Toman 66 pueblos de Tlacotepec y Totolapan la presa El Caracol; exigen seguridad y ayuda

Unos 4 mil pobladores de la sierra de Tlacotepec y de San Miguel Totolapan tomaron ayer las instalaciones de la presa El Caracol; piden ayuda ante la pérdida de cosechas e maíz por el huracán Otis Foto: El Sur

Al menos 4 mil habitantes de la sierra de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, tomaron las instalaciones de la presa hidroeléctrica de El Caracol, para exigir seguridad y atención a los pueblos damnificados por el huracán Otis.
Ayer a la una de la tarde habitantes de al menos 66 comunidades de la región Sierra, llegaron en más de 500 camionetas para plantarse en la presa Ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, en demanda de cuatro Bases de Operaciones Mixtas (BOM).
Otra de las demandas de los campesinos es exigir la reconexión de la luz, el arreglo de caminos y la entrega de despensas a las comunidades afectadas por el paso del huracán Otis, principalmente del municipio de San Miguel Totolapan.
Según informaron, el huracán provocó la pérdida total de los cultivos de maíz durante su paso el 25 de octubre.
Los pueblos donde piden la creación de las cuatro Bases de Operaciones Mixtas es en las comunidades de Linda Vista, Acatlán, Tetela del Río y el Nuevo Caracol.
Los comisarios denunciaron que desde hace varios meses hay una pelea entre el grupo de Los Tlacos y la Familia Michoacana por el control de esa zona de la sierra, donde han provocado el desplazamiento de pueblos que no tienen nada que ver en el conflicto.
Uno de los voceros de las comunidades informó que notificaron a las autoridades su protesta en la presa hidroeléctrica y esperan que el día de hoy asistan a dialogar con los comisarios.
Los pobladores continúan con la toma de las instalaciones.
La comunidad de El Caracol es la frontera de los grupos de la Familia Michoacana y los Tlacos que desde hace un año pelean por el control del trasiego de drogas y la extorsión. (Lenin Ocampo Torres / Chilpancingo)

Más rigor contra la inseguridad, bases de vigilancia, maestros y médicos, piden comisarios de la sierra

Los comisarios municipales y comisariados ejidales del corredor Santa Rosa de Lima-El Durazno, de los municipios de Tecpan, Petatlán y Coyuca de Catalán, en la conferencia de prensa en la casa ejidal de Santa Rosa, ayer domingo, donde pidieron al gobierno del estado más seguridad, maestros y doctores Foto: Brenda Escobar

