Estudiantes de la Escuela Normal Regional de la Montaña, ubicada en Tlapa, que demandan material didáctico para utilizarlo en las comunidades marginadas donde realizan sus prácticas, exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que atienda sus demandas en vez de reprimirlos.
En representación de los alumnos de esa escuela, el secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil, Jorge Iván Martínez Ramírez, dijo que es lamentable que el gobierno estatal en vez de atender sus peticiones para que realicen mejor sus prácticas, los mande reprimir, como ocurrió la semana pasada con la detención de sus 37 compañeros de Acapulco.
El dirigente estudiantil intervino este lunes en la conferencia de prensa que se transmitió desde Tlapa por internet, para exigir la libertad del profesor Evodio Pérez Malpica.
El dirigente estudiantil explicó que su lucha es únicamente para exigir material didáctico, que es utilizado en sus comunidades, las más marginadas, “donde desafortunadamente el gobierno estatal no voltea a ver sus carencias y necesidades en la parte educativa”.
Añadió que el material didáctico que están solicitando no es para los estudiantes, sino para llevar una educación de calidad, mediante sus jornadas de prácticas intensivas, que establece el marco curricular de su escuela.
“Sin embargo, en nuestras visitas a Chilpancingo se nos ha negado el diálogo, ese diálogo que tanto publicita el gobierno del estado en sus redes sociales, ya que en lugar de escuchar nuestras necesidades, únicamente se sientan a imponernos lo que ellos quieren”.
Indicó que el gobierno estatal ha dicho siempre que su compromiso es brindar apoyo a quien más lo necesita, “sin embargo, nosotros podemos reiterar que somos víctimas, como normalistas, porque hemos sido perseguidos y acusados de ladrones. Es lamentable que las personas o los delincuentes que se encuentran en las calles no sean castigados, como las personas que buscan un bien por la sociedad y por la educación”.
Aclaró que los estudiantes normalistas no están solicitando celulares de alta gama, ni computadoras costosas, “como la prensa amarillista ha dicho”.
La normal de la Montaña forma parte del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero, que la semana pasada se movilizó en Chilpancingo para exigir material didáctico y también para protestar por la detención de 37 de sus compañeros en Acapulco.
Imagen de los destrozos que causaron integrantes del FUNPEG en la sala en que se atiende a usuarios de la la Secretaría de Finanzas y del Registro Civil en el edificio Juan N. Álvarez. También demandan la entrega de material didáctico a las normales públicas del estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) causaron destrozos en el edificio Juan N Álvarez, en las oficinas de Finanzas y el Registro Civil, también bloquearon dos calles, como protesta contra la detención de sus compañeros de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF) y para exigir material didáctico.
En su segundo día de protestas, a las 3 de la tarde, los normalistas ingresaron al edificio ubicado en el centro de la capital. Ahí rompieron computadoras, las ventanillas de las cajas de cobro, los escritorios de cristal, tiraron archiveros y sillas.
Además, los alumnos, quienes portaban su uniforme pero tenían el rostro cubierto, realizaron pintas con aerosol con las leyendas “FUNPEG vive”, “reunión”, “justicia Acapulco” y “ENUF”.
Los usuarios y trabajadores que estaban en el edificio salieron corriendo, espantados por las acciones de los manifestantes. Después llegaron agentes de la Guardia Nacional, para tomar fotografías de lo que ocurrió.
De acuerdo con versiones de algunas personas que estaban cerca del lugar, los normalistas incendiaron artefactos de fabricación casera afuera del edificio, pero el incendio lo sofocaron algunos comerciantes con sus extintores.
Este jueves, 37 alumnos de la ESEF fueron detenidos y llevados a las instalaciones de la Fiscalía Regional en Acapulco, luego de que intentaron llevarse un autobús de la terminal de la Estrella de Oro.
Bloquean calles
Los alumnos de la Escuela Normal Urbana Federal Rafael Ramírez y la Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano cerraron dos vialidades en la capital, para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda solución a sus demandas, entre ellas, la entrega de material didáctico.
El bloqueo inició minutos antes de las 11 de la mañana, en las calles Cedros y Bugambilias, frente a sus escuelas, ubicadas en el fraccionamiento Jardines del Sur.
Los manifestantes se negaron a dar información, pero colocaron pancartas en las que se leían que piden a la gobernadora solución a su pliego petitorio y rechazaron la represión a sus compañeros.
De acuerdo con el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, los alumnos piden computadoras de alta gama y uniformes de marca.
En el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado otro grupo de normalistas, casi a la misma hora que los estudiantes ingresaron al edificio Álvarez, dieron un posicionamiento.
Dijeron que el jueves, alumnos de la ESEF sufrieron una represión y abuso de autoridad por parte de la Guardia Nacional y de la Fiscalía Regional de Acapulco, a las que responsabilizaron de las consecuencias psicológicas y físicas de sus compañeros debido a las agresiones.
Manifestaron que son estudiantes y “no delincuentes”, que tienen derecho a la libre expresión, sin represión ni amenazas. Dijeron que se dirigían a una actividad “pacífica” con sus compañeros del FUNPEG en Chilpancingo, pero fueron detenidos.
