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Las personas son desaparecidas por el tráfico de órganos, dicen en conversatorio en la UAG

Ramón Gracida Gómez

Durante un conversatorio con alumnos de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el integrante del colectivo Guerrero no más desaparecidos, Claudio Rodríguez, advirtió que las personas son desaparecidas en razón del tráfico de órganos.
El conversatorio efectuado en un auditorio de la Facultad de Medicina a la que asistieron unos 90 alumnos, formó parte de la jornada de búsqueda y de sensibilización que se lleva a cabo en Acapulco y en distintos municipios de la región Costa Grande.
A un costado de varias fotografías de desaparecidos colocadas en la orilla del estrado, Claudio Rodríguez, padre buscador de un desaparecido de Chilpancingo, afirmó que se está traficando con órganos, “como ya no pueden con la droga, ahora se están metiendo con órganos”.
Alertó a los jóvenes de consumir inconscientemente drogas en las fiestas, “te descuidas tantito y no sabes a dónde vas a amanecer”.
Dijo que su hijo desapareció en la capital del estado, “pero no sé dónde lo voy a encontrar porque hemos encontrado a personas en otros estados, Zacatecas, Jalisco”.
“¿Por qué está pasando eso? Porque se los llevan, los están usando como carne de cañón, es lo que está pasando, están reclutando gente, ellos no se fijan en donde trabajen o donde estudien, a ellos les interesa reclutar gente sea como sea”.
Afirmó que las mujeres desaparecidas son utilizadas para la prostitución y los hombres son “carne de cañón, simplemente se los llevan, sea mecánico, sea lo que sea se lo llevan para su propio beneficio de ellos”.
Francisca Mayo Ramírez, madre buscadora desde hace 17 años en Chilpancingo e integrante del colectivo Guerrero no más desaparecidos, dijo que desde la desaparición de sus familiares, ellas están “muertas en vida, caminamos sin rumbo buscando, asistimos a los reclusorios, a casas de alcohólicos (anónimos) preguntando”.
Sollozando, pidió paz, “las emociones para nosotros están del diario, ahorita estamos contentas y más al ratito estamos llorando porque ni en un solo momento dejamos de pensar en ellos, en qué les hicieron, cómo están, si aún están vivos, si comen o no comen, dónde los tienen”.
La madre buscadora indicó que la intención de acudir a las escuelas es llevarles el mensaje de que los jóvenes se cuiden, “que sus mamás de ustedes no sufran como estamos sufriendo nosotros, a nadie se le desea”.
“Pero desgraciadamente este fenómeno de desaparición y de asesinato está al día, por eso venimos para que ustedes se cuiden”.
Mencionó que la novia de su hijo estaba presente “cuando se lo llevaron, a ella la dejaron, pero no nos ha dicho nada, por eso ustedes deben de cuidarse”.
También compartieron sus testimonios entre lágrimas algunas integrantes de los colectivos Memoria, Verdad y Justicia, y Regresando a casa Morelos.
En el presidium estuvieron el subcoordinador de la Zona Sur de la UAG, Hover López Cruz, la responsable del área de Cultura de Paz de la Zona Sur, Kenia González Herrera, y la funcionaria de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Agustina Sotelo Adame.
El Sur publicó ayer la declaración del integrante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, de la Brigada Nacional de Búsqueda y de la Red de Enlaces Nacionales, Juan Carlos Trujillo Herrera, quien avisó de la actividad de este viernes y de otras a lo largo de la semana, por ejemplo la entrega de fichas en la avenida Ruiz Cortines, como parte de una jornada de construcción de paz en Acapulco y en la Costa Grande.

 

Familiares de paciente con epilepsia revelan desabasto en hospital del IMSS Zihuatanejo