Brenda Escobar

Santa Rosa de Lima, Tecpan

Comisarios municipales y comisariados ejidales del corredor Santa Rosa-El Durazno, que abarca comunidades de los municipios de Petatlán, Tecpan y Coyuca de Catalán, en conferencia de prensa, demandaron al gobierno estatal combatir con más rigor la inseguridad, la instalación de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), maestros en las escuelas de nivel básico, así como médicos y medicamentos en los centros de salud.
También denunciaron que desde el 1 de marzo, cuatro habitantes de la comunidad La Finca, perteneciente al ejido de Corrales, en el municipio de Petatlán, fueron privados de su libertad por integrantes del grupo criminal que mantiene asolada esa región y pidieron su liberación. Dijeron que identifican “completamente” a uno de los pistoleros que participó en el ilícito.
Este domingo, en la comisaría ejidal de Santa Rosa de Lima, un grupo de comisarios y comisariados ejidales de los municipios de Petatlán, Tecpan y Coyuca de Catalán, ofrecieron una conferencia de prensa para hablar de cómo les ha afectado el clima de inseguridad que luego del 10 de diciembre del 2022, un grupo de presuntos sicarios del grupo delincuencial La Familia Michoacana irrumpieron en la comunidad El Durazno y asesinaron a siete campesinos, entre ellos, un menor de edad.
La demanda principal al gobierno del estado es que haya más seguridad que la que ya se está proporcionando en Santa Rosa y en el crucero de San Antonio, con la BOM y que verdaderamente se persiga a los delincuentes para que esa región vuelva a tener paz, pues aseguraron que en lo que va del año, decenas de familias se han desplazado de las comunidades de la parte alta de ese corredor, para proteger sus vidas.
Asimismo, demandaron que se cumpla el ofrecimiento de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que les envíen maestros para las escuelas del nivel básico, pues en algunas, desde las vacaciones decembrinas del año pasado, no han regresado a las comunidades, y en algunas, los maestros sólo dan clases tres días a la semana con un horario de 9 de la mañana a las 12 del día, con el argumento de que hay inseguridad en la zona.
De igual forma, se dolieron de que no hay doctores en los centros de salud y en consecuencia, tampoco hay medicinas, por lo que las enfermedades son tratadas con remedios caseros o si la familia del enfermo tiene la posibilidad económica y de traslado, lo llevan al centro de salud más cercano, o llegan con él hasta la costa.
El comisariado ejidal de Las Mesas, municipio de Petatlán, Guillermo Villa Ávila, comentó que el 29 de enero y el 11 de febrero, integrantes del citado grupo criminal irrumpieron en esa comunidad y asesinaron a César Estrada Mendoza y Eladio Álvarez Villa.
Pidió que el gobierno instale una BOM como la que está en Santa Rosa, pues comentó que luego del homicidio de Eladio Álvarez, los militares estuvieron ahí sólo un mes y ya se retiraron, lo que hace vulnerable a toda la comunidad pues ahí es paso obligado para todo aquél que quiere pasar de la sierra a la costa y viceversa, además de que ha recibido reportes de los vecinos que en los últimos dos días se han visto luces en los cerros cercanos, durante las noches.
De los maestros y doctores, dijo que no tienen el servicio educativo en el nivel básico y el telebachillerato y tampoco tienen médico en el centro de salud. Platicó que la última vez que vieron un doctor en Las Mesas fue hace aproximadamente un mes, cuando el galeno de Santa Rosa subió con funcionarios del gobierno del estado y dio consultas durante dos horas.
Asimismo, se dolió por que las autoridades correspondientes han hecho oídos sordos a la tala clandestina de los recursos forestales con los que cuenta el ejido, pues ésta continúa.
El comisario de El Parotal, Francisco Solorio García, manifestó que luego de lo ocurrido en esa localidad el 28 de enero pasado, cuando policías estatales con presuntos integrantes de La Familia Michoacana entraron al poblado a catear domicilios y robaron objetos de valor, razón por la que fueron asesinados dos policías y tres civiles, y la situación de la inseguridad se ha recrudecido.
Dijo que no hay clases en la primaria, sólo en el jardín de niños y en la telesecundaria, por lo que también pidió que los maestros regresen a trabajar, “ni doctor” hay.
Luego, habló el comisario municipal de La Lajita, municipio de Petatlán, Rodrigo Mendoza Guevara, dijo que en su comunidad no tienen problemas de inseguridad pero sí les hacen falta los maestros, los cuales no han regresado a trabajar desde las vacaciones de diciembre.
Indicó que sólo tienen preescolar y primaria, que recientemente se abrió una secundaria atendida por jóvenes del Conafe, pero no han asistido a clases.
También habló el comisario municipal de Santa Rosa de Lima, Guillermo Salas Guillén, quien junto con sus pares de Papanoa, Jorge Alberto Blancas, y Los Laureles, Javier Vargas Jaimes, del mismo municipio de Tecpan, hicieron un llamado a la gobernadora para que se garantice completamente la seguridad en las comunidades de las partes altas de la sierra, porque aseguraron que todas las familias desplazadas de ese corredor, bajan a refugiarse en estas tres localidades de manera permanente y otras de manera temporal, antes de emigrar hacia otras ciudades o fuera del país.
Los tres comisarios también coincidieron en señalar que el desplazamiento forzado se ha visibilizado mucho más en estos tres meses del año, a consecuencia de los constantes hechos de violencia que han ocurrido en la sierra y que las familias desplazadas sufren para encontrar una fuente de ingresos.
