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El Ejército en labores de seguridad es “violencia simbólica”, por su pasado: Rosa Icela Ojeda

El panel Violencia y construcción de paz, del seminario Violencias, desapariciones y desplazamiento forzado interno, en dónde participaron Rafael Esquivel Rosas, de la maestría en Ciencias para la Paz de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la investigadora de IIEPA de la UAG, Rosa Icela Ojeda, ayer en la Facultad de Derecho de la UAG en Acapulco Foto: Carlos Carbajal

Daniel Velázquez

La presencia del Ejército como garante de la seguridad pública en un estado como Guerrero, representa “violencia simbólica”, y renueva “la memoria del miedo y el terror”, afirmó la politóloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rosa Icela Ojeda Rivera, en el panel Violencia y Construcción de Paz.
Este jueves comenzaron las actividades del Cuarto Seminario Internacional de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales (Relades) 2023, con el título Violencias, desapariciones y desplazamiento forzado interno. Ojeda Rivera participó en el panel con la ponencia Salir de la violencia y construir la paz.
El panel se llevó a cabo en la sala de juicios orales de la Facultad de Derecho en Acapulco de la UAG.
Ojeda Rivera reprochó que se confió en el cambio democrático para que los asuntos de seguridad pública fueran de seguridad ciudadana, pues instituciones como el Ejercito y la Marina “están formadas para la seguridad internacional, la seguridad del país, por lo tanto responde a una lógica de atacar la violencia por medio de la violencia, pero además no tienen en sus procesos de formación el respeto a los derechos humanos”.
“Lo que seguimos viendo en entidades como Guerrero donde ha habido un peso muy fuerte y muy importantes en las desapariciones y violaciones de los derechos humanos históricamente administrado por la presencia de militares, en menor medida de marinos, algunas grandes violaciones”, las cuales podría mencionar, pero no era el tema de la ponencia.
“Esto, (la presencia de militares en seguridad pública) en estados como Guerrero, lo que hace es incrementar la violencia simbólica, este es un estado que ha tenido restricciones de libertades muy fuertes, desapariciones colectivas muy fuertes como la de los 43 recientemente, además de todas las desapariciones y una historia larga de agravios y de terrorismo de estado, no de Guerra sucia”.
Y aclaró que no se refiere a la Guerra sucia sino a terrorismo de estado, porque “la guerra es cuando hay dos oponentes que tienen mas o menos equilibrada la misma fuerza, aquí no había equilibrada la misma fuerza, aquí fue terrorismo estatal, esta memoria está presente en Guerrero y está presente en la cultura que ahora una política de seguridad nos vuelva a traer a los militares y a los marinos, que sean ellos los que están interviniendo de manera cotidiana, lo que hace es renovar esta memoria de miedo y de terror y no puede haber democracia con miedo y con terror”.
Las fuerzas armadas, señaló, “están hechas para defensa de la nación, no están hechas para los derechos humanos, no están hechas para una investigación del delito porque su lógica, estructura y formación corresponde a otros intereses”.
Otra observación que hizo la es que las universidades han normalizado el estudio de autores que avalan el uso de la violencia institucional. En el caso de la UAG que está en un contexto de violencia y que debiera tener un registro de los hechos de violencia en la entidad.

