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No envía aún el gobierno a la CIDH el informe sobre el normalista Mondragón, señalan

La Red Solidaria Década contra la Impunidad denunció que el Estado mexicano “sigue indiferente” ante el caso del estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes, asesinado la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de esa escuela.
El organismo informó que el gobierno de México no ha enviado el informe del caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que recibió la petición de admisibilidad en 2022, a petición de los familiares de la víctima con el acompañamiento de la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
La Red informó que el 27 de diciembre de 2023, la CIDH dio un plazo al gobierno de México de tres meses para que enviara la información del caso Mondragón Fontes.
Sin embargo, en su comunicado de este jueves, informó que el 12 de agosto pasado, la CIDH notificó a la red que el gobierno mexicano no ha respondido a la petición ni a las observaciones que le hicieron en diciembre de 2023.
Le informó, además, que ha transcurrido el plazo de los tres meses, la comisión puede notificar el diferimiento del examen de admisibilidad “hasta el debate y decisión sobre el fondo”.
La red da acompañamiento jurídico a la familia de Mondragón Fontes, quien el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue detenido, torturado y ejecutado.
Su cuerpo apareció al día siguiente, en un camino de terracería, desollado del rostro y le habían extraído los ojos.
“Subrayamos que están por cumplirse 10 años de los hechos y que el Estado no ha realizado una investigación seria, transparente y expedita, como es su obligación”, reprocha la red en su comunicado.
Agrega: “La familia de Julio César Afrodita, su mama; Lenin, su hermano; Cuauhtémoc y Cuitláhuac, sus tíos, siguen resistiendo aún, con el desgaste emocional a cuestas, siguen caminando por encontrar la verdad y la justicia”.
El organismo refiere que los familiares del estudiante siguen buscando justicia, a pesar de los daños psicológicos, así como por las circunstancias en las que perdió la vida, “la tortura y ejecución extrajudicial, de la que fue víctima Julio César Mondragón”.
Indica que a la representación jurídica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad y a la familia de Julio César no les ha causado sorpresa que el Estado no envié información alguna del caso a la CIDH, “dada la impunidad con que se ha tratado”.
En su comunicado, la red solicita a la CIDH que inicie el “diferimiento del examen de admisibilidad”.
Asimismo, responsabilizó al Estado mexicano del hostigamiento y persecución del que la familia es víctima. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Da “esperanza de justicia” a la familia que la CIDH analice el caso de Julio César Mondragón

La madre del normalista de Ayotzinapa desollado del rostro en Iguala, Julio César, Afrodita Mondragón Fontes, en una imagen del 24 de septiembre de 2018 Foto: El Sur / Archivo

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Los familiares de Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa que fue torturado hasta la muerte entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, confían en que su caso sea aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque eso implicaría una esperanza de justicia en el caso.
“Están buscando justicia para Julio César, pero también para otras personas que sufren la misma situación. Que no haya repetición”, explica el abogado que lleva el caso ante la CIDH, Ernesto Rodríguez Cabrera, encargado del área jurídica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, organización que litiga en busca de justicia en casos emblemáticos como el de Julio César.
La CIDH, cuya sede se encuentra en la ciudad de Washington, Estados Unidos, admitió para análisis el caso de Julio César, asesinado la misma noche en que fueron desaparecidos 43 de sus compañeros normalistas en Iguala, Guerrero, a manos de policías, militares e integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos. La Comisión otorgó al Estado mexicano cuatro meses para hacer sus observaciones, plazo prorrogable hasta por cuatro meses más.
–¿Cuál es la relevancia de que la CIDH revise el caso? Estamos hablando del asesinato de tres jóvenes, dos estudiantes más aparte de Julio César, y la familia de este último considera que no se le ha dado el peso que tiene.
–Por lo que nos contaron los familiares, en primer término las autoridades locales hicieron mucha dilación para la investigación y la aplicación de justicia. También ocurrió en el ámbito federal. Esto debería ser relevante, porque son situaciones que se dieron en la misma fecha, tanto las desapariciones como las ejecuciones y torturas que sufrieron algunos estudiantes, especialmente Julio César.
“A nosotros, el caso nos pareció muy relevante por todas las características que presentaba, sobre todo porque, para empezar, había muchas contradicciones en la situación de cómo encontraron el cuerpo. Las autoridades dijeron que la fauna silvestre se había comido su rostro, pero la inhumación del cuerpo reveló que había tenido muchas fracturas”, resume Rodríguez Cabrera en entrevista con El Sur.
“Eso prueba que hubo tortura. Se nos hizo muy importante porque, además, la tortura y el desollamiento fueron prácticamente en vida. Se nos hizo muy grave, por eso aceptamos acompañar el caso”.
–¿Qué significa la admisión en esa instancia internacional y qué se espera que pase en los siguientes meses o años?
–La admisión significa que el caso está todavía en estudio. Le hacen un requerimiento al Estado mexicano con toda la información que se le envió, para que dé cuenta de lo que está haciendo al respecto. Después de que conteste el Estado, la Comisión Interamericana se va a formar un criterio más amplio para decidir si acepta o no el caso.
Si decide que es viable, emitirá un informe de aceptación y luego un informe de fondo.

