Buscan a Jhonatan Guadalupe Romero Gil en cerros de la Ampliación Simón Bolívar

Socorro Gil madre del joven desaparecido Jonathan Guadalupe Romero Gil, durante la búsqueda en los cerros que colindan con la colonia Ampliación Simón Bolívar Foto: Carlos Carbajal

Ramón Gracida Gómez

Jhonatan Guadalupe Romero Gil fue desaparecido el 5 de diciembre de 2018 por policías municipales y ayer familiares, activistas y autoridades realizaron acciones de prospección en los cerros de la marginada colonia Ampliación Simón Bolívar, de la zona suburbana de Acapulco, sin la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), “omisa” a la solicitud de participación.
Por tercer día consecutivo, su madre Socorro Gil Guzmán lo buscó entre los matorrales de esta recóndita parte del municipio “porque nos dan puntos, nos mandan ubicaciones y mientras yo no encuentre a mi hijo, punto que me den, punto que tengo que descartar”, dijo a El Sur.
La colonia Ampliación Simón Bolívar se encuentra más arriba de la Emiliano Zapata, en el punto más lejano de la entrada a este segundo asentamiento por la calle 14, vía recta después convertida en un laberinto de curvas y subidas que dan muestra de la irregularidad de las viviendas precarias que pueblan esta parte de Acapulco.
El convoy de camionetas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), se introdujo por la calle en la que termina la ruta de camionetas pasajeras Zapata-Simón Bolívar y paró en un camino de terracería.
Salvo la presencia de unas cuantas personas que caminaban hacia el área pavimentada, las últimas casas de la colonia Ampliación Simón Bolívar, la mayoría de techos de lámina y con patios alambrados, parecían estar vacías, pero el área tiene antecedentes de hallazgos de restos humanos.
“Lo encontremos o no, nosotras tenemos que subir a descartar esos lugares, siempre pensando positivo, pensando que pues vamos a encontrar, a lo mejor no a mi hijo, pero alguien más”, explicó Gil Guzmán, quien ha estado acompañada durante la jornada por su hija Nadia, sus compañeras de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia que encabeza, familiares de desaparecidos de otros estados e integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta.
Esta es la segunda jornada de búsqueda en julio de Jhonatan Guadalupe a raíz de la presión de la Acción Urgente declarada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano, al que le requiere “continuar la indagatoria sobre el alegado involucramiento de los 9 policías miembros de la patrulla 388”.
La última vez que a la colectiva le fue autorizada una búsqueda fue en septiembre de 2023, cuando encontraron 17 cuerpos en el poblado de Carabalí, “no siempre corremos con la misma suerte de que los puntos sean certeros y que sean reales, no sabemos por qué la gente nos da puntos, por darlos o porque ya tiene mucho tiempo”.
Ayer, la primera crítica de Gil Guzmán a las autoridades presentes fue la “poca” seguridad provista por escasos integrantes de las instituciones del Estado mexicano enviados a resguardar el perímetro y la ausencia de la Secretaría de Marina (Semar).
Tampoco apareció la Unidad Canina de la FGE que fue solicitada y que fue tan necesitada para aquellos pozos de sondeo que fueron excavados con pico y pala por familiares, autoridades y activistas, entre ellos Bolívar Darío Rojas Rivas, quien busca justicia por el asesinato de su madre, la médica Adela Rivas Obé.
Específicamente en dos puntos se excavó más de un metro de profundidad porque la varilla que introducen para luego oler posibles rastros fétidos de restos humanos se hundía con facilidad, lo que daba a entender que la tierra fue removida por personas; al final se concluyó que pudieran ser inacabados pozos de agua.
“Yo sé que no soy la única que está buscando, que está en campo, tal vez hay más colectivos buscando, pero no se vale que se lleven los caninos a un solo lugar y que a nosotros no nos puedan prestar canino”.
El esfuerzo de sacar tierra, removerla y volver a meterla cuando se descarta el punto sospechoso de fosa clandestina, es mayúsculo y más en esta temporada de altas temperaturas, con un calor que no tuvo piedad para los participantes de la búsqueda de ayer.
Los 15 buscadores se dividieron en pequeños grupos para abarcar lo más posible el extenso terreno de matorrales que se avizoraba en el panorama; “la idea es limpiar este cerro”, dijo una integrante de la CNB a su compañero sin especificar los innumerables metros cuadrados de arduo trabajo en el porvenir.
La actividad de este miércoles empezó a las 10 de la mañana y terminó a la 1 de la tarde, fue el día más tranquilo de los tres, el lunes y el martes fueron “demasiados intensos, caminamos mucho, subimos hasta allá arriba al cerro y anduvimos descartando”, dijo Gil Guzmán antes de arengar a sus compañeras con la consigna: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

