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Conmemora el Cecop su 22 aniversario exigiendo justicia para su vocero

El asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, el representante del Consejo de Cacahuatepec, Guadalupe Delgado del Carmen, de Huamuchitos Mario Estrada Bailón y el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz García en la asamblea por el 22 aniversario del Cecop, en El Fraile, en Cacahuatepec Foto: Jesús Trigo

Ramón Gracida Gómez

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) conmemoró ayer 22 años de lucha y exigió justicia por el asesinato de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz y la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico mediante un decreto.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan criticó que a tres meses del crimen consumado el 25 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) “no tiene avances en las investigaciones y los autores materiales e intelectuales siguen libres”.
El acto se llevó a cabo bajo una techumbre del embarcadero de El Fraile, cruce del río Papagayo a la localidad de Cacahuatepec, y fue moderado por el asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, quien leyó después de un minuto de silencio y consignas, una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de pedirle una reunión.
La misiva que será entregada al jefe de asesores de Sheinbaum, le dice que el Cecop “valora positivamente” su afirmación de que el proyecto de la presa está cancelado, pero “debe concretarse mediante un decreto que cancele de manera definitiva la construcción de la presa y por lo tanto el despojo y el desastre ecológico. De acuerdo con los protocolos internacionales, hasta ahora el proyecto sólo está suspendido”.
Además, “pedimos se dé continuidad a los esfuerzos realizados por su gabinete de Seguridad, para esclarecer el asesinato de nuestro vocero y dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz hasta alcanzar la justicia y superar todo resquicio de impunidad”.
La carta recuerda que López Obrador dijo que el Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, “pero sabemos ahora hay otro grupo de poder que no es exactamente el Estado y que son quienes están haciendo el trabajo sucio al Estado porque eso es lo que pasó con Marco”, apuntó Rodolfo Chávez.
La misiva pide justicia “para que no se repitan actos de represión como el operativo policiaco-militar ejecutado por el último gobernador priista (Héctor Astudillo Flores) el 7 de enero de 2018 que por medio de ejecuciones extrajudiciales elevó a 10 el número de compañeros asesinados y 38 los encarcelados”.
Como vía para alcanzar la justicia y la paz, el Cecop respalda la iniciativa de ley de castigo a la extorsión “y eso toca precisamente al esclarecimiento de Marco”, expuso Rodolfo Chávez, quien externó después la petición de justicia que le decía por teléfono uno de los tres presos políticos del Cecop, Modesto León Jacinto; los otros dos encarcelados en Las Cruces son Maximino Solís Valeriano y Rodrigo León Jacinto.
Frente a unas 100 personas, la mitad de fuera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz, lamentó la asistencia “poquititos compañeros de las comunidades, quiero pensar que están cansados, quiero pensar que tienen miedo y no quiero pensar que ya no quieren seguir la lucha porque eso sí es una derrota”.
Leyó una carta de Tlachinollan dirigida al finado vocero del Cecop en la que dice que el movimiento se extendió por toda América Latina “porque transmitía la buena vibra de su lucha, porque contagiaba con su poder de convocatoria, motivaba para impulsar las organizaciones comunitarias, el Cecop se conformó en un referente internacional por la eficacia de su lucha, por su consistencia argumentativa y por el gran liderazgo de Marco Antonio”.
“No hay interés en esclarecer los hechos y mantienen intocada la red criminal que controla las playas y que cotidianamente asesina sin que las autoridades den golpes certeros a los responsables para desmantelar las estructuras delictivas que desangran la vida en Acapulco”.
Tlachinollan menciona que “al principio culpaban a la familia de los nulos avances, hoy que han colaborado y aportado elementos decisivos para el esclarecimiento, las investigaciones siguen estancadas”.
Los primeros oradores fueron consejeros de algunas comunidades que “están llevando adelante el trabajo que por muchos años llevó Marco Antonio Suástegui”, un consejo del Cecop, expuso Rodolfo Chávez.
Una de ellas es Martha Hernández, de la comunidad El Cantón, quien recordó el inició del movimiento el 28 de julio de 2003 con un plantón contra el proyecto hidroeléctrico en el que participaron las comunidades proyectadas a ser desplazadas como Garrapatas y Arroyo Verde, y la resistencia contra los gobiernos estatales, por ejemplo, del perredista Zeferino Torreblanca.
A un costado del altar con la foto de Suástegui Muñoz, Mario Estrada, de Huamuchitos, lamentó la ausencia del vocero del Cecop, pero afirmó que el movimiento “está de pie y no vamos a dar marcha atrás”.
Maricela Navidad Dorantes, de Salsipuedes, pidió a las organizaciones sociales presentes que no los abandonen “porque lo que queremos es justicia para nuestro compañero”.
Con una lona con el rostro de Suástegui, sonriendo, Gimeldo Morales, de Rancho las Marías, expuso que es nuevo en el movimiento al que se unió porque el vocero del Cecop siempre buscaba lo mejor de las comunidades y evitar que “los gobiernos, los ricos, se apoderaran de nosotros”.
Acudieron campesinos de Cacahuatepec, El Campanario, Cruces de Cacahuatepec, El Carrizo, Las Parotas, Los Ilamos, Parotillas, La Concepción, Garrapatas, Aguacaliente, Amatillo y Las Chanecas; la Policía Comunitaria vigiló el perímetro, y la Guardia Nacional estuvo en el inicio del acto.
Con machete en mano, la integrante del movimiento de San Salvador Atenco, Hortencia Ramos, reivindicó la participación de las mujeres de distintas comunidades con la comida que llevaron, “cuando una resistencia, un pueblo es masacrado, criminalizado por el gobierno, y nuestros compañeros son detenidos, las que damos la cara somos las mujeres”.
Antes del inicio formal del evento casi a las 12 del día, el histórico dirigente de Atenco, Ignacio del Valle, remarcó la hermandad de este pueblo del Estado de México con los Bienes Comunales de Cacahuatepec por la lucha de ambos contra proyectos que les quitarían sus tierras.
El responsable de la comisión política en Acapulco de la CETEG, Walter Añorve Rodríguez, pidió la presentación con vida del hermano de Marco Antonio, Vicente Suástegui, desaparecido en 2021.
Del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Eloy del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde destacó la lucha del Cecop por defender los ríos de México alzando “su voz para seguir fluyendo libres de megaproyectos de muerte y limpios de tóxicos”.
Gloria, de Cooperación Comunitaria, indicó que junto con el Consejo Indígena y Mestizo para el Desarrollo Rural y Ambiental en los Bienes Comunales de Cacahuatepec y las comunidades, tienen la responsabilidad de “transitar de la defensa del territorio a la producción del mismo”.
El ex secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Jorge Peto Calderón, subrayó que los gobiernos del PRI y el PAN persiguieron y torturaron al vocero del Cecop, pero su asesinato ocurrió cuando los tres órdenes de gobierno son de Morena.
Rosalinda Gutiérrez Terrones, del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero, dijo al gobierno federal, a la Comisión Federal de Electricidad y a las empresas trasnacionales, “que se siguen afilando sus pezuñas para rapiñar nuestras riquezas naturales, que estas tierras surianas y el río no se venden, se respetan y se defienden”.
Del Movimiento Socialista del Poder Popular, Héctor Valadez, dijo que la muerte de Suástegui “es un gran golpe para el movimiento ecosocialista a nivel mundial y nacional, unos días antes de su asesinato había firmado un pronunciamiento internacional para un encuentro de todas las organizaciones que luchan en contra de la depredación capitalista”.
Estuvieron integrantes del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, Fomento Social Banamex y Siuat Yoltechikatli por los Derechos Humanos.

