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El Plan B, para retirar privilegios al INE: Félix Salgado; viola la Constitución: Añorve

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Los senadores por Guerrero, Félix Salgado Macedonio y Manuel Añorve Baños, reiteraron sus diversas posturas referentes al dictamen de reforma electoral en el Senado de la República.
El morenista Félix Salgado aceptó que el primer dictamen enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no prosperó debido a la falta de votos para lograr las dos terceras partes a favor requeridas, señalando que los senadores pertenecientes a los partidos de oposición estuvieron en contra.
“El Plan A no pasó, la iniciativa del presidente López Obrador, porque nos faltaron los votos para lograr las dos terceras partes. Ustedes se opusieron. Eso era lo mejor y lo ideal para el país”.
Desde la tribuna del Senado, Salgado Macedonio afirmó que los senadores de partidos de oposición están en contra de retirar los “privilegios” del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmando que se busca continuar con la corrupción dentro de los procesos electorales.
“Viene el Plan B y también se están oponiendo, con argucias. Pero en realidad a lo que ustedes se oponen es a que se le quiten los privilegios al INE, una institución que nació para dar imparcialidad, certeza, confianza, honestidad en los procesos electorales. Ustedes quieren continuar con la corrupción, ustedes quieren continuar con los procesos de estado”.
El que estuviera contemplado a la candidatura para la gubernatura del estado de Guerrero en 2021, comparó los sueldos del presidente Andrés Manuel López Obrador con los recibidos por un consejero electoral, señalado que estaba a favor del dictamen para reducir los gastos de la dependencia.
“Vengo a apoyar esta iniciativa de reforma, porque viene cuando menos a paliar un poco el derroche que traen en el INE”.
Añadió que un consejero electoral posee consideraciones laborales como un seguro de separación, una gratificación de fin de año y las primas vacacionales, puntualizando que ni los mismos legisladores, cuentan con esas garantías.
“Ni nosotros tenemos esos salarios y privilegios que tiene el INE: ¿no nos da vergüenza?, pregunto. ¿A nosotros quien nos elige? El pueblo. ¿A los consejeros electorales quién los eligió? Y tienen más poder que ustedes y que nosotros”, señaló Salgado Macedonio.
Cuestionó que el INE tiene denuncia contra dirigentes del partido Morena y que la dependencia solamente se encuentra a favor de los partidos de oposición como el PAN, el PRD y el PRI.
“Ahorita el INE, el PAN y el PRD, demandan a prácticamente todos los dirigentes de Morena, menos al PRI y al PAN, no hay ningún denunciado o demandado y nosotros estamos contestando denuncias y demandas constantemente ¿De parte de quién está el INE? De parte de ustedes, de la mafia”.
Sobre la marcha pactada para el próximo domingo 26 de febrero, Félix Salgado preguntó los motivos de dicha manifestación, asegurando que era a favor de la corrupción, adelantando que votaría a favor del dictamen electoral.
“¿La marcha del domingo para qué es? Para pedir la libertad de García Luna, para pedir impunidad, para mostrar el músculo y traen ahí sus aliados perversos, pero en realidad eso no es una marcha por la democracia, eso es una marcha por la corrupción. Voy a votar a favor”.

