Ayer cinco comerciantes encabezados por el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), Víctor Ortega Corona, solicitaron en la Secretaría Particular del gobernador una audiencia para pedir ayuda ante las amenazas y el cobro de piso de un grupo delictivo que los mantiene aterrados.
A las 11:30 de la mañana los socios de la Canaco se presentaron en la oficina de Astudillo en el Palacio de Gobierno, y les informaron que después se comunicarían con ellos para reunirse.
Ortega Corona informó que la organización buscó la vía institucional para exponer al gobernador los problemas que sufren ante la delincuencia, que son “muy graves, buscamos la ayuda del ciudadano gobernador por la apatía y el desdén que nos hace el presidente municipal Marco Antonio Leyva, sabemos que la agenda es apretada y nos dijeron que en estos días próximos nos atendería el secretario particular César Armenta”.
El empresario dijo que entre los dueños de negocios del primer cuadro de la ciudad, hay desesperación, “estamos desesperados y queremos la ayuda del señor gobernador, porque en el municipio no contamos con el apoyo, al contrario somos agredidos”.
Subrayó que la situación que se vive a diario en la capital del estado es grave, ante lo que urgió a las autoridades a atender el problema para no caer en situaciones delicadas en las que se enfrente la población a los criminales.
Dijo que a pesar de que acordaron que se armarían para proteger a sus familias y negocios, no buscan violar la ley, sino que a partir del derecho de portación de armas se puedan evitar más extorsiones.
“Nos exponíamos a que no nos pudiera atener (el gobernador), en este caso ni siquiera el secretario particular, pero no por eso vamos a dejar de insistir, estamos desesperados”, señaló.
El viernes de la semana pasada los comerciantes de Chilpancingo fueron atemorizados por integrantes de una de las bandas del crimen organizado que se disputan la ciudad, hombres armados fueron a ver a varios vendedores del primer cuadro de la ciudad para exigirles el cobro de piso.
Ortega Corona comentó que durante la semana pasada se presentó en los negocios supuesto personal de migración y de Protección Civil que solicitaban información personal.
Señaló que en ninguno de los casos se les notificó a los empresarios de esta operación en sus tiendas, por lo que cerraron de manera preventiva.
A raíz de estos hechos de violencia y terror que han vivido, los empresarios han registrado bajas en la venta de sus productos, lo que pone en riesgo los trabajos de sus empleados y a sus familias.
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Advierte el crimen organizado a comerciantes de la capital que les cobrará piso, informa la Canaco
El terror generalizado que viven los comerciantes de Chilpancingo ante la violencia se agravó el viernes 9 de junio, luego de que integrantes de una de las bandas del crimen organizado que se diputan la plaza visitaron armados a varios vendedores en sus locales para decirles que ahora ellos se harán cargo del cobro de piso.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Víctor Manuel Ortega Corona informó que ante esa advertencia de los delincuentes los comerciantes del centro de la ciudad acordaron medidas de seguridad, como tener un arma en sus locales, cerrar antes de las 8 de la noche cuando comienza a oscurecer y colocar cámaras de seguridad afuera de sus locales.
Además, dijo que pedirán posiblemente hoy una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para que les indique cómo proceder e insistirán en que el gobierno federal se haga cargo de la seguridad en la capital.
Consultado vía telefónica, el presidente de la Canaco en Chilpancingo, Ortega Corona declaró que el terror generalizado que se ha apoderado del sector económico en la capital inhibe y desalienta la inversión.
Lamentó que el terror que viven los comerciantes no sea contrarrestado por los gobiernos municipal, estatal y federal, “hay una verdadera preocupación por toda esta ola de violencia que se ha desatado en Chilpancingo”.
El sábado 10 de junio, varios comerciantes de la zona centro que omitieron su nombre por miedo manifestaron su preocupación ante las cinco ejecuciones que ocurrieron ese día, resultado de la guerra entre dos grupos del crimen organizado (Los Rojos o Los Jefes y el Cártel del Sur), y denunciaron que integrantes de una de estas dos bandas recorrieron armados la noche del viernes 9 de junio varios negocios y les advirtieron que a partir de ese día ellos cobrarán la cuota.
El líder de la Canaco confirmó este domingo que 10 de sus agremiados le informaron personalmente de la amenaza de la gente armada y que muchos más lo hicieron mediante una conversación grupal en WhatsApp.
“Recibimos el reporte de nuestros compañeros de Chilpancingo muy aterrados, hay preocupación por la situación que esto genera”, dijo Ortega Corona.
En un recorrido en el centro de la capital, algunos de los comerciantes quienes omitieron su nombre por miedo afirmaron que han consultado con su agrupación si es mejor cerrar sus negocios, “mientras haya más adelante mejores condiciones, porque la vida vale más que nuestra actividad”, dijo uno de ellos.
Otros comerciantes aseguraron que se están organizando en grupos de cinco o 10 para que armados impidan las extorsiones.
