirigentes de la Policía Ciudadana de la Costa Grande y Sierra de Guerrero adherida a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, (UPOEG), Víctor Espino Cortés respondió al gobernador Héctor Astudillo Flores que bien sabe cómo está la situación en la zona y quién asesinó en una emboscada a los seis policías estatales en Las Mesillas.
A nombre de la Policía Ciudadana que públicamente se dio a conocer el lunes de esta semana contra un grupo de la delincuencia organizada que impera en esa zona, informó que la nueva corporación está conformada por vecinos de 36 de 52 comunidades del municipio de Petatlán y por los ejidos El Durazno y San Antonio de las Tejas, del municipio de Coyuca de Catalán, de la región Tierra Caliente.
Víctor Espino aseguró que, “ha sido precisamente para que el gobernador voltee sus ojos a la sierra de Petatlán y Tierra Caliente, no somos sus enemigos ni buscamos confrontarnos con el gobierno, lo que queremos es que ya haya paz en toda esta zona”.
“Por eso es la creación de nosotros, por no tener un choque con el gobierno, porque no encontramos ya alternativas, no hay, no hay quién nos defienda, no pueden aquí abajo oiga, los delincuentes viven al pie del cuartel (de militares ubicado en la cabecera municipal de Petatlán) y no estoy diciendo que sea corrupto el gobierno, no, lo que pasa es que no tiene la capacidad”, consideró.
Aseveró que “ha sido rebasado el gobernador, él sabe, él es gobierno, él sabe qué es lo que pasa. En mi caso creo que sí sabe quién soy, que me investigue realmente quién soy yo, he sido comisario municipal ya dos veces, comisariado ejidal una vez, presidente de una cadena productiva forestal que ya tiene mucho tiempo, he sido promotor educativo, doy cursos de educación inicial, o sea, si la gente nos pone al frente es por algo, porque no nos gustan las injusticias”.
“Ya nos tocó oiga, ni modo, alguien tiene que hacerlo y queremos decirle al gobernador que no estamos en contra de él, en cuanto él nos garantice la seguridad de ir a nuestros ranchos, de poder trabajar para nuestras familias, en ese momento nosotros nos hacemos a un lado, no vamos a ser policías comunitarios todo el tiempo, no nos interesa. A mí me interesa mi familia y mi ranchito, mis aguacates, soy aguacatero y se lo puedo comprobar al gobernador cuando guste, lo llevo y le hago la mejor salsa de aguacate de aquí de la región”.
Agregó que “ya que el gobierno no nos ayuda con nada que de perdida no deje defender ya que no puede defendernos, no le estamos pidiendo más, tenemos que defender lo poquito que nos queda, lo que hemos logrado nosotros, estamos abandonados completamente en todas las cuestiones”.
Dijo que coincide con el gobernador en el sentido de que defienden intereses muy locales, “pues porque de cierta forma cada uno de los que formamos la Policía Ciudadana Comunitaria tiene sus propios problemas, yo tengo el mío personal, si le pregunta a aquél señor él tiene el de él, cada quien tiene sus problemas, claro que al final de cuenta sí son personales pero nos estamos uniendo para defendernos porque vemos que nos está afectando, nos agarran a balazos y al ratito le toca a otro y siguen con el otro”.
“Hay dos tipos de gente, la gente de trabajo que tiene familia, que tiene sus bienes, lo poquito o mucho, y la gente que no tiene nada, que no le gusta trabajar, ese es el verdadero problema, nosotros nos dedicamos a trabajar, dormimos cansados, a gusto, no tenemos tiempo de andar pensando en otras cosas y la gente mañosa pues esa anda viendo qué anda haciendo uno, porque a eso se dedican, porque también comen, desgraciadamente tienen boquita y tienen que comer, tienen familia también y desgraciadamente nosotros somos los afectados, los que nos duele son los niños y las mujeres”.
“Tampoco estamos creando la Policía Ciudadana para ir a hacer matazones, no, sólo queremos que el gobierno voltee los ojos, de una u otra forma esto ha servido pa’ que el gobierno arriende a ver, que haya una comunicación, que nos conozcan, que sepan que aquí estamos, que hay familias completas de la sierra desplazadas, que tenemos nuestras tierras que nos han costado años de trabajo y están abandonadas, las casas nos las quitaron, nos tumbaros las tejas, las láminas”.