La Corte dará la razón a las impugnaciones: Añorve

Por su parte, el integrante del Grupo Parlamentario del PRI, Manuel Añorve Baños, se manifestó en contra de la propuesta electoral, afirmando que los integrantes del bloque opositor cuentan con argumentos legales para su postura, a pesar de considerarlo anticonstitucional.
“Por más que las y los senadores de oposición tengamos la razón jurídica, la realidad es que la mayoría tiene los números para aprobar este documento, por más violatorio de la Constitución que sea,” dijo Añorve Baños.
Reiteró que la iniciativa electoral en discusión es inconstitucional, por lo cual se interpondrá una impugnación frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y adelantó que esa instancia les dará la razón.
“Una vez que este Plan B lleno de vicios, sea aprobado por ustedes y promulgado, nosotros como lo hemos dicho, lo impugnaremos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que estoy seguro nos dará la razón, porque tenemos la razón”.
De igual forma, el priista expresó que tanto el INE como el Tribunal Electoral son instituciones ciudadanas que han organizado procesos electorales “justos y limpios”, con un origen en la lucha histórica del actual gobierno.
El ex alcalde de Acapulco, manifestó que es necesaria mayor confianza por parte de los ciudadanos en las instituciones democráticas, además de señalar que no se requiere mayor intervención gubernamental.
“Estoy convencido de que todo esto no es un traje a la medida del presidente en turno. Por eso lo que necesitamos es más confianza ciudadana en las instituciones democráticas, no más intervención gubernamental”.
Adelantó que, como integrante de la oposición gubernamental, participará en la marcha a realizarse el próximo domingo 26 de febrero, aclarando que es una manifestación libre, sin presiones y ciudadana.
“Aquí se los aseguro, no habrá camiones, no habrá acarreados, no habrá consigna, vamos a salir a caminar y vamos a salir a manifestarnos, que la democracia no se toca, que el INE no se toca y que el voto no se toca”.
Se tiene programada una marcha para el próximo domingo 26 de febrero en contra del denominado Plan B electoral. Está contemplado que en la Ciudad de México se concentren a partir de las 11 de la mañana en el Zócalo capitalino.

 

El gobierno minimiza a los desplazados; son cerca de 30 mil, denuncia el Centro Morelos

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) denunció que el actual gobierno, como los anteriores, sigue minimizando el problema del desplazamiento forzado interno por la violencia, que en la entidad afecta a entre 25 y 30 mil personas.
El organismo realizó un recuento de las acciones de violencia que han provocado el desplazamiento de familias en la entidad y pidió la actualización de la Ley 487 para Atender y Prevenir el Desplazamiento Interno; además, que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
“Con la práctica gubernamental de minimizar la violencia, que desde el 5 de octubre de 2022 azota al estado de Guerrero, como la masacre de 22 personas en San Miguel Totolapan, las autoridades del estado quisieran que, con el sólo hecho de negarlo, no existiera”.
El organismo enumeró las masacres y enfrentamientos, sobre todo en la sierra, desde la de 22 personas el 5 de octubre del 2022 en San Miguel Totolapan, en la que fue asesinado el presidente municipal, Conrado Mendoza Almeda, su padre y parte de su gabinete.
Hasta el enfrentamiento más reciente del 2 de febrero pasado en Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán, entre civiles armados contra policías y militares, dejando un muerto, un herido y tres detenidos.
“Ahora, si le agregamos los homicidios cometidos día con día en diferentes puntos del estado y las desapariciones, no entendemos cómo pueden las autoridades decir que hay paz y tranquilidad”.
El organismo de derechos humanos sostiene en su comunicado que la consecuencia de esta guerra “por el control del territorio y el apoyo de agentes del estado a algunos grupos delincuenciales, ha traído como consecuencia decenas de familias desplazadas”.
Refiere que algunas son simpatizantes de uno y otro grupo, “así como familias aterrorizadas por la violencia que se desplazan para evitar ser víctimas del fuego cruzado o de algún secuestro, extorsión o desaparición de algún familiar, tanto de municipios de Tierra Caliente, de la sierra y de Costa Grande, concretamente de los municipios de Petatlán y Tecpan”.
Subrayó que este fenómeno de violencia genera una “violación completa y continuada de todos los derechos humanos; el derecho a la salud, a la educación, al empleo, a la paz, a la seguridad y a la vida”.
Agrega: “Le recordamos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que desde el año 2016, hasta 2021, sumaron 22 mil 840 desplazados a los que habría que sumarle los más de 2 mil 500 de 2022 y los que van de enero de este año, por lo que Guerrero tiene el 50 por ciento de los desplazados que hay en el país, y hasta ahora, habría más de 25 mil desplazados en el estado”.
De acuerdo con el organismo defensor de derechos humanos, por el contexto de violencia que se vive en el estado, “es previsible que habrá otros enfrentamientos, masacres y desplazamientos masivos que van a incrementar los 25 mil personas desplazadas actualmente”.
Informó que durante el proceso de acompañamiento y representación del Centro Morelos “a una gran cantidad de familias víctimas de desplazamiento forzado interno, son varios los logros que hemos tenido en beneficio de familias de diferentes municipios”.
Agregó que de manera paulatina, el Centro Morelos sigue avanzando “en la construcción de soluciones más duraderas y con estos logros habremos construido el camino para que otras víctimas lo recorran con mayor facilidad”.
Añadió que en ese organismo están conscientes de que el problema del desplazamiento forzado interno “está muy lejos de detenerse”, que en la medida en que los tres órdenes de gobierno no garanticen condiciones de seguridad y paz pública, “el desplazamiento crecerá”.
Por ello, hizo un llamado a todos los grupos de familias víctimas de desplazamiento forzado interno y a las familias que no están organizadas, “para unirnos en la exigencia de poner un alto a esta crisis de derechos humanos y que el gobierno cumpla con nuestros derechos”.
El Centro Morelos exigió, por tanto, que se actualice y reglamente la Ley 487 para Atender y Prevenir el Desplazamiento Interno. Asimismo, que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.