Ocupar el espacio público

Ojeda Rivera destacó la fuerza del movimiento de mujeres en Argentina contra la dictadura que gobernó ese país de 1976 a 1983, el de las madres y después las abuelas de la Plaza de Mayo que con un pañuelo blanco “armaron una revolución que no hemos visto en el resto de los países donde hubo el mismo nivel de crueldad, de desaparición, de asesinatos, ahí fue el país donde la sociedad civil, desde un tribunal civil juzgó a los militares que provocaron estas muertes”.
En sus conclusiones Ojeda Rivera insistió en que la seguridad de los ciudadanos debe estar a cargo de instituciones que promuevan la recuperación del espacio público y las libertades, y no por fuerzas castrenses formadas para la guerra y la práctica de la violencia. También deben existir políticas públicas de prevención “dirigidas a modificar la cultura poniendo énfasis en la educación y en la reconstrucción del estado de derecho”. Otra de sus propuestas es construir la Cátedra UNESCO para la paz y los derechos humanos en Guerrero.
En otro panel, el investigador italiano Carmelo Nigro expuso en su ponencia Dinámica de las violencias y experiencias sociales e institucionales de atención y prevención que “la pacificación en el mundo es la victoria de una visión hegemónica del mundo liberado”.
Abundó: “la paz entendida como una situación real que garantice la participación política en naturalidad no ha sido abordada en lo absoluto, en su lugar se logrado, con relativo éxito, ocultar los conflictos permanentes”.
En el panel también participó el estudiante de la maestría en Ciencias para la Paz de la Universidad Mexiquense del Bicentenario Rafael Esquivel Rosas con el tema de la construcción de paz, los derechos humanos, la dignidad humana y relación con la creación del centro cultural en Santa Cruz Cuauhtenco, Zinacantepec en 2023.
Las actividades del seminario continuarán hoy jueves y mañana viernes.

 

Marchan maestros y organizaciones en Acapulco y la capital contra las reformas y ley de seguridad

Maestros de educación básica, media superior y superior, trabajadores de Teléfonos de México y activistas, agremiados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), marcharon en Acapulco y Chilpancingo para rechazar las reformas estructurales, la Ley de Seguridad Interior y por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Participaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), las secciones 14 y 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), las secciones 21 y 69 del Sindicato de Telefonistas, el Frente Estatal de Preparatorias Populares, la Asociación Civil Cejobasa, el Frente Progresista Guerrerense y de la Asamblea Nacional Popular (ANP), como parte de un acuerdo de la UNT para defender los derechos laborales.
A las 5 de la tarde, en Acapulco, 800 personas marcharon por la avenida Costera, del Asta Bandera a la glorieta de la Diana, donde en un mitin de media hora se manifestaron en contra de las reformas estructurales y llamaron a los ciudadanos razonar el voto en el próximo proceso electoral.
En el trayecto, los participantes llevaban lonas y pancartas de rechazo a las reformas neoliberales, la educativa, laboral, Ley de Seguridad Interior, la cual dijeron será utilizada como “mecanismo perverso con miras al próximo proceso electoral”.
Uno de los participantes del contingente fue atropellado por un vehículo particular frente a un negocio, adelante del centro comercial Gran Plaza, y recibió atención de oficiales de la Policía Turística, mientras se resolvía la situación.
En el mitin, el representante de la sección 14 del SUSPEG, José Luis García Benítez, se pronunció porque en el próximo proceso electoral se elimine “el régimen corrupto, por eso en el sindicato estamos resueltos a que vamos apoyar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia”. Mientras que el secretario general de la sección 21 del Sindicato de Telefonistas, Roldofo Radilla Regalado, precisó que las organizaciones se habían manifestado por su lado, pero “a partir de este año, todas las organizaciones marcharemos por un solo bloque”.
La representante de la CETEG, Adolfina Bautista Vázquez, precisó que la marcha se hizo en todo el país para defender los derechos de los trabajadores y “las organizaciones populares, sociales y educativas nos estamos uniendo para defendernos de tanta agresión laboral, que nos da ese resultado de aplicación y derogación de las reformas estructurales”.
También habló Felipe Flores, quien fue uno de los voceros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota y llamó a las organizaciones sociales a la unidad, a no permitir que sigan los “gobierno corruptos” que están saqueando México. “Tenemos que luchar juntos y hacer conciencia y la oportunidad de cambiar el régimen”.