El expediente, de Iguala a Matamoros

El 16 de diciembre de 2022, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ingresó a la CIDH la información para solicitar que el caso fuera admitido. El 27 de diciembre pasado, poco más de un año después, llegó la noticia positiva para la organización, que de inmediato avisó a la familia de Julio César.
“Nosotros sabíamos por notas, nada más, del asunto de los 43 estudiantes y de Julio César; no teníamos ningún acercamiento con los familiares”, precisa Rodríguez Cabrera.
A mediados de 2022, los familiares del estudiante, sobre todo sus tíos Cuitláhuac y Cuauhtémoc –de apellidos Mondragón Fontes–, pusieron al tanto al abogado del rumbo que había tomado el caso.
“Hicimos una visita al Ministerio Público de Iguala, donde se llevaba el caso, cuando todavía no lo transferían a Matamoros, Tamaulipas. En Iguala nos entrevistamos con la agente del MP y dijo que era bueno que nos hubiéramos apersonado con ellos porque realmente no había quien se interesara en el caso.
“Los familiares se entrevistaron con ella y luego nos dieron autorización y solicitamos en ese momento copias simples del expediente. Cuando fuimos a recoger las copias, nos dieron la noticia de que el expediente se había enviado al juzgado primero de lo penal en Matamoros”, narra Rodríguez Cabrera.
“Nos quedamos sin copias en ese momento. Para la familia fue muy complicado transportarse para allá. Viendo además que había ya mucha dilación de justicia, sobre todo porque no había avances en la investigación. Charlamos con la familia y les expusimos cuáles eran las alternativas, entre ellas la de enviar el caso a la Comisión Interamericana. Se inclinaron por esa opción”.
–¿Estaban decepcionados de las autoridades mexicanas?
–Sí, ellos ya habían recorrido mucho, habían solicitado investigar el caso a las autoridades de Guerrero y a las autoridades federales. No tenían una certeza de que sí se estuviera haciendo. Esa es a grandes rasgos la historia de cómo se inició la petición a la CIDH. Fueron los familiares quienes decidieron que en esa fecha, 16 de diciembre de 2022, se ingresara el caso a la CIDH.
–Tardó un año en llegar la noticia de admisión. ¿Cuáles fuero los criterios de la CIDH?
–Sí, hasta el 27 de diciembre pasado nos notificaron la admisión. Nosotros no sabemos con certeza cuáles fueron los criterios de la Comisión Interamericana para la admisión. No fueron comunicados esos criterios.
–¿Por qué es tan relevante que se admita el caso, tomando en cuenta que la CIDH recibe montonales de peticiones?
–Por la cuestión de la ejecución, la tortura y el desollamiento. Y porque fue un caso muy sonado dentro del asunto de los 43 estudiantes desaparecidos y los tres ejecutados. Incluso estuvo aquí en México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que depende de la CIDH y que fue enviado a México para que investigara los hechos del 26 y 27 de septiembre. Sin embargo, en los informes del GIEI no aparece mucha información acerca de Julio César. Todo este contexto, la Comisión Interamericana lo tomó mucho en cuanta al momendo de admitir el caso.

Militares metidos en asuntos civiles

Sólo casos como el de Julio César Mondragón Fontes, en el que se registraron graves violaciones a los derechos humanos, son admitidos por la CIDH, enfatiza Rodríguez Cabrera.
“Y sobre todo las circunstancias en que fue privado de la vida Julio César, porque nunca ha estado claro quiénes fueron las personas que ejecutaron al estudiante, pero llama mucho la atención que quienes descubrieron el lugar donde supuestamente ocurrió el crimen y lo resguardaron son los militares.
“Tampoco el Estado quiso decir nada acerca de esta participación de los militares porque era una situación civil. Entonces, ¿qué tenían que ver los militares ahí? Eso también lo plasmamos en la petición”.
–A Julio César apenas se le ha mencionado en los informes federales de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, y ya ni hablar de los otros dos estudiantes asesinados, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
–De los otros dos estudiantes no tenemos informes de los familiares y creo que tampoco se acercaron al GIEI. A las autoridades les favorece, porque así no hay ningún problema.
–Pero para todas las familias de las víctimas sería muy positivo que proceda la admisión en la CIDH.
–Sí, es una esperanza para ellos. Los familiares de Julio César tienen mucha fe en que su caso sea aceptado y que se haga justicia y se revele realmente la verdad de lo que sucedió. Además, no solo están buscando justicia para él o para la familia. Están buscando justicia para otras personas que sufren las mismas situaciones. Y que no haya repetición.

Sin voluntad política no se mueve nada

–De aceptar el caso, tras el proceso, ¿la Comisión Interamericana dará sus conclusiones y recomendaciones?
–De suceder, se debe realizar un informe de fondo para dictar medidas que prácticamente ya serían un tipo de sentencia, la cual tendría que cumplir el Estado mexicano. Si no las cumple, el caso deberá irse a la Corte Interamericana.
–En este tipo de violaciones graves a los derechos humanos, las familias pasan por procesos largos y dolorosos, como en el caso de Rosendo Radilla o el de Digna Ochoa, cuyos asesinatos apenas han sido juzgados en instancias internacionales –se le comenta al abogado.
–Ahorita estamos en un momento crucial por los cambios de mando políticos. Esperamos que en el siguiente gobierno tengan la voluntad política quienes queden al frente, porque es un asunto de voluntad política –remarca Rodríoguez Cabrera– el que se lleve a cabo o no el cumplimiento de las resoluciones.
Casos como Radilla u Ochoa, añade, “sucedieron en regímenes priistas y panistas, que no tenían ninguna intención de cumplir con las resoluciones.
“Tristemente, a la vuelta del tiempo, tenemos un gobierno que supuestamente es democrático y que también ha soslayado el cumplimiento de las resoluciones con el argumento de que eso no le tocó a ellos, cuando es un cumplimiento que tiene que dar el Estado.
“El que está enfrente tiene que cumplir un mandato nada más, pero porque el pueblo se lo indicó, no porque haya hecho tales acciones. La voluntad política, insisto, tiene que ser muy importante en el siguiente periodo, sobre todo porque hay muchos familiares que todavía están pendientes en su cumplimiento de sentencias.
“Tenemos el caso de las mujeres violadas en la Montaña de Guerrero. El caso del Estado de México, también con las mujeres violadas de Atenco. Son varios casos pendientes. Sí, se trata de voluntad política, sobre todo porque la ciudadanía tiene que estar al pendiente de todos esos asuntos, porque finalmente a todos nos incumbe, nos afecta y beneficia en caso de que haya justicia”, concluye el abogado.

