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Señala experto falta de especificaciones en el proyecto de CAPAMA de pozos comunitarios

El experto en sistemas de abastecimiento hidráulico en comunidades rurales y urbanas, Roberto Sánchez, explica en la asamblea del Cecop en la comunidad Cacahuatepec la necesidad de la potabilización del agua Foto: Ramón Gracida Gómez

Ramón Gracida Gómez

En la asamblea de ayer del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), el experto en sistemas de abastecimiento hidráulico en comunidades rurales y urbanas, Roberto Sánchez, cuestionó la propuesta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) de los tres pozos de agua para las comunidades porque no atiende la necesidad de la potabilización, “la calidad de agua”.
Como se informó anteriormente, el Cecop y la CAPAMA llegaron a un acuerdo el 26 de octubre pasado en el que los campesinos de distintas localidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec aceptaron la obra de los tres pozos radiales en Aguacaliente a cambio de que construyeran tres pozos de agua para ellos.
Son cinco pozos en total, tres en este año, uno de ellos para abastecer las comunidades de Cruces de Cacahuatepec, Apalani y Campanario; otro para la localidad de El Carrizo y uno más para las comunidades de Cacahuatepec, Espinalillo, El Cantón, Apanhuac y Huamuchitos; en 2026 comenzaría la construcción de un pozo en Las Parotas y otro Rancho las Marías, que beneficiarían también a las comunidades vecinas de Los Ilamos, Garrapatas y San José.
Se suponía que el director de la CAPAMA, Antonio Rojas Marcial, acudiría a la asamblea de este domingo para presentar el proyecto, pero no llegó y el organismo público se limitó a mandar un documento vía Whatsapp.
Invitado por la organización Cooperación Comunitaria que asiste a los campesinos en diversos proyectos de reconstrucción tras el paso de los huracanes Otis y John, Sánchez dijo en Cacahuatepec que el documento de la CAPAMA es sólo “un planteamiento, planeación conceptual de cómo van a abastecer a todas las comunidades, situación que me deja en duda muchas cosas, sobre todo, porque no hay especificaciones”.
Indicó que falta saber la capacidad de los equipos de bombeo, la profundidad de su instalación, “están parchando la tubería existente, tubería que tiene una antigüedad de 40 años por la información que me proporcionaron y esta situación no puede ser, que se use la misma tubería que ya pasó su vida útil porque ya está oxidada, picada, carcomida”.
El experto en sistemas de abastecimiento hidráulico planteó que la nueva tubería debe tener el grosor suficiente para resistir la presión del bombeo de agua y especificó que el equipo de bombeo debe tener la capacidad para hacer llegar el agua a la parte más alta, que es Huamuchitos, e instalar un tanque maestro de distribución para las comunidades cercanas.
Subrayó la necesidad de atender la calidad del agua, empezando por la obra de toma de agua del río Papagayo y su aforo, “la medición del agua que puede proporcionar ese pozo”, después se tiene que seleccionar el equipo de bombeo.
“Cuando el río crece el agua se enturbia, se enloda y así se las bombean, eso no es potable, tiene que ser un agua clarificada la que les llegue a cada uno de sus domicilios”.
Sánchez ahondó sobre el problema bacteriológico, “las heces fecales, seguramente hay infiltración de alguna contaminación de heces fecales en el agua del río Papagayo, eso se mata por cloro”.
“El dar clarificación y el dar cloración al agua en la fuente de abastecimiento, es decir, donde está la torre para tomar el agua, eso se llama potabilización; no hay un sistema de potabilización en el planteamiento conceptual que enviaron hace un momento”.
El experto dijo que la potabilización “es uno de los temas importantes y muy graves porque atenta contra la salud de cada uno de sus pobladores, es muy importante pedir eso”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, advirtió que si la CAPAMA no cumple con los pozos para las comunidades, nuevamente los pobladores detendrán la obra en Aguacaliente, la cual sigue en la fase de estudios.

Informan de los procesos judiciales de los presos del Cecop

El abogado de Tlachinollan expuso de los procesos de los presos del Cecop en el penal de Las Cruces, Maximino Solís Valeriano, Rodrigo León Jacinto y Modesto León Jacinto, de Maximino, detenido en 2018 tras el asesinato múltiple en La Concepción, dijo que ya terminó la etapa de ofrecer pruebas, sólo sigue pendiente una audiencia, que será celebrada en enero.
“Es una audiencia final, es un resumen de todas las pruebas ofrecidas durante el juicio y en esa audiencia nosotros vamos a presentar un documento donde les decimos al juez que Maximino tiene que salir en brevedad, que él no es culpable del delito que lo acusan, de homicidio”.
Planteó la necesidad de que el Cecop se manifieste afuera del reclusorio para hacer “presión”, otra acción será enviar cartas al juez por parte de distintas organizaciones sociales y agencias internacionales.
De Rodrigo y de Modesto, detenidos en 2022 por una orden de aprehensión de 2013 acusándolos de intento de homicidio y lesiones, el 12 de diciembre Tlachinollan presentará la última prueba de defensa, “de ahí le pedimos al juez que revise el expediente y tenga por cerrado ese caso”; en enero o en febrero será la última audiencia.

“No hay avances” en el caso de Marco

Del asesinato del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, Téliz García criticó que “todavía no hay avances, todavía la Fiscalía (General del Estado) no detiene a esta persona, el que mató a Marco Antonio, que ya está identificado, ya sabemos quién es”.
Los funcionarios de la FGE “dicen que necesitan más información de la familia, la familia de Marco ya aportó”, sostuvo el abogado y los acusó de “negligentes” porque no revisaron las cámaras de seguridad donde fue atacado, en la calle Fragata de Yucatán el 25 de abril pasado, sino fueron meses después, “lógicamente ya no encontraron nada”.

