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Se amotinan presos en Las Cruces por el traslado de 61 a penales federales

La madres de un reo del penal de Las Cruces encara a agentes de la Guardia Nacional para exigir informacion de los presos que fueron trasladados a penales de máxima seguridad de otros estados del pais Foto: Carlos Carbajal

Argenis Salmerón

Ayer en la madrugada hubo un motín adentro del penal de Las Cruces y se reportaron tres policías del estado con lesiones dejadas por golpes en el forcejeo, luego de que trasladaron 61 reos a diferentes cárceles del país, lo que desencadenó protestas de los familiares de los presos.
El hecho fue reportado después de las 3 de la madrugada en la calle Del Futbol en el fraccionamiento Libertadores, donde se ubica la cárcel, en la zona suburbana de Acapulco.
De acuerdo con la información recabada, el motivo del motín se derivó a partir de que , un grupo de reos de “peligrosidad” fueron trasladados a penales federales.
Según la fuente fidedigna hubo detonaciones de arma de fuego y explosiones adentro de la cárcel, luego del traslado de los reos.
Tres agentes del estado resultaron heridos a golpes por el forcejeo entre los reos, uno de ellos perteneció hospitalizado la noche de ayer.
En la mañana familiares de los reos se manifestaron afuera de la cárcel para exigir un listado de los que fueron trasladados y conocer si hubo lesionados.
La seguridad afuera del penal de Las Cruces estuvo a cargo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.
En declaraciones a reporteros, una de las mujeres que no dio su nombre por temor a represalias, exigió un listado de los reos que fueron trasladados a otros penales del país.
Añadió que requirieron también una lista de los reos heridos durante el motín adentro de la cárcel, “queremos saber el estado de salud de nuestros familiares”.
Reclamó que el traslado de los reos es “inconstitucional” porque aseguró que la mayoría todavía no tienen sentencia por un juez de Control.
“Hicieron el traslado de una manera cobarde porque fue en la madrugada y sin avisarnos, no es justo”, criticó.
Manifestó que será “casi imposible” visitar a sus familiares prisioneros en otros penales fuera del estado, “la mayoría somos de escasos recursos y de la tercera edad”.
Los familiares entre los que predominaban las mujeres cerraron el acceso principal de la cárcel e impedían la salida de las patrullas de la Policía del Estado que participaron en el traslado de reos.
Después los inconformes tomaron la entrada principal del cuartel de la Policía del Estado, ubicado a un costado del penal de Las Cruces.
Las mujeres arrojaron piedras y botellas de vidrio a las patrullas que salían y al portón de fierro para exigir la lista de los reos que fueron trasladados ayer en la madrugada.
Las mujeres y policías adentro del cuartel se reían de los manifestantes y los grabaron con su teléfono celular y las mujeres les gritaron palabras altisonantes.
Luego el convoy de unas 20 patrullas salieron del acceso principal del penal de Las Cruces y patrullas de marinos del cuartel de la Policía del Estado.
A las 11 de la mañana trabajadores del penal de Las Cruces colocaron en las vallas de fierro la lista de los 61 reos que fueron trasladados y la manifestación se terminó.
En un primer boletín de prensa a las 8 de la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que durante las primeras horas de este jueves hubo un proceso de traslado de reos del penal de Las Cruces a cárceles federales, y dio a conocer que un grupo de reos alteraron el orden para evitar dicho proceso.
Añadió que se activaron los protocolos en el penal por parte de los guardias de seguridad y custodia, así como de la Policía del Estado con equipo antimotínes para acciones de disuasión.
Indicó que el penal estuvo el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Mendez Gómez, y mandos de la Policía Estatal.
Afirmó que la seguridad de la cárcel se reforzó adentro en coordinación con la Secretaría de Marina y afuera con la Guardia Nacional.
En otro boletín de prensa a la 1 de la tarde, la SSP del estado informó que las actividades del penal quedaron restablecidas tras la aplicación de protocolos de atención y disuasión por parte de la custodia y de la Policía Estatal.
Puntualizó que trabajadores de la cárcel, la Secretaría General de Gobierno, acompañados por visitadores de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, dieron atención a familiares de los reos.
Enfatizó que se trasladaron 61 reos a las cárceles, ubicados en los estados de Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Coahuila y Durango.
“Esta medida se llevó a cabo bajo los protocolos establecidos y respeto a los derechos humanos, dando puntual seguimiento a instrucciones federales”, se resaltó.
Informó que tres agentes estatales resultaron heridos durante el proceso de traslado y fueron trasladados a un hospital, dos fueron dados de alta ayer y uno seguía hospitalizado.
“El objetivo de los traslados de las Personas Privadas de la Libertad, es mantener la gobernabilidad en los centros de internamiento, y se dan en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional”, finaliza el documento.
El 17 de agosto pasado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se produjo un intento de motín en la cárcel de Las Cruces de Acapulco.