Los normalistas destacaron que sus peticiones son a favor de las escuelas de nivel básico donde realizan sus prácticas profesionales y que no han tenido respuesta por parte de las autoridades educativas.
En un comunicado, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, llamó a los representantes de las normales públicas del estado, agrupados en el FUNPEG, a retomar el diálogo como la vía de atención a sus demandas. Expresó que con los representantes de las generaciones anteriores siempre hubo diálogo y acuerdos.
Manifestó que por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado, el 26 de enero de este año él mismo presidió una reunión de trabajo con los representantes del FUNPEG, en donde llegaron al acuerdo de hacer un calendario de reuniones con cada normal, con fecha, hora y lugar.
Estudiantes del Frente Unido de Normales Pu?blicas del Estado de Guerrero rompieron mobiliario y vidrios en el edificio Juan A?lvarez en Chilpancingo, donde están las oficinas de Finanzas y el Registro Civil y bloquearon dos calles para exigir material didáctico y repudiar la detención de sus compañeros de la Escuela Superior de Educación Física por la Guardia Nacional en Acapulco Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero
Dañan normalistas el edificio Álvarez por la detención de jóvenes de la ESEF
Por segundo día protestan por la acción de la Guardia Nacio-nal contra los estudiantes que trataban de llevarse un camión de la Estrella de Oro en Acapulco
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) causaron destrozos en el edificio Juan N Álvarez, en las oficinas de Finanzas y el Registro Civil, también bloquearon dos calles, como protesta contra la detención de sus compañeros de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF) y para exigir material didáctico.
En su segundo día de protestas, a las 3 de la tarde, los normalistas ingresaron al edificio ubicado en el centro de la capital. Ahí rompieron computadoras, las ventanillas de las cajas de cobro, los escritorios de cristal, tiraron archiveros y sillas.
Además, los alumnos, quienes portaban su uniforme pero tenían el rostro cubierto, realizaron pintas con aerosol con las leyendas “FUNPEG vive”, “reunión”, “justicia Acapulco” y “ENUF”.
Los usuarios y trabajadores que estaban en el edificio salieron corriendo, espantados por las acciones de los manifestantes. Después llegaron agentes de la Guardia Nacional, para tomar fotografías de lo que ocurrió.
De acuerdo con versiones de algunas personas que estaban cerca del lugar, los normalistas incendiaron artefactos de fabricación casera afuera del edificio, pero el incendio lo sofocaron algunos comerciantes con sus extintores.
Este jueves, 37 alumnos de la ESEF fueron detenidos y llevados a las instalaciones de la Fiscalía Regional en Acapulco, luego de que intentaron llevarse un autobús de la terminal de la Estrella de Oro.
Bloquean calles
Los alumnos de la Escuela Normal Urbana Federal Rafael Ramírez y la Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano cerraron dos vialidades en la capital, para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda solución a sus demandas, entre ellas, la entrega de material didáctico.
El bloqueo inició minutos antes de las 11 de la mañana, en las calles Cedros y Bugambilias, frente a sus escuelas, ubicadas en el fraccionamiento Jardines del Sur.
Los manifestantes se negaron a dar información, pero colocaron pancartas en las que se leían que piden a la gobernadora solución a su pliego petitorio y rechazaron la represión a sus compañeros.
De acuerdo con el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, los alumnos piden computadoras de alta gama y uniformes de marca.
En el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado otro grupo de normalistas, casi a la misma hora que los estudiantes ingresaron al edificio Álvarez, dieron un posicionamiento.
Dijeron que el jueves, alumnos de la ESEF sufrieron una represión y abuso de autoridad por parte de la Guardia Nacional y de la Fiscalía Regional de Acapulco, a las que responsabilizaron de las consecuencias psicológicas y físicas de sus compañeros debido a las agresiones.
Manifestaron que son estudiantes y “no delincuentes”, que tienen derecho a la libre expresión, sin represión ni amenazas. Dijeron que se dirigían a una actividad “pacífica” con sus compañeros del FUNPEG en Chilpancingo, pero fueron detenidos.
Los normalistas destacaron que sus peticiones son a favor de las escuelas de nivel básico donde realizan sus prácticas profesionales y que no han tenido respuesta por parte de las autoridades educativas.
En un comunicado, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, llamó a los representantes de las normales públicas del estado, agrupados en el FUNPEG, a retomar el diálogo como la vía de atención a sus demandas. Expresó que con los representantes de las generaciones anteriores siempre hubo diálogo y acuerdos.
Manifestó que por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado, el 26 de enero de este año él mismo presidió una reunión de trabajo con los representantes del FUNPEG, en donde llegaron al acuerdo de hacer un calendario de reuniones con cada normal, con fecha, hora y lugar.
La indígena me’phaa, Paula Durán a su salida de las oficinas de la Codehum donde interpuso una queja contra el director general de la Policía Montada, Eruviel Campos Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La indígena me’ phaa (tlapaneca), Paula Durán, presentó este viernes una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), por hostigamiento y represión laboral en contra del director general de la Policía Montada, Eruviel Campos Guerrero.