El comisario de Los Laureles pidió que el gobierno estatal aplique políticas públicas, encaminadas a sanar la salud mental de la población de ese corredor, así como de las comunidades de la costa cercanas, principalmente en los niños, pues aseveró que en los últimos meses ha sido más notorio cómo los menores tienden a normalizar estos hechos de violencia y algunos a desarrollar psicosis.
La comisaria municipal de El Durazno, Coyuca de Catalán, comentó que en esa comunidad hay agradecimiento a la gobernadora Evelyn Salgado, por todo el apoyo que les está brindando al darles seguridad permanente, pero dijo que hace falta la construcción de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, “lo más pronto posible”.
Enseguida, se dolió que la semana pasada el alcalde de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tavares, haya subido hasta la comunidad El Pescado, en el ejido Guajes de Ayala, a llevarles apoyos y víveres a los pobladores, “incluso se habla que hasta les dejó una ambulancia y yo quiero decirle que también los ejidos El Durazno, Río Frío y San Antonio de las Tejas pertenecen al municipio”.
Más adelante, reprochó que los maestros para las primaria, secundaria y el telebachillerato, que envió la gobernadora Evelyn Salgado, ya no estén en la comunidad y que algunos de ellos hayan dicho que regresarán hasta el 19 de abril.
Por su parte, la comisaria municipal de Arroyo Verde, Petatlán, María del Carmen Salas Orozco, comentó que el clima de inseguridad repercute en su localidad, pues los maestros sólo dan clases dos o tres días a la semana, con un horario de 9 de la mañana a las 12 del mediodía.
El comisario municipal de Corrales, del municipio de Petatlán, José Acosta Lagunas, señaló que su ejido ha sido blanco de la delincuencia organizada, que en la comunidad La Finca el 1 de marzo, cuatro campesinos identificados como Jacinto Campuzano Galván y sus hijos Jacinto, Mauricio y Misael Campuzano García, fueron privados de su libertad por parte del citado grupo delincuencial, además de que incendiaron una vivienda.
Agregó, con lágrimas en los ojos, que este hecho provocó que las 20 familias que vivían en esa comunidad se salieran por completo y actualmente están las casas abandonadas.
No es la primera ocasión en que los grupos de la delincuencia organizada cometen hechos violentos contra los pobladores de esa comunidad, quienes también en esas mismas ocasiones se han tenido que salir y dejar su patrimonio, como pasó en noviembre de 2021, cuando un grupo de pistoleros se llevó a dos ganaderos y a los habitantes de ese lugar, así como de la comunidad La Soledad de los Enanos.
De los cuatro campesinos privados de su libertad el 1 de marzo, dijo que desconocen su paradero, pero que sí tienen plenamente identificada a una de las personas que iban en el grupo de gatilleros, por lo que pidió que los liberen, “la familia no quiere poner la denuncia porque tienen miedo de que les vayan a hacer algo a sus familiares”.
Luego, tocó el turno al presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, quien habló a nombre del ejido San Antonio de las Tejas, quien aseveró que “lo que más nos urge es la seguridad en toda la región, tanto en la parte alta como en la parte baja, pues nuestras actividades económicas y sociales están entrelazadas, por ejemplo, en el caso de Papanoa, ahí está toda la industria forestal y nosotros tenemos toda la materia prima arriba y entonces, si los ejidos no trabajan, Papanoa resiente”.
Sostuvo que lo que pase en la parte alta de la sierra afecta directa e indirectamente a las comunidades de la costa, “por eso es que este día están aquí comisarios y comisariados de toda esta ruta, que queremos decirle a la gobernadora que necesitamos más operativos, las bases están bien, ayudan mucho, el problema es que la delincuencia es que hay gente que quiere el territorio, la sierra es de paso”.
Aseguró que los líderes de ese grupo delincuencial, “vienen sobre los recursos forestales, sobre las minas, las huertas de aguacates, vienen sobre esas cosas y queremos seguridad”.
“Lo que les pedimos no es que los maten, sea como sea un muerto tendrá familia que los quiere de una u otra forma, se porten como se porten, lo que sí queremos es que por favor nos dejen en paz. No les gustaría que otras personas fueran a invadir a sus lugares”.
Señaló que eso ha originado el desplazamiento de los pobladores y dijo que en lo que va del año se han salido de sus comunidades las familias de Los Bayados y La Finca, “están dos pendientes que a lo mejor mañana (hoy) lunes se quedan solas también, que es la comunidad Las Mesas, me están comentando que anoche ya vieron gente cerquita del pueblo, muchos focos alrededor y ya la gente no aguanta”.
“La gente de la comunidad de mi ejido, San Antonio Tejas, también me dicen que si el Ejército no regresa, porque era el ejército el que estaba ahí, pero con lo que pasó en El Pescado, se recorrieron para allá”.
Agregó que “lo bueno y lo malo se tiene que decir, lo bueno que ha hecho y también lo que falta por hacer, que le ponga atención a los maestros”.
Dijo que hay una maestra originaria de la sierra, que desde hace 10 años le da clases a los niños en la comunidad La Piedra, municipio de Tecpan, que es el mismo tiempo que lleva luchando por un contrato en la SEG y porque los niños que van a la escuela que fundó sean reconocidos con una matrícula y centro de trabajo, “hasta la vez no se lo han dado”, acotó.