Conmemora el Cecop su 22 aniversario exigiendo justicia para su vocero

El asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, el representante del Consejo de Cacahuatepec, Guadalupe Delgado del Carmen, de Huamuchitos Mario Estrada Bailón y el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz García en la asamblea por el 22 aniversario del Cecop, en El Fraile, en Cacahuatepec Foto: Jesús Trigo

Ramón Gracida Gómez

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) conmemoró ayer 22 años de lucha y exigió justicia por el asesinato de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz y la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico mediante un decreto.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan criticó que a tres meses del crimen consumado el 25 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) “no tiene avances en las investigaciones y los autores materiales e intelectuales siguen libres”.
El acto se llevó a cabo bajo una techumbre del embarcadero de El Fraile, cruce del río Papagayo a la localidad de Cacahuatepec, y fue moderado por el asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, quien leyó después de un minuto de silencio y consignas, una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de pedirle una reunión.
La misiva que será entregada al jefe de asesores de Sheinbaum, le dice que el Cecop “valora positivamente” su afirmación de que el proyecto de la presa está cancelado, pero “debe concretarse mediante un decreto que cancele de manera definitiva la construcción de la presa y por lo tanto el despojo y el desastre ecológico. De acuerdo con los protocolos internacionales, hasta ahora el proyecto sólo está suspendido”.
Además, “pedimos se dé continuidad a los esfuerzos realizados por su gabinete de Seguridad, para esclarecer el asesinato de nuestro vocero y dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz hasta alcanzar la justicia y superar todo resquicio de impunidad”.
La carta recuerda que López Obrador dijo que el Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, “pero sabemos ahora hay otro grupo de poder que no es exactamente el Estado y que son quienes están haciendo el trabajo sucio al Estado porque eso es lo que pasó con Marco”, apuntó Rodolfo Chávez.
La misiva pide justicia “para que no se repitan actos de represión como el operativo policiaco-militar ejecutado por el último gobernador priista (Héctor Astudillo Flores) el 7 de enero de 2018 que por medio de ejecuciones extrajudiciales elevó a 10 el número de compañeros asesinados y 38 los encarcelados”.
Como vía para alcanzar la justicia y la paz, el Cecop respalda la iniciativa de ley de castigo a la extorsión “y eso toca precisamente al esclarecimiento de Marco”, expuso Rodolfo Chávez, quien externó después la petición de justicia que le decía por teléfono uno de los tres presos políticos del Cecop, Modesto León Jacinto; los otros dos encarcelados en Las Cruces son Maximino Solís Valeriano y Rodrigo León Jacinto.
Frente a unas 100 personas, la mitad de fuera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz, lamentó la asistencia “poquititos compañeros de las comunidades, quiero pensar que están cansados, quiero pensar que tienen miedo y no quiero pensar que ya no quieren seguir la lucha porque eso sí es una derrota”.
Leyó una carta de Tlachinollan dirigida al finado vocero del Cecop en la que dice que el movimiento se extendió por toda América Latina “porque transmitía la buena vibra de su lucha, porque contagiaba con su poder de convocatoria, motivaba para impulsar las organizaciones comunitarias, el Cecop se conformó en un referente internacional por la eficacia de su lucha, por su consistencia argumentativa y por el gran liderazgo de Marco Antonio”.
“No hay interés en esclarecer los hechos y mantienen intocada la red criminal que controla las playas y que cotidianamente asesina sin que las autoridades den golpes certeros a los responsables para desmantelar las estructuras delictivas que desangran la vida en Acapulco”.
Tlachinollan menciona que “al principio culpaban a la familia de los nulos avances, hoy que han colaborado y aportado elementos decisivos para el esclarecimiento, las investigaciones siguen estancadas”.
Los primeros oradores fueron consejeros de algunas comunidades que “están llevando adelante el trabajo que por muchos años llevó Marco Antonio Suástegui”, un consejo del Cecop, expuso Rodolfo Chávez.
Una de ellas es Martha Hernández, de la comunidad El Cantón, quien recordó el inició del movimiento el 28 de julio de 2003 con un plantón contra el proyecto hidroeléctrico en el que participaron las comunidades proyectadas a ser desplazadas como Garrapatas y Arroyo Verde, y la resistencia contra los gobiernos estatales, por ejemplo, del perredista Zeferino Torreblanca.
A un costado del altar con la foto de Suástegui Muñoz, Mario Estrada, de Huamuchitos, lamentó la ausencia del vocero del Cecop, pero afirmó que el movimiento “está de pie y no vamos a dar marcha atrás”.
Maricela Navidad Dorantes, de Salsipuedes, pidió a las organizaciones sociales presentes que no los abandonen “porque lo que queremos es justicia para nuestro compañero”.
Con una lona con el rostro de Suástegui, sonriendo, Gimeldo Morales, de Rancho las Marías, expuso que es nuevo en el movimiento al que se unió porque el vocero del Cecop siempre buscaba lo mejor de las comunidades y evitar que “los gobiernos, los ricos, se apoderaran de nosotros”.
Acudieron campesinos de Cacahuatepec, El Campanario, Cruces de Cacahuatepec, El Carrizo, Las Parotas, Los Ilamos, Parotillas, La Concepción, Garrapatas, Aguacaliente, Amatillo y Las Chanecas; la Policía Comunitaria vigiló el perímetro, y la Guardia Nacional estuvo en el inicio del acto.
Con machete en mano, la integrante del movimiento de San Salvador Atenco, Hortencia Ramos, reivindicó la participación de las mujeres de distintas comunidades con la comida que llevaron, “cuando una resistencia, un pueblo es masacrado, criminalizado por el gobierno, y nuestros compañeros son detenidos, las que damos la cara somos las mujeres”.
Antes del inicio formal del evento casi a las 12 del día, el histórico dirigente de Atenco, Ignacio del Valle, remarcó la hermandad de este pueblo del Estado de México con los Bienes Comunales de Cacahuatepec por la lucha de ambos contra proyectos que les quitarían sus tierras.
El responsable de la comisión política en Acapulco de la CETEG, Walter Añorve Rodríguez, pidió la presentación con vida del hermano de Marco Antonio, Vicente Suástegui, desaparecido en 2021.
Del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Eloy del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde destacó la lucha del Cecop por defender los ríos de México alzando “su voz para seguir fluyendo libres de megaproyectos de muerte y limpios de tóxicos”.
Gloria, de Cooperación Comunitaria, indicó que junto con el Consejo Indígena y Mestizo para el Desarrollo Rural y Ambiental en los Bienes Comunales de Cacahuatepec y las comunidades, tienen la responsabilidad de “transitar de la defensa del territorio a la producción del mismo”.
El ex secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Jorge Peto Calderón, subrayó que los gobiernos del PRI y el PAN persiguieron y torturaron al vocero del Cecop, pero su asesinato ocurrió cuando los tres órdenes de gobierno son de Morena.
Rosalinda Gutiérrez Terrones, del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero, dijo al gobierno federal, a la Comisión Federal de Electricidad y a las empresas trasnacionales, “que se siguen afilando sus pezuñas para rapiñar nuestras riquezas naturales, que estas tierras surianas y el río no se venden, se respetan y se defienden”.
Del Movimiento Socialista del Poder Popular, Héctor Valadez, dijo que la muerte de Suástegui “es un gran golpe para el movimiento ecosocialista a nivel mundial y nacional, unos días antes de su asesinato había firmado un pronunciamiento internacional para un encuentro de todas las organizaciones que luchan en contra de la depredación capitalista”.
Estuvieron integrantes del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, Fomento Social Banamex y Siuat Yoltechikatli por los Derechos Humanos.

