El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los integrantes del Poder Judicial por las resoluciones tomadas en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente mencionó la decisión en la que al Ministerio Público se le dio un plazo de diez días para aplicar el Protocolo de Estambul buscando demostrar que los supuestos participantes fueron torturados, asegurando que el protocolo puede tardar hasta un mes.
“El Ministerio Público los acusaba y este Tribunal, estos magistrados le dijeron al Ministerio Público, ‘nos vas a resolver en diez días aplicando el Protocolo de Estambul si fueron o no torturados y si en diez días no me demuestras que fueron o no torturados, quedan en libertad’, y los dejó en libertad, y algunos eran inocentes pero otros no, tengo pruebas de que sí habían participado en la desaparición de los jóvenes”, comentó.
El presidente cuestionó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desconocieran la resolución que dejó en libertad a los supuestos participantes en la desaparición de los normalistas.
“Y yo me pregunto: ¿Esta decisión la tomaron los magistrados sin consultar a los ministros de la Corte o al presidente de la Corte en ese entonces? Porque no es cualquier resolución”.
López Obrador precisó que ha constatado la participación de las personas que fueron liberadas debido a que se volvieron testigos protegidos y aceptaron estar involucrados en la desaparición de los 43.
“¿Y por qué digo que sí habían participado? Porque posteriormente se convierten en testigos protegidos y ellos mismos confiesan que habían participado, entonces ¿cómo resolvemos eso? Que los jueces no actúen por consigna o por dinero” indicó.
El 10 de noviembre el presidente aseguró que el Poder Judicial realizó un “sabadazo” para llevar a cabo la audiencia en la que se aprobó el cambio de medidas cautelares del exprocurador Jesús Murillo Karam, señalado por su participación en la llamada Verdad Histórica.
“De repente llega una orden de un juez, cero que la última que llegó fue que, en dos horas ¿no?, en dos horas dejar libre a un delincuente, dos horas. De suerte que estaban ahí pendientes y había otras denuncias y se evitó que saliera. Porque por lo general son 48 horas antes, pero acá un sabadazo” acotó.
En la conferencia de prensa del 14 de diciembre, López Obrador remarcó que él se mantiene a cargo de las investigaciones del caso Ayotzinapa y que se había encontrado cosas raras en la misma.
“Con lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, me metí a ver todo, me estoy metiendo a ver todo. Declaraciones de detenidos, los torturados y todo. Y me estoy encontrando cosas raras, muy raras, o sea, porque está enmarañado todo el asunto”, argumentó.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador afirmó que se está realizando una “investigación a fondo” del caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente afirmó que la investigación del caso Ayotzinapa amerita que sea profunda y aseguró que es lo que están realizando.
“Había un propósito deliberado de que no se conociera la verdad y nos está costando llegar al fondo, pero sobre todo lo que más nos importa es encontrar a los jóvenes. Pero intervinieron intereses de todo tipo, pero vamos a ir al fondo y no dejamos de buscar a los jóvenes” declaró.
De igual forma recordó que se dio la liberación de supuestos involucrados en la desaparición de los normalistas, debido a que no se hicieron las pruebas correspondientes para demostrar que fueron torturados, criticando al Poder Judicial por sus decisiones
“De repente un juez con toda una argumentación muy especializada en temas de derechos humanos, muy ajena al lenguaje jurídico, sostiene que deben de presentarse las pruebas en 10 días de que fueron torturados y obvio en 10 días no se podían obtener las pruebas. Se vencen los 10 días y libertad a todos”.
El presidente recordó que se desestimó la llamada Verdad Histórica, en la que los 43 estudiantes normalistas fueron detenidos y posteriormente quemados en un basurero.
“Para poder sostener la llamada Verdad Histórica detienen a los responsables, supuestos, a muchos responsables, a supuestos. Pasa el tiempo y se presenta una denuncia de que fueron torturados y que así se echaron la culpa de que habían participado.
Había quienes si habían participado y otros posiblemente inocentes. Hasta sacan video de las torturas y no hacen las pruebas o no cumplen con el Protocolo de Estambul para ver is hubo tortura o no” declaró.
En la conferencia de prensa del 13 de noviembre, López Obrador dijo estar comprometido con llegar a la verdad y que se haga justicia en el caso Ayotzinapa y criticó al Poder Judicial por sus decisiones en el caso, como la liberación de los supuestos involucrados y que no demostraron tortura.
El pasado 14 de noviembre el subsecretario de Seguridad. Luis Rodríguez Bucio, expuso la decisión del juez José Rivas González por el cambio de medidas cautelares para Jesús Murillo Karam por su responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas
A Murillo Karam le cambiaron de prisión preventiva a prisión domiciliaria argumentando motivos de salud, pero especificaron que no exonera al ex procurador porque mantiene otros procesos legales.
Francisco Magaña / Brenda Escobar / Karina Contreras / Redacción
Atoyac / Zihuatanejo / Acapulco / Iguala
El mitin de directivos, maestros y alumnos de la Preparatoria Popular de El Quemado en el Zócalo de Atoyac Foto:?Francisco Magaña
Directivos, maestros y alumnos de la Preparatoria Popular de El Quemado realizaron un homenaje en el Zócalo de Atoyac para recordar el noveno aniversario de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala y el asesinato de tres de ellos.