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Familiares de un derechohabiente que padece epilepsia, denunciaron que desde mediados de 2025 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mantiene un desabasto crítico de medicamentos para pacientes con este padecimiento, lo que los obliga a costear su tratamiento, que supera sus ingresos.
Tambien a peregrinar a otros municipios, como Lázaro Cárdenas, Michoacán, ante la falta de especialistas y estudios básicos, lo que también han tenido que costear por su cuenta sin que les reembolsen el gasto, con el argumento de que el Instituto “no tiene recursos”.
La hermana de un derechohabiente del Seguro Social, en Zihuatanejo, de 35 años de edad, en declaraciones manifestó que su familia ha tenido que asumir la responsabilidad que le corresponde al IMSS, pues desde junio del año pasado, su hermano no ha recibido los medicamentos esenciales como el Valproato y el Levetiracetam, cuyo costo en farmacias particulares ronda los mil 200 pesos mensuales, una cifra que se eleva cuando escasea en las farmacias y deben realizar pedidos especiales.
Agregó que a pesar de los intentos que han hecho por gestionar el abasto con la subdirección médica del IMSS, la respuesta ha sido el silencio o la resignación, “lo único que nos dicen es que no pueden hacer nada y que esperemos”, relata con impotencia.
Incluso, ante la solicitud de un reembolso por los gastos efectuados, la administración ha sido tajante al decirles que “no hay recursos”, por lo que esta situación no sólo afecta el bolsillo de los trabajadores, sino que pone en riesgo la vida de los pacientes: “en el caso de mi hermano, la falta de continuidad en la medicación provoca que las crisis convulsivas sean más frecuentes y agresivas, mermando su salud, pues él prácticamente depende de un control estricto, de que tiene que tomar su medicina a como dé lugar”.
A la falta de medicinas se suma el colapso en el sistema de citas para especialidades, pues desde octubre del año pasado su hermano espera una referencia para el hospital Vicente Guerrero, en el puerto de Acapulco para la realización de estudios diagnósticos, como el electroencefalograma y niveles de medicamento en sangre.
Dijo que ante la nula respuesta del IMSS, la familia tuvo que trasladarse hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para hacerle a su hermano los estudios de forma particular, con un costo de 5 mil peso. “Los hicimos por fuera porque el neurólogo los necesitaba para la cita de diciembre; si no los llevamos, el tratamiento no avanza”.
Luego, comentó que el apoyo económico que su hermano recibe por su incapacidad por parte del gobierno federal “se destina casi íntegramente a la compra de sus medicamentos, dejándolo en una situación de vulnerabilidad económica, porque él no puede trabajar y nosotros no tenemos la vida económicamente resuelta; en nuestra casa todos trabajamos y vamos viviendo al día, por eso se nos hace injusto que el Seguro Social ni surte los medicamentos ni nos reembolsa el gasto”.
“Ojalá que alguien le haga saber a la presidenta Claudia Sheinbaum lo que pasa en el Seguro Social de Zihuatanejo y se haga algo por mejorar este servicio, porque estoy segura de que el caso de mi hermano no es el único”.

 

Marchan en Iguala por la liberación del nutriólogo detenido por el caso Ayotzinapa

Más de 200 manifestantes, entre ellos familiares, amigos y compañeros del nutriólogo Irving Arroyo, detenido por el caso Ayotzinapa, marcharon ayer por calles de Iguala para exigir su libertad Foto: El Sur

Redacción

Iguala

Familiares, compañeros de la Secretaría de Salud y amigos del nutriólogo Irving Arroyo Aranda, trabajador del Centro de Salud Agustín Batalla, marcharon este martes por las principales calles de Iguala para exigir su liberación.
El nutriólogo fue detenido el 26 de noviembre tras el cateo de su domicilio, presuntamente por su implicación en el caso Ayotzinapa, acusado de delitos contra la salud y desaparición cometida por particulares.
Los manifestantes también solicitaron la devolución de dos inmuebles que fueron intervenidos el mismo día por agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Al grito de “¡Justicia!” e “¡Irving libre!”, más de 200 personas partieron a las 4:35 de la tarde del Monumento a la Patria Trigarante, vistiendo ropa blanca y portando cartulinas y lonas con consignas.
La marcha recorrió la avenida Bandera Nacional, donde se repartieron trípticos titulados: “Justicia para Irving Arroyo Aranda”, en los que se afirma que la detención ocurrida el 26 de noviembre fue “arbitraria”.
El material difundido incluye información sobre la trayectoria del nutriólogo, un recuento del cateo y un llamado a que el proceso se conduzca con respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia y sin irregularidades.
“La detención arbitraria de Irving nos duele profundamente, porque cuando la justicia se vulnera para uno, se debilita para todos. Hoy levantamos la voz para exigir verdad, claridad y justicia”, señalaba uno de los mensajes compartidos.
El contingente concluyó su recorrido en el Monumento a la Bandera, donde se realizó un mitin. Allí, Silvia Barrios Arroyo, prima del nutriólogo, leyó un posicionamiento en el que pidió a las autoridades actuar con empatía, sensibilidad humana y respeto a la dignidad durante el proceso.
“Solicitamos empatía y conciencia al analizar este caso. Sabemos que cada expediente representa personas e historias, familias que esperan ser tratadas con dignidad. Pedimos que el proceso de Irving sea guiado no solo por rigor jurídico, sino también por sensibilidad humana. La empatía no debilita la justicia, la humaniza; la conciencia no altera el deber legal, lo ennoblece”, expresó.
Añadió que la movilización no busca confrontar, sino manifestar confianza en que las autoridades federales actuarán con prudencia, claridad y humanidad.
“Reiteramos nuestra petición de que se garantice un trato digno, atento y consciente para Irving Arroyo Aranda, y que cada parte del proceso sea guiada por los valores que fortalecen a un país: justicia, respeto y humanidad”, finalizó.
Al término del mitin, los familiares agradecieron el acompañamiento ciudadano y reiteraron su compromiso con el diálogo, el respeto institucional y la búsqueda de soluciones justas. También llamaron a organizaciones civiles y a la población en general a sumarse a la exigencia de justicia y a difundir el caso.
El miércoles 23 de noviembre, agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos –dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR) y encabezada por Mauricio Pazarán Álvarez– realizaron dos cateos en los inmuebles ubicados en Luis Donaldo Colosio Murrieta No. 30, colonia Nicolás Bravo, y en Ramón Corona No. 15, en el Centro de Iguala.
Durante el operativo fueron detenidas tres personas, entre ellas el nutriólogo Irving Arroyo y dos mujeres, como parte de la averiguación previa PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, integrada en el expediente 3213/2025-III por los delitos de delincuencia organizada y desaparición cometida por particulares. Sin embargo de las dos mujeres se desconoce su proceso.

