Alumnos del CREN de Iguala en su protesta de ayer afuera del plantel donde bloquearon la calle Ignacio Maya del centro, en el cuarto día de su paro estudiantil que concluyó en la tarde Foto: El Sur
Alejandro Guerrero
Iguala
Alumnos del Centro Regional de Educación Normal (CREN), mantuvieron este lunes su paro estudiantil y la toma de las instalaciones, y por la tarde concluyeron su plantón, luego de acordar con autoridades educativas la separación de funciones de dos profesoras encargadas de la jefatura de la licenciatura de Educación Inicial, por lo que este martes retoman las clases.
Durante una protesta y negociaciones con directivos de la escuela, los más de 500 alumnos realizaron un plantón afuera de su plantel y cerraron la calle Ignacio Maya del centro de la ciudad por dos horas.
La protesta de los estudiantes inició el miércoles de la semana pasada, luego de que denunciaron hostigamiento, amenazas, autori-tarismo y humillaciones de dos profesoras.
Aunque se informó que el conflicto surgió con los alumnos de la licenciatura de Educación Inicial, en solidaridad se sumaron al paro los 527 alumnos de las distintas carreras.
La mañana de este lunes, al mantener el paro, dentro de las instalaciones tomadas se realizó una reunión de negociaciones a puerta cerrada entre una comisión de alumnos con directivos del plantel y docentes. Sin embargo, concluyó sin acuerdos.
Esa falta de acuerdos a la totalidad de su pliego de demandas, obligó a los normalistas a protestar fuera de la escuela y bloquear la calle.
“Alzamos la voz y pedimos justicia, no nos vamos a callar más, aunque nos llamen generación de cristal. Ya no vamos a aguantar que nos humillen, que nos repriman, que nos callen o que nos pongan una calificación nada más porque venía enojada”, dijo mediante una bocina uno de los representantes de los alumnos en alusión a una de las profesoras señaladas.
Ante los gritos desde fuera de la escuela para exigir la presencia de directivos y la destitución de dos profesoras acusadas de abusos, una comisión de docentes salió para dialogar con los manifestantes.
“Que salgan, que salgan…fuera, fuera, fuera”, gritaron junto a otras consignas en las que acusaron a la directora de respaldar y proteger a las docentes señaladas “La directora está de la mano con las jefas de la licenciatura de Inicial”, dijeeron y se escucharon gritos de “tapadera, tapadera… fuera la directora”.
A la 1 de la tarde, al salir la directora Araceli López Rea con el subdirector y una comisión de docentes, así como una representante de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, el vocero de los alumnos denunció que sus compañeros de la Licenciatura “llevan tres años soportando tratos indignos, humillaciones, amenazas, negligencias médicas con mujeres embarazadas e imposiciones de calificaciones sin una razón”.
Allí, un representante de los docentes informó que se acordó la separación o relevo de las dos maestras señaladas, una de las principales exigencias del pliego de demandas.
Con relación a las califica-ciones aplicadas por esas dos profesoras, presuntamente sesga-das, se les ofreció a los estudiantes que una comisión de cinco docentes hará una nueva evaluación, lo cual aceptaron.
La petición que no habían logrado en un principio es que las dos profesoras, de las que se negaron a revelar sus nombres, ya no impartan clases a los alumnos de Educación Especial, bajo el argumento de que también se afectarían sus derechos.
En ese planteamiento se les pidió retomar las negociaciones y encontrar, junto al área Jurídica, la viabilidad de cómo se va a trabajar con ellas este semestre que sigue. Se ofreció continuar una investigación en las áreas de Asuntos Jurídicos y Transparen-cia, y se les propuso poner su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para darle seguimiento a su inconformidad.
Debido a la falta de acuerdos en este punto de las exigencias, se mantuvo el paro estudiantil mientras comisiones de alumnos, directivos y docentes se reunieron por la tarde con la directora general de Operación y Servicios de Educación Media Superior y Superior de la SEG, Erika Urióstegui Cuenca.
A las 6 de la tarde concluyó la reunión y se anunció también la terminación del paro estudiantil por lo que para este martes los estudiantes retomarán las clases. Una fuente consultada informó que se dio cumplimiento a la petición de los alumnos de que las maestras señaladas de abusos y amenazas, ya no darán clases a los estudiantes de la carretera de Educación Inicial.
Más de 200 manifestantes, entre ellos familiares, amigos y compañeros del nutriólogo Irving Arroyo, detenido por el caso Ayotzinapa, marcharon ayer por calles de Iguala para exigir su libertad Foto: El Sur
Redacción
Iguala
Familiares, compañeros de la Secretaría de Salud y amigos del nutriólogo Irving Arroyo Aranda, trabajador del Centro de Salud Agustín Batalla, marcharon este martes por las principales calles de Iguala para exigir su liberación.
El nutriólogo fue detenido el 26 de noviembre tras el cateo de su domicilio, presuntamente por su implicación en el caso Ayotzinapa, acusado de delitos contra la salud y desaparición cometida por particulares.
Los manifestantes también solicitaron la devolución de dos inmuebles que fueron intervenidos el mismo día por agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Al grito de “¡Justicia!” e “¡Irving libre!”, más de 200 personas partieron a las 4:35 de la tarde del Monumento a la Patria Trigarante, vistiendo ropa blanca y portando cartulinas y lonas con consignas.
La marcha recorrió la avenida Bandera Nacional, donde se repartieron trípticos titulados: “Justicia para Irving Arroyo Aranda”, en los que se afirma que la detención ocurrida el 26 de noviembre fue “arbitraria”.
El material difundido incluye información sobre la trayectoria del nutriólogo, un recuento del cateo y un llamado a que el proceso se conduzca con respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia y sin irregularidades.
“La detención arbitraria de Irving nos duele profundamente, porque cuando la justicia se vulnera para uno, se debilita para todos. Hoy levantamos la voz para exigir verdad, claridad y justicia”, señalaba uno de los mensajes compartidos.
El contingente concluyó su recorrido en el Monumento a la Bandera, donde se realizó un mitin. Allí, Silvia Barrios Arroyo, prima del nutriólogo, leyó un posicionamiento en el que pidió a las autoridades actuar con empatía, sensibilidad humana y respeto a la dignidad durante el proceso.