 

Presenta la diputada de Morena un proyecto de ley de amnistía para los presos políticos

 

La diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, entregó en la Oficialía de Partes del Con-greso una iniciativa de ley de amnistía que podría beneficiar a 51 presos políticos.
En conferencia de prensa en la Sala José Jorge Bajos Valverde del Congreso, acompañada de su asesor Rubén Cayetano García y de la secretaria técnica de la comisión de Artesanías, María Luisa Antonio de la O, Cisneros declaró que hay un precedente de ley “que no ha sido atendido” y que su propuesta es acuerdo unánime del Consejo Estatal Extraordinario de Morena del 19 de marzo.
Señaló que en Guerrero “es vox populi que existen perseguidos y presos políticos” y ejemplificó con el caso de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, “de quien se desvanecieron todas las pruebas ofrecidas en su contra por la Fiscalía del Estado”.
Recordó que este caso generó la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fua acatada por el Congreso que compartió el criterio de que la inculpada actuó al amparo de la Ley 701, “tal como actuaron otros policías comunitarios detenidos que siguen privados de su libertad”.
Se le preguntó si su partido conoce la cifra de presos políticos del estado, y Cisneros contestó que “son 51 los que podrían acogerse” a la ley de amnistía.
Se le pidió que nombrara a algunos de los posibles beneficiarios y mencionó al promotor de la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, Gonzalo Molina González.
Sin embargo, dijo que desconoce cuántos son los presos que pertenecen a la CRAC, y al respecto Cayetano García declaró que “toda ley es general, abstracta, impersonal y transitoria”, por lo que no puede ir dirigida a alguien en particular.
Añadió que competerá a la co-misión que analice la propuesta hacer un estudio de los casos en los que se aplicará la ley.
Se le preguntó a Cisneros Martínez si cabildeará la aprobación de su iniciativa con los coordinadores de los partidos u otros diputados, y contestó que se acercará a los que “estén renuentes” a la aprobación de su propuesta.
A la iniciativa que entregó Cisneros Martínez se le dará primera lectura en la sesión de hoy.
El proyecto de ley contiene seis artículos y dos transitorios; el cuarto establece que “el único beneficio que se obtendrá de esta ley es la libertad inmediata por amnistía”.
Puntualiza que “el beneficio de la libertad implica que se anularán todos los antecedentes de carácter penal en los archivos criminalísticos del estado y no podrán invocarse en contra del beneficiado para impedir que se ejerzan derechos políticos, laborales o de otra naturaleza”.

Insistirá “hasta el último momento” en la liberación de Nestora Salgado y los demás presos, dice Rogelio Ortega