 

Se dice Evelyn aliada del Cecop tras reclamos de exclusión de Construyendo Bienestar

El vocero del Cecop Marco Antonio Suástegui le entrega la hoja de peticiones y demandas de las necesidades de comuneros de los Bienes Comunales de Cacahuatepec a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ante la presencia del subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, al término del acto de entrega de viviendas del programa Reconstruyendo Bienestar Foto: Jesús Trigo

Ramón Gracida Gómez

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda se declaró aliada del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) luego de los reclamos de esta organización que fue excluida de programa Construyendo Bienestar que la mandataria fue a entregar ayer a la comunidad de Cacahuatepec.
“Se les tiene que hacer justicia social a todos los Bienes Comunales de Cacahuatepec, por eso yo siempre les digo que hay que seguir luchando, que yo soy su amiga, yo soy su aliada”, les dijo la gobernadora a integrantes del Cecop que se acercaron a ella para entregarle una lista de peticiones entre ellas la introducción de agua en sus viviendas, la inclusión en los programas sociales y la construcción de un puente que Salgado Pineda afirmó que va a gestionar con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.
En un acto al que no se convocó a medios, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó viviendas del programa Construyendo Bienestar en la cancha techada de Cacahuatepec,
Ante unas 450 personas de distintas comunidades y colonias de Acapulco, indicó que es un derecho el tener una vivienda y “se les está dando a quienes realmente lo necesitan y es el derecho que tienen todas y todos ustedes de tener una vivienda digna”.
Dijo que a los Bienes Comunales de Cacahuatepec le tiene mucho respeto porque “es una región combativa, es una región de lucha, porque así como son de alegres, así también cuando algo no está correcto, son los primeros que levantan la voz”.
Informó que el programa Construyendo Bienestar tiene el propósito de atender “a las familias de vulnerabilidad por falta de acceso a una vivienda digna, por eso para este 2024, tenemos mil 405 acciones que benefician al mismo número de personas, creciendo en un 45 por ciento el número de beneficiarios”.
Esto representa un total de 133 millones de pesos “que van a ser distribuidos en las ocho regiones”, agregó la mandataria estatal y puntualizó que en Acapulco aumentó la inversión de 24 millones de pesos en 2023 con 115 beneficiarios a más de 32 millones de pesos para este año.
“Triplicando el número de familias apoyadas este año, principalmente aquí en Cacahuatepec, aquí pues obviamente han sido prioridad, se están atendiendo con todos los programas de Bienestar”, afirmó y aseguró que habrá brigadas médicas.
El secretario del Bienestar del estado, Pablo Gordillo Oliveros, dijo que el programa Construyendo Bienestar atiende los índices que miden distintas dimensiones de la pobreza, “garantizando a través de los censos, casa por casa, que el apoyo llegue a los más vulnerables”.
Puntualizó que el acto consistió en la entrega de apoyos a 115 familias “y arrancamos los trabajos para beneficiar a 343 familias más de este bello puerto, triplicando el número de beneficiarios para este año y presentando una especial atención, como usted lo ha indicado, señora gobernadora, a las comunidades de esta región histórica de Acapulco”; este año se van a beneficiar a mil 405 familias de los 18 municipios.
Salgado Pineda entregó llaves simbólicas a beneficiarias del programa y que viven en las comunidades de Aguacaliente, Arroyo Seco, La Venta y La Sabana, pero ninguna a algún habitante de Cacahuatepec; el secretario del Bienestar comentó que apenas se hizo el censo y después se construirán nuevas viviendas en esta comunidad.
En el presídium estuvieron el diputado local Joaquín Badillo Escamilla; la presidenta del DIF, Liz Salgado Pineda; el jefe de Oficina del Ayuntamiento de Acapulco, Daniel Castillo de la Rosa; el comisario de Cacahuatepec, Federico Valeriano Hernández, quien pidió la reconstrucción de la barda perimetral de la preparatoria popular de la comunidad, y una beneficiaria del programa estatal.