“Solicitamos empatía y conciencia al analizar este caso. Sabemos que cada expediente representa personas e historias, familias que esperan ser tratadas con dignidad. Pedimos que el proceso de Irving sea guiado no solo por rigor jurídico, sino también por sensibilidad humana. La empatía no debilita la justicia, la humaniza; la conciencia no altera el deber legal, lo ennoblece”, expresó.
Añadió que la movilización no busca confrontar, sino manifestar confianza en que las autoridades federales actuarán con prudencia, claridad y humanidad.
“Reiteramos nuestra petición de que se garantice un trato digno, atento y consciente para Irving Arroyo Aranda, y que cada parte del proceso sea guiada por los valores que fortalecen a un país: justicia, respeto y humanidad”, finalizó.
Al término del mitin, los familiares agradecieron el acompañamiento ciudadano y reiteraron su compromiso con el diálogo, el respeto institucional y la búsqueda de soluciones justas. También llamaron a organizaciones civiles y a la población en general a sumarse a la exigencia de justicia y a difundir el caso.
El miércoles 23 de noviembre, agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos –dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR) y encabezada por Mauricio Pazarán Álvarez– realizaron dos cateos en los inmuebles ubicados en Luis Donaldo Colosio Murrieta No. 30, colonia Nicolás Bravo, y en Ramón Corona No. 15, en el Centro de Iguala.
Durante el operativo fueron detenidas tres personas, entre ellas el nutriólogo Irving Arroyo y dos mujeres, como parte de la averiguación previa PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, integrada en el expediente 3213/2025-III por los delitos de delincuencia organizada y desaparición cometida por particulares. Sin embargo de las dos mujeres se desconoce su proceso.
Vecinos de la colonia Llano Largo, asentados en la unidad habitacional Casas Homex, denunciaron que hay brotes de aguas negras desde hace seis meses, debido al colapso del sistema de drenaje.
Los brotes de los registros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), se ubican entre las calles Benito Juárez y Ignacio Zaragoza.
Las calles mencionadas están detrás del centro comercial Plaza El Patio, y es vía alterna de la carretera Cayaco-Puerto Marqués.
Asimismo la calle mencionada da acceso a las unidades habitacionales Real del Palmar y Costa Dorada, también al poblado de El Cayaco, en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional.
Los automóviles y peatones pasan encima del agua sucia para trasladarse a sus casas, trabajo y escuelas.
Las aguas negras desprenden malos olores, en una zona muy concurrida de ese núcleo poblacional, en la zona suburbana de la ciudad.
En la zona hay locales principalmente de venta de comida, un cuartel de la Guardia Nacional y un centro de abasto.
En declaraciones a reporteros, el vecino Vicente Reséndiz Alemán denunció que el brote de aguas negras tiene seis meses sin que sea reparado por la CAPAMA.
Añadió que ya se reportó el problema en la paramunicipal, pero no hacen caso a la petición, “yo creo que está tapada alguna tubería, por esa razón el taponamiento en la coladeras”.
“Casi desde que empezó la temporada de lluvias se tapó el sistema de drenaje, y cada vez que llovía se forma un encharcamiento”.
Añadió que las personas entre ellos niños que van a la escuela pasan encima del agua de drenaje y los conductores de automóviles circulan y levantan el agua sucia.
“Es un lugar donde pasan muchas personas, es un problema social, que tiene que ser atendido a la brevedad”.
Dijo que ayer se reunieron los vecinos y dueños de negocios para acordar que el lunes próximo bloquearán la carretera Cayaco-Puerto Marqués en caso de que no sea atendida la demanda.
Más tarde, llegaron trabajadores de la CAPAMA para comenzar a reparar los registros de drenaje colapsados.
Al lugar asistieron la comisaria municipal de Llano Largo, Gloria García Carmen, restauranteros y locatarios, así como los dirigentes de la Alianza de Líderes Estatales de Guerrero (Alegro), Fernando Ureña Silvestre y Miguel Ángel Piña Garibay.
Una reunión de vecinos, empresarios y transportistas en la zona del encharcamiento en la calle Ignacio Zaragoza, en la colonia Llano Largo Foto:?Argenis Salmerón
Computadoras dejadas en la cafetería de la escuela primara Emperador Cuauhte?moc en la colonia Guerrero 200 en Chilpancingo Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero
Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo
Padres de familia y maestros de la primaria Emperador Cuauhtémoc denunciaron un robo en las instalaciones ubicadas en la calle Margarito Damián Vargas de la colonia Guerrero 200.
En conferencia de prensa en el plantel, la directora María de los Ángeles Basilio Aguilar, acompañada de la presidenta del Comité de Padres de Familia, Martha Denny Beltrán Molina, contó que ayer por la mañana el personal de guardia le notificó que los candados de las puertas de la Dirección y tres salones estaban rotos y faltaba equipo.
Detalló que de la escuela fueron extraídas impresoras, computadoras, bocinas, extensiones y material didáctico, así como de papelería; aclaró que el equipo es “muy obsoleto”, sin embargo, “para nosotros sí vale mucho porque nos ayudaba en gran medida” para la atención de los 450 alumnos.
Indicó que se comunicó al 911 para reportar el hecho, pero no tuvo respuesta, “tuve que hablarle a un amigo de la Policía Preventiva para que pudieran ellos venir” a revisar las instalaciones y también asesorar para interponer la denuncia correspondiente.
Una comisión acudió al Ministerio Público para denunciar el robo, pero “nos dijeron que para todo lo que se haya perdido necesitan factura, no pudimos concretar la denuncia, efectivamente, porque todavía estamos en espera, queríamos que fuera la Policía misma quien viniera e hiciera junto con nosotros el recuento, pero lo tuvimos que hacer nosotros”.
Puntualizó que los equipos y materiales robados fueron donados, obtenidos a base de gestiones aprobadas por el Comité de Padres de Familia e incluso, los maestros cooperaron “de nuestro bolsillo”.
