Guillermo Rivera
El Sur / Ciudad de México
Los familiares de Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa que fue torturado hasta la muerte entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, confían en que su caso sea aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque eso implicaría una esperanza de justicia en el caso.
“Están buscando justicia para Julio César, pero también para otras personas que sufren la misma situación. Que no haya repetición”, explica el abogado que lleva el caso ante la CIDH, Ernesto Rodríguez Cabrera, encargado del área jurídica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, organización que litiga en busca de justicia en casos emblemáticos como el de Julio César.
La CIDH, cuya sede se encuentra en la ciudad de Washington, Estados Unidos, admitió para análisis el caso de Julio César, asesinado la misma noche en que fueron desaparecidos 43 de sus compañeros normalistas en Iguala, Guerrero, a manos de policías, militares e integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos. La Comisión otorgó al Estado mexicano cuatro meses para hacer sus observaciones, plazo prorrogable hasta por cuatro meses más.
–¿Cuál es la relevancia de que la CIDH revise el caso? Estamos hablando del asesinato de tres jóvenes, dos estudiantes más aparte de Julio César, y la familia de este último considera que no se le ha dado el peso que tiene.
–Por lo que nos contaron los familiares, en primer término las autoridades locales hicieron mucha dilación para la investigación y la aplicación de justicia. También ocurrió en el ámbito federal. Esto debería ser relevante, porque son situaciones que se dieron en la misma fecha, tanto las desapariciones como las ejecuciones y torturas que sufrieron algunos estudiantes, especialmente Julio César.
“A nosotros, el caso nos pareció muy relevante por todas las características que presentaba, sobre todo porque, para empezar, había muchas contradicciones en la situación de cómo encontraron el cuerpo. Las autoridades dijeron que la fauna silvestre se había comido su rostro, pero la inhumación del cuerpo reveló que había tenido muchas fracturas”, resume Rodríguez Cabrera en entrevista con El Sur.
“Eso prueba que hubo tortura. Se nos hizo muy importante porque, además, la tortura y el desollamiento fueron prácticamente en vida. Se nos hizo muy grave, por eso aceptamos acompañar el caso”.
–¿Qué significa la admisión en esa instancia internacional y qué se espera que pase en los siguientes meses o años?
–La admisión significa que el caso está todavía en estudio. Le hacen un requerimiento al Estado mexicano con toda la información que se le envió, para que dé cuenta de lo que está haciendo al respecto. Después de que conteste el Estado, la Comisión Interamericana se va a formar un criterio más amplio para decidir si acepta o no el caso.
Si decide que es viable, emitirá un informe de aceptación y luego un informe de fondo.
El expediente, de Iguala a Matamoros
El 16 de diciembre de 2022, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ingresó a la CIDH la información para solicitar que el caso fuera admitido. El 27 de diciembre pasado, poco más de un año después, llegó la noticia positiva para la organización, que de inmediato avisó a la familia de Julio César.
“Nosotros sabíamos por notas, nada más, del asunto de los 43 estudiantes y de Julio César; no teníamos ningún acercamiento con los familiares”, precisa Rodríguez Cabrera.
A mediados de 2022, los familiares del estudiante, sobre todo sus tíos Cuitláhuac y Cuauhtémoc –de apellidos Mondragón Fontes–, pusieron al tanto al abogado del rumbo que había tomado el caso.
“Hicimos una visita al Ministerio Público de Iguala, donde se llevaba el caso, cuando todavía no lo transferían a Matamoros, Tamaulipas. En Iguala nos entrevistamos con la agente del MP y dijo que era bueno que nos hubiéramos apersonado con ellos porque realmente no había quien se interesara en el caso.
“Los familiares se entrevistaron con ella y luego nos dieron autorización y solicitamos en ese momento copias simples del expediente. Cuando fuimos a recoger las copias, nos dieron la noticia de que el expediente se había enviado al juzgado primero de lo penal en Matamoros”, narra Rodríguez Cabrera.
“Nos quedamos sin copias en ese momento. Para la familia fue muy complicado transportarse para allá. Viendo además que había ya mucha dilación de justicia, sobre todo porque no había avances en la investigación. Charlamos con la familia y les expusimos cuáles eran las alternativas, entre ellas la de enviar el caso a la Comisión Interamericana. Se inclinaron por esa opción”.
–¿Estaban decepcionados de las autoridades mexicanas?
–Sí, ellos ya habían recorrido mucho, habían solicitado investigar el caso a las autoridades de Guerrero y a las autoridades federales. No tenían una certeza de que sí se estuviera haciendo. Esa es a grandes rasgos la historia de cómo se inició la petición a la CIDH. Fueron los familiares quienes decidieron que en esa fecha, 16 de diciembre de 2022, se ingresara el caso a la CIDH.