 

A dos años de la tragedia, familiares de los marinos desaparecidos no reciben pensión

Un pescador posa en una tranquila playa Manzanillo, uno de los lugares en donde más pescadores murieron y desaparecieron en el mar durante el impacto del huracán Otis, hace dos años Foto: Carlos Carbajal

Ramón Gracida Gómez

Ninguno de los familiares de los 24 marineros desaparecidos ha podido tramitar la pensión a dos años del paso del huracán Otis. La esposa de uno de ellos, Cristina Sánchez Camacho, señaló en entrevista que al actual gobierno federal de Claudia Sheinbaum Pardo “no le interesó” darle seguimiento a los trámites, como se comprometió su antecesor.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pactó tramitar las actas de presunción de ausencia en seis meses, pero algunos todavía ni la reciben y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está argumentando que no puede entregar las pensiones porque las fechas de desaparición y de la presunción de ausencia no coinciden.
El esposo de Sánchez Camacho es Fernando Esteban Parra Morales, uno de los cuatro tripulantes del yate Litos que desaparecieron al intentar salir de la Marina Majahua en Puerto Marqués a la Base Naval, uno de los casos más sonados por la movilización de los familiares.
La familia de Parra Morales, al igual que el resto de parientes de los marineros extraviados tras el paso del huracán, acudió a todas partes, hospitales, refugios, donde la gente rumoraba sin sustento que estaban los trabajadores de los yates y las lanchas hundidas, circularon listas de nombres que dieron un pequeño atisbo de esperanza.
Al segundo día del desastre, Sánchez Camacho al Servicio Médico Forense (Semefo) e interpuso la denuncia de desaparición. No había luz, no te dejaban entrar, nada más en dado caso que tu familiar tuviera un tatuaje, hueso roto, que se pudiera reconocer más porque los cuerpos estaban hinchados”.
Las movilizaciones de los familiares lograron las reuniones semanales entre la Secretaría de Marina (Semar) y los deudos, la primera ocurrió a menos de un mes de que pasara el huracán categoría cinco, les entregaron las carpetas de investigación y participaron en las búsquedas.
Los familiares pidieron una asesoría legal a los integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) por el tema de las pensiones “porque obviamente al inicio los patrones tenían dados de alta a los empleados y ya después pasaron tres meses y los dieron de baja”.
En ese trajín, los familiares se dieron cuenta que más de la mitad de los 24 marineros desaparecidos, de acuerdo con su propio conteo, no estaban inscritos dentro del seguro social, o a algunos no les alcanzaban las semanas cotizadas, para ellos el camino ha sido demandar a los patrones, pero tampoco ha prosperado.
Los representantes del gobierno federal “se comprometieron a darnos las facilidades en los trámites, cosa que la verdad no cumplieron y vamos a seguir el proceso como cualquier persona, ellos dijeron que iban a tratar que fueran seis meses lo de la presunción de ausencia para iniciar trámites en material laboral”.
Abogados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevaron al principio los juicios en el Juzgado de lo Familiar ubicado en Caleta, pero dejaron de asistir y Sánchez Camacho tuvo que pagar un abogado privado para continuar el juicio y recuperar la carpeta de investigación que se había extraviado, fue apenas en septiembre pasado que el juez autorizó el acta de presunción de ausencia, documento que tiene que validar en el Registro Civil.
La esposa del marinero expuso que los abogados dejaron de asistir cuando acabaron las búsquedas y las reuniones en la Base Naval en diciembre pasado, “creo que en el cambio de gobierno se deslindó totalmente, o sea, los compromisos que adquirió el gobierno pasado (de Andrés Manuel López Obrador), que se supone que debieron haber dado seguimiento, este gobierno (de Claudia Sheinbaum Pardo) no le interesó”.
“O sea, ya no le dieron seguimiento a los trámites, los trámites quedaron pasados, en mi caso yo contraté un abogado que es el que está gestionando, pero no todos tienen la posibilidad de poder contratar a alguien para que les dé tramite a sus juicios”.
Por la discrepancia entre las fechas de la carpeta de investigación y del acta de presunción de ausencia, el IMSS “se está agarrando para decir que no coinciden y que la pensión no va a proceder”.
En los primeros meses, los familiares tuvieron que lidiar con la postura de los dueños de algunas embarcaciones de no moverlas hasta que cobraran el seguro, existe el temor que los restos “se desbarataron o qué sé yo con el tiempo, ya no se pudo recuperar nada, primero dijeron que eran tres meses, pasaron seis meses y cuando nosotros tocamos el tema, nos decían que ellos no podían obligar a las aseguradoras a levantar los reportes”.
Los deudos también enfrentaron la falta de reconocimiento como víctimas por parte de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), en razón de que las desapariciones no eran producto de un hecho de violencia.