Carlos Navarrete Romero / Chilpancingo

El gobernador Rogelio Ortega Martínez aseguró que seguirá insistiendo “hasta el último momento” de su administración en la liberación de los líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González y Arturo Herrera Campos, e incluso adelantó que si esto no se consigue continuará impulsando esa petición aunque ya no esté en el cargo.
Aunque dijo que es respetuoso del plan de trabajo del gobernador electo Héctor Astudillo Flores, confió en que “por su sensibilidad”, el priista retomará este asunto cuando asuma el cargo, en coordinación con la actual legislatura del Congreso local.
Ortega Martínez asistió ayer al Complejo Cultural Guerrero (antes Casa Guerrero), para la clausura de Las Caravanas Culturales por la Paz que encabezó su hija, la presidenta del DIF-Guerrero, Marxitania Ortega, y en donde estuvo presente el secretario General de Gobierno, David Cienfuegos Salgado.
Al concluir la actividad, a Ortega Martínez se le preguntó sobre la negativa del fiscal General del Estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, de desistirse de la acción penal en contra de Nestora Salgado, y la negativa del Congreso local de aprobar la iniciativa de Ley de Amnistía que su administración ha impulsado, sin éxito, desde la legislatura pasada.
“Hasta el último momento, hasta las 12 de la noche del lunes 26 de octubre vamos a seguir insistiendo en que se pueda liberar a la ciudadana Nestora Salgado, a Gonzalo Molina, a Arturo Campos, a Máximo Mojica, a los muchachos de la Policía Comunitaria de la casa del Paraíso en Ayutla, y a las luchadoras y luchadores sociales que están en prisión”, respondió.
Aunque no precisó cuándo lo hará, dijo que enviará de nueva cuenta una petición al fiscal para que reconsidere su postura respecto a la petición que le ha hecho para que se desista de la acción penal en contra de Nestora Salgado.
Dijo que para el 27 de octubre, cuando entre en funciones el gobernador electo Héctor Astudillo Flores y él ya no sea gobernador, en su carácter de ciudadano y universitario seguirá insistiendo en la liberación de los presos políticos.
Dijo estar convencido de que la libertad de los presos políticos en Guerrero sería una acción justa que abonaría a la armonía y a la paz de Guerrero.
-¿Ha hablado usted con Héctor Astudillo de esto? ¿Le ha pedido que impulse la liberación de los presos? -preguntó este reportero.
-Hemos hablado de este y muchos otros temas, yo le he expresado al licenciado Héctor Astudillo mi convicción de que esto ayuda a la armonía, a la paz y a la gobernabilidad democrática. Si contribuimos para que, a través del debido proceso, que no se obstruya, que no se obstaculice la justicia, hay casos que se pueden desahogar y poder alcanzar la libertad a través de lo que proceda.
-¿Debería Héctor Astudillo impulsar esas iniciativas? -se le insistió.
-Yo solamente sugiero, ya el licenciado tendrá oportunidad de revisar y analizar estos casos, y espero, porque creo que es un hombre sensible, un hombre justo, que habremos de coincidir, y yo como simple ciudadano tenga la satisfacción de ver un acto de solidaridad y de justicia de parte del gobernador electo Héctor Astudillo para que atienda estos casos.
De las finanzas del gobierno estatal, recordó que recibió la administración con un déficit de 3 mil millones de pesos, y él dejará menos de 200 millones, “yo funcioné con mil 500 millones menos que como funcionaban otros gobiernos”.
Dijo que Guerrero ocupó el primer lugar a nivel nacional en captación de ingresos, gracias a una estrategia en la que condonaron las deudas que enfrentaban los contribuyentes, pero con la condición de que estuvieran al corriente con el pago de sus impuestos en la actual administración, entre otras medidas que merecieron el reconocimiento del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
De la reunión con diputados locales de la Comisión Especial para el seguimiento de las investigaciones del caso Ayotzinapa, en la que el fiscal general del Estado (FGE), Miguel Ángel Godínez Muñoz, confirmó que el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, compareció ante el entonces procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, horas después de los ataques a los estudiantes de la Normal Rural en Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, lo que deja entrever la posibilidad de que lo dejaron escapar, Rogelio Ortega dijo que es respetuoso “de lo que al respecto se diga”, ya que no es un asunto de su competencia.
-¿No abonaría la comparecencia de Iñaky Blanco para que explicara por qué no se detuvo al secretario de seguridad de Iguala? -se le preguntó.
-Yo soy de la idea de que todas las personas que estuvieron involucradas o cercanas por responsabilidades gubernamentales y que puedan aportar a la investigación y encontrar la ruta de la verdad y la justicia, deben tener la voluntad de comparecer y decir lo que les consta.