 

Se deben desarticular las bandas en las colonias para que haya paz: académica

Ramón Gracida Gómez

La estrategia Guerrero por la Paz debe desarticular las bandas delincuenciales que operan en las colonias de Acapulco para que tenga resultados, señaló la académica especialista en violencia y construcción de paz en el municipio, Javiera Donoso Jiménez.
La atención a las causas estructurales de la violencia debe representar una fuerte inversión a largo plazo de millones de pesos que incluya un “plan de desarrollo integral urbano”, diversificación de la economía, transporte y educación para los niños, planteó al ser consultada por la estrategia que atiende desde diciembre pasado a 10 colonias de Acapulco e igual número de Chilpancingo con alta incidencia delictiva.
Del llamado del arzobispo Leopoldo González González a la sociedad para no acostumbrarse a la violencia, la doctora en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México, dijo por teléfono que la población no está acostumbrada, sino aprendió a sobrevivir por la “ausencia total del Estado”.
La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rocío Bárcena Molina, planteó que la estrategia de seguridad se va a materializar con el acercamiento de los servicios y los programas sociales a las colonias para atender las causas de la violencia.
Donoso Jiménez, integrante del programa de Investigadores por México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyht), secundó que las causas estructurales de violencia son “la ausencia del Estado”, que se materializa en la falta de servicios básicos: salud, educación, agua, oportunidades laborales, entre otras.
Señaló que estas condiciones no se proporcionan en Guerrero “hace muchísimo tiempo y ahora se ve mucho más plausible, yo ahora acabo de ir nuevamente y Acapulco se ve extremadamente pobre, la migración es masiva de los acapulqueños a distintos porque ya no hay forma de seguir subsistiendo en esta ciudad en las condiciones que se viven”.
La pobreza y la desigualdad “son motores importantes para que el crimen pueda permear la sociedad”, insistió la académica que ha hecho diversos estudios en análisis territorial, seguridad humana, discriminación y violencia en colonias de Acapulco.
Indicó que los niños de las colonias más pobres del municipio no van a las escuelas porque no hay maestros y se mantienen cerradas “y cuando los niños andan en la calle son, digamos, tentados permanentemente por el crimen a unirse a sus filas”, y los padres están trabajando.
El acceso a la educación también se ve afectado porque el transporte “está gobernado y cooptado por el crimen” y dificulta la movilidad de los jóvenes, por lo que la estrategia de seguridad también debe atender la conectividad de la ciudad.
Además, los niños no tienen asegurada la comida y no hay un control de los programas sociales para conocer si realmente se utilizan los recursos económicos transferidos para garantizar la alimentación.
Una de las demandas principales de la encuesta que aplicó el gobierno federal en las colonias donde intervendrá es el agua.
La falta de este servicio, explicó la académica Donoso Jiménez, es un detonante de violencia familiar debido a que las mujeres que se dedican al trabajo en casa son golpeadas por sus maridos en el contexto de “roles de género que están instalados tan tradicional como la de Acapulco”.
Por lo tanto, la atención a las causas estructurales de la violencia tiene que estar acompañada de un “plan de desarrollo integral urbano” para que las casas tengan los servicios básicos de agua y energía eléctrica.
Asimismo, el gobierno debe ofrecer oportunidades de trabajo porque actualmente no hay en Acapulco o son de salarios precarios “que te permiten más o menos sobrevivir, pero no terminen hacer grandes cosas”, entonces la población migra.
Criticó que el gobierno insista en el “error garrafal” de centrar la recuperación económica de Acapulco en el turismo, cuando debería de desarrollar otras fuentes de ingreso en el escenario de calentamiento global y el aumento del riesgo de huracanes destructivos.
Son millones de pesos y muchos años de inversión de atención a las causas por varios años, de acuerdo con un diagnóstico que efectuó la actual académica de la Universidad de Guadalajara con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para distinguir los principales problemas de seguridad en siete municipios de Guerrero y conocer las estrategias de la misma sociedad para repelerla.
Enfatizó que la construcción de paz debe estar acompañada de una estrategia de “inteligencia criminal” para desarticular las organizaciones criminales que operan en Acapulco “y tienen asfixiada la economía local” por medio de la extorsión.
“Aunque haya mucho esfuerzo, no se ven resultados porque rescatas un niño y entran dos al crimen”, señaló.