Entrega Cecop peticiones a la gobernadora

Después de la presentación del programa estatal Construyendo Bienestar del que señalaron que fueron excluidos, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, le entregó a la gobernadora una hoja con las demandas que incluyen la excarcelación de tres presos, la cancelación de las órdenes de aprehensión, la expulsión de las gravilleras, el apoyo a la cooperativa que van a conformar, su postura en contra de la presa La Parota, y respeto y apoyo a la Policía Comunitaria.
Le enumeró las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec que acudieron al acto, que son Cacahuatepec, El Cantón, Espinalillo, Apanhuac, Huamuchitos, Barrio Nuevo, El Campanario, Apalani, Cabeza de Tigre y Cruces de Cacahuatepec.
Asimismo, El Carrizo, Las Parotas, Rancho las Marías, Los Hilamos, Parotillas, La Concepción, Aguacaliente, Salsipuedes, Tasajeras, Oaxaquillas, Amatillo, Las Chanecas, San Pedro Cacahuatepec, 6 de Agosto y El Rincón.
Suástegui Muñoz le dijo a la gobernadora que tienen un “problema grave en Cacahuatepec, empezando por el agua, el tema del agua es increíble que aquí estando el río Papagayo tan cerca, no tengamos agua las comunidades de aquí arriba, no tenemos agua para beber, menos para regar la producción agrícola es muy importante en estos momentos”.
Le pidió su postura respecto a la presa La Parota, “nosotros decimos que la tierra no se vende, se ama y se defiende”, frase coreada por las decenas de comuneros presentes, la mayoría mujeres; la gobernadora replicó: “el pueblo manda”.
Afuera de la cancha en el que se efectuó el acto oficial, Suástegui Muñoz le expuso el problema de la encarcelación de los tres presos políticos del Cecop desde hace seis años: Maximino Solís Valeriano, Rodrigo León Jacinto y Modesto León Jacinto, además de que hay hombres y mujeres con órdenes de aprehensión.
Suástegui Muñoz también pidió la cancelación de los permisos que tienen las gravilleras del río Papagayo “porque nos están haciendo mucho daño”; además demandó respeto y apoyo para la Policía Comunitaria, y ayuda para la cooperativa que van a conformar para la producción agrícola y de materiales, y para una mesa de trabajo con las dependencias del estado de salud, agricultura y educación.
Le recordó que desde hace varios años apoyan a su padre y ahora senador reelecto Félix Salgado Pineda y también a ella, y durante la firma del pliego petitorio, las mujeres del Cecop le pidieron que regrese a su gobierno Jorge Peto Calderón, ex titular de la Sagadegro que les dio apoyos.
La gobernadora Salgado Pineda se comprometió “a dar continuidad a todas las peticiones que ustedes tienen, que ya como lo dice el compañero Marco, son a mano, pero son con todo el corazón; vienen aquí el sentir de todos ustedes, no son privilegios, son derechos que ustedes deben de tener, no de ahorita, sino de mucho tiempo”.
“Se les tiene que hacer justicia social a todos los Bienes Comunales de Cacahuatepec, por eso yo siempre les digo que hay que seguir luchando, que yo soy su amiga, yo soy su aliada”.
Suástegui Muñoz le reiteró que el puente debe ser construido en Cacahuatepec, a diferencia de la decisión de la alcaldesa Abelina López Rodíguez de hacerlo en El Carrizo, y Salgado Pineda afirmó que habrá un estudio y apoyo de la presidenta electa Sheinbaum Pardo, “para que no haya dos, ni tres Acapulcos, que haya un solo Acapulco y la zona rural de Acapulco sea la más beneficiada, por el bien de todos, primeros los pobres”.
Acompañada del diputado local Joaquín Badillo, el secretario del Bienestar, Pablo Gordillo Olivares y el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros, la gobernadora se comprometió a tener una mesa de trabajo “con todas las secretarías” y para que censen a todas las mujeres y tengan su Tarjeta Violeta para mujeres, además de mandar tres camiones de basura para recoger los desechos que junten los integrantes del Cecop en su próxima asamblea en el embarcadero de El Fraile.
En declaraciones a reporteros en la tarde en la explanada de acceso al parque Papagayo, Salgado Pineda, que cruzó el río Papagayo en las pangas que cobran 10 pesos, dijo que una de las demandas más sentidas de la zona rural de Acapulco es la construcción de un puente, “creo que ellos no deben de pedirlo como un privilegio, sino que es un derecho para todos los que viven en la zona rural, entonces sí lo voy a impulsar, vamos impulsar el puente”.
“Ya tenemos proyectos y nos vamos a reunir en una mesa de trabajo yo creo que los tres gobiernos, el gobierno federal, el gobierno estatal y municipal para ver cuál es el proyecto más viable para la construcción del puente, pero es algo correcto, se tiene que buscar la manera de que se comuniquen las comunidades y los pueblos para que no estén alejados de Acapulco”, afirmó.

Reclamos del Cecop a representantes del gobierno estatal

Antes del acto, unos 100 integrantes del Cecop se reunieron en la casa del comunero Guadalupe durante una hora con el secretario del Bienestar y el subsecretario de Gobierno, a quienes les reclamaron, a gritos por momentos, la exclusión del programa Construyendo Bienestar, pese a que sus casas quedaron destruidas después del paso del huracán Otis, y la falta histórica de servicios de agua y salud.
“El gobierno del estado no nos ayudó pa’ ni madres”, les espetó Suástegui Muñoz y dijo que lo acaban de sentenciar ocho años y su hermano Vicente Suástegui sigue desaparecido.
Gordillo Oliveros justificó que los apoyos del programa son del 2023, los recursos son limitados y de los beneficiarios de 2024 propuso hacer un censo casa por casa y que los vecinos señalen a los que no los necesitaban, “en esta secretaría se hacen de forma transparente”.
Suástegui Muñoz mostró los cintillos que les dio la Sagadegro para cobrar 7 mil 500 pesos y comprar maíz que nunca recibieron, “se robaron el dinero”, y reclamó que apoyaran más organizaciones como Oxfam que las organizaciones, con láminas, maíz y filtros de agua.
Rodríguez Cisneros ofreció una mesa de trabajo para el próximo martes y revisar los temas de los presos políticos y el agua; a las 11:30 de la mañana, todos juntos acudieron al acto. (Con información de Aurora Harrison).