La indígena, quien tiene cargo de suboficial y es licenciada en prevención social del delito, es originaria de la comunidad Tonalapa, municipio de Atlixtac y lleva cinco años laborando en el área de caninoterapia de la corporación.
En declaraciones antes de que presentara su queja, denunció que ha sufrido hostigamiento y represión laboral por parte de su director, al grado de que el estrés le ha generado padecimientos como colitis nerviosa y gastritis.
Denunció que como parte de la represión laboral, en días pasados Campos Guerrero divulgó un documento privado para evidenciarla que está recibiendo un tratamiento sicológico, lo cual calificó, además, como un abuso por parte del funcionario.
Explicó que el funcionario no la deja realizar sus actividades que le corresponden, “me obstaculiza para hacerme quedar mal”.
Añadió que lo más grave fue que hace unos días “divulgó información confidencial, porque es un tema de salud sicológica, ya que me entregaron una carta compromiso de evaluación en el C-3 por un tratamiento sicológico, lamentablemente el señor mal utilizó el documento para sus fines, me evidenció ante todos”.
Contó que ese documento solamente ella lo tenía y no sabe cómo se enteró y le exigió una copia. Ella le respondió que sus consultas las iba a realizar fuera de su horario de trabajo, pero el insistió que de todos modos sería confidencial, “pero nunca me imaginé que lo iba a divulgar”.
Explicó que la represión que sufre es parte de la forma de trabajar del funcionario, “presionar a quienes no quieren ser sus incondicionales, hasta que, como dicen ellos (los mandos policiacos) reventarnos”.
Dijo que como ella es una persona que no se presta a ningún juego y que solo quiere realizar su trabajo que le corresponde, “atender a mis pacientes en el área de caninoterapia y nada más, yo no me prestaré jamás para otras cosas”.
Paula, quien apenas se le entiende el español, informó que en la Policía Montada lleva cinco años laborando y que por su actitud de no ser incondicional de nadie, sufrió represión también por el anterior director Julio Cesar Mendoza Martínez.
Contó que por ejemplo ayer cuando se presentó a trabajar el director Eruviel Campos, la mandó llamar y le ordenó que permaneciera en su oficina hasta que le llegara una orden, y cuando le preguntó el porqué, la comenzó a agredir verbalmente.
“Y entonces me decidí que ya debo de poner un alto, que ya debo exigir que se me respete como trabajadora”.
Informó que el actual director es policía raso y que se desempeñaba como escolta del senador Félix Salgado Macedonio, pero que hace aproximadamente un año lo designó como director general de la Policía Montada.
También hizo público su caso mediante una transmisión por Facebook, y recibió el respaldo de otros policías. Uno de ellos escribió: “Qué bueno que la compañera está denunciando y haciendo público estos actos de discriminación y maltrato por parte de sus mandos, estoy seguro que no es la única y que hay muchos casos más dentro de la SSP en todos los niveles, pero esta es la manera y forma en que la sociedad civil y las propias autoridades del Estado se deben enterar, porque muchas veces al no haber denuncia, las agresiones siguen y esos autoritarios continúan en sus puestos de poder con toda impunidad”.
Otro más escribió: “Gracias a Dios por tu valentía compañera; estamos contigo con todos y todas quienes sufren de hostigamiento laboral, los hermanos de sangre azul, nos apoyamos entre nosotros, con unidad y fraternidad, te reiteramos todo el apoyo, estos actos de racismo y clasismo, deben terminar ya!”.
La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, opinó que los movimientos sociales y la represión en la etapa reciente incluidos en los nuevos libros de texto, se cuenta de forma “parcial” porque no se señala a los militares como responsables de ciertos hechos y en otros a los responsables intelectuales.
Desde su punto de vista, no se trata sólo de que se incluya en los libros las represiones, masacres y asesinatos recientes, sino que también se haga justicia en todos los casos y se diga quiénes son los perpetradores, así como que se les lleve ante la ley.
Pero reconoció que el hecho de que estos episodios de la represión estén en los nuevos libros, “es importante, porque las nuevas generaciones deben conocer la historia reciente de México, sus movimientos sociales y la represión que se dio para acallar su lucha”.
Agregó que también sería importante que, si se está incluyendo la guerra de baja intensidad en los años de 1970 con sus más de 500 desaparecidos, con la desaparición de los normalistas, la masacre de Aguas Blancas y la masacre de El Charco, se debe decir que en algunos casos fue el Ejército el responsable.
Mesino Mesino agregó que en las masacres de El Charco y la de Aguas Blancas, la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y los más de 500 desaparecidos, principalmente en el municipio de Atoyac, después del movimiento del profesor Lucio Cabañas Barrientos, los perpetradores fueron miembros del Ejército.
En el caso de la masacre del vado de Aguas Blancas recordó que quien orientó y armó la masacre fue, con todo el apoyo del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, Arturo Acosta Chaparro, un general retirado del Ejército, quien también estuvo involucrado en la represión de la década de 1970.
“Entonces, sí a la historia, pero también se debe decir quiénes fueron los perpetradores y deben incluirse en la historia de México. La historia hay que decirla real y completa”, exigió.