En tanto, Víctor Manuel Ortega declaró que sólo están planteando la posibilidad de tener armas en sus negocios, “un arma reglamentaria, autorizada por el Ejército”.
Aclaró que a partir del viernes 9 de junio asumieron medidas de protección como cerrar temprano, “antes de las 8 de la noche”; así como instalar cámaras adentro y afuera de sus negocios.
Comentó que posiblemente hoy solicitarán una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para que les informe cuáles serán los mecanismos que aplicarán y cómo actuar ante las amenazas, y añadió que insistirán en que la federación asuma la seguridad en el municipio.
Además, denunció que los últimos días los comerciantes han sido visitados por supuestos funcionarios de Migración o de Protección Civil, pero por las características que le han proporcionado los comerciantes, “creemos que son personas que no representan a alguna institución”.
Detalló que los presuntos funcionarios piden a los comerciantes datos personales y de sus negocios, pero insistió que quienes los visitaron el viernes fueron personas armadas, quienes recorrieron los locales de varias calles del centro informando que ellos cobrarán piso.
Aseguró que tras la advertencia la mayoría de los comerciantes cerraron de inmediato sus negocios.
De la ola de ejecuciones ocurrida en los últimos días en la capital, el presidente de la Canaco en Chilpancingo respondió que no se justifica que los gobiernos municipal, estatal y federal argumenten que es una guerra entre cárteles del crimen organizado y que el resto de los ciudadanos están a salvo.
“Para nosotros la muerte de cualquier ser humano es lamentable. Para las autoridades es un argumento fácil y rápido decir que se trata de crímenes entre bandas, pero atrás de esos delincuentes, si así lo fueran, hay seres humanos, padres, hijos, hermanos”, manifestó.
Afirmó que todos los ciudadanos tienen garantías que marca la Constitución, “y lo que necesitamos (es) que el gobierno asuma con responsabilidad esas garantías, porque todos como ciudadanos pagamos impuestos y nosotros como comerciantes también pagamos impuestos”.
Agregó que espera que el gobernador los reciba en una audiencia esta semana porque quieren decirle lo que viven los comerciantes en la capital, “y que de manera irresponsable nos desdeña el presidente municipal (el priista, Marco Antonio Leyva Mena)”.
Ortega Corona declaró que últimamente no se han reunido con el gobernador y que el encuentro más reciente fue hace cinco meses, aunque reconoció que los comerciantes siempre han tenido su apoyo y sensibilidad, por eso “queremos acudir con él, porque en las autoridades municipales hay una apatía muy marcada. No confiamos en la seguridad que ofrece el municipio”.
Denunció que algunos comerciantes han sido hostigados por el director de Gobernación municipal, Juan Manuel Valenzuela, quien es primo del alcalde Marco Antonio Leyva Mena.
Abandonados, los puestos de comida fuera del hospital Donato tras el ataque a los taqueros
Luego de que el 31 de marzo, un matrimonio dueño de un puesto de tacos fue asesinado a balazos frente al Laboratorio Estatal Galo Soberón y Parra, en Ciudad Renacimiento, y de días antes dos comerciantes del Acatianguis, en el bulevar Vicente Guerrero, fueran ejecutadas al negarse a pagar la cuota, ambos puntos continúan sin actividad comercial.
Ayer, afuera del Hospital General Donato G. Alarcón, de los más de 10 fondas y taquerías que rodean al nosocomio ninguno estaba abierto. Allí un grupo de mujeres vendían tamales en una mesa de plástico y a unos cuantos pasos de la entrada principal.
Los comensales apenas cabían, pero era lo primero que encontraban la mayoría de los familiares de los pacientes.
Una señora que comía con rapidez su tamal contó que tenía su hijo en terapia intensiva. Sin apetito salió a comer porque familiares de otros enfermos le dijeron que se veía débil y le recomendaron que se comprara algo y se ofrecieron en avisarle en caso de una emergencia.
La mujer, quien dijo llamarse Ana Bertha, dijo que no le gustaban los tamales pero la salsa le daban sabor, “algo picoso aunque sea, porque allá dentro (del hospital) no hay comedor y pues vengo sola, me tengo que apurar”.
Otro grupo de personas buscaban algo qué comer, pero de los puestos que ofrecían picaditas, quesadillas, caldo blanco de pollo, albóndigas, moles o cualquier otra comida corrida, no había ninguno abierto.
El corredor de comida en la banqueta del lado del hospital, el centro de Rehabilitación del DIF Guerrero, el Centro de Medicina Transfusional, el Instituto estatal de Oftalmología y el Laboratorio Estatal ninguno de esos puestos estaban abiertos.
Algunos negocios establecidos de enfrente estaban abarrotados, pero eran insuficientes para la demanda que dejaron los cerca de 20 puestos de comida semifijos cerrados desde hace siete días por la violencia en el municipio.