 

Bloquean la Costera para exigir la libertad de unos hermanos acusados de atacar a policías

El bloqueo del sábado en la avenida Costera junto a la glorieta de La Diana con el que familiares y amigos de los jóvenes detenidos en el barrio de La Guinea exigieron su libertad Foto: Carlos Carbajal

Redacción

Familiares y vecinas de los hermanos Milka y Jesús Benjamín, bloquearon cinco horas la avenida Costera para exigir que fueran liberados, porque eran inocentes de las acusaciones que policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado, les señalaban de haber participado en el supuesto ataque a policías municipales ocurrido la mañana del jueves en la calle 5 de Mayo, de la colonia Centro.
A las cinco horas aproximadamente de mantener bloqueada la avenida, los dos jóvenes fueron liberados y llevados a su casa en el barrio de La Guinea, de donde fueron sacados mientras comían, relataron las vecinas.
Los hermanos Milca y Jesús Benjamín, fueron liberados por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), después de que familiares, amigas y vecinas bloquearon la Glorieta de La Diana Cazadora la mañana del sábado para exigir su liberación porque eran acusados injustamente de hechos en que no participaron.
De acuerdo con los manifestantes, los dos jóvenes, ella de 24 años de edad y él de 21, ambos de apellidos Gallardo Miranda, son inocentes y se dedican a la venta de tacos en la zona de Sinfonía del Mar y La Quebrada.
La familia dio a conocer vía telefónica, que los dos hermanos se encuentran muy asustados, debido a que fueron golpeados, torturados, insultados, los mantuvieron sin comer desde el jueves, hasta el sábado por la tarde en que fueron liberados y temen por sus vidas, porque fueron amenazados.
Por estos hechos las víctimas presentarán denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debido a que los acusaron de lo que aseguraron ellos no tienen responsabilidad y además violaron todas sus garantías como presuntos culpables, de acuerdo con el Sistema Penal Acusatorio.
Ante el hecho de violencia ocurrido la mañana del jueves 19 de septiembre en la calle 5 de Mayo de la colonia Centro y después de que la FGE de Guerrero emitiera un boletín en el que informaban la presunta participación de los dos jóvenes, sus familiares y amigos salieron a la avenida Costera junto a la glorieta de La Diana Cazadora, para exigir su liberación porque aseguraron son inocentes de lo que se les acusaba.
El bloqueo duró cerca de cinco horas, afectando la circulación en los carriles con dirección de Base al Centro, por lo que los vehículos transitaron a contra flujo.
Ahí en el lugar, la tía de Milka y Jesús en entrevista declaró: “Detuvieron a mis sobrinos, en su casa en el barrio de La Guinea. Queremos que los suelten, porque son inocentes. Entraron a su casa, ellos dos estaban almorzando cuando entraron los policías y se los llevaron. Entraron a todas las casas, se llevaron a ellos dos cuando estaban comiendo; los sacaron a golpes y los insultaron”.
“Les pusieron drogas, armas, lo que les robaron ni siquiera lo ponen en el comunicado. A mi hermana –madre de los jóvenes– le robaron 50 mil que le acababa de dar de su trabajo, Mi sobrino tenía sus ahorros, creo que 8 mil pesos y la niña creo que otros 5 mil”, declaró en entrevista la tía.
Dijo también que agentes de la Fiscalía se llevaron una motocicleta que acaban de comprar la familia para vender los tacos y se comieron lo que los jóvenes estaban comiendo en ese momento.
Comentaron todas al mismo tiempo que no es el primer día en que agentes de la Fiscalía llegan al barrio a entrar a las casas sin orden de cateo y agreden física y verbalmente a los vecinos.
La mamá de los jóvenes no se presentó en el bloqueo debido a que se encontraba en las oficinas de la Fiscalía Regional dando seguimiento al tema de sus hijos, sobre todo porque señalaron las amigas y familiares de las víctimas, que tanto la joven como su hermano estaban siendo golpeados.
El bloqueo lo hicieron unas 10 mujeres del barrio de La Guinea, en su mayoría son vendedoras de artesanías en La Quebrada, y ellas aseguraron que conocen a Milka y a Jesús desde que eran pequeños y por esos salieron a la calle para exigir la liberación de los dos jóvenes detenidos presuntamente con armas, cargadores, cartuchos, vehículos y drogas el jueves pasado.
El bloqueo inició alrededor de las 11 de la mañana en la transitada avenida, en el sentido hacia el Zócalo de la ciudad y se retiraron hasta las 2 y media de la tarde, después de que la madre de los jóvenes les informó que ya habían sido liberados y llevados por agentes de la Fiscalía hasta su casa, de donde fueron extraídos sin orden de aprehensión.