La dirigente de la OCSS declaró que, desde su punto de vista, se está contando una historia parcial porque todas esas masacres estuvieron dirigidas desde el Estado y no fueron aisladas y en el caso de la masacre del vado de Aguas Blancas, fueron dirigidas por la policía y ordenadas por un ahora ex gobernador y un militar en retiro.
Añadió que desde la represión de los años de 1970 fue el Estado quien, para acallar, aplastar y desmovilizar la guerrilla de Lucio Cabañas utilizó al Ejército.
También se refirió a imprecisiones, pues dijo que en el texto del libro se cuenta que cuando fue la masacre de los campesinos de la OCSS en el vado de Aguas Blancas, iban a “participar en una concentración en la que pedirían la presentación con vida de unos de sus compañeros que estaban detenidos, e intentaban llegar al Palacio Municipal de Atoyac”.
Pero recordó que iban a pedir la presentación de su compañero desaparecido, Gilberto Romero Vázquez.
“Yo creo que para escribir la historia hay que ser precisos y conocer los hechos reales. El compañero Gilberto fue desaparecido el 24 de mayo de 1995 y la organización protestaba para su presentación, pero también por el cumplimiento de demandas de insumos y obras que estaban pendientes”.
Mesino declaró que la derecha en México “está enfurecida” porque se están incluyendo estos episodios de la historia en los libros, “pero este nuevo gobierno está omitiendo, a fin de cuentas, los nombres de los perpetradores que cometieron las masacres, las desapariciones y la represión”.
Dijo que se omite que en todas estas masacres el responsable fue el Estado, para acallar la protesta social.
Denunció que actualmente se está viviendo una situación ingobernable y se está llegando a un estado de excepción, “porque no tenemos gobierno, pues ¿a quién te diriges si los responsables de las desapariciones, robos, secuestros son los perpetradores del pasado? Por eso estamos viviendo una situación crítica”.
Para la dirigente de la OCSS no se trata sólo de que se incluya en los libros las represiones, masacres y asesinatos recientes, sino que también se haga justicia y se digan quiénes son los perpetradores y se les juzgue.
Añadió que actualmente, el gobierno está rebasado por la violencia debido a la impunidad en que quedaron los responsables de la violencia del pasado. “Por eso, ahora vivimos una situación caótica y peor, nunca un movimiento guerrillero secuestro, quemó, desapareció como lo están haciendo ahora los grupos delictivos con el apoyo del gobierno”, denunció.
Mesino Mesino reprochó que en este gobierno hay una agenda pendiente en materia de derechos humanos y de justicia, en casos como el asesinato del diputado local del PRD, Armando Chavarría Barrera, y de los dirigentes sociales Ranferi Hernández Acevedo, su hermana Rocío Mesino y Luis Olivares, todos que quedaron en la impunidad.
Chilpancingo
A pesar de que señaló algunas imprecisiones en los datos, la hija del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas, consideró que “es honroso” que la represión durante la guerra sucia se haya incluido en los libros de texto.
“Como hija del maestro, siempre he buscado el reconocimiento y que se dé a conocer su lucha, porque es importantísimo que los jóvenes conozcan la historia de los movimientos sociales, porque si no conocemos nuestro pasado y nuestras raíces, estamos condenados a seguirlo repitiendo”, explicó.
Dijo que han habido muchas atenuantes y que mucha gente está en desacuerdo, porque piensan que se está politizando la educación, “pero no, al contrario, es parte de nuestra historia y hay que darla a conocer”, declaró por teléfono la representante en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“De parte de la familia Cabañas y de la mía, nos parece que es honroso, es dignificante, es una forma de darnos a nosotros un poco de justicia y se reconoce la lucha de muchos luchadores sociales, que han dejado un legado a nuestro estado y a nuestro país”, destacó.
Explicó que se trata de luchas dignas, porque fueron por mejores condiciones de vida y no por poder.
Pero criticó que los libros tengan imprecisiones en algunos datos, uno de ellos es el que menciona que “un grupo de jóvenes, encabezados por Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y algunos políticos locales, formaron la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), pues recordó que su padre no perteneció a esta agrupación”.
“En ese contexto, se tendría que hacer un buen análisis para decir que fueron luchadores sociales en su tiempo y en su momento y que, a su vez, cada quien formó sus propias organizaciones; fue Genaro el que formó la ACG y el maestro Lucio, el Partido de los Pobres”, recordó.
Exigió: “Hay que decirlo bien y muy puntual, porque al historiador le faltó definir esos puntos; sin embargo, no deja de ser honrosa su inclusión”.
Micaela Cabañas reconoció que no está “muy de acuerdo” con algunas partes del texto, en lo que se refiere a la dignificación del legado que dejaron quienes participaron en los movimientos, que el historiador debería pensar muy bien y ser muy responsable en el mensaje que se quiere dar a los jóvenes. Explicó que éste siempre debe ser positivo.
Declaró que deben deslindarse bien las organizaciones en las que participaron Genaro y Lucio, además de que se les dé lugar a cada quien.
Criticó que también en otra parte se les presenta como a un grupo de jóvenes que, “como que no tenían ideología y que se unieron para dar una lucha”, pero aclaró que ambos luchadores sí tenían una ideología y lucharon por ella.