 

Buscan familiares y autoridades a Dylan Omar en calles de la Emiliano Zapata

Karina Contreras

Integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Guerrero, así como efectivos de la Guardia Nacional y de policías del estado, junto a familiares del menor de 15 años Dylan Omar, llevaron a cabo la primera búsqueda en la colonia Emiliano Zapata.
De acuerdo con información proporcionada por el padre del menor, Alejandro Duarte, este martes sostuvieron una reunión con el fiscal regional, Juan Jiménez, y otros funcionarios para ver el caso de búsqueda de su hijo desaparecido desde el 16 de octubre en la colonia y, posteriormente, hicieron una búsqueda a pie en varias calles de la colonia Emiliano Zapata.
Indicó que buscaron en terrenos baldíos y preguntaron a los vecinos si habían visto algo, pero lamentablemente les dijeron que no. “Hicimos una búsqueda por toda la zona de la Zapata y no encontramos nada. Hicimos una buena búsqueda de alrededor de dos horas, pero caminando. Nos metimos a terrenos baldíos, preguntamos a los vecinos. Todos hicieron su trabajo”, reconoció el padre del menor.
Sobre qué dijeron los vecinos, el señor Alejandro indicó que no vieron nada, pero si ven algo “nos van a avisar, es lo único que nos dicen”. Indicó que las autoridades tienen ya la última ubicación del celular y “la Fiscalía sigue revisando” por lo tienen que esperar los resultados.
Aunque ellos seguirán en la búsqueda con algunas actividades mientras esperan la información del avance que se tiene en la investigación. De acuerdo con la información que se dio el lunes durante la marcha en la avenida Costera, Dylan Omar fue visto en la colonia Flores Magón, alrededor de las 8 de la noche y que se encuentra a unos 15 minutos de la Emiliano Zapata donde vive el joven, luego de que fue a entregar una bocina prestada a casa de un amigo.
Como se informó el lunes, familiares, amigos y vecinos de Dylan Omar, de 15 años de edad, se manifestaron en la avenida Costera para exigir a las autoridades responsables la búsqueda del menor quien ya tiene cinco días desaparecido y donde ya se emitió un ficha de búsqueda.

El Ayuntamiento retira 16 fotografías de familiares desaparecidos, denuncian

Integrantes de la colectiva Memoria Verdad y Justicia, durante el mitin que realizaron bajo el puente Bicentenario en la avenida Cuauhtémoc, en donde denunciaron que fotografías que habían colocado con el rostro de desaparecidos fueron retiradas por trabajadores del Ayuntamiento Foto: Carlos Carbajal