Admite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de ecologistas

 

 El Estado mexicano nunca reconoció la inocencia de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, no sancionó a los militares torturadores y nunca otorgó la debida reparación del daño, explica el Prodh

 Después de haber recurrido a todas las instancias nacionales sin obtener resultados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió, el 12 de marzo, el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, presos por año y medio por los delitos de siembra de mariguana y portación de arma de fuego, quienes fueron liberados en noviembre de 2001, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

El argumento por el cual se les otorgó la libertad fue porque la sanción impuesta era incompatible con su estado de salud y constitución física, pero el Estado mexicano nunca reconoció la inocencia de los campesinos ecologistas, no sancionó a los militares torturadores y nunca otorgó la debida reparación del daño, explican en un boletín de prensa.

El Prodh expone que la admisión del caso abre la posibilidad de encontrar –por primera vez– una solución integral del mismo, solución que podrá ser acordada con el Estado Mexicano si este asume su responsabilidad y garantiza el resarcimiento y reparación de los derechos humanos violados en el caso.

Explican que para llegar a tal acuerdo ante la Comisión, se tendrá que llevar a cabo un proceso de solución amistosa, en el cual harán patente aquellas demandas que el Estado Mexicano debe atender y resolver.

Estas son: reconocer la inocencia de los campesinos ecologistas, absolviéndolos de los delitos que les fueron imputados; reparar integralmente el daño ocasionado a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en primer lugar por las torturas que recibieron, y en segundo por la privación ilegal de su libertad durante año y medio; investigar y sancionar a los elementos castrenses involucrados en la detención de los campesinos ecologistas, así como la investigación y sanción de quienes los torturaron, y tomar medidas tendientes a garantizar el pleno ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, como lo es el medio ambiente.

En el boletín se enfatiza que sólo si el Estado Mexicano se compromete a dar cumplimiento a estos puntos podrán llegar a un acuerdo de solución, y decir que el caso de los campesinos ecologistas ha sido resuelto en su totalidad.

Aclaran que de suceder lo contrario, continuaría la búsqueda de justicia y la Comisión tendría que emitir un informe de fondo sobre el asunto –con las correspondientes recomendaciones– ante las cuales el Estado Mexicano no podrá hacer más que cumplirlas o no, de suerte que si no las cumple el caso podrá ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Explican que en la solicitud que se hizo en octubre de 2001 se alegó la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por la grave violación a diferentes derechos humanos, garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por México, siendo éstos los relativos a la integridad y la libertad personal, el debido proceso legal y la protección judicial.

Presos del reclusorio de Iguala se amotinan y “retienen” al director

* Funcionarios del penal niegan el conflicto

Oracio Lagunas Ramírez, corresponsal, Iguala * Internos del penal de esta ciudad retuvieron por más de dos horas al director, Fredy Chávez Carmona, para exigir que les den un trato igualitario.

Minutos después de pedir auxilio al Centro de Control y Comando en Computación (C-4), media docena de patrullas de Seguridad Pública, al mando del director de la dependencia, Franco Gómez Peralta, y una veintena de policías estatales cercaron el área para evitar una probable fuga.

Pese al despliegue policiaco, en el interior se informó, vía telefónica y de manera insistente, que todo se encontraba en calma.

Se insistió en la declaración de Chávez Carmona y del director general de reclusorios en el estado, Joaquín Estrada Salmerón, pero ninguno de los dos contestó la llamada.

En la oficina de Chávez Carmona las secretarias del turno matutino y de la tarde aseguraron que su jefe se encontraba en reunión, y regresaría la llamada a más tardar a las 4 de la tarde. Información similar se dio en la oficina de Estrada Salmerón, donde su secretaria aseguró que su jefe se encontraba fuera de Chilpancingo.