Tampoco abrieron los puestos de tacos enfrente del Laboratorio Estatal, donde fue asesinado el matrimonio de taqueros. Incluso en uno se observaron cristales rotos que servían de protección al comensal para que no le saltara el aceite donde freían las carnes mientras esperaba su orden.
El olor a grasa quemada persistía en el lugar a pesar que llevaban una semana sin abrir.
Las orillas del camellón que anteriormente estaban ocupadas por sillas y mesas, ayer eran ocupados por los automóviles estacionados.
De los más de 20 negocios sólo uno estaba abierto: uno de ropa para mujer.
El temor persistía porque, sin hablar al respecto, los taxistas que hacen sitio frente al hospital no hacían mención de los negocios cerrados ni del hecho violento ocurrido hace una semana.
Cruzando el bulevar, tampoco estaban abiertos los puestos semiestablecidos y establecidos del Acatianguis.
El pasillo del Acatianguis, un costado el supermercado Comercial Mexicana en la Zapata, estaba oscuro. No había personas que salieran o entraran. En la banqueta, de los puestos de flores que recibían a los transeúntes sólo se observaban floreros, esponjas y bases volteados y a medio tapar con sábanas.
En ese punto, quienes van distraídos o a paso lento cuadras atrás, apresuran su andar y apenas voltean a ver el pasillo en el que hace 15 días mataron a dos mujeres vendedoras de ropa y accesorios de belleza.
De nuevo, la entrada de Ciudad Renacimiento, enfrente del Centro de Rehabilitación Integral del DIF estatal, un taxi rojo y blanco que estaba estacionado en el camellón fue subido a la banqueta. Una señora que estaba sentada en lo que fue una banca de un puesto de picadas preguntó al chofer cuando bajó de su vehículo:
–¿Lo movió porque tiene miedo que le pase lo de los taqueros verdad?
–Pues sí jefa, ya no sabe uno dónde ponerse o no.
Niega el fiscal que dueños del restaurante hayan pedido seguridad ante extorsiones
El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, aseguró que los dueños de los restaurantes Los Buzos no interpusieron ninguna denuncia en la Fiscalía y tampoco solicitaron ayuda, como lo informó la cadena de restaurante en su cuenta de Facebook cuando anunció el cierre de sus cuatro establecimientos.
En declaraciones en los juzgados del penal de Las Cruces, el fiscal dijo que los ataques a los restaurantes fueron un “estense quietos por cuestiones del derecho de piso. Estoy seguro que es la razón”.
Insistió en que los dueños de la cadena “conmigo no se acercaron, definitivamente”, y que no hay denuncia. Esto, luego de que en un comunicado subido a la página oficial en la red social Facebook, Los Buzos Restaurant-Bar, se informa a los clientes que las sucursales estarán cerradas hasta nuevo aviso.
En éste se reclama a las autoridades porque que no les garantizaron la seguridad: “Tuvimos un acercamiento para solicitar de su apoyo con respecto a la seguridad de nuestros establecimiento y de quienes desafortunadamente no obtuvimos respuesta”.
El fiscal señaló que los ataques se deben a la exigencia de grupos delincuenciales que piden el pago de derecho de piso, e informó que a la 1 de la tarde hubo un ataque a balazos en el restaurante el Santo Negro, aunque los representantes de éste lo negaron en un mensaje a través de redes sociales.
Olea Peláez no quiso decir si ya tienen identificados a los grupos delincuenciales que han realizado los ataques contra los restaurantes Los Buzos: “con la pena, no te puedo decir qué banda son porque tengo que seguir el sigilo de las investigaciones, me encantaría decirlo”, y dijo que por la situación de violencia en que se vive era mejor no darlo a conocer, pero que han “detectado varias cosas”.
El domingo por la noche, hombres armados irrumpieron el restaurante Los Buzos ubicado a un costado de la Universidad Americana, y en el ataque fueron heridos dos trabajadores frente a turistas y acapulqueños que allí comían.
El 15 julio de 2015, hombres armados entraron en calidad clientes y dispararon contra comensales que festejaban la terminación de un estudiante de secundaria, y este domingo 20 de marzo, la sucursal ubicada cerca de la avenida Wilfrido Massieu, se incendió y tuvo pérdida total.
Habla de un ataque a otro restaurante y lo desmienten
A la 1 de la tarde, el fiscal confirmó el ataque a balazos contra el restaurante Negro Santo ubicado en el fraccionamiento Costa Azul, pero el propio restaurante en un comunicado en su página oficial en Facebook, II Negro Santo Restaurante & Bar, desmintió el hecho.
El fiscal confirmó a la 1 de la tarde que el restaurante el Negro Santo, ubicado a tras del Centro de Convenciones, había sido balaceado y al insistirle del tema expresó que “tenemos que investigar”.
Media hora más tarde el restaurante desmintió el hecho, calificó la información que se había publicado en dos portales electrónicos que como “irresponsables” y agrega: “estamos a sus órdenes y para servirles”.