Se dice Evelyn aliada del Cecop tras reclamos de exclusión de Construyendo Bienestar

El vocero del Cecop Marco Antonio Suástegui le entrega la hoja de peticiones y demandas de las necesidades de comuneros de los Bienes Comunales de Cacahuatepec a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ante la presencia del subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, al término del acto de entrega de viviendas del programa Reconstruyendo Bienestar Foto: Jesús Trigo

Ramón Gracida Gómez

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda se declaró aliada del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) luego de los reclamos de esta organización que fue excluida de programa Construyendo Bienestar que la mandataria fue a entregar ayer a la comunidad de Cacahuatepec.
“Se les tiene que hacer justicia social a todos los Bienes Comunales de Cacahuatepec, por eso yo siempre les digo que hay que seguir luchando, que yo soy su amiga, yo soy su aliada”, les dijo la gobernadora a integrantes del Cecop que se acercaron a ella para entregarle una lista de peticiones entre ellas la introducción de agua en sus viviendas, la inclusión en los programas sociales y la construcción de un puente que Salgado Pineda afirmó que va a gestionar con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.
En un acto al que no se convocó a medios, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó viviendas del programa Construyendo Bienestar en la cancha techada de Cacahuatepec,
Ante unas 450 personas de distintas comunidades y colonias de Acapulco, indicó que es un derecho el tener una vivienda y “se les está dando a quienes realmente lo necesitan y es el derecho que tienen todas y todos ustedes de tener una vivienda digna”.
Dijo que a los Bienes Comunales de Cacahuatepec le tiene mucho respeto porque “es una región combativa, es una región de lucha, porque así como son de alegres, así también cuando algo no está correcto, son los primeros que levantan la voz”.
Informó que el programa Construyendo Bienestar tiene el propósito de atender “a las familias de vulnerabilidad por falta de acceso a una vivienda digna, por eso para este 2024, tenemos mil 405 acciones que benefician al mismo número de personas, creciendo en un 45 por ciento el número de beneficiarios”.
Esto representa un total de 133 millones de pesos “que van a ser distribuidos en las ocho regiones”, agregó la mandataria estatal y puntualizó que en Acapulco aumentó la inversión de 24 millones de pesos en 2023 con 115 beneficiarios a más de 32 millones de pesos para este año.
“Triplicando el número de familias apoyadas este año, principalmente aquí en Cacahuatepec, aquí pues obviamente han sido prioridad, se están atendiendo con todos los programas de Bienestar”, afirmó y aseguró que habrá brigadas médicas.
El secretario del Bienestar del estado, Pablo Gordillo Oliveros, dijo que el programa Construyendo Bienestar atiende los índices que miden distintas dimensiones de la pobreza, “garantizando a través de los censos, casa por casa, que el apoyo llegue a los más vulnerables”.
Puntualizó que el acto consistió en la entrega de apoyos a 115 familias “y arrancamos los trabajos para beneficiar a 343 familias más de este bello puerto, triplicando el número de beneficiarios para este año y presentando una especial atención, como usted lo ha indicado, señora gobernadora, a las comunidades de esta región histórica de Acapulco”; este año se van a beneficiar a mil 405 familias de los 18 municipios.
Salgado Pineda entregó llaves simbólicas a beneficiarias del programa y que viven en las comunidades de Aguacaliente, Arroyo Seco, La Venta y La Sabana, pero ninguna a algún habitante de Cacahuatepec; el secretario del Bienestar comentó que apenas se hizo el censo y después se construirán nuevas viviendas en esta comunidad.
En el presídium estuvieron el diputado local Joaquín Badillo Escamilla; la presidenta del DIF, Liz Salgado Pineda; el jefe de Oficina del Ayuntamiento de Acapulco, Daniel Castillo de la Rosa; el comisario de Cacahuatepec, Federico Valeriano Hernández, quien pidió la reconstrucción de la barda perimetral de la preparatoria popular de la comunidad, y una beneficiaria del programa estatal.