Señaló que es el primer robo que se registra en los 9 años que lleva como directora de la primaria, la cual sólo cuenta con turno matutino.
Aunque el plantel cuenta con barda, tanto los padres como los maestros sospechan que los presuntos delincuentes irrumpieron por una barranca que colinda con la calle Rubén Mora, ya que la altura de la barda es menor en comparación al resto del perímetro.
“Lo que nos queda es atender esta cuestión con el Comité de Padres de Familia y el colectivo docente para buscar una estrategia que nos permita sustituir aquello que nos hace falta”, dijo la directora.
María de los Ángeles Basilio consideró que las autoridades “deberían de tener” trámites “más ligeros” para que los directivos de escuelas que han sido robadas puedan interponer las denuncias correspondientes, “si no fuera porque decidimos darlo a conocer a los medios de comunicación, no hubiera evidencia del robo”.
Añadió que en las escuelas “estamos sufriendo inseguridad, como en toda la sociedad, estamos viviendo un caos, es importante tener otra estrategia de seguridad para los centros educativos, tanto en el periodo en que los niños están, sábados y domingos, no hay quien cubra esa parte”.
Con este caso suman 6 escuelas de nivel básico robadas en los últimos cuatro meses en la capital.
Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) de Chilpancingo, reanudaron labores este lunes “bajo protesta”, por las amenazas, represión y hostigamiento que están recibiendo tanto del gobierno federal como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), informó el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21 Circuito, Raúl Ramírez Martínez.
En tanto, los trabajadores de los dos juzgados con sede en Iguala, decidieron mantener la suspensión de labores por lo menos este lunes, informó el mismo funcionario judicial, aunque una versión posterior adelanta que podría permanecer una semana más.
En el caso de Acapulco la suspensión de labores sigue pero por los daños a su equipo de cómputo e instalaciones eléctricas en el edificio donde laboran la situación es distinta, contó Ramírez Martínez.
El CJF instruyó a los juzgadores para que reanudaran labores el jueves pasado, pero en el caso de los tres juzgados de Distrito y tres tribunales colegiados de Chilpancingo resolvieron regresar hasta este lunes.
“Estamos reanudando labores bajo protesta, tomando en cuenta las circulares amenazantes por parte del CJF, en las que nos amedrenta y pretende intimidarnos, no nada más a nosotros, sino a los titulares, con la aplicación de medidas administrativas”.
Dijo que también toman como represión a su movimiento los ataques que sufrieron un grupo de juezas y trabajadoras del Poder Judicial en Chiapas el viernes. Así como los “ataques al derecho de libre protesta” en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México el domingo.
En el caso de Guerrero, denunció que han recibido amenazas en las redes sociales en donde “se nos sigue atacando y en función de eso es que también estamos regresando a laborar”.
Informó, además, que el 23 de septiembre durante una manifestación afuera del Hospital del Niño y la Madre Guerrerense, donde se encontraba la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, un desconocido aventó un tracto camión al vehículo que llevaba el sonido.
“A fin de no exponer física, jurídica y administrativamente a los trabajadores y a los titulares, en Chilpancingo optamos por reanudar labores pero bajo protesta”.
Explicó que esto significa que reanudaron sus labores con horarios “limitados de servicios” y con actividades sujetas a lo estrictamente esencial, “es decir, no vamos a laborar virtualmente en ejercicio a nuestro derecho a la desconección digital, a excepción de los asuntos urgentes que lo ameriten”.
Ello implica que, según dijo, no se van a llevar trabajo para hacerlo en sus casas, “no vamos a estar atendiendo asuntos desde nuestros hogares fuera del horario normal o en fines de semana, nos vamos a limitar a lo que estrictamente pueda atenderse en el horario laboral”.
El funcionario judicial explicó que tradicionalmente los trabajadores del PJF se ha distinguido por trabajar las 24 horas y los fines de semana, “los compañeros aquí se quedan a altas horas de la noche, pero dado a que no hay un reconocimiento y la reforma judicial desconoce el esfuerzo que ha hecho el PJF a favor del país, atenderemos los asuntos conforme las posibilidades humanas y técnicas lo permitan”.
Ramírez Martínez informó que a partir de ayer los trabajadores solamente estan cubriendo el horario de atención normal que es de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Derivado de ello avisó a los litigantes y al público que sus asuntos y los proyectos “irán saliendo conforme lo permitan las posibilidades dado que vamos a seguir trabajando bajo protesta solo en el horario legalmente laboral, ya no nos vamos a llevar los proyectos a nuestras casas ni los fines de semana ni entre semana, irá saliendo lo que tenga y pueda salir”.
Informó que en Chilpancingo regresaron a laborar en esta modalidad los tres tribunales y los tres juzgados.
En cuanto a los dos juzgados de Iguala, informó que declararon inhábil este lunes en los dos juzgados de Distrito y no regresaron ayer a laborar.
Explicó que el acuerdo al respecto señala: la base trabajadora en los juzgados quinto y noveno determinaron continuar con la suspensión de labores “en defensa de sus derechos laborales, la independencia judicial, la carrera judicial y la división de poderes, y principalmente, el ejercicio de su derecho a la protesta contra la reforma judicial”.
En el caso de Acapulco, explicó que la suspensión de labores sigue pero por los daños al equipo que provocaron las lluvias del huracán John.
Ya no hay plantón en Iguala
En Iguala, trabajadores de los juzgados Quinto y Noveno de Distrito mantienen su paro laboral y prevén que se pueda levantar el siguiente lunes.
Hasta anoche las oficinas de los juzgados federales, el Quinto ubicado en la calle García de la Cadena y el Noveno ubicado en la calle Mariano Matamoros, ambos de la colonia Centro de Iguala, permanecían cerrados con lonas colgadas y cartulinas pegadas en su fachada con sus exigencias y posturas de la protesta iniciada el 19 de agosto contra la reforma judicial.
Una trabajadora del Juzgado Quinto confirmó anoche vía telefónica que mantienen su paro laboral, y sin más detalles, que podría ser el próximo lunes 4 de noviembre cuando se levante su movimiento, aunque atajó que esto no es un hecho y está por definirse la fecha.
