Los gobiernos “ni nos defienden ni nos dejan defendernos”, señala líder de serranos

Pobladores de Lindavista, municipio de San Miguel Totolapan, esperan con cartulinas de protesta la llegada de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda en Puerto del Gallo, municipio de Heliodoro Castillo, el martes pasado Foto: Lenin Ocampo Torres / archivo

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

El presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, consideró que la petición de armarse de vecinos de la Sierra a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es porque se sienten desesperados, “el gobierno no puede, la solución está en nosotros”.
Por separado, el comisario de Linda Vista, Juan Nazario se sumó a la petición de que se les permita armarse. Informó que no hay una operación de seguridad en la zona como les ofreció la mandataria, y ayer había militares que le dijeron que iban de paso.
Este martes Evelyn Salgado acudió a Puerto del Gallo, municipio de Heliodoro Castillo, en donde comisarios de 67 comunidades de San Miguel Totolapan y de la mencionada demarcación le pidieron seguridad y que les permita armarse legalmente, para defenderse de las incursiones del grupo criminal la Familia michoacana, a lo que la mandataria accedió.
Durante las actividades de la supervisión de la pavimentación del camino Puerto del Gallo-Toro Muerto-Linda Vista-Petlacala, comisarios y vecinos la abordaron y le pidieron que les permita armarse legalmente. Ella aceptó, pero dijo que tiene que hacerse por la vía legal.
El secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, informó a los manifestantes que hay un proyecto que se está trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública para hacer la Policía Rural y que en las comunidades se elija a gente “honorable” para que esté a cargo de la seguridad.
Afirmó que ya había seguridad en la zona. Le respondieron que era mentira, que los soldados se fueron de Toro Muerto y replicó, “llegaron hoy”, y ofreció seguridad.
Consultado ayer por teléfono, el comisario de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, Juan Nazario denunció que no hay ninguna operación de seguridad en la zona, que si bien acudieron militares, éstos le dijeron que fue una coincidencia que estuvieran en el lugar el día que la gobernadora acudió a supervisar la carretera, a unas tres horas Linda Vista.
“Seguimos igual, la gobernadora nos dijo que iba a mandar la seguridad ayer mismo, pero no ha mandado nada; sí tenemos a gente del gobierno (soldados del Ejército) que llegó ayer, pero me dicen que vienen de paso, que no vienen a quedarse, que no vienen como parte de un operativo de seguridad para la Sierra, ni vienen de parte de la gobernadora”.
Los militares le dijeron que “así como llegaron así mismo se van, ahora sí que ya no le creemos a la gobernadora que vaya a mandar un destacamento militar para acá como prometió, ya se hubiera visto desde ayer (el martes) o por lo menos hoy (miércoles)”.
De las actividades del Ejército agregó, “me dicen que nomás vienen a inspeccionar al área que no les corresponde, eso me dijeron a mí”.
Expuso que su alternativa es mantener el contacto con el delegado del gobierno del estado para la Sierra, Saúl López Sollano, “para que se cumpla lo que nos dijo, que habrá seguridad”.

Que se arme a los pueblos de manera legal, insiste Víctor Espino

El presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, mencionó que hay una frase del presidente Andrés Manuel López Obrador que retoma para que se permita que los pueblos se armen: “con el pueblo todo, sin el pueblo, nada”.
De la petición a la gobernadora de vecinos de la Sierra de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo, expuso que es lo que ha planteado desde que se recrudeció la violencia en la zona, “lo mismo nos vino a decir acá la gobernadora, que se iba a revisar y es la fecha en que no ha regresado”.
Advirtió que el de la seguridad es un problema grave en la octava región, porque los gobiernos estatal y federal “ni nos defienden ni nos dejan defendernos, la gobernadora vino a El Durazno, quedó de regresar. Algunas cosas sí se le agradecen, las bases de operaciones en la sierra están algunas, pero la Policía Estatal ya se bajó de Los Bayados, ya se fue de El Durazno, de Las mesas”, en la sierra de Ajuchitlán y de Coyuca de Catalán.
“Insistimos, la solución es que se formen las guardias rurales en la Sierra o en cualquier pueblo atacado, vemos que las autoridades no pueden y no van a poder, ya se va a ir el presidente López Obrador y es la misma cosa, el gobierno no puede, la solución es que se armen las guardias rurales, están sustentadas legalmente”.
Citó la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea y como lo ha hecho anteriormente, propuso que los militares estén a cargo.
Cuestionó, “qué le tienen miedo a los pueblos, no quieren que nos defendamos pero legalmente se puede. El detalle es que si no aceptan los pueblos se arman de manera ilegal, de manera ilegal, porque está el problema, nos están matando en la sierra”.
Afirmó que ya hay un movimiento masivo de autodefensa, “esto no lo van a parar, a los de la sierra de Totolapan ni los conozco pero es el mismo problema, y la solución es esa, que dejen que los pueblos se armen, la gobernadora no nos da respuesta, nomás dice que sí pero no dice cuándo, no hay nada en concreto”.
“A poco el Ejército tiene miedo de que los pueblos se armen, ellos tendrían el mando, o será que les llega el centavo y no les conviene a los generales, nomás se meten en medio cuando está el pleito, pero no corretean al que anda haciendo el mal”.