De acuerdo con información del director de Seguridad Pública municipal, Franco Gómez Peral, y del síndico José Isaac Carachure Salgado, el motín sucedió a las 2:20 de la tarde.

Carachure Salgado dijo haber sostenido conversación telefónica con su hermano Dionisio, internado en el penal desde diciembre pasado, acusado de ser autor intelectual del secuestro de un ganadero de Nuevo Balsas, quien finalmente le dijo: “aquí está un desmadre. Los presos ya tumbaron puertas y mantienen retenido al director del penal, a quien acusan de déspota”.

Antes de las 3 de la tarde, el síndico procurador intentó comunicarse con Chávez Carmona, pero de nueva cuenta su secretaria le informó que las cosas ya se habían calmado.

Pasadas las 5 de la tarde los policías continuaban en el lugar.

El regreso a Tecpan de los presos por la muerte de Zacarías depende del juez

 * El director de las cárceles se deslinda del traslado

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El traslado de los procesados por el asesinato del testigo de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (c), Zacarías Barrientos Peralta, del penal de Tecpan de Galena al de Acapulco fue una decisión del juez Adolfo Van Meeter Roque y no de la Dirección General de los Centros de Readaptación Social, dijo ayer el titular, Joaquín Estrada Salmerón.

Entrevistado en sus oficinas, el funcionario aseguró que todos los presos de los penales mientras están en calidad de procesados están a disposición del juez y que sus cambios de un penal a otro son responsabilidad del juez, “todo lo determina el juez de la causa”, dijo.

En este caso se informó que quien estaba a cargo de la causa penal es el juez del ramo penal Adolfo Van Meted Roque, quien recientemente fue cambiado de juzgado.

“Nosotros somos muy respetuosos de las leyes y reglamentos”, dijo, e incluso aseguró que en caso de que alguno de los internos de los penales no pudiera permanecer en su centro de reclusión por alguna situación de carácter de enfermedad o familiar, su situación tiene que ponerse a disposición del juez que lleva la causa quien determina lo conducente.

Estrada Salmerón también aseguró que hasta la tarde de ayer no había llegado a la Dirección General de los Centros de Readaptación Social del Estado ninguna recomendación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para regresar la penal de Tecpan de Galeana a los cinco detenidos por el asesinato de Zacarías Barrientos.

Incluso señaló que aunque fuera así, la recomendación no podría cumplirla porque el traslado no es una decisión que deba tomar la Dirección, sino el juez que tiene a cargo la causa, “en todo caso tendríamos que darle vista al juez y él determinaría si procede o no”, explicó el funcionario.

Estrada Salmerón dijo que incluso en esa dirección desconocen los argumentos que utilizó el juez para trasladar a los presos del penal de Tecpan al de Acapulco, “a nosotros sólo nos instruyen y no podemos mover a un solo procesado si no es por la indicación del juez”.

Incluso sin dar nombres, recordó un caso en el que debido a que el interno estaba causando problemas en un penal lo trasladaron al penal de Acapulco “pero inmediatamente el juez nos dio 24 horas para regresarlo”, dijo.

El funcionario señaló que, incluso, el juez “hasta a los policías nos designan para que realicen los traslados”.

Señaló que no es el caso cuando los presos ya están sentenciados, cuando es el Consejo Técnico quien acuerda su traslado como ocurrió con los seis policías y el ex director de Gobernación del estado, Esteban Mendoza Ramos, involucrados en la masacre de los 17 campesinos del vado de Aguas Blancas.

En este caso de paso aseguró que los presos “ya se encuentran muy bien en los penales en donde fueron reubicados, he platicado con algunos de ellos y se encuentran a gusto”, aseguró.