En ambas oficinas hasta noche ya no había trabajadores en plantón, también se había retirado la carpa que había afuera del Juzgado Quinto de distrito, mientras que en el Noveno aún se observan lonas y cartulinas con sus exigencias, que se han visto en estos más de dos meses de paro.
En la oficina del Juzgado Noveno un policía que estaba de guardia confirmó también anoche que el paro laboral se mantenía en esta oficina y que únicamente se siguen atendiendo asuntos urgentes por los trabajadores que están de guardia (Con información de Alejandro Guerrero / Iguala).
Madres y padres de los 43 normalistascon su abogado Vidulfo Rosales en la conferencia de prensa en la sede del Centro Pro Foto: Cuartoscuro
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos acusaron que el gobierno federal busca dividirlos y generar una confrontación entre ellos, además de informar que se negaron a sostener una reunión con la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ).
Minutos después de retirarse de la reunión con la Comisión, los padres junto con sus representantes ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) para presentar una posición.
El director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, señaló que se decidió suspender la primera reunión formal del 2024 en la CoVAJ debido a que, por parte del gobierno, existió “una provocación muy desafortunada”, buscando una división entre los padres.
Mario González, padre de César Manuel González, aseguró que el gobierno federal intenta confrontarlos y señaló a otro grupo por ser quienes han entorpecido las investigaciones.
“Es un pequeño grupo de padres que fueron los que asistieron a una marcha por la liberación de José Luis Abarca. Para nosotros han sido ellos los que nos han puesto un poco el pie, por lo tanto no estábamos de acuerdo en estar en la misma sala que ellos”.
Añadió que integrantes de la Secretaría de Gobernación viajaron desde Chilpancingo con el otro grupo de padres de los normalistas desaparecidos, a sabiendas de que el grupo mayoritario no puede reunirse con ellos. Acusó que mantienen prácticas de la administración federal de Enrique Peña Nieto.
“Muchos mexicanos pensamos que se iba a dar un cambio. Desafortunadamente vemos que es el mismo modus operandi del gobierno anterior de querer separar a estos 43 padres de familia”. Añadió que “es una porquería lo que están haciendo de gobierno, que puercos son”.
Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso Rodríguez, indicó que el grupo de padres con ideales contrarios a los de los 38 familiares que exigen la presentación con vida de los normalistas recibieron una remuneración económica.
“Ex compañeros que abandonaron la lucha por un dinero, por un billete, no le tienen amor a sus hijos, nosotros aquí estamos con digna lucha, no hemos recibido un peso del gobierno. No nos hemos vendido y no nos vamos a rajar. Estamos con la frente en alto y hasta que aparezcan nuestros hijos sea como sea”.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, indicó que la semana pasada sostuvieron un encuentro con el subsecretario de Gobernación Félix Arturo Medina Padilla.
“Hoy íbamos a tener una reunión, nos llevó la sorpresa de que nuestros representantes legales no les avisaron ni a nosotros, que iba un grupo pequeño de padres que iban a estar presentes. Que es lo que está haciendo, aunque le duela al presidente de la República decimos que es el mismo como el gobierno anterior, porque nos quieren confrontar”.
Añadió que le indicaron a Medina que si querían sostener una reunión con el otro grupo de padres lo hiciera, pero que no lo harían en conjunto por no tener los mismos intereses.
“Ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a trabajar con Abarca, va a trabajar con Ángel Aguirre Rivero, va a trabajar con Pedro Segura”, comentó el abogado y representante legal de los padres, Vidulfo Rosales Sierra.
Rosales Sierra remarcó que la presente administración sostiene prácticas que están relacionadas con el sexenio anterior y busca reunirse con un grupo que aseguró es minímo en comparación con el que estaba presente.
“Son prácticas que se empiezan a ver parecidas al Gobierno anterior. Hoy nos traen este grupo de padres que tienen toda la legitimidad, todo el derecho, pero lo que se pidió en la reunión, ‘atiéndalos por separado’. Ellos están más bien solicitando los temas económicos, temas de una reparación, los temas que tienen que ver con otros aspectos de carácter, la canasta básica (…) esta mesa es otro tema, es un tema que tiene que ver con verdad y justicia”, expuso.
“En su desesperación, en su intento de dividirnos, en su intento de no dar respuesta a lo medular que es la información que está pendiente, pues va a trabajar con este grupo, un grupo minúsculo, y va a hacer a un lado a los padres que mantienen la llama de la lucha por los 43 y lamentablemente un grupo de padres que tienen un interés económico”.
Afirmó que la actitud del gobierno fue romper y “dinamitar” la reunión que se buscaba sostener con los padres y por eso decidieron no continuar y solicitaron una encuentro directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Se está terminando la confianza”, dijeron sobre relación con el presidente, “la pelota está en su cancha”.
Rosales comentó que decidieron relatar esto a la prensa para evitar que el otro grupo de padres sea utilizado por el Gobierno de López Obrador para posar frente a militares y acompañar sus acciones o ingresar a abrir archivos del Ejército y legitimar su opacidad, cuando el resto de los que han mantenido la lucha por más de 9 años se ha negado al pedir la intervención de expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Además, acusó al Presidente López Obrador de abrir una campaña de descalificación en contra del GIEI, padres de normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana, la Organización de los Estados Americanos, organizaciones y defensores que le han exigido cuentas, lo que, consideró, pretende desviar la atención para no cumplir con la resolución, explicación, hallazgo de los desaparecidos, y sanción a los responsables.
Los padres de los 43 normalistas aceptaron que la relación directa con el presidente López Obrador se ha ido maltratando, incluso por parte de algunos padres ya hay desconfianza para el mandatario.
“Desafortunadamente ese vínculo que se tenía con el presidente con la confianza de decir los vamos a encontrar, todas las cosas que nos prometió y que pensabamos se iban a estar solucionando hasta que llegamos al Ejército y desafortunadamente desde ahí empezamos a batallar. Se mete con los equipos, con otras personas para separar. (En) la mayoría de los padres sí se está terminando la confianza muy pronto o ya se terminó”, declaró el señor Mario González.
El abogado Vidulfo Rosales aclaró que el responsable de dar con la verdad y hacer justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos es el gobierno y es un compromiso que López Obrador hizo en campaña.