 

Se amotinan presos en Las Cruces por el traslado de 61 a penales federales

La madres de un reo del penal de Las Cruces encara a agentes de la Guardia Nacional para exigir informacion de los presos que fueron trasladados a penales de máxima seguridad de otros estados del pais Foto: Carlos Carbajal

Argenis Salmerón

Ayer en la madrugada hubo un motín adentro del penal de Las Cruces y se reportaron tres policías del estado con lesiones dejadas por golpes en el forcejeo, luego de que trasladaron 61 reos a diferentes cárceles del país, lo que desencadenó protestas de los familiares de los presos.
El hecho fue reportado después de las 3 de la madrugada en la calle Del Futbol en el fraccionamiento Libertadores, donde se ubica la cárcel, en la zona suburbana de Acapulco.
De acuerdo con la información recabada, el motivo del motín se derivó a partir de que , un grupo de reos de “peligrosidad” fueron trasladados a penales federales.
Según la fuente fidedigna hubo detonaciones de arma de fuego y explosiones adentro de la cárcel, luego del traslado de los reos.
Tres agentes del estado resultaron heridos a golpes por el forcejeo entre los reos, uno de ellos perteneció hospitalizado la noche de ayer.
En la mañana familiares de los reos se manifestaron afuera de la cárcel para exigir un listado de los que fueron trasladados y conocer si hubo lesionados.
La seguridad afuera del penal de Las Cruces estuvo a cargo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.
En declaraciones a reporteros, una de las mujeres que no dio su nombre por temor a represalias, exigió un listado de los reos que fueron trasladados a otros penales del país.
Añadió que requirieron también una lista de los reos heridos durante el motín adentro de la cárcel, “queremos saber el estado de salud de nuestros familiares”.
Reclamó que el traslado de los reos es “inconstitucional” porque aseguró que la mayoría todavía no tienen sentencia por un juez de Control.
“Hicieron el traslado de una manera cobarde porque fue en la madrugada y sin avisarnos, no es justo”, criticó.
Manifestó que será “casi imposible” visitar a sus familiares prisioneros en otros penales fuera del estado, “la mayoría somos de escasos recursos y de la tercera edad”.
Los familiares entre los que predominaban las mujeres cerraron el acceso principal de la cárcel e impedían la salida de las patrullas de la Policía del Estado que participaron en el traslado de reos.
Después los inconformes tomaron la entrada principal del cuartel de la Policía del Estado, ubicado a un costado del penal de Las Cruces.
Las mujeres arrojaron piedras y botellas de vidrio a las patrullas que salían y al portón de fierro para exigir la lista de los reos que fueron trasladados ayer en la madrugada.
Las mujeres y policías adentro del cuartel se reían de los manifestantes y los grabaron con su teléfono celular y las mujeres les gritaron palabras altisonantes.
Luego el convoy de unas 20 patrullas salieron del acceso principal del penal de Las Cruces y patrullas de marinos del cuartel de la Policía del Estado.
A las 11 de la mañana trabajadores del penal de Las Cruces colocaron en las vallas de fierro la lista de los 61 reos que fueron trasladados y la manifestación se terminó.
En un primer boletín de prensa a las 8 de la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que durante las primeras horas de este jueves hubo un proceso de traslado de reos del penal de Las Cruces a cárceles federales, y dio a conocer que un grupo de reos alteraron el orden para evitar dicho proceso.
Añadió que se activaron los protocolos en el penal por parte de los guardias de seguridad y custodia, así como de la Policía del Estado con equipo antimotínes para acciones de disuasión.
Indicó que el penal estuvo el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Mendez Gómez, y mandos de la Policía Estatal.
Afirmó que la seguridad de la cárcel se reforzó adentro en coordinación con la Secretaría de Marina y afuera con la Guardia Nacional.
En otro boletín de prensa a la 1 de la tarde, la SSP del estado informó que las actividades del penal quedaron restablecidas tras la aplicación de protocolos de atención y disuasión por parte de la custodia y de la Policía Estatal.
Puntualizó que trabajadores de la cárcel, la Secretaría General de Gobierno, acompañados por visitadores de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, dieron atención a familiares de los reos.
Enfatizó que se trasladaron 61 reos a las cárceles, ubicados en los estados de Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Coahuila y Durango.
“Esta medida se llevó a cabo bajo los protocolos establecidos y respeto a los derechos humanos, dando puntual seguimiento a instrucciones federales”, se resaltó.
Informó que tres agentes estatales resultaron heridos durante el proceso de traslado y fueron trasladados a un hospital, dos fueron dados de alta ayer y uno seguía hospitalizado.
“El objetivo de los traslados de las Personas Privadas de la Libertad, es mantener la gobernabilidad en los centros de internamiento, y se dan en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional”, finaliza el documento.
El 17 de agosto pasado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se produjo un intento de motín en la cárcel de Las Cruces de Acapulco.

 

Presenta la diputada de Morena un proyecto de ley de amnistía para los presos políticos

 

La diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, entregó en la Oficialía de Partes del Con-greso una iniciativa de ley de amnistía que podría beneficiar a 51 presos políticos.
En conferencia de prensa en la Sala José Jorge Bajos Valverde del Congreso, acompañada de su asesor Rubén Cayetano García y de la secretaria técnica de la comisión de Artesanías, María Luisa Antonio de la O, Cisneros declaró que hay un precedente de ley “que no ha sido atendido” y que su propuesta es acuerdo unánime del Consejo Estatal Extraordinario de Morena del 19 de marzo.
Señaló que en Guerrero “es vox populi que existen perseguidos y presos políticos” y ejemplificó con el caso de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, “de quien se desvanecieron todas las pruebas ofrecidas en su contra por la Fiscalía del Estado”.
Recordó que este caso generó la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fua acatada por el Congreso que compartió el criterio de que la inculpada actuó al amparo de la Ley 701, “tal como actuaron otros policías comunitarios detenidos que siguen privados de su libertad”.
Se le preguntó si su partido conoce la cifra de presos políticos del estado, y Cisneros contestó que “son 51 los que podrían acogerse” a la ley de amnistía.
Se le pidió que nombrara a algunos de los posibles beneficiarios y mencionó al promotor de la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, Gonzalo Molina González.
Sin embargo, dijo que desconoce cuántos son los presos que pertenecen a la CRAC, y al respecto Cayetano García declaró que “toda ley es general, abstracta, impersonal y transitoria”, por lo que no puede ir dirigida a alguien en particular.
Añadió que competerá a la co-misión que analice la propuesta hacer un estudio de los casos en los que se aplicará la ley.
Se le preguntó a Cisneros Martínez si cabildeará la aprobación de su iniciativa con los coordinadores de los partidos u otros diputados, y contestó que se acercará a los que “estén renuentes” a la aprobación de su propuesta.
A la iniciativa que entregó Cisneros Martínez se le dará primera lectura en la sesión de hoy.
El proyecto de ley contiene seis artículos y dos transitorios; el cuarto establece que “el único beneficio que se obtendrá de esta ley es la libertad inmediata por amnistía”.
Puntualiza que “el beneficio de la libertad implica que se anularán todos los antecedentes de carácter penal en los archivos criminalísticos del estado y no podrán invocarse en contra del beneficiado para impedir que se ejerzan derechos políticos, laborales o de otra naturaleza”.