Militares cambiaron lugar y hora del hallazgo del cuerpo desollado de Mondragón: GIEI

Alejandro Guerrero

Iguala

En su sexto y último informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hizo nuevas revelaciones de manipulación de información y alteración de las escenas del crimen dentro de las investigaciones del caso Ayotzinapa en las que participaron efectivos del Ejército, entre ellas, que el normalista Julio César Mondragón Fontes, quien fue torturado y desollado del rostro, no fue hallado en la zona de Ciudad Industrial de Iguala como se ha dicho en la versión oficial, sino a 8 kilómetros de allí, en el poblado de Mexcaltepec, municipio de Taxco.
Asimismo, en su informe presentado este martes en el que los investigadores, Ángela Buitrago y Carlos Beristain además se despidieron del caso Ayotzinapa, evidencian una serie de contradicciones entre las comandancias del 27 y 41 Batallón de Infantería dependientes de la 35 Zona Militar, que en septiembre de 2014 ambas tenían sede en Iguala, y después de los hechos, el segundo fue transferido a Teloloapan.
Un reporte oficial enviado a la 35 Zona Militar la mañana del 27 de septiembre de ese año, indica que el hallazgo ocurrió en el poblado de Mexcaltepec, municipio de Taxco. Sin embargo, otro oficio del 41 Batallón refiere que Julio César Mondragón fue localizado en la zona industrial de Iguala, luego de una llamada anónima. En al menos tres documentos de la Sedena hay contradicciones sobre el lugar y la hora del hallazgo, así como de las autoridades que intervinieron en esa diligencia.
Mondragón Fontes, conocido por sus compañeros como El Chilango, estudiante de primer grado de la Normal de Ayotzinapa, estuvo desde la llegada de los normalistas a Iguala y su desaparición se dio después de los ataques en la esquina de la calle Juan Álvarez y Periférico Norte, luego de que policías municipales le cerraron el paso a los tres autobuses en los que viajaban.
Al tratar de resguardarse luego del segundo ataque en Álvarez y Periférico, fue interceptado por sus captores quienes lo torturaron con brutalidad, después lo asesinaron y lo desollaron del rostro por miembros de Guerreros Unidos con el probable apoyo de policías, de acuerdo con las investigaciones.
Hasta antes de este informe, la versión oficial era que el muchacho fue encontrado a las 8:30 de la mañana del 27 de septiembre de 2014 en la zona de Ciudad Industrial, en la esquina de las avenidas Industria Electrónica e Industria Textil, a 850 metros de la esquina de la calle Juan Álvarez y Periférico Norte, sitio en el que incluso se construyó un obelisco en su memoria.
El oficio 0932 firmado por un Coronel de Infantería del 41 Batallón indicaba que fueron efectivos de este cuartel quienes hicieron el hallazgo luego de recibir una llamada “anónima”.
El GIEI encontró otra contradicción de este hecho en archivos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En el informe se muestra un reporte oficial realizado por el responsable de Derechos Humanos de Sedena en el que se muestran las dos fotografías difundidas del cuerpo desollado y torturado de Mondragón Fontes.
Al pie de las fotografías enviadas al Estado Mayor de la 35 Zona Militar el 27 de septiembre de 2014 se lee: “aspecto general del cuerpo sin vida del sexo masculino localizado a inmediaciones del poblado de Mexcaltepec, municipio de Taxco de Alarcón, Gro.”.
“Es decir, la leyenda que acompaña a las fotografías del cuerpo de Julio César, señala otro lugar cercano a Taxco, donde habría sido encontrado el cuerpo. Este hecho debe ser investigado por la UEILCA, dado que contradice las versiones ya de por sí contradictorias sobre quienes intervinieron y las circunstancias del hallazgo del cuerpo de Julio César Mondragón”, indica el informe de los expertos.
El GIEI detectó además contradicciones en los informes oficiales de Sedena entre las horas del hallazgo y las corporaciones que intervinieron en las diligencias, las cuales consideró, deben ser investigadas y esclarecidas por la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa.
En el informe se indica que el comandante del 41 Batallón, “ordenó al C. TTe. F.J.A.H. al mando de la F.R. se trasladara al lugar de los hechos con la finalidad de corroborar la información de referencia, localizando el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino de aprox. 25 años de edad, con el rostro desollado, con vestimenta pantalón de mezclilla color negro, playera tipo sport color rojo, tenis color blanco y bufanda de color negro con rayas a la altura del cuello”.
Detalla que llegaron un agente del MP, un perito criminalista, el titular de Semefo, el jefe de Policía Ministerial, el encargado de la policía del Estado y un policía estatal del C-4 de Iguala, información que fue enviada incluso al comandante del 27 Batallón y al comandante de la Zona Militar 35 en Chilpancingo, firmado por el Coronel de Infantería R. H.N.-CMTE, el 27 de septiembre.
El GIEI precisó que no existe constancia de por qué intervino este batallón, que hasta entonces no había aparecido en la documentación oficial.
Sin embargo, de manera totalmente contradictoria, en comunicaciones oficiales del 27 Batallón se refiere que fue éste el que llegó al lugar después de una llamada del C-4 a las 9:50 de la mañana del 27 de septiembre.
Los documentos oficiales a los que tuvo acceso el grupo de expertos indican que luego de una llamada a C-4, “a las 10:20 de la mañana, el Comandante del 27/o. Batallón de Infantería ordenó a la Fuerza de Reacción, al mando del C. Teniente de lnfantería J.O.C., saliera a corroborar la información del cuerpo sin vida; lugar a donde también arribaron integrantes de la Policía Municipal de Iguala y Policía Estatal acompañando a las CC. Lie. M.C.L. Agente del Ministerio Público y V.D.R. Perito en Criminalística”.
Se observa que entre las contradicciones en esta referencia aparece Policía Municipal y no aparece Policía Ministerial, ni el encargado de la Policía Estatal del C-4. Tampoco hace referencia que en el lugar ya estuvieran efectivos del 41 Batallón custodiando el área.
El 17 de agosto de 2017, el teniente J.G. responsable de inteligencia del 27 Batallón, quien recibía toda la información del C-4, declaró ante la entonces PGR, que había un error en el mensaje “FCA” que había dado cuenta de la hora en que se habría comunicado que existía un cuerpo sin vida en la zona industrial de Iguala, señalando que el aviso se habría recibido antes de las 9 de la mañana.
Una contradicción más, indica, es que a respuesta de preguntas hechas por el GIEI y la Covaj, en el oficio SEDENADH-R-1060 “señala de nuevo que no intervino el 41 batallón, cosa que se contradice de nuevo con la evidencia documental revisada por el GIEI”.
El poblado de Mexcaltepec, en el que en febrero de 2014 se hizo el primer hallazgo masivo de fosas clandestinas de los que se tiene registro, está a 8 kilómetros de la zona de Ciudad Industrial, donde según la versión oficial fue hallado Julio César Mondragón.
Esta comunidad de Taxco está situada a 2 kilómetros de la comunidad de El Naranjo, Iguala, donde policías municipales del grupo Los Bélicos, al servicio de la organización Guerreros Unidos, mantenían uno de los tres retenes de vigilancia de acceso al municipio por los que nadie entraba ni salía en esa época sin ser revisado en tiempos del alcalde José Luis Abarca Velázquez.