 

Ayotzinapa, punto neurálgico de la agresión al movimiento social, afirma un coautor de La guerra que nos ocultan

Zacarías Cervantes

Tixtla

Las agresiones al movimiento social en Guerrero encontraron su punto neurálgico en la Normal de Ayotzinapa, porque el Estado la ve como un peligro para sus proyectos mineros y reformas estructurales, dijo anoche el coautor del libro La guerra que nos ocultan, Félix Santana, durante la presentación que fue parte de las actividades del nonagésimo primer aniversario de la escuela.
El investigador insistió en que hubo participación directa del Ejercito en la desaparición de los 43 estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. De lo contrario, pidió, que explique por qué robaron y mantuvieron activo el celular de Julio César Mondragón Fontes, el joven que fue desollado del rostro, hasta abril de 2015 y mediante el rastreo de las llamadas se pudo comprobar que tuvieron el aparato en el Campo Militar número Uno, de la Ciudad de México.
De ambos temas se habla en el libro La guerra que nos ocultan, editado por Planeta, de los autores, Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado, quienes documentaron los registros de actividades telefónicas posteriores al asesinato de Mondragón Fontes, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, con lo que demostraron que sí participó el Ejército.
Félix Santana destacó que la agresión a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa forma parte de las agresiones al movimiento social en Guerrero, y que encontró en Ayotzinapa el punto neurálgico porque aquí coinciden todos los movimientos sociales. Advirtió que estas agresiones no han terminado, “esto se va a poner peor en los próximos días”, porque están en proceso reformas a cuatro leyes, para lo que han generado todo un “entramado institucional”.
Detalló que han modificado la ley que reglamenta el artículo 29 constitucional que permite a la Presidencia de la República decretar un Estado de excepción en zonas específicas del territorio, y prohibir las libertades de prensa, de expresión y de reunión.
Otra modificación al marco jurídico es el Código de Justicia Militar, que legaliza los patrullajes de la Marina y el Ejército, los cateos a domicilios particulares, instituciones como ayuntamientos, palacios de gobierno, instituciones electorales, “con lo que estamos ante la posibilidad de un golpe militar”, expuso.