 

Construirán un cuartel militar y comandancia de la Policía Ministerial en El Durazno, informan

Representantes de la Fiscalía General del Estado, la comisaria municipal y el comisariado ejidal de El Durazno, Azucena Rosas García e Ignacio Chávez Arreola, con el delegado de Gobierno de la zona Sur en la Costa Grande, Juan Méndez Nogueda y el productor de aguacates, Víctor Espino Cortés, en el terreno donde se construirá un cuartel militar y una comandancia de la Policía Investigadora Ministerial Foto: El Sur

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El presidente del Comité de Caminos de Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, informó que el gobierno federal y estatal construirán un cuartel militar e instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la comunidad El Durazno, Coyuca de Catalán, además de que ya están las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) en Las Mesas, municipio de Petatlán y en el crucero de San Antonio, Coyuca de Catalán, para recuperar la paz en los pueblos del corredor Santa Rosa de Lima-El Durazno.
En este corredor que inicia en Santa Rosa de Lima y termina en este último lugar, desde diciembre han vivido hechos violentos cuya autoría le atribuyen a La Familia Michoacana.
A finales de enero de este año, tres civiles, presuntos integrantes de dicho grupo delictivo y dos policías estatales, uno de ellos, el entonces recién nombrado director de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, capitán de la Marina, Jaime Téllez Ruiz, fueron asesinados por pobladores en El Parotal, municipio de Petatlán, lo que desató enfrentamientos en Coyuquilla Norte, La Calera de Santa Lucía y El Manguito, en Petatlán, así como en Santa Rosa, Tecpan de Galeana.
En Las Mesas, Petatlán, un adulto mayor fue asesinado la madrugada del pasado 11 de febrero en un ataque a balazos; el enfrentamiento más reciente entre pobladores de ese corredor y el grupo criminal ocurrió el sábado 18 en las inmediaciones de La Sierrita y Los Bayados, que provocó el desplazamiento masivo de familias de éste último poblado y de La Trinidad, ambas localidades pertenecientes al municipio de Ajuchitlán.
Ante el clima de violencia e inseguridad en esa zona, comisarios se reunieron el pasado 8 de febrero con el director estatal de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros a quien expusieron que desde diciembre no han podido cosechar maíz, comercializar la leche, los maestros no han regresado a dar clases y tampoco tienen médico ni medicinas. Ahí, el funcionario anunció que el gobierno del estado llevaría a cabo una serie de acciones.
Ayer martes, vía telefónica, don Víctor Espino Cortés, dijo que dichas acciones ya empezaron a verse desde el lunes de esta semana, cuando junto con el delegado de Gobierno en Costa Grande, Juan Méndez Nogueda llegaron hasta El Durazno, en Coyuca de Catalán, donde ya se llevan a cabo los trabajos de nivelación de terrenos para construir ahí un cuartel militar y una comandancia de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) de la FGE para garantizar la seguridad de los pobladores, luego de los hechos ocurridos ahí el 10 de diciembre pasado, “yo digo que sí hay cosas buenas, hay que decir lo bueno y lo malo y hay que reconocerles”.
Indicó que en El Durazno serán dos instalaciones, “una para la Secretaría de la Defensa Nacional y la otra para la Fiscalía General del Estado, también el lunes pasamos ahí por el crucero de San Antonio y en Las Mesas ya están ahí la base de los militares, ya hay presencia”.
Dijo que el gobierno del estado envío mil 100 despensas “chingonas” para las familias de las comunidades de ese corredor como son Las Mesas, Las Mesas del Parotal, El Porvenir, San Antonio, La Sierrita, Las Juntitas, El Durazno y Santa Rosa, las cuales se entregaron entre el lunes y este martes, “la verdad es que la situación ya se estaba poniendo difícil porque la gente no ha podido salir a trabajar a sus parcelas, a sus ranchos, está muy complicado todavía, todavía está la inseguridad de esa gente”.
Indicó que también llegaron maestros de la primaria y de la telesecundaria a El Durazno, además de un doctor “que ya ha estado dando consultas a la gente”.