En el evento, donde también estuvieron el Frente Progresista Guerrerense y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), se hicieron honores a la Bandera y se entonaron canciones alusivas al ataque contra los estudiantes, que calificaron como un trágico evento que estremeció al país.
Los manifestantes exigieron justicia en el caso y se sancionar a los responsables.
Lamentaron que esté por concluir la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sin que hasta la fecha se haya encontrado a los estudiantes.
Por el contrario, señalaron que el gobierno ha hostigado y reprimido a los padres de los 43 y defendido al Ejército para que no se sepa la verdad.
Al término del evento los manifestantes se trasladaron al antimonumento en la localidad de la Y Griega sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo
En ese mismo lugar por la tarde las organizaciones Frente de Defensa Popular Francisco Villa, Afadem y Raiz Zubia hicieron un encendido de 43 velas en honor a los normalistas desaparecidos.
Exigieron su presentación con vida y castigo a los responsables, que lamentaron, están siendo exonerados.
Organizan maestros activos y jubilados un mitin por los 43 desaparecidos en Zihuatanejo
En Zihuatanejo, maestros activos y jubilados de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), así como profesores egresados de la normal rural de Ayotzinapa, participaron en un mitin frente al antimonumento de los 43, ubicado en las inmediaciones de la Fuente del Sol, para recordar a los normalistas desaparecidos hace nueve años.
Este martes, poco después de la 1 de la tarde, bajo los intensos rayos del sol, los maestros iniciaron con el mitin que tuvo cinco oradores, quienes coincidieron en que la sociedad guerrerense no debe olvidar esta fecha histórica, en la que un grupo de estudiantes normalistas fueron víctimas “de la maldad, la opacidad, la injusticia y la sinrazón”.
Los maestros fueron convocados por el dirigente municipal de la CETEG en Zihuatanejo, Martín Maldonado Arcos, y unas 70 personas respondieron a esa convocatoria.
El maestro Miguel Ángel Adame Bello, ex director de la primaria Vicente Guerrero, sostuvo que “decir nos faltan 43, es solamente un número que se suma a tantos otros que han desaparecido y no tenemos noticias de ellos. Cuando decimos ‘ni perdón ni olvido’, corremos el riesgo de que estas acciones se normalicen y que esta desaparición de jóvenes se hagan parte de la cotidianidad, nada más falso que esa mentira”.
Luego, vino al micrófono la maestra Mildred Martell Jiménez, quien señaló que “hoy no es una fecha cualquiera, los días 26 y 27 de septiembre tienen que ser conmemorados como una verdad que tenemos que tener presentes los guerrerenses, para levantar la voz, porque si a estos 43 normalistas les arrebataron la vida por una injusticia, con aquella verdad diciendo que fue narcotráfico, no lo podemos seguir permitiendo”.
Indicó que los maestros deben continuar concientizando al pueblo de Guerrero, “sensibilizarnos por los problemas sociales que tiene nuestro estado y los normalistas no son la excepción. Hace ocho años que no hemos tenido una sola verdad de lo que sucedió y podemos decirlo con todas las palabras: ‘Fue el estado’”.
Maestros activos y jubilados pertenecientes a la CETEG en Zihuatanejo, llevaron a cabo un mitin en el antimonumento a los 43 Foto: Brenda Escobar
“El estado no quiere y no permitió que la gente de Guerrero levante la voz, ante tantas injusticias que nos han cometido, que hoy somos merced de la impunidad y que hoy no estamos luchando por los derechos que estos normalistas querían: una educación digna, una educación que me permita tener libertad, que trascienda los muros de la escuela, que trascienda en una sociedad libre y justa y aquella persona que levanta la voz es tildada, y en Guerrero, es aniquilada”.
El profesor Raúl Román Román declamó una poesía en memoria de los normalistas desaparecidos y, luego, los ahí presentes entonaron el canto Venceremos, con el que se dio por concluido el mitin.
Exige el FPG al presidente López Obrador
dar solución a los padres de los 43 normalistas
Integrantes del Frente Progresista Guerrerense (FPG), realizaron un acto para conmemorar el noveno aniversario de la desaparición forzada de los 43 años de la desaparición de los normalistas, donde pidieron al gobierno federal dar respuesta a los padres de los estudiantes.
Al acto en el antimonumento de los 43 en la Vía Rápida se reunieron unas 50 personas, entre ellos el luchador social Eloy Guillén Cisneros, para exigir justicia y la presentación con vida de los estudiantes normalistas.
A nombre de los integrantes del Frente, el maestro de la escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Uriel Leal Ramírez dijo que no podían dejar pasar desapercibido la conmemoración de dichos acontecimientos.
“Como equipo repudiamos la violencia venga de donde venga y se ejecute contra quien se ejecute. Hace nueve años comenzaba a escribirse una tarde negra, un acontecimiento vergonzoso porque se comenzaba a escribir una historia aberrante donde 43 jóvenes, con muchas ilusiones, estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa estaban siendo ilegalmente detenidos, ilegalmente secuestrados y eso, obviamente, vino a marcar una antes y un después en la historia de nuestra entidad que desafortunadamente ha estado marcada por la sangre de muchos guerrerenses que han dado su vida por tener mejor condiciones de vida”.