Se violan los derechos humanos de los presos enviados a Acapulco: Codehum

 * Recomienda su regreso al penal de Tecpan

 * Es inconstitucional calificarlos de alta peligrosidad, dice * Plantea que se investigue la responsabilidad del juez Van Meeter, del agente del MP Carvajal Valdovinos, del comandante de la PJ Delgado Bahena, y del director de la cárcel tecpaneca, Sandoval Hernández * Envía la recomendación a los titulares del TSJ, PGJE y Seguridad Pública

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) recomendó al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raúl Calvo Sánchez; al procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero y al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez, el regreso al penal de Tecpan de los cinco presuntos implicados en el asesinato del testigo de la guerra sucia, Zacarías Barrientos Peralta.

La recomendación CODDEHUM-VG/018/2004-III, obedece a la queja que presentaron los presos Isaías Martínez Gervasio, Apolinar Martínez Barrientos, Ramiro Rosas Contreras, María de Jesús Martínez Reyes y Benito Salgado Aguirre, por su traslado sin justificación del penal de Tecpan al de Acapulco.

En esa queja los presos inconformes señalaron que el traslado se debe a la petición formulada por las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al considerarlos personas de “alta peligrosidad” y de pertenecer a “grupos armados”, así como a la “apreciación subjetiva de que el reclusorio de Tecpan de Galeana no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, en lo que indebidamente se basa el juez de la causa para ordenar el traslado, pasando por alto su derecho de acceso a la justicia y a contar con un debido proceso penal, así como la circunstancia de que en su carácter de procesados deben ser juzgados y estar recluidos en el establecimiento de prisión preventiva del distrito judicial en el cual hayan sucedido los hechos materia del juzgamiento”.

Por lo tanto, el organismo de derechos humanos consideró que con la actuación de dichas autoridades se vulneraron los derechos humanos de los quejosos.

“Máxime que como motivo para solicitar el traslado de los quejosos, los califican como de alta peligrosidad, adjetivo que en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se encuentra regulado, sino sólo contempla a personas responsables por su conducta de acuerdo con las leyes penales”.

“Es conveniente –agrega la recomendación– dejar claro que en un Estado democrático, con una cultura de derechos humanos, no se atribuye ninguna consecuencia jurídica al opinable señalamiento que se haga a alguien como           “peligroso”, lo cual contraviene la prohibición del artículo 22 constitucional, además el uso de este criterio calificativo de la personalidad significa extender el alcance de lo determinado en las sentencias judiciales, a partir de consideraciones de índole subjetivo como las adoptadas por las autoridades señaladas como responsables en este caso, lo anterior en detrimento de las garantías individuales de los internos”.

Con base en ello considera que se violaron los derechos humanos tanto de los internos como de sus familiares, “al haber constituido un ejercicio arbitrario de facultades administrativas, contrario a los ordenamientos legales e instrumentos internacionales”.

Por ello, la Codehum recomienda al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Calvo Sánchez girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie un procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad en que incurrió el juez Adolfo Van Meeter Roque “al apartarse de los lineamientos establecidos” en la Constitución General de la República Mexicana, al ordenar el traslado de los cinco quejosos.

Asimismo recomienda que provea las medidas necesarias, para el efecto de que en este caso no se retarde el proceso que se les sigue a los quejosos, “ya que la justicia debe ser pronta y expedita, de conformidad con los principios regulados por el artículo 17 constitucional”.

Mientras tanto, al procurador Jesús Ramírez Guerrero se le recomienda girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo de investigación en contra del agente del Ministerio Público del fuero común adscrito al juzgado penal del distrito judicial de Galeana, Ascensión Carvajal Valdovinos, y al           comandante de la Policía Judicial del Estado, Bertoldo Delgado Bahena; el primero “al apartarse de los lineamientos establecidos por el artículo 18, primer párrafo, de la Constitución General de la República Mexicana, al solicitar el traslado de los quejosos a un reclusorio diferente, no obstante de estar procesados; sin contar para ello con pruebas indubitables sobre el grado de “alta peligrosidad” que hizo valer, mientras que el segundo “por irregularidad en la función pública”.