Dos marchas en Chilpancingo

A las 5:30 de la tarde, unos 300 manifestantes marcharon de la alameda de Chilpancingo a la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac. En el camino sus voces gritaban al unísono: “Trabajadores unidos, jamás serán vencidos”, “luchar, vencer, el pueblo al poder”, “el pueblo unido, jamás será vencido” y “no somos todos, nos faltan 43”.
Encabezaron el contingente el secretario general de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero; la secretaria general de la sección 18 del SUSPEG, María Adelita Radilla López; el secretario general del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes; la secretaria general de la sección 69 del Sindicato de Telefonistas, Erika Sevilla Lucas, y el representante de la región Centro del Sutcobach, Odón Rodríguez Mendoza, quienes participaron en el mitin en el Zócalo capitalino, donde llamaron a las organizaciones a permanecer unidas.
Los dirigentes de las organizaciones coincidieron en que la Ley de Seguridad Interior fue creada para darle fin a las luchas sociales y magisteriales; además de que el Estado pretende imponer al precandidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, que forman el PRI, PVEM y Panal, José Antonio Meade Kuribreña, como el próximo presidente en el proceso electoral de este año.
Ramírez Perulero informó que la marcha se llevó a cabo por acuerdo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la UNT, para exigir que se respeten los derechos laborales de los trabajadores del país, así como fomentar la unidad de los sindicatos y organizaciones, pues en mayo se podría concretar una huelga nacional en contra de la represión, violaciones y hostigamiento laboral, así como para exigir seguridad.
Por la mañana, unos 500 integrantes de la CETEG y la sección 18 del SUSPEG marcharon y protestaron en la sede de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde desalojaron a algunos de los trabajadores y protestaron para exigir justicia para Misael Núñez Acosta, asesinado el 30 de enero de 1981 por hombres contratados por el SNTE, debido a que encabezaba la lucha por la defensa de la educación y su labor afectaba principalmente a Elba Esther Gordillo Morales.
Los maestros llegaron a la sede de la sección 14 del SNTE gritando “alerta, camaradas, alerta, profesores, que haremos una hoguera de charros y traidores”, mientras que una comisión indicó a los trabajadores que se encontraban en el estacionamiento y la explanada de las instalaciones que debían desalojar las oficinas; sólo los que estaban dentro del edificio se negaron a salir, aun cuando los manifestantes rompieron el vidrio de la puerta principal y trataron de forzarla.
En la acción, Ramírez Perulero aseguró que el SNTE está formado por “charros” y “simuladores” que “nunca nos han representado, nunca han visto por nuestros derechos”. Reprobó el Congreso que se avecina en el sindicato y aseguró que el magisterio disidente “digno”, no permitirá que se concrete.
También exigió justicia para Núñez Acosta y llamó a los agremiados de la sección 14 del SNTE a unirse a la lucha magisterial en contra de la reforma educativa. Advirtió que si los sindicalistas continúan sirviendo a las autoridades, los manifestantes volverán a las instalaciones y la siguiente visita “no será cordial”.
Después, los maestros marcharon a la Ciudad Judicial, donde se manifestaron en contra de la Ley de Seguridad Interior, exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y seguridad en Guerrero.

 

Repudian padres de los 43 de Ayotzinapa la Ley de Seguridad Interior a 39 meses de los ataques de Iguala