La autoridad no ha incluido la tortura en el caso de Julio César Mondragón Fontes, denuncian familiares

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

La familia de Julio César Mondragón Fontes, uno de los tres estudiantes asesinados en los hechos violentos que ocurrieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, denuncia que el caso de este homicidio específico no ha sido retipificado por las autoridades, pese a que desde finales de 2016 existe un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que determinó que el joven fue torturado.
Cuitláhuac y Lenin, tío y hermano de Julio César quienes comparten los mismos apellidos, también lamentan que en el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa presentado en agosto por la Secretaría de Gobernación (Segob) apenas se mencione a El Chilango, como apodaban en la normal al estudiante asesinado por ser originario de Tenancingo, Estado de México.
La madrugada del 27 de septiembre de hace ocho años el cuerpo de Julio César, entonces de 23 años, apareció con el rostro desollado. Los otros dos normalistas asesinados durante esas horas son Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
Cuitláhuac cuenta a El Sur que su familia y el Colectivo Somos los Ojos y el Rostro de Julio César MF –fundado para exigir justicia– están preocupados, y molestos, porque no hay novedades en la investigación de este homicidio y ven que la atención de las autoridades se ha enfocado solamente en la desaparición de los otros 43 normalistas.
Relata que él fue una de las personas que acudió a recoger el cuerpo de Julio César. “Cuando íbamos a firmar el acta de defunción para que nos lo entregaran y llevárnoslo, nos percatamos de que el crimen había sido catalogado como homicidio calificado ocasionado con objeto contundente”.
No se registraba la tortura. “Nos opusimos porque no se necesita ser perito forense para percatarte de que fue torturado. Las autoridades dijeron que teníamos la opción de impugnar esa catalogación”.
La familia impugnó. Pero no sabía que se enfrentaría a un engorroso procedimiento burocrático. El cuerpo fue exhumado en 2015. En 2016, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la CNDH les entregaron los informes de los peritajes que concluyeron que Julio César había sido torturado y desollado en vida.

El caso, en Matamoros

Si el cuerpo se exhumó, indica Cuitláhuac, fue porque la familia necesitaba que se retipificara el caso, que se reconociera la tortura. “Si al principio era homicidio calificado, con esas pruebas de que fue torturado, en la carpeta tenían que haberse hechos los cambios para que apareciera que fue homicidio con tortura”.
El crimen, sin embargo, no se ha retipificado en el expediente, aunque existe un dictamen oficial sobre la tortura desde 2016. Han pasado seis años.
“Se acabó el sexenio anterior. Van cuatro años de este y seguimos en lo mismo. Si no se retipifica el caso de nada serviría, a nuestro juicio, que se hiciera esa investigación que no se ha hecho a fondo. Hay muchas omisiones”, insiste Cuitláhuac.
Al principio, el caso completo estaba en un juzgado local en Iguala. Una de las demandas fue que lo retomara la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Después de un tiempo, el caso de Julio César lo tomó un juez federal. Pero para la familia fue una sorpresa que el expediente fuera enviado a Matamoros, Tamaulipas.
“Las autoridades dijeron que el caso Ayotzinapa se había dividido en varios juzgados para que fuera más ágil, pero en la práctica ha sido un obstáculo”, considera Cuitláhuac.
La demanda, desde entonces, es que el expediente de Julio César sea atraído por autoridades de Ciudad de México. Para los familiares sería más accesible y, en términos de dinero, un ahorro, porque ir al norte del país implica un gasto elevado.

Lo que dice el informe de la comisión sobre Julio César

Lenin Mondragón Fontes condena que, en el caso de su hermano, “no se estén retomando líneas de investigación y el único avance logrado lo hemos tenido por investigaciones propias”.
Recuerda que el libro La guerra que nos ocultan –investigación escrita por los periodistas Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado– se centra en el caso Julio César Mondragón Fontes y recupera la actividad del teléfono móvil que portaba el normalista.
La sábana de llamadas reveló que la actividad del teléfono permaneció meses después de septiembre de 2014.
“Fue un largo periodo –continúa Lenin–. Se ubicó que cuatro llamadas salieron del Campo Militar No. 1, que está en Ciudad de México, y otras del extinto Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), ahora Centro Nacional de Inteligencia”.
Una amplia investigación que, opina, contrasta “con los pocos renglones” que se le dedican a Julio César en el informe de la Comverdad del caso Ayotzinapa.
En la parte del informe donde se hace referencia al asesinato de Mondragón, se incluyen mensajes entre El Cholo y Ramón N interceptados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Se lee que la captura de Marco Antonio N, alias La Pompi, “puede revelar información sobre el asesinato del estudiante Julio César Mondragón pues él prensenció el hecho y vio a todos los (sicarios de Guerreros Unidos) que participaron, entre ellos El Cholo”.
Mondragón, según el informe, fue uno de los estudiantes que corrió hacia la calle Juárez tras “el ataque a la conferencia de prensa”, de Guerreros Unidos. Esa conferencia fue realizada por estudiantes para denunciar el primer atentado que estuvo a cargo de policías municipales cuando los estudiantes pretendían llevarse autobuses.
“Mientras que algunos de sus compañeros logran refugiarse en un domicilio, Julio César decidió seguir corriendo. Posteriormente uno de los estudiantes escuchó gritos que indicarían el sometimiento del estudiante. Su cadáver fue encontrado a la mañana siguiente en la Ciudad Industrial, cerca de las instalaciones del C-4, con evidentes signos de tortura”, resume el informe.
También indica que la testigo protegida Karla señaló que “se le solicitó tomar fotografías a todos los estudiantes ya que se creía que entre ellos venían personas de Los Rojos”.
Se informó, además, que “de todos los estudiantes, sólo tres de ellos fueron de interés para sus superiores (de Karla), entre los cuales recuerda estaban (Bernardo Flores Alcaraz) El Cochiloco y (Julio César Mondragón Fontes) El Chilango”.
Lo más notable que indica el informe sobre Mondragón, es que se identificó al sicario Eduardo N, alias El Chucky, “como el que mata y tortura al estudiante Julio César Mondragón Fontes El Chilango, incluso sin tener instrucciones de sus superiores”.

