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Conmemora el Cecop su 22 aniversario exigiendo justicia para su vocero

El asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, el representante del Consejo de Cacahuatepec, Guadalupe Delgado del Carmen, de Huamuchitos Mario Estrada Bailón y el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz García en la asamblea por el 22 aniversario del Cecop, en El Fraile, en Cacahuatepec Foto: Jesús Trigo

Ramón Gracida Gómez

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) conmemoró ayer 22 años de lucha y exigió justicia por el asesinato de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz y la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico mediante un decreto.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan criticó que a tres meses del crimen consumado el 25 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) “no tiene avances en las investigaciones y los autores materiales e intelectuales siguen libres”.
El acto se llevó a cabo bajo una techumbre del embarcadero de El Fraile, cruce del río Papagayo a la localidad de Cacahuatepec, y fue moderado por el asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, quien leyó después de un minuto de silencio y consignas, una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de pedirle una reunión.
La misiva que será entregada al jefe de asesores de Sheinbaum, le dice que el Cecop “valora positivamente” su afirmación de que el proyecto de la presa está cancelado, pero “debe concretarse mediante un decreto que cancele de manera definitiva la construcción de la presa y por lo tanto el despojo y el desastre ecológico. De acuerdo con los protocolos internacionales, hasta ahora el proyecto sólo está suspendido”.
Además, “pedimos se dé continuidad a los esfuerzos realizados por su gabinete de Seguridad, para esclarecer el asesinato de nuestro vocero y dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz hasta alcanzar la justicia y superar todo resquicio de impunidad”.
La carta recuerda que López Obrador dijo que el Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, “pero sabemos ahora hay otro grupo de poder que no es exactamente el Estado y que son quienes están haciendo el trabajo sucio al Estado porque eso es lo que pasó con Marco”, apuntó Rodolfo Chávez.
La misiva pide justicia “para que no se repitan actos de represión como el operativo policiaco-militar ejecutado por el último gobernador priista (Héctor Astudillo Flores) el 7 de enero de 2018 que por medio de ejecuciones extrajudiciales elevó a 10 el número de compañeros asesinados y 38 los encarcelados”.
Como vía para alcanzar la justicia y la paz, el Cecop respalda la iniciativa de ley de castigo a la extorsión “y eso toca precisamente al esclarecimiento de Marco”, expuso Rodolfo Chávez, quien externó después la petición de justicia que le decía por teléfono uno de los tres presos políticos del Cecop, Modesto León Jacinto; los otros dos encarcelados en Las Cruces son Maximino Solís Valeriano y Rodrigo León Jacinto.
Frente a unas 100 personas, la mitad de fuera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz, lamentó la asistencia “poquititos compañeros de las comunidades, quiero pensar que están cansados, quiero pensar que tienen miedo y no quiero pensar que ya no quieren seguir la lucha porque eso sí es una derrota”.
Leyó una carta de Tlachinollan dirigida al finado vocero del Cecop en la que dice que el movimiento se extendió por toda América Latina “porque transmitía la buena vibra de su lucha, porque contagiaba con su poder de convocatoria, motivaba para impulsar las organizaciones comunitarias, el Cecop se conformó en un referente internacional por la eficacia de su lucha, por su consistencia argumentativa y por el gran liderazgo de Marco Antonio”.
“No hay interés en esclarecer los hechos y mantienen intocada la red criminal que controla las playas y que cotidianamente asesina sin que las autoridades den golpes certeros a los responsables para desmantelar las estructuras delictivas que desangran la vida en Acapulco”.