En la conmemoración de tres años tres meses de la desaparición forzada de sus hijos, padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa advirtieron que, con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI), los mexicanos están expuestos a más represión y a que se repitan casos como el de los normalistas.
En el café Zapata Vive, ubicado cerca del centro de la Ciudad de México, activistas, poetas, cantantes y representantes de organizaciones como La Sexta de Chiapas, con integrantes del movimiento que exige la presentación con vida de los estudiantes, participaron en un acto político-cívico-cultural, para exigir la presentación de los jóvenes y recordar que a 39 meses no hay verdad ni justicia por los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Después de una misa, algunos padres del movimiento y activistas repudiaron la Ley de Seguridad Interior,  que ven en relación con la línea que muestra al Ejército como omiso los días 26 y 27 de septiembre, cuando los 43 normalistas fueron desaparecidos, presuntamente por policías municipales de Cocula, Iguala y Huitzuco, y agentes federales, con integrantes de la delincuencia organizada.
Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez Telumbre, uno de los 43 desaparecidos, opinó que “con la Ley de Seguridad Interior se están protegiendo de algún modo ellos mismos, (los ex presidentes Carlos) Salinas de Gortari y Felipe Calderón, este actual presidente (Enrique Peña Nieto), no podemos permitir esta ley para protegerlos cuando viene todo un golpeteo contra nosotros”.
Consideró que “no nos podemos manifestar, ir a las marchas, irnos a parar sólo a metros de distancia, porque nos están mandando a corporaciones policiacas. El país está lleno de militares, a cualquier punto que vayamos ya no vamos a tener derechos, se les va a permitir entrar a nuestras casas, pisotearnos”.
En el recinto, donde se organizan varios actos culturales, sobre todo de protesta, había gallardetes con el nombre y retratos de los 43. Organizaciones solidarias con el movimiento que mantiene movilizaciones desde hace tres años tres meses, bordaron servilletas con los nombres de los desaparecidos, que fueron colocadas en el local. También hubo música de protesta para acompañar las mesas.
En la mesa donde los padres hablaron de la LSI, Rodríguez consideró que la legislación “está a un hilo colgando, la podemos derrumbar, tenemos que salir a las calles a hacer conciencia, sabemos lo que el gobierno nos está haciendo, y hay mucha gente indiferente, pero también están las personas dignas, la gente que pelea por una vida de encontrar a 43 normalistas”.
Para el padre de familia, “si encontramos a los 43 vamos a encontrar a muchos; sabemos que los militares los tienen, sabemos que esta ley es para tenernos callados, sometidos, y que cada padre se vaya a su casa, pero no lo van a lograr, siempre hemos dicho tenemos mucho coraje, a lo mejor no sabíamos nada de movimientos, estábamos enajenados con la televisión, pero no nos van a derrotar con sus balas asesinas”.
Hilda Hernández, madre de César Manuel González, recordó que el 26 de septiembre ocurrió la desgracia de no saber más de su hijo. “No concibes en tu mente que tu hijo sigue desaparecido. No sabías lo que era la desaparición forzada, que estábamos cerrados de ojos. Llegar allí sin conocer a los compañeros padres a tres años tres meses, todo este tiempo con engaños y mentiras por parte del gobierno que trató de cerrar el caso con esa mentira histórica de (el ex procurador Jesús) Murrillo Karam”.
Repudió la LSI porque en este tiempo, una de las líneas propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se dirige al Ejército, ellos han pedido que los militares que participaron esa noche en los hechos o que al menos tenían conocimiento de ellos, sean investigados, sin éxito, dijo.
Señaló que, luego de que los peritos argentinos desmintieron la supuesta verdad histórica, “fueron dolores tan inmensos, tan fuertes, era una guía de nuestro corazón, casi nos retorcíamos, con ese corazón tan duro, como padres, familiares sintieran, después de los peritos llegó el GIEI, organismos internacionales que desmintieron al gobierno mexicano; las líneas de investigación que no han seguido, les pidieron que se pongan a investigar, pero no lo hacen, es algo desesperante”, reclamó.
Dijo que a este tiempo de distancia “los papás, las mamás, siempre nos preguntamos cómo estará mi hijo, si habrá comido, no estará enfermo, y en estas temporadas si no tendrá frío, no se habrán enfermado, llueve, no se habrán mojado; van cuatro navidades que no sabemos de ellos”.
Lamentó que hasta hoy, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo han logrado que se pierda tiempo para saber la verdad, “este camino sigue siendo muy difícil al darnos cuenta de que se vienen elecciones, las personas del gobierno que se deben dedicar a buscar a nuestros hijos deben hacerlo y castigar a los responsables y que ya no haya muertes de mujeres y despojos; que el país vaya por el buen camino”.
Bernabé Abraján, papá de Adán Abraján de la Cruz, lamentó que la desaparición forzada de personas exista y no sea tomada en cuenta, pese a ser muy importante, “hoy en día, cuando desaparecen a nuestros hijos, el gobierno decide que fue la delincuencia, nosotros sabemos que fue el gobierno porque los muchachos que estuvieron allí dijeron que fueron policías, que vieron que se los llevaron”.
Reiteró que, tanto los peritos argentinos como el GIEI determinaron en sus informes que la Policía Estatal, la Policía Municipal y el Ejército, tuvieron que participar y desaparecer a 43 estudiantes, asesinar a tres de sus compañeros y a otros tres civiles, y dejar dos normalistas heridos, uno que sigue en coma “el gobierno no quiere aceptar que fueron sus elementos quienes se llevaron a los muchachos no quiere aceptar que fue desaparición forzada”.
Participaron en la reunión también, las madres de dos de los 43, Concepción Tlatempa y Cristina Bautista, quienes alertaron que esta ley que favorece al Ejército sólo traerá más impunidad y represión, e invitaron a las actividades de hoy, cuando se cumplen 39 meses de la desaparición forzada de los estudiantes: primero una movilización a la Glorieta de Peralvillo y después una marcha al Hemiciclo a Juárez.