También se le pide que instruya a quien corresponda y se provean las medidas necesarias, para el efecto de que los cinco detenidos sean trasladados del reclusorio de Acapulco, donde actualmente se encuentran al similar de Tecpan de Galeana “a efecto de corregir las irregularidades en que incurrió el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado penal del distrito judicial de Galeana, y garantizarles una impartición de justicia pronta y expedita”.

Al secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima Gómez, la Coddehum le pide instruir procedimiento administrativo interno de investigación al director del Centro Preventivo de Reclusión de Tecpan de Galeana, Misael Sandoval Hernández, “ por haber violentado los derechos humanos de los quejosos y por la irregularidad en el ejercicio de la función pública en que incurrió.

Recomienda la Codehum el regreso a Tecpan de los presos del caso Zacarías Barrientos

* Foro en defensa de los cinco detenidos de Atoyac

 * Acuerdan familiares y organizaciones sociales demandar que se invalide el proceso que se basa en las torturas, castigo a los judiciales que torturaron a los detenidos, y castigo a los verdaderos responsables del asesinato del testigo de la guerra sucia

 El director de asesoría, orientación y quejas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Adelaido Memije Martínez, informó que la dependencia emitirá una recomendación por el traslado indebido de los cinco presuntos involucrados en el asesinato del testigo de la guerra sucia, Zacarías Barrientos.

El funcionario participó en el Foro por el dolor de los pueblos, donde familiares de los encarcelados leyeron los testimonios de su captura, donde denuncian que fueron torturados y obligados a declarar su culpabilidad.

Con la asistencia de casi 100 personas se llevó a cabo el foro en un salón del hotel Las Hamacas, donde familiares narraron la forma en que Isaías Martínez, Ramiro Rosas, Apolinar Martínez, María de Jesús Martínez y Benito Salgado fueron detenidos y torturados para hacerlos declarar que son responsables de la muerte de Zacarías Barrientos.

El 26 de noviembre, fue asesinado Zacarías Barrientos de 65 años de edad, en una emboscada cuando regresaba de trabajar de su huerta en la sierra de Atoyac. Días después, fueron presentados cinco personas como los responsables de su muerte –entre ellos su esposa– y se calificó su muerte como un crimen pasional.

Inicialmente, los cinco detenidos, que son originarios de Atoyac, fueron encarcelados en Tecpan de Galeana, pero días después, sin aviso previo, fueron trasladados a la cárcel de Acapulco, lejos de sus familiares, de su abogado y de la comunidad que los apoya.

Los presos presentaron una queja ante la Codehum contra el traslado, con el argumento de que esta medida viola sus garantías y representa más dificultades para su defensa.

En declaraciones posteriores al foro, Memije Martínez aseguró que la Codehum ya emitió una recomendación para que los detenidos sean regresados nuevamente al Cereso de Tecpan de Galeana porque “consideramos que se violaron los derechos humanos”.

Indicó que aún no se ha notificado a las partes involucradas para que se ejecute la recomendación, pero espera que hoy lunes se efectúe para “que se avance este asunto”.

Sobre la otra queja que existe en el organismo por la tortura y detención arbitraria, que los familiares de los detenidos argumentan que se efectuó, dijo que está por resolverse esta semana la queja que se encuentra en proyecto de análisis, aunque no se ha firmado.

Resoluciones

En el foro estuvieron los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del         Sur (OCSS), Hilario y Norma Mesino; la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), Tita Radilla Martínez, y el secretario general, Julio Mata Montiel; el presidente del Consejo Federal Ejecutivo del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Benjamín Laureano Luna; del Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas Barrientos (CCCLCB), María Félix Blanco; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, el diputado Rómulo Reza Hurtado y el director de asesoría, orientación y quejas de la Codehum, Adelaido Memije Martínez, así como dos jóvenes de Brigadas Internacionales de Paz.

Entre las conclusiones del foro están que las organizaciones documentarán los hechos, de manera independiente de la investigación que efectúa la Procuraduría de Justicia del Estado, para dar a conocer, en el ámbito nacional e internacional, la información que consigan.

También acordaron crear un fondo especial de los representantes populares para llevar el caso.