Tlachinollan menciona que “al principio culpaban a la familia de los nulos avances, hoy que han colaborado y aportado elementos decisivos para el esclarecimiento, las investigaciones siguen estancadas”.
Los primeros oradores fueron consejeros de algunas comunidades que “están llevando adelante el trabajo que por muchos años llevó Marco Antonio Suástegui”, un consejo del Cecop, expuso Rodolfo Chávez.
Una de ellas es Martha Hernández, de la comunidad El Cantón, quien recordó el inició del movimiento el 28 de julio de 2003 con un plantón contra el proyecto hidroeléctrico en el que participaron las comunidades proyectadas a ser desplazadas como Garrapatas y Arroyo Verde, y la resistencia contra los gobiernos estatales, por ejemplo, del perredista Zeferino Torreblanca.
A un costado del altar con la foto de Suástegui Muñoz, Mario Estrada, de Huamuchitos, lamentó la ausencia del vocero del Cecop, pero afirmó que el movimiento “está de pie y no vamos a dar marcha atrás”.
Maricela Navidad Dorantes, de Salsipuedes, pidió a las organizaciones sociales presentes que no los abandonen “porque lo que queremos es justicia para nuestro compañero”.
Con una lona con el rostro de Suástegui, sonriendo, Gimeldo Morales, de Rancho las Marías, expuso que es nuevo en el movimiento al que se unió porque el vocero del Cecop siempre buscaba lo mejor de las comunidades y evitar que “los gobiernos, los ricos, se apoderaran de nosotros”.
Acudieron campesinos de Cacahuatepec, El Campanario, Cruces de Cacahuatepec, El Carrizo, Las Parotas, Los Ilamos, Parotillas, La Concepción, Garrapatas, Aguacaliente, Amatillo y Las Chanecas; la Policía Comunitaria vigiló el perímetro, y la Guardia Nacional estuvo en el inicio del acto.
Con machete en mano, la integrante del movimiento de San Salvador Atenco, Hortencia Ramos, reivindicó la participación de las mujeres de distintas comunidades con la comida que llevaron, “cuando una resistencia, un pueblo es masacrado, criminalizado por el gobierno, y nuestros compañeros son detenidos, las que damos la cara somos las mujeres”.
Antes del inicio formal del evento casi a las 12 del día, el histórico dirigente de Atenco, Ignacio del Valle, remarcó la hermandad de este pueblo del Estado de México con los Bienes Comunales de Cacahuatepec por la lucha de ambos contra proyectos que les quitarían sus tierras.
El responsable de la comisión política en Acapulco de la CETEG, Walter Añorve Rodríguez, pidió la presentación con vida del hermano de Marco Antonio, Vicente Suástegui, desaparecido en 2021.
Del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Eloy del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde destacó la lucha del Cecop por defender los ríos de México alzando “su voz para seguir fluyendo libres de megaproyectos de muerte y limpios de tóxicos”.
Gloria, de Cooperación Comunitaria, indicó que junto con el Consejo Indígena y Mestizo para el Desarrollo Rural y Ambiental en los Bienes Comunales de Cacahuatepec y las comunidades, tienen la responsabilidad de “transitar de la defensa del territorio a la producción del mismo”.
El ex secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Jorge Peto Calderón, subrayó que los gobiernos del PRI y el PAN persiguieron y torturaron al vocero del Cecop, pero su asesinato ocurrió cuando los tres órdenes de gobierno son de Morena.
Rosalinda Gutiérrez Terrones, del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero, dijo al gobierno federal, a la Comisión Federal de Electricidad y a las empresas trasnacionales, “que se siguen afilando sus pezuñas para rapiñar nuestras riquezas naturales, que estas tierras surianas y el río no se venden, se respetan y se defienden”.
Del Movimiento Socialista del Poder Popular, Héctor Valadez, dijo que la muerte de Suástegui “es un gran golpe para el movimiento ecosocialista a nivel mundial y nacional, unos días antes de su asesinato había firmado un pronunciamiento internacional para un encuentro de todas las organizaciones que luchan en contra de la depredación capitalista”.
Estuvieron integrantes del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, Fomento Social Banamex y Siuat Yoltechikatli por los Derechos Humanos.