Pide la CETEG en la Montaña Baja que la SEG no sancione a maestros sin clases por inseguridad

La dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) pidió a las autoridades que no haya alguna represión ni sanción administrativa, mientras no haya condiciones para reanudar labores en la región de la Montaña Baja, y que trabajen conforme a sus competencias, en referencia a brindar seguridad a los maestros.
El profesor Evelio Venancio, integrante de la estructura regional de la CETEG, informó que ante la crisis que vive el sector educativo en la región, la parte sindical pide que no haya represión administrativa contra la base.
“Lo que pedimos a las autoridades es que no haya algún tipo de represión administrativa u hostigamiento laboral hacia ninguno de los compañeros, que por alguna u otra razón no han reanudado clases.
“Sabemos que ya está siendo atendida esta situación y una vez que haya condiciones para  reanudar, lo haremos. Los maestros tenemos la voluntad y el compromiso con la niñez, con los jóvenes que están en la edad de ser educados”.
Dijo que no podría precisar los días de suspensión, porque algunas escuelas han intentado laborar.
“Sería impreciso manejar una fecha exacta, han sido diversas suspensiones. Algunas escuelas han reanudado, otros días han suspendido; sin embargo, el magisterio ha buscado la manera de reanudar clases”.
Sobre la parte de la seguridad a los maestros y alumnos en las escuelas, el representante sindical dijo que es deber de las autoridades garantizar la educación.
“Es lo que les compete a las autoridades, garantizar, las autoridades deben hacer su trabajo conforme les compete, eso es lo que se les ha pedido”.
El dirigente seccional informó que hay escuelas trabajado, sobre todo de nivel primaria, en la colindancia de Tixtla y Chilapa, además de que ya se ha regularizado relativamente el transporte público.

Difunden organizaciones de La Otra Campaña su apoyo a Atenco en ocho sitios del estado

 

En ocho sitios del estado, organizaciones que forman parte de La Otra Campaña hicieron actividades de propaganda este domingo, contra la represión en San Salvador Atenco, y en demanda de la libertad de los presos de ese municipio del estado de México.
Las manifestaciones se dieron en lugares que del 15 al 20 de abril recorrió el subcomandante Marcos del EZLN, delegado Zero de La Otra Campaña, y son parte de las actividades coordinadas en todo el país.
La manifestación más concurrida se dio en Ayutla, donde más de 200 indígenas, miembros de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa bloquearon totalmente la carretera de Cruz Grande a Tierra Colorada.
También en la Costa Chica, en el área de trabajo de la Policía Comunitaria, que visitó el subcomandante Marcos el 18 de abril, ayer vecinos y autoridades de las comunidades de Capulín Chocolate y Zoyatlán, municipio de Marquelia, bloquearon la carretera Tlapa Marquelia, en el paraje conocido como La Pedra Quebrada, cerca de San Luis Acatlán.
Por 20 minutos paraban la circulación de vehículos, mientras repartían volantes para dar a conocer el motivo de la manifestación, informó el asesor jurídico de la Policía Comunitaria, Vaelntín Hernández.
Dijo que el bloqueo duró de las 11 a las 12:30, y que la mayoría de los bloqueados, procedentes de las comunidades de La Montaña y de la Costa, dieron muestras de simpatía con las demandas en apoyo a San Salvador Atenco, por la libertad de los presos y castigo a los responsables de la represión.
Indicó que en la difusión se incluyó una demanda local, relacionada con la violación de una mujer en Tepantitlán El Paso, municipio de Marquelia.
Dijo que esta comunidad está fuera del área de influencia de la Policía Comunitaria, en la que desde que se fundó esta organización indígena de seguridad pública y justicia ya no ocurren violaciones. Por eso, la agraviada acudió a presentar la denuncia a la Policía Comunitaria y a pedir ayuda.
En la Costa Grande, en Zihuatanejo, integrantes de La Otra Campaña hicieron un volanteo entre automovilistas y pasajeros del transporte público en la carretara nacional a Acapulco, en el puente del Seguro Social, donde exhibieron una manta que decía: “Todos somos Atenco”.
El adherente a La Otra Campaña, Iroel Pacheco, informó que durante esta actividad, de las 11.00 a las 12.30 “fuimos acosados en todo momento por la patrulla de tránsito municipal, sin placas pero con número 64, que pasó unas 15 veces de manera intimidante entre los compañeros que repartían los volantes. Incluso al intentar tomar una fotografia de dicho comportamiento, el patrullero aventó el automovil en contra de un compañero de la otra campaña”.
Hubo también actividades contra la represión en Atenco en la zona de conflicto por la presa La Parota, y en la región de la Costa Grande en Coyuca de Benítez y Atoyac. También en Ometepec en la Costa Chica y en Chilpancingo en la caseta de cobro de la Autopista del Sol.