Aurora Harrison

Integrantes de la colectiva Memoria Verdad y Justicia denunciaron que trabajadores del Ayuntamiento retiraron 16 fotografías de sus familiares desaparecidos, de 60×90 centímetros, las cuales habían colocado el pasado 30 de agosto por el Día Internacional del Desaparecido, abajo del puente Bicentenario.
El sábado las integrantes de la organización montaron su exposición fotográfica Rostros de la impunidad, y se percataron que las imágenes que habían colocado habían sido retiradas de los pilares en donde las habían pegado.
Eso debido a que el gobierno municipal el pasado viernes empezó a “embellecer” de colores el puente.
Hasta el lugar donde se hacía la actividad llegó el coordinador de Servicios Públicos Municipales, Leonardo Daniel Moya Fosado, a quien le exigieron que no quitara sus fotos, que las respeten, porque cada espacio público es un “lugar de memoria”.
El funcionario Moya Fosado aseguró que no dieron la orden de quitar las fotos, justificó que los trabajadores hayan quitado las imágenes para preparar la pared para pintar, pero aclaró que nunca se dio la orden de quitar las fotos.
Las madres le mostraron al funcionario las áreas de donde fueron quitadas las fotos y se acordó tener una reunión el próximo miércoles 17 de septiembre y que mientras los trabajadores del Ayuntamiento iban a seguir pintando sin retirar ninguna otra foto.
En declaraciones, Socorro Gil Guzmán, madre de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, detenido-desaparecido, dijo que el sábado decidieron hacer la exposición de fotos debajo del puente Bicentenario y tenían previsto continuar con la pega de fotos, pero desistieron porque les quitaron las que ya habían pegado.
Explicó que en una reunión con la alcaldesa Abelina López Rodríguez “dijimos que las fotos van a ser retiradas hasta el día que se encuentren a nuestros familiares desaparecidos, si ellos nos encuentran a un familiar y esa persona ya tiene acceso a la justicia a la verdad, entonces la foto iba a ser retirada”.
Agregó que mientras las autoridades no se comprometan a respetar la lucha “pues es una lucha que tenemos contra el mismo gobierno, contra el mismo sistema que nos mandan a quitar las fotos, eso es una forma de desaparecer a nuestros desaparecidos. Ahorita llamé a la secretaria General, Leticia Lozano, le dije lo que había pasado, de que ya no estaban todas las fotos y de que si no nos atendían íbamos a cerrar la calle”.
“No puede ser que las mismas autoridades nos estén bloqueando, nos estén obstruyendo las búsquedas y decidimos tomar este lugar en memoria de nuestros desaparecidos, esta campaña la iniciamos desde hace tres años, que buscamos espacios públicos para hacerlos un lugar de memoria de nuestros desaparecidos”, indicó.
Gil Guzmán dijo que el coordinador de Servicios Públicos se comprometió a no quitar ninguna foto, “que van a tomar la media y que nos van a dejar los cuadros en cada poste, desde donde empieza el puente hasta donde termina, porque vamos a llenar este espacio, son fotos muy caras que a nosotros nos costó más de 10 mil pesos en curarlas, hicimos 53 y ya fueron retiradas 16”.
Agregó que se acordó con el funcionario que se le iba a dar una cotización de lo que gastaron en las fotos que les quitaron, en la que van incluir los gastos de traslado, comidas, y todo lo que una madre gastó para pegar las fotos.
“Se comprometieron en que sí nos iban a dejar los espacios para colocar las fotografías que nosotros queramos ponerlas aquí, y si no se respeta ese acuerdo nos vamos a manifestar de otra forma, vamos a cerrar el Ayuntamiento, sé que están pintando y que Acapulco se vea bonito, no estamos en contra, pero estamos peleando que nos den un espacio para nuestros familiares que tienen derecho a la memoria”, indicó Gil Guzmán.
Enfatizó que como madre que busca a su hijo “queremos un espacio en el corazón de Acapulco, donde muchos fueron arrebatados por las mismas autoridades, porque muchos fueron desaparecidos por los mismos policías, aunque no fueran desaparecidos por policías, son desaparecidos por el crimen organizado y la seguridad le corresponde al municipio, al estado, ellos deben tener la seguridad en sus manos”.

Esperan de la FGE los registros telefónicos de un desaparecido desde hace cuatro meses

La esposa del integrante del Cecop, Vicente Iván Suástegui Muñoz desparecido hace cuatro años, Samantha Valeria Colón Morales, y sus hijas pegan una ficha de búsqueda en el Asta Bandera Foto: Jesús Trigo