Opinó que las imprecisiones son porque, quienes hicieron los libros de texto, no pidieron la opinión a los familiares y a quienes de verdad conocen la historia.
La representante de la CNDH en Guerrero informó que es evidente que tampoco consultaron la recomendación 98/2003, “donde está la historia real y contada como debe ser y lo que pasó”.
Recordó que en esa recomendación, su padre Lucio Cabañas pasa de ser un gavillero, robavacas y guerrillero, a una víctima del Estado. Insistió en que todas estas situaciones se debieron haber tomado en cuenta en los libros.
Informó que como familia preparan un documento en el que fijarán su postura, en la que participan Pablo y David Cabañas, sus tíos. Informó que en el documento contarán la historia real del maestro Lucio.
Explicó que si bien no lo harán para que se incluya en los libros, si como una propuesta, con miras a que se tome en cuenta después, “porque estamos conscientes que no podemos echar abajo todo el trabajo que se ha hecho”.
Acotó que es respetuosa de las instituciones y que ama mucho lo hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que lógicamente la gente tiene sus errores y que por parte de la familia Cabañas quiere apoyar con información veraz de lo que debió haber sido, debió ser y estar en los libros.
Policías estatales desalojan a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa de la autopista, cerca de la sede del Congreso del Estado Foto: José Luis de la Cruz
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Policías estatales con equipo antimotines, piedras y gas lacrimógeno impidieron que alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa protestaran en la Autopista del Sol, en Chilpancingo; en respuesta, los normalistas lanzaron cohetones. Hubo seis estudiantes y tres policías lesionados.
Minutos antes de las 5 de la tarde, llegaron a Chilpancingo los alumnos provenientes de Tixtla, a bordo de tres autobuses de empresas privadas, donde dijeron que protestarían porque las autoridades educativas no han cumplido con su pliego petitorio.
Los policías estatales, apoyados por la Guardia Nacional, bloquearon casi media hora el sentido norte-sur, en los carriles centrales de la autopista y la lateral, para evitar que los alumnos avanzaran hacia el cruce con la carretera federal, donde el martes bloquearon dos horas la vialidad.
Ahí, los normalistas no descendieron de los autobuses, pero uno ellos se asomó por la ventana e informó que no estaban actuando de manera radical. Detalló que desde que ingresaron a la autopista, en el entronque de Tierras Prietas, sufrieron el hostigamiento por parte del gobierno estatal.
El alumno manifestó que este miércoles no bloquearían la vialidad y sólo realizarían un mitin, pero consideró que no es “justo” el hostigamiento por parte de las autoridades.
Dijo que el gobierno estatal le apuesta a que continúen las agresiones contra los normalistas, como fue en 2011, cuando fueron asesinados sus compañeros Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, o en 2014 en Iguala, donde tres de sus compañeros fueron ejecutados y 43 más desaparecidos.
El estudiante, en nombre de sus compañeros, informó que responsabilizaban al gobierno estatal, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, si algo les llega a pasar.
El alumno fue interrumpido por el subsecretario de Prevención y Operación Policial, Irvin de Jesús Jiménez Sánchez, vestido de civil, quien le dijo: “Ya cállate con lo mismo”.
Por su parte, el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que ya se atendieron las demandas de los alumnos y que este miércoles tenían programada una reunión a las 5:30 de la tarde, “no entiendo por qué los alumnos realizan esta actividad”, aseguró.
Justificó que el repliegue de los agentes asegurando que es una demanda de la ciudadanía que ya no se permitan bloqueos porque afectan el libre tránsito, “hay personas que necesitan ser atendidas por su salud, es una acción en conjunto con los gobiernos federal y estatal, para no permitir bloqueos en las vías federales”.
El director de Gobernación dijo que desconocía cuáles eran las demandas de los alumnos, pero reiteró que ya las están atendiendo.
Desalojo
Los normalistas pidieron retornar para regresar a su escuela y los agentes aceptaron, pero cerca del Congreso del Estado los alumnos descendieron de los autobuses; entonces, los antimotines se formaron para iniciar el desalojo.
El cierre de la vialidad fue total, en ambos sentidos, y duró alrededor de 20 minutos. Lo que duró el enfrentamiento.
Los agentes lanzaron a los jóvenes gas lacrimógeno y piedras. En su huida, los alumnos respondieron arrojándoles cohetones.
Los normalistas subieron a dos autobuses, pero no lograron llevarse el tercero, quedando en resguardo de la Policía Estatal.
Condenan normalistas
la represión
En su página oficial de Facebook, los alumnos condenaron la agresión que sufrieron por parte de la Policía Estatal.
Informaron que pedían una mesa resolutiva para que se atendieran sus demandas de mejoramiento de infraestructura educativa, equipo de primeros auxilios, mantenimiento de la alberca, el cambio de tuberías y material de cocina.
Dijeron que como la normal es un internado, tienen varias necesidades, también solicitaron la reparación del consultorio dental, técnicos para ampliar el sistema de internet, entre otras demandas.
Manifestaron que los oficios de petición fueron entregados, recibidos y firmados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero no han cumplido.
Además, los normalistas denunciaron que Irvin de Jesús Jiménez Sánchez se portó prepotente con ellos.