“Vinieron también los Servidores de la Nación y estuvieron pagando el Programa Producción para el Bienestar, les estuvieron repartiendo cheques, lo que antes era el Procampo. Y los militares, además de andar dando seguridad, están cortándole el cabello gratis a la gente, están haciendo labor social”, detalló.
Comentó que luego de El Durazno, este mismo martes, varios de los servidores públicos que acudieron junto con Méndez Nogueda se trasladarían a Tecpan de Galeana donde se reunirían con las familias desplazadas de Los Bayados y La Trinididad, “según ya iba el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez a platicar con ellos y de ahí, el plan es platicar y luego darse la vuelta otra vez para acá a las comunidades el jueves o el viernes”.
“También vinieron representantes de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y por ahí les hablaron, creo que les van a depositar un dinero a las familias de las víctimas, a las familias que perdieron a algún familiar, ya estuvieron entregando sus datos”, dijo.
El conocido productor de aguacate, originario de San Antonio de las Tejas municipio de Coyuca de Catalán consideró que con estas acciones, “por fin se cortó una flor de la gobernadora, hay que reconocerlo públicamente que sí tiene interés, se está viendo, la gente está sintiendo que sí viene en serio la cosa y esperemos que esto ayude mucho a la reactivación de la parte alta de la Sierra, igual a la parte media y la parte baja, ya ve que el problema de la inseguridad está en todos lados”.
“Nos dijeron que van a reforzar todas las bases de Santa Rosa, Las Mesas, el crucero de San Antonio y El Durazno y ahorita se van a ir a ver a los de Los Bayados y La Trinidad allá en Tecpan y a lo mejor con esa base del crucero tenemos para que regrese la paz, porque por ahí entraron para ir a correr a los habitantes de Los Bayados y La Trinidad”, contó.
Al plantearle que aunque el gobierno ponga Bases de Operaciones Mixtas, les entreguen despensas, maestros, médicos y medicinas a las comunidades, no sirve de mucho si el grupo delincuencial que tiene atemorizada y amenazada a toda esa región sigue actuando de manera impune, Espino Cortés asintió, “sí, sí, ellos siguen cerca queriendo entrar, le tientan por todos lados a ver por dónde está más suave”.
“Pero como que vemos que cada vez se les está complicando más (al grupo delincuencial), porque una, el gobierno está de una u otra forma dando más atención, hay un interés real a lo que vemos que sí los van a de perdida a atrancar por un momento, y creemos que van a empezar a corretearlos también”, aseguró.
Continuó, “y la otra ventaja más grande es que los pueblos se siguen sumando y entre más pueblos se unan, menos entran, ya se sabe que el pueblo unido jamás será vencido y esa es una de las ventajas más grandes que le vemos”.
“Agradecemos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, hay que reconocerle también cuando sí hay la atención y la intención de que cambie realmente la Sierra, esa octava región que ha estado abandonada tantísimos años y ya la reconocieron, que le están dando la atención y pareciera que sí estamos caminando como estado; empezamos como medio lentito, pero es poco a poco y no es fácil pues”, señaló.
Pidió que la gobernadora, “nos visite, que visite a la Sierra, es lo único que le falta, que suba, que nos conozca, que suba, que vea lo que estamos haciendo, quiénes somos, a qué nos dedicamos, que no por lo que le cuenten, que venga ella a ver, que la invitamos oiga a acá a las comunidades, arriba, no nada más a El Durazno, a San Antonio, a La Trinidad, a que dé sus recorridos, que se haga su tiempecito para que vea ella misma que somos gente de trabajo, que nada es lo que se dice de nosotros”.
“¡Y los caminos, oiga!, otra vez volvemos a caer a lo mismo, que la gobernadora le diga a los de la CICAEG que por favor, los caminos, urgen los caminos para la seguridad misma, para subir los médicos, para que suban los maestros, los caminos es la puerta a la Sierra, es el número uno después de la seguridad, con buenos caminos se trasladan mejor las patrullas a dar seguridad a otros ranchos donde están más abandonados, pero si esa gente (delincuentes) entra y los caminos malísimos, pues cómo llega el gobierno, aunque sean lugares cerca pero con los caminos malos, no llegan a tiempo, que le ponga mucho interés a los caminos”, acotó.