La falta de “sentido de pertenencia”

Otro problema es la falta de cohesión social en Acapulco debido a la falta de “sentido de pertenencia” en algunas colonias, donde la población tiene diversos orígenes geográficos o migra cuando tiene posibilidades.
La académica puso de ejemplo el desplazamiento de las colonias altas hacia la colonia Ciudad Renacimiento, una de las seleccionadas por la estrategia de seguridad, que “generó una desarticulación completa de los códigos sociales y de las formas de vida y mezclaron distintos tipos de personas en un solo lugar”.
Donoso Jiménez, quien participó en un estudio que analizó las ciudades de Acapulco y Medellín, expuso que en la ciudad colombiana se promovió el “sentido de propiedad e identidad hacia el territorio” por medio de un diálogo intergeneracional en el que los adultos mayores les enseñan a los jóvenes la historia, y “resignifican” lugares de las colonias a través del arte y la cultura.
La sociedad “no se acostumbra a la violencia, pero aprende a vivir en ella”.
En su mensaje de Año Nuevo, el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, pidió a los ciudadanos no acostumbrarse a la violencia.
Al respecto, Donoso Jiménez, quien vivió varios años en el municipio y lo visita frecuentemente, dijo que la sociedad “no se acostumbra a la violencia, pero aprende a vivir en ella y aprende a sobrevivir”.
“El problema es que como hay una ausencia total del Estado, la gente no tiene a quien recurrir, la gente no tiene a quien manifestar su malestar, no tiene a quien reclamarle, y al no tener a quién y estar a merced del crimen, uno mejor se calla”.
“Pero eso no quiere decir que el miedo haya desaparecido, que la molestia haya desaparecido, la angustia y la preocupación de que mañana me puede pasar a mí si estoy en el lugar incorrecto”, sostuvo.

 

Llaman familiares de Adela Rivas al juez del caso a que se dirija con rectitud e imparcialidad