“No tenemos con quien más acudir, este gobierno es responsable de dar la verdad, la justicia, esclarecer los hechos, es un compromiso que él hizo al inicio de su gobierno entonces debe cumplir con ese compromiso”.
Remarcó que la responsabilidad recae en la administración federal, pero aceptó que el tiempo del sexenio de López Obrador se acaba y es alarmante que lo utilice en lo que calificó como distracciones.
“Ha inventado enemigos externos, otra vez, como los gobiernos anteriores y descalificando a las organizaciones que asesoramos a los representantes en términos constitucionales. El Presidente hoy en día está desviando la atención, lejos de dar la información –que tiene obligación de entregarla–, lo que está haciendo es descalificarnos, intenta medrar y dividir a los padres de familia a través de esta estrategia de decir que nosotros ahora somos responsables.
“Efectivamente, cada día está en su cancha, la pelota está de su lado para que él ofrezca verdad y justicia y cada vez se acorta más el tiempo. Nos preocupa que ese tiempo que resta lo esté utilizando el Presidente en distracciones, lo esté utilizando el Presidente en confrontaciones, en confrontarnos, en intentar dividir y ahí se nos agota el tiempo”, insistió.
La señora Cristina Bautista añadió que al presidente López Obrador le queda poco tiempo en la presidencia, pero esperan que antes de que termine su periodo, pueda entregar resultados.
“Aunque le duela al Presidente de la República, decimos que es lo mismo que el Gobierno anterior”, externó Cristina Bautista Salvador, madre de otro de los desaparecidos.
“Estamos enojados”, dicen; exigen información de Sedena
Los padres presentaron y difundieron un oficio en el que se dirigieron a López Obrador para exigir una comunicación completa en la que se refiere que 17 normalistas son llevados a un lugar “para privarlos de la vida”, misma que está en posición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Señor presidente no nos niegue el derecho a saber el paradero de nuestros hijos. Sus dependencias políticas y el Ejército son culpables de esa desaparición, por eso nosotros estamos enojados, desilusionados de este tipo”, exclamó Mario González.
Clemente Rodríguez comentó que han remarcado que hace falta información relevante del caso, concretamente 800 tomos en posesión de Sedena, pero que el presidente López Obrador en sus conferencia de prensa matutina se limita a decir: “ya están todos los tomos”.
Vidulfo Rosales mencionó que exigen la infomación entregada en una reunión con la CoVAJ y sea cotejada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Esos folios existen, ya ha sido admitido por Alejandro Encinas, por el gobierno en las reuniones que tenemos, pero públicamente en la mañanera se dice otra cosa”, detalló Rosales.
Defienden a organizaciones sociales y de derechos humanos y se lanzan contra el Ejército
Ante los señalamientos en contra de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos por parte de López Obrador en el caso Ayotzinapa, los padres y representantes defendieron a las mismas.
“Lejos de dar respuesta, lejos de entregar esos 800 folios, lo que hace es abrir inicia una campaña de descalificación contra el Grupo de Expertos Independientes, contra la Comisión Interamericana, ahora contra la OEA, inventando enemigos externos como los gobiernos anteriores”, opinó Rosales.
Mario González aseguró que el presidente ha dicho “pura barbaridad” en contra de las organizaciones que les acompañan y mantienen la exigencia de conocer la verdad del caso.
“Es un gobierno tramposo, un gobierno sin escrúpulos, nomás diciendo pura barbaridad de nuestros equipos a sabiendas que él tiene la información sobre la documentación de la Sedena. Es una exigencia que nos pertenece para saber la verdad”.
Mario González exigió a López Obrador dar la cara y responder con acciones, y pidió el cese de descalificaciones.
“¡Qué puercos son!, ¡qué cobardes! De verdad, querer manipular así a los padres por la necesidad, hasta por la ignorancia. Defender a alguien que atacó a mi hijo y eso es lo que el Gobierno defiende, ¡qué desagradable Gobierno tenemos!”.
Clemente Rodríguez adelantó que continuarán con la lucha hasta dar con el paradero de sus hijos, culpando al Ejército por su participación activa en el país.
“El Ejército lleva el control del país, el presidente nada más lo maneja. Queremos decirle al señor presidente que asuma los compromisos, que nos dé la cara y que toque a los militares. Falta mucha investigación” (Con información de Agencia Reforma)
Vecinos del poblado La Sabana persiguen un camión con despensas con soldados que no se detuvieron, el domingo 24 de diciembre Foto: Daniel Velázquez
Daniel Velázquez
El domingo 24 de diciembre, cientos de vecinos del poblado de La Sabana acusaron ser engañados por soldados del Ejército, del camión con el número de matrícula 1001275. Lo siguieron por medio kilómetro y al final no les entregaron las despensas que llevaba.
Como parte de la distribución de la ayuda a los damnificados por el huracán Otis, el gobierno del estado publica diariamente los lugares donde el Ejército y la Marina entregarán enseres o despensas. El sábado apareció en la lista el poblado de La Sabana. Los vecinos se formaron, en la calle Margarita Maza de Juárez, a un costado de minisúper Santa Rita porque ahí fue el sitio en que la vez pasada las entregaron despensas.
Al lugar las llegaron desde las 9 de la mañana. Los soldados con el camión se presentaron minutos antes de las 12 del día, pero no se detuvieron donde estaba la fila de personas esperándolo, sino que subió por la calle contigua, la Emiliano Zapata y avanzó hasta la parte alta, la colonia Ampliación Mártir de Cuilapa.
Como el camión del Ejército no se detuvo, las personas formadas lo fueron siguiendo, algunos caminando y otros corriendo. Los más jóvenes iban cerca del vehículo, pero los adultos mayores se quedaron atrás y las personas con bastón ya no lo siguieron. El camión avanzó sin detenerse hasta la parte mas alta donde ya no había paso, como a unos 500 metros de donde estaba la fila de personas esperándolo. Los soldados hasta grabaron con sus celulares a las personas que los iban siguiendo.