 

Marchan 2 mil vecinos con la policía Tecampanera en Teloloapan; reclaman seguridad al gobierno

Más de 2 mil policías comunitarios de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, muchos de ellos portando rifles, escopetas y pistolas de bajo calibre, así como maestros, mujeres y niños marcharon la mañana de ayer en esta cabecera municipal para conmemorar el primer aniversario de la conformación de la Policía Comunitaria Tecampanera.
En la marcha y el mitin reclamaron el incumplimiento del gobierno estatal para reforzar la seguridad y advirtieron, una vez más, que no dejarán las armas ni su movimiento de autodefensa.
Ayer después de la 1 de la tarde los negocios estaban cerrados, las clases en las escuelas de la cabecera municipal fueron suspendidas, el transporte público se paralizó y la mayoría de las calles lucían vacías, como una muestra de apoyo a la Tecampanera, dijo uno de sus representantes.
A las 11:15 de la mañana inició la marcha en el punto conocido como Las Pilitas en la avenida Independencia que es la principal que va al zócalo de la ciudad, encabezaron la marcha los comunitarios de Teloloapan, siguieron los de Cuetzala y cerraron los del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC). Algunos llevaban carrilleras con cartuchos de las armas que usan y otros vestían chalecos, al parecer algunos antibalas y todos iban con el rostro descubierto.
También se vio a mujeres, muchas de ellas también portando armas, y niños con algunas cartulinas en las que se leía “gracias policía comunitaria”, y “primer aniversario de la lucha por la paz de Teloloapan”.
En un carro de sonido al frente del contingente de más de 2 mil comunitarios –4 mil según los organizadores– se informó que la movilización era para conmemorar el primer aniversario de de la Tecampanera, la cual surgió en 2016 en contra del grupo criminal La Familia Michoacana, a la que responsabilizan de más de 400 asesinatos ocurridos en cuatro años, así como de las extorsiones, levantones, secuestros y cobros de piso.
La extensa fila de comunitarios a los que ayer se les vio más organizados que en otras ocasiones, caminó al Zócalo de la ciudad pasando junto a la sede del Ayuntamiento, y regresó por la avenida Vicente Guerrero a la carretera federal Teloloapan-Arcelia, en la entrada a la avenida Independencia donde se colocó un templete y hubo un mitin.
En el recorrido se vio a vecinos de la cabecera municipal que ofrecían agua a los comunitarios que iban marchando.
A pesar de la movilización los retenes de revisión y vigilancia permanecieron en las carreteras y en caminos de terracería que dan acceso a la cabecera municipal.