Indicó que los hechos de los 43 fue un hecho aberrante, vergonzoso: “Exigimos al Estado mexicano dé una respuesta positiva a los padres”, y señaló que han circunstancias que han hecho que no haya una “credibilidad por partes de las familias de los estudiantes y haya duda. En un gobierno que se dice de Cuarta Transformación debe haber mucha transparencia, no importa caiga quien caiga, pero aquí no se puede seguir cubriendo o cuando menos, porque cuando menos esa es la percepción de la ciudadanía, de que por parte del gobierno hay una especie de encubrimiento a los militares”.
Leal Ramírez dijo que desde ese antimonumento a los 43 exigen al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador que “dé una respuesta transparente porque la sociedad lo exige y además se castigue a los autores intelectuales y materiales que están atrás de este acto”.
Indicó que seguirán acudiendo todos los años que sean necesarios hasta que se esclarezcan los hechos y haya justicia para los normalistas y sus familias, que haya esclarecimiento, castigo y no exista impunidad, “porque ese es un gran problema que tenemos en México”.
Agregó que cuando hay impunidad sencillamente no hay justicia y “eso no lo podemos seguir permitiendo”.
Suspenden actividades hoy el Ayuntamiento de Iguala y negocios locales para evitar conflictos
Ante la convocatorias para manifestarse por el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el Ayuntamiento de Iguala suspendió labores para hoy miércoles, mientras que algunos negocios locales y centros comerciales bajaron sus cortinas, para no ser víctimas de actos vandálicos.
A la suspensión de actividades y de labores se sumaron desde el martes pasado, varias escuelas de nivel básico y medio superior de la ciudad, avalada por un comunicado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
De manera verbal, se les informó a los más de mil 600 trabajadores de presidencia, síndicos, regidores, secretarios, directores y jefes de área, sobre la suspensión de labores para evitar cualquier confrontación, ante las protestas que están programadas para hoy, reanudando el próximo jueves 28 de septiembre.
Algunos negocios locales del primer cuadro del centro de la ciudad, mercado y centros comerciales de esta ciudad bajaron sus cortinas este martes y abrirán hasta el jueves, para evitar saqueos y robos. También se reportó que la actividad comercial se redujo hasta en un 50 por ciento.
El 25 de julio, Carlos Martín Beristain y Ángela María Buitrago, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ofrecieron su último informe sobre los hallazgos, avances, obstáculos y pendientes sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Foto: Cuartoscuro
En su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó “la colusión” de sectores del Ejército en Iguala con el narcotráfico, así como el “conocimiento” que tenía de los nexos de otras autoridades, desde antes de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas.
Para el GIEI, “eso explica en parte su actuación, ocultamiento y falta de protección a los jóvenes, a pesar de la información con que contaban desde las 18 horas de ese día, 26 de septiembre de 2014, y durante toda la noche”.
En el apartado “Actuación del Ejército”, los expertos internacionales refieren que los hechos ocurrieron en el contexto del trasiego de drogas entre Iguala y Chicago, en Estados Unidos, y que “las escuchas telefónicas” durante el proceso judicial contra Pablo Vega, conocido como El Transformer, líder de una célula de Guerreros Unidos, y otros, en 2014, “muestran que había colusión entre ese grupo delictivo con mandos militares, tanto del 27 Batallón de Infantería, como del 41 Batallón de de Iguala”.
Por ejemplo, en el documento GAOI 5321, del 2 de octubre de 2014, de la comandancia de la 35 Zona Militar, se cita una información donde se refieren a “un Teniente B. del Ejército”, además de que “se encontraron con una camioneta del 27 Batallón, a cargo de dicho teniente, el cual habría dicho textualmente: ‘ya van a empezar a chambiar para abrirme a la verga’”, y la respuesta de un jefe policiaco fue: ‘sí, ya vamos a tirar vergazos. Como va’”.
El Teniente B. aparece también en la declaración del Testigo Protegido D, como alguien que ayudó a la policía de Huitzuco a ocultar su participación en los hechos, y que estaba coludido con el narcotráfico, de acuerdo con el informe.
“Igual aparece el referido en otras declaraciones de miembros de la delincuencia organizada”.
El GIEI sostiene, en su informe, que testimonios y declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos aportados ante el juez por testigos protegidos, confirmaron estos hechos y señalaron a algunos de los miembros del Ejército “de estar implicados, como los comandantes en esa época de ambos batallones, y al menos un capitán y un teniente identificados, así como otros miembros del Ejército”.
El GIEI obtuvo transcripciones de conversaciones de miembros de Guerreros Unidos con mandos militares, “que permiten ver cuál es el grado de vinculación y retribución que se acuerda con miembros del Ejército, para la época de los hechos”.
Documenta que en diversas declaraciones del Testigo Protegido J se dice que los miembros del 41 Batallón de Infantería, y en particular un comandante, recibían dinero de la organización criminal y tenían reuniones a las que acudían, con jefes de la organización varios de los soldados del 41 Batallón, y según esta declaración, eran pagados por ellos.