Cuando el camión se detuvo, los soldados ordenaron a las personas retroceder para permitir a los soldados organizar la entrega de despensas. Bajaron los cartones con los casilleros de huevos, ordenaron a las personas formarse y anunciaron que la entrega se haría con cupones y con credencial de elector. En ningún punto de entrega de despensas solicitan la credencial de elector, el único requisito ha sido el vale.
Las personas se formaron, se alistaron con la credencial de elector y el vale y esperaron durante unos 30 minutos a que empezara el reparto, pero después de ese tiempo los soldados empezaron a subir las cajas que ya habían bajado y dijeron que no entregarían las despensas y que si había reclamos los hicieran a la Secretaría de Bienestar porque es esa dependencia la que les da la orden donde entregar y ellos, los soldados, solo son “mano de obra”, pero en el camión del Ejército no iba ningún trabajador de Bienestar. Iba acompañado por una patrulla de soldados.
Luego de que dispersaron a la gente, uno de los soldados preguntaba de manera insistente a los vecinos quién les había informado de la entrega de despensas en ese lugar. Le respondieron que se enteraron por Facebook. El camión se retiró sin problemas.
La gente se quedó molesta porque vieron en el teléfono de uno de los soldados que el sitio de entrega era la colonia Mártir de Cuilapa y le dijeron al soldado que ahí era la colonia, pero el soldado les dijo que esa entrega era cerca del panteón de La Sabana y que las personas que se fueran para allá.
Sigue la espera
Este lunes 25, en el estacionamiento de la Plaza Patio, ubicada entre la Unidad Habitacional Colosio y Llano Largo, amanecieron personas formadas en torno a la plaza en espera de las despensas que entrega la Marina. De acuerdo con el testimonio de una vecina, la fila llegaba hasta Casas Ara, pero muchos se retiraron después de las 10 de la mañana porque no llegaron los tráileres de la Marina.
Una vecina contó que el sábado, fueron 5 tráileres a entregar despensas y que no alcanzaron, y muchas personas se quedaron sin éstas y por eso ayer volvieron a formarse, pero que un marino les dijo que no era seguro, y sí tenían más en bodega las entregarían y si no hasta el martes o miércoles, aún con la advertencia las personas seguían formadas. Una señora dijo que esperaría hasta las 2 de la tarde.
También una vecina informó que este lunes por la mañana un trabajador de Bienestar les fue a avisar que no entregarían despensas que se retiraran del lugar para que no estuvieran en el sol.
En la fila había vecinos de El Coloso, Lomas del Valle, Alta Loma La Esperanza, Puerto Marques, Miramar.
Una vecina se quejó de que los vecinos de las colonias cercanas a plaza Patio no alcanzan despensas porque en la noche llegan vecinos de las colonias Arroyo Seco, Real Hacienda, Sinai, Sector 6, El Retorno, Cruces, Zapata, Renacimiento, La Cima, Primero de Mayo y apartan lugares para 10 o 15 personas y por eso los que viven cerca no pueden conseguirlas aunque lleguen a las 6 de la mañana.
Todo el contorno de la Plaza Patio es un enorme basurero, resultado de las horas que pasan los damnificados por el huracán Otis bajo el sol para poder canjear los vales que entregó el gobierno federal. Hay restos de cartones, que por las noches son los petates donde pernoctan los que llegan a dormir en el lugar, hay basura acumulada en diferentes lugares que son residuos de alimentos y bebidas que consumen durante las horas que están formados. También hay polvillo fino del que fue arrastrado por las lluvias huracán.
Enseres
Este lunes en la fila de la entrega de despensas, dos vecinas se quejaron de que su colonia “no está reconocida” y por tanto no aparecen en la lista de entrega de enseres, Las colonias son La Lajita en Llano Largo y Alta Loma la Esperanza en El Coloso. Las dos vecinas relataron el mismo problema que ya entregaron en Llano Largo los enseres pero no a la colonia La Lajita que está en ese poblado, porque les dijeron que no está reconocida.
La vecina Guadalupe Patricia Bautista de la colonia Alta Loma La Esperanza dijo que ya acudió a recoger sus enseres en Plaza Patio pero le dijeron que su colonia no está reconocida. Contó que ella está interesada en los enseres porque su casa fue la más afectada de toda la colonia pues es madera y el huracán desprendió el techado y derribó las paredes, “me quedé sin nada”. Pero a más de dos meses no ha podido hacer efectivo el cintillo para recibir los enseres.
Sin aglomeraciones
Esta Navidad cientos de vecinos de las colonias Navidad de Llano Largo, Puerto Marqués, Glorieta de Puerto Marqués, Nuevo Puerto Marqués, Alborada Cardenista, Costa Dorada, Homex, Lomas del Valle, Altos de Miramar, Miramar, Real del Palmar, Pacífico Dorado y Misión de Mar recibieron su paquete de enseres domésticos en la sede de entrega que está en el estacionamiento de la plaza Patio.
Cada paquete incluye un refrigerador, una estufa, un colchón, un ventilador, una licuadora y un juego de sartenes. El responsable de la entrega de enseres informó que llegaron desde las 6:30 de la mañana y para ayer en esa sede estaba programada la entrega de 480 paquetes.
Explicó que todas las personas tenían ficha y en caso de que hubiera quienes no tuvieran si había oportunidad de entregarles el paquete de enseres se les darían pero sólo en las colonias enlistadas en el acceso.
A las 11 de la mañana, habían repartido 447 fichas de las 480 y había en espera de fichas unas 17 personas. Los vecinos con ficha que estaban formados eran 137 en espera de poder ingresar al estacionamiento a recoger su paquete de enseres, para agilizar la entrega a los vecinos ingresaban en grupos de 40 personas, los beneficiarios por una puerta y las camionetas para transportar el paquete por otra puerta. Todo el lugar estaba resguardado por gendarmes de la Guardia Nacional.
A diferencia de otros sitios de entrega de enseres en este lugar se vio todo en orden, no había aglomeraciones ni reclamos. Las personas que llevaban su comprobante de domicilio, credencial de elector y el cintillo pasaban sin problemas.
Una trabajadora de Bienestar les pidió a los vecinos que eviten el papeleo de comprobante de domicilio, que esperen a que el reparto de enseres llegue a su colonia.