Insistirá “hasta el último momento” en la liberación de Nestora Salgado y los demás presos, dice Rogelio Ortega

Carlos Navarrete Romero / Chilpancingo

El gobernador Rogelio Ortega Martínez aseguró que seguirá insistiendo “hasta el último momento” de su administración en la liberación de los líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González y Arturo Herrera Campos, e incluso adelantó que si esto no se consigue continuará impulsando esa petición aunque ya no esté en el cargo.
Aunque dijo que es respetuoso del plan de trabajo del gobernador electo Héctor Astudillo Flores, confió en que “por su sensibilidad”, el priista retomará este asunto cuando asuma el cargo, en coordinación con la actual legislatura del Congreso local.
Ortega Martínez asistió ayer al Complejo Cultural Guerrero (antes Casa Guerrero), para la clausura de Las Caravanas Culturales por la Paz que encabezó su hija, la presidenta del DIF-Guerrero, Marxitania Ortega, y en donde estuvo presente el secretario General de Gobierno, David Cienfuegos Salgado.
Al concluir la actividad, a Ortega Martínez se le preguntó sobre la negativa del fiscal General del Estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, de desistirse de la acción penal en contra de Nestora Salgado, y la negativa del Congreso local de aprobar la iniciativa de Ley de Amnistía que su administración ha impulsado, sin éxito, desde la legislatura pasada.
“Hasta el último momento, hasta las 12 de la noche del lunes 26 de octubre vamos a seguir insistiendo en que se pueda liberar a la ciudadana Nestora Salgado, a Gonzalo Molina, a Arturo Campos, a Máximo Mojica, a los muchachos de la Policía Comunitaria de la casa del Paraíso en Ayutla, y a las luchadoras y luchadores sociales que están en prisión”, respondió.
Aunque no precisó cuándo lo hará, dijo que enviará de nueva cuenta una petición al fiscal para que reconsidere su postura respecto a la petición que le ha hecho para que se desista de la acción penal en contra de Nestora Salgado.
Dijo que para el 27 de octubre, cuando entre en funciones el gobernador electo Héctor Astudillo Flores y él ya no sea gobernador, en su carácter de ciudadano y universitario seguirá insistiendo en la liberación de los presos políticos.
Dijo estar convencido de que la libertad de los presos políticos en Guerrero sería una acción justa que abonaría a la armonía y a la paz de Guerrero.
-¿Ha hablado usted con Héctor Astudillo de esto? ¿Le ha pedido que impulse la liberación de los presos? -preguntó este reportero.
-Hemos hablado de este y muchos otros temas, yo le he expresado al licenciado Héctor Astudillo mi convicción de que esto ayuda a la armonía, a la paz y a la gobernabilidad democrática. Si contribuimos para que, a través del debido proceso, que no se obstruya, que no se obstaculice la justicia, hay casos que se pueden desahogar y poder alcanzar la libertad a través de lo que proceda.
-¿Debería Héctor Astudillo impulsar esas iniciativas? -se le insistió.
-Yo solamente sugiero, ya el licenciado tendrá oportunidad de revisar y analizar estos casos, y espero, porque creo que es un hombre sensible, un hombre justo, que habremos de coincidir, y yo como simple ciudadano tenga la satisfacción de ver un acto de solidaridad y de justicia de parte del gobernador electo Héctor Astudillo para que atienda estos casos.
De las finanzas del gobierno estatal, recordó que recibió la administración con un déficit de 3 mil millones de pesos, y él dejará menos de 200 millones, “yo funcioné con mil 500 millones menos que como funcionaban otros gobiernos”.
Dijo que Guerrero ocupó el primer lugar a nivel nacional en captación de ingresos, gracias a una estrategia en la que condonaron las deudas que enfrentaban los contribuyentes, pero con la condición de que estuvieran al corriente con el pago de sus impuestos en la actual administración, entre otras medidas que merecieron el reconocimiento del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
De la reunión con diputados locales de la Comisión Especial para el seguimiento de las investigaciones del caso Ayotzinapa, en la que el fiscal general del Estado (FGE), Miguel Ángel Godínez Muñoz, confirmó que el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, compareció ante el entonces procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, horas después de los ataques a los estudiantes de la Normal Rural en Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, lo que deja entrever la posibilidad de que lo dejaron escapar, Rogelio Ortega dijo que es respetuoso “de lo que al respecto se diga”, ya que no es un asunto de su competencia.
-¿No abonaría la comparecencia de Iñaky Blanco para que explicara por qué no se detuvo al secretario de seguridad de Iguala? -se le preguntó.
-Yo soy de la idea de que todas las personas que estuvieron involucradas o cercanas por responsabilidades gubernamentales y que puedan aportar a la investigación y encontrar la ruta de la verdad y la justicia, deben tener la voluntad de comparecer y decir lo que les consta.