Añadió que otra reforma es la ley del uso de la fuerza pública que se aprobó en el Estado de México y que consiste en que, si un jefe policiaco determina que una movilización es ilegal puede utilizar municiones y armamento letal para detenerla. “Es decir nos pueden matar por manifestarnos”, destacó.
También citó la modificación en el Senado de la República a la Ley Orgánica de la Administración Pública para otorgarle a la Secretaría de Marina que controle toda la zona costera del país, “es decir, que en 263 municipios de la zona costera, las fuerzas armadas podrán controlar, particularmente la Marina a partir de la modificación que hicieron a dicha ley”.
Dijo que, “el Estado ha aprovechado su poder para militarizar el país, estamos hablando de la brutalización de la política, y en donde el Estado impone su fuerza”.
Explicó que eso ocurre porque estamos desarticulados como pueblo, e incluso como organizaciones sociales, “la razón es que obedecemos a un modelo neoliberal que nos obliga a ser individualista y a competir, a consumir en lugar de pensar, que te exige a que la educación sea un servicio y no un derecho”.
Al final, el otro autor presente, Miguel Alvarado mostró una secuencia fotográfica con la que sustentan que Mondragón Fontes fue desollado y torturado vivo por sus victimarios, la noche del 26 de septiembre de 2014, quienes además lo despojaron de su celular, la misma noche que lo mataron y lo mantuvieron activo hasta abril de 2015.
Con ello sustentan la participación del Ejército, porque el aparato fue ubicado en las instalaciones del Campo Militar número Uno.
En la presentación estuvieron la esposa de Mondragón Fontes, Marissa Mendoza, y el tío del joven estudiante, Cuitláhuac Mondragón, quien dijo que los familiares de los estudiantes asesinados y desaparecidos tienen el derecho a conocer la verdad, “tenemos derecho a que se haga justicia y esto implica castigo a los culpables, físicos e intelectuales”.
Añadió que también tienen derecho a una reparación del daño, pero no como el Estado pretende, “que es al revés”, si no como lo establecen los estándares internacionales.
El tío de Mondragón Fontes, quien es egresado de la Normal Rural de Tenería, Estado de México, convocó a los estudiantes a seguir difundiendo pláticas como estas para concientizar a la gente.
Pidió que la lucha por la justicia no sea aislada, “porque no solamente es de Ayotzinapa, ni tampoco sólo de las organizaciones sociales, es una lucha de toda la humanidad porque es un crimen de lesa humanidad”.
Añadió que la lucha debe enfocarse para la no repetición de casos como estos, “porque desgraciadamente, el Estado le está apostando a que se repita y que el caso quede en la impunidad, lo que implicaría que ya no va a pasar nada, nos hagan lo que nos hagan”.

Piden ONG que el Senado apruebe esta semana el dictamen de la Ley General contra la Tortura

Organizaciones No G ubernamentales, de derechos humanos e instituciones llamaron al Senado de la República a que apruebe esta semana el dictamen de la Ley General contra la Tortura, y posibilitar la publicación y entrada en vigor.
Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentra la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, en el que están el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), además firma el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti).
En el escrito los firmantes mencionan que después de un proceso en el que se destacó la participación de la sociedad civil, hace un año el Senado aprobó una minuta de ley general que, “presentaba un paso histórico hacia un marco normativo homologado e integral para el combate de la crisis de tortura en nuestro país”.
Añade que esa minuta fue turnada a la Cámara de Diputados en abril de hace un año, y que el pasado miércoles aprobó un dictamen de ley basado en esa minuta del Senado.
Entre las modificaciones que se destacan y que introduce el dictamen aprobado por la Cámara establece la prohibición del uso de pruebas obtenidas mediante la tortura absoluta, y no admite excepciones, de esta manera se adecúa la ley a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales.
El pronunciamiento agrega que también se fortalece el diseño del Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura y que la responsabilidad penal por actos de tortura no se limita a determinadas formas de autoría.
“Saludamos la aprobación del producto legislativo alcanzado, que incorpora obligaciones internacionales. Sin embargo, dicho proceso no incidirá en la apremiante realidad del país hasta traducirse en la entrada en vigor y efectiva implementación de la ley”, se lee en el escrito.
Los firmantes instan al Senado a aprobar el dictamen de Ley General contra la Tortura enviado por la Cámara de Diputados el 19 de abril, y así dar paso a su publicación e implementación.