“No hemos sido convocados”

Para Lenin, es inaudito que ocho años después de la “brutal represión” contra los estudiantes y en la que su hermano perdió la vida bajo tortura, el caso no se haya esclarecido. No han sido encontrado 40 estudiantes ni hay sentencias contra los asesinos de los tres normalistas ejecutados el día de los hechos.
“Estamos a nada de (que se cumpla) la década, y no queremos que esto sea un 68, un caso no esclarecido”, remarca.
La familia Mondragón Fontes tenía claro que en la anterior administración federal no se iba a esclarecer el caso pero, dice Lenin, “había una esperanza con el gobierno actual de que se investigara a fondo, que no hubiera impunidad”.
Respecto al informe de la Comverdad para el caso Ayotzinapa presentado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, afirma que las familias víctimas ya habían señalado la participación de diversas autoridades.
“Para nosotros no fue muy revelador, es una cuestión que teníamos clara. Pero al menos se confirman, se logró reconocer que sí hubo la participación coordinada de los tres niveles de gobierno”. La investigación, sostiene, debería de abrir nuevas líneas de investigación.
La familia de Julio César siente que en el proceso llevado por el gobierno federal se “nos ha hecho de lado”. Lenin resalta que, desde que se conformó la comisión por decreto presidencial en diciembre de 2018, “la familia Mondragón, y de todos los caídos, no fuimos convocados. Se empezó a ver esa desigualdad. No hubo equidad para aglutinar a todas las víctimas directas e indirectas”.

Queremos justicia, resultados
y acciones contundentes

Cuitláhuac retoma el diálogo entre los integrantes del crimen organizado en el informe de la comisión. “Para nosotros, el mensaje es que los criminales actuaron de forma aislada. Desde nuestro punto de vista, criminalizan a Julio César, porque dicen que era de interés para los criminales y por eso lo ejecutaron”.
En su opinión, “se trata de deslindar al Estado. Si no se investiga la sábana completa de llamadas, están deslindando tanto al Cisen como al Ejército”. Esto repercute no sólo en el caso de Julio César, sino en todo el caso Ayotzinapa, enfatiza.
“Entendemos que el asunto de los estudiantes desaparecidos sea prioridad, pero también existen otros hechos consumados, como son los ejecutados. No sólo los tres estudiantes. También asesinaron a civiles. No podemos decir que únicamente volteen a ver a Julio César. Otras personas estaban ahí y las mataron de manera vil”.
Si el mismo Encinas mencionó que no había indicios de que los estudiantes estuvieran vivos, afirma Cuitláhuac, entonces se trató “de una masacre, y esto nos lleva a retipificar todo el caso. En un crimen de Estado, de lesa humanidad, porque se ha comprobado que participaron los tres niveles de gobierno, elementos que se supone deberían de cuidarnos, incluyendo al Ejército y fuerzas policiales, pero que fueron represores”.
Lenin recuerda que el informe habla de un infiltrado del Ejército, Julio César López Patolzin, pero en Los infiltrados. El secreto de Ayotzinapa se identifica a más.
Menciona este punto porque “si queremos saber la verdad completa, tenemos que conocer primero cómo estaba siendo dirigida la misma normal, quiénes la encabezaban y bajo qué intereses.
“El Estado mexicano está protegiendo a estos personajes y nosotros, por honor a mi hermano, no nos vamos a quedar callados. Seguiremos marcando esa cuestión: queremos que se garantice que no se va a volver a repetir otro Ayotzinapa. Queremos justicia y queremos hechos. Resultados y acciones contundentes”.

Marchan padres de los 43 desaparecidos en Iguala y ofrendan flores para los tres estudiantes asesinados

Con las demanda de justicia, castigo a los responsables y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en esta ciudad, ayer al cumplirse 41 meses de los ataques padres de los estudiantes, alumnos de la normal, profesores y miembros de organizaciones que los acompañan marcharon y colocaron ofrendas florales en los sitios donde cayeron muertos los estudiantes Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes.
La mamá del normalista José Eduardo Bartolo Tlatempa, María de Jesús Tlatempa Bello exigió que este gobierno de Enrique Peña Nieto no vaya a terminar sin que haya una investigación y castigo en contra de todos los involucrados en las desapariciones y asesinatos.
Mencionó al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ahora uno de los operadores de campaña del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Cerón de Lucio, al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y a los soldados del Ejército.
Reclamó que a pesar de que hay más de 100 detenidos por este caso, entre ellos policías municipales de Iguala, no se sabe de su situación jurídica ni se ha logrado dar con el paradero de sus hijos a tres años y cinco meses de los hechos. Manifestó además su rechazo a la Ley de Seguridad Interior.
La madre en el mitin en la estela en memoria del normalista Julio César Mondragón Fontes, en la Ciudad Industrial, usó el hueso de un animal que halló en el lugar para colocar unos inciensos, en señal de los cientos de cuerpos de desaparecidos y cuerpos exhumados en fosas clandestinas.
Demandó el cumplimiento de las cuatro líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que incluye la investigación a policías de Huitzuco, a militares del 27 batallón, al uso de la telefonía celular de los normalistas y el trasiego de droga de Iguala a Chicago, Estados Unidos.
A las 5 de la tarde de ayer unos 50 miembros del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, miembros del Sutcobach, madres de familia y maestros del internado de San Gabrielito de Tepecoacuilco, marcharon de la carpa de la explanada de Las Tres Garantías a la esquina con periférico Norte donde se realizó el primer mitin, y donde se encontraron con el grupo de normalistas y la comisión de dos padres de la normal de Ayotzinapa que llegaron ahí en autobús.
En el lugar se llevó a cabo una oración, se colocó una corona de flores y se encendieron veladoras e inciensos en la estela para los normalistas Daniel Solís y Julio César Ramírez.
La madre denunció que a 41 meses de los ataques el gobierno federal quiere dejar en la impunidad este caso, y no quiere que se sepa lo que realmente pasó el 26 y 27 de septiembre de 2014, “hay evidencia de que los militares, los federales y los municipales participaron, y hasta el día de hoy la PGR tiene mucha responsabilidad porque está encubriendo a la delincuencia organizada”.
Denunció que la desaparición de sus hijos fue “la gota que derramó el vaso” en Iguala, por la gran cantidad de personas que están desaparecidas y el alto número de cuerpos que fueron exhumados de entierros clandestinos, “nos dimos cuenta que antes y después de Ayotzinapa hubo muchos desaparecidos en Iguala, y hasta el día de hoy es un cementerio”.
Uno de los normalistas convocó a la población de Iguala y a las organizaciones para que los sigan apoyando, y advirtió que no abandonarán la lucha de los padres de los 43 desaparecidos. Pidió a la gente que no esperen a que tengan a un desaparecido para que se sumen a las movilizaciones de protesta.
Un miembro del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala refrendó su apoyo a los padres de los 43, y advirtió que no dejarán las movilizaciones hasta que aparezcan con vida los jóvenes desaparecidos. Exigió la presentación con vida de los 43 y justicia para los tres normalistas asesinados.
Manifestó además su respaldo a los maestros de la CETEG que tienen tomadas las instalaciones de la Delegación regional de la SEG ante la falta de cumplimiento de las autoridades estatales y regionales en la entrega de nombramientos, falta de maestros y revisión de cambios de adscripción que se han dado de manera irregular.
Al terminar este mitin los cerca de 150 participantes marcharon en el periférico a la Ciudad Industrial, donde en la estela al normalista Julio César Mondragón se colocó otra ofrenda de flores, se hizo oración y se realizó un segundo mitin.
Las acciones concluyeron a las 7 de la tarde y los padres y normalistas salieron con dirección a Chilpancingo.