El juez que lleva el caso del asesinato de la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé, está coadyuvando con la defensa para que el imputado, Edgar Arturo, salga libre,  denunciaron familiares durante la presentación de un libro en honor a la víctima.
Familiares y amigos acudieron a la presentación del libro Heroína de la Honestidad en memoria a Adela Rivas quien hace un año tres meses fue asesinada en Zihuatanejo.
Los familiares en voz de su hijo Darío Rojas Rivas demandaron a los impartidores de justicia que el caso no se deje en la impunidad. Hizo un llamado a las autoridades para que se haga una justicia completa y que se castigue al culpable. También agradeció todo el apoyo que se ha brindado a su familia.
Precisó que a un año tres meses del crimen el detenido y quien fuera subordinado de trabajo de la doctora, Edgar Arturo está detenido, él estaba a cargo de la farmacia en la clínica de Petacalco, municipio de La Unión.
Dijo que por el nuevo Sistema de Justicia Penal el caso avanza con mucha lentitud, y “aunque hay pruebas y varias evidencias y con un detenido aún no se ha encontrado la justicia, estamos a dos días de la audiencia intermedia, que es el 5 de enero, donde se van a depurar las pruebas y ver cuáles pasan y cuáles se desechan por el juez”.
Detalló que la audiencia es de las más importantes y exhortó al juez a “que se dirija con rectitud, que haga bien su trabajo y sea imparcial, ya que el juez Vicente Guerrero Campos ha coadyuvado para que el imputado siga un proceso ameno para él y la justicia no le sea pesada, está allanando el camino para que al momento del juicio sea más ligero (para el asesino)”.
Lamentó que el juzgador esté haciendo un trabajo sucio y que en la recta final el acusado quede libre gracias a la parcialidad del juez, señaló que la familia estará vigilante pues vendrá la audiencia final para la sentencia en la que pidieron una máxima pena en el feminicidio.
El libro fue presentado por el cronista municipal Víctor Cardona, su compañero y maestro en la escuela de medicina Nemesio Soberanis, el profesor y amigo de la doctora Heriberto Muñoz y el investigador Arturo García en la casa de la doctora en Atoyac.
En la edición se destaca su labor altruista en el campo de la medicina, su carrera política como regidora de Atoyac y su participación en la lucha social en el municipio.
Mencionaron que estuvo en los momentos más difíciles del PRD, ya que no sólo atendió a los golpeados y torturados sino también a los que fueron detenidos y violentados por las corporaciones policiacas cuando fue regidora, en la administración del priista, Acacio Castro Serrano.
Abundaron que su ética y grado de honestidad fueron los motivos que la llevaron a su muerte, por investigar el robo de medicinas. (Francisco Magaña / Atoyac).

Adela Rivas dio su vida por el IMSS y éste le da la espalda, reprocha el hijo de la doctora

 

La familia de la doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asesinada en Zihuatanejo, Adela Rivas Obé se dijo preocupada por las declaraciones del delegado José Luis Ávila Sánchez, quien negó que hubiera una investigación por robo de medicamentos en la unidad médica de Petacalco.
El hijo de la médica, Bolívar Rojas Rivas pidió a la dependencia que cumpla la promesa que le hizo a la familia, en el sentido de que la iba a apoyar y llegar hasta las últimas consecuencias en el caso.
Aseguró que las recientes declaraciones del delegado, de que no había una investigación de robo de medicamento a cargo de la doctora pero ahora se hace para informar al respecto a la Fiscalía, entorpecen la indagatoria y se confunde a la sociedad, porque contradice lo que Adela Rivas le dijo a sus familiares y lo que declaró el fiscal Xavier Olea Peláez.
Rojas Rivas dijo que las declaraciones son “irresponsables y están dañando a la familia, así como la imagen de mi madre que incluso dio su vida por esa dependencia al investigar el robo de medicamentos, que ahora niegan”.
Lamentó que se busque proteger la imagen de la dependencia y se minimice el hecho “el delegado nos prometió que apoyaría a la familia, pero con sus declaraciones vemos todo lo contrario, le pedimos que sea prudente y responsable con las investigaciones, pareciera que el IMSS ahora da la espalda a mi mamá”.
Exigió que se aclare la situación e insistió en que hasta el momento no se ha apoyado a la familia, como prometió la institución.

 

 

Confirma el fiscal que hay un detenido por el asesinato de la doctora Adela Rivas; es el único inculpado, afirma