 

Demanda el vocero del Cecop a Sheinbaum cancelación definitiva del proyecto La Parota

Ramón Gracida Gómez

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, demandó a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo la cancelación definitiva del proyecto de la presa La Parota, la dotación de agua en las localidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, la expulsión de las gravilleras del río Papagayo y la construcción de un puente en la comunidad de Cacahuatepec.
Resaltó que votaron por la candidata morenista, “entonces nosotros también vamos a ejercer nuestro derecho de exigencia, nosotros no dimos un cheque en blanco al votar por Claudia Sheinbaum, nosotros le vamos a fijar bien clara nuestra postura”.
Reiteró que el proyecto hidroeléctrico de La Parota no está cancelada, “ésa es otra de las inconformidades que tenemos con este gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque se nos dijo que nos iban a cancelar, que nos iban a dar un papel, con un decreto firmado y sellado desde la Presidencia de la República, en donde nos iban a decir que La Parota se cancelaba”.
Suástegui Muñoz afirmó en entrevista con El Sur a orilla del río Papagayo que la presa está suspendida, no “por voluntad propia del gobierno, está suspendida porque aquí hay una oposición real, gente aglutinada al Cecop”.
Añadió que el mandatario federal no pudo lograr resultados en los temas de inseguridad y la escasez de agua, “y es un reto que ahora va a enfrentar” Sheinbaum Pardo, la primera mujer en la historia del país que va a ser presidenta, enfatizó Suástegui Muñoz.
“Primero, le vamos a exigir que cumpla lo que no cumplió el presidente, que nos cancele la presa inmediatamente en el primer año de su gobierno, ése será el reto número uno del Cecop con Claudia Sheinbaum, que nos dé por escrito la cancelación de la presa”.
Segundo, añadió Suástegui Muñoz, la futura mandataria federal tiene la obligación junto con los gobiernos municipal y estatal de llevar agua a las comunidades de Cacahuatepec, “cómo es posible que hace 60 años vinieron, se llevaron el agua a través del pozo Ranney, de la bocatoma Papagayo II, ubicada entre Aguacaliente y Salsipuedes, 30, 40 kilómetros para darle agua a los ricos, a la zona Dorada, al Acapulco empresarial, al hotelero, pero no le dan agua a las comunidades”.
Con la imagen de fondo de un hombre cruzando caminando el río Papagayo y la amenaza de lluvia, el vocero del Cecop declaró que la tercera demanda es la construcción de un puente que conecte el embarcadero de El Fraile con la comunidad de Cacahuatepec, cabecera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
El gobierno de Abelina López Rodríguez impulsa la construcción de un puente en El Carrizo, pero el Cecop está en contra porque representaría edificar una vía en donde se iba a hacer la tercera represa del proyecto de La Parota, la primera iba a ser en el cerro de Los Mayos y la Hierbabuena, con más de 200 metros de altura, y la segunda en el cerro de Los Hilamos con 50 metros de altura.
La cuarta solicitud del Cecop es la expulsión de las gravilleras, “que le están haciendo un daño terrible al río Papagayo” porque socavan el caudal y el material que extraen lo exportan, comentó.
Recordó que en elecciones pasadas, los integrantes del Cecop escribieron en las boletas electorales el no a La Parota y esta vez participaron en el cierre de campaña del ahora senador reelecto Félix Salgado Macedonio, precisamente en Cacahuatepec el 26 de mayo pasado.
Agregó que libremente votaron por Morena, “pero si este partido no responde a las exigencias y a las necesidades del pueblo, en seis años veríamos que a Morena le puede pasar lo mismo que le ha venido pasando al PRI, al PAN y posiblemente le pase lo que sucedió al PRD, que desaparezca del mapa político”.
Señaló que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda “nos ha dejado abandonados, el gobierno de Abelina (López Rodríguez) nos ha venido a robar el agua y a robar el dinero que estaba destinado para darle agua a las comunidades más marginadas”.

 

Reciben láminas para sus techos 300 familias de los Bienes Comunales de Cacahuatepec