Entrega Cecop peticiones a la gobernadora

Después de la presentación del programa estatal Construyendo Bienestar del que señalaron que fueron excluidos, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, le entregó a la gobernadora una hoja con las demandas que incluyen la excarcelación de tres presos, la cancelación de las órdenes de aprehensión, la expulsión de las gravilleras, el apoyo a la cooperativa que van a conformar, su postura en contra de la presa La Parota, y respeto y apoyo a la Policía Comunitaria.
Le enumeró las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec que acudieron al acto, que son Cacahuatepec, El Cantón, Espinalillo, Apanhuac, Huamuchitos, Barrio Nuevo, El Campanario, Apalani, Cabeza de Tigre y Cruces de Cacahuatepec.
Asimismo, El Carrizo, Las Parotas, Rancho las Marías, Los Hilamos, Parotillas, La Concepción, Aguacaliente, Salsipuedes, Tasajeras, Oaxaquillas, Amatillo, Las Chanecas, San Pedro Cacahuatepec, 6 de Agosto y El Rincón.
Suástegui Muñoz le dijo a la gobernadora que tienen un “problema grave en Cacahuatepec, empezando por el agua, el tema del agua es increíble que aquí estando el río Papagayo tan cerca, no tengamos agua las comunidades de aquí arriba, no tenemos agua para beber, menos para regar la producción agrícola es muy importante en estos momentos”.
Le pidió su postura respecto a la presa La Parota, “nosotros decimos que la tierra no se vende, se ama y se defiende”, frase coreada por las decenas de comuneros presentes, la mayoría mujeres; la gobernadora replicó: “el pueblo manda”.
Afuera de la cancha en el que se efectuó el acto oficial, Suástegui Muñoz le expuso el problema de la encarcelación de los tres presos políticos del Cecop desde hace seis años: Maximino Solís Valeriano, Rodrigo León Jacinto y Modesto León Jacinto, además de que hay hombres y mujeres con órdenes de aprehensión.
Suástegui Muñoz también pidió la cancelación de los permisos que tienen las gravilleras del río Papagayo “porque nos están haciendo mucho daño”; además demandó respeto y apoyo para la Policía Comunitaria, y ayuda para la cooperativa que van a conformar para la producción agrícola y de materiales, y para una mesa de trabajo con las dependencias del estado de salud, agricultura y educación.
Le recordó que desde hace varios años apoyan a su padre y ahora senador reelecto Félix Salgado Pineda y también a ella, y durante la firma del pliego petitorio, las mujeres del Cecop le pidieron que regrese a su gobierno Jorge Peto Calderón, ex titular de la Sagadegro que les dio apoyos.
La gobernadora Salgado Pineda se comprometió “a dar continuidad a todas las peticiones que ustedes tienen, que ya como lo dice el compañero Marco, son a mano, pero son con todo el corazón; vienen aquí el sentir de todos ustedes, no son privilegios, son derechos que ustedes deben de tener, no de ahorita, sino de mucho tiempo”.
“Se les tiene que hacer justicia social a todos los Bienes Comunales de Cacahuatepec, por eso yo siempre les digo que hay que seguir luchando, que yo soy su amiga, yo soy su aliada”.
Suástegui Muñoz le reiteró que el puente debe ser construido en Cacahuatepec, a diferencia de la decisión de la alcaldesa Abelina López Rodíguez de hacerlo en El Carrizo, y Salgado Pineda afirmó que habrá un estudio y apoyo de la presidenta electa Sheinbaum Pardo, “para que no haya dos, ni tres Acapulcos, que haya un solo Acapulco y la zona rural de Acapulco sea la más beneficiada, por el bien de todos, primeros los pobres”.
Acompañada del diputado local Joaquín Badillo, el secretario del Bienestar, Pablo Gordillo Olivares y el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros, la gobernadora se comprometió a tener una mesa de trabajo “con todas las secretarías” y para que censen a todas las mujeres y tengan su Tarjeta Violeta para mujeres, además de mandar tres camiones de basura para recoger los desechos que junten los integrantes del Cecop en su próxima asamblea en el embarcadero de El Fraile.
En declaraciones a reporteros en la tarde en la explanada de acceso al parque Papagayo, Salgado Pineda, que cruzó el río Papagayo en las pangas que cobran 10 pesos, dijo que una de las demandas más sentidas de la zona rural de Acapulco es la construcción de un puente, “creo que ellos no deben de pedirlo como un privilegio, sino que es un derecho para todos los que viven en la zona rural, entonces sí lo voy a impulsar, vamos impulsar el puente”.
“Ya tenemos proyectos y nos vamos a reunir en una mesa de trabajo yo creo que los tres gobiernos, el gobierno federal, el gobierno estatal y municipal para ver cuál es el proyecto más viable para la construcción del puente, pero es algo correcto, se tiene que buscar la manera de que se comuniquen las comunidades y los pueblos para que no estén alejados de Acapulco”, afirmó.

Reclamos del Cecop a representantes del gobierno estatal

Antes del acto, unos 100 integrantes del Cecop se reunieron en la casa del comunero Guadalupe durante una hora con el secretario del Bienestar y el subsecretario de Gobierno, a quienes les reclamaron, a gritos por momentos, la exclusión del programa Construyendo Bienestar, pese a que sus casas quedaron destruidas después del paso del huracán Otis, y la falta histórica de servicios de agua y salud.
“El gobierno del estado no nos ayudó pa’ ni madres”, les espetó Suástegui Muñoz y dijo que lo acaban de sentenciar ocho años y su hermano Vicente Suástegui sigue desaparecido.
Gordillo Oliveros justificó que los apoyos del programa son del 2023, los recursos son limitados y de los beneficiarios de 2024 propuso hacer un censo casa por casa y que los vecinos señalen a los que no los necesitaban, “en esta secretaría se hacen de forma transparente”.
Suástegui Muñoz mostró los cintillos que les dio la Sagadegro para cobrar 7 mil 500 pesos y comprar maíz que nunca recibieron, “se robaron el dinero”, y reclamó que apoyaran más organizaciones como Oxfam que las organizaciones, con láminas, maíz y filtros de agua.
Rodríguez Cisneros ofreció una mesa de trabajo para el próximo martes y revisar los temas de los presos políticos y el agua; a las 11:30 de la mañana, todos juntos acudieron al acto. (Con información de Aurora Harrison).

 

Asesinan a balazos a dos hombres y hallan el cuerpo de una mujer que fue secuestrada

Redacción

Dos hombres y una mujer fueron asesinados, dos de ellos a balazos, ayer en diferentes hechos de violencia en Acapulco.
Ayer en la tarde, un hombre fue acribillado a balazos en la carretera federal México-Acapulco.
El crimen fue reportado a la 1:30 de la tarde en la colonia Las Cruces, a 200 metros aproximadamente de un filtro de seguridad de la Guardia Nacional.
El reporte policiaco indica que el hombre venía saliendo de la clínica particular Santa Fe cuando fue atacado a balazos.
Paramédicos de la clínica particular le dieron los primeros auxilios, sin embargo éste falleció por las heridas en su cuerpo.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco, encontraron 17 casquillos percutidos de diferentes calibres.
Por otra parte, ayer en la mañana una mujer fue encontrada asesinada con torniquete envuelta en sábanas, en la colonia Ciudad Renacimiento.
El hallazgo fue reportado después de las 9 de la mañana en la calle Ejido de Las Pozas, informaron policías ministeriales.
El reporte policiaco indica que hombres armados arrojaron el cuerpo desde un automóvil en movimiento.
El hecho violento generó un fuerte despliegue policiaco de los tres órdenes de gobierno encabezado por la Guardia Nacional.
Se supo que la mujer fue privada de la libertad el miércoles en la calle Del Futbol, cerca del penal de Las Cruces.
Primero se informó que era un hombre, y luego se precisó que era una mujer asesinada con torniquete en el cuello.
Finalmente, casi a la medianoche de este jueves un hombre fue encontrado ejecutado a balazos en el fraccionamiento El Roble.
El hecho violento fue reportado en la calle Del Tigre, informaron policías municipales.
El reporte policiaco afirma que hombres armados privaron de la libertad a su víctima y después lo mataron en el lugar mencionado.
Policías encontraron al hombre ejecutado a balazos y atado de las manos hacia la espalda.
Con estos casos suman 90 asesinatos en lo que va del año, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con un conteo de El Sur.