 

Advierte el crimen organizado a comerciantes de la capital que les cobrará piso, informa la Canaco

El terror generalizado que viven los comerciantes de Chilpancingo ante la violencia se agravó el viernes 9 de junio, luego de que integrantes de una de las bandas del crimen organizado que se diputan la plaza visitaron armados a varios vendedores en sus locales para decirles que ahora ellos se harán cargo del cobro de piso.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Víctor Manuel Ortega Corona informó que ante esa advertencia de los delincuentes los comerciantes del centro de la ciudad acordaron medidas de seguridad, como tener un arma en sus locales, cerrar antes de las 8 de la noche cuando comienza a oscurecer y colocar cámaras de seguridad afuera de sus locales.
Además, dijo que pedirán posiblemente hoy una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para que les indique cómo proceder e insistirán en que el gobierno federal se haga cargo de la seguridad en la capital.
Consultado vía telefónica, el presidente de la Canaco en Chilpancingo, Ortega Corona declaró que el terror generalizado que se ha apoderado del sector económico en la capital inhibe y desalienta la inversión.
Lamentó que el terror que viven los comerciantes no sea contrarrestado por los gobiernos municipal, estatal y federal, “hay una verdadera preocupación por toda esta ola de violencia que se ha desatado en Chilpancingo”.
El sábado 10 de junio, varios comerciantes de la zona centro que omitieron su nombre por miedo manifestaron su preocupación ante las cinco ejecuciones que ocurrieron ese día, resultado de la guerra entre dos grupos del crimen organizado (Los Rojos o Los Jefes y el Cártel del Sur), y denunciaron que integrantes de una de estas dos bandas recorrieron armados la noche del viernes 9 de junio varios negocios y les advirtieron que a partir de ese día ellos cobrarán la cuota.
El líder de la Canaco confirmó este domingo que 10 de sus agremiados le informaron personalmente de la amenaza de la gente armada y que muchos más lo hicieron mediante una conversación grupal en WhatsApp.
“Recibimos el reporte de nuestros compañeros de Chilpancingo muy aterrados, hay preocupación por la situación que esto genera”, dijo Ortega Corona.
En un recorrido en el centro de la capital, algunos de los comerciantes quienes omitieron su nombre por miedo afirmaron que han consultado con su agrupación si es mejor cerrar sus negocios, “mientras haya más adelante mejores condiciones, porque la vida vale más que nuestra actividad”, dijo uno de ellos.
Otros comerciantes aseguraron que se están organizando en grupos de cinco o 10 para que armados impidan las extorsiones.
En tanto, Víctor Manuel Ortega declaró que sólo están planteando la posibilidad de tener armas en sus negocios, “un arma reglamentaria, autorizada por el Ejército”.
Aclaró que a partir del viernes 9 de junio asumieron medidas de protección como cerrar temprano, “antes de las 8 de la noche”; así como instalar cámaras adentro y afuera de sus negocios.
Comentó que posiblemente hoy solicitarán una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para que les informe cuáles serán los mecanismos que aplicarán y cómo actuar ante las amenazas, y añadió que insistirán en que la federación asuma la seguridad en el municipio.
Además, denunció que los últimos días los comerciantes han sido visitados por supuestos funcionarios de Migración o de Protección Civil, pero por las características que le han proporcionado los comerciantes, “creemos que son personas que no representan a alguna institución”.
Detalló que los presuntos funcionarios piden a los comerciantes datos personales y de sus negocios, pero insistió que quienes los visitaron el viernes fueron personas armadas, quienes recorrieron los locales de varias calles del centro informando que ellos cobrarán piso.
Aseguró que tras la advertencia la mayoría de los comerciantes cerraron de inmediato sus negocios.
De la ola de ejecuciones ocurrida en los últimos días en la capital, el presidente de la Canaco en Chilpancingo respondió que no se justifica que los gobiernos municipal, estatal y federal argumenten que es una guerra entre cárteles del crimen organizado y que el resto de los ciudadanos están a salvo.
“Para nosotros la muerte de cualquier ser humano es lamentable. Para las autoridades es un argumento fácil y rápido decir que se trata de crímenes entre bandas, pero atrás de esos delincuentes, si así lo fueran, hay seres humanos, padres, hijos, hermanos”, manifestó.
Afirmó que todos los ciudadanos tienen garantías que marca la Constitución, “y lo que necesitamos (es) que el gobierno asuma con responsabilidad esas garantías, porque todos como ciudadanos pagamos impuestos y nosotros como comerciantes también pagamos impuestos”.
Agregó que espera que el gobernador los reciba en una audiencia esta semana porque quieren decirle lo que viven los comerciantes en la capital, “y que de manera irresponsable nos desdeña el presidente municipal (el priista, Marco Antonio Leyva Mena)”.
Ortega Corona declaró que últimamente no se han reunido con el gobernador y que el encuentro más reciente fue hace cinco meses, aunque reconoció que los comerciantes siempre han tenido su apoyo y sensibilidad, por eso “queremos acudir con él, porque en las autoridades municipales hay una apatía muy marcada. No confiamos en la seguridad que ofrece el municipio”.
Denunció que algunos comerciantes han sido hostigados por el director de Gobernación municipal, Juan Manuel Valenzuela, quien es primo del alcalde Marco Antonio Leyva Mena.