“Invitamos al gobernador a hacer un recorrido por la sierra, pa’ que nos conozca porque realmente no sabe quiénes somos, y no es nuestro enemigo, no vamos en contra del Ejército ni de la Marina, lo único es que ya no pueden, esa es la verdad, los tienen bien cuidados. Lo que pedimos es que el gobernador nos regrese la paz a nuestros pueblos para poder regresar a nuestras vidas, es lo único que estamos pidiendo”, insistió.
Vecinos agraviados acuden a denunciar
Este miércoles mientras los policías ciudadanos permanecían apostados en la entrada principal de la comunidad Santa Rosa de Lima, por el otro lado frente a la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, militares, marinos y policías federales de Caminos vigilaban sin obstruir la circulación vehicular.
Según los civiles armados, los agentes federales acudieron en apoyo a los dos módulos móviles, uno integrado por el Ministerio Público del fuero común y del fuero federal, y otro por funcionarios de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional, que acudieron a Santa Rosa para integrar las denuncias de las personas que han sido agraviadas por la delincuencia organizada.
Además para hacer el trámite de recuperación de documentos agrarios como lo acordaron el martes, cuando se reunieron con autoridades estatales y federales.
Ambos módulos se ubicaron en la escuela primaria de la comunidad a donde fueron llegando vecinos de distintas comunidades de la sierra de Petatlán, que desde agosto de este año han sufrido asesinatos de sus familiares y robo de ganado, de sus viviendas y de sus tierras por hombres armados.
La constante común este martes de quienes se acercaron a denunciar fueron las lágrimas, “por tantos abusos que hemos vivido”, mientras esperaban sentados que les tocara su turno.
Testimonios de ejecuciones
Los policías ciudadanos llegaron acompañando a cuatro familiares de la comunidad La Botella, Petatlán, “se salieron caminando muy en la madrugada a escondidas de aquellos (los delincuentes), nosotros los fuimos a encontrar en una camioneta para que vinieran a poner su demanda”.
Según el testimonio la semana pasada los delincuentes “les cayeron a su casa, se sacaron al jefe de la familia, lo maniataron, lo sacaron al patio y delante de estas personas que están aquí lo mataron a balazos frente a ellos, todo para que se salgan y dejen sus tierras”.
Mientras un policía ciudadano platicaba el hecho los agraviados se mantenían con la cabeza agachada, llorando en silencio.
Casi detrás de ellos llegó un matrimonio de edad avanzada, ella llevaba en sus manos un folder, él cargaba un pequeño retrato de su único hijo, “esa gente se los mató, lo destazaron y lo fueron a tirar ahí por El Tuzal, era una persona que no andaba en nada malo y lo mataron”, contó otro, mientras ambos señores se enjugaban las lágrimas.
“Han hecho mucho daño, han agraviado a muchas familias, eso es lo que queremos que vea el gobierno, que sepa que en las comunidades La Botella, El Parazal, Roblar, Cuajinicuilar, La Calera, El Infiernillo y una parte de El Zapotillal ya están abandonadas, la gente se salió por miedo a que los maten, se han salido sólo con lo que tienen puesto porque aunque duele dejar las casas, las tierras, el poco o mucho patrimonio que uno ha trabajado, es más importante conservar la vida”, platicó otro civil armado.
Agregó que los habitantes de las localidades de Petatlán que desde octubre no tienen posibilidades de conseguir alimentos, medicinas, educación y transporte son Barranca del Bálsamo, La Florida, Zapotillos, Carrecilleras, La Morena, El Camalote, Camalotito, Humedades, Rancho Nuevo, Puerto de la Trampa, El Nogal, entre otras, “nosotros sabemos que esa gente tiene amenazado al administrador del almacén de Diconsa, que está en la comunidad San Jeronimito, por eso no sube ningún camión de Diconsa a surtir a las comunidades, nos están matando de hambre”.
Pidió que la Policía Estatal escolte a los camiones de Diconsa, “para que puedan surtir las tiendas Conasupo de esos pueblos, se trata de un asunto de humanidad, no tenemos doctores ni medicinas, los centros de salud están cerrados desde que empezó toda esta inseguridad, algunos maestros que estaban acá abajo y ya no subieron y hay maestros que estaban allá arriba y no se han podido bajar, pero no hay clases en las escuelas, no hay transporte, a las camionetas de pasajeros ya no las dejaron subir, no todas las familias tienen modo de tener una camioneta o una cuatrimoto, entonces no hay manera de que se bajen, además de que todos los caminos están en malas condiciones, algunos intransitables”.