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez confirmó la detención del encargado administrativo de la Unidad Médica del IMSS de Petacalco como único presunto responsable de la desaparición y asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, y ratificó que el crimen fue por el robo de medicamentos controlados que investigaba la directora de micro región en la Costa Grande.
Dijo que probablemente la doctora entrevistó al inculpado y ahí comenzó el conflicto, mientras que la delegación en Guerrero del IMSS envió un breve comunicado en el que no menciona el robo de medicamentos, pero reitera su cooperación en las investigaciones.
En conferencia de prensa al mediodía de ayer en el Centro Internacional Acapulco, Olea Peláez dio una disculpa a los familiares de la víctima por haber declarado que una de las líneas de investigación era pasional, “debo decir y ofrecer una disculpa a la familia de la doctora Rivas, principalmente si existió un mal entendido a las investigaciones que hacíamos, sin embargo afortunadamente una de las líneas de investigación fue la idónea”.
Confirmó que la detención de Edgar Arturo de 30 años fue alrededor de la 1 de la madrugada del sábado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, como se informó en estas páginas.
Precisó que la detención fue en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán con base en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y no “como erróneamente” fue informado de que esa dependencia del estado vecino detuvo al señalado. Dijo que dos grupos de agentes ministeriales de Zihuatanejo y de La Unión entraron a Lázaro Cárdenas y detuvieron al inculpado.
Agregó que hay los “suficientes elementos para que después de la ampliación del término constitucional –que solicitó el abogado del inculpado– el imputado sea vinculado a proceso, tomando en consideración que las pruebas existentes hacen probable su responsabilidad”.
Indicó que de acuerdo con la carpeta de información 121-3057-0301-090-111-016 radicada en la ciudad de Zihuatanejo, el juez de Control y Enjuiciamiento Judicial otorgó una orden de aprehensión por homicidio calificado, en agravio de la doctora Rivas Obé de 52 años, quien investigaba personalmente la falta de medicamentos controlados en la clínica de Petacalco, municipio de La Unión.
El fiscal dijo que según la información que se obtuvo del número de la víctima así como los números telefónicos con los que tuvo comunicación, “se identificó un número con lada 742, con dicho número tenía comunicación constante en los días previos a su desaparición, así como en los días que fue privada de la libertad. Se acreditó con el teléfono 753 fue localizado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sin embargo el día de la desaparición (el 22 de septiembre a las 11:27), a las 14:54 horas este número se localizó en las inmediaciones de la colonia Industrial de Zihuatanejo, aproximadamente a 150 metros de la clínica del Seguro Social”.
“Al lugar al cual acudió la doctora a una reunión de trabajo, retirándose de dicha clínica alrededor de las 12:40 horas, y minutos más tarde la doctora recibió una llamada telefónica con lada 753 teniendo una duración aproximada de dos minutos, es importante destacar que la comunicación entre estos dos números y el teléfono de la doctora Rivas Obé fue constante hasta el día de su desaparición o privación de la libertad”. La doctora fue encontrada el 11 de octubre en la playa La Majahua, donde según la PGJE de Michoacán Edgar Arturo la asesinó.
Olea Peláez, abundó “es decir, existieron llamadas y mensajes entrantes y salientes en tres momentos, además que los números telefónicos que tuvieron comunicación antes y durante el hecho delictivo con la doctora, tuvieron actividad principalmente en las inmediaciones de la localidad de Petacalco, municipio de la Unión, por lo que se realizaron trabajos de campo para corroborar la identidad exacta de los usuarios de los teléfonos antes mencionados, así como los domicilios y rutinas de los mismos”.
Dijo que mediante “testigos se averiguó que uno de los números con lada 753 es propiedad de Edgar Arturo, quien se desempeña como encargado administrativo de la Unidad Médica del IMSS precisamente en Petacalco”. El fiscal informó que el domingo se realizó la audiencia inicial de la carpeta 20/2016, donde el abogado del imputado solicitó la ampliación del proceso, y fue programada para hoy a la 1 de la tarde. El inculpado se encuentra en prisión preventiva.