Además, solicitar que se invalide el proceso por haber sido firmadas las confesiones bajo tortura.

Asimismo, se formará una comisión de personalidades que visiten periódicamente a los detenidos en la cárcel.

Otra resolución del foro es demandar una investigación, juicio y destitución contra el comandante de la Policía Judicial del Estado en Tecpan, Bertoldo Delgado Bahena, así como de otros policías que participaron en las torturas a los cinco detenidos.

Testimonios de las torturas

Uno a uno, cada familiar de los detenidos fue leyendo el testimonio.

El primero en hablar fue Ramiro Rosas Hernández, hijo de Ramiro Rosas Contreras, quien exigió al gobierno del estado la libertad de los detenidos y la destitución del comandante de la Policía Judicial en Tecpan. Dijo que el comandante de la Policía Judicial, Bertoldo Delgado, lo amenazó “con un arma larga, me preguntó por el arma, le dije que no tenía nada y pregunté por la orden de aprehensión y de cateo, no llevaban nada, no supe de mi papá hasta el cuarto día que lo vi en malas condiciones”.

Ramiro Rosas leyó el relato de su padre donde menciona que el 7 de enero a las 3 de la mañana tocaron la puerta de su casa y preguntaron si vivía Manuel Barrientos, después se lo llevaron a un carro, lo esposaron y le dijeron “hijo de la chingada me vas a decir la verdad, cuánto dinero recibiste por la muerte de Zacarías, me preguntaron conoces por don Isaías Martínez, yo contesté sí lo conozco y al señor Apolinar y me dieron un puñete en la cabeza y yo les dije que no, y me volvieron a golpear, eso fue en el camino llegando rumbo al cuartel de policías”.

Después continuó Rocío Salgado, hija de Benito Salgado Aguirre, de 66 años, quien dijo que a su padre los judiciales sin orden de aprehensión y sin motivo lo trasladaron a la comandancia de la Policía Judicial.

Dice el testimonio: “Fui esposado y empezaron a torturarme con bolsas de plástico que me pusieron al grado de asfixiarme”.

Dijo que a su padre lo obligaron a decir que era amante de María de Jesús, incluso que los judiciales le dijeron que lo iban a ayudar a salir y afuera le iban a “dar una lana o de lo contrario lo iban a matar”.

Andrea Martínez, hija de Apolinar Martínez, también pidió la destitución de Bertoldo Delgado, y mencionó que su padre fue detenido, vendado y metido a un cuarto, donde le preguntaron si conocía a Isaías Martínez, y él contestó que no. Entonces, dice, “me dieron una manotada en el pecho”.

Margarita Barrientos, hija de Zacarías Barrientos y de María de Jesús Martínez Reyes –que se encuentra presa– pidió justicia, y que aparezcan los verdaderos culpables de la muerte de su padre.

Leyó en el testimonio de su madre: “Me obligaron a decir los judiciales que yo estaba de acuerdo en que mataran a mi esposo Zacarías Barrientos”.

Estela Martínez Pérez, hija de Isaías Martínez, de 82 años de edad, dijo que unas 30 personas vestidas de color negro, con armas llegaron gritando que abrieran la puerta que iban a agarrar a Rogelio, y se les contestó que no vivía ahí. Después de la detención, lo acusaron de haber entregado 70 mil pesos a los asesinos de Zacarías Barrientos.

Los presos políticos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco enviaron una carta a los asistentes al foro para manifestar su apoyo a los cinco involucrados en el asesinato de Zacarías Barrientos.

Por su parte, el diputado local Rómulo Reza Hurtado dijo que es una práctica común el abuso del poder y la desaparición forzada en el estado, que se busca como responsables a gente humilde, para que no tengan medios de defensa, como contratar médicos para que puedan detectar las huellas de las torturas.

Criticó que faltan peritos, y los que hay, están al servicio del poder, y que un error grave que existe en los dictámenes, es que “no asiente los signos vitales de las personas, ni siquiera son revisados (los detenidos)”.(Magdalena Cisneros)