No dejarán las armas, advierten al gobierno

En el mitin que duró cerca de una hora, tiempo que fue cerrada la carretera federal y se paralizó la circulación vehicular, los diferentes oradores advirtieron una vez más al gobierno estatal que no dejarán las armas ni su movimiento, y reprocharon el incumplimiento del compromiso de reforzar la seguridad como ofrecieron las autoridades en la última reunión que sostuvieron.
Uno de los coordinadores de la Tecampanera, quien omitió su nombre, repudió y rechazó que se les vincule con la delincuencia organizada, y afirmó que entre los grupos de autodefensa están campesinos, comerciantes, maestros, transportistas y amas de casa que han decidido cuidar y defender a sus familias, “y son a quienes les han levantado a un hijo o un padre, o les han quitado el poco dinero que durante toda su vida han podido hacer”.
“Esta gente que hoy ven con una escopeta o con un rifle .22 es gente que se cansó de tantos pinches secuestros, de tantos levantones y de tanta extorsión, de que nos quiten lo poco que hemos tenido. Aquí está la gente que se cansó de que los siguieran privando de la libertad y de su vida”.
Otro orador mencionó al vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, a quien le pidió “que en todos y cada uno de sus comunicados diga la verdad, Teloloapan no ha tenido bajas de la policía comunitaria, al día de hoy seguimos en la lucha y seguimos fortalecidos”.
Exigió a la Policía Federal y al Ejército que los apoyen y recordó el caso de “Rosita”, una mujer que los comunitarios detuvieron y después fue liberada por las autoridades en Iguala, “es la encargada de la plaza en Tlapehuala, quien secuestra, quien ordena a quién asesinar y quien está siendo parte del grupo armado que en Teloloapan no queremos”, dijo en referencia a La Familia Michoacana.
“Ayúdennos o váyanse”, gritó a los soldados del Ejército y policías estatales y reclamó la falta de cumplimiento al compromiso del gobernador Héctor Astudillo de que se instalarían Bases de Operaciones Mixtas y el reforzamiento de la policía federal y que llegarían agentes de la Marina.
Pidió al Ejército “que nos ayude, que nos apoye y que nos permita hacer las cosas como hasta hoy, nosotros estamos cuidando a nuestras familias, ayúdennos en esta lucha que hemos considerado justa”.
Otro de los participantes, todos omitieron sus nombres, señaló al gobierno estatal y federal que “la existencia de las policías comunitarias se debe a que ellos han dejado de hacer la chamba que hoy hombres y mujeres han tenido que hacer, porque ellos han sido incapaces de lograr la paz y la tranquilidad”.
Llamó a no permitir protagonismos ni que el movimiento de autodefensa sea el “trampolín” político de nadie y que el movimiento no se “prostituya”.
Otro mencionó el caso de los tres herreros secuestrados y asesinados por delincuentes de La Familia Michoacana, y le dijeron al gobierno que ellos no se rigen por estadísticas sino por hechos y resultados, y que en un año de su conformación ese es el único caso que se ha dado en Teloloapan, que ocurrió en una comunidad.
Dijo que antes de su conformación había un alto índice de secuestros, asesinatos, violaciones, robos a casa habitación, de carros, y extorsiones que ninguna autoridad podía frenar.
También expuso que la venta de drogas a los jóvenes se ha reducido un 90 por ciento a un año de la conformación de la autodefensa.
Uno de los principales coordinadores de la comunitaria le dijo al gobierno que “la policía comunitaria va a continuar para que pueda haber orden y que pueda haber paz en Teloloapan, porque sólo así podemos vivir tranquilos y sólo así podemos evitar los levantones y todos los delitos que se cometían, aunque no lo quieran reconocer el estado y la federación”.
Advirtió que seguirán con su movimiento y su levantamiento en armas “hasta acabar con toda la delincuencia”, y les dijo a los que no participan con el movimiento que de nada les ayuda a estar en sus casas porque hasta allá los pueden a ir a secuestrar como le pasó a él.
Dijo que los comunitarios “no pedimos cuotas” y llamó a quienes lo pudieran hacer “déjense de chingaderas”.
Advirtió a las organizaciones criminales “rojas, amarillas, azules o de las que sean, Teloloapan no se va a dejar, va a luchar y va a pelear hasta la muerte si es necesario”.
Casi al finalizar el mitin, otro de los oradores dijo que el movimiento también se pronuncia en contra del gasolinazo y el alza a los precios de la energía eléctrica, el gas y los productos de la canasta básica.
Al mitin llegó el alcalde perredista Robell Uriostegui Patiño a quien le agradecieron su respaldo a la comunitaria Tecampanera.