También señala que en la declaración del Testigo Identificado J, ante el Juzgado Primero de Tamaulipas, el 24 de marzo de 2023, se “muestra la entrega de dinero a autoridades militares”.
Refiere que “las escuchas” de Chicago, Estados Unidos, señalan pagos y relaciones con varios militares, que las declaraciones de testigos protegidos han señalado que les proporcionaban dinero periódicamente, para que dejaran llevar a cabo sus acciones a los Guerreros Unidos.
“Esta colusión es parte de las condiciones que facilitaron que se llevase a cabo la desaparición de los estudiantes. La simulación de actuación, llevada a cabo por el 27 Batallón durante esa noche, sin interferir en ninguno de los ataques, y llegando supuestamente cuando los muertos y desaparecidos ya se habían producido, tuvo además su continuidad en el ocultamiento de información, el desvío de la atención a otras supuestas razones para su no protección de los jóvenes y la negación de hechos ya probados”, refiere el informe.
Sostiene, además, que todas las autoridades de los ámbitos estatal y federal tenían conocimiento previo de la colusión con la delincuencia organizada, de autoridades y policías municipales de Iguala, y varias de ciudades cercanas, “tal y como puede verse en las actas de la Coordinación Guerrero Seguro, donde participaban Ejército, Marina, Policía Federal, Procuraduría de Justicia Estatal (ahora FGE), Procuraduría General de la República (ahora FGR), Seguridad Pública Estatal y gobierno de Guerrero (gobernador, secretario general de Gobierno, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, vocero y asesor)”.
El informe añade: “Desde meses antes de los hechos, existía conocimiento previo, que se muestra en cuatro tipos de fuentes distintas, tales como actas del Grupo Guerrero Seguro, documentos de Sedena a los que tuvo acceso el GIEI y que se encuentran en sus archivos, documentos del CISEN y entrevistas con personas clave o responsables institucionales de la época”.
Con respecto al Grupo de Coordinación Guerrero Seguro, los expertos del GIEI aseguran que existen documentos y actas de las reuniones, desde mayo de 2014, donde se hacía referencia a la “cooptación” de policías y autoridades locales por la delincuencia organizada.
Destaca que en el anexo FCA GAOI 4957, del 25 de octubre de 2013, de la 35 Zona Militar, denominado Agenda de riesgos y amenazas, se incluye una relación de funcionarios con presuntos vínculos con la delincuencia organizada, varias de ellas, implicadas en el caso Ayotzinapa.
Refiere que, entre ellos, hay diputados federales y locales, así como presidentes municipales y directores de Seguridad Pública de Teloloapan, Iguala, Cocula y Apaxtla.
También destaca que existía el antecedente del asesinato de Arturo Hernández Cardona, “militante de oposición de Iguala” en 2013, hecho al que ya aparecía ligado entonces el propio presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y por cuya responsabilidad fue sentenciado a 90 años de cárcel, en mayo de 2023”.
“La gravedad de la situación era tan conocida que, desde mayo de 2014, se solicitó desarmar a la policía de Iguala en el Grupo de Coordinación Guerrero Seguro”.
Insiste en que las autoridades militares y el CISEN conocían la connivencia y cooptación por parte del narcotráfico, de diferentes presidentes municipales de la zona, desde hace al menos dos años.
Refiere que, por ejemplo, en la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero del 3 de mayo de 2014, el comandante de la 9 Región Militar expuso que “con la detención de X, un mayor retirado, quien operaba una célula delictiva en Iguala, se desarticuló el objetivo de formar una policía única y ahora es indispensable quitar al teniente que está al frente de la Policía Municipal de Apaxtla, ya que forma parte de la estructura que encabezaba el mayor”.
En el informe se hace referencia a múltiples hechos de violencia, que ocurrieron los dos años anteriores a los ataques y a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, donde se afirma que en caso de haber intervenido, se habrían evitado.
“Existe una amplia evidencia del nivel de información que tenía Sedena, en ese momento, sobre actividades delictivas de grupos ligados al narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que permite ver que, lejos de ser cuestiones ajenas al propio Ejército, hacían parte de sus patrullajes, recogida de información y análisis del contexto, que permitían tener conocimiento directo de la situación”.
Añade: “Podemos afirmar que la situación del crimen organizado, en la jurisdicción de la 35 Zona Militar, incluida la sede del Batallón 27 de Iguala, era grave y se tenía conocimiento global de su accionar, reflejándose del 16 de enero de 2013 al 22 de septiembre de 2014, en la estadística de delitos del fuero federal”.
Menciona que documentos de Sedena muestran cómo el Ejército tenía monitoreo de la situación e información de vínculos, entre autoridades de distintos niveles en varias localidades de la zona de Iguala y aledañas, donde aparecen incluso nombres de personas con distintos niveles de implicación en los hechos, algunas de ellas detenidas y judicializadas, y otras no”.
“Es decir, se tenía conocimiento previo de la implicación con el crimen organizado de varias de las personas vinculadas a la investigación sobre Ayotzinapa, no sólo el presidente municipal de Iguala”, pero señala que esto se negó en el proceso de investigación posterior.
Menciona que, si bien con posterioridad algunas de estas personas fueron detenidas, hay otras que están pendientes de vincular a proceso.