Ramón Gracida Gómez

A punto de cumplirse cuatro meses de la desaparición de Alfonso Bibiano Chona, su madre Adulfa Chona González no ha recibido la sábana de llamadas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar con la investigación de su paradero.
En declaraciones a reporteros después del mitin en el Asta Bandera por el cuarto aniversario de la desaparición de Vicente Iván Suástegui Muñoz, la madre del joven desaparecido denunció que empleados de la FGE sólo le dice “ya van a llegar, pero no sé cuándo, todavía no me las entregan, no hay nada sobre mi hijo”.
Bibiano Chona fue visto por última vez el 14 de abril pasado, a las 6:33 de la tarde le mandó un audio telefónico a su esposa informándola de que dejaría su camioneta en la avenida Costera, frente al extinto bar McCarthy’s en la colonia Costa Azul.
La cámara del C-4 muestra que “mi hijo se baja de la camioneta, pero ya no se ve nada más después”.
Para la investigación de su paradero, la sábana de llamadas es importante porque “me dicen que ahí se va a ver con quién fue la última vez que tuvo comunicación”.
La FGE le pide a Adulfa Chona que espere, pero ella sabe que otras madres buscadoras han recibido los registros telefónicos en una semana “y de mi hijo ya va para cuatro meses y no ha llegado”.
En una entrevista el 21 de abril, Adulfa Chona indicó que su hijo estudió Criminología, pero el hombre que actualmente tiene 32 años ejerce el oficio de mariachi desde los 17 años, cuando estudiaba la preparatoria; toca la vihuela, el guitarrón y la guitarra, pero evita los fierros le generan granos en la piel.
Al día siguiente de la desaparición de Alfonso Bibiano, su esposa y su mamá acudieron a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicadas en la calle Mar Mediterráneo, fraccionamiento Las Anclas, frente a la terminal de autobuses de Estrella de Oro, donde dieron su nombre y el guardia les dijo que si estaba ahí, las dejarían pasar.
Esperaron y entraron, y la esposa del desaparecido preguntó que eso significaba que sí estaba y el guardia le contestó: “pues si las estoy haciendo pasar es porque está”, rememoró Adulfa Chona; sin embargo, otra trabajadora le dijo que no estaba.
La ficha de búsqueda de la FGE indica que Alfonso Bibiano mide 1.70 metros; tiene tez moreno claro; ojos medianos café claros; cabello negro, corto y lacio; y de señas particulares “cicatriz de forma lineal de aproximadamente 10 centímetros en pie derecho en la parte frontal”.

Concluye la búsqueda de Jhonatan Guadalupe en cerros de la Ampliación Simón Bolívar

Personal de la Comisión Nacional de Búsqueda utiliza un georadar en Acapulco en busca del joven Jhonatan Guadalupe Romero Gil t Foto: Ramón Gracida Gómez

Ramón Gracida Gómez

Ayer concluyó la jornada de búsqueda en campo de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, la segunda del mes hecha a raíz de la Acción Urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano.
Fueron cinco días de búsqueda intensa, de varias horas bajo el intenso calor subiendo los cerros de la periférica colonia Ampliación Simón Bolívar, y las barrancas de los altos asentamientos urbanos del Anfiteatro Palma y María de la O, donde participaron familiares, activistas y autoridades de los gobiernos federal y estatal.
Este viernes fue el segundo día en el área cercana a la zona arqueológica de Palma Sola, donde el convoy conformado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Estatal, estacionó sus grandes camionetas que impresionaron a algunos vecinos.
El contingente de más de 20 personas avanzó al punto en el mapa que la mamá del joven desaparecido el 5 de diciembre de 2018 por policías municipales, Socorro Gil Guzmán, recibió anónimamente y entregó a la representante de la CNB para utilizarlo como referencia de búsqueda.
Caminaron por un callejón, descendieron a un arroyo con construcciones de viviendas muy cercanas a éste y comenzaron a subir por los caminos artesanales que son utilizados por los vecinos de esta zona alta de Acapulco para conectar sus mangueras de agua, pero que se sospecha que también son utilizados por perpetradores de desapariciones para enterrar cuerpos clandestinamente.
Fue un recorrido complicado para cualquiera de los participantes por laderas en las que fácilmente pudieran resbalarse, como le sucedió a uno de los activistas y a un integrante de la CEBP; y también hubo piquetes de avispas.
Al frente del contingente iban integrantes de la Semar abriendo camino y revisando el perímetro, detrás iban representantes de distintas instituciones e integrantes de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia, y de la organización Ponte Nuestras Botas, y de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta como se publicó el jueves, en la nota del tercer día de búsqueda en la Ampliación Simón Bolívar.
Hugo Ozuna y Darío Velasco, estudiantes de maestría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), descendieron por una barranca empinada en busca del punto exacto en el mapa que tenían como indicio; y Bolívar Darío Rojas Rivas, quien busca justicia por el asesinato de su madre Adela Rivas Obé, subió metros más arriba para descartar otros lugares con el activista Julio Mata, pasando por un altar de ritual de santería con plumas de gallina y cigarros.
Nadia, hermana de Jhonatan Guadalupe, estuvo cerca de su madre, quien no paraba de caminar a pesar de lo agreste del territorio y encontró una playera roja rota y rápidamente introdujo su varilla intuyendo la presencia de restos humanos.
La gran bahía de Acapulco fue escenografía de una búsqueda que no tuvo resultados positivos, sin que ello significara detenerla pues apenas iban dos horas de las seis que duró la jornada de ayer.
A las 2 de la tarde, integrantes de la CNB y la CEBP comenzaron un rastreo con el georradar, criticado por familiares porque no ha dado resultados, en un terreno plano ubicado a un costado de una torre de luz, aunque a diferencia de otros días de búsqueda esta vez una delimitación de los metros de introspección con rastros rojos de aerosol.
A las casi 3 de la tarde la búsqueda continuó detrás de una casa colindante con El Veladero, a un kilómetro de distancia de donde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) celebró el 17 de julio pasado el 45 aniversario de la declaración como parque nacional; parecía un lugar abandonado, ningún vecino se asomó para preguntar qué buscaban tantas personas con machete, pico y pala en la tierra.