Ramón Gracida Gómez

Los techos volaron y casas enteras fueron destruidas por la fuerza del huracán Otis en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde este viernes, 300 familias de distintos poblados recibieron 3 mil láminas donadas por fundaciones, organizaciones y particulares, a través del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop).
El vocero del movimiento, Marco Antonio Suástegui Muñoz, expuso que a más de un mes del meteoro del 25 de octubre, “la gente sigue viviendo entre láminas retorcidas, entre palapas, entre lonas que pudieron rescatar”.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, dijo que la situación en los bienes comunales “está muy, muy mal, porque no hay intervención de las autoridades”.
A las 12 de la tarde, Suástegui Muñoz llegó en su camioneta azul, guiando al camión que traía las 3 mil láminas, al paraje conocido como El Fraile. La cita era a las 9 de la mañana, pero el camión se descompuso y se retrasó tres horas. Todos los vecinos aguantaron y esperaron.
Los hombres se pusieron guantes en las manos para cargar las láminas y evitar cortaduras por lo filoso del material, “con mucho cuidado porque corta”, conminó Suástegui Muñoz. Las personas que no traían guantes usaban pedazos de prendas para no cortarse.
A la orilla del río Papagayo, las pangas transportaron las láminas, que fueron acomodadas de forma horizontal en las pequeñas embarcaciones de madera. La corriente del río parecía crecida, Suástegui Muñoz organizó a los comuneros para cruzar el Papagayo, sin el riesgo de que pudiera hundirse o volcarse la panga, que se balanceaba con el peso de las láminas y de las propias personas.
Las maniobras para cruzar una parte de las 3 mil láminas en el río Papagayo tardó alrededor de una hora, mientras hombres y mujeres esperaron pacientemente la ayuda y unos tres niños nadaban para refrescarse.
Del otro lado del río, en la comunidad Cacahuatepec, otro grupo de hombres recibió las láminas y se las llevaron sobre sus hombros o cabezas hacia sus casas. Acabaron empapados de sudor, por el fuerte calor que hacía. “Por eso se necesita un puente aquí”, indicó el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui.
Especificó a El Sur que las comunidades que recibieron láminas son El Rincón, Espinalillo, El Campanario, Parotas, Amatillo y Salsipuedes, con 10 familias beneficiadas cada una; además de El Carrizo, Hilamos, Rancho Las Marías y Parotillas, con 15 familias cada una; El Cantón y La Concepción, con 20 familias cada una; Cacahuatepec, Huamuchitos y Cruces de Cacahuatepec, con 25 familias; y Apalani sumó 30 familias.
Indicó que estas láminas provienen de donaciones de la organización alemana Misereor, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), las organizaciones Cinco pesos dos peces y Cadena, así como Citibanamex.
En total, son alrededor de 300 familias de 20 comunidades las que recibieron láminas ayer, pero faltan por visitar 27 más, acotó, entre ellas Tasajeras, Las Chanecas, El Bejuco, El Arenal, La Arena, Cabeza de Tigre, Apanhuac, Barrio Nuevo de los Muertos, San Isidro Gallinero, Pochotlaxco, Garrapata, Arroyo Verde, San José, Las Ollitas, San Antonio, Cerro de Piedra, Atamarindillo, Las Minas, El Progreso de Cacahuatepec, San Juan Grande y San Juan Chico.
“Tenemos registradas mil 500 familias afectadas. Nosotros vamos a cubrir a 300 el día de hoy, imagínate cuántas hacen falta”, dijo el vocero del Cecop y criticó que “el gobierno dice que no pasó nada, por eso me da risa y me da mucho coraje, porque la gente sigue viviendo entre láminas retorcidas, entre palapas, entre lonas que pudieron rescatar”.
Durante sus recorridos en las comunidades, comentó Suástegui Muñoz, el Cecop ha registrado una pérdida del 100 por ciento del cultivo de maíz, jamaica, ajonjolí y el 50 por ciento del limón y palma de coco. Son cerca de 40 mil hectáreas afectadas por el Otis, indicó.
Luego del cruce de láminas, se entregó otra parte en El Fraile. Rodeado de unas 50 personas, el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, contó que después de hablar con Suástegui Muñoz sobre la difícil situación que se vivía en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, el organismo que representa lanzó la convocatoria de ayuda “para amigos solidarios de México, muchas personas, académicos, estudiantes, organismos de derechos humanos”.
Es un donativo “de muchos amigos y amigas que no conocen, pero que sepan que no están solos, que hay mucha gente que está con ustedes, que si la autoridad no viene, que sepan que la sociedad no los va a dejar”, arengó y generó aplausos de los comuneros.
El donativo fue de alrededor de 280 mil pesos, que sirvieron para comprar 3 mil láminas, “sabemos que no son suficientes, pero es la primera entrega de 3 mil láminas”, aseguró Abel Barrera.
Señaló que mucha gente del municipio necesita ayuda, “pero no quiere decir que por eso no existen las comunidades rurales de Acapulco. Vemos que sí vino un censo de parte de los ‘Servidores de la Nación’, pero vemos que hay fallas en el censo, no todos están adentro”.
Contó que el subsecretario de Agricultura federal, Víctor Suárez, le adelantó que los productores inscritos en los programas de producción y fertilizante del Bienestar, van a recibir 7 mil 500 pesos, y también habrá un programa emergente de siembra de frijol, en la temporada de otoño-invierno.
Comentó que se va a traer más maíz, como ya se entregó hace unas semanas, pero la intención de este viernes fue “que puedan cubrir su techo, que puedan tener un lugar digno para descansar, para que haya sombra”.
Dijo que la situación en Cacahuatepec “está muy, muy mal, porque no hay intervención de las autoridades, pero con mayor razón voy a pedir a los compañeros de las organizaciones que nos acuerpemos” para ayudar a las familias del Acapulco rural.
Después de su discurso, de unos 10 minutos, Abel Barrera y Suástegui Muñoz ayudaron a organizar la entrega de láminas a las familias de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. A las 3 de la tarde continuaban repartiendo el material para las viviendas.