–Tardó un año en llegar la noticia de admisión. ¿Cuáles fuero los criterios de la CIDH?
–Sí, hasta el 27 de diciembre pasado nos notificaron la admisión. Nosotros no sabemos con certeza cuáles fueron los criterios de la Comisión Interamericana para la admisión. No fueron comunicados esos criterios.
–¿Por qué es tan relevante que se admita el caso, tomando en cuenta que la CIDH recibe montonales de peticiones?
–Por la cuestión de la ejecución, la tortura y el desollamiento. Y porque fue un caso muy sonado dentro del asunto de los 43 estudiantes desaparecidos y los tres ejecutados. Incluso estuvo aquí en México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que depende de la CIDH y que fue enviado a México para que investigara los hechos del 26 y 27 de septiembre. Sin embargo, en los informes del GIEI no aparece mucha información acerca de Julio César. Todo este contexto, la Comisión Interamericana lo tomó mucho en cuanta al momendo de admitir el caso.
Militares metidos en asuntos civiles
Sólo casos como el de Julio César Mondragón Fontes, en el que se registraron graves violaciones a los derechos humanos, son admitidos por la CIDH, enfatiza Rodríguez Cabrera.
“Y sobre todo las circunstancias en que fue privado de la vida Julio César, porque nunca ha estado claro quiénes fueron las personas que ejecutaron al estudiante, pero llama mucho la atención que quienes descubrieron el lugar donde supuestamente ocurrió el crimen y lo resguardaron son los militares.
“Tampoco el Estado quiso decir nada acerca de esta participación de los militares porque era una situación civil. Entonces, ¿qué tenían que ver los militares ahí? Eso también lo plasmamos en la petición”.
–A Julio César apenas se le ha mencionado en los informes federales de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, y ya ni hablar de los otros dos estudiantes asesinados, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
–De los otros dos estudiantes no tenemos informes de los familiares y creo que tampoco se acercaron al GIEI. A las autoridades les favorece, porque así no hay ningún problema.
–Pero para todas las familias de las víctimas sería muy positivo que proceda la admisión en la CIDH.
–Sí, es una esperanza para ellos. Los familiares de Julio César tienen mucha fe en que su caso sea aceptado y que se haga justicia y se revele realmente la verdad de lo que sucedió. Además, no solo están buscando justicia para él o para la familia. Están buscando justicia para otras personas que sufren las mismas situaciones. Y que no haya repetición.
Sin voluntad política no se mueve nada
–De aceptar el caso, tras el proceso, ¿la Comisión Interamericana dará sus conclusiones y recomendaciones?
–De suceder, se debe realizar un informe de fondo para dictar medidas que prácticamente ya serían un tipo de sentencia, la cual tendría que cumplir el Estado mexicano. Si no las cumple, el caso deberá irse a la Corte Interamericana.
–En este tipo de violaciones graves a los derechos humanos, las familias pasan por procesos largos y dolorosos, como en el caso de Rosendo Radilla o el de Digna Ochoa, cuyos asesinatos apenas han sido juzgados en instancias internacionales –se le comenta al abogado.
–Ahorita estamos en un momento crucial por los cambios de mando políticos. Esperamos que en el siguiente gobierno tengan la voluntad política quienes queden al frente, porque es un asunto de voluntad política –remarca Rodríoguez Cabrera– el que se lleve a cabo o no el cumplimiento de las resoluciones.
Casos como Radilla u Ochoa, añade, “sucedieron en regímenes priistas y panistas, que no tenían ninguna intención de cumplir con las resoluciones.
“Tristemente, a la vuelta del tiempo, tenemos un gobierno que supuestamente es democrático y que también ha soslayado el cumplimiento de las resoluciones con el argumento de que eso no le tocó a ellos, cuando es un cumplimiento que tiene que dar el Estado.
“El que está enfrente tiene que cumplir un mandato nada más, pero porque el pueblo se lo indicó, no porque haya hecho tales acciones. La voluntad política, insisto, tiene que ser muy importante en el siguiente periodo, sobre todo porque hay muchos familiares que todavía están pendientes en su cumplimiento de sentencias.
“Tenemos el caso de las mujeres violadas en la Montaña de Guerrero. El caso del Estado de México, también con las mujeres violadas de Atenco. Son varios casos pendientes. Sí, se trata de voluntad política, sobre todo porque la ciudadanía tiene que estar al pendiente de todos esos asuntos, porque finalmente a todos nos incumbe, nos afecta y beneficia en caso de que haya justicia”, concluye el abogado.