 

 

Anuncian activistas visita a EU para denunciar casos de ejecuciones y de tortura en Guerrero

La gira Juntos contra la Impunidad será del 2 al 12 de marzo en las ciudades de Washington y Nueva York, Estados Unidos (EU), para exponer y denunciar distintos casos de ejecuciones y de tortura en Guerrero, entre ellos el del estudiante de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes asesinado el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en los ataques que dejaron 43 normalistas desaparecidos.
Miembros de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad presidida por el obispo Raúl Vera, indicaron en conferencia de prensa este martes que en la gira difundirán casos que han litigado más de 10 años y, de ser posible harán peticiones de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya sede está en Washington.
Así será, por ejemplo, el caso de Julio César, pero también el de la masacre en la comunidad de El Charco, Ayutla, donde soldados del Ejército ejecutaron a 11 jóvenes hace 20 años. Además el expediente del activista Arturo Hernández Cardona, asesinado por el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
“Son hechos desgarradores que reflejan que el Estado mexicano usa a las fuerzas armadas para desaparecer, torturar, ejecutar. Muestras son Aguas Blancas, Tlatlaya, los 43”, expresó Elsa Avilés de la Red.
“En Guerrero hay más de 650 desaparecidos por el Ejército, es terrorismo de Estado que no para. Tenemos más de 100 mil desaparecidos en el país”, dijo en su intervención el activista Julio Mata.
“La impunidad en Guerrero ha aumentado. Ya son dos décadas de la matanza en El Charco y con la Ley de Seguridad Interior tendremos más casos similares por parte del Ejército”, alertó Julián Cruzalta.
“Es increíble que en Iguala se puede detener y asesinar a una persona que va transitando. Como familiares y víctimas de los atropellos del Estado mexicano hemos decidido iniciar la petición de admisibilidad ante la CIDH”, secundó Soledad Hernández Mena, hija de Arturo Hernández Cardona.
Los normalistas asesinados

En entrevista con El Sur Afrodita Mondragón Fontes, mamá de Julio César –el joven normalista cuyo cadáver fue hallado con el rostro desollado–, exigió que el caso sea atraído por la PGR y reclasificado.
“Se trató de una ejecución extrajudicial en la que hubo tortura, pero se calificó como homicidio doloso”, denunció con voz enérgica.
“Julio César ingresó a Ayotzinapa y, a los dos meses en la represión a los estudiantes le cortaron el rostro. No es lo mismo un balazo a ser asesinado con tanta saña. Deben ser encontrados los asesinos reales, no cualquier policía. Su muerte fue tremenda, ¿qué hizo para que lo mataran así?”.
Por su parte Cuauhtémoc y Cuitláhuac Mondragón, tíos de Julio César, condenaron “la omisión de las autoridades, ¿por qué la PGR separó los casos de los 43 desaparecidos y el de los estudiantes asesinados: Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez, debe de ser una sola investigación”.
Solicitaron que sean tipificadas la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones, “tras el tema de los 43 sabemos que no son delitos graves. Con Julio César en la segunda necropsia que efectuaron intervinieron los antropólogos-forenses argentinos y ya tenemos las pruebas de que fue torturado, y eso no se tomó en cuenta. En la investigación oficial del caso declararon personas que ni siquiera estuvieron presentes. Es plan con maña”, lamentó Cuauhtémoc Mondragón.
Tras casi cuatro años los familiares del estudiante saben lo que implica perseverar para que un caso sea esclarecido.
“Queremos que Década lo difunda en la gira porque ha sido descuidado, jurídicamente hablando. La autoridad le apuesta al olvido, te hacen perder tiempo y los trámites cansan, aunque seas familiar, es un desgaste físico y económico que te cambia la vida”, dijo Cuitláhuac. (De la corresponsalía, Ciudad de México).