El robo de medicamentos

En la ronda de preguntas el fiscal dijo que “desde el primer día de la desaparición en presencia del coordinador general de la Policía Ministerial hablé telefónicamente con el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social –José Luis Ávila Sánchez–, y le dije muy claramente que nuestra línea de investigación, más clara, independientemente de cualquier otro tipo era precisamente el robo de medicamentos. Él respondió textualmente que no tenía conocimiento del robo de estos medicamentos”.
“Ella era una doctora que administraba la microzona, entonces tenía que saber qué medicamentos se suministraban, qué medicamentos llegaban o se adquirían, y cuántos medicamentos quedaban, y ahí es donde ella se percata de la falta de medicamentos y muy probablemente entonces entrevista a esta persona, quien era el encargado de la custodia de los medicamentos y ahí probablemente inició el conflicto”, supuso.
Olea Peláez dijo que el inculpado robó más de 200 o 300 unidades de medicamentos controlados en los últimos días, “y él los vendía al público, son medicamentos muy caros. Había psicotrópicos, había medicinas para el dolor, etc. Medicamentos verdaderamente caros y él recibía según las pláticas que se tuvieron con él, las entrevistas que se tuvieron con él, recibía por la venta de estos medicamentos alrededor de 15 o 20 mil pesos”.
El fiscal respondió que Edgar Arturo es el único detenido por el asesinato “es muy difícil hablar de un cómplice, tomando en consideración que el único que tenía acceso a ese tipo de medicamentos controlados era precisamente él. Una línea de la investigación son los testigos que compraban el medicamento”, adelantó.
Abundó que el caso no se cierra porque inicia el proceso penal, e insistió en que la Fiscalía tiene suficientes elementos para procesar al presunto responsable, “las pruebas periciales que son muy precisas”.

El comunicado del IMSS

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó en un escueto comunicado que reitera que seguirá cooperando con las autoridades ministeriales en las investigaciones del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé.
La misiva enviada casi cuatro horas después de la declaración del fiscal no menciona el robo de medicamentos.
“Reiteramos que continuaremos colaborando con la autoridad judicial para el desarrollo adecuado del proceso” y “el IMSS reitera su solidaridad y total apoyo a los familiares de la doctora Adela Rivas para el esclarecimiento de su caso”, se lee.
La delegación a cargo de José Luis Ávila Sánchez, emitió un primer comunicado cuatro días después de la desaparición de Adela Rivas, cuando el hijo de la doctora, Bolívar Rojas manifestó que la institución debe velar por la seguridad de sus trabajadores, y lo que sucediera en horario laboral es responsabilidad del IMSS.
Los familiares indicaron que José Luis Ávila se acercó a ellos pero le pedían una posición pública de la institución. El 26 de septiembre en declaraciones a reporteros, Ávila Sánchez pidió el apoyo al gobierno del estado para localizar a la doctora.
El lunes 17 de octubre el fiscal informó que el cuerpo hallado en playa La Majahua seis días antes en Zihuatanejo, correspondía a la doctora Rivas Obé y dentro de las líneas de investigación por el homicidio decía que la directora de la micro zona investigaba la desaparición de fármacos.
Un día después el delegado del IMSS respondió que no había investigaciones internas por robo de medicamento: “puedo decir que de manera oficial y tajante que nosotros no teníamos ninguna carpeta, ningún proceso administrativo, ninguna investigación en curso o algo relativo a ese tema”.
Ávila Sánchez aseguró que en el IMSS hay un control estricto de los medicamentos, “nosotros manejamos algo que se llama Torre de Control en donde están bajo llave y se distribuyen al estado cuando son requeridos bajo estrictas normas de control con el derechohabiente, número de expediente, número de matrícula, todo”. Dos días después, el pasado jueves consultado, reiteró que no había reportes de robo.
Sin embargo ayer la Fiscalía dijo que Edgar Arturo, encargado de la Unidad Médica del IMSS en Petacalco y presunto homicida, traficaba con medicamentos controlados como psicotrópicos y analgésicos.
En otro tema, el fiscal del estado Xavier Olea Peláez llamó a la mamá de la adolescente de 15 años Saira Hernández Chino cuyos restos fueron entregados diez meses después de haber sido encontrados y reconocidos, que diga qué funcionario la trató mal para proceder de forma administrativa.
Dijo que lamentaba el caso de la señora Bellanira Chino Campo y la exhortó a “que me diga qué funcionario la trató mal, y entonces yo procederé administrativamente”.
El viernes después de un año y siete meses desaparecida, y 10 meses después de que encontraron sus restos en una fosa clandestina, la mamá de la joven que trabajaba en una cafetería en Galerías Chilpancingo recibió el cuerpo de su hija.