 

Buscan a Jhonatan Guadalupe Romero Gil en cerros de la Ampliación Simón Bolívar

Socorro Gil madre del joven desaparecido Jonathan Guadalupe Romero Gil, durante la búsqueda en los cerros que colindan con la colonia Ampliación Simón Bolívar Foto: Carlos Carbajal

Ramón Gracida Gómez

Jhonatan Guadalupe Romero Gil fue desaparecido el 5 de diciembre de 2018 por policías municipales y ayer familiares, activistas y autoridades realizaron acciones de prospección en los cerros de la marginada colonia Ampliación Simón Bolívar, de la zona suburbana de Acapulco, sin la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), “omisa” a la solicitud de participación.
Por tercer día consecutivo, su madre Socorro Gil Guzmán lo buscó entre los matorrales de esta recóndita parte del municipio “porque nos dan puntos, nos mandan ubicaciones y mientras yo no encuentre a mi hijo, punto que me den, punto que tengo que descartar”, dijo a El Sur.
La colonia Ampliación Simón Bolívar se encuentra más arriba de la Emiliano Zapata, en el punto más lejano de la entrada a este segundo asentamiento por la calle 14, vía recta después convertida en un laberinto de curvas y subidas que dan muestra de la irregularidad de las viviendas precarias que pueblan esta parte de Acapulco.
El convoy de camionetas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), se introdujo por la calle en la que termina la ruta de camionetas pasajeras Zapata-Simón Bolívar y paró en un camino de terracería.
Salvo la presencia de unas cuantas personas que caminaban hacia el área pavimentada, las últimas casas de la colonia Ampliación Simón Bolívar, la mayoría de techos de lámina y con patios alambrados, parecían estar vacías, pero el área tiene antecedentes de hallazgos de restos humanos.
“Lo encontremos o no, nosotras tenemos que subir a descartar esos lugares, siempre pensando positivo, pensando que pues vamos a encontrar, a lo mejor no a mi hijo, pero alguien más”, explicó Gil Guzmán, quien ha estado acompañada durante la jornada por su hija Nadia, sus compañeras de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia que encabeza, familiares de desaparecidos de otros estados e integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta.
Esta es la segunda jornada de búsqueda en julio de Jhonatan Guadalupe a raíz de la presión de la Acción Urgente declarada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano, al que le requiere “continuar la indagatoria sobre el alegado involucramiento de los 9 policías miembros de la patrulla 388”.
La última vez que a la colectiva le fue autorizada una búsqueda fue en septiembre de 2023, cuando encontraron 17 cuerpos en el poblado de Carabalí, “no siempre corremos con la misma suerte de que los puntos sean certeros y que sean reales, no sabemos por qué la gente nos da puntos, por darlos o porque ya tiene mucho tiempo”.
Ayer, la primera crítica de Gil Guzmán a las autoridades presentes fue la “poca” seguridad provista por escasos integrantes de las instituciones del Estado mexicano enviados a resguardar el perímetro y la ausencia de la Secretaría de Marina (Semar).
Tampoco apareció la Unidad Canina de la FGE que fue solicitada y que fue tan necesitada para aquellos pozos de sondeo que fueron excavados con pico y pala por familiares, autoridades y activistas, entre ellos Bolívar Darío Rojas Rivas, quien busca justicia por el asesinato de su madre, la médica Adela Rivas Obé.
Específicamente en dos puntos se excavó más de un metro de profundidad porque la varilla que introducen para luego oler posibles rastros fétidos de restos humanos se hundía con facilidad, lo que daba a entender que la tierra fue removida por personas; al final se concluyó que pudieran ser inacabados pozos de agua.
“Yo sé que no soy la única que está buscando, que está en campo, tal vez hay más colectivos buscando, pero no se vale que se lleven los caninos a un solo lugar y que a nosotros no nos puedan prestar canino”.
El esfuerzo de sacar tierra, removerla y volver a meterla cuando se descarta el punto sospechoso de fosa clandestina, es mayúsculo y más en esta temporada de altas temperaturas, con un calor que no tuvo piedad para los participantes de la búsqueda de ayer.
Los 15 buscadores se dividieron en pequeños grupos para abarcar lo más posible el extenso terreno de matorrales que se avizoraba en el panorama; “la idea es limpiar este cerro”, dijo una integrante de la CNB a su compañero sin especificar los innumerables metros cuadrados de arduo trabajo en el porvenir.
La actividad de este miércoles empezó a las 10 de la mañana y terminó a la 1 de la tarde, fue el día más tranquilo de los tres, el lunes y el martes fueron “demasiados intensos, caminamos mucho, subimos hasta allá arriba al cerro y anduvimos descartando”, dijo Gil Guzmán antes de arengar a sus compañeras con la consigna: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