Ramiro Solorio, la ex alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz y la ex integrante de la Comisión Operativa estatal provisional Tania Salinas, encabezaron la conferencia Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Agencia Reforma y Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Militantes y liderazgos municipales de Movimiento Ciudadano (MC), se deslindaron del partido; acusaron al coordinador estatal de la Comisión Operativa Provisional, Julián López Galeana, de fracturarlo y venderse a Morena, y a su dirigente nacional Dante Delgado de “esquirol” del partido en el poder.
Por su parte, en un comunicado MC, se informó que los inconformes habían formado una corriente que intentó desprestigiar a la dirigencia y ya no formaban parte del partido.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, el ex candidato a alcalde Ramiro Solorio Almazán dijo que los presentes en la conferencia son los que aportaron los votos para que MC mantuviera su registro, y que en el caso de Acapulco los que permitieron que llegaran al cabildo dos regidores, uno de ellos fue Julián López, quien “lo primero que hizo fue venderse a Morena”. Pese a ello no fue sancionado sino premiado, porque el líder nacional Dante Delgado también está “supeditado y entregado a Morena” y lo calificó de “esquirol” del partido en el poder y del presidente López Obrador.
Ramiro Solorio, quien anunció su renuncia a las filas de MC, fue diputado local del PRD, también líder del PRI en Acapulco y regidor del Convergencia (ahora MC) en ese puerto; también fue asesor del ahora senador priista, Manuel Añorve.
En su caso, dijo que como integrante del Consejo Nacional de MC anunciaba la renuncia a su militancia. Y mostró el oficio del 5 de septiembre por el que la regidora de Acapulco Brenda Jazmín Hernández Marino informó al secretario general del Ayuntamiento de Acapulco su renuncia a su fracción, por lo que se declaró “regidora sin partido”.
Solorio retomó la nota del diario Reforma de este lunes donde se vinculó a cercanos a Dante Delgado con la investigación a empresarios y ex funcionarios por la Estafa Lechera en Segalmex.
“Cuando denunciamos la corrupción en Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana), qué raro que la dirigencia nacional calló”, acusó Ramiro Solorio Almazán, consejero nacional de MC: “¿Será por eso que Dante está siendo esquirol de Morena”.
En un documento que leyó la ex alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, los emecistas plasmaron sus firmas en contra de Dante Delgado.
En el escrito vienen las firmas de cien líderes y fundadores, así como una ex alcaldesa y ex regidores, además del ex dirigente estatal de MC Adrián Carrasco Wences.
Algunos de los que firmaron son el ex diputado local Alberto Zúñiga Escamilla, y también Talina Salinas y Alberto Serna Mogollón, integrantes de la Comisión Operativa Estatal Provisional de MC.
“Cada quien va a decidir su rumbo político, pero es un hecho que no vamos apoyar al MC en este proceso electoral del 2024”, dijo la ex edil durante dos períodos constitucionales de Mártir de Cuilapa, Felícitas Muñiz.
Muñiz Gómez, recordó que reiteradamente pidieron a la coordinación nacional, expedir la convocatoria para que los militantes de MC en el estado eligieran a la nueva dirigencia, pero en su lugar recibieron “una imposición” de Julián López y otros integrantes de la Comisión operativa “que no tienen ninguna trayectoria política dentro de nuestro partido”.
La ex alcaldesa dijo que el dirigente “trae una política revanchista, avasalladora” porque cambió a liderazgos municipales por personas ajenas al partido sin vinculación con los militantes de las regiones, además de que despidió a nueve personas que trabajaban en el partido y se han desempeñado como operadores políticos de MC, quienes no estaban de acuerdo con su designación como líder estatal.
El ahora ex coordinador de MC en Chilpancingo, Noé Carachure, dijo que no hay condiciones para continuar en este partido porque “hay una política centralista que va en retroceso”, y responsabilizó a quienes lo dirigen; sin embargo, adelantó que no renuncia, aunque reconoció que pudieran iniciar procedimientos por su postura.
La ahora ex delegada de Mujeres en Movimiento, Nereida de Jesús Silvar Bravo, acusó a Julián López de desdeñar a la base, y removiendo de sus espacios a lideres municipales y regionales sin darles la oportunidad de hablar con él. Informó también que ya iniciaron procedimientos en la comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del dirigente estatal por discriminación.
Alberto Zúñiga Escamilla destacó que líderes regionales de MC convocaron a Julián López a una asamblea, pero el líder estatal no se comprometió a nada a pesar de que “le mostramos la unidad” y que posterior a este encuentro los empezó a excluir de los espacios y dirigencias.
Andan ya con otros partidos
En un comunicado, la dirigencia estatal de MC señaló que quienes emitieron las declaraciones en la conferencia de prensa en Chilpancingo “en su momento tuvieron algún cargo o relación laboral” con el partido.
En el comunicado enumeraron tres puntos al respecto: “no es posible renunciar a un proyecto del que no forman parte desde hace algún tiempo, en la mayoría de los casos, desde 2021. Antes bien, formaron una corriente que ha intentado desprestigiar el trabajo desarrollado por la coordinación operativa estatal que encabeza Julián López Galeana; o se les ha visto públicamente con aspirantes de otros partidos políticos o en actos de partidos de nueva creación, evidenciando que forman parte de sus estructuras”.
También que otros de los casos son personas que “trabajaron en alguna responsabilidad con la comisión operativa estatal anterior, y que presentaron demandas laborales por supuesto despido injustificado, mismas que fueron liquidadas conforme a la ley”.
Representantes del Consejo Interreligioso denunciaron que los oficiales del Registro Civil incurren en irresponsabilidad administrativa al incumplir con una reforma al Código Civil del 2013 que los obliga a incluir en los requisitos para los contrayentes de matrimonios un curso-taller prematrimonial.
En conferencia de prensa, el presidente del Consejo, Carlos Marx Barbosa Guzmán, y el consejero, el presbítero Baltasar Vega Ramos, argumentaron que si se cumpliera con este requisito disminuirían la violencia intrafamiliar, los divorcios y los suicidios que ocurren por la separación de parejas.