Admite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de ecologistas

 

 El Estado mexicano nunca reconoció la inocencia de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, no sancionó a los militares torturadores y nunca otorgó la debida reparación del daño, explica el Prodh

 Después de haber recurrido a todas las instancias nacionales sin obtener resultados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió, el 12 de marzo, el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, presos por año y medio por los delitos de siembra de mariguana y portación de arma de fuego, quienes fueron liberados en noviembre de 2001, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

El argumento por el cual se les otorgó la libertad fue porque la sanción impuesta era incompatible con su estado de salud y constitución física, pero el Estado mexicano nunca reconoció la inocencia de los campesinos ecologistas, no sancionó a los militares torturadores y nunca otorgó la debida reparación del daño, explican en un boletín de prensa.

El Prodh expone que la admisión del caso abre la posibilidad de encontrar –por primera vez– una solución integral del mismo, solución que podrá ser acordada con el Estado Mexicano si este asume su responsabilidad y garantiza el resarcimiento y reparación de los derechos humanos violados en el caso.

Explican que para llegar a tal acuerdo ante la Comisión, se tendrá que llevar a cabo un proceso de solución amistosa, en el cual harán patente aquellas demandas que el Estado Mexicano debe atender y resolver.

Estas son: reconocer la inocencia de los campesinos ecologistas, absolviéndolos de los delitos que les fueron imputados; reparar integralmente el daño ocasionado a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en primer lugar por las torturas que recibieron, y en segundo por la privación ilegal de su libertad durante año y medio; investigar y sancionar a los elementos castrenses involucrados en la detención de los campesinos ecologistas, así como la investigación y sanción de quienes los torturaron, y tomar medidas tendientes a garantizar el pleno ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, como lo es el medio ambiente.

En el boletín se enfatiza que sólo si el Estado Mexicano se compromete a dar cumplimiento a estos puntos podrán llegar a un acuerdo de solución, y decir que el caso de los campesinos ecologistas ha sido resuelto en su totalidad.

Aclaran que de suceder lo contrario, continuaría la búsqueda de justicia y la Comisión tendría que emitir un informe de fondo sobre el asunto –con las correspondientes recomendaciones– ante las cuales el Estado Mexicano no podrá hacer más que cumplirlas o no, de suerte que si no las cumple el caso podrá ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Explican que en la solicitud que se hizo en octubre de 2001 se alegó la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por la grave violación a diferentes derechos humanos, garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por México, siendo éstos los relativos a la integridad y la libertad personal, el debido proceso legal y la protección judicial.

Presos del reclusorio de Iguala se amotinan y “retienen” al director

* Funcionarios del penal niegan el conflicto

Oracio Lagunas Ramírez, corresponsal, Iguala * Internos del penal de esta ciudad retuvieron por más de dos horas al director, Fredy Chávez Carmona, para exigir que les den un trato igualitario.

Minutos después de pedir auxilio al Centro de Control y Comando en Computación (C-4), media docena de patrullas de Seguridad Pública, al mando del director de la dependencia, Franco Gómez Peralta, y una veintena de policías estatales cercaron el área para evitar una probable fuga.

Pese al despliegue policiaco, en el interior se informó, vía telefónica y de manera insistente, que todo se encontraba en calma.

Se insistió en la declaración de Chávez Carmona y del director general de reclusorios en el estado, Joaquín Estrada Salmerón, pero ninguno de los dos contestó la llamada.

En la oficina de Chávez Carmona las secretarias del turno matutino y de la tarde aseguraron que su jefe se encontraba en reunión, y regresaría la llamada a más tardar a las 4 de la tarde. Información similar se dio en la oficina de Estrada Salmerón, donde su secretaria aseguró que su jefe se encontraba fuera de Chilpancingo.

De acuerdo con información del director de Seguridad Pública municipal, Franco Gómez Peral, y del síndico José Isaac Carachure Salgado, el motín sucedió a las 2:20 de la tarde.

Carachure Salgado dijo haber sostenido conversación telefónica con su hermano Dionisio, internado en el penal desde diciembre pasado, acusado de ser autor intelectual del secuestro de un ganadero de Nuevo Balsas, quien finalmente le dijo: “aquí está un desmadre. Los presos ya tumbaron puertas y mantienen retenido al director del penal, a quien acusan de déspota”.

Antes de las 3 de la tarde, el síndico procurador intentó comunicarse con Chávez Carmona, pero de nueva cuenta su secretaria le informó que las cosas ya se habían calmado.

Pasadas las 5 de la tarde los policías continuaban en el lugar.

El regreso a Tecpan de los presos por la muerte de Zacarías depende del juez

 * El director de las cárceles se deslinda del traslado

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El traslado de los procesados por el asesinato del testigo de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (c), Zacarías Barrientos Peralta, del penal de Tecpan de Galena al de Acapulco fue una decisión del juez Adolfo Van Meeter Roque y no de la Dirección General de los Centros de Readaptación Social, dijo ayer el titular, Joaquín Estrada Salmerón.

Entrevistado en sus oficinas, el funcionario aseguró que todos los presos de los penales mientras están en calidad de procesados están a disposición del juez y que sus cambios de un penal a otro son responsabilidad del juez, “todo lo determina el juez de la causa”, dijo.

En este caso se informó que quien estaba a cargo de la causa penal es el juez del ramo penal Adolfo Van Meted Roque, quien recientemente fue cambiado de juzgado.

“Nosotros somos muy respetuosos de las leyes y reglamentos”, dijo, e incluso aseguró que en caso de que alguno de los internos de los penales no pudiera permanecer en su centro de reclusión por alguna situación de carácter de enfermedad o familiar, su situación tiene que ponerse a disposición del juez que lleva la causa quien determina lo conducente.

Estrada Salmerón también aseguró que hasta la tarde de ayer no había llegado a la Dirección General de los Centros de Readaptación Social del Estado ninguna recomendación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para regresar la penal de Tecpan de Galeana a los cinco detenidos por el asesinato de Zacarías Barrientos.

Incluso señaló que aunque fuera así, la recomendación no podría cumplirla porque el traslado no es una decisión que deba tomar la Dirección, sino el juez que tiene a cargo la causa, “en todo caso tendríamos que darle vista al juez y él determinaría si procede o no”, explicó el funcionario.