 

Ayotzinapa, punto neurálgico de la agresión al movimiento social, afirma un coautor de La guerra que nos ocultan

Zacarías Cervantes

Tixtla

Las agresiones al movimiento social en Guerrero encontraron su punto neurálgico en la Normal de Ayotzinapa, porque el Estado la ve como un peligro para sus proyectos mineros y reformas estructurales, dijo anoche el coautor del libro La guerra que nos ocultan, Félix Santana, durante la presentación que fue parte de las actividades del nonagésimo primer aniversario de la escuela.
El investigador insistió en que hubo participación directa del Ejercito en la desaparición de los 43 estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. De lo contrario, pidió, que explique por qué robaron y mantuvieron activo el celular de Julio César Mondragón Fontes, el joven que fue desollado del rostro, hasta abril de 2015 y mediante el rastreo de las llamadas se pudo comprobar que tuvieron el aparato en el Campo Militar número Uno, de la Ciudad de México.
De ambos temas se habla en el libro La guerra que nos ocultan, editado por Planeta, de los autores, Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado, quienes documentaron los registros de actividades telefónicas posteriores al asesinato de Mondragón Fontes, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, con lo que demostraron que sí participó el Ejército.
Félix Santana destacó que la agresión a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa forma parte de las agresiones al movimiento social en Guerrero, y que encontró en Ayotzinapa el punto neurálgico porque aquí coinciden todos los movimientos sociales. Advirtió que estas agresiones no han terminado, “esto se va a poner peor en los próximos días”, porque están en proceso reformas a cuatro leyes, para lo que han generado todo un “entramado institucional”.
Detalló que han modificado la ley que reglamenta el artículo 29 constitucional que permite a la Presidencia de la República decretar un Estado de excepción en zonas específicas del territorio, y prohibir las libertades de prensa, de expresión y de reunión.
Otra modificación al marco jurídico es el Código de Justicia Militar, que legaliza los patrullajes de la Marina y el Ejército, los cateos a domicilios particulares, instituciones como ayuntamientos, palacios de gobierno, instituciones electorales, “con lo que estamos ante la posibilidad de un golpe militar”, expuso.

Añadió que otra reforma es la ley del uso de la fuerza pública que se aprobó en el Estado de México y que consiste en que, si un jefe policiaco determina que una movilización es ilegal puede utilizar municiones y armamento letal para detenerla. “Es decir nos pueden matar por manifestarnos”, destacó.
También citó la modificación en el Senado de la República a la Ley Orgánica de la Administración Pública para otorgarle a la Secretaría de Marina que controle toda la zona costera del país, “es decir, que en 263 municipios de la zona costera, las fuerzas armadas podrán controlar, particularmente la Marina a partir de la modificación que hicieron a dicha ley”.
Dijo que, “el Estado ha aprovechado su poder para militarizar el país, estamos hablando de la brutalización de la política, y en donde el Estado impone su fuerza”.
Explicó que eso ocurre porque estamos desarticulados como pueblo, e incluso como organizaciones sociales, “la razón es que obedecemos a un modelo neoliberal que nos obliga a ser individualista y a competir, a consumir en lugar de pensar, que te exige a que la educación sea un servicio y no un derecho”.
Al final, el otro autor presente, Miguel Alvarado mostró una secuencia fotográfica con la que sustentan que Mondragón Fontes fue desollado y torturado vivo por sus victimarios, la noche del 26 de septiembre de 2014, quienes además lo despojaron de su celular, la misma noche que lo mataron y lo mantuvieron activo hasta abril de 2015.
Con ello sustentan la participación del Ejército, porque el aparato fue ubicado en las instalaciones del Campo Militar número Uno.
En la presentación estuvieron la esposa de Mondragón Fontes, Marissa Mendoza, y el tío del joven estudiante, Cuitláhuac Mondragón, quien dijo que los familiares de los estudiantes asesinados y desaparecidos tienen el derecho a conocer la verdad, “tenemos derecho a que se haga justicia y esto implica castigo a los culpables, físicos e intelectuales”.
Añadió que también tienen derecho a una reparación del daño, pero no como el Estado pretende, “que es al revés”, si no como lo establecen los estándares internacionales.
El tío de Mondragón Fontes, quien es egresado de la Normal Rural de Tenería, Estado de México, convocó a los estudiantes a seguir difundiendo pláticas como estas para concientizar a la gente.
Pidió que la lucha por la justicia no sea aislada, “porque no solamente es de Ayotzinapa, ni tampoco sólo de las organizaciones sociales, es una lucha de toda la humanidad porque es un crimen de lesa humanidad”.
Añadió que la lucha debe enfocarse para la no repetición de casos como estos, “porque desgraciadamente, el Estado le está apostando a que se repita y que el caso quede en la impunidad, lo que implicaría que ya no va a pasar nada, nos hagan lo que nos hagan”.

Marchan normalistas, organizaciones y padres de Ayotzinapa en Iguala a 29 meses de los ataques

Al cumplirse 29 meses de los ataques, los asesinatos de tres normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 más, la tarde de ayer padres de los desaparecidos, estudiantes y organizaciones que los acompañan marcharon en las calles y carreteras de Iguala, colocaron ofrendas florales y reiteraron su exigencia de justicia, presentación con vida y castigo a los involucrados en este crimen.
Minutos después de las 5 de la tarde de ayer, más de 100 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, una madre de familia y miembros del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala que los acompañan, salieron en marcha de la carpa de la Dignidad instalada en la explanada de Las Tres Garantías, caminaron en la calle Juan Álvarez y 40 minutos después llegó a la esquina con el periférico Norte, donde se colocó una ofrenda de flores a los normalistas asesinados la madrugada del 27 de septiembre, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo. También se hizo un mitin en este sitio.
Durante el recorrido se vio a policías federales, estatales y municipales en patrullas siguiendo las actividades, tomando fotografías de los participantes y vigilando a corta distancia.
En la marcha, uno de los oradores en un carro de sonido reiteró el llamado a los vecinos de Iguala para dar información de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre, y los convocaron a apoyar a los padres de los 43 desaparecidos.
Un vocero de los normalistas reiteró durante el mitin la exigencia de que se investigue a los soldados que participaron esa noche y a los mandos militares que estuvieron detrás de las órdenes que se dieron a los involucrados.
Exigió al alcalde priista de Iguala, Herón Delgado Castañeda, al gobernador Héctor Astudillo Flores, y al presidente Enrique Peña Nieto que encarcelen a todos aquellos que estuvieron vinculados a los crímenes del caso Ayotzinapa.
“Llamamos a la población de Iguala a que se una y comparta esta voz de rabia, de injusticia de los normalistas… las 43 butacas siguen esperando a nuestros compañeros para que sigan estudiando y terminen sus estudios para ir a sus escuelas a dar clases, a llevar educación a los niños y a las niñas”, expuso, y demandó al gobierno “que responda a esta terrible masacre, a este crimen de Estado ocurrido hace 29 meses, dónde participaron los policías municipales, los policías federales, los estatales y los militares”.
El vocero dijo que se sumaban también al rechazo al gasolinazo, los incrementos en el precio de la electricidad, el gas y los productos de la canasta básica que tanto han afectado a las clases más desprotegidas.
Después de las 5 de la tarde la marcha siguió por el periférico norte, en la dirección poniente-oriente, hasta llegar a la estela erigida en honor de Julio César Mondragón Fontes, el normalista torturado y desollado del rostro, donde también colocaron una corona de flores y se hizo un mitin en el que se advirtió que las acciones de protesta no se detendrán hasta que haya justicia, la presentación con vida de los 43 desaparecidos y castigo para todos los implicados.
En el segundo mitin, un representante del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, reiteró la exigencia a las autoridades federales para que den a conocer información del proceso y la situación actual del ex alcalde del PRD, José Luis Abarca Velázquez y su jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, ambos detenidos en penales federales por este caso.
También exigió justicia y castigo al asesinato del maestro jubilado Claudio Castillo Peña, ocurrido hace un año durante el desalojo violento de policías federales en Acapulco, y demandó al gobierno federal que use toda la fuerza que mostró en el desfile militar del viernes, para que se garantice la paz y la tranquilidad de los igualtecos y los guerrerenses ante la imparable ola de violencia.
Minutos antes de las 7 de la noche, las actividades concluyeron sin incidentes, y los normalistas y una de las mamás que participó salieron de Iguala con dirección a la Normal Rural de Ayotzinapa en los dos autobuses Consta Line en los que llegaron.

