La Red Solidaria Década contra la Impunidad denunció que el Estado mexicano “sigue indiferente” ante el caso del estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes, asesinado la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de esa escuela.
El organismo informó que el gobierno de México no ha enviado el informe del caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que recibió la petición de admisibilidad en 2022, a petición de los familiares de la víctima con el acompañamiento de la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
La Red informó que el 27 de diciembre de 2023, la CIDH dio un plazo al gobierno de México de tres meses para que enviara la información del caso Mondragón Fontes.
Sin embargo, en su comunicado de este jueves, informó que el 12 de agosto pasado, la CIDH notificó a la red que el gobierno mexicano no ha respondido a la petición ni a las observaciones que le hicieron en diciembre de 2023.
Le informó, además, que ha transcurrido el plazo de los tres meses, la comisión puede notificar el diferimiento del examen de admisibilidad “hasta el debate y decisión sobre el fondo”.
La red da acompañamiento jurídico a la familia de Mondragón Fontes, quien el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue detenido, torturado y ejecutado.
Su cuerpo apareció al día siguiente, en un camino de terracería, desollado del rostro y le habían extraído los ojos.
“Subrayamos que están por cumplirse 10 años de los hechos y que el Estado no ha realizado una investigación seria, transparente y expedita, como es su obligación”, reprocha la red en su comunicado.
Agrega: “La familia de Julio César Afrodita, su mama; Lenin, su hermano; Cuauhtémoc y Cuitláhuac, sus tíos, siguen resistiendo aún, con el desgaste emocional a cuestas, siguen caminando por encontrar la verdad y la justicia”.
El organismo refiere que los familiares del estudiante siguen buscando justicia, a pesar de los daños psicológicos, así como por las circunstancias en las que perdió la vida, “la tortura y ejecución extrajudicial, de la que fue víctima Julio César Mondragón”.
Indica que a la representación jurídica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad y a la familia de Julio César no les ha causado sorpresa que el Estado no envié información alguna del caso a la CIDH, “dada la impunidad con que se ha tratado”.
En su comunicado, la red solicita a la CIDH que inicie el “diferimiento del examen de admisibilidad”.
Asimismo, responsabilizó al Estado mexicano del hostigamiento y persecución del que la familia es víctima. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).