El estado pide el desarme de la Tecampanera para llevar policías a Teloloapan, dice el alcalde

El alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño informó que el gobierno del estado le pide a la Policía Comunitaria Tecampanera que deje las armas para que la seguridad esté a cargo de las corporaciones policiacas, luego de que esa organización pidió a las fuerzas federales que brinden seguridad en el municipio.
La mañana de este jueves el perredista se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero donde se planteó la instalación de tres Bases de Operaciones Mixtas (BOM) integradas por policías estatales y militares, para atender el problema de inseguridad.
“El compromiso es mandar tres bases operativas, estamos hablando de más de 150 elementos que estarían en Teloloapan, aparte de los que ya hay para garantizar la seguridad”, detalló.
Consultado en la inauguración de la feria empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que el gobierno del estado solicitó a las “fuerzas federales” brindar mayor seguridad.
“Hemos tenido una constante comunicación (con el gobernador) para resolver este tema de Teloloapan, espero que hoy por la tarde se tenga un diálogo con el secretario general de Gobierno y se pueda resolver el problema”, agregó.
Sostuvo que no hay una parálisis total en ese municipio a pesar de que confirmó que estaban cerradas las sucursales bancarias, tiendas de autoservicio, los juzgados y la agencia del Ministerio Público.
“Yo quiero clarificar que Teloloapan no está paralizado, porque las instituciones educativas, el transporte público está funcionando, sí existe temor y sicosis”, agregó.
Insistió en que ante la situación debe ser franco, que hay temor de la población sobre lo que pueda pasar, porque la ciudadanía “no está acostumbrada a ver gente armada caminando” por la ciudad.
“No pretendemos acostumbrarnos, por eso pedimos que la federación se haga ya cargo de brindar mayor seguridad a la ciudadanía, que se haga un compromiso concreto de que sí habrá seguridad para la ciudadanía tecampanera”, enfatizó.
Insistió en que su municipio ha sido “fuertemente golpeado” por la delincuencia organizada, y lo que pide la Comunitaria Tecampanera es seguridad para sus pobladores.
De las acusaciones de que tiene vínculos con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, el perredista lo negó y se puso a disposición de las autoridades para que lo investiguen.
En videos difundidos en redes sociales presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana dicen que financiaron su campaña electoral pero no cumplió los acuerdos pactados.
“Que sean las autoridades competentes las que hagan el esclarecimiento de lo que se está imputando, yo nuevamente muestro mi rechazo a esas acusaciones, por lo que quien me acuse tendrá que comprobarlo”, enfatizó.
Insistió en que el objetivo de difundir el video es “manchar” a su gobierno, aunque desconocía de quién eran las intenciones y bajo qué encomienda.
Recordó que Teloloapan sólo hay cinco policías certificados de 20, los cuales deben de cuidar a una población de 54 mil habitantes. Su gobierno enfrenta además la falta de interés en formar parte de la corporación, a pesar de las convocatorias para unirse a la Policía Municipal.