No ha detenido del todo la CFE la construcción de la presa La Parota, dicen organizaciones

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), y los gobiernos federal y estatal, no han parado por completo las actividades de la construcción de la presa La Parota, se establece en el informe que entregó el lunes pasado la coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU.
El documento señala que antes que detenerse los trabajos en la presa, “por el contrario, parecen seguir avanzado, ya que la CFE y el gobierno del Estado de Guerrero han hecho diversas manifestaciones de continuar con su construcción y han realizado actividades para promover su realización, como es la publicación de convocatorias de licitaciones públicas internacionales en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que empresas se sumen a la construcción”.
Las agrupaciones advierten que “se siguen poniendo en peligro los derechos, territorios, viviendas y tradiciones” de comunidades de los municipios de Acapulco, San Marcos y Juan R. Escudero.
También denuncian que desde 2003, cuando se intensificaron las acciones, se han cometido abusos a derechos humanos, a los derechos indígenas, a la tierra y el territorio, a la vida digna; asimismo, señala que se han cometido acciones de intimidación y amenazas, criminalización, y detenciones arbitrarias y agresiones contra los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop).
El proyecto de La Parota, en Guerrero, es uno de los 60 casos que organismos ambientalistas, de derechos humanos y organizaciones sociales incluyeron en su informe México: Empresas y Derechos Humanos, entregado al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, y se encuentra en el apartado Energía (hidroeléctricas y eólica).
El informe menciona que la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota se viene planeando desde 1976, cuando se hicieron los primeros estudios técnicos, pero que es a partir de 2003 cuando la presa comienza a tomar mayor relevancia, “tanto por el nivel de insistencia por parte de la CFE, como por el nivel de rechazo y resistencia organizada a partir del CECOP”.
Se denuncia que a raíz de la lucha en contra del proyecto, varios de los integrantes del Consejo han sido sujetos de amenazas y criminalizaciones de diversos tipos, como los casos de Marco Antonio Suástegui Muñoz, María de la Cruz Dorantes Zamora y Julián Blanco Cisneros. Los dos primeros fueron acusados “injustamente” de delitos que no cometieron, y se evidenció “el uso faccioso” del sistema penal para incriminarlos.
En el caso de Suástegui, denuncian que al ser detenido fue trasladado “de manera ilegal” a un reclusorio de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, “siendo que el delito por el que se le acusaba no aludía a que se le trasladará a un reclusorio con esas características, por lo que varias organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron y exigieron justicia para Marco”.
En el caso de Julián Blanco Cisneros, denuncian que fue víctima de agresiones directas de soldados del Ejército, quienes lo amenazaron de muerte a él y a su familia, “a tal punto que fue incorporado al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los organismos advierten que, ante la falta de una debida actualización de los riesgos, el gobierno le retiró las medidas otorgadas con dicho mecanismo, pese a que continúan las amenazas en su contra.
Refieren que, en la criminalización de los miembros del Cecop se han visto implicados tanto elementos de fuerzas de seguridad como el Poder Judicial del estado, “ya sea en detenciones ilegales como en la construcción de delitos en contra de los integrantes del Consejo”.
El documento advierte que los ataques contra los miembros del Cecop siguen latentes, debido a su oposición al proyecto. “Especialmente Julián Blanco ha expresado que le siguen llamando y dirigiendo amenazas en su contra y de su familia, inclusive de muerte, refiriéndole principalmente que se aleje de las actividades del CECOP”.
Aseguran que se ha intentado un diálogo con la CFE y parte de las comunidades afectadas, “pero no se han derivado resultados concluyentes”.
El documento recuerda que las actividades de defensa de las comunidades inician desde la creación del Cecop, en 2003, para promover una estrategia de defensa jurídica que inicio con el conocimiento de las afectaciones, además informa que el Cecop ha promovido la impugnación de las asambleas agrarias en las que la CFE había incurrido en diversas irregularidades, por lo que en el año del 2007, “se lograron nulificar 4 asambleas que se habían celebrado de esta forma por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 41, que conoció del caso”.
Desde ese momento, la CFE ha intentado continuar con la construcción y ejecución del proyecto, pero la CECOP también ha promovido que no se haga efectivo.

La reacción del gobierno del estado frente a la construcción de la presa ha sido ambigua, señalan

Mientras tanto, las organizaciones se quejan que la reacción del gobierno estatal “ha sido ambigua”, dado que en los espacios de diálogo que ha abierto con los ejidatarios y comuneros opositores a La Parota, ha expresado su compromiso de no impulsar desde el gobierno estatal el proyecto, “sin embargo, reiteradamente se negó a firmar los Acuerdos de Cacahuatepec, documento que dejaría registro de su compromiso a respetar la decisión de los comuneros y a no promover ninguna acción que pueda detonar la reactivación del proyecto hidroeléctrico”.
Se menciona que en la construcción de la presa se han visto envueltas principalmente la CFE y el gobierno del Estado, así como el gobierno federal, “quienes han apoyado el actuar de la Comisión en todo momento, teniendo un carácter débil ante las exigencias de las comunidades y por el contrario, brindando las facilidades para la continuación del proyecto”.