Asimismo, refiere que encontraron a personal que había sido parte de la Sedena y que estaban prófugos de la justicia penal militar, sin embargo, prestaban sus servicios en las policías de Iguala y Cocula.
Los expertos exponen en el informe que toda esta información, que implicaba a mandos militares con la delincuencia organizada, así como la omisión antes y después del caso Ayotzinapa, y su participación en los hechos, quiso ser despejada en una entrevista y plantearon la solicitud a los mandos.
–El GIEI expresa la necesidad de contar con la intervención de esa institución, para tener la posibilidad de entrevistar de manera directa a los integrantes del 27 Batallón de infantería, ¿aceptaría usted?–preguntaron a un mando de la Sedena.
–No, porque no son (los del GIEI) autoridades mexicanas, y no tienen la facultad para entrevistarnos –fue la respuesta, según se consigna en el informe.
Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el mitin que realizaron en la avenida Costera, en el Antimonumento a los 43 Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
Alrededor de 80 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa llevaron a cabo un mitin en el antimonumento a los 43 normalistas desaparecidos, en la avenida Costera, para seguir exigiendo la aparición con vida de los jóvenes a 8 años y 7 meses de que fueron desaparecidos.
Los normalitas llegaron en un autobús que fue atravesado en el carril que va del Centro a la Base Naval para llevar a cabo su acto y colocaron una corona de flores en el antimonumento.
En su intervención, los oradores manifestaron que no se rendirán y seguirán sus acciones hasta que sus compañeros aparezcan: “hasta que haya justicia no vamos a descansar”.
Reprocharon al presidente Andrés Manuel López Obrador que no ha cumplido su promesa de resolver el caso en un año, que han pasado cuatro años de su gobierno y “está a punto de salir y no hay avances”. Dijeron que su informe sólo ha sido mentiras y que ha sido partícipe de la injusticia y falta de castigo a los culpables.
“No ha hecho nada por avanzar en el caso y lo poco que se ha dado es gracias al Grupo de Expertos Independientes”, dijo el estudiante. Reclamó que no es posible que a 8 años 7 meses no se tengan avances ni pruebas contundentes de dónde están sus compañeros y “no están en la cárcel todos aquellos maquinadores del caso. No es posible que no se haya dado ningún avance, no es posible que el Ejército no quiera aceptar lo que hizo”.
Los normalistas indicaron que con este mitin inician las actividades para conmemorar los 8 años y 7 meses desde que fueron detenidos-desaparecidos los 43 normalistas en Iguala.
Advirtieron que así pasen los años Ayotzinapa se mantendrá en pie de lucha porque “Ayotzinapa no olvida a sus compañeros, porque Ayotzinapa no perdona al gobierno, porque Ayotzinapa no se calla y se va a mantener en pie de lucha hasta que aparezcan con vida nuestros 43 compañeros y se haga justicia por los tres compañeros que fueron asesinados ese mismo día”.
Otro de los jóvenes –quien tampoco dio su nombre–, dijo que el fin del mitin era manifestar la inconformidad que hay contra el gobierno federal porque no hay respuesta a la demanda de presentación con vida de quienes sólo se manifestaban para exigir mejores condiciones y señaló porqué no usan esas acciones contra los grupos criminales.
Exigieron que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cumpla con su palabra y que no proteja a nadie del Ejército ni a ningún funcionario público.
Concluyeron su actividad con el himno Venceremos.
Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acuden al bloqueo que mantienen estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña a la carretera Tlapa-Chilapa, en el puente de Ahuatepec Ejido Foto: Antonia Ramírez Marcelino
Antonia Ramírez Marcelino
Ahuatepec Ejido, Tlapa
Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM) en su segundo día de bloqueo de las carreteras a Chilapa y Puebla, donde recibieron la solidaridad de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y del Frente Popular de la Montaña, pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda intervenga para que se solucione el conflicto.
Una comisión de padres y madres de los 43 normalistas acudieron al bloqueo que mantienen los estudiantes inconformes. Primero acudieron al bloqueo que hay sobre la carretera a Puebla, en el punto conocido como La Nopalera, y después se trasladaron al de Ahuetepec Ejido, donde se solidarizaron con los alumnos que exigen la salida de maestros acosadores y la destitución de la directora Fredislinda Vázquez Paz, a quien continúan culpando de encubrirlos.
Durante su intervención, María de Jesús Tlatempa, madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, José Eduardo Bartolo Tlatempa, dijo a los estudiantes que vinieron a Tlapa, a una reunión con organizaciones sociales y viendo el problema al que se enfrentan, decidieron llegar al bloqueo para decirles que no están solos, que cuentan el apoyo, porque saben bien lo que significa luchar para reclamar los derechos.
También participaron estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y del Frente Popular de la Montaña, quienes momentos antes participaron en un programa de radio que tiene Tlachinollan, en la XEZV, La Voz de la Montaña.
Durante sus discursos, los oradores coincidieron en exigir a la gobernadora Salgado Pineda que solucione las peticiones de los alumnos del Tecnológico.
Por su parte, un alumno del tecnológico agradeció el apoyo de los normalistas y de los padres de familia. Dijo que no piden la destitución de la directora por ser mujer, así como lo ha manejo en la prensa, sino que no apoyó a las estudiantes en su momento, cuando denunciaron.