Barbosa Guzmán dijo que el taller prematrimonial “es un reclamo popular” y que el Consejo Interreligioso solamente es portavoz.
Explicó que el 27 de agosto del 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero que dentro de los requisitos para contraer matrimonio, los futuros contrayentes deben llevar una constancia que acredite su participación en un curso-taller de orientación prematrimonial.
Explicó que el ordenamiento legal está en el artículo 349, fracción octava, del Código Civil, pero que a casi 10 años que entró en vigor el Registro Civil no lo ha incluido en la lista de requisitos que deben llevar los contrayentes.
Barbosa Guzmán argumentó que la reforma al Código Civil se dio porque se estaban incrementando los casos de violencia intrafamiliar.
Informó que se realizaron varios estudios que dieron como resultado la necesidad de incluir como requisito es curso-taller prematrimonial.
De acuerdo al abogado Barbosa, el curso taller incluye la temática: Relación de pareja, el proyecto de vida en pareja, los efectos del matrimonio con relación a los cónyuges y sus descendientes, deberes y obligaciones, el régimen patrimonial, la patria potestad, la paternidad responsable y la responsabilidad financiera.
Además, la prevención de la violencia familiar y las causas y efectos del divorcio. Destacó que estos son aspectos que podrían ayudar a la relación de parejas.
“Ahorita nos llama poderosamente la atención que están celebrando que haya actas de matrimonio donde se están incluyendo cuestiones de género de reformas recientes pero esta reforma que ya va a cumplir 10 años no le hacen caso a pesar de los problemas que genera la falta de preparación para vivir en pareja, dijo.
Por ejemplo, argumentó que en el 2017, hubo 16 mil matrimonios y se registraron 3 mil 679 divorcios, en tanto que en el 2018 hubo 14 mil 465 matrimonios y los divorcios aumentaron a 4 mil 141, cifra que según él habría disminuido si las parejas hubieran participado en el curso-taller.
Por su parte el presbítero Vega Ramos, explicó que la familia sigue siendo la célula y la base de la sociedad y del matrimonio y que de la familia se derivan los aspectos culturales y educativos, el progreso, el bienestar, pero también de ahí se derivan las situaciones terribles como la violencia y las injusticias.
Por ello, explicó que el Consejo Interreligioso quiere incidir y coadyuvar para que los ciudadanos y las autoridades “y todos los que tenemos una responsabilidad social trabajemos para fortalecer y consolidar el matrimonio y la familia”.
Para eso, indicó que no hay otro medio ni otra forma que a través de la educación y la instrucción basada en los valores del matrimonio y la familia “que son valores comprobadamente efectivos, eficaces e imperecederos”.
El sacerdote exhortó a las autoridades a cumplir con el precepto legal “nos va a favorecer a todos si las instituciones cumplen con estos aspectos y todos viviremos mejor.
Barbosa Guzmán dijo que si los oficiales del Registro Civil están omitiendo lo que dice la ley están incurriendo en un acto de responsabilidad administrativa porque están desobedeciendo la ley.
Informó que el Consejo envió hace cinco años y el año pasado al Congreso local y a la Coordinación Estatal del Registro Civil para que se giren exhortos a los oficiales del Registro Civil de los municipios y les propusieron una guía con la temática para que de ahí se basen en la impartición del Curso-taller, “pero es la fecha que no hacen caso”.
El diputado local de Morena suplente de acción afirmativa LGBT, Héctor Fernando Agüero García, en la conferencia de prensa Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El diputado local suplente por la acción afirmativa LGBT, de Morena, Héctor Fernando Agüero García, denunció que el propietario de la curul, Jacinto González Varona, canceló de manera unilateral un apoyo mensual que le daba para actividades de la comunidad de la diversidad sexual, por 100 mil pesos.
En conferencia de prensa, adelantó que va a promover recursos legales para que se separe del cargo que ocupó engañando a la comunidad sobre su orientación sexual, porque ese espacio no tendría que estar ocupado por un heterosexual. Reiteró que como presidente del Comité Estatal de Morena, y diputado local en funciones, González Varona transgrede el estatuto del partido que prohíbe a dirigentes ocupar al mismo tiempo un cargo de representación popular.
Por separado, González Varona respondió que sí le dijo a su suplente que este mes de mayo no le daría el monto que tenían acordado para los colectivos, porque el dinero de representación o gestoría que entregará directamente en un desayuno con 17 grupos de la entidad, sin distinción partidista, para las acciones del Día a Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que realizarán en diferentes fechas en junio.
Asimismo, hace tres días le dijo a Aguero que si no le entrega las pruebas de lo que le falta por comprobar, no podrá darle más fondos, porque el dinero es fiscalizado por la Auditoría Superior del Estado, y si no se solventa tendrá observaciones y una posible inhabilitación. Antes, en la conferencia de prensa Agüero García se quejó de que para recibir estos fondos tenía que andar como cobrador de Coppel detrás del diputado propietario, y con la decisión de no que no le va a dar más recursos González rompe lazos con la comunidad LGTB.
Explicó que en diciembre pasado, cuando Jacinto González volvió a la curul, acordaron que le entregaría 100 mil pesos para actividades y solicitudes de la comunidad. Sin embargo, el apoyo únicamente lo recibió en cuatro ocasiones y finalmente fue suspendido a partir de este mes.
Recriminó que el diputado propietario tampoco defendió su propuesta de crear una comisión legislativa para la comunidad LGBT, y retiró la bandera de arcoíris de su oficina y de la curul cuando regresó de una licencia.
Por separado, en declaraciones a reporteros en las instalaciones del Congreso, Gonzalez Varona afirmó que, como representante de la comunidad de la diversidad sexual, va a apoyar la realización de marchas en Acapulco, Zihuatanejo, Iguala, Chilpancingo, Chilapa y Zumpango, de manera directa, para evitar que que unos reciban más o menos recursos.
Aclaró que un suplente no debe recibir prerrogativas, es una facultad del titular, pero hicieron un acuerdo de buena fe, porque atender mejor a la representación de acción positiva. Sin embargo señaló que no va generar problemas de comprobación con la ASE.