Llama el ERPI a sus bases y al pueblo a preparar la autodefensa ante la represión




Ante la represión en San Salvador Atenco, estado de México, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) llamó a sus bases insurgentes, combatientes, militantes, simpatizantes y colaboradores a mantenerse en estado de alerta, a preparar la autodefensa y estar pendientes de las órdenes que emita su Comandancia General.
También llamó al pueblo de México a la movilización organizada para detener la ola represiva y a “recurrir a su legítimo derecho a la autodefensa” dentro de las resoluciones de La Otra Campaña y su plan de acción.
En un comunicado firmado por el comandante Hermenegildo, que difundió este viernes la dirección nacional del ERPI, expone que “Nuevamente empiezan a verse nubarrones en el horizonte. Al pueblo se le empiezan a cerrar los espacios y no nos están dejando otra salida, estamos siendo empujados a un rincón.
“Ante el avance de la lucha social que han demostrando las diferentes fuerzas sociales en nuestro país, representado en La Otra Campaña, el gobierno de los dueños del dinero intenta frenar y abortar el proceso organizativo del pueblo reprimiendo y criminalizando la lucha social de ese pueblo en resistencia.
“La violencia del Estado contra el movimiento social es inaceptable. La violencia del Estado contra el pueblo organizado es imperdonable. Los diferentes niveles de gobierno y de todos los partidos políticos se manchan las manos de sangre con la represión, primero de mineros, luego de floricultores, ya anteriormente con ecologistas y luchadores sociales. Ahora son los compañeros y compañeras de Atenco, después ¿quién sigue? ¿los comuneros de La Parota, las normales rurales? ¿Quién?
“Este hecho represivo no es aislado sino que es parte de un plan estructurado por el mal gobierno por lo que debemos estar alertas para evitar ataques a otras fuerzas sociales que representan un obstáculo para sus planes neoliberales y sus reformas estructurales.
“Contra este pueblo organizado se aplica una política de garrote y gas, de balas de goma, de fusiles, de helicópteros artillados. La ley aplicada contra los de abajo y a la izquierda mientras candidatos (a senadores, diputados, gobernadores y a la Presidencia de la República) tienen cuentas pendientes con la ley, cuentas pendientes con ese pueblo inerme al que ahora reprimen. Los señores del dinero son los beneficiados en esta guerra contra el pueblo organizado.
“Estos y otros hechos son la prueba fehaciente de que todos los gobiernos, emanados del PAN, PRD o PRI llevan a cabo una política social determinada por el uso de la fuerza represiva para someter al pueblo en lucha, en beneficio de los poderes fácticos encabezados por la oligarquía política.
“No podemos ni debemos quedarnos de brazos cruzados ante actos represivos como los mencionados.
“Por lo tanto, llamamos al pueblo de México a la movilización organizada capaz de detener esta ola represiva y de recurrir a su legítimo derecho a la autodefensa dentro del marco y resolutivos de La Otra Campaña y su plan de acción.
“Llamamos también a nuestras bases insurgentes, a nuestros combatientes y militantes, así como a simpatizantes y colaboradores a mantenernos en estado de alerta, a preparar la autodefensa y estar pendientes de las órdenes que se emitan desde nuestra Comandancia General.
“Nos sumamos a las exigencias principales: libertad absoluta e incondicional de todas y cada una de las y los compañeros detenidos; y retiro inmediato de los cuerpos policiacos de los alrededores de San Salvador Atenco”.