 

En lugar de resolver las demandas nos reprimen: normalistas de la Montaña

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Estudiantes de la Escuela Normal Regional de la Montaña, ubicada en Tlapa, que demandan material didáctico para utilizarlo en las comunidades marginadas donde realizan sus prácticas, exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que atienda sus demandas en vez de reprimirlos.
En representación de los alumnos de esa escuela, el secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil, Jorge Iván Martínez Ramírez, dijo que es lamentable que el gobierno estatal en vez de atender sus peticiones para que realicen mejor sus prácticas, los mande reprimir, como ocurrió la semana pasada con la detención de sus 37 compañeros de Acapulco.
El dirigente estudiantil intervino este lunes en la conferencia de prensa que se transmitió desde Tlapa por internet, para exigir la libertad del profesor Evodio Pérez Malpica.
El dirigente estudiantil explicó que su lucha es únicamente para exigir material didáctico, que es utilizado en sus comunidades, las más marginadas, “donde desafortunadamente el gobierno estatal no voltea a ver sus carencias y necesidades en la parte educativa”.
Añadió que el material didáctico que están solicitando no es para los estudiantes, sino para llevar una educación de calidad, mediante sus jornadas de prácticas intensivas, que establece el marco curricular de su escuela.
“Sin embargo, en nuestras visitas a Chilpancingo se nos ha negado el diálogo, ese diálogo que tanto publicita el gobierno del estado en sus redes sociales, ya que en lugar de escuchar nuestras necesidades, únicamente se sientan a imponernos lo que ellos quieren”.
Indicó que el gobierno estatal ha dicho siempre que su compromiso es brindar apoyo a quien más lo necesita, “sin embargo, nosotros podemos reiterar que somos víctimas, como normalistas, porque hemos sido perseguidos y acusados de ladrones. Es lamentable que las personas o los delincuentes que se encuentran en las calles no sean castigados, como las personas que buscan un bien por la sociedad y por la educación”.
Aclaró que los estudiantes normalistas no están solicitando celulares de alta gama, ni computadoras costosas, “como la prensa amarillista ha dicho”.
La normal de la Montaña forma parte del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero, que la semana pasada se movilizó en Chilpancingo para exigir material didáctico y también para protestar por la detención de 37 de sus compañeros en Acapulco.

 

Exigen liberar a ex comisarios de Petaquillas detenidos por presunta retención de militares

Familiares de Paula Calderón y Lenin Locia, detenidos acusados de secuestrar a 40 militares y policías estatales, en conferencia de prensa. De izquiera a derecha, de la tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Fernando Vázquez Maldonado y Wblester Montaño; el padre y la hija de Paula Calderón, Belester Herrera y Ariadna Bernal y los padres de Lenin Locia, María Victoria Reyes y Ángel Locia Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los ex comisarios de Petaquillas, Paula Calderón Herrera y Lenin Locia Reyes, fueron detenidos el viernes pasado por el delito de privación de la libertad y secuestro agravado, derivado de la retención de militares y policías estatales en esa población el 7 de junio del 2022.
Este lunes, familiares de los detenidos exigieron en una conferencia de prensa su libertad. Aseguraron que son inocentes, que no participaron en los hechos y sólo se sumaron al final de la protesta de los pobladores y a la mesa de diálogo para firmar la minuta de acuerdos para la liberación de los retenidos porque era su deber como autoridades electas de la localidad.
Estuvieron en la conferencia de prensa el tío y padre adoptivo de Paula Calderón Herrera, Belester Herrera Rojas, y la hija de la detenida, Ariadna Pilar Bernal Calderón, así como el padre del también detenido Lenin Locia Reyes, Ángel Locia Hidalgo y su madre María Victoria Reyes de la Cruz.
Los familiares fueron acompañados por los abogados de la tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum), Fernando Vázquez Maldonado y Wblester Montaño Buitrón, quienes les darán acompañamiento en el proceso judicial, según explicaron al final de la conferencia.
El 7 de junio del año pasado, soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Policía Estatales entraron a Petaquillas y detuvieron a una persona, pero pobladores les impidieron la salida para presionar la liberación de su vecino.
Argumentaron que los militares realizaron algunos disparos por el rumbo del segundo panteón y la telesecundaria del pueblo, “no importándoles que hubiera gente adulta, adolescentes y niños”, explicaron ayer en un escrito los familiares de los detenidos.
Agregaron que al oír los disparos la “guardia civil” se desplazó hacia allá “y alguien” tocó las campanas de la iglesia y se pidió a los vecinos que se concentraron que se trasladaran al panteón nuevo donde exigieron la libertad de su vecino.
“Pero ante la terquedad de los militares la gente reaccionó cerrándoles el paso”.
En su escrito aseguraron que tanto Paula Calderón como Lenin Locia “no participaron en la obstrucción del paso”, que es de lo que los están acusando, porque estaban en sus respectivos centros