Informaron que cuando pretendían realizar un mitin, a unos metros del Congreso del Estado, en la Autopista del Sol, pero los policías se mostraron prepotentes y no priorizaron el diálogo.
Por el desalojo, detallaron que resultaron lesionados seis normalistas, “subiremos evidencia de lo sucedido”, dijo uno de los alumnos.
Se activó el protocolo
de disuasión: SSP
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que la tarde de este miércoles se activó el protocolo de disuasión con un grupo de manifestantes, quienes impedían el libre tránsito en el bulevar Vicente Guerrero, vía que conecta con la Autopista del Sol.
Antes de esta acción, el personal de la Policía Estatal, así como representantes de la Secretaría General de Gobierno y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tuvieron un acercamiento con las personas, a quienes se les pidió liberar la vialidad.
Al obtener una respuesta negativa para permitir la libre circulación de la ciudadanía, sobre esta vía de alta prioridad, la Policía Estatal procedió al repliegue.
Durante estos hechos, tres agentes policiales resultaron con lesiones leves, a causa de petardos y piedras que les fueron lanzados por los manifestantes.
“En el lugar se mantiene presencia de la Policía Estatal, para garantizar el libre tránsito”, se leía en un comunicado.
Denuncia José Filiberto que quisieron quitarle el teléfono
El sacerdote y director del Centro de Derechos de Víctimas de Violencia Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, denunció que cuando transitaba por la lateral de la autopista se percató del desaojo y comenzó a grabar con su celular a policías estatales que recogían piedras para lanzárselas a los normalistas.
En el video que envió el sacerdote, se puede observar que un grupo de policías corre y uno de ellos toma piedras, al ver que Velázquez Florencio los filmó, uno de los agentes le dijo: “está grabando ese (…) quítale el teléfono”.
Seis estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y tres agentes resultaron lesionados durante el enfrentamiento que se suscitó enfrente del edificio del Congeso del Estado luego de que policías estatales apoyados por elementos de la Guardia Nacional impidieron que los alumnos bloquearan la Autopista del Sol para exigir el mejoramiento de infraestructura educativa, equipo de primeros auxilios, mantenimiento de la alberca, el cambio de tuberías y material de cocina Foto: José Luis de la Cruz
Usan policías piedras y gas lacrimógeno para impedir que normalistas bloquearan la autopista
Los alumnos de Ayotzinapa les responden lanzando cohetones. Informan que la protesta es porque las autoridades educativas no han cumplido con su pliego petitorio y consideran que no es “justo” el hostigamiento por su parte. Hay seis lesionados, dicen los estudiantes y los policías hablan de tres
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Policías estatales desalojan a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa de la autopista, cerca de la sede del Congreso del Estado Foto: José Luis de la Cruz
Policías estatales con equipo antimotines, piedras y gas lacrimógeno impidieron que alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa protestaran en la Autopista del Sol, en Chilpancingo; en respuesta, los normalistas lanzaron cohetones. Hubo seis estudiantes y tres policías lesionados.
Minutos antes de las 5 de la tarde, llegaron a Chilpancingo los alumnos provenientes de Tixtla, a bordo de tres autobuses de empresas privadas, donde dijeron que protestarían porque las autoridades educativas no han cumplido con su pliego petitorio.
Los policías estatales, apoyados por la Guardia Nacional, bloquearon casi media hora el sentido norte-sur, en los carriles centrales de la autopista y la lateral, para evitar que los alumnos avanzaran hacia el cruce con la carretera federal, donde el martes bloquearon dos horas la vialidad.
Ahí, los normalistas no descendieron de los autobuses, pero uno ellos se asomó por la ventana e informó que no estaban actuando de manera radical. Detalló que desde que ingresaron a la autopista, en el entronque de Tierras Prietas, sufrieron el hostigamiento por parte del gobierno estatal.
El alumno manifestó que este miércoles no bloquearían la vialidad y sólo realizarían un mitin, pero consideró que no es “justo” el hostigamiento por parte de las autoridades.
Dijo que el gobierno estatal le apuesta a que continúen las agresiones contra los normalistas, como fue en 2011, cuando fueron asesinados sus compañeros Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, o en 2014 en Iguala, donde tres de sus compañeros fueron ejecutados y 43 más desaparecidos.
El estudiante, en nombre de sus compañeros, informó que responsabilizaban al gobierno estatal, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, si algo les llega a pasar.
El alumno fue interrumpido por el subsecretario de Prevención y Operación Policial, Irvin de Jesús Jiménez Sánchez, vestido de civil, quien le dijo: “Ya cállate con lo mismo”.
Por su parte, el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que ya se atendieron las demandas de los alumnos y que este miércoles tenían programada una reunión a las 5:30 de la tarde, “no entiendo por qué los alumnos realizan esta actividad”, aseguró.
Justificó que el repliegue de los agentes asegurando que es una demanda de la ciudadanía que ya no se permitan bloqueos porque afectan el libre tránsito, “hay personas que necesitan ser atendidas por su salud, es una acción en conjunto con los gobiernos federal y estatal, para no permitir bloqueos en las vías federales”.