Critica Chavarría la represión federal y estatal en Lázaro Cárdenas, Michoacán



Teresa de la Cruz Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, criticó al gobierno perredista de Michoacán por la represión que dejó dos mineros muertos en Lázaro Cárdenas, y cuestionó que pese a la alternancia federal y estatal “aún se sigan tratando de solucionar los conflictos como en el pasado, con la violencia”.
En su discurso en el acto oficial para conmemorar el 93 aniversario por el Día Internacional del Trabajo, que se llevó a cabo a las 8 de la mañana de este lunes en la explanada del antiguo Palacio de Gobierno, Chavarría dijo que está conciente de que “la democracia no es la panacea para resolver los problemas de la sociedad y que no es el camino a la tierra prometida” pero, resaltó, “es el mejor método de gobierno conocido hasta ahora, para permitir una convivencia civilizada, donde sea el diálogo el método privilegiado para arreglar nuestras diferencias. Si la democracia no sirve para esto, entonces no sirve para nada”.
Junto al monumento Canto al Obrero, luego de recordar el movimiento sindical de Chicago, así como las huelgas de Cananea y Río Blanco, en México, Chavarría dijo que es preocupante que a 117 años de esos hechos, todavía ocurran “acontecimientos graves que nos hacen creer que el tiempo no hubiese pasado, me refiero desde luego a la muerte de dos obreros mineros ocurrida en Lázaro Cárdenas, Michoacán”.
Agregó: “Sería vergonzoso reunirnos a celebrar el Día Internacional del Trabajo, e ignorar los graves acontecimientos. ¿Cómo explicar que después de haber logrado la alternancia federal y estatal en aquella entidad, aún se sigan tratando de solucionar los conflictos como en el pasado, con la violencia?”.
Chavarría abundó que por ello “tenemos que aprender a usar la democracia, la tolerancia, para ponernos de acuerdo con quienes piensan distintos a nosotros, sobre todo en este momento en que está en disputa la nación, sino queremos que está se nos escape entre las manos”.
Aseguró que el próximo gobierno no podrá “ignorar” la opinión de los trabajadores, pues “ya no estamos en el siglo pasado, cuando los únicos que opinaban eran los dirigentes y los trabajadores sólo acataban. Consideró que como guerrerenses “no podemos alzar los hombros y decir que esto no nos incumbe, porque es un problema nacional no de Michoacán; aunque sea de manera tangencial, nos toca, pues existen trabajadores mineros en Taxco; sin entrometernos en la vida sindical estaremos atentos y dispuestos a interponer nuestros bueno oficios para servir de mediadores”.
Mencionó que en el primer año de la administración estatal “ha habido desesperación y hasta cierto desencanto de la ciudadanía, pero hoy podemos decir que estamos en posibilidad de iniciar los cambios de fondo. El movimiento sindical debe estar seguro de que en el gobierno de Zeferino Torreblanca no contarán con un adversario que quiera inmiscuirse en la vida sindical, sino con un aliado, respetuoso de sus conquistas laborales”.
Durante su discurso, Chavarría también habló de la manifestación que llevaron a cabo migrantes mexicanos en Estados Unidos “para poner un alto a las arbitrariedades y los abusos, para reclamar su lugar en la sociedad, desde aquí condenamos la violación de sus derechos y les refrendamos nuestro respaldo y nuestra solidaridad”.