de trabajo, “y se puede comprobar con documentos, libro de firmas y reloj checador”.
Paula Calderón –contó entre sollozos su padre adoptivo, Belester Herrera– es madre soltera y jefa de familia. Trabaja en el Congreso local desde hace 24 años “y de su buena conducta y desempeño laboral pueden dar fe los diputados de la actual y de las anteriores legislatura”.
“Ha sido una luchadora social y presidenta de una asociación civil formada con el único propósito de hacerle llegar a la población productos a bajo costo como pollitas ponedoras, herramientas, tinacos y cemento”, aseguró y agregó que es afromexicana, nacida en Juchitán, Guerrero.
En tanto que el padre de Lenin, Ángel Locia Hidalgo, contó que es biólogo de profesión “amante de la cultura de Petaquillas”, y es coautor del libro Miradas al pasado.
“Es un amante de la naturaleza, de la danza folklórica y participa en eventos culturales, religiosos, deportivos y de entretenimiento”.
En el escrito entregado a los medios de comunicación explicaron que ambos se incorporaron como “testigos” de los hechos después de las 4 de la tarde “por la responsabilidad que tenían como comisarios electos” pero que su único propósito fue “calmar los ánimos” de la gente, llegar a un acuerdo con las autoridades y firmar la minuta de acuerdos”.
Se explica en el documento que el día de los hechos aún no habían tomado protesta, y que ocho días después del conflicto la planilla completa, cuatro comisarios, el titular, dos vocales y el suplente presentaron su renuncia en una asamblea porque consideraron que no había condiciones para seguir al frente.
A más de un año, Lenin Locia Reyes y Paula Calderón Herrera, fueron detenidos el viernes pasado, según sus familiares, por policías federales. Lenin fue detenido a las nueve de la mañana en su centro de trabajo, en tanto que Paula en el bulevar Petaquillas-Chilpancingo en uno de los retenes de la Guardia Nacional, militares y policías estatales cuando se dirigía a su centro de trabajo.
“Es ilógico, irracional, una estupidez, que solamente en una cabeza de poco cerebro y razonamiento estrecho puede caber que una mujer de mínima estatura, y un integrante del grupo LGBTI, hayan secuestrado a cierto número de militares armados hasta los dientes”, cuestionaron en su escrito.
Informaron que después de que fueron detenidos el viernes los trasladaron a las instalaciones de Ciudad Judicial de Chilpancingo, pero por la noche los trasladaron al penal de la Unión, supuestamente por el riesgo que implica la delincuencia organizada.
Contaron que desde allá los estarán trasladando a Chilpancingo cuando se realicen las audiencias del juicio oral.
Los familiares de los dos detenidos pidieron la intervención de la gobernadora Evelin Salgado Pineda para que sean liberados, pues insistieron que es injusta su detención y que son inocentes.

Piden ante la Secretaría de Seguridad la libertad de la activista Kenia Hernández

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La diputada federal por Morena, Evangelina Moreno Guerra (de Baja California), y defensores de derechos humanos, se reunieron este el jueves con el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Luis Rodríguez Bucio, a quien le demandaron la libertad de la activista guerrerense Kenia Hernández Montalván, quien lleva más de tres años presa, “injustamente”.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva la defensa de la dirigente del Colectivo Zapata Vive y del Movimiento por la Libertad de Los Presos Políticos de Guerrero (Molpeg), informó que el 6 de junio pasado Hernández Montalván cumplió tres años presa.
La activista Guerrerense fue detenida acusada por el delito de robo con violencia y ataques a las vías generales de comunicación, supuestamente ocurridos en una caseta de cobro en Ecatepec, Estado de México, y se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16 (Cefereso) en el estado de Morelos.
El organismo informó ayer que una comisión de diputados federales encabezada por la diputada federal Moreno Guerra, se reunieron el jueves con el subsecretario de Seguridad, Rodríguez Bucio a quien le expusieron el caso de la dirigente social de Guerrero.
Después de su reunión con el funcionario federal la diputada Moreno Guerra escribió en su cuenta de Facebook: “Esperamos pronto recuperar la . Agradecemos la alta sensibilidad mostrada por la secretaria en un caso que nos duele a todos y todas”.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero no dio mayores detalles de los acuerdos con el funcionario federal, “para no afectar lo que se avanzó en la reunión”, declaró por teléfono uno de sus integrantes.
La comisión de diputados de Morena que se reunió con el funcionario federal, encabezados por Moreno Guerra, integraron el 2 de junio pasado la red de apoyo en favor de Kenia Hernández Montalván.
Se informó que la red tiene el propósito de dar seguimiento al proceso jurídico en contra de la activista acusada por el delito de ataques a las vías generales de comunicación y robo con violencia.
Como parte de las primeras actividades de la Red, fue la reunión de trabajo con los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezados por Rodríguez Bucio, “para conversar sobre el estatus jurídico de Kenia Hernández”, informó el organismo de derechos humanos.
Después de la integración de la Red, la diputada Moreno Guerra logró que se aprobara un punto de acuerdo en el Congreso federal para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana “garantice en todo momento un trato digno” y de total respeto a los derechos humanos de las mujeres internas en el Centro Federal de Reinserción Social número 16, ubicado en el estado de Morelos, en donde está recluida Hernández Montalván.

Bloquean maestros el bulevar de Las Naciones por tres horas; piden la liberación de un compañero

Durante el bloqueo en el bulevar de Las Naciones, en la zona Diamante, maestros de la zona 42 de Educación Primaria discuten con automovilistas que exigían el retiro de la protesta porque ya llevaban mucho tiempo bajo los rayos del sol Foto: Carlos Carbajal