El director de Gobernación dijo que desconocía cuáles eran las demandas de los alumnos, pero reiteró que ya las están atendiendo.
Desalojo
Los normalistas pidieron retornar para regresar a su escuela y los agentes aceptaron, pero cerca del Congreso del Estado los alumnos descendieron de los autobuses; entonces, los antimotines se formaron para iniciar el desalojo.
El cierre de la vialidad fue total, en ambos sentidos, y duró alrededor de 20 minutos. Lo que duró el enfrentamiento.
Los agentes lanzaron a los jóvenes gas lacrimógeno y piedras. En su huida, los alumnos respondieron arrojándoles cohetones.
Los normalistas subieron a dos autobuses, pero no lograron llevarse el tercero, quedando en resguardo de la Policía Estatal.
Condenan normalistas
la represión
En su página oficial de Facebook, los alumnos condenaron la agresión que sufrieron por parte de la Policía Estatal.
Informaron que pedían una mesa resolutiva para que se atendieran sus demandas de mejoramiento de infraestructura educativa, equipo de primeros auxilios, mantenimiento de la alberca, el cambio de tuberías y material de cocina.
Dijeron que como la normal es un internado, tienen varias necesidades, también solicitaron la reparación del consultorio dental, técnicos para ampliar el sistema de internet, entre otras demandas.
Manifestaron que los oficios de petición fueron entregados, recibidos y firmados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero no han cumplido.
Además, los normalistas denunciaron que Irvin de Jesús Jiménez Sánchez se portó prepotente con ellos.
Informaron que cuando pretendían realizar un mitin, a unos metros del Congreso del Estado, en la Autopista del Sol, pero los policías se mostraron prepotentes y no priorizaron el diálogo.
Por el desalojo, detallaron que resultaron lesionados seis normalistas, “subiremos evidencia de lo sucedido”, dijo uno de los alumnos.
Se activó el protocolo
de disuasión: SSP
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que la tarde de este miércoles se activó el protocolo de disuasión con un grupo de manifestantes, quienes impedían el libre tránsito en el bulevar Vicente Guerrero, vía que conecta con la Autopista del Sol.
Antes de esta acción, el personal de la Policía Estatal, así como representantes de la Secretaría General de Gobierno y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tuvieron un acercamiento con las personas, a quienes se les pidió liberar la vialidad.
Al obtener una respuesta negativa para permitir la libre circulación de la ciudadanía, sobre esta vía de alta prioridad, la Policía Estatal procedió al repliegue.
Durante estos hechos, tres agentes policiales resultaron con lesiones leves, a causa de petardos y piedras que les fueron lanzados por los manifestantes.
“En el lugar se mantiene presencia de la Policía Estatal, para garantizar el libre tránsito”, se leía en un comunicado.
Denuncia José Filiberto que quisieron quitarle el teléfono
El sacerdote y director del Centro de Derechos de Víctimas de Violencia Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, denunció que cuando transitaba por la lateral de la autopista se percató del desaojo y comenzó a grabar con su celular a policías estatales que recogían piedras para lanzárselas a los normalistas.
En el video que envió el sacerdote, se puede observar que un grupo de policías corre y uno de ellos toma piedras, al ver que Velázquez Florencio los filmó, uno de los agentes le dijo: “está grabando ese (…) quítale el teléfono”.
Trabajadores del Sindicato Sentimientos de la Nación en conferencia de prensa en la puerta principal del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Fernando Martínez Román, secretario general del sindicato Sentimientos de la Nación, de trabajadores del Congreso local, denunció que ya son tres quincenas las que se les deben a los tres despedidos, y demandó a los diputados no ser cómplices con su silencio de “las represiones” a los agremiados y pronunciarse respecto al conflicto laboral que persiste con la administración del Poder Legislativo que encabeza la morenista Yoloczin Domínguez Serna, como presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Informó que no se han liberado los pagos de los tres trabajadores despedidos, incluido el suyo: “este Congreso lo encabeza una represora, hemos pedido estabilidad laboral y nos han suspendido los pagos, hemos pedido diálogo y hay denuncias en el Ministerio Público”.
El dirigente, acompañado de representantes de diferentes sindicatos, dijo que la presidenta de la Jucopo no cumple con los principios de Morena, porque no se está respetando los derechos de los trabajadores agremiados: “tenemos nuestra toma de nota, firme, sustentada”, porque cumplieron con los requisitos para conformarse como sindicato.
Fernando Martínez dijo que “con una facilidad, una soberbia y una represión, porque eso es lo que es la presidenta de la Junta, una represora, de manera natural y perversa destituye a los compañeros, les suspende el salario. Esa clase de políticos no genera confianza al pueblo de Guerrero, está bien marcada la represión”.
Demandó a los coordinadores de los grupos parlamentarios a que manifiesten una postura respecto a la “represión” de la presidenta de la Junta Política del Congreso local (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, contra los trabajadores: “les hacemos un llamado respetuoso, que fijen una postura, porque con mantener silencio también abonan a la represión, que se definan si están a favor o en contra de la base trabajadora”.