Agregó que también ha dicho que los estudiantes no dan diálogo, cuando en su momento fue quien abandonó la reunión.
La señal de que no tiene capacidad como directora, “que lástima que diga que por ser mujer la queremos destituir, que lástima que no haya apoyado a las compañeras y nos envió a las instituciones responsables”, reprochó el estudiante durante su intervención.
El vocero de los padres y madres de los 43, Melitón Ortega Jiménez, pidió a los alumnos que continúen exigiendo sus derechos, que se mantengan unidos, porque seguramente el gobierno va pretender dividirlos. Hizo un llamado a la gobernadora para que resuelva la demands de los jóvenes.
Este miércoles volvieron a atravesar piedras y cuerdas la carretera hacia Chilapa, en Ahuatepec Ejido; a Puebla, en el crucero de Tlatzala, y ampliaron su protesta en la vía a Marquelia, cerca de El Retén, y permanecieron hasta las hasta las 6 de la tarde.
Unos 50 miembros del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala se manifestaron ayer 47 meses de los ataques y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Las actividades fueron a partir de las 4 de la tarde con la colocación de ofrendas florales a los normalistas asesinados entre la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava. En Ciudad Industrial y la calle Juan Álvarez esquina con periférico Norte hubo mítines en los que se demandó justicia, castigo a los culpables y presentación con vida de los 43 desaparecidos.
Minutos después de las 2 de la tarde la sede del Palacio de Justicia fue desalojada ante el rumor de que habría protestas de los padres y normalistas de Ayotzinapa, que no acudieron a la ciudad porque tuvieron protestas en la Ciudad de México.
En un recorrido se observó que la seguridad del edificio se reforzó con la construcción de una barda perimetral de más de 4 metros de altura que sustituyó el cercado que había, a un mes de que se cumplan cuatro años de los ataques y la desaparición de los muchachos.
En este edificio se han hecho protestas por normalistas en exigencia de que entreguen las grabaciones de las cámaras de seguridad que habrían grabado en el momento del ataque al quinto autobús en el que iban sus compañeros, las que habrían sido destruidas.
En el mitin en Ciudad Industrial en la estela del normalista Julio César Mondragón, la presidenta de la Unión Campesina Emiliano Zapata-Arturo Hernández Cardona, Soledad Hernández Mena reclamó al gobierno de Héctor Astudillo Flores que no se le ve disposición ni interés de hacer nuevas aportaciones en la investigación del caso Ayotzinapa.
Llamó a que el gobernador haga “por lo menos” un pronunciamiento público en relación con todos los casos de violencia y de inseguridad en Iguala, “y que nos agravian a todos porque siguen siendo miembros del Estado los involucrados en desapariciones y ejecuciones extrajudiciales”.
El integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), Jordan Anacasio señaló que el caso de los normalistas de Ayotzinapa nos debe doler como sociedad, “porque es una herida que sigue abierta, mientras la autoridad no diga a ciencia cierta dónde están estos jóvenes, mientras no haya justicia para los tres que fueron asesinados y mientras no haya verdad de lo que sucedió seguiremos caminando y luchando de manera solidaria con los padres de los 43 jóvenes”.
En el segundo mitin en la esquina de Juan Álvarez y Periférico Norte se comunicó por teléfono al representante de los 43 padres, Melitón Ortega, llamada que se escuchó en alta voz mediante el aparato de sonido que se llevaba para el mitin.
Agradeció a las organizaciones la solidaridad con los padres y alumnos, y dijo que no pudieron llegar a Iguala debido a la protesta en la Ciudad de México en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fueron reprimidos con granaderos cuando requerían una audiencia en la que solicitarían que se vigile y se resuelva la sentencia que ordena que se forme la comisión de la verdad para el Caso Ayotzinapa, “pero en lugar de recibir esa mesa de trabajo recibimos granaderos agrediendo a los padres”.
“En lugar de avanzar y tenerle confianza a un actor importante que preside el poder judicial de la nación ahora se protegen, es hoy la misma banda de Enrique Peña Nieto, por eso compañeros el único camino que nos queda es seguir llevando el mensaje a los demás compañeros que sufren y que viven a diario la injusticia de asesinatos, desapariciones forzadas y de encarcelamientos injustificados”.
Un miembro del Bloque Democrático de Organizaciones, Isaac Hernández reiteró la demanda de justicia, castigo para los culpables e involucrados y presentación con vida de los 43 desaparecidos, “que hasta el momento el gobierno federal lo único que ha hecho es poner trabas, por lo que no se ha esclarecido este crimen de Estado”. (Alejandro Guerrero / Iguala).
Cuarenta minutos después de las 5 de la tarde, 10 padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se presentaron en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, para dialogar con el titular, Guillermo Orozco Loreto, sobre la agresión de policías de la capital a alumnos de la Normal al mediodía de este martes, cerca de la residencia oficial de Los Pinos, donde seis estudiantes resultaron heridos.