Karina Contreras

Alrededor de 100 maestros de primarias de la zona escolar 42, bloquearon más de tres horas el bulevar de Las Naciones, para exigir la libertad del docente de educación física, David Beltrán Salas, detenido por efectivos de la Marina en Coyuca de Benítez.
Los familiares informaron que están preocupados por el docente de 50 años, con 26 de servicio en la SEG, porque fue golpeado y es díabético, que no está tomando sus medicamentos. Informaron que están detenido en la Fiscalía General de la República y que fue detenido el sábado.
Aseguró Marcela Beltrán, hermana del detenido, que tienen pruebas de que su hermano es inocente, que hay testigos de cómo fue detenido en Espinalillo y no en Pénjamo, como dice la versión oficial. Señaló que interpondrá una queja en la Comisión Estatal de los Derecjos Humanos, por la violacion a sus derechos y al debido proceso.
Añadió que uno de sus hermanos pudo platicar con David Beltrán y se dio cuenta que no podía caminar, porque recibió golpes, y están preocupados porque es diabético, “no hemos obtenido ninguna respuesta del gobierno estatal”.
Durante la protesta hubo un altercado con automovilistas, que desesperados pedían a los manifestantes que los dejaran pasar, porque ya tenían mucho tiempo varados bajo los intensos rayos del sol.
Luego de ese altercado, los manifestantes abrieron cinco minutos y volvieron a bloquear media hora más. Luego decidieron retirarse, ante la presión que ejercieron los automovilistas que no dejaron de tocar sus bocinas.
Los conductores enfrentaron verbalmente a los manifestantes y les arrebataron las lonas de la protesta y estuvieron a punto de llegar a la violencia física. También los manifestantes arremetieron contra un taxista, de la ruta a Colosio, a quien le estrellaron el parabrisas del vehículo.
En declaraciones, la hermana del profesor, Marcela Beltrán, explicó que ellos son originarios de Espinalillo y que habían ido a una peregrinación, que luego su hermano se dirigió al domicilio de un amigo en el mismo pueblo, donde “cayó la policía y se lo llevaron y al buscarlo, lo encontramos en la Fiscalía”.
Señaló que desconocía los cargos que se le estaban imputado, pero al estar en la Fiscalía quería decir que eran delitos federales. Subrayó que el maestro es una persona honorable y por eso estaban sus compañeros de zona, exigiendo la libertad inmediata de su hermano, “no tiene nada que ver en los hechos que se le están imputado, porque están diciendo que es delincuente”.
Indicó que formalmente no saben de qué se le acusa, más lo que han escuchado y que es por portación de armas. Dijo que exigen la libertad de su hermano, porque no tiene nada que ver con los hechos que están imputado. “Mi hermano esta cerrado injustamente”, aseguró.
Mientras, el inspector de Educación Física, Ignacio Calderón Navarro, dijo que estaban en protesta para exigir la libertad del maestro y que esperaban una respuesta de la Dirección de Gobernación del estado, porque hasta el mediodía no se había dado un acercamiento. Agregó que lo que quieren es la liberación del profesor, quien da clases en la primaria Juan N Alvarez, ubicada en la comunidad La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Indicó que en la zona escolar incluye 12 planteles, ubicados en comunidades como San Pedro Las Playas, Amatillo, Oaxaquilla, Ranchito, Sal si Puedes y Agua Caliente.
Aseguró que estaban exigiendo una pronta solución a la situación legal para que lo dejen en libertad.
Los manifestantes quitaron el bloqueo casi a la 1 de la tarde, porque no querían golpes, pero dijo la hermana de de David: “Esto fue pasivo, estamos esperando la respuesta del gobierno, pero de no darse, lo harán más agresivo y contundente”.
Portaron una manta donde se leía: “La zona escolar 42 de Educación Primaria exige la liberación inmediata del profesor de educación física, David Beltrán Salas. Paro laboral hasta la liberación del profesor”.

 

Exigen la libertad de presos políticos de la OCSS; apoya AMLO su excarcelación, dicen

Los dirigentes de la APPG, Nicolás Chávez Adame, y de la OCSS, Norma Msesino, durante el mitin que encabezaron ayer afuera de Ciudad Judicial en la capital del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Las dirigencias de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), exigieron en un mitin fuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo, la libertad de cuatro presos políticos sobrevivientes de la masacre del vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
Estuvieron, además, familiares de los presos, miembros de la OCSS y sobrevientes de la masacre de Aguas Blancas, Orlando Ávila Mesino, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Antonio Barragán Carrasco.
Los dirigentes de las dos organizaciones, Norma Mesino y Nicolás Chávez Adame, denunciaron que a pesar de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ya dio su anuencia para liberarlos, son las las autoridades de Guerrero las que no tienen voluntad y están poniendo obstáculos para no liberarlos.
Después del mitin, los dirigentes se reunieron a puerta cerrada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Raymundo Casarrubias Vásquez, quien ofreció la revisión por separado de los expedientes.
Antes, Norma Mesino denunció que creen que quien está interviniendo para que los presos políticos sigan en la cárcel es el ex gobernador Rubén Figueroa, y denunció que los cuatro están en la cárcel por delitos prefabricados.
Explicó que en el caso de Jerónimo Hernández, preso en el penal de Acapulco, y quien ha estado en diferentes cárceles del país como en Durango. Chiapas y en el del Altiplano, Estado de México, ya cumple en diciembre próximo los 20 años de la condena que le formularon en un proceso viciado, pues denunció que nunca conoció a su acusador.
Denunció que actualmente está amenazado de muerte al interior del penal y responsabilizó a los gobiernos federal y del estado de su integridad física.
“Si hubiera disposición de los gobiernos federal y estatal ya debiera estar en libertad”, reprochó.
Con respecto a Orlando Ávila Mesino, expresó que a pesar de que todas las pruebas resultaron a su favor, fue torturado y acusado por el delito de homicidio en agravio de un comerciante de Coyuca de Benítez.
Mesino explicó que el abogado Hegel Mariano, quien lleva el caso de Orlando y el de Jerónimo, demostró legalmente que están “muy viciados”, y demostró su inocencia mediante varias pruebas.
Recordó que el abogado metió un incidente de libertad y el 11 de noviembre se emitirá una resolución, “pero pedimos su libertad porque todas las pruebas salieron a favor de él, no tiene ningún delito para que siga preso”.
En cuanto a Gilberto Aguirre y Antonio Barragán, detenidos en el 2001 por el delito de secuestro, denunció que igual fueron torturados “de manera cruel”, para que se declararan culpables del secuestro y asesinato de Paola Gallo, una joven del estado de Morelos.
“Ninguna prueba ha criminalizado a los compañeros, pero por la intervención del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fueron torturados y cada uno de ellos cuentan con una carpeta maestra en la que se prueba la tortura”.
Informó que en una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le entregó los expedientes de los cuatro presos, porque creyeron que la gobernadora tiene una deuda histórica con la masacre del vado de Aguas Blancas.
Recordó que después de tres veces de que periodistas cuestionaron al presidente de la Repúblicas Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina, el Comité de Amnistía y Pre liberación retomó y puso los casos de los cuatro presos de la OCSS en la agenda de la Secretaría de Gobernación.
“Hoy queremos que se revisen de verdad los casos de cada uno de ellos, que la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (del gobierno del estado) Anacleta López Vega nos reciba y revise los expedientes de los cuatro presos”.
Recordó que cuando se reunieron con la gobernadora, ella instruyó al anterior subsecretario Carlos Villalpando Milian, pero después renunció y ahora la actual subsecretaria no ha querido retomar el asunto.
Se quejó que de parte del gobierno del estado no se ve voluntad y no está en la agenda del gobierno del estado el problema de los presos políticos.
Advirtió que las organizaciones van a intensificar las acciones para exigir su libertad, “y vamos a instalarnos en plantón, si es necesario en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, y vamos a hacer lo que sea necesario para que los compañeros sean liberados”.
Por su parte Nicolás Chávez Adame, dijo que solamente faltan algunos recovecos jurídicos por parte de las autoridades locales para darle trámite a la libertad de los cuatro presos.
Consultados después de la reunión con el presidente del TSJ Casarrubias Vásquez, que fue después de las 2 de la tarde, Mesino Mesino y Chávez Adame, informaron que el magistrado se comprometió a instalar una mesa de diálogo para revisar por separado cada uno de los casos.
Mesino celebró que por lo menos ya se haya abierto el dialogo con las autoridades locales para ir avanzando en la revisión de cada uno de los cuatro presos políticos.
La dirigente de la OCSS, dijo que creen que quien está interviniendo para que no salgan libres es el ex gobernador Rubén Figueroa puesto que fue el que resultó perjudicado políticamente después de la masacre del vado de Aguas Blancas y actúa por venganza política.