Nuevamente llamó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda: “los trabajadores somos pueblo, ayúdanos, fue una mala decisión poner a esta señora represora que lo único que ha hecho es reprimir a los trabajadores”, aunque después señaló que no piden la destitución de nadie sino que se respeten los derechos de los sindicalizados.
Del respaldo de nueve de los 22 diputados de Morena, dijo que están a la espera de que el tema se hable al interior del grupo parlamentario y que ellos sean el puente de comunicación con la presidenta de la Junta.
También aseguró que la demanda principal del sindicato es la reinstalación de los tres despedidos, que son precisamente él como secretario general, Ramón Núñez Campos y Alondra Reza Arzola, y el pago de sus salarios.
En la conferencia en la entrada del estacionamiento del Congreso local estuvo Ramón Núñez, quien era chofer y que a pesar de que ahora está laborando en la oficina del diputado morenista Joaquín Badillo Escamilla no se le han pagado tres quincenas; ahí estuvo pidiendo cooperación voluntaria.
Fernando Martínez señaló que el tema de las 63 bases a las que el tribunal dio marcha atrás no las están demandando en este momento porque ese será un tema que decida precisamente el tribunal.
Los representantes de sindicatos que acudieron a la conferencia llamaron a Yoloczin Domínguez a detener la represión en contra los trabajadores y a reconsiderar su decisión de “dejar a tres familias sin su sustento”, lo cual consideraron que es un claro acto de represión.
Otra de las presentes en la conferencia llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que observe cómo se comportan los representantes de Morena en el estado y en particular en el Congreso “porque los preceptos de la Cuarta Transfor-mación sólo los representa él”.
En la conferencia otro de los asistentes señaló que el 3 de marzo cuando se reunieron con el senador Félix Salgado Macedonio, se comprometió a que ese mismo día quedaría resuelto el problema, pero no pasó.
Acompañaron la conferencia representantes de los sindicatos del Colegio de Bachilleres, de trabajadores académicos de la UAG, de Bomberos, el de trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo (SITACH), del CECyTEG, y del DIF, quienes dijeron que ven a Yoloczin Domínguez “como una niña caprichosa que no quiere resolver esta situación”.
El senador por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, afirmó que no existe persecución alguna contra algún medio de comunicación o un representante de los mismos y se vive libertad de expresión.
Desde su participación en la tribuna del Senado de la República, el morenista aseveró que en la actualidad se puede hablar abiertamente, incluso del presidente de la República.
“Miren lo que pueden decir del presidente, lo que quieran. No hay persecución contra ningún medio de comunicación ni contra ningún comunicador, contra nadie”.
Como parte de la aprobación del dictamen por el que se abroga la Ley sobre Delitos de Imprenta, que data desde 1917, Félix Salgado cuestionó las razones por las cuales existió la demora en dicha decisión.
“Me congratulo que hayamos aprobado la abrogación de esta ley arbitraria, mordaza, que desde el 12 de abril de 1917 la teníamos en nuestro país y también me pregunto, ¿por qué hasta ahora?”.
De igual forma, aseguró que la Ley sobre la cual se aprobó su abrogación, funcionaba para los gobiernos como un método de represión en contra de los medios de comunicación.
“¿Por qué hasta ahora nos estamos dando el privilegio de gozar una verdadera libertad de expresión? ¿Cuántos años tuvimos como un yugo esta ley? Que era utilizada por los gobiernos, para reprimir, para castigar, para encarcelar a las plumas y a las voces demócratas”, dijo.
Señaló que existía una relación profunda entre los medios de comunicación y gobiernos, incluyendo dádivas por parte de la parte gubernamental con el objetivo de condicionar la información.
“Había una relación prostituida, entre medios de comunicación y gobierno. Había que pagar a medios de comunicación para que no saliera una nota o había que pagar a medios de comunicación, para que saliera lo que yo digo, lo que me conviene”.
Argumentó que la conferencia de prensa matutina realizada por el presidente López Obrador funciona como un ejercicio de comunicación e información para la población en general.
También indicó que, el presidente ha sido de los impulsores para la abrogación de la ley en cuestión. Solicitó que los medios de comunicación no capten recursos exclusivamente del gobierno, sino de su trabajo.
“Hoy estamos viviendo momentos de libertad en cuanto a la expresión de la palabra, la palabra escrita o la palabra hablada o la televisión, como nunca. El medio de comunicación debe vivir de su trabajo, de su venta, más no del gobierno, se acabó esa relación”.
Señaló que desde su perspectiva, la relación monetaria que pueda llegar a existir entre medios de comunicación con el gobierno, debe limitarse a difundir obras, acciones o comunicados.
“Una cosa es, que el gobierno pague a los medios para difundir obras y acciones de gobierno, comunicados que tenga que hacer el gobierno. Pero no para someter, no para someter”.
Recordó que como parte de su etapa profesional, participó en los medios de comunicación en el estado de Guerrero, incluso diciendo que llegó a ser denunciado por difamación, cuestión que afirmó, no existirá a partir de la abrogación.
“Yo fui muchas veces denunciado, yo fui director de dos medios de comunicación en Guerrero y padecimos esta daga, esta espada y nos denunciaban por difamación de honor, de todo y ahora ya no, habrá absoluta libertad”, comentó Salgado Macedonio.