Detiene la PF en Iguala a tres hombres implicados en el asesinato y la desaparición de normalistas

La Unidad de Inteligencia de la Policía Federal detuvo entre la noche del jueves y la mañana de ayer en Iguala a tres hombres, dos de ellos hermanos, presuntamente implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato del normalista Julio César Mondragón Fontes, quien fue desollado del rostro.
Uno de los detenidos es Mauro Taboada Salgado de 40 años, ejidatario y hermano del presidente del Comisariado Ejidal de Iguala, Cirilo Taboada Salgado.
Fuentes de Seguridad Pública federal informaron que entre las 6:30 y las 7 de la noche del jueves, policías federales detuvieron en la colonia Villa de las Flores a los hermanos Bernabé Sotelo Salinas El Peluco o El Botitas de 28 años y a Cruz Sotelo Salinas El Tísico o El Oaxaco de 19 años, a quienes les hallaron al momento de su detención un fusil AR-15 con un cargador con 20 cartuchos útiles y una pistola .9 milímetros.
En un parte informativo se menciona que uno de los detenidos declaró a las autoridades que entre los 43 estudiantes “venían tres miembros de La Familia Michoacana, los cuales fueron incinerados”; según el mismo informe, los detenidos confesaron haber participado en el asesinato de al menos dos normalistas.
Se dio a conocer que, tras verificar sus nombres se comprobó que ambos están implicados en diferentes averiguaciones con el ataque y desaparición de los 43 normalistas, por lo que fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), donde fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, aunque el gobierno federal dijo que los llevaron a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Entre las 7:30 y las 8 de la mañana de ayer, extraoficialmente se supo de la detención de un tercer presunto implicado en el caso Ayotzinapa y el asesinato del normalista Julio César Mondragón Fontes, cuyo cuerpo fue hallado la mañana del 27 de septiembre en la zona industrial al norte de Iguala desollado del rostro y con huellas de tortura.
La tarde de ayer, sin mayor detalle, fuentes de Seguridad Pública federal informaron que el tercer detenido, Mauro Taboada Salgado, al que las autoridades federales señalan “directamente relacionado con el homicidio del normalista Julio César Mondragón Fontes”.

Son integrantes de Guerreros Unidos, dice Renato Sales

A la 1 de la tarde, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, en conferencia de prensa informó de las detenciones de los presuntos integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, “según las investigaciones estos sujetos estarían involucrados en la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa”, indicó.
El funcionario federal relató que Bernabé y Cruz Sotelo Salinas “habrían recibido a los jóvenes por parte de elementos de la Policía Municipal de Iguala”.
También dijo que Cruz Sotelo habría estado “presumiblemente” a cargo del armamento del grupo delictivo, mientras que Mauro Taboada estaría implicado en el asesinato del normalista Julio César Mondragón, “según se advierte de la declaración de Gildardo López Astudillo, El Gil”, quien actualmente se encuentra detenido por su participación en la desaparición de los normalistas.
También comentó que Bernabé Sotelo llevaba una maleta que contenía un arma larga, con cargador abastecido de 20 cartuchos útiles, mientras que Cruz portaba un arma corta en la cintura, al igual que Mauro Taboada.
Informó que los detenidos fueron llevados a la Ciudad de México y puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, donde obran investigaciones en su contra.
Sales remarcó que, en primer término, se puso al tanto a los familiares de los normalistas desaparecidos sobre las detenciones.
“Ahorita el gobierno a todos los que agarran ya dicen que son de Guerreros Unidos”, dice un familiar de Taboada

En la noche, familiares de Mauro Taboada confirmaron su detención y dijeron que fue ayer, entre las 7:30 y las 8 de la mañana, cuando éste iba hacia su trabajo.
Uno de sus familiares informó a este reportero que Mauro Taboada es ejidatario, y desde hace seis años trabaja en una granja de cría de cerdos ubicada al sur de Iguala.
Sobre la relación que hace el gobierno federal de Taboada con el caso Ayotzinapa y el asesinato de Julio César Mondragón, respondió, “ya cualquier persona que agarra el gobierno federal, ya lo relacionan con todo eso (de Ayotzinapa), ellos quieren justificar su trabajo”.
Dijo que el gobierno federal tendrá que comprobar lo que están señalando de Mauro Taboada, y criticó que antes de hacer las investigaciones ya lo estén señalando como probable responsable de ese delito, “ojalá la verdad salga a relucir, porque no se vale que estén culpando a gente inocente”.