Como estaba programado, después de las 11 de la mañana se llevaba a cabo una concentración como parte de la cuadragésima tercera Acción Global por Ayotzinapa, Jornada de Lucha en el Corazón 43×43, a 43 meses de la desaparición forzada de los estudiantes, que se cumplen el 26 de abril.
El contingente de padres, madres y estudiantes de Ayotzinapa arribó a la calzada Chivatito, para manifestarse frente a Los Pinos, pero policías de la capital les cerraron el paso.
Ahí, sin poder avanzar, los padres expresaron su inconformidad ante el incumplimiento en la indagación de las cuatro líneas de investigación establecidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y exigieron una audiencia con el presidente, Enrique Peña Nieto.
Asimismo, reiteraron su preocupación de que, a pocos meses de que termine el sexenio, no hay avances en la investigación del caso.
Casi de inmediato, los policías capitalinos atacaron a estudiantes que llevaban el rostro cubierto. De acuerdo con el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, la policía intentó replegarlos. Los estudiantes lanzaron cohetones, que dañaron el chasis de un camión de la policía.
Los manifestantes se retiraron del lugar, hacia el Antimonumento a los 43, ubicado en el cruce de Reforma y Bucareli, en el centro de la ciudad, para clausurar el mitin.
Al finalizar, fueron seguidos por policías que, de acuerdo con Vidulfo Rosales, intentaron encapsularlos en el cruce de la avenida Insurgentes y la calle Antonio Caso, donde se encuentra el edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), lugar donde pernoctarían.
El edificio del SME fue rodeado por unos 400 policías. Estuvieron en el lugar miembros de la Brigada Humanitaria Marabunta, organización no gubernamental que acompaña en las marchas y cuyos miembros fungen como observadores de derechos humanos y mediadores con autoridades.
El director de la Brigada, Miguel Barrera, explicó que el enfrentamiento pudo haber sido provocado cuando los estudiantes confundieron a los policías capitalinos con federales. También indicó que la Brigada trabajó para llegar a un acuerdo pacífico entre policías y manifestantes.
Vidulfo Rosales informó que seis estudiantes de la Normal Rural fueron heridos durante la agresión, y comentó que los padres están extrañados de que la policía de la Ciudad de México se encontrara resguardando el camino a Los Pinos, de que atacara a la marcha y que rodeara el edificio donde se encontraban los manifestantes al finalizar el mitin.
“Nosotros habíamos llegado a un acuerdo con Patricia Mercado (ex secretaria de Gobierno). Fuimos claros en esto, que nosotros nos manifestamos en contra del orden federal, no contra el de la Ciudad de México. Habíamos acordado que se nos permitiera manifestarnos libremente, y que la policía realizaría labores de acompañamiento”, indicó.
Sin embargo, ahora es Guillermo Orozco Loreto el secretario de Gobierno. El abogado de los padres considera que, por este motivo las condiciones, cambiaron.
Ayer en la tarde, padres y madres de Ayotzinapa emitieron un comunicado para advertir que la policía había cercado el edificio del SME y temían que pudieran ser detenidos, tanto padres como dirigentes estudiantiles.
Vidulfo Rosales sólo confirmó a El Sur que se mantendrán las acciones previstas para el miércoles, frente a la Secretaría de Gobernación.
El 26 llegaremos al Zócalo
El Sur buscó a Orozco Loreto en sus oficinas del Zócalo, pero no hubo respuesta. No obstante, poco antes de las 6 de la tarde, un pequeño contingente de padres y madres, acompañados por su vocero, Felipe de la Cruz, ingresó a las oficinas del secretario de Gobierno.
Alrededor de las 10 de la noche, De la Cruz comentó a El Sur que en el encuentro con Orozco Loreto, “le hicimos el reclamo de por qué rodearon el edificio del SME”.
Contó que el funcionario les dijo que mientras las marchas sean pacíficas no habrá problema. “Y hasta ahora ha habido conatos de violencia solamente”, dijo el portavoz.
Pero la principal finalidad de padres y madres era hablar sobre la actividad programada para el 26 de abril, una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo.
De acuerdo con De la Cruz, el secretario de Gobierno “no se puso renuente” y se comprometió a brindar facilidades y apoyo para que los manifestantes culminen la cuadragésima tercera Acción Global por Ayotzinapa, Jornada de Lucha en el Corazón 43×43, en la plaza de la Constitución.
“Tenemos que llegar, es una fecha simbólica, son los 43 meses de la desaparición de los 43 estudiantes”, dijo De la Cruz, “nos pusimos esa meta y vamos a llegar”.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez expresó su preocupación por la declaración de funcionarios federales de que el gobierno pretende dar por concluida la investigación del caso Iguala antes de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El ombudsman sostuvo que el gobierno federal debe garantizar que se han agotado todas las líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Tras participar en un foro en el Senado, González Pérez señaló que la indagatoria debe garantizar el derecho a conocer la verdad de los familiares de las víctimas, castigar a los culpables y, ante todo, conocer el paradero de los desaparecidos.
“La CNDH ha sido enfática en que se tienen que agotar todas las líneas de investigación que nos permitan conocer la verdad, fincar las responsabilidades de quienes hayan cometido estas atrocidades de desaparecer a 43 jóvenes, el que haya reparación integral del daño y que haya garantías de no repetición”, planteó en entrevista.