Estrada Salmerón dijo que incluso en esa dirección desconocen los argumentos que utilizó el juez para trasladar a los presos del penal de Tecpan al de Acapulco, “a nosotros sólo nos instruyen y no podemos mover a un solo procesado si no es por la indicación del juez”.

Incluso sin dar nombres, recordó un caso en el que debido a que el interno estaba causando problemas en un penal lo trasladaron al penal de Acapulco “pero inmediatamente el juez nos dio 24 horas para regresarlo”, dijo.

El funcionario señaló que, incluso, el juez “hasta a los policías nos designan para que realicen los traslados”.

Señaló que no es el caso cuando los presos ya están sentenciados, cuando es el Consejo Técnico quien acuerda su traslado como ocurrió con los seis policías y el ex director de Gobernación del estado, Esteban Mendoza Ramos, involucrados en la masacre de los 17 campesinos del vado de Aguas Blancas.

En este caso de paso aseguró que los presos “ya se encuentran muy bien en los penales en donde fueron reubicados, he platicado con algunos de ellos y se encuentran a gusto”, aseguró.

Se violan los derechos humanos de los presos enviados a Acapulco: Codehum

 * Recomienda su regreso al penal de Tecpan

 * Es inconstitucional calificarlos de alta peligrosidad, dice * Plantea que se investigue la responsabilidad del juez Van Meeter, del agente del MP Carvajal Valdovinos, del comandante de la PJ Delgado Bahena, y del director de la cárcel tecpaneca, Sandoval Hernández * Envía la recomendación a los titulares del TSJ, PGJE y Seguridad Pública

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) recomendó al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raúl Calvo Sánchez; al procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero y al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez, el regreso al penal de Tecpan de los cinco presuntos implicados en el asesinato del testigo de la guerra sucia, Zacarías Barrientos Peralta.

La recomendación CODDEHUM-VG/018/2004-III, obedece a la queja que presentaron los presos Isaías Martínez Gervasio, Apolinar Martínez Barrientos, Ramiro Rosas Contreras, María de Jesús Martínez Reyes y Benito Salgado Aguirre, por su traslado sin justificación del penal de Tecpan al de Acapulco.

En esa queja los presos inconformes señalaron que el traslado se debe a la petición formulada por las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al considerarlos personas de “alta peligrosidad” y de pertenecer a “grupos armados”, así como a la “apreciación subjetiva de que el reclusorio de Tecpan de Galeana no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, en lo que indebidamente se basa el juez de la causa para ordenar el traslado, pasando por alto su derecho de acceso a la justicia y a contar con un debido proceso penal, así como la circunstancia de que en su carácter de procesados deben ser juzgados y estar recluidos en el establecimiento de prisión preventiva del distrito judicial en el cual hayan sucedido los hechos materia del juzgamiento”.

Por lo tanto, el organismo de derechos humanos consideró que con la actuación de dichas autoridades se vulneraron los derechos humanos de los quejosos.

“Máxime que como motivo para solicitar el traslado de los quejosos, los califican como de alta peligrosidad, adjetivo que en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se encuentra regulado, sino sólo contempla a personas responsables por su conducta de acuerdo con las leyes penales”.

“Es conveniente –agrega la recomendación– dejar claro que en un Estado democrático, con una cultura de derechos humanos, no se atribuye ninguna consecuencia jurídica al opinable señalamiento que se haga a alguien como           “peligroso”, lo cual contraviene la prohibición del artículo 22 constitucional, además el uso de este criterio calificativo de la personalidad significa extender el alcance de lo determinado en las sentencias judiciales, a partir de consideraciones de índole subjetivo como las adoptadas por las autoridades señaladas como responsables en este caso, lo anterior en detrimento de las garantías individuales de los internos”.

Con base en ello considera que se violaron los derechos humanos tanto de los internos como de sus familiares, “al haber constituido un ejercicio arbitrario de facultades administrativas, contrario a los ordenamientos legales e instrumentos internacionales”.

Por ello, la Codehum recomienda al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Calvo Sánchez girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie un procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad en que incurrió el juez Adolfo Van Meeter Roque “al apartarse de los lineamientos establecidos” en la Constitución General de la República Mexicana, al ordenar el traslado de los cinco quejosos.

Asimismo recomienda que provea las medidas necesarias, para el efecto de que en este caso no se retarde el proceso que se les sigue a los quejosos, “ya que la justicia debe ser pronta y expedita, de conformidad con los principios regulados por el artículo 17 constitucional”.

Mientras tanto, al procurador Jesús Ramírez Guerrero se le recomienda girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo de investigación en contra del agente del Ministerio Público del fuero común adscrito al juzgado penal del distrito judicial de Galeana, Ascensión Carvajal Valdovinos, y al           comandante de la Policía Judicial del Estado, Bertoldo Delgado Bahena; el primero “al apartarse de los lineamientos establecidos por el artículo 18, primer párrafo, de la Constitución General de la República Mexicana, al solicitar el traslado de los quejosos a un reclusorio diferente, no obstante de estar procesados; sin contar para ello con pruebas indubitables sobre el grado de “alta peligrosidad” que hizo valer, mientras que el segundo “por irregularidad en la función pública”.

También se le pide que instruya a quien corresponda y se provean las medidas necesarias, para el efecto de que los cinco detenidos sean trasladados del reclusorio de Acapulco, donde actualmente se encuentran al similar de Tecpan de Galeana “a efecto de corregir las irregularidades en que incurrió el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado penal del distrito judicial de Galeana, y garantizarles una impartición de justicia pronta y expedita”.

Al secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima Gómez, la Coddehum le pide instruir procedimiento administrativo interno de investigación al director del Centro Preventivo de Reclusión de Tecpan de Galeana, Misael Sandoval Hernández, “ por haber violentado los derechos humanos de los quejosos y por la irregularidad en el ejercicio de la función pública en que incurrió.