 

Piden familiares, Cecop y Tlachinollan que la FGR atraiga el caso del asesinato de Suástegui

Ramón Gracida Gómez

Familiares de Marco Antonio Suástegui Muñoz, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), piden que la investigación del asesinato del defensor sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) “ante la manifiesta dilación de las autoridades de Guerrero” a dos meses del crimen.
En un comunicado emitido ayer que se cumplió un bimestre de la muerte del vocero del Cecop, exigen que la FGR “lleve a cabo todas las investigaciones ubicando a la brevedad a los responsables a fin de evitar que pase el tiempo y las evidencias sean destruidas o que los responsables evadan la acción de la justicia”.
Señalan que “el caso sigue en la total impunidad” porque la Fiscalía General del Estado (FGE) “se encuentra pasmada ante el crimen contra el defensor ambiental. Se limitó a realizar las primeras diligencias a que por ley está obligada, pero fuera de ahí no presenta ningún avance”.
El atentado a balazos contra el defensor ocurrió el 18 de abril en un acceso a la playa Icacos, “a plena luz del día ante decenas de testigos, un lugar público con afluencia de turistas y prestadores de este tipo de servicios, con grandes hoteles ubicados en el lugar”, recuerdan los firmantes.
“Es inconcebible que, a la fecha, no haya entrevistado a los compañeros de trabajo de Marco Antonio que estaban en la playa y que seguramente vieron como era agredido, las autoridades tienen un padrón de estas personas y pueden ser llamadas para que rindan entrevista, lo mismo con los dueños de hoteles, deben ser citados para verificar si tienen cámaras desde las cuales se pudo ver el atentado contra el defensor del medio ambiente”.
Las autoridades estatales, dicen familiares de la víctima y las organizaciones sociales, “demuestran su desprecio contra un gran defensor del medio ambiente. Su arrogancia y desfachatez no tienen límites. Ignoran que están sentando un precedente negativo que será tomado en cuenta cuando el caso vaya a instancias internacionales por la impunidad que se vislumbra”.
Las autoridades esperan que los familiares señalen a algún sospechoso o aporten elementos, “invirtiendo la carga de la investigación a las víctimas, haciendo cargar sobre sus hombros el peso del riesgo de los actores armados que atentaron contra el defensor y que pueden volver agredir a los familiares que declaren, máxime cuando la Fiscalía ni el gobierno del estado han brindado medidas de protección ni creado un entorno seguro”.
En el comunicado, el Cecop, familiares de Suástegui Muñoz y Tlachinollan, afirman que “existen varios datos de prueba que la Fiscalía puede conseguir, sin embargo, esta institución se ha cruzado de brazos, incurriendo en omisión y negligencia”.
Arremeten contra el gobierno del estado, al que “no le importa que el caso de Marco Antonio haya recibido una condena unánime. Cientos de organizaciones sociales y de derechos humanos a nivel nacional e internacional condenaron el homicidio del defensor del medio ambiente”.
Destacan los pronunciamientos de justicia por parte la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y varias Relatorías temáticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“No permitiremos que el caso del líder del CECOP Marco Antonio Suástegui quede en la impunidad. El olvido al que las autoridades le apuestan será superado por nuestra enérgica protesta y exigencia de verdad y justicia”, aseveran sus familiares y organizaciones sociales.