 

Liberan al policía comunitario Samuel Ramírez; seguirá luchando para que se le declare inocente, dice

El policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez salió en libertad después de 4 años 6 meses preso en el penal de esta capital.
Obtuvo su libertad porque cumplió la condena que le impusieron de 4 años 100 días de prisión, pero no fue considerado inocente de portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
No pudo ser recibido por las organizaciones sociales ni por su familia, pues les informaron de la notificación de libertad dos horas después de que ésta se emitió, y no alcanzaron a llegar.
El 6 de octubre del 2013 el comunitario fue detenido junto con tres policías más, acusados de portación de arma de fuego; de los cuatro, Samuel fue acusado por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por eso sus compañeros alcanzaron libertad bajo fianza y él no.
A las 4:35 de la tarde de ayer, por la puerta de acceso al penal, Ramírez Gálvez salió en libertad. Vestido con pantalón de mezclilla, playera azul marino con verde, con tres cajas de ajedrez en mano que hizo dentro del penal, que tenían la leyenda de “Samuel Ramírez Gálvez Preso Político CRAC-PC”, y una bolsa de plástico con sus pertenencias.
Fuera de las instalaciones se quitó la playera y quedó con una color gris que decía “Libertad, no son los rebeldes los que causan los problemas del mundo son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes. La rebeldía es la vida la sumisión es la muerte”.
En consulta fuera del penal Samuel Ramírez expuso: “salí como culpable (…) vamos a pelear duro porque no me sacaron con libertad absolutoria, y vamos a seguir luchando”.
Dijo que le sorprendió la notificación de su libertad, pues estaba programada para la siguiente semana, luego de la audiencia de vista que tuvo la semana pasada.
Resaltó que antes de su salida, el preso político de la CRAC de la base del Fortín en Tixtla, Gonzalo Molina González, que también está en el penal de la capital, le dijo que no le gustó cómo salió.
Recordó que cuando lo aprehendieron tenía 18 años, y cuatro años seis meses estuvo en prisión por portar un arma “viejita, ni funcionaba”.
Samuel Ramírez manifestó que seguirá luchando en la CRAC porque Molina González está encerrado y tiene que salir.
Durante su prisión el policía comunitario hizo deportes como futbol, basquetbol y jugaba ajedrez, además aprendió el oficio de hacer balones y bolsas que su familia vendía en su comunidad.
La salida del preso estaba programada para que asistieran organizaciones sociales, como los normalistas de Ayotzinapa, la comunidad indígena Emperador Cuauhtémoc, la CRAC del Fortín en Tixtla, de Zitlaltepec, organizaciones de la Ciudad de México y Oaxaca, y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero, quienes acompañaron su proceso, pero no fue posible pues su liberación fue repentina y se les complicó llegar a tiempo.
Al lugar sólo alcanzaron a llegar dos habitantes de la comunidad Emperador para recibirlo.
“Ya sabíamos que estaba en término de estos días, pero nos avisaron hace dos horas que lo iban a soltar pero hace un rato nos volvieron a decir que hasta en la noche, entonces hay descoordinación con las organizaciones sociales. Pues qué bueno, nos da mucho gusto verlo libre”, señaló el vecino de la comunidad Indígena Roberto Juárez.
Dijo que la forma en que las autoridades decidieron su libertad es parte del actuar del Estado, que no querían que las organizaciones estuvieran presentes en su liberación.
Añadió que está pendiente la liberación de Gonzalo Molina, que es similar al proceso de Ramírez Gálvez y que muchos delitos que le imputaron se han desvanecido; ya es cosa de días para que definan su sentencia y le den la libertad.
En una llamada telefónica la representante del Comité por la Libertad de los Presos, Enriqueta Chávez López lamentó que no pudieron llegar sus integrantes a recibir al preso, pues se encontraban en Oaxaca.
“Estamos haciendo el balance, y creo que todo fue como un tipo contubernio muy perverso, porque yo hablé con el director (del penal) y el director ya debería de comunicar un día antes, entonces él nos comentó que con 24 horas nos iba también a avisar y que el procedimiento tarda hasta 8 horas (para liberarlo)…a Samuel lo sacaron en una hora 40 minutos”, remarcó Enriqueta Chávez.
Dijo que esta situación sucede porque se vive en un país de impunidad, que con ello se demuestra que no hay respeto a la Ley 701 de Guerrero, y que por ende es una afrenta grande a los pueblos originarios que se rigen por sus usos y costumbres.
La representante recalcó que se buscará comprobar que no hay un delito qué perseguir, pues el juez determinó que es culpable por haber portado un rifle que le fue entregado por la comunidad junto con una licencia acreditada, y que la CRAC es una institución legal y legítima.
Abundó que les mintieron diciendo que el caso iba “muy bien”, que los documentos que se habían aportado garantizaban un proceso justo, pero que no le sorprende porque saben cómo trabaja el régimen, además de que finalmente sí les comentaron que no querían que hubiera organizaciones.
En abril del año pasado, el policía comunitario fue sentenciado a 4 años y 100 días y su condena terminaría en octubre, o también se podía conmutar, sin embargo, la familia y el preso decidieron apelar y buscar la libertad absolutoria, la cual no fue posible.
Apenas el 14 de diciembre también fue puesto en libertad el promotor de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Herrera, después de 4 años y 13 días en prisión, uno de ellos en un penal de máxima seguridad, pero todavía falta la liberación del promotor de la base del Fortín Gonzalo Molina.