González Pérez advirtió que el organismo evaluará las conclusiones del caso que pretende presentar la PGR.
“La CNDH será puntual desde la perspectiva de derechos humanos. Nosotros no investigamos delitos, nosotros verificaremos que haya una procuración de justicia que responda al reclamo precisamente de justicia que demandan los padres, los padres quieren saber el paradero de sus hijos, desconocemos la información con que cuente la PGR pero en todo caso esa información será evaluada por la CNDH”, afirmó.
La semana pasada en audiencia pública en Bogotá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas admitió que el Ejecutivo federal tiene la intención de presentar conclusiones este mismo año.
A su vez el fiscal especial de la PGR para el caso Iguala, Alfredo Higuera informó que en las últimas semanas se obtuvo información que confirmaría el móvil de la desaparición de los normalistas y la colusión de policías municipales con la organización criminal Guerreros Unidos.
Por su parte el defensor de los padres de los estudiantes, Mario Patrón expresó su preocupación de que exista urgencia de cerrar el caso sin localizar a los desaparecidos.(Agencia Reforma / Ciudad de México).
Con las demanda de justicia, castigo a los responsables y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en esta ciudad, ayer al cumplirse 41 meses de los ataques padres de los estudiantes, alumnos de la normal, profesores y miembros de organizaciones que los acompañan marcharon y colocaron ofrendas florales en los sitios donde cayeron muertos los estudiantes Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes.
La mamá del normalista José Eduardo Bartolo Tlatempa, María de Jesús Tlatempa Bello exigió que este gobierno de Enrique Peña Nieto no vaya a terminar sin que haya una investigación y castigo en contra de todos los involucrados en las desapariciones y asesinatos.
Mencionó al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ahora uno de los operadores de campaña del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Cerón de Lucio, al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y a los soldados del Ejército.
Reclamó que a pesar de que hay más de 100 detenidos por este caso, entre ellos policías municipales de Iguala, no se sabe de su situación jurídica ni se ha logrado dar con el paradero de sus hijos a tres años y cinco meses de los hechos. Manifestó además su rechazo a la Ley de Seguridad Interior.
La madre en el mitin en la estela en memoria del normalista Julio César Mondragón Fontes, en la Ciudad Industrial, usó el hueso de un animal que halló en el lugar para colocar unos inciensos, en señal de los cientos de cuerpos de desaparecidos y cuerpos exhumados en fosas clandestinas.
Demandó el cumplimiento de las cuatro líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que incluye la investigación a policías de Huitzuco, a militares del 27 batallón, al uso de la telefonía celular de los normalistas y el trasiego de droga de Iguala a Chicago, Estados Unidos.
A las 5 de la tarde de ayer unos 50 miembros del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, miembros del Sutcobach, madres de familia y maestros del internado de San Gabrielito de Tepecoacuilco, marcharon de la carpa de la explanada de Las Tres Garantías a la esquina con periférico Norte donde se realizó el primer mitin, y donde se encontraron con el grupo de normalistas y la comisión de dos padres de la normal de Ayotzinapa que llegaron ahí en autobús.
En el lugar se llevó a cabo una oración, se colocó una corona de flores y se encendieron veladoras e inciensos en la estela para los normalistas Daniel Solís y Julio César Ramírez.
La madre denunció que a 41 meses de los ataques el gobierno federal quiere dejar en la impunidad este caso, y no quiere que se sepa lo que realmente pasó el 26 y 27 de septiembre de 2014, “hay evidencia de que los militares, los federales y los municipales participaron, y hasta el día de hoy la PGR tiene mucha responsabilidad porque está encubriendo a la delincuencia organizada”.
Denunció que la desaparición de sus hijos fue “la gota que derramó el vaso” en Iguala, por la gran cantidad de personas que están desaparecidas y el alto número de cuerpos que fueron exhumados de entierros clandestinos, “nos dimos cuenta que antes y después de Ayotzinapa hubo muchos desaparecidos en Iguala, y hasta el día de hoy es un cementerio”.
Uno de los normalistas convocó a la población de Iguala y a las organizaciones para que los sigan apoyando, y advirtió que no abandonarán la lucha de los padres de los 43 desaparecidos. Pidió a la gente que no esperen a que tengan a un desaparecido para que se sumen a las movilizaciones de protesta.
Un miembro del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala refrendó su apoyo a los padres de los 43, y advirtió que no dejarán las movilizaciones hasta que aparezcan con vida los jóvenes desaparecidos. Exigió la presentación con vida de los 43 y justicia para los tres normalistas asesinados.
Manifestó además su respaldo a los maestros de la CETEG que tienen tomadas las instalaciones de la Delegación regional de la SEG ante la falta de cumplimiento de las autoridades estatales y regionales en la entrega de nombramientos, falta de maestros y revisión de cambios de adscripción que se han dado de manera irregular.
Al terminar este mitin los cerca de 150 participantes marcharon en el periférico a la Ciudad Industrial, donde en la estela al normalista Julio César Mondragón se colocó otra ofrenda de flores, se hizo oración y se realizó un segundo mitin.
Las acciones concluyeron a las 7 de la tarde y los padres y normalistas salieron con dirección a Chilpancingo.
